Decisión nº I-114-13 de Tribunal Quinto de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 9 de Septiembre de 2013
| Fecha de Resolución | 9 de Septiembre de 2013 |
| Emisor | Tribunal Quinto de Juicio |
| Ponente | Jesús Marquez Rondón |
| Procedimiento | Sin Lugar Revisión De Medida Privativa |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA
JUZGADO QUINTO EN FUNCIONES DE JUICIO
Maracaibo, 09 de Septiembre de 2013
202° y 154°
CAUSA 5J-665-11 DECISION N° 114-13
En fecha (06) de Septiembre de 2013, se recibió por ante este Juzgado Quinto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia solicitud de consignada por la Profesional del derecho Abogada FRANCYS PEROZO actuando en su carácter de Defensor Publica Vigésima Cuarta del ciudadano J.M. MAS Y R.S. actualmente privado de su libertad, quien solicita de conformidad con lo establecido en el contenido del articulo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, EXAMEN Y REVISION DE LA PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, es decir se imponga a su defendido una medida cautelar menos gravosa de conformidad con lo establecido en el articulo 242 ejusdem y cumplidos como han sido los trámites procedimentales del caso, se procede de inmediato a dictar decisión en los términos siguientes:
I
DE LA SOLICITUD INTERPUESTA
Con fundamento en el Artículo 250 y 242 del Código Orgánico Procesal Penal, por la Profesional del derecho Abogada FRANCYS PEROZO actuando en su carácter de Defensor Publica del ciudadano J.M. MAS Y R.S. actualmente privado de su libertad, quien solicita de conformidad con lo establecido en el contenido del articulo 250del Código Orgánico Procesal Penal, EXAMEN Y REVISION DE LA PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAS, es decir se imponga a su defendido una medida cautelar menos gravosa, argumentando lo siguiente:
Manifiesta, la profesional del derecho solicitante que su defendido fue presentado por la Fiscalia del Ministerio Público en fecha 23 de marzo de 2011, por la presunta comisión del delito de Distribución Ilícita de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y sancionado en el articulo 149 de la ley de drogas, en virtud de lo cual se le decreto la Privación Judicial Preventiva de Libertad y el procedimiento ordinario.
Continúa señalando que en fecha 14 de Abril de 2011, se realizo acto de imputación a su representado, en la cual la Fiscalia Trigésima Novena del Ministerio Público realizo formal imputación al ciudadano J.M. MAS Y R.A., por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el articulo 406 ordinal 1 del Código Orgánico Procesal Penal, en perjuicio de quien en vida respondiera al nombre de R.C.M..
Alega y expone en su solicitud la profesional del derecho que en fecha 04 de Mayo de 2011, el Ministerio Público presento formal acusación en contra de su representado por la presunta comisión del delito de Distribución Ilícita de Sustancias Estupefacientes y psicotrópicas, previsto y sancionado en el articulo 149 de la ley de drogas, por considerar que existen suficientes elementos de convicción para estimarlo autor y responsable del referido delito y que en fecha 22-05-2011, la Fiscalia Trigésimo Novena del Ministerio Público presento acusación en contra de su defendido, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el articulo 406 ordinal 1 del Código Orgánico Procesal Penal, en perjuicio de quien en vida respondiera al nombre de R.C.M., solicitando el enjuiciamiento oral y publico.
De igual forma explica la solicitante que en fecha 26 de Septiembre de 2011 se realizo la Audiencia Preliminar, en la cual el Tribunal de control, admitió totalmente las pruebas para ser producidas en juicio oral y publico y ordeno la apertura de Juicio en contra del ciudadano J.M. MAS Y R.S., por la presunta comisión del delito de DISTRIBUCIÓN ILÍCITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el articulo 149 de la ley de droga y HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el articulo 406 ordinal 1 del Código Orgánico Procesal Penal, en perjuicio de quien en vida respondiera al nombre de R.C.M..
Seguidamente, motiva su solicitud invocando en igual sentido el contenido del Artículo 44 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 08, 09 y 13 del Código Orgánico Procesal Penal, Articulo 45 de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos (San José 1969), el articulo 9.1 del pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Nueva Cork Diciembre 1989) en concordancia con lo establecido en el articulo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.
Finalmente, solicita al Tribunal, de conformidad con lo establecido en el contenido del articulo 250del Código Orgánico Procesal Penal, EXAMEN Y REVISION DE LA PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAS, es decir se imponga a su defendido una medida cautelar menos gravosa, de las establecidas en el articulo 242 del código orgánico procesal penal.
II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Observa este Tribunal que el aspecto medular del presente escrito, se encuentra en la solicitud REVISIÓN DE MEDIDA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 250 del Código Orgánico Procesal Penal considera importante destacar que en el presente caso, no existen suficientes elementos de convicción a fines de determinar la responsabilidad penal de su representando, todo ello en virtud de las resultas de le investigación fiscal concentradas en el correspondiente acto conclusivo.
Al respecto, este Tribunal para decidir observa:
El artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal establece el Examen y Revisión de las Medidas Cautelares de manera regular, incluso de oficio cada tres meses, aun en los casos de Privación Judicial Preventiva de Libertad, donde el Juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de la misma y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas, pero también es cierto, que para acordar esa sustitución es necesario que las circunstancias que determinaron la imposición de la misma deben haber variado a favor del imputado o acusado, según sea el caso, o existir nuevas circunstancias que así lo ameriten.
