Decisión de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 7 de Noviembre de 2013
| Fecha de Resolución | 7 de Noviembre de 2013 |
| Emisor | Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Juicio |
| Ponente | Luz Moreno |
| Procedimiento | Declina La Competencia |
San Cristóbal, 7 de Noviembre de 2013
203º y 154º
ASUNTO PRINCIPAL : SP21-P-2013-014635
ASUNTO : SP21-P-2013-014635
Visto que en fecha 22 de Octubre del 2013, este tribunal recibe actuaciones relacionadas con la Acusación Privada presentada por las abogadas ALICIA SUESCUN Y A.G., apoderadas de la ciudadana E.K.D.L., en su condición de víctima, en donde señala unos hechos presuntamente cometidos por la ciudadana L.D.P.F.R., encuadrando los mismos en los delitos de LESIONES PERSONALES LEVISIMAS, previsto y sancionado en el artículo 417 del Código Penal, INJURIA, previsto y sancionado en el artículo 444 del Código Penal, y AMENAZAS, previsto y sancionado en el artículo 175 del Código Penal, este Tribunal procede a realizar las siguientes consideraciones:
El principio del debido proceso, conocido por la doctrina internacional como juicio justo, rector principal de la conducta de las partes y del apego a la legalidad y a la legitimidad del proceso en cuanto tal.
En este sentido, el apego al debido proceso implica no sólo el cumplimiento de la forma, sino también, el análisis del fondo de sustantividad esencial, que es la legitimidad y la legalidad de los actos, y lo más importante, el respeto y garantía de los derechos enunciados o no, y que son inherentes a la condición humana.
Vale afirmar, antes que nada, que el Debido Proceso o Juicio Justo, es la garantía que tiene todo ciudadano sometido a proceso y que es reconocida tanto en el ámbito nacional como en el orden internacional, como un derecho humano inviolable e indivisible, establecido en el artículo 49 de la Constitución, el cual es del tenor siguiente:
“Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia:
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La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley.
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Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.
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Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete.
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Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto.
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Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
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Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes.
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Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente.
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Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o magistrada, juez o jueza y del Estado, y de actuar contra éstos o éstas.
Requiriéndose, conforme a la misma garantía, la sumisión racional de la conducta de los órganos del Poder Público al debido proceso como garantía del respeto de los derechos fundamentales, debiendo garantizar en los procesos judiciales el respeto a los derechos y garantías constitucionales establecidos en los tratados y convenios internacionales suscritos por la República, todo ello muy por encima de la función que le corresponde de accionar el aparato sancionatorio del Estado.
Conforme a ello, todas las actuaciones de los órganos de los Poderes Públicos deben adecuarse al respeto del principio fundamental del debido proceso, el cual según la jurisprudencia consiste en:
“Finalmente, la Sala en cumplimiento de su función pedagógica, le hace saber, al juez de la recurrida que en la sustanciación de los procesos debe tener presente la noción doctrinaria del “debido proceso”, en base al principio de que el procedimiento está establecido estrictamente en la ley y no puede ser alterado o subvertido por el juez ni las partes, ya que de no acatarse, se subvierte el orden lógico procesal…”.(TSJ- SCC, 19 de Marzo de 2003, Ponente: Carlos Oberto Velez).
Por otro lado, la jurisprudencia también señala:
Por otra parte, según la doctrina, el debido proceso es el conjunto de garantías que protegen al ciudadano sometido a cualquier proceso, que le aseguran a lo largo del mismo una recta y cumplida administración de justicia; que le aseguren la libertad y la seguridad jurídica, la racionalidad y la fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a Derecho. Desde este punto de vista, entonces, el debido proceso es el principio madre o generatriz del cual dimanan todos y cada uno de los principios del Derecho Procesal Penal, incluso el del Juez Natural que suele regularse a su lado
. …”.(TSJ-SCP, 06 de Abril de 2003, Ponente: Beltran Haddad).
Asimismo, en reciente Sentencia N° 900 de fecha 30 de Mayo de 2008, emitida por la Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia, se estableció lo siguiente:
“Respecto a la violación del derecho constitucional a la defensa, y al debido proceso establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala ha dejado sentado en sentencia del 24 de octubre de 2001 (Caso: Supermercado Fatima, S.R.L) que: “...el derecho a la defensa y al debido proceso constituyen garantías inherentes a la persona humana y en consecuencia, aplicables a cualquier clase de procedimientos. El derecho al debido proceso ha sido entendido como el trámite que permite oír a las partes, de la manera prevista en la Ley, y que ajustado a derecho otorga a las partes el tiempo y los medios adecuados para imponer sus defensas”.
Con base a lo anterior, se evidencia que uno de los delitos por los cuales fue presentada la querella es el delito de LESIONES PERSONALES LEVISIMAS, previsto y sancionado en el artículo 417 del Código Penal, es un delito de acción pública, y los otros dos delitos como lo son: INJURIA, previsto y sancionado en el artículo 444 del Código Penal, y AMENAZAS, previsto y sancionado en el artículo 175 del Código Penal, son delitos de acción privada.
En este sentido, revisada como ha sido la competencia del Tribunal, se hace necesario señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 78 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando a una misma persona se le atribuya la comisión de delitos de acción pública y de acción de instancia de parte agraviada, el conocimiento de la causa corresponderá al Juez o Jueza competente para el juzgamiento del delito de acción pública y se seguirán las reglas del proceso ordinario.
Es por ello, que estando ante la presencia de la presunta comisión en el presente caso de delitos de acción pública y de delitos de acción privada, lo procedente y ajustado en derecho es que el conocimiento de la causa le corresponde al Juez competente para conocer delitos de acción pública, siendo competente para conocer estos delitos de acción pública de conformidad a lo establecido en el artículo 65 del Código Orgánico Procesal Penal, los Tribunales de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal del Estado Táchira
En consecuencia, por lo antes expuesto se hace procedente declinar la competencia del conocimiento de la presente causa, de conformidad a lo establecido en el artículo con el artículo 80 del Código Orgánico Procesal Penal, a los Tribunales de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal del Estado Táchira. Notifíquese a las partes. Y así se decide.
En consecuencia, este TRIBUNAL CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIÓN DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY:
UNICO: SE DECLINA LA COMPETENCIA, del conocimiento de la presente causa a los Tribunales de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, en virtud de que estando ante la presencia de la presunta comisión en el presente caso de delitos de acción pública y de delitos de acción privada, lo procedente y ajustado en derecho es que el conocimiento de la causa le corresponde al Juez competente para conocer delitos de acción pública, siendo competente para conocer estos delitos de acción pública de conformidad a lo establecido en el artículo 65 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese a las partes.
ABG. L.D.M.A.
JUEZA CUARTA DE JUICIO
Abg. M.d.V.T.
Secretaria
