Decisión nº 1C-13.740-10 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Apure (Extensión San Fernando de Apure), de 17 de Febrero de 2011

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE

TRIBUNAL PRIMERO DE CONTROL

San F. deA., 17 de Febrero de 2011

200° y 151°

CAUSA N° 1C-13740-10

Acordado como quedo en la Audiencia Preliminar de fecha 14-02-2011, en virtud de la solicitud suscrita por el profesional del derecho J.A.A., en su carácter de Abogado Asistente de la ciudadana C.E.G.M., titular de la cedula de identidad N° 4.345.684, relacionado con el asunto penal 1C-13740-10, por la presunta comisión de uno de los delitos previstos y sancionados en la Ley Orgánica de Drogas, en la cual requiere la entrega del vehiculo Marca: ZOTYE; Modelo: CAMIONETA NOMAD 4X2 1600CC MT. Año: 2008. Colores: A.C.. Serial de Carrocería: LZCCA20A38A005398. Serial del motor: DA4G18-6L77A5789. Clase: Camioneta. Tipo: SPORT WAGON. Uso: Particular. Placas: JAV94T, en consecuencia este Tribunal a los fines de decidir sobre la entrega, hace las siguientes consideraciones:

Efectivamente el artículo 311 y 312 del Código Orgánico Procesal Penal, señalan lo siguiente:

... El Ministerio Público devolverá lo antes posible los objetos recogidos o que se incautaron y que no son imprescindibles para la investigación. No obstante, en caso de retardo injustificado del Ministerio Público, las partes o los terceros interesados podrán acudir ante el juez de control solicitando su devolución...

Artículo 312:

Cuestiones incidentales. Las reclamaciones o tercerías que las partes o terceros entablen durante el proceso con el fin de obtener la restitución de objetos recogidos o que se incautaron se tramitarán ante el juez de control, conforme a las normas previstas por el Código de Procedimiento Civil para las incidencias.

El tribunal devolverá los objetos, salvo que estime indispensable su conservación.

Lo anterior no se extenderá a las cosas hurtadas, robadas o estafadas, las cuales se entregarán al propietario en cualquier estado del proceso, una vez comprobada su condición por cualquier medio y previo avalúo”

Que en principio los artículos 311 y 312 del adjetivo penal, no señalan de manera taxativa la fijación de una audiencia especial a los fines de decidir sobre le entrega del vehiculo, mas sin embargo la misma seria procedente cuando existan dos o mas personas que se adjudiquen la propiedad del bien reclamado, de allí que lo procedente y ajustado a derecho en el presente asunto es pasar de seguida a pronunciarse en cuanto a lo solicitado. Y así se decide.

El 07 de Diciembre de 2010, le es retenido el vehiculo Marca: ZOTYE; Modelo: CAMIONETA NOMAD 4X2 1600CC MT. Año: 2008. Colores: A.C.. Serial de Carrocería: LZCCA20A38A005398. Serial del motor: DA4G18-6L77A5789. Clase: Camioneta. Tipo: SPORT WAGON. Uso: Particular. Placas: JAV94T, al ciudadano Y.B.M.G., titular de la cedula de identidad N° 14.538.265, por parte de funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas Sub Delegación “A” San Fernando, Estado Apure, cuanto en el interior de dicho vehiculo fue colectada cierta cantidad de sustancias estupefacientes y psicotrópicas

Que en fecha 10-12-2010, tiene lugar la Audiencia de Presentación del ciudadano Y.B.M.G., titular de la cedula de identidad N° 14.538.265, (Conjuntamente con cuatro personas mas) oportunidad en la cual este Tribunal acordó a favor del mismo la nulidad de la actuaciones conforme a lo establecido en el articulo 250, 251 del Código Orgánico Procesal Penal, decreto la Privación Judicial Preventiva de Libertad, y acordó la incautación preventiva del vehiculo antes citado.

Que en fecha 21-11-2011, el Ministerio Público presenta acto conclusivo de acusación en contra de los ciudadanos A.J. MONTOYA, JORGE ELIECERR MONTOYA, R.A.N., YHONNY B.M. Y L.A.J., por la presunta comisión de los delitos de Trafico Ilícito De Sustancias Estupefacientes en La Modalidad De Transporte y Asociación Para Delinquir, previstos y sancionados en el encabezamiento del articulo 149 de la Ley Orgánica de Drogas y articulo 6 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, fijándose como primera oportunidad para que tenga lugar la Audiencia Preliminar el día 14-02-2011.