Establecido lo anterior, observa este Tribunal que en fecha 04 de Mayo de 2011, el Ministerio Público presento formal acusación en contra de su representado por la presunta comisión del delito de Distribución Ilícita de Sustancias Estupefacientes y psicotrópicas, previsto y sancionado en el articulo 149 de la ley de drogas, por considerar que existen suficientes elementos de convicción para estimarlo autor y responsable del referido delito y que en fecha 22-05-2011, la Fiscalia Trigésimo Novena del Ministerio Público presento acusación en contra de su defendido, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el articulo 406 ordinal 1 del Código Orgánico Procesal Penal, en perjuicio de quien en vida respondiera al nombre de R.C.M., solicitando el enjuiciamiento oral y publico la cual fue admitida en fecha 26 de Septiembre de 2011, por el Tribunal Septimo de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, manteniendo la Medida Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad decretada.
Del examen y revisión de las actas que conforman la presente causa, se observa que al imputado J.M. MAS Y R.S. le fue decretada en fecha en fecha 23 de marzo de 2011, por la presunta comisión del delito de Distribución Ilícita de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y sancionado en el articulo 149 de la ley de drogas, en virtud de lo cual se le decreto la Privación Judicial Preventiva de Libertad y el procedimiento ordinario, posteriormente en fecha 14 de Abril de 2011, se realizo acto de imputación a su representado, en la cual la Fiscalia Trigésima Novena del Ministerio Público realizo formal imputación al ciudadano J.M. MAS Y R.A., por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el articulo 406 ordinal 1 del Código Orgánico Procesal Penal, en perjuicio de quien en vida respondiera al nombre de R.C.M.., al atribuirle responsabilidad en los delitos antes señalados, el estimar razonablemente alta la pena a imponer, así como el peligro de obstaculización, razones apreciadas por el Tribunal para imponer la medida privativa de libertad, conjuntamente con los elementos de convicción ofrecidos en el acto de Presentación.
Tales consideraciones, sobre el peligro de obstaculización, en la búsqueda de la verdad, en opinión de este juzgador tiene plena vigencia cuando el Juez de Control admite la acusación y ordena la apertura a juicio, pues tal decisión deviene de estimar que existe fundamento serio con pronóstico de condena, vistas las pruebas ofrecidas y admitidas, para abrir juicio oral y público y determinar la responsabilidad del acusado.
Dada la magnitud de la pena establecida para el delito, la cual excede de diez años de prisión en su límite superior, con lo cual se patentiza la “presunción iuris de peligro de fuga” definido por el Parágrafo Primero del artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal; y como quiera que el delito imputado lesiona , la integridad física , este jurisdicente considera que se mantiene la grave sospecha de que el imputado influirá en testigos y victimas para que informen falsamente, se comporten de manera desleal o reticente, poniendo en peligro la verdad y la realización de la justicia, conforme a los dispuesto en el articulo 238 del Código Orgánico Procesal Penal, no evidenciándose de las actas que hayan variado las circunstancias inicialmente atendidas para decretar la medida extrema de coerción personal y al estar en conflicto un derecho e interés individual como lo es la pretensión de los acusados de ser juzgados en libertad ante los peligros que corren su vida e integridad física al permanecer en reclusión, frente al derecho del Estado de ejercer el ius puniendo, y el de la sociedad para que se le garantice la seguridad personal, y el de la víctima quien demanda el sometimiento de los justiciables al proceso penal, tal conflicto debe resolverse en favor de los intereses colectivos, haciendo procedente el mantenimiento de la medida de privación de libertad. Y ASI SE DECIDE.
Observa igualmente este juzgador que no se trata el presente caso de un procedimiento abreviado, y ya el Tribunal emitió pronunciamiento conforme al artículo Artículos 250 y 251 hoy 236 del vigente Código Orgánico Procesal Penal, cuya decisión de reproche determino el mantenimiento de la privación de libertad, resulta improcedente en derecho la pretensión de la defensa, ya que no han variado las circunstancias consideradas inicialmente para el decreto de la medida de privación de libertad del acusado; Igualmente se verifica que en fecha 18 de marzo de 2013, mediante decisión 031-13, se acordó en el presente caso la prorroga de dos años de conformidad con lo establecido en el articulo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, cuyo vencimiento es el Tres (03) de Marzo de 2015, se acordó mantener para el mencionado acusado la Privación judicial Preventiva de Libertad. ASI SE DECIDE.
DISPOSITIVA
Por los fundamentos de hecho y de derecho antes expuestos, este JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO Z.A.J. en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA SIN LUGAR la Solicitud de Revisión y Sustitución de las Medidas Cautelares Privativas de la Libertad, formulada por el interpuesta por la profesional del Derecho FRANCYS PEROZO actuando en su carácter de Defensor Publica del ciudadano J.M. MAS Y R.S., a quien se les sigue causa por la presunta comisión del delito de por la presunta comisión del delito de DISTRIBUCIÓN ILÍCITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el articulo 149 de la ley de droga y HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el articulo 406 ordinal 1 del Código Orgánico Procesal Penal, en perjuicio de quien en vida respondiera al nombre de R.C.M. que le fueran impuestas en fecha 23 de marzo de 2011 y el 14 de Abril de 2011, la Medida Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad de conformidad con lo establecido en los Artículos 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal, (hoy 236), por el Tribunal Séptimo de Control, al considerar que no han variado las circunstancias que determinaron su imposición.
Regístrese, publíquese, Notifíquese.
Dada, firmada y sellada en Juzgado Quinto de Juicio a los Nueve (09) días del mes de Septiembre de 2013. Años: 203° de la Independencia y 153° de la Federación.
JUEZ QUINTO DE JUICIO
DR. J.M.R.
LA SECRETARIA
ABOG. HIRCIA GONZALEZ VIRLA
