Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Juicio con competencia de delitos de violencia contra la mujer de Lara (Extensión Barquisimeto), de 22 de Octubre de 2014

Se observa de la revisión de las actas procesales que la presente investigación fue iniciada en fecha 03 de Febrero de 2013 en virtud de la recepción del procedimiento efectuado por funcionarios adscritos a la Estación Policial de S.I.d.C.d.P.d.E.L., donde se dejaba constancia de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se había producido la aprehensión del ciudadano S.A.P..

En fecha 27 de Febrero de 2013, fue consignado escrito acusatorio, por parte de la Fiscalía Veinte del Ministerio Público, en contra del ciudadano S.A.P., por estar incurso en la comisión del delito de VIOLENCIA FÌSICA AGRAVADA EN GRADO DE CONTINUIDAD, previsto y sancionado en el artículo 42, en su segundo aparte de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., en concordancia con lo establecido en el artículo 99 del Código Penal Venezolano.

En fecha 22 de Abril de 2014, se celebró el acto de Audiencia Preliminar, por ante el Tribunal en Funciones de Control, Audiencias y Medidas N° 2 del Estado Lara y en fecha 24/04/2014 dictó el Auto de Apertura a Juicio, de conformidad al artículo 104 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., en contra del ciudadano S.A.P. y se decretó las Medidas de Protección y Seguridad, previstas en los ordinales 5 y 6 del artículo 87 de la Ley Especial de Genero.

En fecha 14 de Agosto de 2014 quien suscribe el presente fallo se avoco al conocimiento de la presente causa, constituyéndose asi este Juzgado Especializado de Juicio N° 1, acordándose fijar el Juicio Oral y Público para el día 27/08/2014 y en fecha 16/10/2014 siendo la oportunidad acordada para la celebración del juicio, el acusado de autos Admite los Hechos.

III

ENUNCIACION DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE HAYAN SIDO OBJETO DEL JUICIO:

En fecha Dieciséis (16) de Octubre de Dos mil Catorce (2014), se dio inicio al JUICIO ORAL Y PUBLICO, en presencia de todas las partes, es decir la Fiscal Auxiliar 20° del Ministerio Público ABG. A.A., quien asumió la representación de la víctima, el acusado de actas ciudadano S.A.P., la Defensora Publico ABG.R.C.. Seguidamente una vez verificada la presencia de las partes, la Jueza Profesional como punto previo, antes de aperturar el debate, informó al acusado de autos la oportunidad que tiene de acogerse a la Institución de la Admisión de los Hechos, de conformidad con el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo cual lo impuso del Precepto Constitucional establecido en el artículo 49, numeral 5° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, manifestando el acusado S.A.P., quien libre de coacción y apremio e impuesto del precepto constitucional manifestó que: “admito los hechos por los cuales me acuso el Ministerio Público, es todo”. De esta manera se cumplió con todas las formalidades del artículo 106 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de Las Mujeres a una V.L.d.V.. Dicha Audiencia se desarrolló de acuerdo a las disposiciones de Ley, en el que se fijo como hecho objeto del presente proceso el siguiente: Procedimiento efectuado por Funcionarios Adscritos a la Estación Policial de S.I.d.C.P.d.E.L., en fecha 02 de Febrero de 2013:

… Siendo las 11:30 de la mañana fuimos comisionados vía telefónica por el área de los servicios para trasladarnos a la calle principal del sector la isleta de la población de moroturo Parroquia moroturo Municipio Urdaneta para que verificáramos un presunto hecho de violencia domestica al llegar la dirección suministrada en una vivienda rural…visualizamos a una joven de tez blanca sin vestimenta (desnuda) quien al ver la comisión policial comienza a pedir auxilio…posteriormente procedimos a trasladar a la víctima hasta el ambulatorio de s.i. donde fue atendido por el médico del servicio quien diagnostico según constancia medica, se trata de paciente femenina de 14 años de edad refiriendo aparentemente golpes por su pareja al examen físico se constata lesiones (herida superficial en cuello, en brazo, espalda, quemadura en brazo por plancha …

IV

DESARROLLO DEL JUICIO ORAL Y PÚBLICO Y LA ADMISIÓN DE LOS HECHOS POR EL ACUSADO.

