Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito Los Teques de Miranda, de 11 de Junio de 2014

(Folio 6 al 10) Marcado “A”, en copia simple del documento de compra venta del inmueble constituido como apartamento distinguido con el Nº 4-c del Edificio Residencias Acacias del Conjunto Residencial Lagunetica, situado en la zona denominada Lagunetica, jurisdicción del Municipio Los Teques, Distrito Guaicaipuro del Estado Miranda, debidamente registrado por ante el Registro Público del Municipio Guaicaipuro del Estado Bolivariano de Miranda, en fecha 04 de junio de 2004, bajo el Nº 45, Tomo 17, Protocolo Primero, a través del cual el ciudadano R.J.E.M., procedió a vender un inmueble a los ciudadanos C.J.C.O. y M.D.V.B.G., bajo los siguientes términos y condiciones:

(…)Que doy en venta pura y simple perfecta e irrevocable, a los ciudadanos C.J.C.O. y M.D.V.B.G., (…) Un inmueble de mi exclusiva propiedad constituido por el apartamento distinguido con el Nro 4-C del Edificio Residencias Acacias del Conjunto Residencial Lagunetica, situado èste en la zona denominada Lagunetica, en jurisdicción del Municipio Los Teques, Distrito Guaicaipuro del Estado Miranda, (…) El apartamento vendido està situado en el cuarto (4) piso del edificio, tiene una superficie de SETENTA METROS CUADRADOS CON SETENTA DECIMETROS CUADRADOS (70,70 M2) está integrado por tres (3) dormitorios, tres (3) closets, un (1) baño, recibo, comedor, cocina y lavandero, (…) Al inmueble descrito le corresponde un porcentaje de condominio de UN ENTERO CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTAS SESENTA Y CINCO MILLONESIMAS POR CIENTO (1.136365 %), sobre las cosas de uso común y cargas en la comunidad de propietarios, con respecto al edificio del cual forma parte y un porcentaje de condominio de CERO ENTERO CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTAS VEINTICINCO MILLONESIMAS POR CIENTO (0,140625 %), con respecto al Conjunto Residencial Lagunetica. (…) El precio de esta venta es la cantidad de TREINTA Y DOS MILLONES DE BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 32.000.000,oo) que tengo recibidos, a mi entera y cabal satisfacción. (…) Y nosotros, C.J.C.O. y M.D.V.B.G., antes identificados, declaramos: Que aceptamos la venta que se nos hace en los términos expuestos que nos obligamos a acatar y cumplir las normas del Documento de Condominio citado (…)

(Resaltado del Tribunal)

Ahora bien, siendo que el documento público en cuestión merece plena fe de su contenido por cuanto fue otorgado por un funcionario autorizado, aunado a que no fue tachado en el decurso del proceso, quien aquí decide le otorga pleno valor probatorio conforme a lo previsto en los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil; ello como documento fundamental de la demanda y como demostrativo que las partes intervinientes en el presente proceso, ciudadanos C.J.C.O. y M.D.V.B.G. (aquí demandado), adquirieron en el año 2004, la propiedad de un inmueble distinguido con el Nº 4-C del Edificio Residencias Acacias del Conjunto Residencial Lagunetica, situado en la zona denominada Lagunetica, en jurisdicción del Municipio Los Teques, Distrito Guaicaipuro del Estado Miranda, -cuya partición se persigue en este juicio-, por la cantidad de TREINTA Y DOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 32.000.000,oo), los cuales el vendedor declaró recibir en el acto.- Así se establece.

(Folio 11 al 16) Marcado “B”, en copia documento registrado por ante el Registro Público del Municipio Guaicaipuro del Estado Bolivariano de Miranda, en fecha 01 de agosto de 2012, bajo el Nº 21, Tomo 21, Protocolo de Trascripción PT, de liberación de hipoteca convencional de primer grado, que pesaba sobre el inmueble objeto de litigio distinguido con el Nº 4-C, situado en la planta piso 4, del Edificio Residencias Acacias del Conjunto Residencial Lagunetica, situado en la Zona denominada Lagunetica en Jurisdicción del Municipio Los Teques Distrito Guaicaipuro del Estado Miranda. Dicha documental sirve para demostrar que los accionante cancelaron la totalidad de la hipoteca que pesaba sobre el bien inmueble objeto de litigio, razón por la cual esta Juzgadora le confiere todo el valor probatorio que dicha documental emana de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de PROCEDIMIENTO Civil y así se decide.

