Decisión nº J2-35-2006 de Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del nuevo Régimen y del Régimen Procesal Transitorio de Merida (Extensión Mérida), de 23 de Febrero de 2006

1) Original del acuse de recibo y soporte del cheque Nº 23350788 del Banco Industrial de fecha 18/03/2004, por la cantidad de Bs. 702.871,46. 2) Orden de pago Nº 0834. 3) Documento administrativo celebrado entre SAPAM y los ciudadanos Á.J.M.G. y María de los R.A. de Maldonado.

Pide al Juzgado se sirva citar a los ciudadanos Á.J.M. y María de los R.A. de Maldonado, titulares de las cédulas de identidad Nº 3.496.766 y 3.498.256.

Los ciudadanos Á.J.M. y María de los R.A. de Maldonado comparecieron a reconocer el contenido y firma de los documentos 1, 2, y 3. Alegan que recibieron la cantidad de Bs. 702.871,46 y que firmaron el documento con la demandada a que se refiere el particular tercero. Quien juzga les otorga mérito y valor probatorio. Así se decide.

Promueve el pleno valor probatorio del contenido y firma de los documentos administrativos: 1) Original de acuse de recibo y soporte de cheque Nº 23350788 del Banco Industrial de fecha 18/03/2004, por la cantidad de Bs. 702.871,46. 2) Documento administrativo celebrado entre SAPAM y los ciudadanos Á.J.M. y María de los R.A. de Maldonado. 3) Contrato de Trabajo en original suscrito entre SAPAM y el extinto Y.M.. 4) Original acuse de recibo de entrega de cheque Nº 31440135 de fecha 22/05/2002 por la cantidad de Bs. 174.240,oo, orden de pago y recibo de cancelado correspondiente al bono vacacional lapso 01/06/2001 al 01/06/2002. 5) Oficio de fecha 14/04/2003. 6) Original oficio solicitud de fecha 11/05/2003, acuse de recibo Nº 0579 de entrega de cheque Nº 49612008 de fecha 11/06/2003, por la cantidad de Bs. 400.000,oo, orden de pago Nº 0136.

A tales efectos, pidió al Juzgado de la causa citar al ciudadano V.F.M. en su condición de Director de SAPAM.

De las actas procesales se evidencia que dicha prueba no fue evacuada.

Promueve el pleno valor probatorio del contenido y firma y a tales efectos pidió al Juzgado se sirviera citar a la ciudadana G.J.A.M., en su condición de Administradora de SAPAM, para el reconocimiento y firma que se encuentra en los siguientes documentos: 1) Original del de acuse de recibo y soporte de cheque Nº 23350788 del Banco Industrial de fecha 18/03/2004, por la cantidad de Bs. 702.871,46. 2) Original acuse de recibo de entrega de cheque Nº 31440135 de fecha 22/05/2002, por la cantidad de Bs. 174.240,oo, orden de pago y recibo de cancelado correspondiente al bono vacacional lapso 01/06/2001 al 01/06/2002. 3) Original nómina de pago del personal contratado correspondiente a la quincena del 15/04/2003 al 30/04/2003. 4) Original acuse de recibo Nº 0579 de entrega de cheque Nº 49612008 de fecha 11/06/2006, por la cantidad de Bs. 400.000,oo, orden de pago Nº 0136. 5) Originales de los recibos de pagos correspondientes a la relación laboral desde el 01/06/2001 hasta el día 15/06/2003.

El extinto Juzgado de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo de esta Circunscripción Judicial negó la admisión de dicha prueba. (Folio 254).

Capítulo IV. De la prueba de informes.

Pide al Tribunal que se sirva oficiar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Sub-Agencia Mérida a objeto de que informe en relación a: 1) Si SAPAM se encuentra inscrito en dicha institución bajo el Nº R1-98-0113-6. 2) Si el SAPAM inscribió por ante dicha institución a sus trabajadores incluyendo el extinto Y.M..