Que en fecha 14-02-2011, tiene lugar la Audiencia ya mencionada, en la cual a solicitud del Ministerio Público se acordó con lugar el Sobreseimiento de la causa a favor de los ciudadanos JORGE ELIECERR MONTOYA, R.A.N., YHONNY B.M. Y L.A.J., conforme a lo establecido en el articulo 318 ordinal 1° del Código Orgánico Procesal Penal, concediéndose la libertad de los mismos desde esta misma sala de audiencias; oportunidad en la cual la ciudadana C.E.G.M., titular de la cedula de identidad N° 4.345.684, solicito la entrega del vehiculo por acreditarse la misma la propiedad, consignado documentación original con copias simples las cuales fueron certificadas y devueltos sus originales.

En fecha 07-12-2010, fue practicada experticia de reconocimiento al vehiculo Marca: ZOTYE; Modelo: CAMIONETA NOMAD 4X2 1600CC MT. Año: 2008. Colores: A.C.. Serial de Carrocería: LZCCA20A38A005398. Serial del motor: DA4G18-6L77A5789. Clase: Camioneta. Tipo: SPORT WAGON. Uso: Particular. Placas: JAV94T, por parte de los funcionarios A.J.A., adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas Sub Delegación “A” San Fernando, Estado Apure, en la cual se deja constancia en sus conclusiones de lo siguiente:

1. - La chapa identificativa contentiva del serial de carrocería numero LZCCA20A38A005398, ubicada en la parte superior izquierda del tablero de instrumentos, se encuentra en su estado ORIGINAL.

2. - el serial de carrocería numero LZCCA20A28A005398, ubicado del lado izquierdo de la pared del corta fuego se encuentra en su estado ORIGINAL.

3. - el serial del motor numero DA4G186L77A5789, se encuentra en su estado ORIGINAL.

4. - Al consultar en el Sistema de Investigación e Información Policial (SIIPOL) se constato que el vehiculo, no se encuentra solicitado.

   Que la solicitante ciudadana GONZALEZ MAESTRACCI C.E., consigno al momento de la celebración de la Audiencia Preliminar, constante de seis (06) folios útiles de documentación en la cual se evidencia que a misma es la propietaria del vehiculo objeto del presente dictamen, como son Cuadro de Garantía Administrativa expedida por LACAD 21; Factura N° 0000007128; Certificado de Origen N° AX004641, de fecha 02-09-08, asi como el Certificado de Registro de Vehiculo a nombre igualmente de dicha ciudadana.

   Al respecto el Tribunal Supremo de Justicia en sentencia No. 3198 de fecha 25 de octubre de 2005, con ponencia de la Dra. L.E.M.L., entre otras estableció que: cansare escribírtelo y decírtelo