Una vez abierto el lapso probatorio, la parte accionante promovió las siguientes instrumentales:

(Folio 61 al 65) documento de Compra – Venta del inmueble constituido como apartamento distinguido con el Nº 4-c del Edificio Residencias Acacias del Conjunto Residencial Lagunetica, situado en la zona denominada Lagunetica, jurisdicción del Municipio Los Teques, Distrito Guaicaipuro del Estado Miranda, debidamente registrado por ante el Registro Público del Municipio Guaicaipuro del Estado Bolivariano de Miranda, en fecha 04 de junio de 2004, bajo los Nos 45 y 15, Tomo 17 y 02, Protocolo Primero y Tercero. Ahora bien, en vista que las documentales en cuestión fueron valoradas en su oportunidad correspondiente, quien aquí suscribe se atiene a las valoraciones emitidas y por lo tanto no tiene materia sobre la cual pronunciarse en esta oportunidad.- Así se precisa.

(Folio 66 al 71) en copia certificada documento registrado por ante el Registro Público del Municipio Guaicaipuro del Estado Bolivariano de Miranda, en fecha 01 de agosto de 2012, bajo el Nº 21, folio 133, Tomo 21, Protocolo de Trascripción PT, de liberación de hipoteca convencional de primer grado, que pesaba en el inmueble distinguido con el Nº 4-C, situado en la planta piso 4, del Edificio Residencias A.d.C.R.L., situado en la Zona denominada Lagunetica en Jurisdicción del Municipio Los Teques Distrito Guaicaipuro del Estado Miranda. Ahora bien, en vista que las documentales en cuestión fueron valoradas en su oportunidad correspondiente, quien aquí suscribe se atiene a las valoraciones emitidas y por lo tanto no tiene materia sobre la cual pronunciarse en esta oportunidad.- Así se precisa.

(Folio 72 al 73) Movimientos por Asociado, emitidos por la Caja de Ahorros de los Bomberos de Caracas CABOMCA, en fecha 06 de enero, a favor del ciudadano CARLOS JOSÈ CALATAYUD OROPEZA. Ahora bien, siendo que los documentos privados bajo análisis no fueron ratificados por el tercero que los suscribió, conforme a lo previsto en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, quien aquí decide los desecha del presente proceso y no les confiere ningún valor probatorio, ello ante la falta de otros medios de prueba idóneos para darles validez.- Así se establece.

PRUEBA DE INFORMES: En el escrito de promoción de pruebas la parte actora solicitó se oficiara a la Caja de Ahorros de los Bomberos de Caracas (CABOMCA), a los fines de que dicho organismo informara a este Despacho sobre los siguientes particulares “(...) que los ciudadanos C.J.C.O. y M.D.V.B.G., cancelaron el prestado otorgado a los referidos ciudadanos y ratifique los descuentos realizados por esa Caja de Ahorros al ciudadano C.J.C.O., por concepto de préstamo para la adquisición del inmueble (…)” Ahora bien, partiendo de la revisión minuciosa de la probanza en cuestión, se verifica que la misma fue promovida y evacuada conforme a lo dispuesto en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, ya que al tratarse de hechos que consten en documentos, libros o archivos, que se hallen en oficinas públicas, asociaciones, bancos, sociedades civiles, entre otros, aunque éstas no sean parte en el juicio, el Tribunal a solicitud de la parte interesada puede requerir de ellas informes sobre los hechos litigiosos que aparezcan en dichos instrumentos o copia de los mismos; en este sentido, siendo que de las resultas del instrumento probatorio bajo análisis se desprende textualmente que: “(…) en efecto los ciudadanos C.J.C.O. y M.D.V.B.G., si cancelaron el referido préstamo en cuotas quincenales y consecutivas desde el 15 de mayo de 2005 hasta el 05 de marzo de 2012, además de dos aportes extraordinarios a través de depósitos bancarios (…) vale decir efectuadas por el ciudadano C.J.C.O. (…)”, y en virtud que ello guarda estrecha relación con los hechos inherentes al presente proceso, consecuentemente quien aquí suscribe le confiere pleno valor probatorio, como demostrativo que las partes intervinientes en este juicio actuaron en conjunto como optantes y compradores del bien inmueble cuya partición se persigue.- Así se establece.

