Decisión de Tribunal Primero de Juicio de Miranda, de 28 de Mayo de 2010

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda - Extensión Valles del Tuy

Valles del Tuy, 28 de Mayo de 2010

200º y 151º

ASUNTO PRINCIPAL : MP21-P-2006-001834

ASUNTO : MP21-P-2006-001834

JUEZ DE JUICIO N° 1: S.S.M..

MOTIVO DE CONOCIMIENTO: NEGATIVA DE DECAIMIENTO DE MEDIDA PRIVATIVA JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD.

ACUSADO: J.G. , titular de la cédula de identidad N° 17.308.535, de Nacionalidad venezolana, nació en Trujillo, en fecha 09-03-1985, de 21años de edad, de estado civil soltero, de profesión: estudiante, residenciado en: Yaritagua, camino nuevo, Estado Yaracuy, casa sin numero, a cuatro casas de la carretera de San Jose, Hijo de C.M.M. (V) y C.G. (V)

DELITOS: OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACEINTES Y PSICOTROPICAS.

FISCALÍA SEPTIMA DEL MINISTERIO PÚBLICO: J.A.M.

DEFENSA PÚBLICA: E.C.

VICTIMA: LA COLECTIVIDAD

SECRETARIO: EDSER PARRA

Visto el escrito presentado por el DEFENSOR PUBLICO E.C. en su condición de defensor del acusado, ciudadano J.G., en el cuál solicita la Revisión de la Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad, de conformidad con lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con el articulo 256, ejusdem.; de tal manera que se le sustituya por una medida cautelar sustitutiva menos gravosa y de posible cumplimiento, este Tribunal para decidir, observa:

El artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal establece lo siguiente:

Examen y Revisión. El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas. La negativa del tribunal revocar o sustituir la medida no tendrá apelación.

El presente asunto se inicia en fecha 01.11.2006 fecha en la cual se presenta al Tribunal Primero de Control al ciudadano J.G. por la presunta comisión del delito de OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS previstos y sancionados en los artículos 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, decretándose la PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD de conformidad con el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.

En fecha 01.12.2006 se presenta ESCRITO ACUSATORIO por la fiscalía SÈPTIMA del Ministerio Pùblico en contra del ciudadano J.G. por la presunta comisión de los delitos de OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS previsto y sancionados en los artículos 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, convocándose a la audiencia preliminar para el día 21.12.2006, realizándose efectivamente en fecha 21.12.2006 admitiéndose en su totalidad la acusación presentada, ratificándose la medida privativa de libertad y ordenándose el pase a juicio oral y pùblico.

