Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito Los Teques de Miranda, de 25 de Julio de 2013

(Folio 11-26) Marcado con la letra “A”, en copia simple ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN CIVIL “DORADO COUNTRY CLUB”; ahora bien, siendo que la copia fotostática del documento privado en cuestión no fue impugnada en el decurso del proceso, quien aquí suscribe considera que la misma debe ser apreciada como indicio en virtud que de su contenido adminiculado con las demás pruebas consignadas (reglamento), se infiere que son socios propietarios de dicha asociación las personas naturales o jurídicas que suscribieron el acta constitutiva original, así como los admitidos a formar parte de ella; igualmente se infiere que la asamblea de socios es el órgano supremo de la asociación, la cual se reunirá de manera extraordinaria siempre que lo requiera el interés social y por iniciativa de la junta directiva o de un número de socios que represente el veinticinco por ciento (25%) de la totalidad de los títulos, cuyas convocatorias en todo caso deben fijar la fecha, hora y lugar para su celebración, su objeto determinado en forma clara y precisa, y deben ser publicadas en un diario de la ciudad de Caracas y fijadas en un lugar visible de la Casa Club, por lo menos con diez días de anticipación a la fecha de la reunión, siendo el quórum mínimo requerido para la válida constitución de la asamblea, un número de socios que represente más de la mitad de los títulos que integran su patrimonio. Por consiguiente, siendo que a diferencia de las fuentes de prueba, las fuentes de presunciones o indicios no se prestan a análisis ni clasificaciones, debido a que de la naturaleza propia de éstas últimas adminiculadas con otras pruebas, puede el Juez deducir mediante la regla de experiencia el hecho a probar, esta Sentenciadora aprecia los estatutos de la asociación civil demandada como indicios de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 509 y 510 del Código de Procedimiento Civil.- Así se precisa.

(Folio 27-40) Marcado con la letra “B”, en copia simple REGLAMENTO DE LA ASOCIACIÓN CIVIL “DORADO COUNTRY CLUB” firmado en fecha 16 de julio de 2007; ahora bien, siendo que la copia fotostática del documento privado en cuestión no fue impugnada en el decurso del proceso, quien aquí suscribe considera que la misma debe ser apreciada como indicio en virtud que de su contenido adminiculado con las demás pruebas consignadas (estatutos), se infiere que a los fines de garantizar el debido proceso, una justicia imparcial, idónea y transparente, dicha asociación consideró crear un tribunal disciplinario, integrado por cinco socios que actúan como jueces de paz, quienes tienen la obligación de conocer y sancionar las faltas cometidas por los socios propietarios, familiares, invitados y visitantes, por el incumplimiento de las normas estatutarias, reglamentos y decisiones de las asambleas o de la junta directiva; incluso se infiere que al sancionarse disciplinariamente a un socio propietario con expulsión, ésta sanción debe ser consultada por la asamblea general de socios mediante convocatoria, la cual queda legalmente constituida con la participación del veinticinco por ciento (25%) de los socios solventes. Por consiguiente, siendo que a diferencia de las fuentes de prueba, las fuentes de presunciones o indicios no se prestan a análisis ni clasificaciones, debido a que de la naturaleza propia de éstas últimas adminiculadas con otras pruebas, puede el Juez deducir mediante la regla de experiencia el hecho a probar, esta Sentenciadora aprecia el reglamento promovido como indicio de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 509 y 510 del Código de Procedimiento Civil.- Así se precisa.