PARTE DEMANDADA:

Una vez abierto el lapso probatorio, la parte demandada no hizo uso de este derecho

Analizado el acervo probatorio de las partes seguidamente, a los fines de resolver acerca del asunto planteado, pasa este Tribunal a decidir la presente causa fundamentado en las siguientes consideraciones:

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Una vez analizado el acervo probatorio traído a los autos, esta Sentenciadora pasa a pronunciarse sobre el fondo de la controversia en los siguientes términos:

Se evidencia que a través del presente proceso la parte actora, ciudadano CARLOS JOSÈ CALATAYUD OROPEZA persigue la PARTICIÓN de un bien inmueble que adquirió conjuntamente con la ciudadana M.D.V.B. GONZÀLEZ, según se evidencia de documento de compra venta debidamente protocolizado por ante la Oficina de Registro Público del Municipio Guaicaipuro del Estado Bolivariano de Miranda, en fecha 04 de junio de 2004, anotado bajo el número 45, Tomo 17, Protocolo único, y el cual se encuentra constituido por un apartamento distinguido con el Nro. 4-C del Edificio Residencias Acacias del Conjunto Residencial Lagunetica, situado éste en la zona denominada Lagunetica, jurisdicción del Municipio Los Teques, Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda; ello en virtud que –según su decir- la prenombrada al accionante mudarse del inmueble en el año 2008, quedó en posesión del inmueble, sin hacerse cargo de pago alguno por el gravamen que existía sobre el mismo. Así mismo, del escrito libelar se desprende que la parte demandante sostiene no estar obligada a permanecer en comunidad, y en vista de que desde el año dos mil diez (2010) ha tratado en varias ocasiones de conversar amistosamente a fin de tratar de llegar a un acuerdo; siendo el caso que la accionada alega que el inmueble solo le pertenece a ella, es por lo que acude a demandarla por partición y liquidación de la comunidad ordinaria que los une; así las cosas, finalmente estimó la demanda en la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 450.000,00).

Por su parte, la representación judicial de la parte demandada, abogado C.A.V. se OPUSO a la partición solicitada, sosteniendo para ello que su representada haya debido fijar a través de convenio alguno un porcentaje distinto al que tuviera derecho como propietaria del inmueble objeto de litigio; por lo cual alegó que dicha partición deba realizarse en partes iguales, es decir, en un cincuenta por ciento (50%) del valor para cada uno. Así mismo, se opuso a la demanda por cuanto –según su decir- la parte accionada no se haya hecho cargo de las cargas que pesan sobre el mencionado inmueble.

Ahora bien, vistos los términos en los cuales quedó trabada la controversia, quien aquí suscribe pasa a realizar las siguientes consideraciones:

Primeramente, resulta pertinente establecer que según el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de M.O., la partición es definida de la siguiente manera:

Partición.- “El concepto genérico conocido es el de división o reparto en dos o más partes o entre dos o más partícipes. II Más en especial en el mundo jurídico, la distribución o repartimiento de un patrimonio -singularmente la herencia o una masa social de bienes- entre varias personas con iguales o diversos derechos sobre el condominio a que se pone fin."