En fecha 17.01.2007 ingresa el expediente al Tribunal de Juicio convocándose al SORTEO ORDINARIO en fecha 13.03.2007, realizándose efectivamente y convocándose para el acto de depuración de escabinos el día 03.04.2007, fecha en la cual se difiere para el día 03.05.2007, luego se difiere para el día 31.05.2007 por encontrarse el tribunal en otros actos y se difiere por auto, así como en fecha 31.05.2007 se difiere para el día 20.06.2007 dejándose constancia de la incomparecencia del acusado, en fecha 20.06.2007 se difiere para el día 29.06.2007 por encontrarse el tribunal en otros juicios orales, en fecha 29.06.2007 se difiere para el día 13.07.2007 dejándose constancia de la incomparecencia del acusado, en fecha 25.07.2007 se difiere el acto para el día 26.09.2007 por encontrarse el tribunal en otros actos, en fecha 26.09.2007 se difiere el acto para el día 26.10.2007 y en fecha 11.10.2007 por auto separado se acuerda prescindir de los escabinos vista la incomparecencia reiterada de los mismos y se convoca el juicio oral para el día 26.10.2007, en fecha 01.11.2007 se difiere por auto para el día 06.11.2007, en fecha 09.01.2008 se difiere por auto para el día 15.02.2008, en fecha 22.04.2008 se difiere el acto para el día 26.05.2008 en virtud de la incomparecencia de todas las partes, en fecha 22.04.2008 se difiere la audiencia para el día 27.06.2008 por incomparecencia de todas las partes, en fecha 13.06.2008 el acusado revoca su actual defensa y designa un defensor pùblico, en fecha 30.06.2008 se difiere la audiencia para el día 07.08.2008 en virtud de encontrarse el tribunal en la celebración de otros actos, en fecha 07.08.2008 se difiere para el día 13.10.2008 en virtud de la incomparecencia de la defensa, en fecha 19.09.2008 se remiten las presentes actuaciones a un Tribunal Itinerante por órdenes de la presidencia del Circuito en virtud de proyecto implementado por el Tribunal Supremo de Justicia para el Descongestionamiento de los Tribunales de Juicio en esta Extensión Judicial, en consecuencia y a los fines de dar mayor celeridad a la celebración del presente juicio se remiten las mismas, fijándose por dicho tribunal el acto para el día 28.10.2008, en fecha 28.10.2008 se APERTURA LA CELEBRACION DEL JUICIO ORAL Y PUBLICO en la presente causa, suspendiéndose para su continuación el día 05.11.2008 en fecha 05.11.2008 se difiere para el día 06.11.2008 por incomparecencia del acusado en fecha 06.11.2008 se difiere para el día 11.11.2008 por falta de traslado, en fecha 11.11.2008 SE INTERRUMPE EL JUICIO POR INCOMPARECENCIA DEL ACUSADO POR FALTA DEL TRASLADO DESDE EL CENTRO PENITENCIARIO YARE DONDE SE ENCUENTRA RECLUIDO, fijándose nuevamente el juicio para el día 12.01.2009, en fecha 12.01.2009 se difiere para el día 26.01.2009 por incomparecencia del acusado, en fecha 26.01.2009 se APERTURA NUEVAMENTE LA CELEBRACION DEL JUICIO ORAL Y PÙBLICO y se suspende para su continuación el día 05.02.2009, en fecha 05.02.2009 se da continuación al juicio y se suspende su celebración para el día 17.02.2009, en fecha 17.02.2009 se difiere para el día 26.02.2009 por INCOMPARECENCIA DEL ACUSADO, en fecha 26.02.2009 se continúa el juicio y se suspende para el día 09.03.2009, en fecha 09.03.2009 se difiere para el día 12.03.2009 POR INCOMPARECENCIA DEL ACUSADO, en fecha 12.03.2009 se difiere para el día 16.03.2009 POR INCOMPARECENCIA DEL ACUSADO, en fecha 20.03.2009 se difiere par el día 24.03.2009 POR INCOMPARECENCIA DEL ACUSADO vista la huelga carcelaria, en fecha 24.03.2009 se da continuación al juicio oral y se suspende para el día 13.04.2009, en fecha 14.04.2009 se difiere para el día 16.04.2009, en fecha 16.04.2009 se da continuación al debate y se suspende para el día 23.04.2009, en fecha 28.04.2009 se difiere la continuación del juicio para el día 28.04.2009 en virtud que el Tribunal No dio Despacho, en fecha 28.04.2009 se INTERRUMPE NUEVAMENTE EL JUICIO ORAL Y PUBLICO en virtud de la INCOMPARECENCIA DEL ACUSADO en virtud de la HUELGA CARCELARIA de los internos del CENTRO PNEITENCIARIO YARE, en fecha 18.05.2009 el acusado ingresa al INTERNADO JUDICIAL CARABOBO (TOCUYITO), en fecha 29.06.2009 se difiere para el día 03.07.2009 por incomparecencia del acusado, en fecha 06.07.2009 se difiere para el día 14.07.2009, en fecha 14.07.2009 se difiere para el día 29.07.2009 por incomparecencia del acusado, en fecha 29.07.2009 se difiere para el día 12.08.2009 por incomparecencia del acusado, en fecha 12.08.2009 se difiere por incomparecencia del acusado para el día 23.09.2009, en fecha 24.09.2009 se difiere para el día 14.10.2009 por incomparecencia del acusado, en fecha 16.10.2009 se difiere para el día 02.11.2009 por incomparecencia del acusado, en fecha 18.11.2009 se recibe nuevamente el presente asunto por éste Tribunal Primero de Juicio en virtud de la culminación del Proyecto de Jueces Itinerantes implementado en ésta extensión Judicial, convocándose el juicio el día 07.12.2009.

