Decisión nº OP01-P-2013-006742 de Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control N° 3 de Nueva Esparta, de 9 de Junio de 2015

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control Nº03 del Estado Bolivariano de Nueva Esparta

La Asunción, 09 de Junio de 2015

205º y 156º

ASUNTO PRINCIPAL : OP01-P-2013-006742

ASUNTO : OP01-P-2013-006742

IDENTIFICACION DE LAS PARTES:

JUEZ PROVISORIO: DRA. LISSELOTTE G.U., Juez del Tribunal de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control N°03 del Circuito Penal Judicial de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta.

SECRETARIA: ABG. B.J..

ACUSADO: P.A.V., de Nacionalidad Venezolano, natural de Carúpano, estado Sucre, nacido en fecha 04-05-1974, edad 39 años, Estado Civil soltero, titular de la cedula de identidad Nº V-12.287.140, de Profesión u Oficio Latonero, Residenciado en El Espinal, Calle San José, Casa N° 7 en bloques sin frisar, cerca de la Bodega de “Chopo”, Municipio Díaz de este Estado.

DELITO: Por la presunta comisión del delito de POSESIÓN DE DROGA, previsto en el artículo 153 de la Ley Orgánica de Drogas Vigente.

FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO: Dr. J.A.P., en su carácter de Fiscales Cuarto Auxiliar actuando en representación de la Fiscalia Décima Primera del Ministerio Público.

DEFENSORA PUBLICA: Dra. J.M., adscrita a la Coordinación de la Defensoria Pública de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta.

SENTENCIA DE ADMISION DE HECHOS PLAN CAYAPA.