De allí, tenemos que la partición de bienes comunes comprende un proceso de separación de bienes que tiene por finalidad otorgar a cada una de las personas que tiene derechos sobre una serie de bienes pro indivisos, la parte material o porción que realmente le corresponde. En nuestra legislación el procedimiento de partición por su naturaleza, consiste en un juicio que se rige bajo la normativa jurídica contenida en el Capítulo II, Título V, Libro Cuarto del Código de Procedimiento Civil; al tal efecto, tenemos que el artículo 777 eiusdem textualmente dispone lo siguiente:

Artículo 777.- “La demanda de partición o división de bienes comunes se promoverá por los trámites del procedimiento ordinario y en ella se expresará especialmente el título que origina la comunidad, los nombres de los condóminos y la proporción en que deben dividirse los bienes. Si de los recaudos presentados, el Juez deduce la existencia de otro u otros condóminos, ordenará de oficio su citación."

Del artículo antes transcrito, se colige que la demanda de partición o división de bienes comunes debe promoverse por la vía del juicio ordinario, no obstante a ello, del artículo que le prosigue se desprende que “En el acto de la contestación, si no hubiere oposición a la partición, ni discusión sobre el carácter o cuota de los interesados y la demanda estuviere apoyada en instrumento fehaciente que acredite la existencia de la comunidad, el Juez emplazará a las partes para el nombramiento del partidor en el décimo día siguiente. El partidor será nombrado por mayoría absoluta de personas y de haberes (…)." (Resaltado de este Tribunal); en este sentido y sobre el tema in comento, nuestro más alto Tribunal fijó el siguiente criterio:

(…) El procedimiento de partición se encuentra regulado en la Ley Adjetiva Civil, ex artículos 777 y siguientes; de su contenido se evidencia que en el juicio de partición pueden presentarse dos situaciones diferentes, a saber: 1) Que en el acto de la contestación de la demanda no se haga oposición, a los términos en que se planteó la partición en el correspondiente libelo. En este supuesto, no existe controversia y el juez declarará que ha lugar a la partición, en consecuencia ordenará a las partes nombrar el partidor; en estos casos no procede recurso alguno. 2) Que los interesados realicen oposición a la partición, la cual puede ser total o parcial, vale decir que recaiga sobre todo o algunos de los bienes comunes, en estos casos el proceso se sustanciará y decidirá siguiendo los trámites del juicio ordinario hasta que se dicte el fallo que embarace la partición, tal y como lo establece el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, y en este estado se emplazará a las partes para que procedan al nombramiento del partidor, como ya se indicó; (...) En efecto, el procedimiento de partición se desarrolla en dos etapas claramente diferenciadas. Una que se tramita por la vía del juicio ordinario y que sólo se abre si en la oportunidad de contestar la demanda hubiere oposición a la partición o se discutiere el carácter o la cuota de los interesados; y la otra, que es la partición propiamente dicha, en la que se designa un partidor y se ejecutan las diligencias de determinación, valoración y distribución de los bienes del caso

. (…) Para el Dr. F.L.H., en su obra ‘Derecho de Sucesiones’: (…omissis…) En este orden de ideas, es oportuno destacar que al no existir oposición, tal supuesto puede equipararse a un convenir de los demandados, de manera que en este estado de cosas, la labor del juez, en esta fase del proceso denominada “contradictoria”, debe limitarse a emplazarlas para que designen al partidor, quien en definitiva, posee la potestad de realizar la división sobre los bienes de la partición y liquidación que no fueron objeto de oposición, fijando para ello las cuotas que corresponderán a cada heredero, dentro de la segunda etapa del procedimiento llamada “ejecutiva”. Debe enfatizarse, el hecho de que no es al juez a quien corresponde pronunciarse sobre las proporciones en las que deban liquidarse los bienes integrantes del acervo hereditario, su función es la de decidir sobre la procedencia o no de la partición, pues, se repite, esa labor corresponde al partidor que al efecto y por mandato del sentenciador, deberán nombrar las partes (…)” (Vd. Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, sentencia dictada en fecha 11 de octubre de 2000. Magistrado Ponente: CARLOS OBERTO VÉLEZ) (Negrita y subrayado de este Tribunal)

De allí que, si en el acto de contestación la parte demandada se opone a la partición, es decir, que si los interesados proceden a discutir o impugnar los términos de la partición, el procedimiento debe sustanciarse por los trámites del juicio ordinario, para que una vez resuelto el juicio que embarace la partición, se emplace a las partes para el respectivo nombramiento del partidor; por otra parte, si al contestar la demanda de partición no existe oposición o discusión sobre el carácter o la cuota que pretenden los interesados, y además la acción se sustenta en un instrumento fidedigno que demuestre que realmente hay una comunidad de bienes indivisos, el Juez procederá directamente a emplazar a las partes para el acto de nombramiento del partidor.

