Decisión de Juzgado Primero de Juicio del Trabajo de Aragua, de 18 de Noviembre de 2011

COMUNIDAD DE LA PRUEBA: El Tribunal reitera el criterio anteriormente indicado, al haber sido promovido por la parte actora. Y así se establece.

CAPITULO SEGUNDO: DOCUMENTALES:

1. - Marcadas “B”, “B1”, “B2”, “B3”, “B4”, “B5”, “B6”, “B7” y “B8”. Relativas a Ingreso a Seguros Banvalor, Liquidación de Prestaciones Sociales, desde el 03/05/99 hasta el 30/06/01, renuncia de fecha 01/06/2001, Gerencia de Recursos Humanos del 30-04-2001, cálculo de vacaciones período 99/2000, Registro de Asegurado de IVSS, Recibo de Egreso por Honorarios de otros profesional, Solicitud de vacaciones período 2001/2002, constante de 10 folios, cursan a los folios desde el 3 hasta el 12 ambos inclusive ANEXO DE PRUEBAS PIEZA 3. La parte actora desconoce las documentales cursantes a los folios 4, 5 y 7. Conforme al artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo el Tribunal otorga pleno valor probatorio a las documentales, quedando demostrado que la reclamante prestó sus servicios para SEGUROS BANVALOR C.A. desde el 03/05/1999 en el cargo de Jefe Técnico, y que la relación culminó por renuncia en fecha 01/06/2001, cancelando a través de liquidación de prestaciones sociales los conceptos: prestación de antigüedad, antigüedad complementaria, vacaciones 2001-2002, bono vacacional 2001-2002, vacaciones fraccionadas 2001-2002, bono vacacional fraccionado 2001-2002, utilidades fraccionadas 2001 e intereses sobre prestación de antigüedad por la cantidad total de Bs. 3.134.510,86.

   Asimismo se evidencia el pago de las vacaciones en los períodos 1999-2000, 2001-2002.

   Igualmente se constata que la empresa accionada inscribió ante el I.V.S.S. a la reclamante, en fecha 03 de mayo de 1999, como consta de Forma 14-02 Registro de Asegurado. Así se decide.

2. - Identificadas “C”, “C1”, “C2”, “C3”, “C4”, “C5” y “C6”, Memorando de fecha 20 de diciembre de 2002, recibo de liquidación de vacaciones y bono vacacional período 2001- 2002, registro de asegurado de fecha 10-10-2001, liquidación de prestaciones sociales, renuncia, liquidación de prestaciones sociales. Rielan del folio 13 al 19, ambos inclusive, ANEXO DE PRUEBAS PIEZA 3. La parte actora desconoce las documentales cursantes a los folios 13 al 19. Conforme al artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo el Tribunal otorga pleno valor probatorio a las documentales, quedando demostrado con la marcada “C” que la empresa THE FIRST MARKET AND WORK C.A. informa en fecha 21/09/2001 a la reclamante haberle concedido ajuste de sueldo al 01 de septiembre de 2001, por Bs. 36.000,00 incrementándolo a la suma de 450.000,00, y que en base al artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo el 20% de incremento no será tomado en cuenta para el cálculo de los beneficios, prestaciones e indemnizaciones respectivos.

   En cuanto a las marcadas “C1” y “C2” se ratifica lo antes expuesto al haber sido valoradas por ambas partes.

   En cuanto a la marcada “C3” se constata que la empresa THE FIRST MARKET AND WORK C.A. inscribió ante el I.V.S.S. a la reclamante, en fecha 01 de julio de 2001, como consta de Forma 14-02 Registro de Asegurado.

   En cuanto a las marcadas “C4” y “C5” se constata que la empresa THE FIRST MARKET AND WORK C.A. efectuó liquidación de prestaciones sociales a favor de la demandante para los períodos 01/07/2001 al 30/06/2004, y que renunció a su puesto de trabajo en fecha 01/07/2001. Así se decide.