(Folio 41-44) Marcado con la letra “C”, en copia certificada ACTA DE ASAMBLEA Nº 02/2010, de cuyo contenido se desprende lo siguiente: “(…) De conformidad con los Estatutos vigentes de la asociación Civil sin fines de lucro de “El Dorado Country Club”, la Junta Directiva convoca a todos sus accionistas a la Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día veintiuno (21) de noviembre de dos mil diez (2010), a las ocho (8) a.m, en la Sala de Conferencia Casa Club, sede del Club en Paracotos, cuyo único punto a tratar es la exclusión de socios solicitado por el Tribunal Disciplinario. Según comunicado del Tribunal Disciplinario a esta Junta Directiva en misivas enviada con fecha ocho (8) de mayo de dos mil diez 2010 y diez (10) de agosto de dos mil diez (2010) se hace la solicitud de convocar Asamblea Extraordinaria para la aprobación o no de decisiones tomadas por el Tribunal Disciplinario de acuerdo al Artículo doce (12) numeral cuatro (4) del Reglamento del Tribunal Disciplinario(…) Una vez identificados plenamente los socios sujetos de la medida, explicados los hechos y derecho, así como especificadas las faltas que se le imputan a los socios Coromoto de la C.R.d.R. (…) Se procede a la votación, respondiendo a las preguntas que se formulan en las respectivas Boletas, las cuales expresan: ¿Aprueba usted la solicitud hecha por el Tribunal Disciplinario de esta asociación Civil de la EXCLUSIÓN DEFINITIVA de la socia Coromoto R.d.R.? (…) Una vez concluido el proceso de votación se procede al acto de escrutinio teniendo como resultado lo siguiente: de un total de cien (100) Boletas de votación cuarenta y cuatro (44) votos apruebam tres (3) no aprueban y uno (1) en blanco la decisión del Tribunal Disciplinario contra Coromoto de la C.R.R., acción 2569; (…) Por consiguiente de acuerdo al Artículo doce (12) numeral cuatro (4) del Reglamento del Tribunal Disciplinario, según la decisión de la Asamblea de accionistas presentes en el Salón de Conferencias de la Casa Club ubicada en la sede social del Club, se aprueba la decisión de exclusión de los socios Coromoto de la C.R.d.R. (…)” (Resaltado del Tribunal); ahora bien, este Tribunal observa que el instrumento privado en cuestión fue impugnado por la parte demandada en la oportunidad para contestar, sin embargo, por tratarse de una copia certificada emanada de ella, la misma en todo caso debió ser desconocida y no impugnada, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil; aunado a lo anterior, quien aquí suscribe partiendo de la revisión de las actas que conforman el presente expediente observa que la demandada también consignó copia certificada del acta en cuestión (cursante al folio 229-232), con la diferencia de que ésta última contenía una nota de subsanación, a saber: “NOTA: Según sesión de Junta Directiva, celebrada el día 04/12/2010, en donde se acordó la subsanación del acta 02-2010 de fecha 21 de noviembre de 2010, en el sentido de omitir en presente acta el nombre de la ciudadana Coromoto de la C.R., acción 2565 (Sic), debido a que el proceso que le sigue el Tribunal Disciplinario se encuentra en estado de agotar la notificación personal, en consecuencia continua como socia propietaria de este club.”, en efecto, siendo que dicha probanza no fue tachada por la parte contra la cual se opuso, esta Sentenciadora le confiere pleno valor probatorio como demostrativa que ciertamente la ciudadana COROMOTO DE LA C.R. –demandante-, fue expulsada de la asociación civil “DORADO COUNTRY CLUB” mediante asamblea extraordinaria celebrada en fecha 21 de noviembre de 2010, sin embargo, en vista que fue subsanada la referida decisión por la junta directiva de la mencionada asociación, específicamente el día 04 de diciembre del mismo año, en consecuencia puede afirmarse que la prenombrada continua siendo socia propietaria del señalado club.- Así se precisa.

(Folio 45) Marcado con la letra “D”, en copia simple VOTO SALVADO suscrito por el ciudadano F.F.V. en su condición de propietario de la acción Nº 0027 de la ASOCIACIÓN CIVIL DORADO COUNTRY CLUB, a través del cual señaló lo siguiente: “Cualquier medida que implique la prohibición de los Socios al goce y disfrute de las instalaciones del club, que sean determinadas por supuestas cusas disciplinarias deben haber sido promovidas por el Tribunal Disciplinario de la Asociación, en base NO solamente al Reglamento de dicho Tribunal, sino respetando el resto de las leyes, códigos y al Constitución de la República. De tal manera, que en base a esas mismas leyes, los hechos por los cuales se pretende penalizar a los socios, deben revestir suficiente gravedad como para haberse iniciado contra ellos, medidas judiciales, y estas medidas han debido ser admitidas por los organismos jurisdiccionales. (…) Por la forma en que se han planteado las causales para tomar estas decisiones, considero que no fueron agotados todos los procedimientos de rigor que permitían tomar esta decisión. Entre las que se encuentra, el debido proceso, el derecho a la defensa y la proporcionalidad de la sanción. (…)”; ahora, si bien el documento privado emanado de tercero fue impugnado por la parte demandada al momento de contestar la demanda, no obstante, en vista que el mismo fue ratificado mediante prueba testimonial, quien aquí suscribe le confiere valor probatorio de conformidad con lo previsto en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil.- Así se precisa.

(Folio 46-48) Marcados con las letras “E”, “F” y “G”, en copia simple tres (03) DEPÓSITOS BANCARIOS realizados en la cuenta corriente Nº 01050103231103054112 del Banco Mercantil, a nombre del “DORADO COUNTRY CLUB A.C.” en fecha 28 de agosto de 2011, 06 de octubre de 2011 y 25 de octubre de 2011, por la cantidad de doscientos ochenta y un mil bolívares con noventa y seis céntimos (Bs. 281,96), doscientos ochenta y dos mil bolívares (Bs. 282,00) y doscientos ochenta y un mil bolívares con noventa y seis céntimos (Bs. 281,96), respectivamente. Ahora bien, analizadas las instrumentales en cuestión este Tribunal estima que las mismas encuadran dentro de los medios probatorios denominados tarjas, así, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 1.383 del Código Civil, se encuadran en el género de documentos de naturaleza privada de cuyo contenido pueden constatarse los símbolos probatorios capaces de demostrar su autoría y por ende su autenticidad, por lo que no requieren ratificación alguna; en efecto, siendo que se trata de un medio probatorio eficaz capaz de dar fe de su contenido, quien aquí decide los tiene como demostrativos de que la demandante canceló las cuotas de mantenimiento en su condición de socia propietaria, correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2011, hecho éste que incluso fue reconocido por la parte demandada.- Así se establece.