Ahora bien, en el caso de marras se evidencia que la parte actora alegó que la partición solicitada debe recaer sobre el siguiente bien inmueble: Un apartamento distinguido con el Nro. 4-C del Edificio Residencias Acacias del Conjunto Residencial Lagunetica, situado éste en la zona denominada Lagunetica, jurisdicción del Municipio Los Teques, Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda; y cuyos linderos son los siguientes: NORTE: Fachada Norte de la Torre; SUR: Apartamento distinguido 4-D; ESTE: Fachada interna de la Torre y OESTE: Fachada Oeste de la Torre, foso de ascensores y pasillo de circulación e identificado con el boletín catastral número 28191; el cual -según su decir- fue adquirido en partes iguales, tal como se desprende del documento de compra venta protocolizado por ante la Oficina de Registro Público del Municipio Guaicaipuro del Estado Bolivariano de Miranda, en fecha 04 de junio de 2004, anotado bajo el número 45, Tomo 17, Protocolo único.

Sin embargo, en vista que con relación a la partición del bien previamente descrito existió OPOSICIÓN por la parte demandada, es por lo que este Tribunal acordó en fecha 12 de diciembre de 2013, sustanciar y tramitar la presente causa por el procedimiento ordinario de acuerdo con lo previsto en el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, ello a los fines de verificar la titularidad de los derechos en cuestión, lo cual conllevaría a determinar la procedencia o improcedencia de la acción propuesta.- Así se precisa.

Fijado lo anterior y en virtud que en el caso específico de autos se pretende la partición de un bien inmueble que integra una comunidad ordinaria, esta Sentenciadora debe precisar lo siguiente:

La comunidad como tal, puede ser definida como el derecho singular que sobre un objeto determinado tienen atribuido varias personas, el cual puede nacer de un hecho o de una situación accidental y temporal como lo es la sucesión hereditaria; de la voluntad de la Ley (comunidad legal); o simplemente de un hecho voluntario. Aunado a ello, la Doctrina ha establecido la existencia de dos tipos de comunidades fundamentales y diferentes entre sí, que son la comunidad pro indivisa y la comunidad dividida; la primera de las nombradas, es aquella que permanece en estado de indivisión, y lo que existe es el derecho a la cuota que tiene cada una de las partes que conforman la comunidad.

Así las cosas, revisadas las actas que conforman el presente expediente, puede afirmarse que en el caso que nos ocupa estamos ante una COMUNIDAD PRO INDIVISA que nació de un hecho voluntario entre los ciudadanos CARLOS JOSÈ CALATAYUD OROPEZA –aquí demandante- y M.D.V.B.G. –aquí demandada-, quienes de mutuo acuerdo decidieron adquirir la propiedad del inmueble tantas veces descrito, tal y como se evidencia del documento de compra venta (F. 06 al 10) debidamente protocolizado por ante la Oficina de Registro Público del Municipio Guaicaipuro del Estado Bolivariano de Miranda, en fecha 04 de junio de 2004, anotado bajo el número 45, Tomo 17, Protocolo único; de cuya documental se evidencia la venta efectuada por el ciudadano REINALDO JOSÈ E.M. a los litigantes por un valor de TREINTA Y DOS MILLONES DE BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 32.000.000,00) ahora TREINTA Y DOS MIL BOLIVARES (Bs. 32.000,oo), sin discriminar en qué porcentaje pagaban cada uno de los compradores.- Así se precisa.

