Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 11 de Julio de 2004
| Fecha de Resolución | 11 de Julio de 2004 |
| Emisor | Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control |
| Ponente | Carmen Teresa Bolivar Portilla |
| Procedimiento | Habeas Corpus |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SEXTO DE CONTROL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO LARA
ASUNTO: KP01-O-2004-264.-
Barquisimeto, 11 de Julio de 2.004 Años 194° y 145°
DECISIÓN DE HABEAS CORPUS
Vista la Solicitud de Hábeas Corpus formulada por el Abogado D.M.d.O., actuando con el carácter de Defensor Delegado del Pueblo en el Estado Lara, a favor de los ciudadanos F.C. y L.A.G.V., por la presunta violación del derecho Constitucional a la Libertad y Seguridad Personal plasmado en el artículo 44 ordinal 1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con lo dispuesto en el artículo 49 ordinal 6° ejusdem, en virtud de que según lo expuesto por la accionante en su escrito de interposición de acción de amparo, los ciudadanos antes mencionados se encuentran privados de su libertad en el Comando General de Policía de esta ciudad en virtud de detención injustificada practicada sin haber mediado orden judicial alguna o ser sorprendidos in fraganti en la comisión de punible alguno.
Recibido como fue en fecha 08/07/04 de este año el prenombrado escrito, el Juzgado Noveno de Control de este Circuito Judicial Penal, a cargo de la Dra. P.F.d.G., procedió a su admisión solicitó de inmediato a la autoridad bajo cuya custodia se encuentran los presuntos agraviados, la rendición de la correspondiente información sobre los motivos bajo los cuales los mismos se hallan privados de su libertad.
Sin embargo, es importante destacar que la información solicitada al Organismo presuntamente agraviante no ha sido recibida hasta la presente, en atención a lo cual este Juzgado de Control por encontrarse de Guardia de Flagrancia, ordenó a la Secretaria respectiva realizar llamada a la Comandancia General de la Fuerza Armada Policial del Estado Lara, a objeto de que informasen al Tribunal sobre la presunta violación de los derechos constitucionales de los ciudadanos antes mencionados, realizándose el día de hoy a las 12:30 horas del mediodía la correspondiente llamada y siendo atendida la Secretaria de Guardia por el Funcionario H.F., éste manifestó que el ciudadano F.C. no se encuentra detenido a las órdenes de dicho Cuerpo, mientras que el ciudadano L.G.V. se encuentra recluido en dicho establecimiento a las órdenes de la Gobernación por infracción del Código de Policía Vigente.
En consecuencia, este Tribunal Sexto de Control, dentro el lapso legal que establece el artículo 42 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Garantías y Derechos Constitucionales para decidir realiza las siguientes consideraciones:
El presente recurso se tramitó conforme a lo establecido en el artículo 27 de la Constitución Bolivariana de Venezuela y 36 y siguientes de la Ley Orgánica Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por lo que se ordenó la apertura de la Averiguación Sumaria y la notificación al Comandante General de las Fuerzas Armadas Policiales del Estado Lara, a los fines de que informasen en el plazo de 24 horas sobre los motivos de la Privación o restricción de libertad del presunto agraviado, por la aparente violación de sus Derechos Constitucionales como lo es el de la Libertad, Seguridad Personal y Debido Proceso.
Asimismo, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales se procedió a la notificación de la Fiscalía Vigésima Primera del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, a objeto de ser puesto a derecho del proceso incoado por cuanto la misma es competente en materia de Derechos Fundamentales.
El día de hoy la Secretaria de Guardia del Tribunal realiza llamada telefónica al Comando General de la Fuerza Armada Policial, debido a la ausencia de respuesta a la comunicación Nº 10343-04 de fecha 08/07/04 librada por la Juez Novena de Control de este Circuito Judicial Penal, verificándose la situación jurídica de los presuntos agraviados.
El Hábeas Corpus ha sido concebido como la garantía que poseen los ciudadanos para preservar su Libertad y la Seguridad Personal, en atención a lo cual el legislador ha señalado un procedimiento expedito a objeto de reestablecer la situación jurídica infringida a la persona que se encuentra privada de Libertad, determinándose por consiguiente que si de la averiguación sumaria practicada al respecto surge que la detención carece de fundamento legítimo, bien porque fue dictada por un órgano incompetente o porque en la misma no se cumplieron los tramites y formalidades legales, siendo obligación del Juzgador aplicar y acordar seguidamente un mandamiento de Libertad del afectado, que surge como un mandato Constitucional siempre y cuando no se hayan cumplido los requisitos establecidos en la ley.
Asimismo, corresponde a esta instancia judicial pronunciarse sobre la Admisibilidad de la acción intentada, a los fines de determinar la procedencia del mandamiento de protección a los derechos y garantías constitucionales violados o amenazados de violación, conforme al procedimiento establecido en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, verificándose que la misma es procedente de la lectura de las actas que conforman la presente causa pero solo en lo que respecta al ciudadano L.A.G.V..