(Folio 49) Marcado con la letra “H”, en copia simple CARNET del DORADO COUNTRY CLUB, en el cual la ciudadana COROMOTO R.D.R. aparece como titular de la acción No. 2569; ahora bien, siendo que la copia fotostática del documento privado en cuestión no fue impugnada en el decurso del proceso, quien aquí suscribe considera que la misma debe ser apreciada como indicio en virtud que de su contenido adminiculado con las demás pruebas consignadas, se infiere que la demandante es titular de la acción No. 2569 y por lo tanto es socia propietaria de la asociación civil demandada en el presente proceso. Por consiguiente, siendo que a diferencia de las fuentes de prueba, las fuentes de presunciones o indicios no se prestan a análisis ni clasificaciones, debido a que de la naturaleza propia de éstas últimas adminiculadas con otras pruebas, puede el Juez deducir mediante la regla de experiencia el hecho a probar, esta Sentenciadora aprecia el carnet promovido como indicio de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 509 y 510 del Código de Procedimiento Civil.- Así se precisa.

Una vez abierto el lapso probatorio, la parte accionante promovió las siguientes instrumentales:

(Folio 302-335) Marcado con la letra “A”, en original INSPECCIÓN EXTRAJUDICIAL evacuada previa solicitud de la ciudadana COROMOTO DE LA C.R., por ante el Juzgado Primero de Municipio del Municipio Guaicaipuro de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, distinguida con el No. 12-5109 según nomenclatura de dicho Tribunal; en la cual se dejó constancia de los siguientes particulares: “(…) En el día de hoy, diecisiete (17) de febrero de dos mil doce (2012), siendo las doce del mediodía (12:00 m.), oportunidad fijada por el Tribunal para practicar la Inspección Judicial solicitada y acordada (…) se trasladó y constituyó el Tribunal en compañía de la parte solicitante, ciudadana COROMOTO DE LA C.R. (…) y su apoderada judicial, abogada NEIDA DEL VALLE GUERRA BARRIENTOS, (…) en la sede de la ASOCIACION CIVIL “EL DORADO COUNTRY CLUB”, ubicada en el kilómetro 7, (…) Una vez constituido el Tribunal en la entrada del Club, fuimos atendidos por un ciudadano quien dijo ser y llamarse J.F., titular de la cédula de identidad Nº V-8.157.061, miembro de la Junta Directiva, impidiendo el acceso a las instalaciones del mencionado Club, manifestando que no se encontraban presentes el presidente, ciudadano M.R. ni el abogado R.I., motivo por el cual no se pudo llevar a efecto la práctica de la presente Inspección Judicial. El Tribunal, habiendo cumplido con su misión da por terminado el acto y regresa a su sede habitual (…)”. Precisado lo anterior, y en virtud que las resultas de la inspección extrajudicial promovida nada aportan para la resolución de las circunstancias debatidas en el presente proceso, ni permiten el esclarecimiento de los hechos aquí controvertidos por cuanto no alcanzó el fin para el cual fue promovida, consecuentemente esta Sentenciadora la desecha del proceso y no le confiere ningún valor probatorio.- Así se precisa.

(Folio 336-338) Marcado con la letra “B”, impresión de CORREO ELECTRÓNICO enviado por el ciudadano F.F.V., titular de la cédula de identidad V- 5.303.610, a la Junta Directiva y Tribunal Disciplinario de la asociación civil EL DORADO COUNTRY CLUB, en fecha 22 de mayo de 2011; promovida “con el objeto de demostrar el conjunto de infracciones legales y estatutarias cometidas en la Asamblea celebrada en fecha 21-11-2010 (…)”. Ahora bien, revisado el contenido de la documental en cuestión se evidencia que la misma es de naturaleza privada, en efecto, siendo que emana de un tercero ajeno al proceso, quien de conformidad con lo previsto en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil procedió ratificar su contenido mediante la prueba testimonial (folio 117-119), consecuentemente la misma detenta valor probatorio, por lo que se tiene como demostrativa que el ciudadano F.F.V. manifestó a la junta directiva y tribunal disciplinario de la asociación civil demandada, su disconformidad con los procedimientos realizados frente a los socios J.R., C.M. y COROMOTO RAMOS, los cuales ocasionaron la expulsión de éstos de la referida asociación.- Así se precisa.

Promovió la EXHIBICIÓN del voto salvado suscrito por el ciudadano F.F.V.; en tal sentido, de las actas que conforman el presente expediente se evidencia que aun cuando el Tribunal en el auto de admisión de pruebas dictado en fecha 29 de noviembre de 2012, admitió la exhibición en cuestión y acordó la intimación de la parte demandada -asociación civil “DORADO COUNTRY CLUB”- en la persona del ciudadano M.R.B., en su carácter de Presidente de la junta directiva de la referida asociación, a los fines de que tuviera lugar el acto de exhibición a las diez (10:00 a.m.) del segundo (2º) día de despacho siguiente a la constancia en autos de haberse practicado su intimación, sin embargo, se observa que pese a que el Alguacil del Tribunal agotó todas las diligencias tendientes a lograr la referida intimación, las mismas resultaron infructuosas. Por tales razones, siendo que la exhibición de documentos no constituye un medio de prueba sino una mecánica procesal que pueden utilizar las partes para que sea traído a los autos un medio de prueba instrumental o documental que se encuentra en poder de un tercero o del adversario, y en virtud que de las actas que conforman el presente expediente se evidencia la falta de intimación del sujeto que debía exhibir, consecuentemente quien aquí decide no tiene materia que valorar por cuanto no cursa en autos resulta alguna.- Así se establece.