   "…No obstante, esta Sala en decisión N° 1.412 del 30 de junio de 2005, -ratificada por sentencia N° 2.862 del 29 de septiembre de 2005-, señaló lo siguiente: Las anteriores consideraciones, a juicio de la Sala, son de innegable valor a los fines de la interpretación que deben hacer el Ministerio Público y el juez penal, de las normas que disciplinan la entrega o devolución de vehículos recuperados, consagradas en la Ley especial -sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores- y en el Código Orgánico Procesal Penal. En efecto, en materia de devolución de objetos incautados en el curso de una investigación, el señalado texto adjetivo penal establece dos normas al respecto: los artículos 311 y 312. El artículo 311 obliga al Ministerio Público a devolver, lo antes posible, los objetos recogidos o que se incautaron y que no son imprescindibles para la investigación. No obstante, en caso de retraso injustificado del Ministerio Público, las partes o los terceros interesados podrán acudir ante el juez de control solicitando su devolución, sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa y disciplinaria en que pueda incurrir el fiscal si la demora le es imputable. El artículo 312 regula el procedimiento relativo a las reclamaciones o tercerías que las partes o terceros entablen durante el proceso con el fin de obtener la restitución de dichos objetos, el cual se tramitará ante el juez de control, conforme a las normas previstas por el Código de Procedimiento Civil para las incidencias. Por su parte, el artículo 10 de la Ley sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, establece la entrega de los vehículos objeto de los delitos de robo o hurto, por parte del juez de control o del Ministerio Público, a quienes acrediten ser sus propietarios. En caso de que varias personas reclamen el vehículo, el Ministerio Público con fundamento en los artículos 108.12 y 312 del Código Orgánico Procesal Penal, solicitará al juez de control la fijación de una audiencia, en la cual se decidirá a quien devolver el vehículo cuya entrega se solicitó. Ahora bien, de lo contenido en los artículos precedentemente señalados, se observa que si bien el legislador –en aras de la protección del derecho de propiedad- fue inflexible en el referido procedimiento de entrega, ya que debe estar comprobada, sin que medie duda alguna, la titularidad del derecho de propiedad que posea un ciudadano sobre el objeto recuperado que se reclama en el proceso penal, para que pueda ordenarse su entrega; no obstante, a juicio de la Sala, tanto el Ministerio Público como el juez de control deben ser lo suficientemente diligentes en ordenar la práctica de todos los dictámenes periciales que sean necesarios, según las características de cada caso en concreto, a los fines de establecer la identificación, en este caso, del vehículo objeto del delito, el cual pudo haber sido sometido a una alteración, incorporación, desincorporación, remoción, suplantación o devastación de los seriales que lo individualizan, o presenten irregularidades en la documentación. En casos como estos, en que pueda resultar imposible determinar la propiedad del vehículo, ya que los seriales u otras identificaciones en el motor, en la carrocería o en otro sector del vehículo, no pueden ser cotejados con datos de los legítimos documentos de propiedad, o tal cotejo funcione sólo parcialmente, impidiendo una plena prueba, el juez que conoce la reclamación o la tercería debe aplicar como principio general el postulado del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, postulado general del derecho, el cual sostiene que en igualdad de circunstancias, provenientes de la imposibilidad del cotejo entre los datos identificatorios que aún quedan en el vehículo –si es que existen- y los que reproducen los documentos presentados por quienes pretenden la propiedad sobre el mismo, favorecerán la condición del poseedor, lo que se ve apuntalado por el artículo 775 del Código Civil, el cual reza: “En igualdad de circunstancias es mejor la condición del que posee”, y el 794 eiusdem, que señala: “Respecto de los bienes por su naturaleza y de los títulos al portador, la posesión produce, a favor de los terceros de buena fe, el mismo efecto que el título (…)”.

   Por otra parte, es importante resaltar el comentario que con respecto al artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal tiene el respetado autor cubano E.P.S. en su obra “Comentarios al Código Orgánico Procesal Penal”, el cual es del tenor siguiente:

   “esta norma está encaminada a disminuir el número de piezas de convicción en poder de los tribunales. El procedimiento para estas devoluciones debe ser sumario y sencillo, debiendo el Ministerio Público entregar los objetos a que se refiere este artículo a quienes demuestren prima facie ser los propietarios o poseedores legítimos de los mismos. Esto es particularmente necesario en los casos de vehículos automotores, los cuales deben ser devueltos a aquellos que exhiban la documentación expedida por las autoridades administrativas de tránsito o que puedan probar sus derechos por cualquier medio lícito y valorable conforme a las reglas del criterio racional. En estos casos, como en todos, los jueces están obligados a proteger el principio “possesio vaux titre”, consagrado en el artículo 794 del Código Civil. De ahí que aún en aquellos casos donde se evidencie adulteración de seriales en los vehículos u otros signos que pudieran hacer presumir la existencia de delito, los jueces vienen obligados a proteger al poseedor de buena fe”.