Obra al folio 274 repuesta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en relación a lo solicitado. Quien juzga le otorga mérito y valor probatorio de conformidad a lo establecido en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil y aunado al hecho de que no fue impugnado, desconocido o tachado. Así se decide.

IV

MOTIVA

Del examen conjunto de todo el material probatorio antes apreciado, en aplicación del principio de unidad y comunidad de la prueba, ha quedado plenamente establecido que la relación laboral entre el fallecido J.M. y el Servicio Autónomo de Puertos y Aeropuertos del Estado Mérida era como mensajero y que se inició el 01 de junio de 2001, según de desprende de contrato de trabajo que obra al folio 90 del expediente y recibo de pago de la primera quincena del mes de junio de 2001 y terminó en fecha 18 de julio de 2003, por muerte del trabajador el día 19 de julio de 2003.

Observa este Tribunal, que reclama la accionante –viuda del trabajador- la totalidad de las Prestaciones Sociales y otros Conceptos y, como acción subsidiaria, daños y perjuicios compensatorios para resarcir el hecho ilícito del patrono en no inscribir al difunto trabajador en los Sistemas de Seguridad Social.

Ha quedado plenamente probado que el Servicio Autónomo demandado canceló a los ascendientes del trabajador fallecido, parte de las prestaciones sociales que le correspondían al extinto J.M. por la prestación de sus servicios.

De igual forma se evidencia de las actas procesales, concretamente del acta de defunción del ciudadano Y.M.A., que al éste fallecer dejó tres parientes: La viuda y los ascendientes (padre y madre).

Ahora bien, señalan los siguientes artículos de la Ley Orgánica del Trabajo:

ARTÍCULO 108:

…

Parágrafo Tercero: En caso de fallecimiento del trabajador, los beneficiarios señalados en el artículo 568 de esta Ley, tendrán derecho a recibir la prestación de antigüedad que le hubiere correspondido, en los términos y condiciones de los artículos 569 y 570 de esta Ley.

Parágrafo Cuarto: Lo dispuesto en este artículo no impide a los trabajadores o a sus causahabientes el ejercicio de las acciones que puedan corresponderles conforme al derecho común. …

ARTÍCULO 568:

Tendrán derecho a reclamar las indemnizaciones a que se refiere el artículo anterior, taxativamente, los siguientes parientes del difunto:

a) Los hijos menores de dieciocho (18) años, o mayores, cuando padezcan de defectos físicos permanentes que los incapaciten para ganarse la vida;

b) La viuda o viudo que no solicitado u obtenido la separación de cuerpos, o la concubina o el concubino que hubiere vivido en concubinato con el difunto hasta su fallecimiento.

c) Los ascendientes que hubieren estado a cargo del difunto para la época de la muerte; y

d) Los nietos menores de dieciocho (18) años cuando sean huérfanos, y cuando sin serlo, el padre o la madre de ellos no tengan derecho a la indemnización y sean incapaces de subvenir a la subsistencia de aquellos.

Parágrafo Único: Los beneficiarios determinados en este artículo no se considerarán sucesores para los efectos fiscales relativos a las sucesiones hereditarias

.

ARTÍCULO 569:

Ninguna de las personas indicadas en el artículo anterior tiene derecho preferente. En caso de que la indemnización sea pedida simultáneamente por dos (2) o más de dichas personas, la indemnización se distribuirá entre todas por partes iguales y por cabezas

.

ARTÍCULO 570:

El patrono quedará exento de toda responsabilidad mediante el pago de la indemnización a los parientes de la víctima que la hubieren reclamado dentro de los tres (3) meses siguientes a la muerte de aquella.

Transcurrido este lapso, los demás parientes sólo tendrán acción para reclamar su parte contra los que hubieren recibido la indemnización

.