Promovió las TESTIMONIALES de los ciudadanos F.F.V., C.E.M.L. y L.R.; en este sentido, se observa que con respecto a los testigos F.F.V. y C.E.M.L., los mismos fueron tachados por el abogado en ejercicio R.E.A.I., actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano M.R.B. –quien a su vez actúa como Presidente de la parte demandada, asociación civil “DORADO COUNTRY CLUB”, mediante escrito consignado en fecha 04 de diciembre de 2012, en efecto, siendo que la referida tacha fue declarada procedente por este órgano jurisdiccional de conformidad con lo previsto en el artículo 478 del Código de Procedimiento Civil, las deposiciones rendidas por los prenombrados no tienen ningún valor probatorio, con excepción a la ratificación del voto salvado y del correo electrónico efectuada por el ciudadano F.F.V. conforme a lo preceptuado en el artículo 431 eiusdem.- Así se precisa.

Ahora bien, en lo que respecta al testigo L.R., de los autos se desprende que a los fines de evacuar la testimonial en cuestión fue comisionado el Juzgado Primero de Municipio del Municipio Guaicaipuro, no obstante a ello, se evidencia que una vez fijadas las oportunidades para que tuviera lugar la declaración del prenombrado, una vez anunciados dichos actos en la puerta del Tribunal, éste no compareció; en efecto, siendo que dichos actos fueron declarados DESIERTOS, y en vista que no fue impulsada ni evacuada la probanza en cuestión en actos posteriores, quien aquí suscribe no tiene materia que valorar por cuanto no cursa en el expediente resulta alguna.- Así se decide.

PARTE DEMANDADA:

Conjuntamente con el escrito de contestación de la demanda la parte accionada consignó las siguientes probanzas:

(Folio 120-125) En copia simple ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS celebrada en fecha 11 de febrero de 2012, concerniente a la proclamación y juramentación de una nueva junta directiva para el período 2012-2014; la cual fue debidamente protocolizada por ante el Registro Público del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda en fecha 23 de mayo de 2012, quedando inscrita bajo el Nº 49, folio 257, tomo 13 del Protocolo de Transcripción del mismo año. Ahora bien, en vista que la copia simple del documento público bajo análisis no fue impugnada por la contraparte, quien aquí suscribe la tiene como fidedigna de conformidad con lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y le confiere pleno valor probatorio de acuerdo con lo previsto en el artículo 1.360 del Código Civil, como demostrativa del carácter de Presidente de la junta directiva de la asociación civil “DORADO COUNTRY CLUB” que detenta el ciudadano M.R.B..- Así se precisa.

(Folio 126-134) En copia simple SENTENCIA dictada por este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda en fecha 23 de mayo de 2011, relacionada con el procedimiento de a.c. interpuesto por la ciudadana COROMOTO DE LA C.R. contra la JUNTA DIRECTIVA Y TRIBUNAL DISCIPLINARIO DE LA ASOCIACIÓN CIVIL “EL DORADO COUNTRY CLUB”; ahora bien, en vista que la copia simple del documento judicial en cuestión no fue impugnada por la contraparte, quien aquí suscribe le confiere pleno valor probatorio como demostrativo que este órgano jurisdiccional declaró INADMISIBLE la referida acción de conformidad con lo establecido en el ordinal 1° del artículo 6 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, sosteniendo para ello que quedó demostrada la cesación de las violaciones de los derechos invocados por la presunta agraviada como infringidos.- Así se precisa.

(Folio 135-161) En copia simple SENTENCIA proferida por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 19 de julio de 2011, dictada con ocasión al recurso contencioso electoral interpuesto por el ciudadano C.M. contra la Comisión Electoral de la asociación civil “DORADO COUNTRY CLUB”; y SENTENCIA dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda en fecha 28 de julio de 2011, con ocasión al procedimiento de a.c. interpuesto por el ciudadano J.A.R. contra la Junta Directiva y Tribunal Disciplinario de la asociación civil EL DORADO COUNTRY CLUB. En este sentido, se observa que si bien los documentos judiciales en cuestión no fueron impugnados por la contraparte, sin embargo, quien aquí suscribe habiendo revisado el contenido de los mismos evidencia que éstos se apartan de los hechos controvertidos y de las circunstancias debatidas en el presente proceso, en efecto, siendo que no aportan elementos para resolución de este juicio, se desechan y no se les confiere ningún valor probatorio por impertinentes.- Así se establece.

(Folio 162-170) En copia simple SENTENCIA dictada por este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda en fecha 08 de agosto de 2011, con ocasión al procedimiento de a.c. interpuesto por el ciudadano C.E.M.L. contra la junta directiva y tribunal disciplinario de la asociación civil el “DORADO COUNTRY CLUB”; ahora, si bien el documento judicial en cuestión no fue impugnado por la contraparte, sin embargo, quien aquí suscribe habiendo revisado el contenido del mismo evidencia que éste se aparta de los hechos controvertidos y de las circunstancias debatidas en el presente proceso, por lo que en efecto se desecha y no se le confiere ningún valor probatorio por impertinente.- Así se establece.

Una vez abierto el lapso probatorio, la parte accionada promovió las siguientes instrumentales:

(Folio 183-226) Marcado “A”, en copia certificada EXPEDIENTE Nº 19.754 según nomenclatura del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, concerniente a la acción de A.C. incoada por la ciudadana COROMOTO DE LA C.R., contra la ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO “DORADO COUNTRY CLUB”; ahora bien, siendo que el documento judicial en cuestión no fue tachado en el decurso del proceso, el mismo hace plena fe de su contenido de conformidad con lo previsto en el artículo 1.357 del Código Civil, y por lo tanto quien aquí suscribe lo tiene como demostrativo que este órgano jurisdiccional declaró INADMISIBLE la referida acción de conformidad con lo establecido en el ordinal 1° del artículo 6 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, sosteniendo para ello que quedó demostrada la cesación de las violaciones de los derechos invocados por la presunta agraviada como infringidos.- Así se precisa.