3. - Marcadas “D” y “D1” cálculo de vacaciones período 2004-2005 y acuerdo (folios 20 y 21 ANEXO DE PRUEBAS PIEZA 3). Conforme al artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo el Tribunal otorga pleno valor probatorio a las documentales, quedando demostrado que la empresa ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS ETT 2004 C.A. canceló a favor de la reclamante vacaciones período 2004-2005 y bono vacacional; que celebró en fecha 30 de septiembre de 2006 con la reclamante un acuerdo laboral donde se estableció que un monto equivalente al 20% del salario mensual, sería excluido de la base de cálculo para los beneficios, prestaciones e indemnizaciones. Así se decide.

   D2

   renuncia folio 22 ANEXO DE PRUEBAS PIEZA 3). El Tribunal no otorga valor probatorio por no constar que fue recibida por la empresa a la cual está dirigida: ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS ETT 2004 C.A. Así se decide.

4. - Identificadas “E”, “E1”y “E2” (folios 23 al 25 ANEXO DE PRUEBAS PIEZA 3). La parte actora desconoce la documental cursante al folio 25. Se otorga valor probatorio conforme al artículo 10 de la ley adjetiva laboral, demostrándose que SEGUROS BANVALOR C.A. celebró en fecha 01 de octubre de 2006 con la reclamante un acuerdo laboral donde se estableció que un monto equivalente al 20% del salario mensual, sería excluido de la base de cálculo para los beneficios, prestaciones e indemnizaciones. Así se decide.

   Identificada “E3”, “E6”, “E7” (folios 26, 29 y 30 ANEXO DE PRUEBAS PIEZA 3). Se desechan del debate probatorio por no estar suscritas por la parte demandada. Así se decide.

   Identificadas “E4”, “E5”, “E14”, “E20”, “E23”, “E24” (folios 27, 28, 37, 43, 46, 47 ANEXO DE PRUEBAS PIEZA 3). La parte actora desconoce la documental cursante al folio 23. Se otorga valor probatorio conforme al artículo 10 de la ley adjetiva laboral, demostrándose que SEGUROS BANVALOR C.A. canceló a la reclamante los conceptos indicados en los períodos 01/07/2007 al 26/07/2007; 03/07/2007 al 03/08/2007; 02/05/2008 al 27/05/2008; 04/05/2009 al 27/05/2009; 02/05/2008 al 27/05/2008; por vacaciones, días domingos y feriados, entre otros, así como solicitud de disfrute de vacaciones. Así se decide.

   Identificadas “E8 y “E9” ” (folios 31 y 32 ANEXO DE PRUEBAS PIEZA 3). Se reitera su valor probatorio, al haber sido promovida por ambas partes. Así se decide.

   Identificadas “E10”, “E11”, “E12”, “E13”, “E15”, “E16”, “E17”, “E18”, “E19”, “E21”, “E22”, “E25”, “E30” (folios 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 48 y 53 ANEXO DE PRUEBAS PIEZA 3). La parte actora desconoce la documental cursante al folio 23. Se otorga valor probatorio conforme al artículo 10 de la ley adjetiva laboral, demostrándose que SEGUROS BANVALOR C.A. canceló a la reclamante sueldos y efectuó deducciones respectivas, en el período comprendido 16/06/2008 al 29/01/2010; así como se constata nómina de trabajadores. Así se decide.

   E26

   CONTRATO FIDUCIARIO (folio 49 ANEXO DE PRUEBAS PIEZA 3). Se otorga valor probatorio conforme al artículo 10 de la ley adjetiva laboral, demostrándose que SEGUROS BANVALOR C.A. canceló a la reclamante Bs. 16.627,09 por concepto de finiquito de contrato individual de fideicomiso. Así se decide.

   E27

   RENUNCIA 29-01-2010 (folio 50 ANEXO DE PRUEBAS PIEZA 3). Se otorga valor probatorio conforme al artículo 10 de la ley adjetiva laboral, demostrándose que la reclamante renunció a la empresa SEGUROS BANVALOR C.A. en fecha 29 de enero de 2010. Así se decide.