En fecha Dieciséis (16) de Octubre de Dos mil Catorce (2014), se celebró el JUICIO ORAL Y PUBLICO, seguido en contra del ciudadano S.A.P., por la comisión del delito de VIOLENCIA FÌSICA AGRAVADA EN GRADO DE CONTINUIDAD, previsto y sancionado en el artículo 42, en su segundo aparte de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., en concordancia con lo establecido en el artículo 99 del Código Penal Venezolano, cometido en perjuicio de la ciudadana (identidad omitida de conformidad con lo establecido en el articulo 65 LOPNNA), se constituyó este Tribunal en Funciones de Juicio N° 1 con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra las Mujeres de este Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, por lo que esta Juzgadora antes de la Apertura del Debate, informó al acusado de autos la oportunidad que tenia de acogerse a la Institución de la Admisión de los Hechos, de conformidad con el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo cual lo impuso del precepto constitucional establecido en el artículo 49, numeral 5° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual lo exime de declarar en su contra, aun en caso de consentir a prestar declaración a no hacerlo bajo juramento, encontrándose debidamente asistido el acusado S.A.P., por la Defensora Publico ABG. R.C., quien libre de coacción y apremio e impuesto del precepto constitucional manifestó que: “ADMITO LOS HECHOS POR LOS CUALES ME ACUSO EL MINISTERIO PÚBLICO Y QUIERO QUE SE ME IMPONGA LA PENA CORRESPONDIENTE, ES TODO”. De seguidas, se le concede la palabra a la Representación Fiscal y expone: “esta representación fiscal no se opone a la admisión de los hechos por parte del acusado…”. Posteriormente la Defensa Publica expuso: “ escuchada la manifestación de voluntad de nuestro defendido de admitir los hechos solicito al tribunal que al momento de imponer la pena, se le rebaje lo establecido en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal…” En este estado, vista la admisión pura, simple, sin coacción, presión ni apremio por parte del acusado, S.A.P. este Tribunal declara procedente la confesión pura y simple y en este sentido pasa a imponer la pena en los siguientes términos: El delito de VIOLENCIA FISICA, previsto y sancionado en el artículo 42 en su segundo aparte de la Ley Especial de Genero, prevé una pena de seis (06) a dieciocho (18) meses de prisión, dando un total de veinticuatro (24) meses, siendo el término medio aplicable conforme lo dispone el artículo 37 del Código Penal Doce (12) meses, mas el incremento de la mitad, es decir SEIS (06) MESES a razón del segundo aparte del articulo in comento. No obstante por tratarse de una Admisión de Hechos, lo procedente en derecho es rebajarle hasta un tercio de la pena a imponer, conforme lo dispone el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, en su cuarto aparte se rebajan SEIS (06) MESES, quedando la pena en abstracto en UN (01) AÑO, en cuanto al agravado del delito en grado de continuidad, previsto en el artículo 99 del Código Penal, en perjuicio de una adolescente, se aumenta la pena a SEIS (06) MESES, por lo que se CONDENA a cumplir UN (01) AÑO Y SEIS (06) MESES de prisión más las accesorias de leyes establecidas en el artículo 66 ordinales 2° y 3° de la ley especial de género en concordancia con el artículo 16 del Código Penal. Así se declara.

Considerando que los hechos de la acusación se corresponden plenamente con los elementos de convicción invocados como fundamento por el Ministerio Publico, por lo que este tribunal los considera plenamente acreditados, al tiempo que resultan validados por la admisión del acusado de autos. Así se declara.