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia ha señalado en sentencia de fecha 29 de noviembre de 2001, Caso M.E.A.G. y R.A.G. contra Chacinería Galicia, lo siguiente:

… Considera la Sala que al fallecer el trabajador los derechos, prestaciones e indemnizaciones que debe pagar el empleador, diferentes de la prestación de antigüedad, se transmitirá a los herederos, aplicando el orden de suceder en los términos y condiciones previstos en el Código Civil. …

El orden de suceder en el Código Civil Venezolano se encuentra regulado en la Sección III del Capítulo I del Título II de las Sucesiones.

El artículo 825 de dicho Código consagra:

La herencia de toda persona que falleciere sin dejar hijos o descendientes cuya filiación esté legalmente comprobada, se defiere conforme a las siguientes reglas:

Habiendo ascendientes y cónyuges, corresponde la mitad de la herencia a aquellos y a éste la otra mitad. No habiendo cónyuge la herencia corresponde íntegramente a los ascendientes…

(Subrayado del Tribunal).

Ahora bien, resulta que el Servicio Autónomo de Puertos y Aeropuertos del Estado Mérida (SAPAM) efectuó el cálculo de las prestaciones sociales que le correspondían al difunto, resultando de dicho cálculo la cantidad de Bs. 1.054.307,21, los cuales según documento entre la demandada y los ciudadanos Á.J.M. y María de los R.A. de Maldonado y de las constancias de cheque y orden de pago, recibieron la cantidad de 702.871,46, a razón de 351.435,73 para cada uno de ellos. En el documento que obra a los folios 168 y 169 del expediente, se evidencia que la demandada considera que a la cónyuge del fallecido le corresponde la cantidad de 351.435,73, ya que dividió en tres (3) partes iguales la cantidad de Bs. 1.054.307,21.

De la lectura del artículo 825 citado ut supra, se desprende que dejando el fallecido J.M. sus dos ascendientes y cónyuge, la cantidad que por Prestaciones Sociales correspondía, debía ser entrega la mitad a la viuda y la otra mitad a los dos ascendientes.

Más adelante esta juzgadora efectuará el cálculo correspondiente, no sin antes efectuar las siguientes consideraciones:

Reclama la actora vacaciones cumplidas pendientes por disfrutar desde el período 15/06/2001 hasta el 15/06/2002 y bono vacacional pendiente de cancelar desde el período 15/06/2001 al 15/06/2002. Consta de las actas procesales a los folios 194, 195 y 247 pagos por conceptos de bono vacacional durante toda la relación de trabajo, en consecuencia se declara la improcedencia de lo reclamado por este concepto. Así se decide.

De igual forma, reclama la actora diez días de descanso por el último salario devengado por el trabajador fallecido. Esta operadora de justicia declara la improcedencia de lo reclamado, por cuanto es doctrina pacifica y reiterada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia que los excesos de la relación de trabajo deben ser probados por el trabajador y, en virtud de que la actora nada ha probado no es procedente la cantidad de Bs. 97.174,oo por dicho concepto. Así se decide.

Solicita la demandante el pago de la cantidad de Bs. 713.790,oo, por concepto del valor convertido en dinero de siete (07) tiqueras (sic) pertenecientes al Programa de Alimentación para los trabajadores, compuesta por veintidós (22) ticket cupón, equivalente a un total mensual de Bs. 101.960,oo. Al respecto la demandada se excepciona alegando que el artículo 2 de la Ley Programa de Alimentación para los Trabajadores establece que dicho beneficio es de cumplimiento obligatorio sólo para los empleadores con más de 50 trabajadores y, que la nómina es de 44 trabajadores y que no es obligatorio para la demandada y, que a lo sumo sería una concesión graciosa y voluntaria por parte del patrono y, que según el artículo 4 de la Ley en comento señala que en ningún caso el beneficio de alimentación será cancelado en dinero.