   E28

   Y “E29” TALONARIO DE CHEQUE Y LIQUIDACIÓN (folios 51 y 52 ANEXO DE PRUEBAS PIEZA 3). Se otorga valor probatorio conforme al artículo 10 de la ley adjetiva laboral, demostrándose que SEGUROS BANVALOR C.A. canceló a la reclamante Bs. 17.963,76 por la relación laboral en el período 01-10-2006 al 29-01-2010. Así se decide.

   Analizado el caudal probatorio aportado al proceso, se pronuncia el Tribunal respecto a las defensas opuestas por la parte accionada. En primer lugar, sostiene que la parte actora prestó sus servicios para SEGUROS BANVALOR, C.A. únicamente durante los períodos 1999 – 2001 y 2006 – 2010. En este orden, se verificó, de las documentales a.p., que efectivamente logró la accionada demostrar su argumento de defensa, Así se decide.

   En segundo lugar, alegó en su defensa la parte accionada que no adeuda concepto alguno a la accionante como consecuencia de un mal cálculo del SALARIO DE EFICACIA ATÍPICA, por cuanto SEGUROS BANVALOR C.A. realizó los debidos pagos en forma correcta y cumpliendo con todos los beneficios laborales establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo.

   En este orden, estima procedente esta Juzgadora, en primer lugar, clarificar conforme a los criterios jurisprudenciales emanados del Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social, lo que debe entenderse por SALARIO, elemento fundamental y característico de las relaciones de trabajo.

   En este orden, se indica que en sentido estricto el salario es definido como la remuneración, provecho o ventaja de cualquier nombre o método de cálculo, evaluable en efectivo, correspondiente al trabajador por los servicios prestados.

   Consecuente con lo anterior, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con relación a la correcta interpretación del artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo, en sentencia N° 263 del 24 de octubre del año 2001, en el caso F.P.A. contra Hato La Vergareña, C.A., con ponencia del Magistrado Omar Mora Díaz señaló lo siguiente:

   “(…) Resulta oportuno reiterar el concepto de salario, del cual el legislador hizo un revisión a partir de la reforma de los artículos 133, 134, 138 y 146 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1990, recogido por esta Sala en la decisión de fecha 10 de mayo de 2000 (caso L.R.S.R. contra Gaseosas Orientales, S.A.), al siguiente tenor:

   Salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que éste último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar.

   Con esta revisión el legislador patrio rectifica la falta de técnica en la cual incurrió en 1990, pues confundía a ciertas modalidades para el cálculo del salario (unidad de tiempo, unidad de obra, por pieza o a destajo) con percepciones de eminente naturaleza salarial, y además elimina la frase “para los efectos legales” contenidos en la versión modificada, definiendo así el concepto de salario para todos los efectos. Asimismo, cuando la reforma considera salario a toda remuneración, provecho o ventaja, cualquiera que sea su método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo y que corresponda al trabajador por la prestación de su servicio y establece además que los subsidios o facilidades de iniciativa patronal para la obtención de bienes y servicios que le permitan mejorar su calidad de vida y la de su familia, también constituyen salario, concibe a éste en términos amplísimos (con las únicas exclusiones previstas en la norma en su parágrafo tercero) y aplica el principio de la primacía de la realidad cuando identifica como tal, a toda remuneración provecho o ventaja percibida por la prestación del servicio, independientemente de la denominación que las partes puedan darle a la percepción, reiterando el contenido patrimonial del salario al precisar que éste debe ser, en todo caso, evaluable en efectivo”.

   En este mismo sentido, estima el autor R.A.G. que salario es “la remuneración del servicio del trabajador, integrado por la suma de dinero convenida expresa o tácitamente con su patrono, y por el valor estimado de los bienes en especie que éste se haya obligado a transferirle en propiedad o a consentir que use para su provecho personal y familiar.” (Nueva didáctica del Derecho del Trabajo).

