Decisión nº 675 de Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 1 de Agosto de 2011
| Fecha de Resolución | 1 de Agosto de 2011 |
| Emisor | Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo |
| Ponente | Walter Celis Castillo |
| Procedimiento | Amparo Constitucional |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira
San Cristóbal, 1° de agosto del 2011
201º y 152º
Asunto: SP01-O-2011-000028
-I-
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS
PRESUNTO AGRAVIADO: Y.H.G.R., identificado con la cédula de identidad n. ° V-19.359.944
APODERADAS JUDICIALES: Abg. ª G.B. de Arias y Abg. ª T.O.G., inscritas en el Inpreabogado con los números: 31.176 y 31154, respectivamente.
PRESUNTO AGRAVIANTE: CORPOELEC-CADAFE, REGIÓN 7.
-II-
PARTE NARRATIVA
Se inician las presentes actuaciones mediante escrito contentivo de acción de amparo constitucional presentado por las apoderadas judiciales del ciudadano Y.H.G.R., identificado con la cédula de identidad n. ° V-19.359.944, Abg. ª G.B. de Arias y Abg. ª T.O.G., inscritas en el Inpreabogado con los números: 31.176 y 31154, respectivamente, en el cual denuncian como presunto agraviante a la empresa CORPOELEC-CADAFE REGIÓN 7.
Señalan los accionantes en el escrito que dio inicio a la presente acción de amparo constitucional, que la empresa CORPOELEC-CADAFE REGIÓN 7, no dio cumplimiento a la providencia administrativa n. ° 313-2011 de fecha 4 de mayo del 2011.
Que con dicha actuación, la empresa CORPOELEC-CADAFE REGIÓN 7, ha violado los artículos 49, 87, 89 ordinales 2° y 4°; y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 3, 11, 23, 24, 32, 112, 113 y 132 de la Ley Orgánica del Trabajo, por lo tanto solicitan el amparo constitucional a sus derechos fundamentales como: 1) El debido proceso ; 2) Derecho al trabajo; 3) Derecho a la protección del Estado, en cuanto al trabajo como un hecho social; 4) Derecho a la estabilidad en el trabajo.
Piden al Tribunal: a) El reestablecimiento de la situación jurídica infringida por parte del agraviante, de forma inmediata; ordenando la reincorporación del agraviado.
-III-
PARTE MOTIVA
COMPETENCIA DEL TRIBUNAL
Por tratarse la presente acción de amparo intentada, de una supuesta violación a los derechos constitucionales, debido a la inejecución de un acto administrativo emanado de un órgano de la Administración Pública Nacional; debe este juzgador irremisiblemente, pronunciarse sobre su competencia para conocer de la acción interpuesta. En consecuencia, hace las siguientes consideraciones:
En sentencia núm. 2308 del 14 de diciembre del 2006 [caso: Guardianes Vigimán S. R. L.] la Sala Constitucional, estableció:
[…] «En todo caso, sí procedería el amparo —sin lugar a dudas— en los supuestos en que, pese a la diligencia del interesado en solicitar la actuación de la Administración, no consiga satisfacción a su primigenia pretensión —el desalojo, el reenganche, por ejemplo— , pues es sabido que el poder de los actos administrativos, a los efectos de la ejecución de cierto tipo de decisiones, es limitado, por lo que, en caso de desacato, apenas cuenta con instrumentos indirectos de presión, como las multas, las cuales en ocasiones se presentan como insuficientes para influir realmente en la conducta del obligado (subrayado del Tribunal).
»Se trata, pues, de un asunto que debe ser resuelto en atención a las circunstancias particulares del caso, teniendo como principio la necesidad, por un lado, de mantener los poderes de la Administración —la ejecutoriedad, en especial— y, por el otro, el respeto a los derechos de los particulares, que no pueden verse negados en caso que las vías ordinarias demuestren su ineficacia» […].