Como podemos observar en el presente asunto en repetidas ocasiones se difirieron los actos por incomparecencia del acusado en virtud de su negativa a ser trasladado desobedeciendo el traslado ordenado por el tribunal, lo cual produjo como consecuencia que se INTERRUMPIERA EL JUICIO aperturado por el Tribunal en DOS OPORTUNIDADES, lo cual no puede considerarse un retardo imputable al tribunal como debe entenderse para la aplicación del contenido del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal quien ha hecho todo lo necesario para llevar a cabo el acto de juicio oral y pùblico, por lo que este tribunal considera pertinente señalar que si bien es cierto que el mencionado precepto legal establece lo siguiente:

Proporcionalidad. No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable.

En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años.

Excepcionalmente, el Ministerio Público o el querellante podrán solicitar al juez de control, una prórroga, que no podrá exceder de la pena mínima prevista para el delito, para el mantenimiento de las medidas de coerción personal que se encuentren próximas a su vencimiento, cuando existan causas graves que así lo justifiquen, las cuales deberán ser debidamente motivadas por el fiscal o el querellante. En este supuesto, el juez de control deberá convocar al imputado y a las partes a una audiencia oral, a los fines de decidir, debiendo tener en cuenta, a objeto de establecer el tiempo de la prórroga, el principio de proporcionalidad.

Es pertinente señalar que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido en relación con lo establecido en el precitado artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, en sentencia Nº 1315 de fecha 22-06-2005, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero,

En relación con lo estipulado en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, esta Sala Constitucional en reiterada jurisprudencia (vid. Casos: R.A.C., del 24 de enero de 2001 e I.A.U., del 15 de septiembre de 2004) ha señalado que la medida de coerción personal que es decretada contra un imputado o acusado decae, previo análisis de las causas de la dilación procesal, cuando han transcurrido más de dos años de su vigencia, contados a partir del momento en que fue dictada, siempre y cuando, no se haya proveído la prórroga establecida en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, dado que, en ese caso, deberá esperarse que culmine la misma para que pueda existir dicho decaimiento. No procederá el decaimiento de la medida, aunque hayan transcurrido los dos años, en aquellos casos en los cuales dicho lapso haya transcurrido por causas imputables al procesado, o cuando la libertad del imputado se convierte en una infracción del artículo 55 de la Constitución vigente, todo lo cual debe ser debidamente examinado por el juez de juicio

.

Así mismo en sentencia N° 246 de fecha 22MAR2004, estableció:

“…no se les puede permitir a los accionantes que desvirtúen lo establecido en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal con respecto a la proporcionalidad, en virtud que dicha norma sería objeto de actitudes desleales por parte de los imputados y sus defensores al retardar el proceso, con el fin de poder obtener al cabo de dos (2) años el juzgamiento en libertad del mismo, sobre este particular cabe destacar que esta Sala señaló, respecto al contenido del entonces artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, (actualmente 244) en la sentencia del 12 de septiembre de 2001 (caso: R.A.C. y otros), lo siguiente: “…A juicio de esta Sala, el único aparte del 253 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando limita la medida de coerción personal a dos años, no toma en cuenta para nada la duración del proceso penal donde se decreta la medida, el cual puede alargarse por un período mayor a los dos años señalados, sin que exista sentencia firme, y ello –en principio- bastaría para que ocurra el supuesto del artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal. Sin embargo, debido a tácticas procesales dilatorias abusivas del mal proceder de los imputados o sus defensores, el proceso penal puede tardar más de dos años sin sentencia condenatoria que sustituya la medida y, en estos casos una interpretación literal, legalista, de la norma, no puede llegar a favorecer a aquél que trata de desvirtuar la razón de la ley, obteniendo de mala fe un resultado indebido. La torpeza en el actuar, dilatando el proceso, no puede favorecer a quien así actúa…”

Advierte este Juzgador, que aun cuando el hoy acusado efectivamente ha permanecido por más de dos (2) años privado de su libertad, sin que se haya realizado el respectivo debate oral y público, dicho retardo se ha debido en repetidas oportunidades a la incomparecencia del acusado a los diferentes actos procesales, situación que ha quedado reflejada en las diferentes actas de diferimiento, antes señaladas.