En este sentido, siendo que a nadie puede obligársele a permanecer en comunidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 768 del Código Civil, y en virtud que la demandada en el presente juicio no probó nada a su favor, esto es, no demostró haber convenido un porcentaje distinto al demandado, ni desvirtuó las pretensiones del accionante de acuerdo con lo establecido en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.354 de la norma supra citada; este Tribunal con vista a los conceptos antes mencionados, las normas legales que rigen la materia y partiendo de una revisión minuciosa de las actas que conforman el expediente, estima que la PARTICIÓN DE BIENES aquí solicitada debe ser declarada CON LUGAR conforme a derecho, ello en el entendido de que le corresponderá a cada uno de los comuneros el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del bien común, por cuanto el efecto principal e inmediato de la existencia de una comunidad pro indivisa está referido al reconocimiento de que los bienes comunes pertenecen de por mitad a cada uno de los comuneros mientras no se pruebe otra cosa, ello en aplicación del artículo 760 del Código Civil venezolano.- Así se decide.

En el presente caso el bien inmueble que deberá tomarse en cuenta para la partición, siendo que efectivamente se comprobó que los ciudadanos CARLOS JOSÈ CALATAYUD OROPEZA y M.D.V.B. GONZÀLEZ, son copropietarios del inmueble objeto de litigio constituido por “Un apartamento distinguido con el Nro. 4-C del Edificio Residencias Acacias del Conjunto Residencial Lagunetica, situado éste en la zona denominada Lagunetica, jurisdicción del Municipio Los Teques, Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda; y cuyos linderos son los siguientes: NORTE: Fachada Norte de la Torre; SUR: Apartamento distinguido 4-D; ESTE: Fachada interna de la Torre y OESTE: Fachada Oeste de la Torre, foso de ascensores y pasillo de circulación e identificado con el boletín catastral número 28191”. Por tales razones este Tribunal concluye que la partición y liquidación del bien común deberá realizarse conforme a las reglas dispuestas en el Libro Tercero del Código Civil, correspondiéndole en consecuencia a cada uno de los comuneros el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del descrito bien; así las cosas, en virtud de lo antes resuelto se emplaza a las partes para el nombramiento de partidor, el cual tendrá lugar a las once horas de la mañana (11:00 a.m.) del décimo día de despacho siguiente a que quede definitivamente firme la presente sentencia, ello de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil.- Así se decide.

V

DISPOSITIVA.

Por los razonamientos y consideraciones que anteceden, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en los artículos 12 y 243 del Código de Procedimiento Civil, declara:

CON LUGAR la demanda de PARTICIÓN DE BIENES incoada por el ciudadano CARLOS JOSÈ CALATAYUD OROPEZA contra la ciudadana M.D.V.B. GONZÀLEZ, todos ampliamente identificados en autos.

Como consecuencia de la anterior declaratoria se ORDENA la partición del bien inmueble que conformó la comunidad ordinaria existente entre los ciudadanos CARLOS JOSÈ CALATAYUD OROPEZA y M.D.V.B. GONZÀLEZ, lo cual se hará conforme a lo dispuesto en esta sentencia, en base al bien que en ella se especifica y con arreglo a las disposiciones del vigente Código Civil y Código de Procedimiento Civil.

Se EMPLAZA a las partes para el nombramiento del partidor, el cual tendrá lugar a las once horas de la mañana (11:00 a.m.) del décimo día de despacho siguiente a que quede definitivamente firme la presente sentencia; nombramiento que deberá realizarse conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil.

Se condena en costas a la parte demandada, de conformidad con lo previsto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, por haber resultado totalmente vencida en el presente procedimiento.

Regístrese, publíquese y déjese copia certificada de la presente decisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, en Los Teques, a los once (11) días del mes de junio de dos mil catorce (2014). Años: 204° de la Independencia y 155° de la Federación.-

LA JUEZ,

Z.B.D..

LA SECRETARIA ACC,

ABG. C.V.

En la misma fecha se publicó la anterior sentencia previo anuncio de Ley, siendo las once de la mañana (11:00 a.m.)

LA SECRETARIA ACC,

Exp. No. 20.214