Este Tribunal vistos los alegatos de la parte demandada, observa que este no desvirtúa las pretensiones de la accionante, pues si bien era “una concesión graciosa y voluntaria” que el patrono otorgaba a sus trabajadores, ésta le corresponde a todos los empleados, sin excepción.

En este estado es conveniente transcribir parte de la sentencia Nº 0835 de fecha 28 de julio de 2005, Caso R.E. Rico contra Gobernación del Estado Apure, de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia que señala:

… La situación es otra cuando el patrono incumple con su deber de otorgar al trabajador el beneficio de alimentación que le correspondía, en su debido momento, disfrutar.

Al respecto, la Sala ha interpretado la citada norma en el sentido de estimar procedente el pago en dinero efectivo cuando se reclame el pago de prestaciones sociales o la diferencia de las mismas, por no haber satisfecho al trabajador el beneficio de alimentación en su oportunidad. …

En consecuencia esta juzgadora declara la procedencia de lo reclamado por concepto del pago de la cantidad de Setecientos Trece Mil Setecientos Noventa Bolívares (Bs. 713.790,oo), por concepto del valor convertido en dinero de siete (07) cuponeras de Tickets pertenecientes al Programa de Alimentación para los Trabajadores. Así se decide.

En otro sentido, reclama la accionante la cantidad de Bs. 1.000.000,oo por concepto de Bono Especial al Trabajador como compensación por el no aumento de sueldos y salarios que fue decretado por el Ejecutivo Nacional según Gaceta Oficial Nº 21151 del fecha 21/03/2003 y el año 2002.

Al respecto esta juzgadora observa de la revisión minuciosa de dicha Gaceta Oficial, que tal bono no es extensible a la Administración Pública Descentralizada, es decir, Alcaldías, Gobernaciones, Empresas del Estado o entes desconcentrados, sino a nivel central. En consecuencia no procede lo reclamado por este concepto. Así se decide.

Así mismo, reclama la accionante el reintegro de las cantidades de dinero que fueron cancelados por concepto de aportes de Ley de Política Habitacional, Seguro Social Obligatorio, Seguro de Paro Forzoso, los cuales alega no fueron enterados por el patrono en los fondos nacionales respectivos.

Esta juzgadora de conformidad a lo establecido en el Título IX De las Sanciones de la Ley del Subsistema de Vivienda y Política Habitacional, que el caso de que el patrono o empleador no de cumplimiento a sus obligaciones, el único legitimado por la Ley para el cobro de los aportes no satisfechos es el C.N. de la Vivienda; por lo cual se declara improcedente lo solicitado por la actora. Así se decide.

Además la Ley del Seguro Social en su artículo 87 señala que la legitimidad para exigir el pago de las cotizaciones insolutas es del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, declarándose sin lugar la pretensión por reintegro de cantidades por Seguro Social y Seguro de Paro Forzoso. Así se decide.

En relación a ello, es conveniente transcribir parte de la Sentencia del 28 de junio de 2004 del Juzgado Tercero Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas (Caso O.E. Baptista contra La Catedral del Pan, C.A.), Expediente N°. AP21-R-2004-000242, que ha señalado:

… El objeto principal de lo hoy debatido, se circunscribe al hecho que la empresa…, no inscribió al ciudadano…, ex trabajador de la empresa en los distintos subsistemas de la seguridad social.

…el Tribunal observa lo contenido en el Título VII, artículo 87 de la Ley del Seguro Social, el cual dispone:

…Toda omisión de declaración, declaración tardía o declaración inexacta por parte de un patrono, además de las sanciones penales correspondientes dará lugar a acciones por responsabilidad contra él.