Corresponde a este Juzgado de Control Nº 03, emitir la publicación de la sentencia en la presente causa, la cual se Dicto en el Desarrollo de la Audiencia Preliminar de fecha 07-05-2015, en la cual, una vez comenzada la Audiencia, se les cedió el derecho de palabra al representante del Ministerio Público, a la Defensora del imputado. Seguidamente vista la solicitud de la defensa este Tribunal como PUNTO PREVIO: Vista solicitud realizada por la Defensa Pública, en relación al pronunciamiento sobre la revisión de la medida de coerción personal a favor del ciudadano P.A.V., este Tribunal una vez revisadas las actas que conforman el presente asunto penal, DECLARA CON LUGAR LA MISMA de conformidad con lo establecido en el articulo 250 de la Ley Adjetiva Penal vigente, y en consecuencia, REVOCA LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL DE LIBERTAD al imputado de autos, y la sustituye por una MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD, prevista en el articulo 242 ordinal 3° y 9° de la Ley Adjetiva Penal, consistente en presentaciones cada TREINTA (30) DÍAS por ante la Oficina del Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal, y la obligación de concurrir a los actos que fije este Tribunal. Se DECRETA la Libertad del imputado y por ende se ordena librar los actos de comunicación que correspondan la Boleta de Libertad y Oficios respectivos. Asimismo se deja constancia que la misma no se materializara en este momento en virtud de que de la revisión del Sistema Juris 2000 y del Sistema Independencia el mismo se encuentra bajo una Medida Privativa de libertad en el asunto OPO1-P- 2014-000104, que cursa ante el Tribunal de Juicio Nº03 de este mismo Circuito Judicial Penal, en virtud de lo cual, se Mantiene la Medida Privativa que pesa sobre el mismo a la orden del Tribunal de Juicio Nº03 de este mismo circuito Judicial Penal. Se deja constancia que la representante del Ministerio Publico no tuvo objeción en cuanto a la presente revisión de medida y no ejerció el recurso de apelación con efecto suspensivo contra el presente pronunciamiento. Seguidamente este Tribunal evidencio que la presente investigación se ventilo por el procedimiento Ordinario, por lo cual Admitió Totalmente la Acusación Fiscal y Admitió las pruebas promovidas en su oportunidad por el Ministerio Público, por ser legales, útiles y pertinentes de conformidad con lo establecido en el artículo 313 Ordinales 2° y 9° del Código Orgánico Procesal Penal, seguidamente procedió a leerle sus derechos al hoy acusado y visto que el hoy Acusado P.A.V., en presencia de las partes expreso que: “Admito los Hechos y renuncio al recurso y lapso de Apelación. Es todo.” Se procedió a realizar el Procedimiento de Admisión de Hechos de conformidad con lo establecido en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal. Se dejo expresa constancia de que el ACUSADO Admitió los Hechos sin ningún tipo de coacción ni apremio. Acto seguido el Tribunal vista la Admisión de Hechos del Acusado, en cuanto al reconocimiento de su conducta imputada por la representación Fiscal :”… en fecha 05-07-2013, se inicio la investigación, por cuanto funcionarios adscritos a la Policía del Estado, prestando servicios en el Centro de Coordinación Policial de San Juan, siendo aproximadamente las 11:30 horas de la mañana, fueron abordados por una ciudadana de nombre T.S.B.G., la cual, denuncio, que un ciudadano identificado como P.A.V., se introdujo en su vivienda, ubicada al frente de la Clínica Bolivariana del Espinal, de donde presuntamente logra sustraer una puerta de madera, un tanque azul, y unos puntales, por lo que fue conformada una comisión a bordo de una unidad vehicular y en compañía de la denunciante, efectuaron recorrido por la vía publica y al pasar por la Calle El Seguro, de la Población El Espinal, observaron al ciudadano que estaba denunciado, quien al notar la presencia de la comisión policial corrió y se acostó sobre el piso del porche de una vivienda, haciéndose el ebrio para crear confusión a la comisión policial, pero el mismo fue detenido y trasladado al centro de Coordinación Policial de San Juan, en donde se le pregunto si traía algún objeto de interés criminalistisco adherido a su cuerpo, a lo que respondió que no, por lo que los funcionarios basados en el Artículo 191 del código Orgánico Procesal Penal, procedieron a realizar la revisión corporal del mismo, encontrándole en el único bolsillo del short que poseía, un envase plástico, contentivo en su interior de un envoltorio de regular tamaño con una sustancia granulada de color blanco de la presunta droga denominada CRACK, no pudiendo tener testigos de la revisión corporal, en virtud de que la persona que acompañaba a los funcionarios policiales, no quiso servir de testigo por temor a represalias del detenido. Es por lo que de lo antes expuesto, los funcionarios policiales procedieron a la detención del ciudadano P.A.V....” ; los mismos medio probatorios promovidos por la representante del Ministerio Público se encuentran relacionados en su escrito acusatorio los cuales se subsume en el tipo legal previsto como antijurídico en la norma adjetiva penal, y que se relacionada en el escrito acusatorio que cursa en autos. La Fiscalía fundamentó su acusación en base a los siguientes elementos de convicción: TESTIFICALES: Expertos: ORYELINE PEÑA, C.R., funcionarios adscritos al Cuerpo De Investigaciones Científicos Penales Y Criminalística, Funcionarios: J.F., E.P., funcionarios adscritos al Centro de Coordinación Policial de San Juan. Documentales: Experticia Químico Botánica Nº 9700-073-LTF-1387 de fecha 06-07-2013, suscrita por funcionarios adscritos al Cuerpo De Investigaciones Científicos Penales Y Criminalística.

La representación del Ministerio Público de este Estado, representada en este acto por el Fiscal Dr. J.A.P., en su carácter de Fiscales Cuarto Auxiliar actuando en representación de la Fiscalia Décima Primera del Ministerio Público acusó formalmente en Audiencia Preliminar al ciudadano P.A.V., ya identificado, por considerarla responsable de la comisión del delito de POSESIÓN DE DROGA, previsto en el artículo 153 de la Ley Orgánica de Drogas Vigente.

La Fiscal ofreció en su oportunidad legal como medios de prueba, los siguientes medios probatorios: TESTIFICALES: Expertos: ORYELINE PEÑA, C.R., funcionarios adscritos al Cuerpo De Investigaciones Científicos Penales Y Criminalística, Funcionarios: J.F., E.P., funcionarios adscritos al Centro de Coordinación Policial de San Juan. Documentales: Experticia Químico Botánica Nº 9700-073-LTF-1387 de fecha 06-07-2013, suscrita por funcionarios adscritos al Cuerpo De Investigaciones Científicos Penales Y Criminalística.