V

CALIFICACION JURIDICA DE LOS HECHOS ADMITIDOS POR EL ACUSADO

Los hechos admitidos por el hoy acusado S.A.P., por encontrarse incurso en la comisión de los delitos de VIOLENCIA FÌSICA AGRAVADA EN GRADO DE CONTINUIDAD, previsto y sancionado en el artículo 42, en su segundo aparte de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., en concordancia con lo establecido en el artículo 99 del Código Penal Venezolano, cometido en perjuicio de la ciudadana (identidad omitida de conformidad con lo establecido en el articulo 65 LOPNNA) ya que el hoy acusado: ”…es la persona que ataco físicamente a la victima propinándole golpes que le causaron lesiones que de conformidad con la valoración médico forense realizada, fueron apreciadas como Equimosis distribuidas...” Ante estos hechos observó esta Juzgadora que existen suficientes elementos de convicción que se enmarcan perfectamente en los referidos delitos imputado por la Fiscalía 20° del Ministerio Público del Estado Lara, todo aunado a la admisión de los hechos realizada por el acusado S.A.P.. Así se declara.

VI

FUNDAMENTO DE HECHO Y DE DERECHO

A.e.a.3. del Código Orgánico Procesal Penal, en donde se incorpora el procedimiento de ADMISIÓN DE HECHOS, por ante el Tribunal Unipersonal de Juicio una vez admitida la acusación y ante la apertura del debate.

Por otro lado establece el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, que el Juez o Jueza deberá informar al acusado respecto del procedimiento por Admisión de los Hechos, concediéndole la palabra, en donde el acusado o acusada podrá solicitar la aplicación del presente procedimiento para lo cual admitirá los hechos objetos del proceso en su totalidad y solicitará al Tribunal la imposición inmediata de la pena, respectiva, por lo que la Juez o Jueza deberá rebajar la pena aplicable al delito desde un tercio a la mitad de la pena que haya debido imponerse atendidas todas las circunstancias, tomando en consideración el bien jurídico afectado y el daño social causado, motivando adecuadamente la pena impuestas. Si se trata de delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas cuya pena exceda de ocho años en su límite máximo y en los casos de delitos de: homicidio Intencional, Violación, Delitos que atenten contra la libertad, integridad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes; secuestro, delitos de corrupción, delitos que causen grave daño al patrimonio público y a la administración pública; trafico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad de victimas, delincuencia organizada, violaciones graves a los derechos humanos, lesa humanidad, delitos graves contra la independencia y seguridad de la Nación y crímenes de guerra, el Juez o Jueza solo podrá rebajar hasta un tercio de la pena aplicable. En cuanto a esto esta juzgadora quiere hacer mención al artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual reza: “Si un sujeto es condenado, la finalidad de la imposición de la pena va dirigida hacia su resocialización, reeducación, reintegro a la sociedad y no al castigo con más o menos pena. Por el contrario, el fin constitucional debe ser cumplido independientemente del quantum de la pena impuesto al condenado”. De esto podemos claramente deducir que el estado representado en el ius puniendi por el Juez o Jueza que administra justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley no debe perseguir venganza sino equidad, darle a cada cual lo que se merece y la disminución de la pena en un tercio o en la mitad según sea el caso, en nada obstaculiza la administración de justicia.

Por otro lado cabe destacar que la garantía del debido proceso debe ser entendida en el sentido de que en todo proceso, sea judicial o administrativo, debe cumplirse las garantías indispensables para que se escuchen a las partes, que se les permita el tiempo necesario para presentar pruebas y ejercer plenamente la defensa de sus derechos e intereses, siempre de la manera prevista en la ley, de forma tal, que la controversia sea resuelta conforme a derecho, en aras de una Tutela Judicial Efectiva, tal como lo ha expresado la Sala en Sentencia No 5 del 24 de Octubre de 2001 (Caso Supermercado Fátima, SRL exp. 3184).”

En este sentido, es apropiado señalar en relación a la institución de la Admisión de los Hechos, aduciendo en primer lugar que el Artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.

Por su parte el Artículo 257 de nuestra Carta Magna, dispone: “El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales”.