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales tendrá derecho a exigir, no sólo el pago de las cotizaciones atrasadas, sino también el reembolso, ya sea de la totalidad de las prestaciones suministradas y en curso de pago, o bien de la diferencia entre esas prestaciones y las que hubieran sido debidas si las declaraciones del patrono hubieran sido exactas…

De lo anterior, debe establecer este Jugador la legitimidad del actor en el presente proceso, para ello observa que en la obra Derecho Procesal del Trabajo de los autores M.A.O., C.M.P. y R.A.G., señalan que la legitimación es “… La titularidad del derecho o interés del legitimado, ha de referirse a una relación jurídica de la que delimitan el ámbito de la jurisdicción social (…) para legitimar se exige la titularidad de un derecho o interés, al afirmar la legitimación se está afirmando la titularidad…”

De lo esbozado obtiene este sentenciador, que en el caso que nos ocupa, la titularidad del derecho que se reclama pertenece al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, tal como lo establece el artículo 87 antes citado, y no al trabajador hoy demandante, por lo que debe forzosamente este sentenciador declarar sin lugar la presente acción. Así se declara…”

Criterio que comparte plenamente esta juzgadora, el criterio antes citado de conformidad a las disposiciones legales, toda vez que, en caso de que el patrono no haya cumplido con el pago de las cotizaciones, puede el trabajador interponer por ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales a nivel regional, su denuncia o reclamación, a objeto de que el titular de la acción ejerza lo conducente y, en análogo caso, por ante el C.N. de la Vivienda. En consecuencia declara la improcedencia de lo reclamado por concepto de aportes de Ley de Política Habitacional, Seguro Social Obligatorio, Seguro de Paro Forzoso. Así se decide.

Expuesto todo lo anterior, corresponde el cálculo de las siguientes operaciones aritméticas, tomando como salario mensual, el señalado en los recibos quincenales que se le cancelaron al trabajador J.J.M.A., que se encuentran agregados en el expediente en los folios 199 al 250:

FECHA DE INGRESO: 01/06/2.001

FECHA DE EGRESO: 18/07/2.003

TIEMPO DE SERVICIO: 2 años, 1 mes y 17 días

1. PRESTACION DE ANTIGÜEDAD.

   Artículo 108, Parágrafo Primero, literal a) de la Ley Orgánica del Trabajo.

   * Periodo del 01/09/2.001 al 30/09/2.001

   SALARIO MENSUAL: Bs. 197.210,oo

   SALARIO DIARIO: Bs. 6.573,66

   SALARIO INTEGRAL: Bs. 6.975,38

   5 días x Bs. 6.975,38 = Bs. 34.876,90

   * Periodo del 01/10/2.001 al 31/12/2.001

   SALARIO MENSUAL: Bs. 178.400,oo

   SALARIO DIARIO: Bs. 5.946,66

   SALARIO INTEGRAL: Bs. 6.310,05

   15 días x Bs. 6.310,05 = Bs. 94.650,75

   * Periodo del 01/01/2.002 al 31/01/2.002

   SALARIO MENSUAL: Bs. 185.240,oo

   SALARIO DIARIO: Bs. 6.174,66

   SALARIO INTEGRAL: Bs. 6.551,99

   5 días x Bs. 6.551,99= Bs. 32.759,95

   * Periodo del 01/02/2.002 al 29/02/2.002

   SALARIO MENSUAL: Bs. 191.240,oo

   SALARIO DIARIO: Bs. 6.374,66

   SALARIO INTEGRAL: Bs. 6.764,22

   5 días x Bs. 6.764,22 = Bs. 33.821,10

   * Periodo del 01/03/2.002 al 31/05/2.002

   SALARIO MENSUAL: Bs. 174.240,oo

   SALARIO DIARIO: Bs. 5.808,oo

   SALARIO INTEGRAL: Bs. 6.162,93

   15 días x Bs. 6.162,93= Bs. 92.443,95

   * Periodo del 01/06/2.002 al 31/03/2.003

   SALARIO MENSUAL: Bs. 190.080,oo

   SALARIO DIARIO: Bs. 6.336,oo

   SALARIO INTEGRAL: Bs. 6.723,20

   52 días x Bs. 6.723,20= Bs. 349.606,40

   * Periodo del 01/04/2.003 al 18/07/2.003

   SALARIO MENSUAL: Bs. 230.000,oo

   SALARIO DIARIO: Bs. 7.666,66

   SALARIO INTEGRAL: Bs. 8.135,17

   17,5 días x Bs. 8.135,17 = Bs. 142.365,47

   Lo que da un total de ANTIGUEDAD de Bs. 780.524,52

3. UTILIDADES FRACCIONADAS.

   Artículo 175 de la Ley Orgánica del Trabajo.