En virtud de lo anteriormente expuesto y del análisis del expediente en comento, se evidencia que en la detención del ciudadano L.A.G.V., antes identificado, existe una flagrante violación del derecho a la Libertad y Seguridad Personal plasmado en el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como el Principio de la Legalidad consagrado en el numeral 6 del artículo 49 ejusdem, al verificarse la detención o Privación de Libertad del mismo en virtud de la aplicación de un Código de Policía dictado por las autoridades regionales, y en el cual se señalan sanciones penales a quienes infrinjan tales mandamientos, invadiendo el ámbito de Competencia del Poder Público Nacional consagrado en el artículo 156 ordinal 32 de la Carta Magna, en relación con lo dispuesto en el artículo 187 ordinal 1° de la citada norma constitucional, que atribuye exclusivamente a la Asamblea Nacional como cuerpo legislador la facultad para legislar en dichas materias.
Uno de los Principios rectores del proceso penal venezolano lo constituye el Principio de la Legalidad consagrado también en el artículo 1 del Código Penal, que adminiculado al Principio de Reserva Legal, nos brindan las bases para estimar que en materia penal, y debido a que en la misma se restringen uno de los derechos más fundamentales de los individuos como lo es el de la L.P., debe ser regulada por una Ley, de carácter nacional, emanada de la Asamblea Nacional actuando como cuerpo legislador, y por ende no es permitido por nuestra Constitución Nacional que se dicten por parte de órganos de inferior categoría o que no pertenezcan al Poder Legislativo Nacional, leyes que contengan limitaciones o restricciones a este derecho fundamental, haciéndose procedente expedir a su favor mandamiento de Habeas Corpus, y así se decide.
Ahora bien, en lo atinente a la situación jurídica del ciudadano F.C., observa este Tribunal que el mismo no se encuentra detenido en la Comandancia General de la Fuerza Armada Policial del Estado Lara, configurándose la hipótesis prevista en el ordinal 2º del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, es decir, la amenaza contra el derecho o garantía constitucional denunciada por el accionante no es realizable por el presunto agraviante, toda vez que el referido ciudadano no se encuentra privado de su libertad mediante detención ilegítima o arbitraria que determine la lesión de sus derechos fundamentales, y en tal sentido, lo procedente es decretar Inadmisible la acción de Amparo objeto de la presente en relación al ciudadano F.C., por la concurrencia de lo establecido en el ordinal 2º artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y así se decide.
DISPOSITIVA
En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal de Control Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confiere la Ley, emite los siguientes pronunciamientos:
Declara CON LUGAR la Acción de Habeas Corpus incoada por el Abogado D.M.d.O., actuando con el carácter de Defensor Delegado del Pueblo en el Estado Lara, a favor del ciudadano L.A.G.V., por cuanto a juicio de esta Juzgadora la detención del mismo se verificó en cumplimiento de una norma que, al tipificar ciertos actos como delictivos y asignarle una pena determinada, usurpa las competencias propias del Poder Nacional y lesiona los derechos fundamentales de los ciudadanos, que en éste caso se circunscriben en los derechos de L.P. y Debido Proceso (en el campo especifico del principio de la Legalidad y Reserva Legal), y por ende la detención de este ciudadano en la Comandancia General de la Policía del Estado Lara no se encuentra sustentada por alguna norma con validez constitucional que la legalice.
Líbrese Mandamiento de Habeas Corpus a favor del ciudadano L.A.G.V. indocumentado, con su INMEDIATA LIBERTAD que debe ser acatada por todas las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad judicial que la ordena.
Con el propósito de salvaguardar los derechos del agraviado, así como la celeridad procesal que debe imperar dentro del proceso penal y, tratándose de un procedimiento brevísimo y expedito, se prescindió de la celebración de audiencia especial de Amparo y en su lugar se dictó la presente decisión.
Declara INADMISIBLE la Acción de Amparo incoada por el Defensor Delegado del Pueblo en el estado Lara a favor del ciudadano F.C., por cuanto a Juicio de este Tribunal concurre en este supuesto la hipótesis consagrada en el ordinal 2 artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, puesto que la amenaza contra el derecho o garantía constitucional alegada por el accionante no es realizable por parte del presunto agraviante.
Líbrese boleta de notificación a la Fiscalía Vigésima Primera del Ministerio Publico del Estado Lara, y al accionante Abogado D.M.d.O., Defensor Delegado del Pueblo en el Estado Lara, notificándoseles de la presente decisión.
Consúltese esta decisión a la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial en su oportunidad legal. Regístrese. Cúmplase.-
LA JUEZ TITULAR SEXTA DE CONTROL,
ABG. C.T.B.P..
LA SECRETARIA,
ABG. ROSANGELINA MENDOZA.