   En este orden de ideas, y corroborando lo anterior, el Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de la Sala Constitucional de fecha 13-08-01, estableció expresamente lo siguiente:

   Ahora bien observa esta Sala que, en atención a lo dispuesto en el artículo 319 (ahora 311) del Código Orgánico Procesal Penal, el Ministerio Público debe devolver los objetos recogidos o que se incautaron y que no son indispensables para la investigación, a quienes habiendo acudido ante el Juez de Control a solicitar su devolución demuestren prima facie ser propietarios o poseedores legítimos de los mismos. En los casos de vehículos automotores resulta obligatoria su devolución a quienes exhiban la documentación expedida por las Autoridades Administrativas de Tránsito o que puedan probar su derecho por cualquier medio lícito y valorable conforme a las reglas del criterio racional. Por ello, considera esta Sala, que acreditada sin que medie duda alguna, la titularidad del derecho de propiedad que posea un ciudadano sobre el objeto que se reclama en el proceso penal, el Juez deberá ordenar la entrega del vehículo correspondiente

   .

   Que tomando en consideración lo plasmado en el artículo 115 Constitucional consagra el derecho a la propiedad, la cual contempla:

   Se garantiza el derecho a la propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad esta sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Solo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes

   .

   Por lo que a la luz de nuestro texto Constitucional se reconoce el derecho de propiedad privada que se confiere y se protege, ciertamente, como un haz de facultades individuales sobre las cosas, pero también como un conjunto de deberes y obligaciones establecidos, de acuerdo con las leyes en atención a valores o intereses de la colectividad, es decir, a la finalidad o utilidad social que cada categoría de bienes objeto de dominio esté llamada a cumplir. Esta noción integral de derecho de propiedad es la que esta recogida en nuestra Constitución, por lo que los actos, actuaciones u omisiones denunciados como lesivos del mismo, serán aquellos que comporten un desconocimiento de la propiedad como hecho social, a quien se puede asimilar situaciones que anulen sin que preexista ley alguna que lo autorice.

   Así mismo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado ANTONIO J. GARCÍA GARCIA, en sentencia de fecha 06 de julio de 2001, dejo sentado el siguiente criterio:

   ...Es conveniente señalar que todo régimen de Publicidad Registral en principio, es inaplicable a los bienes muebles corporales, en virtud de que la posesión de buena fe vale título, pero sin embargo, el legislador ha previsto en algunos casos que determinados bienes muebles deban cumplir con ese régimen de publicidad, dada la necesidad de dotar de certeza ciertos negocios jurídicos y de hacer posible a los terceros el conocimiento del contenido de los esos negocios, en particular aquellos que condicionan la transferencia del dominio y la constitución de garantías y derechos ilimitados...entre esos bienes muebles corporales sujetos al régimen de publicidad registrar encontramos los vehículos automotores..

   Igual la Sentencia del 13 de Febrero de 2003, estableció:

   Debe estar comprobada, sin que medie duda alguna, la titularidad del derecho de propiedad que posea un ciudadano sobre el objeto que se reclama en el proceso penal, para que pueda ordenarse su entrega, lo que debe ser analizado, tanto por el Ministerio Público, en caso en que la solicitud sea hecha ante ese ente, o por los Tribunales Penales...

   Por ultimo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 477, de fecha 15 de Marzo de 2007, expediente: 06-1756, con ponencia del Magistrado Francisco Carrasquero, dejo sentado el siguiente criterio:

   …No procede la entrega del vehículo cuando el mismo no pueda ser plenamente identificado, al no encontrase acreditada ni la individualización del objeto reclamado ni la titularidad del derecho invocado por el solicitante…

   En el presente caso, el Fiscal del Ministerio Publico, como titular de la acción, ya ha emitido el acto conclusivo correspondiente, y en audiencia preliminar solicito a favor del ciudadano Y.B.M.G., titular de la cedula de identidad N° 14.538.265, quien era el conductor del vehiculo ya citado, el Sobreseimiento de la causa, conforme a lo establecido en el articulo 318 ordinal 1° del Código Orgánico Procesal Penal, y así fue decretado en esa misma fecha por este Tribunal.

   Que el ciudadano A.J.M.P., fue condenado a cumplir la pena de Quince (15) años de prisión, por ser único autor y responsable de los delitos de Trafico Ilícito De Sustancias Estupefacientes en La Modalidad De Transporte y Asociación Para Delinquir, previstos y sancionados en el encabezamiento del articulo 149 de la Ley Orgánica de Drogas y articulo 6 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.