   52,50 días x Bs. 7.666,66 = Bs. 402.499,65

   Dichos conceptos suman la cantidad de Bs. 1.183.024,10, de los cuales el Servicio Autónomo de Puertos y Aeropuertos del Estado Mérida (S.A.P.A.M.) canceló a los ascendientes del fallecido, la cantidad de SETECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN BOLÍVARES CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS (Bs. 702.871,46), lo que sustrayéndole dicha cantidad arroja la suma a pagar de CUATROCEINTOS OCHENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS BOLÍVARES CON SESENTA CÉNTIMOS (Bs. 480.152,70) por Diferencia de Prestaciones Sociales y otros Conceptos Laborales, mas la cantidad de SETECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA BOLÍVARES (Bs. 713.790,oo), por concepto del valor convertido en dinero de siete (07) cuponeras de tickets pertenecientes al programa de alimentación para los trabajadores, totaliza ello la cantidad de UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARTENTA Y DOS CON SETENTA BOLÍVARES (Bs. 1.193.942,70).

   Por otro lado, en relación a lo demandado por vía subsidiaria por concepto de daños y perjuicios compensatorios para resarcir la conducta del patrono de no enterar, transferir y abonar las cantidades de dinero canceladas por el extinto J.M., producto de la relación laboral, a los destinatarios en el Seguro Social Obligatorio, Ley de Política Habitacional y Seguro de Paro Forzoso.

   Observa quien juzga que la parte demandante invoca los artículos 1270, 1271 y 1273 del Código Civil que se encuentran en el Capítulo II De los Efectos de la Obligaciones, basado en el incumplimiento del contrato de trabajo. No obstante, el contrato de trabajo sucrito entre las partes nada establece en cuanto a inscripción en el sistema de seguridad social, por cuanto el ordenamiento jurídico lo regula.

   En relación a los daños dispone el artículo 1185 del Código Civil:

   El que con intención, o por negligencia, o por imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo.

   Debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo, en el ejercicio de su derecho, los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual le ha sido conferido ese derecho

   .

   En relación a lo dispuesto en el Código Civil, la jurisprudencia ha señalado en reiteradas decisiones, entre la que se destaca la sentencia Nº 731 de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 13 de julio de 2004, que señala:

   La doctrina y la jurisprudencia venezolanas han sostenido que el hecho ilícito, como cualquier acto contrario al ordenamiento jurídico vigente, es generado por la intención, la imprudencia, la negligencia, la impericia, mala fe, abuso de derecho e inobservancia del texto normativo por parte de una persona (agente), que tiene por contrapartida una responsabilidad a favor de otra persona (victima o perjudicado), por una conducta contraria a derecho. Así pues, que lo antijurídico es todo acto, hecho o conducta que es contraria o violatoria del ordenamiento legal. Así mismo, la ley y la jurisprudencia han considerado como una conducta antijurídica el abuso en el ejercicio de un derecho, sea objetivo o subjetivo, mediante el cual se irrespeta el derecho de los demás, por excederse de los límites y fronteras, consagrados normativamente, a veces, por el derecho, y otras, por las fuentes del derecho, la costumbre, los principios generales, derechos que han sido concedidos en interés del bien particular, en armonía con el bien de todos. El abuso del derecho nace con el mal uso, o con el uso equivocado del derecho subjetivo, o con el equivocado concepto de su uso. Se reitera que cuando en el ejercicio legal de un derecho, la persona excede el límite impuesto por el derecho objetivo, traspasando o invadiendo la esfera de otros derechos subjetivos, hay un abuso o exceso de derecho. Todo derecho subjetivo tiene un límite que termina en la existencia del derecho subjetivo del los demás. Ese acto excesivo o conducta ilícita produce un daño que puede legalmente dar lugar a una indemnización.