De lo que se desprenden las garantías constitucionales que le son inherentes al acusado, y que le asisten, a fin de avalarles el acceso a la justicia, de conformidad con lo previsto en el Artículo 2º de la Carta Política venezolana que consagra la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico, así como el primer párrafo del Artículo 49 Ejusdem, en concordancia con el Artículo 1º del mencionado Código Orgánico Procesal Penal, referente al Juicio Previo y el Debido Proceso. Por lo que, cuando el consentimiento del hoy acusado haya sido prestado con toda libertad se establece como beneficio para el mismo la aceptación de este procedimiento y debe provenir una rebaja en la pena aplicable al delito imputado, ya que tal procedimiento fue instituido en el sistema acusatorio en el Código Orgánico Procesal Penal, para permitir a las partes en el proceso penal, suprimir el debate en el juicio Oral por razones de economía procesal, cuando el acusado admita la comisión del delito imputado por el representante del Ministerio Público en la acusación, lo cual en sentido negativo, podría igualmente entenderse como agravante de la situación del acusado, toda vez que las garantías de un juicio oral y público no albergarían su proceso judicial penal, de allí que tanto la ley como la doctrina hayan establecido los parámetros a fin de su aplicación, tales como: Que exista una acusación formal que fije los hechos imputados, siempre que esta admisión se origine de forma clara y espontánea ante el juez y que el imputado admita la totalidad de los hechos que fundamentan la acusación, de manera consciente, sin apremios ni coacción alguna y sin procurar otra solución procesal que no sea su condena con la rebajas indicadas en el artículo 375 del tan mencionado Código Adjetivo Penal.

Por todo lo antes expuesto considera esta juzgadora, que una vez instruido totalmente de los Pro y Contra del referido beneficio al hoy acusado y de recibírsele de forma voluntaria y consciente la solicitud de una sentencia condenatoria y la aplicación de la pena correspondiente conforme a la admisión total de los hechos, y cumpliéndose los requisitos necesarios para la aplicación del mismo, lo ajustado a derecho y conforme a la Ley, y en obsequio al principio de celeridad y economía procesal, igualmente, en atención de que el proceso es una vía jurídica para llegar a la verdad y el mismo ha de aplicarse de manera proba, imparcial, pronta y sin formalismos no esenciales, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 2, 26, 49 y 257 todos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en consecuencia este Juzgado, APRUEBA tal procedimiento en atención a las anteriores consideraciones y como quiera que en el presente proceso se observaron las garantías y derechos constitucionales, legales y procesales del justiciable de autos, considera esta Jurisdicente que lo procedente en derecho es declarar CON LUGAR el procedimiento Especial de ADMISIÓN DE LOS HECHOS, establecido en el Artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, todo en razón a que el principio rector, la finalidad, el objeto y la razón de ser de todo proceso es el obtener y lograr LA JUSTICIA, tal y como expresamente lo contempla la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en numerosos Artículos, especialmente en los Artículos 26 y en el 257, ya enunciados, lo cual se logra otorgando una rápida y oportuna respuesta, dictando la decisión que en su momento sea la más equitativa y justa. Así se decide.

Con respecto al derecho aplicable, del artículo 42 en su segundo aparte de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.d.V., establece:

Artículo 42.- Violencia Física:

El que mediante el empleo de la fuerza física cause un daño o sufrimiento físico a una mujer, hematomas, cachetadas, empujones o lesiones de carácter leve o levísimo, será sancionado con prisión de seis a dieciocho meses.

Si en la ejecución del delito, la victima sufriese lesiones graves o gravísimas, según lo dispuesto en el Código Penal, se aplicara la pena que corresponda por la lesión infringida prevista en dicho Código, más un incremento mas un incremento de un tercio a la mitad…”

De los hechos aquí ventilados y vista la Admisión de los Hechos realizada por el acusado antes identificado, produjeron la convicción a este Tribunal de la autoría del acusado S.A.P., por encontrarse incurso en la comisión de los delitos de VIOLENCIA FÌSICA AGRAVADA EN GRADO DE CONTINUIDAD, previsto y sancionado en el artículo 42, en su segundo aparte de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., en concordancia con lo establecido en el artículo 99 del Código Penal Venezolano.