Solicitó asimismo la representación fiscal al Tribunal la admisión total de la acusación, así como los medios de pruebas ofrecidos por ser útiles, pertinentes y necesarios. Seguidamente la ciudadana Jueza procedió a analizar todos los medios de pruebas ofrecidos por el representante de la vindicta pública y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 313 Ordinales 2° y 9° del Código Orgánico Procesal Penal y al llenar los requisitos previstos en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, ya relacionados Admitió Totalmente la Acusación Fiscal, así como las pruebas ofrecidas por la representante de la Vindicta Pública, por ser útiles, legales y pertinentes para el esclarecimientos de los hechos, tal y como se relaciono en el comienzo del presente dispositivo. ASÍ SE DECLARA.

LA CONDUCTA ANTIJURIDICA

Al realizarse un análisis y estudio exhaustivo de los hechos y elementos anteriormente señalados, se evidencia que efectivamente el ciudadano P.A.V., plenamente identificado, por los siguientes hechos:“… en fecha 05-07-2013, se inicio la investigación, por cuanto funcionarios adscritos a la Policía del Estado, prestando servicios en el Centro de Coordinación Policial de San Juan, siendo aproximadamente las 11:30 horas de la mañana, fueron abordados por una ciudadana de nombre T.S.B.G., la cual, denuncio, que un ciudadano identificado como P.A.V., se introdujo en su vivienda, ubicada al frente de la Clínica Bolivariana del Espinal, de donde presuntamente logra sustraer una puerta de madera, un tanque azul, y unos puntales, por lo que fue conformada una comisión a bordo de una unidad vehicular y en compañía de la denunciante, efectuaron recorrido por la vía publica y al pasar por la Calle El Seguro, de la Población El Espinal, observaron al ciudadano que estaba denunciado, quien al notar la presencia de la comisión policial corrió y se acostó sobre el piso del porche de una vivienda, haciéndose el ebrio para crear confusión a la comisión policial, pero el mismo fue detenido y trasladado al centro de Coordinación Policial de San Juan, en donde se le pregunto si traía algún objeto de interés criminalistisco adherido a su cuerpo, a lo que respondió que no, por lo que los funcionarios basados en el Artículo 191 del código Orgánico Procesal Penal, procedieron a realizar la revisión corporal del mismo, encontrándole en el único bolsillo del short que poseía, un envase plástico, contentivo en su interior de un envoltorio de regular tamaño con una sustancia granulada de color blanco de la presunta droga denominada CRACK, no pudiendo tener testigos de la revisión corporal, en virtud de que la persona que acompañaba a los funcionarios policiales, no quiso servir de testigo por temor a represalias del detenido. Es por lo que de lo antes expuesto, los funcionarios policiales procedieron a la detención del ciudadano P.A.V....”

Considerando este Tribunal que la conducta desplegada por el hoy acusado ciudadana P.A.V., y antes relacionada se encuentran acreditadas en las actuaciones de la investigación y recabados de forma lícita, con los elementos de convicción antes relacionados y con los medios probatorios que constan en autos y que también fueron ya relacionados, Los hechos antes expuestos, resultan antijurídicos y con la participación como autora, encuadrándolos por la conducta desplegada por este ciudadano, dentro de los supuestos de la norma contenida en el delito de POSESIÓN DE DROGA, previsto en el artículo 153 de la Ley Orgánica de Drogas Vigente. Así se decide.-

DEL DERECHO

Observa este Tribunal que el Procedimiento por Admisión de los Hechos, conforma uno de los Procedimientos Especiales en donde el acusado renuncia a varios derechos constitucionales, incluyendo su privilegio contra la auto incriminación compulsoria, su derecho a juicio y derecho a carearse con sus acusadores, renuncia esta voluntaria garantizada por el Código Orgánico Procesal Penal, a razón del Principio de la Economía Procesal, la cual evita al Estado el desarrollo de un proceso judicial que siempre resultará costoso.

En doctrina estos Procedimientos Especiales, también pueden percibirse como reales alternativas procesales que permitan la resolución más efectiva y expedita de los conflictos de naturaleza penal, de forma que podríamos decir que ellos procuran abreviar y simplificar el procedimiento ordinario, para la autora M.T.S. (p.186/Cuartas Jornadas UCAB) “… expresa que los procedimientos especiales se nos presentan como útiles medios procesales, que nos permiten adaptar y allanar el proceso penal…”.