Aunado a lo antes expuesto, el acusado ciudadano J.G. está siendo sometido a un proceso penal por la presunta comisión del delito de OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS previsto y sancionados en los artículos 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, siendo un delito que se considera lesivo de bienes jurídicos fundamentales; en tal razón este Tribunal considera necesario señalar el criterio que ha sostenido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en consonancia con los principios internacionales de cooperación para la lucha en contra de los delitos de TRAFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS en todas sus modalidades, que el mismo se trata de un delito de LESA HUMANIDAD y en consecuencia corresponde a uno de los delitos excluidos de la aprobación de beneficios que puedan conllevar a la impunidad como son las medidas cautelares establecidas en el artículo 256 o la aplicación del contenido del artículo 244 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, en tal sentido es relevante citar el contenido de la sentencia de la Sala Constitucional con ponencia del magistrado FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO de fecha 28 de noviembre de 2008 que señala entre otras cosas lo siguiente:

“Ahora bien, luego de examinar la decisión objeto de la presente solicitud de revisión, esta Sala observa, ante todo, que la misma obvió la aplicación de una norma constitucional, concretamente, de la contenida en el único aparte del artículo 29 de la Carta Magna, según la cual:

(…)

Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía

(subrayado añadido).

Asimismo, es evidente que la referida sentencia obvió interpretaciones de la Constitución, efectuadas por esta Sala, con anterioridad al fallo impugnado, concretamente, interpretaciones de la precitada disposición constitucional.

Al respecto, en sentencia N° 1.712/2001, del 12 de septiembre, esta Sala estableció lo siguiente:

…Los delitos de lesa humanidad, las violaciones punibles de los derechos humanos y los delitos por crímenes de guerra, quedan excluidos de beneficios como lo serían las medidas cautelares sustitutivas, en caso que el juez considerare que procede la privación de la libertad del imputado.

Al comparar el artículo 271 constitucional con el transcrito 29, donde el primero se refiere a acciones penales imprescriptibles y que, al igual que la última norma mencionada, reconoce como imprescriptible a los delitos contra los derechos humanos, la Sala debe concluir que el delito de tráfico de estupefacientes, cuya acción también es imprescriptible, debe considerarse por su connotación y por el especial trato que le otorga el artículo 271 constitucional, como un delito de lesa humanidad, y así se declara.

Los delitos de lesa humanidad, se equiparan a los llamados crimen majestatis, infracciones penales máximas, constituidas por crímenes contra la patria o el Estado y que, al referirse a la humanidad, se reputan que perjudican al género humano, motivo por el cual el tráfico de sustancias psicotrópicas y estupefacientes ha sido objeto de diversas convenciones internacionales, entre otras, la Convención Internacional del Opio, suscrita en La Haya en 1912, ratificada por la República el 23 de junio de 1912; la Convención Única sobre Estupefacientes, suscrita en las Naciones Unidas, Nueva York, el 30 de marzo de 1961; y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Convención de Viena de 1988). En el Preámbulo de esta última Convención las partes expresaron: Profundamente preocupadas por la magnitud y la tendencia creciente de la producción, la demanda y el tráfico ilícitos de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que representan una grave amenaza para la salud y el bienestar de los seres humanos y menoscaban las bases económicas, culturales y políticas de la sociedad...

Por otra parte, en el Preámbulo de la Convención de Viena de 1961, las partes señalaron, sobre el mal de la narcodependencia...Considerando que para ser eficaces las medidas contra el uso indebido de estupefacientes se hace necesaria una acción concertada y universal, estimando que esa acción universal exige una cooperación internacional orientada por principios idénticos y objetivos comunes...

En consecuencia, los delitos relativos al tráfico de estupefacientes los considera la Sala de lesa humanidad.

A título de ejemplo, en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, no suscrito por Venezuela, en su artículo 7 se enumeran los crímenes de lesa humanidad; y en el literal K de dicha norma, se tipificaron las conductas que a juicio de esta Sala engloban el tráfico ilícito de estupefacientes

. (Resaltado de la Sala).