VII

PENALIDAD

La pena a imponer al hoy acusado S.A.P., es la siguiente: VIOLENCIA FISICA, previsto y sancionado en el artículo 42 en su segundo aparte mas grado de continuidad, de la Ley Especial de Genero, prevé una pena de dos (02) años, en cuanto al agravado del delito en grado de continuidad, previsto en el artículo 99 del Código Penal, en perjuicio de una adolescente, se aumenta la pena a SEIS (06) MESES, por lo que se CONDENA a cumplir dos (02) AÑO Y SEIS (06) MESES. No obstante por tratarse de una admisión de hechos, lo procedente en derecho es rebajarle hasta un tercio a la mitad de la pena a imponer, conforme lo dispone el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, en su cuarto aparte se rebajan (12) MESES, quedando la pena en abstracto a cumplir UN (01) AÑO Y SEIS (06) MESES de prisión más las accesorias de leyes establecidas en el artículo 66 ordinales 2° y 3° de la ley especial de género en concordancia con el artículo 16 del Código Penal. Así se declara.

VIII

DISPOSITIVA

ESTE JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL CON COMPETENCIA EN MATERIA DE DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO LARA, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: CONDENA al ciudadano S.A.P., titular de la Cédula de Identidad Nº V-22.937.133, a cumplir la pena de UN (01) AÑO Y SEIS (06) MESES de prisión más las accesorias de leyes establecidas en el artículo 66 ordinales 2° y 3° de la ley Especial de Género en concordancia con el artículo 16 del Código Penal, por la comisión del delito de VIOLENCIA FÌSICA AGRAVADA EN GRADO DE CONTINUIDAD, previsto y sancionado en el artículo 42, en su segundo aparte de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., en concordancia con lo establecido en el artículo 99 del Código Penal Venezolano, cometido en perjuicio de la ciudadana (identidad omitida de conformidad con lo establecido en el articulo 65 LOPNNA). SEGUNDO: Se MANTIENEN las medidas de protección y seguridad previstas en la Ley Especial de Género en su artículo 87 numerales 5 y 6, consistentes en prohibir al agresor de acercarse a la victima a su lugar de estudio o de trabajo y prohibición de ejercer por sí mismo o a través de terceras personas actos de persecución, intimidación o acoso en contra de la víctima y de sus familiares y del numeral 13° a no cometer nuevos actos de violencia en contra de la víctima. De conformidad con el artículo 67 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V. se ordena asistir a DOCE (12) de talleres ante el Equipo Interdisciplinario por el tiempo de la condena. TERCERO: Se ordena al ciudadano S.A.P., titular de la Cédula de Identidad Nº V-22.937.133, la obligación de ASISTIR a OCHO (08) Talleres de Orientación en la Sede de FUNDAGENA, ubicada en la Avenida 20 entre calles 14 y 15 Barquisimeto, Estado Lara. CUARTO: Se EXONERA a las partes del pago de las costas procesales a tenor de lo previsto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establece la garantía de la gratuidad de la Justicia por parte del Estado. QUINTO: Se ACUERDA que una vez vencido el lapso legal que establece el artículo 108 de la Ley Especial de Género se remitirá la causa al Departamento de Alguacilazgo a los fines de que sea distribuida al Tribunal de Ejecución que le corresponda conocer. Se deja constancia que se dio cumplimiento a las formalidades contempladas en los artículos 14, 15, 16, 17, 18, 375 y 480 del Código Orgánico Procesal Penal y a lo establecido en los numerales 3, 5, 6 y 7 del artículo 8, 42,105, 106 y 107 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., como lo son Inmediación, Oralidad, Concentración, Remítase, Ofíciese. Publíquese y Regístrese.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, a los Veintidós (22) días del mes de Octubre de 2014. Años: 204° y 155°

LA JUEZA EN FUNCIONES DE JUICIO VCM

ABG. L.R.D.R.

LA SECRETARIA

ABG. N.C.