(Folio 227-228) Marcado con la letra “B”, en copia certificada ACTA levantada en fecha 04 de diciembre de 2010, suscrita por los miembros de la junta directiva de la asociación civil “EL DORADO COUNTRY CLUB”, mediante la cual se ordenó subsanar el acta de asamblea extraordinaria de socios suscrita en fecha 21 de noviembre de 2010, en los siguientes términos: “(…) el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 21 de noviembre de 2010, debe ser subsanada, en el sentido que debe omitir a la ciudadana Coromoto de la C.R., acción 2565 (Sic), por cuanto el proceso que le sigue este Tribunal Disciplinario, se encuentra en estado de agotar la notificación personal, por el cual no debió incluirse a la referida ciudadana en dicha Acta, a tal efecto, una vez subsanada el Acta, se proceda a informar en la próxima Asamblea General de Socios y a la socia en cuestión lo desatinado del acto. (…) Esta Junta Directiva en la presente sesión, de conformidad con el artículo 29, numeral 12 del Estatuto Social de El Dorado Country Club, aprueba con la señal de costumbre unánimemente la propuesta planteada y en consecuencia se acuerda: a) Subsanar el Acta 02/2010, de fecha 21 de noviembre de 2010, en el sentido de que se estampe nota correspondiente del error material involuntario, concerniente a omitir el nombre de la ciudadana Coromoto de la C.R., acción 2565 (Sic), por haber sido sometida en asamblea General de Socios, su exclusión definitiva de esta Asociación Civil, cuando lo correcto era no mencionarla o incluirla en el acta, debido a que el proceso que sigue el Tribunal Disciplinario se encuentra en estado de agotar la notificación personal, continuando con la condición de socia propietaria de este Club. (…) e) Se ordena a la secretaria de esta Junta Directiva, proceda a estampar la nota de subsanación correspondiente en la referida acta. (…)” (Resaltado del Tribunal); ahora bien, siendo que el documento privado en cuestión no fue tachado por la contraparte, quien aquí suscribe le confiere pleno valor probatorio a pesar de que en él se señaló erróneamente que el número de la acción de la ciudadana COROMOTO DE LA C.R. era Nº 2565, cuando lo correcto es Nº 2569, y en efecto lo tiene como demostrativo de que el día 04 de diciembre de 2010, los miembros de la junta directiva de la asociación civil “DORADO COUNTRY CLUB”, ordenaron subsanar el acta de asamblea extraordinaria No. 02/2010, suscrita en fecha 21 de noviembre de 2010, a los fines de que se estampara una nota correspondiente al error material cometido con respecto a la exclusión definitiva de la prenombrada de la referida asociación, por cuanto el proceso que se seguía en su contra por ante el tribunal disciplinario se encontraba en estado de agotar la notificación personal; por tales razones puede afirmarse que la ciudadana COROMOTO DE LA C.R. continuó siendo socia propietaria del referido club.- Así se precisa.

(Folio 229-232) Marcado con la letra “C”, en copia certificada ACTA DE ASAMBLEA Nº 02/2010 suscrita en fecha 21 de noviembre de 2010; ahora bien, en vista que la documental en cuestión ya fue valorada, quien aquí suscribe se atiene a la valoración emitida y por lo tanto no tiene materia sobre la cual pronunciarse en esta oportunidad.- Así se precisa.

(Folio 233-235) Marcado con la letra “D”, en copia certificada ASIENTO que acredita que el ciudadano O.F.M., cedió en venta a la ciudadana COROMOTO DE LA CONSOLACIÓN, la cuota de participación identificada con el Nº 2569, correspondiente a la asociación civil “DORADO COUNTRY CLUB”; ahora bien, en vista que el documento privado en cuestión no fue tachado por la contraparte, quien aquí suscribe le confiere pleno valor probatorio y lo tiene como demostrativo de que ciertamente la demandante devenga la condición de socia propietaria de dicho club.- Así se precisa.

(Folio 236-293) Marcado con la letra “E”, en copia simple ESTATUTOS Y REGLAMENTO DE LA ASOCIACIÓN CIVIL “DORADO COUNTRY CLUB”, suscritos en junio del 2005; ahora bien, en vista que la copia fotostática del documento privado en cuestión no fue impugnada en el decurso del proceso, quien aquí suscribe considera que la misma debe ser apreciada como indicio en virtud que de su contenido adminiculado con las demás pruebas consignadas, se infiere que son socios propietarios de dicha asociación las personas naturales o jurídicas que suscribieron el acta constitutiva original, así como los admitidos a formar parte de ella; igualmente se infiere que la asamblea de socios es el órgano supremo de la asociación, la cual se reunirá de manera extraordinaria siempre que lo requiera el interés social y por iniciativa de la junta directiva o de un número de socios que represente el veinticinco por ciento (25%) de la totalidad de los títulos, cuyas convocatorias en todo caso deben fijar la fecha, hora y lugar para su celebración, su objeto determinado en forma clara y precisa, y deben ser publicadas en un diario de la ciudad de Caracas y fijadas en un lugar visible de la Casa Club, por lo menos con diez días de anticipación a la fecha de la reunión, siendo el quórum mínimo requerido para la válida constitución de la asamblea, un número de socios que represente más de la mitad de los títulos que integran su patrimonio. Por consiguiente, siendo que a diferencia de las fuentes de prueba, las fuentes de presunciones o indicios no se prestan a análisis ni clasificaciones, debido a que de la naturaleza propia de éstas últimas adminiculadas con otras pruebas, puede el Juez deducir mediante la regla de experiencia el hecho a probar, esta Sentenciadora aprecia los estatutos y reglamento de la asociación civil demandada como indicios, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 509 y 510 del Código de Procedimiento Civil.- Así se precisa.