   En este mismo orden, el artículo 129 de la Ley Orgánica del Trabajo, establece que el salario se estipulará libremente por las partes. De allí que se diga que el salario constituye el valor que de modo voluntario las partes convienen en atribuir al tiempo, cantidad, calidad y eficiencia de la labor a realizarse. De esta manera, las condiciones de trabajo particulares de la labor a realizar sirven a un tiempo para determinar las exigencias manuales e intelectuales del servicio a prestar, como de medida para justipreciar la compensación equivalente que debe corresponderle.

   De esta definición del salario, tanto la doctrina como la jurisprudencia han extraído, entre otras, las siguientes características: es estipulado libremente por las partes; es una prestación inmediata o directa por constituir percepciones del trabajador pagadas a costa del patrimonio del empleador para retribuir el servicio recibido; es una prestación cierta y segura, no sujeta a ninguna contingencia que pueda afectar la existencia de la retribución y su exigibilidad inmediata; tal y como lo reseñó la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 1.438 del 01 de octubre de 2009, con Ponencia del Magistrado Dr. J.R.P., caso: C.C. contra Desarrollos Hotelco C.A.

   Sin embargo, no todas las percepciones integradoras del salario son estipuladas libremente por las partes, ni son pagadas a costa del patrimonio del empleador, como tampoco son ciertas y seguras; pues estas características confluyen solamente en una porción básica, la cual es complementada con percepciones unas veces de carácter variable, eventual y aleatorio, como es el pago de comisiones, horas extras, etc; otras veces no poseen la cualidad ordinaria del salario que es el pago de la remuneración a costa del patrimonio del empleador, pero son consideradas salario por el legislador, como es el recargo de un porcentaje sobre el consumo en los locales en que se acostumbra cobrar al cliente por el servicio, y las propinas.

   Y asimismo, es perfectamente posible que las partes pacten lo que se ha denominado EL SALARIO DE EFICACIA ATIPICA; respecto al cual es oportuno señalar que antes de la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo en 1.997, el salario mínimo urbano estaba cifrado en Quince Mil Bolívares mensuales y el trabajador percibía, además de éste salario mínimo, bonificaciones de carácter no salarial (subsidio a la alimentación y al transporte, bono compensatorio y bono puente) que incrementaban su ingreso hasta los setenta y cinco mil bolívares mensuales. Sin embargo, todos los derechos e indemnizaciones laborales (vacaciones, utilidades, horas extras, indemnizaciones de antigüedad, y otros), se calculaban tomando como base el salario mínimo urbano.

   Con la reforma del año 1.997, se salarizaron estos bonos y el salario mínimo urbano pasó de quince mil a setenta y cinco mil bolívares, incidiendo directamente sobre el cálculo de todos los derechos e indemnizaciones laborales. Entonces, es cuando la Ley crea esta nueva figura del salario de eficacia atípica, prevista en el Parágrafo Primero del artículo 133, segunda parte.

   “Artículo 33: (…) Parágrafo Primero (…) “Las convenciones colectivas y, en las empresa donde no hubiere trabajadores sindicalizados, los acuerdos colectivos o los contratos individuales de trabajo podrán establecer que hasta un veinte por ciento (20%) del salario se excluya de la base de cálculo de los beneficios, prestaciones e indemnizaciones que surjan de la relación de trabajo, fuere de fuente legal o convencional. El salario mínimo deberá ser considerado en su totalidad como base de cálculo de dichos beneficios, prestaciones o indemnizaciones.”

   Esta norma debe interpretarse en el sentido que el legislador permite que trabajador y patrono, sujetos de la relación de trabajo, puedan pactar en que una porción del salario no sea incluida en los cálculos de los derechos derivados de esa relación, pero con vista de la protección que brinda la Ley al trabajador se prevé limitaciones para dicho pacto, a saber: la exclusión no puede ser mayor al veinte por ciento (20%) del salario; y la porción que jamás se puede ver afectada por el salario de eficacia atípica, es el salario mínimo.