Corolario de lo anterior, verificada la admisión de los hechos conlleva en definitiva a simplificar el proceso penal de modo tal que, le ahorra al Estado costos y tiempo para abonarlos a otros procesos para su adecuada respuesta. De hecho la finalidad del proceso penal, es la búsqueda de la verdad, la verdad de los hechos por la vía jurídica y la justicia en la aplicación del derecho, tal como lo establece el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal destacándose que el Juez debe atender a esta finalidad para la toma de su decisión.

En consecuencia debe el juez para juzgar, tomar en cuenta los nuevos principios que orientan y facilitan el acto de sentenciar, los cuales y a raíz de la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999 y vigente, nos encontramos con el artículo 26 del texto indicado y adminiculado con el artículo 2 “ejusdem”, los cuales imponen al Juez amplios, reales y efectivos poderes para dirigir el proceso en forma eficaz, pero con un sólo objetivo y tal como lo expresa I.C.R.: “… la solución de conflictos con vista al caso concreto tomando en cuenta la verdad verdadera y dentro de los principios de congruencia, igualdad, equidad, buena fe, y sin permitirle quedarse sólo en los límites de la consideración de aspectos formales, por eso la constitución es determinante al establecer en su articulo 26 que el Estado garantiza una justicia sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles…”.

Sentado lo anterior, este decisor discurre, que ciertamente el principio de la legalidad adjetiva, nos conmina a ceñirnos por las normas procedimentales contenidas en el Ordenamiento Jurídico; no obstante, existen exclusiones al principio de la legalidad, cuando el mismo legislador autorizó en el artículo 257 de la Constitución la República Bolivariana de Venezuela, que el aplicador de la ley para la realización de la justicia, debe no sacrificarla por los excesos de formalismo; así las leyes procesales establecerán simplificación, uniformidad y eficacia en los trámites adoptando un procedimiento breve y oral; ello comporta el Principio de Celeridad Procesal el cual, sirve de objetivo como un ente acelerador de lograr una decisión de manera rápida y oportuna la cual revestida de justicia y equidad, beneficiara a todos, es decir, al Estado, a la sociedad y al condenado.

En este mismo orden de ideas, la figura de la Admisión de los Hechos, en donde el imputado o acusado puede consentir libre de todo apremio y coacción de solicitarle al Juez la no culminación de todos los pasos de la fase del proceso, admitiendo de manera clara, precisa y voluntaria los hechos imputados por el Ministerio Público. La respuesta procesal dada por el legislador penal venezolano, a este procedimiento especial está basado, precisamente en uno de los criterios acogidos por los sistemas modernos del derecho procesal penal, denominados “persecución selectiva”, los cuales han generado respuestas procesales ante la necesidad del estado de no sobrecargarse de trabajo, por cuanto ha comportado dilaciones indebidas que han conllevado a sentir, que el estado es impune ante los delitos, que no resuelve, que no da respuesta.

Visto lo cual este Tribunal paso tal y como contempla la norma adjetiva penal, lo DECLARA CULPABLE AL ACUSADO P.A.V., por la comisión del delito de del delito de POSESIÓN DE DROGA, previsto en el artículo 153 de la Ley Orgánica de Drogas Vigente, tomando en consideración este Tribunal, tomando en cuenta para el calculo la pena, la pena mínima y en consecuencia una vez rebaja prevista en el artículo 375 de la norma adjetiva penal vigente lo CONDENA A CUMPLIR LA PENA DE UN (01) AÑO, Y SEIS (06) MESES DE PRISION, MAS LAS ACCESORIAS DE LEY, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DEL CÓDIGO PENAL. ASI SE DECIDE.