Bajo este orden de ideas, resueltas las defensas previas opuestas por la parte accionada en la oportunidad para contestar la demanda, habiendo analizado el acervo probatorio traído a los autos por las partes intervinientes en el presente proceso y vistos los términos en los cuales quedó trabada la controversia, seguidamente este Tribunal a los fines de resolver acerca del asunto planteado, pasa a pronunciarse sobre el fondo del juicio en base a las siguientes consideraciones:

En vista que la parte demandante persigue la nulidad del acta de asamblea extraordinaria celebrada por la asociación civil “DORADO COUNTRY CLUB” en fecha 21 de noviembre de 2010, mediante la cual se le excluyó como socia de la referida asociación, por cuanto dicha decisión –según su decir- le trajo como consecuencia no poder acceder a las instalaciones del club, impidiéndole disfrutar de un bien adquirido en propiedad, en consecuencia, quien aquí suscribe considera pertinente precisar en primer lugar en qué consiste una asociación; a saber, ésta figura debe ser definida como la colaboración voluntaria y organizada de manera estable de varias personas sobre un mismo objeto para fines comunes, también conceptualizada por SAVIGNI, como “(…) una agrupación de individuos en la que se le reconoce una personalidad distinta de la de sus componentes, y que dentro de los límites marcados por las leyes se gobierna a sí mismo (…)”.

En este sentido, las asociaciones civiles son producto de un convenio celebrado entre dos o más asociados mediante el cual aportan algo en común, generalmente recursos, conocimientos, esfuerzo o trabajo, para realizar un fin común lícito preponderantemente no económico, obligándose mutuamente a darse cuenta. La diferencia fundamental entre las sociedades civiles y asociaciones civiles, es que las primeras realizan un fin común lícito preponderantemente económico, y las asociaciones civiles realizan un fin preponderantemente no económico, es decir, un fin común deportivo, religioso, cultural o laboral, sin constituir una especulación comercial; es preciso acotar que, para que una asociación civil adquiera personalidad jurídica es necesaria la intervención del Estado Venezolano a través del Registro; así lo dispone el ordinal 3° del artículo 19 del Código Civil, que establece que una asociación adquiere personalidad jurídica con la protocolización de su acta constitutiva en la Oficina Subalterna de Registro del Departamento o Distrito en que hayan sido creadas.

Siguiendo con este orden de ideas, entendiéndose a las asociaciones como una colectividad que tiene un fin preponderantemente no económico, estas normalmente adquieren su máxima expresión de disposición en la “Asamblea General”, mientras que otras decisiones relacionadas con la dirección y administración económica se encargan a unos miembros en específico de la misma y se le denomina comúnmente “Junta Directiva”, miembros estos que son elegidos del seno de la Asamblea General.

Fijado lo anterior, quien aquí suscribe se permite transcribir de seguida el petitorio de la demanda:

“(…) estando dentro del lapso para intentar la correspondiente acción de NULIDAD en contra de la Asamblea Extraordinaria de Socios del Club EL DORADO COUNTRY CLUB, DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2010 REALIZADA POR DICHA ASOCIACIÓN CIVIL QUE ADQUIRIERA PERSONALIDAD JURÍDICA CON EL REGISTRO DE SU ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS EN FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 1967, ANTE EL REGISTRO SUBALTERNO DEL MUNICIPIO GUAICAIPURO DEL ESTADO MIRANDA CON EL Nº 37, FOLIOS 187 Y SU VTO. AL 197, TOMO 9 (…) como al efecto lo hago, a la ASOCIACIÓN CIVIL “DORADO COUNTRY CLUB”, antes identificada, POR NULIDAD DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA TANTAS VECES IDENTIFICADA DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2010 Y LO DECIDIDO EN ELLA, vale decir la expulsión de mi persona como socia de esta ASOCIACIÓN CIVIL; siendo entonces que lo hago en la persona de su representante legal Ciudadano M.R., CÉDULA DE IDENTIDAD Nº V-7.633.744, para que, convenga dicha asociación en ANULAR LA ASAMBLEA DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2010, Y ASÍ DEJAR SIN EFECTO LO DECIDIDO EN ELLA, ES DECIR, ESPECIALMENTE EN FORMA FEHACIENTE MI EXPULSIÓN ILEGAL DE DICHA ASOCIACIÓN-CLUB DORADO COUNTRY CLUB, Y EN CASO CONTRARIO, DE NEGARSE A ELLO, QUE ESTE TRIBUNAL EN SENTENCIA DEFINITIVA DECLARE NULA DE NULIDAD ABSOLUTA DICHA ASAMBLEA COMO NULO LO DECIDIDO, Y EN CONSECUENCIA ORDENE EN MI CARÁCTER DE ASOCIADA, LA ENTRADA A LAS INSTALACIONES DE DICHO CLUB PARA EL DISFRUTE DE LAS MISMAS Y A QUE CESE EL HOSTIGAMIENTO DE PART DE LA JUNTA DIRECTIVA HACIA MI PERSONA Y A LA DE MI ESPOSO. (…)”