   De allí que encuentra esta Juzgadora oportuno indicar, que si bien es cierto en materia laboral priva la realidad sobre las formas o apariencias, en cuanto a la existencia de una relación de trabajo y las condiciones que la rigen, es importante aclarar que el SALARIO DE EFICACIA ATÍPICA constituye uno de los tantos acuerdos que pueden formar parte de las condiciones de trabajo de una relación durante toda su vigencia. Por ende, es impropio referirse a un contrato de salario de eficacia atípica como un contrato diferente e independiente al contrato- realidad de trabajo, ya que hablamos de un pacto más sobre las condiciones de trabajo, como pueden ser, los acuerdos sobre aumento salarial, traslado a otra sede de la empresa, suplencias temporales, etc, que superen las previsiones legales.

   En razón de lo anterior, estos pactos sobre salarios de eficacia atípica, al formar parte del contrato- realidad de trabajo, no requieren de mayores formalidades, salvo las establecidas legalmente. En esta línea argumentativa, se indica que a los fines de conocer los límites sobre los pactos salariales, resultan de suma utilidad los principios orientadores del Derecho del Trabajo, en especial: Conservación de la condición laboral más beneficiosa. En este sentido, los pactos de salario de eficacia atípica deben respetar este principio, trayendo las siguientes consecuencias: 1) la base de cálculo – en su totalidad – que se utilizaba para el momento antes de pactarse el salario de eficacia atípica, mal puede disminuirse cuantitativamente después del acuerdo, en consecuencia, el porcentaje de exclusión sólo puede afectar la porción de los aumentos salariales posteriores al acuerdo. 2) La exclusión del 20% solo puede calcularse sobre aumentos de las partes fijas del salario y no las variables, ya que éstas, por su propia naturaleza y más tratándose de comisiones, pueden incrementarse, disminuirse y hasta inexistir en un momento dado, durante la vigencia del nexo, entonces, si se permitiese calcular la exclusión del 20% sobre las comisiones, las exclusiones también se incrementarían y se reducirían a lo largo de la relación, lo cual es contrario al principio de la conservación de la condición laboral mas beneficiosa.

   Ahora bien, en el caso bajo estudio, del cúmulo probatorio de autos, no quedó evidenciado que la empresa accionada haya deducido a la reclamante de los recibos de pago y liquidaciones efectuadas, cantidad alguna por concepto de SALARIO DE EFICACIA ATIPICA, razón por la cual, conforme a los criterios legales y reglamentarios vigentes en materia del trabajo; observa esta juzgadora considera que no existe diferencia alguna a favor de la demandante por concepto de: Prestación de antigüedad e intereses, Vacaciones; Bono vacacional y Utilidades. Es en base a los razonamientos contenidos en esta sentencia, que se declara SIN LUGAR la demanda incoada por COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES. Y así se decide.

   IV

   DECISIÓN

   Por las razones y motivos expuestas, este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: PRIMERO: SIN LUGAR la demanda por COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES incoada por la ciudadana C.A.V.D., venezolana, mayor de edad, Cédula de Identidad Nº V-7.235.782 y de este domicilio, contra SEGUROS BANVALOR C.A., sociedad mercantil debidamente constituida e inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 14 de Enero de 1992, bajo el N° 36, Tomo 15-A Sgdo.

No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de la decisión.

Se ordena notificar a la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela conforme al artículo 97 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Líbrese Oficio.

Publíquese, Regístrese y déjese copia certificada de la sentencia.

Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en Maracay, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre del año Dos Mil Once (2011). Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación.

LA JUEZ,

ABG. ZULEYMA DARUIZ CEBALLOS. EL SECRETARIO, Abg. HAROLYS PAREDES

En esta misma fecha se publicó la anterior Decisión, siendo las doce horas del mediodía (12:00 M). EL SECRETARIO, Abg. HAROLYS PAREDES

ASUNTO Nº DP11-L-2010-000585

ZDC/HP/ Abogado Asistente P.M.