   Ahora bien, tanto la doctrina patria como la jurisprudencia, han señalado como elementos constitutivos del hecho ilícito: 1) El incumplimiento de una conducta preexistente; 2) El carácter culposo del incumplimiento; 3) que el incumplimiento sea ilícito, o sea, viole el ordenamiento jurídico positivo; 4) que se produzca un daño y, 5) La relación de causalidad entre el incumplimiento culposo ilícito, actuando como causa y el daño figurando como efecto. ..

   La actora en su reclamación alega que en virtud de que el patrono no inscribió al trabajador en los Sistemas de Seguridad Social, resarciría y sería el estimado para abarcar el costo y la utilidad cierta dejada de percibir por el núcleo familiar M.S., entre otros los beneficios de asistencia médica, cirugía y hospitalización que presta el Seguro Social Obligatorio y, en caso de Política Habitacional le son transmitidos a la viuda los derechos por este concepto y ella no posee vivienda propia. Además que el Seguro de Paro Forzoso en sus disposiciones estipula la cancelación a los beneficiarios de ley del trabajador fallecido una cantidad de dinero que ha dejado de percibir por la falta de cumplimiento de la afiliación del trabajador.

   Esta juzgadora se percata que los argumentos explanados por la demandante -aplicando las máximas de experiencia- que no son condiciones únicas y excluyentes para que una persona acceda a los servicios alegados ni a la adquisición de un inmueble a través del Fondo Mutual Habitacional.

   De igual forma, consta de las actas procesales que el Servicio Autónomo de Puertos y Aeropuertos del Estado Mérida (SAPAM) se encuentra solvente en las cotizaciones correspondientes tanto al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales como al Banco que recauda lo propio por Política Habitacional.

   Además, aplicando la jurisprudencia citada ut supra, concluye quien juzga, que no cumpliéndose los extremos indicados para que se configure el hecho ilícito ni existiendo relación de causalidad entre el incumplimiento culposo ilícito, actuando como causa y el daño figurando como efecto, deben forzosamente declararse sin lugar las indemnizaciones por daños y perjuicios reclamados. Así se decide.

   Demanda además la accionante el pago de la pensión por sobrevivencia, a pagar para el período mínimo proyectado de hacia 20 años de vida útil, 240 meses por salario mínimo que asciende a 240.000,oo = 57.600.000,oo.

   Al respecto, esta operadora de justicia constata que ni el trabajador fallecido ni la accionante reúnen los requisitos que señala la Ley del Seguro Social para ser beneficiaria esta última de una pensión de sobrevivientes, declarándose sin lugar lo reclamado por este concepto. Así se decide.

   IV

   DISPOSITIVO

   Por las razones antes expuestas, este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:

PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES, incoada por la ciudadana A.L.S., VIUDA DE MALDONADO, contra el SERVICIO AUTONOMO DE PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL ESTADO MERIDA (S.A.P.A.M.), todos plenamente identificados en las actas procesales.

Se condena al SERVICIO AUTONOMO DE PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL ESTADO MERIDA (S.A.P.A.M.) a pagar a la A.L.S., VIUDA DE MALDONADO, la cantidad de UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARTENTA Y DOS CON SETENTA BOLÍVARES (Bs. 1.193.942,70), por los conceptos indicados en la parte motiva del presente fallo.