DISPOSITIVA

Por los razonamientos que anteceden ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA ESTADAL EN FUNCIONES DE CONTROL N°03 ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, emite los siguientes pronunciamientos: PUNTO PREVIO: Vista solicitud realizada por la Defensa Pública, en relación al pronunciamiento sobre la revisión de la medida de coerción personal a favor del ciudadano P.A.V., este Tribunal una vez revisadas las actas que conforman el presente asunto penal, DECLARA CON LUGAR LA MISMA de conformidad con lo establecido en el articulo 250 de la Ley Adjetiva Penal vigente, y en consecuencia, REVOCA LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL DE LIBERTAD al imputado de autos, y la sustituye por una MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD, prevista en el articulo 242 ordinal 3° y 9° de la Ley Adjetiva Penal, consistente en presentaciones cada TREINTA (30) DÍAS por ante la Oficina del Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal, y la obligación de concurrir a los actos que fije este Tribunal. Se DECRETA la Libertad del imputado y por ende se ordena librar los actos de comunicación que correspondan la Boleta de Libertad y Oficios respectivos. Asimismo se deja constancia que la misma no se materializara en este momento en virtud de que de la revisión del Sistema Juris 2000 y del Sistema Independencia el mismo se encuentra bajo una Medida Privativa de libertad en el asunto OPO1-P- 2014-000104, que cursa ante el Tribunal de Juicio Nº03 de este mismo Circuito Judicial Penal, en virtud de lo cual, se Mantiene la Medida Privativa que pesa sobre el mismo a la orden del Tribunal de Juicio Nº03 de este mismo circuito Judicial Penal. Se deja constancia que la representante del Ministerio Publico no tuvo objeción en cuanto a la presente revisión de medida y no ejerció el recurso de apelación con efecto suspensivo contra el presente pronunciamiento. PRIMERO: este Tribunal de conformidad con lo pautado en los Ordinales 2° del articulo 313 del Código Orgánico Procesal Penal , Admite Totalmente la Acusación Fiscal presentado por la Fiscalía del Ministerio Público por estar ajustada a derecho, llenar los extremos previstos en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, en contra del imputado P.A.V., por la presunta comisión del delito de del delito de POSESIÓN DE DROGA, previsto en el artículo 153 de la Ley Orgánica de Drogas Vigente. SEGUNDO: Este Tribunal Admite Totalmente las Pruebas ofrecidas por la Fiscal del Ministerio Público, a saber: TESTIFICALES: Expertos: ORYELINE PEÑA, C.R., funcionarios adscritos al Cuerpo De Investigaciones Científicos Penales Y Criminalística, Funcionarios: J.F., E.P., funcionarios adscritos al Centro de Coordinación Policial de San Juan. Documentales: Experticia Químico Botánica Nº 9700-073-LTF-1387 de fecha 06-07-2013, suscrita por funcionarios adscritos al Cuerpo De Investigaciones Científicos Penales Y Criminalística, por ser útiles, legales, necesarias y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos de conformidad con lo previsto en el artículo 313 Ordinal 9° del Código Orgánico Procesal Penal. TERCERO: DECLARA CULPABLE AL ACUSADO P.A.V., por la comisión del delito de del delito de POSESIÓN DE DROGA, previsto en el artículo 153 de la Ley Orgánica de Drogas Vigente, tomando en consideración este Tribunal, tomando en cuenta para el calculo la pena, la pena mínima y en consecuencia una vez rebaja prevista en el artículo 375 de la norma adjetiva penal vigente lo CONDENA A CUMPLIR LA PENA DE UN (01) AÑO, Y SEIS (06) MESES DE PRISION, MAS LAS ACCESORIAS DE LEY, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DEL CÓDIGO PENAL. CUARTO: Vista la manifestación de la acusada de la Renuncia al Lapso y Recurso de Apelación este Tribunal Ordena la Remisión de las presentes actuaciones al Tribunal de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de este Circuito Judicial Penal en su oportunidad legal a los fines de vigile, controle y determine el modo de cumplimiento de las penas impuestas a la acusada. Se Ordena la Notificación de las partes, una vez que la presente decisión quede firme se ordena su remisión al Tribunal de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de este mismo Circuito Judicial Penal. Se Ordena Librar Boleta respectiva. Se deja constancia que cualquier error material del acta es subsanado en la presente Resolución de conformidad con lo previsto en el artículo 176 de la norma adjetiva penal vigente. Se deja constancia que la presente Audiencia se desarrollo continuamente, respetando todos los principios procésales, tales como la igualdad entre las partes, la inmediación, la oralidad y publicidad. Se Ordena Proveer lo Conducente. Publíquese. Regístrese. Diarícese, déjese copia. ASÍ SE DECIDE. CÚMPLASE LO ORDENADO.-

LA JUEZ DE CONTROL Nº 03

Dra. LISSELOTTE G.U.

LA SECRETARIA

En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado.

LA SECRETARIA