En el mismo orden de ideas, la Sala Constitucional, en decisión núm. 955 del 23 de septiembre del 2010, estableció:
[…] «De lo anterior se colige que aun cuando las Inspectorías del Trabajo sean órganos administrativos dependientes -aunque desconcentrados- de la Administración Pública Nacional, sus decisiones se producen en el contexto de una relación laboral, regida por la Ley Orgánica del Trabajo, razón por la cual debe atenerse al contenido de la relación, más que a la naturaleza del órgano que la dicta, para determinar que el juez natural en este caso no es el contencioso administrativo, sino el laboral. Una relación jurídica denominada relación de trabajo, expresada y manifestada por la fuerza de trabajo desplegada por los trabajadores, que exige un juez natural y especial, para proteger la propia persona de los trabajadores. En fin, la parte humana y social de la relación […].
»Por todo lo anterior, esta Sala Constitucional, actuando como máximo intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estima que el conocimiento de las acciones intentadas en ocasión de providencias administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo, debe atribuirse como una excepción a la norma general contenida en el artículo 259 constitucional, a los tribunales del trabajo. Así se declara.
»Con fundamento en las consideraciones que se expusieron, y en ejercicio de la facultad de máximo intérprete del Texto Constitucional, esta Sala deja asentado el siguiente criterio, con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República:
1) La jurisdicción competente para el conocimiento de las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo, es la jurisdicción laboral.
2) De los tribunales que conforman esta jurisdicción, el conocimiento de las pretensiones antes especificadas corresponde, en primera instancia, a los Tribunales de Primera Instancia del Trabajo y en segunda instancia, a los Tribunales Superiores del Trabajo» (subrayado del tribunal) […].
Teniendo en cuenta los elementos antes expresados, este juzgador considera que conforme al contenido del artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y a la doctrina de la Sala Constitucional antes citada, este juzgador es competente en primera instancia para el conocimiento de la presente acción de amparo. Así se decide.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De la admisibilidad de la acción:
La Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales consagra en su artículo 6, las causales de inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional, en tal sentido, en su numeral 5° establece como causal de inadmisibilidad:
Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes.
En este sentido, estima este juzgador, que la pretensión del accionante consiste esencialmente en obtener un mandato [judicial] que le ordene a la empresa CORPOELEC-CADAFE REGIÓN 7, cumplir con el contenido de la providencia administrativa n. ° 313-2011 de fecha 4 de mayo del 2011, emanada de la Inspectoría del Trabajo de San C.d.E.T. que ordenó su reenganche.
En consecuencia, vistos los documentos, pruebas, etcétera, que se encuentran agregados en el presente asunto, se videncia: que la parte accionante, demostró la existencia de una providencia administrativa emanada de la Inspectoría del Trabajo de San C.d.E.T., pero que no ha podido ejecutarse por la rebeldía de la empresa accionada debido al desacato de la misma. Sin embargo, debió probarle con certeza a este juzgador, que se había agotado todos los medios coercitivos y sancionatorios de los cuales dispone la Inspectoría del Trabajo para la ejecución de dicha providencia administrativa, vale decir, debía demostrar además de la existencia de la referida decisión y del acta de ejecución forzosa; la apertura y la finalización del procedimiento sancionatorio de multa por la inejecución de dicho acto administrativo, al no hacerlo [no constar en el expediente], debe este juzgador declarar, INADMISIBLE la acción de amparo intentada.
-IV-
Por la motivación antes expuesta este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: 1° INADMISIBLE, la acción de amparo constitucional interpuesta las apoderadas judiciales del ciudadano Y.H.G.R., identificado con la cédula de identidad n. ° V-19.359.944, Abg. ª G.B. de Arias y Abg. ª T.O.G., inscritas en el Inpreabogado con los números: 31.176 y 31154, respectivamente, en el cual denuncian como presunto agraviante a la empresa CORPOELEC-CADAFE REGIÓN 7. 2° De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se exonera en costas a la parte accionante por considerar este juzgador que la solicitud no fue temeraria.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada para el archivo del Tribunal.
Dada, firmada, sellada y refrendada en la sala del despacho del Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en San Cristóbal, 1° de agosto del año 2011. Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación.
El Juez.
Abg. M.Á.C.C..
La Secretaria
Abg. ª Deivis Estarita
En la misma fecha y previa las formalidades de ley, siendo las 2.10 p. m., se registró y publicó la presente decisión, y se dejó copia certificada en el archivo del Tribunal.
SP01-0-2011-000028
La Secretaria
Abg. ª Deivis Estarita