De allí que, tal como se dijo en párrafos anteriores, la parte demandante en el presente juicio lo que persigue es la nulidad del acta de asamblea extraordinaria celebrada por la asociación civil “DORADO COUNTRY CLUB” en fecha 21 de noviembre del año 2010; ahora bien, habiendo sido analizado el cuerpo del acta de asamblea Nº 02/2010 (cursante al folio 41-44), este Tribunal percibe que ciertamente fueron tomadas en ella decisiones trascendentales para la ciudadana COROMOTO DE LA C.R., en virtud que fue excluida definitivamente de la referida asociación civil; sin embargo, en vista que la demandante claramente pretende invalidar las decisiones tomadas durante la celebración de la referida asamblea a los fines de que se le permita acceder y disfrutar de las instalaciones de dicho club, consecuentemente quien aquí suscribe partiendo de la copia certificada del acta de subsanación suscrita por la junta directiva de la asociación en fecha 04 de diciembre de 2010 (inserta al folio 227-228), en concordancia con la copia certificada del acta Nº 02/2010 contentiva de la respectiva nota de subsanación (cursante al folio 229-232), a las cuales se les confirió pleno valor probatorio en virtud que tales instrumentos privados no fueron tachados o desconocidos por la contraparte, puede afirmar que la demandante continua siendo socia propietaria del señalado club por cuanto su exclusión fue producto de un error, y en efecto puede acceder y disfrutar de sus instalaciones; por ende, declarar procedente la presente acción no tendría sentido.- Así se establece.

Como corolario de lo anterior este Tribunal considera pertinente traer a colación el criterio expuesto por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia dictada en fecha 30 de marzo de 2012, Expediente No. 2011-000627, con ponencia del Magistrado: LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ; a saber:

(…) El artículo 506 de la ley civil adjetiva dispone: “Artículo 506.- Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación. Los hechos notorios no son objeto de prueba.”

La citada n.r. la distribución de la carga de la prueba al establecer que todo aquél que afirma un hecho tiene que probarlo para que su alegato no se considere infundado. En tal sentido, corresponde a la parte que afirma el hecho, esto es, aquella que tiene interés en obtener la consecuencia jurídica que asigna la norma a ese hecho, demostrar al juez la realización concreta del mismo y provocar en él la convicción de la verdad del hecho y, corresponde a la parte que tiene interés en enervar tal pretensión, demostrar los hechos extintivos o modificativos de la misma, determinándose así el thema probandum y los respectivos sujetos gravados con la carga de probar los hechos en virtud de la correlación que debe existir entre la carga de la alegación y la carga de la prueba.

En ese mismo orden de ideas, es necesario recalcar que cuando el demandado contradice pura y simplemente las pretensiones del actor, no corre ningún riesgo con la ausencia de pruebas, a diferencia de cuando adopta una posición distinta –reus in exceptione fit actor-, mediante la cual, verbigracia, reconoce el hecho con limitaciones porque opone al derecho una excepción fundada en un hecho extintivo, impeditivo o modificativo, correspondiendo en consecuencia al demandado probar tales hechos. (Al efecto ver sentencia N° 787 del 24 de octubre de 2007, caso: Distribuidora Greco, C.A., c/ S.J.F.C., expediente N° 2005-078)

Así, por ejemplo, quien ha sido demandado por cobro de bolívares podrá negar la pretensión del actor pura y simplemente alegando no ser él el deudor, en cuyo caso estará exento de prueba y será el demandante quien deberá demostrar que el demandado es en efecto el deudor a quien se le atribuye la obligación. Mas sin embargo, si el demandado reconoce el hecho (haber sido el deudor de tal obligación) pero con limitaciones tales como haber pagado la deuda o haber prescrito la obligación, en ese caso estará alegando un hecho nuevo -extintivo, modificativo o impeditivo- que deberá ser probado por éste en el iter procesal.

En consecuencia, las normas sobre distribución y carga de la prueba definen los deberes y roles de cada parte dentro del proceso, de acuerdo a la posición que asuma el demandado en relación a las afirmaciones de hecho del demandante.

En el presente caso, tal como lo señala la sentencia recurrida, el demandado en la oportunidad de dar contestación a la demanda, procedió a negar y contradecir las afirmaciones realizadas por la actora en su escrito libelar, aduciendo que la demanda que dio origen a la actual tiene sustento legal y no es contraria al orden público ni a las buenas costumbres, razón por la cual mal podría dar lugar a una acción por daños materiales, ni mucho menos a daños morales; manifestando asimismo que la sucesión demandada cuando demandó lo hizo sin “intención”, imprudencia o negligencia ni con abuso de derecho, es decir, que su actitud no fue culposa, razón por la cual la sucesión no está obligada a reparar los daños materiales ni morales que haya podido sufrir la parte actora con ocasión de aquel juicio.