Como puede apreciarse, conforme al precitado criterio, los delitos vinculados al tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas son delitos de lesa humanidad, y, por ende, conforme a lo dispuesto en el artículo 29 constitucional, están excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, entre los cuales se encuentran las medidas cautelares sustitutivas a la privación judicial preventiva de la libertad. Al respecto, es pertinente señalar que la aludida interpretación de esta Sala, reiterada en sentencias Nros. 1.485/2002, del 28 de junio; 1.654/2005, del 13 de julio; 2.507/2005, del 5 de agosto; 3.421/2005, del 9 de noviembre; 147/2006, del 1 de febrero, 1114/ 2006 del 25 de mayo, entre otras, utilizó como parte de su fundamento, la sentencia 359/2000, del 28 de marzo, dictada por la propia Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia.

Así pues, aun cuando en la sentencia sometida a revisión fueron citados criterios que esta Sala ha formulado sobre el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, no es menos cierto que, como ha podido apreciarse, los delitos vinculados al tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, constituyen una excepción a lo dispuesto en esa disposición legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y a la interpretación reiterada de esta Sala sobre esa norma.

Así mismo debe señalarse el contenido de la reciente sentencia de Sala Constitucional de fecha 27 de marzo de 2009 con ponencia de la Magistrado LUISA ESTELLA MORALES, Sentencia Nª 349 la cual señala entre otras cosas lo siguiente:

… En consecuencia, los delitos relativos al Tráfico de estupefacientes los considera la Sala de lesa humanidad.

En tal sentido, no puede la Sala- como ningún otro órgano del poder judicial- dejar a un lado la realidad que perturba no solo a nuestra sociedad sino al mundo entero, en razòn del incremento del tráfico y consumo de sustancias estupefacientes, ello a pesar de los grandes esfuerzos que realiza el Gobierno Nacional para combatir este tipo de delitos, que afecta no sólo a la estructura misma del Estado sino también a los cimientos de la sociedad. Por ello, resulta propicio resaltar el ineludible compromiso que poseen los órganos de administración de justicia en la lucha permanente contra el tráfico y consumo de sustancias estupefacientes.

Se trata, entre otras cosas de la interpretación progresiva de la normativa legal que regula la materia. Amoldando la misma a la realidad que vive nuestra sociedad a fin de coadyuvar con los órganos de seguridad del Estado a combatir férreamente esta actividad delictual, sin que ello implique salirse del marco legal previamente establecido y, siempre resguardando los derechos y garantías de las personas dentro del proceso penal a que haya lugar.

Debe insistir la Sala que los delitos relacionados con el tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas se encuentran un escalón por encima del resto de los delitos, por la gravedad que los mismos conlleva- se trata como antes se expresó de delitos de lesa humanidad-, es por ello que el trato que se les debe dar a los mismos no puede ser el de un delito común, sino por el contrario los jueces se encuentran en la obligación de tomar todas las medidas legales que tengan a su mano y que estimen pertinentes, para llegar a la verdad de los hechos y convertirse en un factor determinante en la lucha del mismo…

Por las razones antes expuestas, este Tribunal considera que lo procedente y ajustado a derecho es de oficio NEGAR EL DECAIMIENTO de la Medida Privativa Judicial Preventiva de la Libertad, que en fecha 01.11.2006, decretó el Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Valles del Tuy, de conformidad a lo previsto en los 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión de los delitos de, OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS previsto y sancionados en los artículos 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, al ciudadano J.G., todo conforme a lo estipulado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en las sentencias antes citadas. Y ASI SE DECIDE.

DISPOSITIVA

Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Tribunal Primero de Primera Instancia Penal en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Valles del Tuy, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de oficio, DECLARA: NIEGA EL DECAIMIENTO de la Medida Privativa Judicial Preventiva de la Libertad, que en fecha 01.11.2006, decretó el Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Valles del Tuy, de conformidad a lo previsto en los 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión de los delitos de OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS previsto y sancionados en los artículos 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, al ciudadano J.G., todo conforme a lo estipulado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en las sentencias antes citadas. Y ASI SE DECIDE.

Notifíquese a las partes de la presente decisión y trasládense al acusado para este Tribunal a los fines de imponerlo de la presente decisión. Cúmplase.

LA JUEZ PRIMERO DE JUICIO

S.S.M.

EL SECRETARIO

EDSER PARRA

Seguidamente se dio cumplimiento a lo ordenado.

EL SECRETARIO

EDSER PARRA