Se ordena el pago de lo intereses generados por la prestación de antigüedad, para lo cual el Tribunal de Ejecución, a través de una experticia complementaria del fallo, de conformidad a lo establecido en el literal “c” del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo. Realizada mediante experto, el cual deberá al efectuar el cálculo de dichos intereses, considerar desde la fecha en que nace el derecho a la antigüedad en la relación laboral, hasta la fecha de terminación de la relación laboral, el cual deberá considerar para ello, las tasas de interés publicadas por el Banco Central de Venezuela, a fin de que estas tasas se apliquen sobre el monto que en definitiva corresponda pagar al trabajador por cada mes laborado.

Se ordena el pago de intereses de mora sobre la diferencia de Prestaciones Sociales, es decir, la cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS BOLÍVARES CON SESENTA CÉNTIMOS (BS. 480.152,70), generados durante el desarrollo de la relación de trabajo, dichos intereses deberán ser calculados a través de una experticia complementaria del fallo, de conformidad a lo establecido en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en atención a lo siguiente: Será realizada mediante la designación de un experto, desde la fecha de terminación de la relación laboral hasta la ejecución de la sentencia.

Se ordena la corrección monetaria sobre la cantidad condenada a pagar de UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS BOLIVARES CON SETENTA CENTIMOS (Bs. 1.193.942,70), a través de la misma experticia complementaria del fallo, mediante el mismo experto, el cual deberá considerar para ello, el índice inflacionario publicado por el Banco Central de Venezuela, acaecido en el país entre la fecha de la admisión de la demanda y la de ejecución del fallo, a fin de que este índice se aplique sobre el monto que en definitiva corresponda pagar al trabajador, excluyendo los lapsos no imputables a las partes, como sería: a) Del 6 de octubre de 2004 hasta el 16 de noviembre de 2004 (período en el cual se suprimió el extinto Juzgado de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo y se crearon los correspondientes Tribunales del Trabajo). b) Desde el 23 de diciembre de 2004 al 09 de enero de 2005 (vacaciones judiciales). c) Desde el 14 al 18 de febrero de 2005, fecha en que no hubo despacho, en virtud de los sucesos acaecidos en el Estado Mérida. d) Durante los días 23, 24 y 25 de marzo de 2005, días no laborables en este Circuito Judicial. e) El día 19 de abril de 2005, día feriado. f) Los días 23 y 24 de junio de 2005, día del Abogado y día feriado. g) Desde el 04 de julio al 02 de agosto de 2.005, fecha en que no hubo despacho, por curso de capacitación de los Jueces. h) Desde el 15 de agosto al 15 de septiembre de 2.005, fecha en que no hubo despacho, por vacaciones judiciales. i) 12 octubre de 2005, día feriado. j) Del 21 al 25 de noviembre de 2005, días en que no hubo despacho en los Tribunales de Primera Instancia del Trabajo de esta Circunscripción Judicial. k) El 7 y 12 de diciembre del 2.005, fechas en que no hubo despacho. l) Del 22 de diciembre del 2.005 al 08 de enero del 2.006, inclusive, por Receso Judicial. m) 10 de febrero de 2006, fecha en que no hubo despacho.

No hay condenatoria en costas, por no haber vencimiento total.

De conformidad a lo establecido en el artículo 45 de la Ley de la Procuraduría General del Estado Mérida, se acuerda notificar al ciudadano Procurador General del Estado Mérida del presente fallo. Remítase copia certificada junto con oficio.

Cópiese y publíquese la presente sentencia.

Dada, firmada, sellada y refrendada en el Despacho del Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en Mérida a los veintitrés (23) días del mes de febrero de dos mil seis. Años 195º de la Independencia y 147º de la Federación.

Dios y Federación

La Jueza

Dubrawska Pellegrini Paredes.

La Secretaria

Norelis Carrillo E.

En la misma fecha se dictó y publicó el fallo que antecede, siendo las tres de la tarde (3:00 PM).

Sria