De los anteriores alegatos, y tomando en consideración la doctrina que al respecto mantiene esta Sala, se evidencia claramente que era carga del actor probar sus afirmaciones de hecho a tenor de lo previsto en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, pues de la contestación no se evidencia que el demandado haya traído un hecho o circunstancia distinta a la alegada por el actor que ameritara ser probada por este.

En tal sentido, correspondía a la parte actora demostrar la culpabilidad de la parte demandada en la comisión del hecho ilícito, de manera que al no haber constatado tal situación el juez de la recurrida, estaba posibilitado para desestimar la demanda aún cuando el demandado nada hubiese probado a su favor, pues, se insiste, la carga probatoria estaba en cabeza de la parte accionante.

Asimismo, resulta pertinente traer a colación el criterio sostenido por la Sala Político Administrativa en sentencia número 247, de fecha 20 de febrero de 2003, expediente 2000-0203, y ratificado por esta Sala, según el cual, en materia de daño moral, señaló lo que sigue:

…Establece el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, el principio de la carga de la prueba, en el presente caso, es deber de la parte actora demostrar la ocurrencia del hecho generador del daño moral demandado, toda vez que la accionada negó, rechazó y contradijo la existencia de tales hechos.

En este sentido, el juzgador debe analizar las pruebas aportadas a los autos, a los fines de determinar si quien reclama una indemnización, en este caso por daño moral, demostró durante el proceso la existencia del mismo y en consecuencia poder acordar el resarcimiento conforme a lo pautado en el artículo 1.196 del Código Civil. (…Omissis…) Al respecto, observa la Sala que dicha prueba no fue debidamente evacuada por falta de comparecencia de la promovente de la misma, lo cual obviamente trae como consecuencia, el desistimiento de este medio probatorio, lo que aunado a la inexistencia de otras pruebas que demuestren la pretensión de la actora, llevan a esta Sala a la conclusión de declarar sin lugar la presente demanda. Así se decide…

Similar al caso sub iudice es el caso planteado, en el cual el actor tenía la carga de demostrar el hecho generador del daño moral demandado, por lo que en opinión de esta Sala, la recurrida interpretó correctamente el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil. Por las razones anteriormente expuestas se declara improcedente la denuncia de infracción de la referida norma adjetiva por errónea interpretación al haberse constatado su adecuada y correcta aplicación. Así se establece.” (Negrilla y subrayado de este Tribunal)

Así las cosas, visto el criterio jurisprudencial parcialmente transcrito y revisadas las circunstancias propias del presente expediente, puede afirmarse que en el caso de marras no se constituyeron elementos ni argumentos probatorios suficientes, como para determinar mediante un razonamiento lógico y crítico que aun habiendo sido subsanada el acta Nº 02/2010, la demandante no pueda acceder o disfrutar de las instalaciones del “DORADO COUNTRY CLUB”, o bien, que haya perdido su cualidad de socia propietaria; en efecto, de las actas que conforman el presente expediente puede este Tribunal percatarse que no cursa en autos prueba alguna que respalde la pretensión del demandante.- Así se establece.

Partiendo de los razonamientos realizados a lo largo de la sentencia, este Tribunal en vista que debe atenerse a las probanzas producidas como soporte probatorio del derecho invocado, siendo que al actor le corresponde probar aquellos hechos que fundamentan su pretensión, mientras que el demandado debe probar aquellos hechos que fundamentan su excepción o defensa, que es lo mismo que decir “las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho”; y en virtud que en el caso de marras la demandante no logró demostrar los hechos alegados en el libelo, aunado a que lo solicitado en el petitorio fue debidamente subsanado por la junta directiva de la asociación civil demandada, debe consecuentemente declarar SIN LUGAR la demanda incoada por la ciudadana COROMOTO DE LA C.R. contra la ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO “DORADO COUNTRY CLUB” por NULIDAD DE ASAMBLEA, todos ampliamente identificados en autos, tal como se dejará sentado en el dispositivo del presente fallo; todo ello en virtud que el demandante no cumplió con su obligación probatoria conforme a lo dispuesto en los artículos 254 y 506 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.354 del Código Civil.- Así se decide.

CAPÍTULO IV

DISPOSITIVA.

En mérito de las anteriores consideraciones, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, conforme a los artículos 12 y 243 del Código de Procedimiento Civil, declara:

SIN LUGAR la defensa previa alegada por la representación judicial de la parte demandada referida a la cosa juzgada, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil en concordancia lo previsto en el ordinal 9° del artículo 346 eiusdem.

SIN LUGAR la demanda incoada por la ciudadana COROMOTO DE LA C.R. contra la ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO “DORADO COUNTRY CLUB”, por NULIDAD DE ASAMBLEA; todos ampliamente identificados en autos.

Se condena en costas a la parte actora por resultar totalmente vencida en el presente proceso, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

Por cuanto el presente fallo fue dictado fuera del lapso previsto para ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil se ordena la notificación de las partes.

Regístrese, publíquese y déjese copia certificada de la presente decisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, en Los Teques, a los veinticinco (25) días del mes de julio de dos mil trece (2013). Años: 203° de la Independencia y 154° de la Federación.-

LA JUEZ PROVISORIA,

Dra. Z.B.D..

LA SECRETARIA,

JAIMELIS CÓRDOVA MUJICA.

En la misma fecha se publicó la anterior sentencia previo anuncio de Ley, siendo las doce meridium (12:00 m.)

LA SECRETARIA,

Exp. No. 19.899