   En este orden de ideas, considera este jurisdicente traer a colación lo señalado en el artículo 186 de la Ley Orgánica de Drogas establece lo siguiente:

   Devolución de bienes:

   El Tribunal de control a los efectos de decidir sobre la devolución de los bienes referidos en el artículo anterior deberá tomar en consideraron que:

1. El interesado acredite debidamente la propiedad sobre el bien objeto del procedimiento de decomiso.

2. El interesado no tenga ningún tipo de participación en los hechos objetos del proceso penal.

3. El interesado no adquirió el bien o algún derecho sobre este, en circunstancias que razonablemente lleven a concluir que los derechos fueron transferidos para evadir una posible incautación preventiva, confiscación o decomiso.

4. El interesado haya hecho todo lo razonable para impedir el uso de los bienes de manera ilegal.

5. Cualquier otra motiva que a criterio del tribunal y de conformidad, con las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, se estimen relevantes a tales fines.

   Ahora bien en consideración a todo lo antes expuesto y en consonancia con las jurisprudencias antes citadas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, aunado al hecho que el referido vehículo no se encuentra solicitado, la solicitante ha demostrado ser el propietario del bien reclamado, tal como se evidencia del Certificado de Registro de Vehiculo que la misma consigno en audiencia preliminar, aunado al hecho de que la ciudadana C.E.G.M., titular de la cedula de identidad N° 4.345.684, no tuvo ningún tipo de participación en los hechos investigados, y que el vehiculo previamente identificado era conducido por el ciudadano YHONNY B.M.G., quien prestaba servicios de taxi por ser afiliado a la Cooperativa de Taxis H.P.A.O 792 con sede en la ciudad de San Fernando, Estado Apure, es por lo que quien aquí decide, considera procedente Declarar: CON LUGAR, el pedimento de la entrega del vehículo Marca: ZOTYE; Modelo: CAMIONETA NOMAD 4X2 1600CC MT. Año: 2008. Colores: A.C.. Serial de Carrocería: LZCCA20A38A005398. Serial del motor: DA4G18-6L77A5789. Clase: Camioneta. Tipo: SPORT WAGON. Uso: Particular. Placas: JAV94T, en plena propiedad, a la ciudadana C.E.G.M., titular de la cedula de identidad N° 4.345.684, por haber demostrado la misma ser la propietaria del referido bien, aunado al hecho de haber sido decretado el Sobreseimiento de la causa, conforme a lo señalado en el articulo 318 ordinal 1° del Código Orgánico Procesal Penal, a favor del ciudadano YHONNY MARTINEZ, quien para la época de los hechos conducía el referido vehiculo. Y así se decide.

   DECISIÓN

   Por todo lo antes expuesto, este Tribunal Primero de Primera Instancia, en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, con sede en la ciudad de San Fernando, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo previsto en el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal, y 186 de la Ley Orgánica de Drogas, resuelve:

   UNICO: DECLARA CON LUGAR la solicitud de la entrega del vehículo, Marca: ZOTYE; Modelo: CAMIONETA NOMAD 4X2 1600CC MT. Año: 2008. Colores: A.C.. Serial de Carrocería: LZCCA20A38A005398. Serial del motor: DA4G18-6L77A5789. Clase: Camioneta. Tipo: SPORT WAGON. Uso: Particular. Placas: JAV94T, en plena propiedad, a la ciudadana C.E.G.M., titular de la cedula de identidad N° 4.345.684, por haber demostrado la misma ser la propietaria del referido bien, aunado al hecho de haber sido decretado el Sobreseimiento de la causa, conforme a lo señalado en el articulo 318 ordinal 1° del Código Orgánico Procesal Penal, a favor del ciudadano YHONNY MARTINEZ, quien para la época de los hechos conducía el referido vehiculo.

   Dada sellada y firmada en la sala de Audiencias del Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de San Fernando, Estado Apure, a los diecisiete (17) días del mes de Febrero del Dos Mil Once (2011)

   JUEZ PRIMERO DE CONTROL.

   ABG. E.M.B. LIMA.

   LA SECRETARIA.

   ABG. N.L.D.M..

   Seguidamente se dio cumplimiento a lo ordenado en el auto que antecede.

   LA SECRETARIA.

   ABG. N.L.D.M..

   Causa: 1C-13740-10.

   Fiscalia: 04-F15-0244-10

   EMBL.-