Decisión nº 54.280 de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de Carabobo (Extensión Valencia), de 23 de Octubre de 2012

En fecha 26 de septiembre del presente año, presentan escritos los Abogados H.A.S. y O.E.R.O. actuando en su carácter de apoderados judiciales de la empresa GRUPO SOUTO, C.A., ALMACENES FRIGORIFICOS DEL CENTRO, C.A. (ALFRIO C.A.), BENEFICIADORA DE AVES BARQUISIMETO C.A., y el abogado F.A.P.A., en su carácter de apoderado judicial del ciudadano A.C.S., partes demandada formularon oposiciones a las pruebas promovidas por la parte demandante, presentando tres escritos de oposiciones en los cuales alegan lo siguiente:

En el escrito de oposición a las pruebas promovidas por la parte accionante presentado por la empresa GRUPO SOUTO, C.A., alegan sus apoderados judiciales lo siguiente:

…2 DE LA OPOSICIÓN A LA ADMISIÓN DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDANTE POR SER IMPERTINENTES E ILEGALES. 2.1. DE LOS INSTRUMENTOS PRIVADOS Nos oponemos a la admisión de un pretendido mérito favorable de autos que invoca la parte actora, pues se desconoce de qué se trata dicho “mérito” ya que la parte actora se limita a consignar algunos documentos que acompañó con su demanda, los cuales no fueron impugnados por esta representación, pero resultan insuficientes para conocer cuál es su mérito. Asimismo, rechazamos que de dicho “mérito favorable” de autos se desprenda “un contrato mercantil”, pues no hay en los autos prueba alguna de la inexistente y rechazada presunta relación contractual con nuestra representada. Impugnamos todos los instrumentos consignados en copia simple con el escrito de promoción de pruebas.

Ciudadano Juez, debo señalar de manera expresa, que la parte actora, en la consignación de las cartas ORIGINALES, que no fueron desconocidas en la contestación de la demanda por mi representada y no siendo controvertida su existencia, aprovecha para establecer nuevos argumentos que no fueron señalados en su escrito libelar y, adicionalmente a ello, sacar conclusiones de su contenido que son rechazados por manifiestamente infundados, tratando de confundir al tribunal con nuevos argumentos, sobre su interpretación y alcance. Ahora, si las cartas están en original, con su libelo y pruebas, nos preguntamos: que exhibición pretende promover.

La actora pretende que las documentales señaladas ORIGINALES e identificadas en su escrito de pruebas sean exhibidas. Para solicitar la exhibición de documentos que se encuentren en poder de la contraparte, el promovente de la misma debe acompañar una copia del documento o –en defecto de ésta- señalar los datos que conozca sobre el contenido del mismo, además de lo cual debe aportar un medio de prueba que permita formar la convicción de que tal documento se halla en poder del adversario. Insisto, ¿qué quieren que le exhiban?

Ahora bien, no señala la parte actora quién debe exhibirlas, si nuestra representada, las otras empresas codemandadas o el otro codemandado, lo que genera un menoscabo en capacidad de defensa de nuestra representada, ya que pudiera acarrear consecuencia procesales distintas e independientes a cada parte, que posea la instrumental o a cual pide expresamente la exhibición. No se trata de determina el sitio, lo cual ha establecido claramente la jurisprudencia no necesita ser indicado, pero si es una carga del medio probatorio indicar de manera expresa a quien se solicita la exhibición, resultando que la ambigüedad en la promoción, extendiéndola a cualquiera de los co-demandados, implica una violación al derecho a la defensa. Acordar tal prueba de exhibición, con la vaguedad con la cual fue promovida, dejaría en cabeza del tribunal la escogencia de los instrumentos y la determinación de a quien o a quienes intimar para llevar a cabo la misma. Por ello, rechazamos y nos oponemos en nombre de nuestra representada a la admisión de la prueba de exhibición, por la indeterminación y el desconocimiento que se hace de ellos, siendo manifiestamente ilegal e impertinente.

Con relación a las documentales señaladas con los literales f: emitida por la ciudadana C.M., la impugnamos por ilegal y nos oponemos a su admisión, en virtud que es una prueba emanada de la propia parte actora y vulnera así el principio de alteridad de la prueba, esto es, la actora pretende hacer valer una prueba creada por ella misma sin el control probatorio de esta representación. (…) y el literal g: presuntamente emitida por el sindicato de trabajadores de Grupo Souto, la rechazamos e impugnamos y nos oponemos a su admisión por haber sido promovida de forma irregular e ilegal. Esto es, al tratarse de un instrumento emanado de un tercero, el mismo debió ser traído al proceso a través de la ratificación del tercero. Ergo, no puede ser opuesto a nuestro representado, por lo que resulta manifiesta la ilegalidad del medio probatorio.

En todo caso, por cuanto de todas ellas no se evidencia “un medio de prueba que constituya por lo menos presunción grave de que el instrumento se halla o se ha hallado en poder de su adversario” como lo exige el artículo 436 del Código de Procedimiento Civil, es decir, cuál de los codemandado la tiene, por lo que resulta manifiestamente ilegal la exhibición de las documentales señaladas y así pedimos al tribunal lo declara.

2.2 DE LA IMPUGNACIÓN HECHA POR MI REPRESENTADA Ciudadano Juez, en la contestación de la demanda expresamente impugnamos las documentales porque principalmente se trataban de documentales emanadas de un tercero ajeno a esta causa: (…) Con relación a la ratificación documental de los documentos señalados en su escrito de pruebas, nos oponemos a su admisión por extemporánea, esto es, tratándose en esencia de un documento emanado de un tercero, el mismo debió ser identificado como tal al momento en que fue consignado con el libelo de la demanda. Siendo que, en ese mismo momento debió ofrecerse su ratificación, ya que en esta oportunidad resulta ilegal, tomando en cuenta la naturaleza de dicha prueba y así pedimos lo declare el tribunal.

Sin embargo debemos advertir ciudadano juez, que los denominados “balance de comprobación”, “balance general”, “estado de ganancias y pérdidas”, tales documentos no cumplen con la Ley de la Contaduría Pública, la Normativa en relación al Ejercicio de la Función del Contador Público Independiente, ni cumplen con la Normativa de la Federación Nacional de Colegios de Contadores Públicos. No existe en dichos instrumentos información avalada con las técnicas correspondientes, no realizó auditorias ni revisó los estados financieros del fondo de comercio –tercero en la causa- lo cual hacen que carezcan de valor probatorio y sean manifiestamente ilegales. Adicionalmente, pretender corregir cualquier clase de engañifa, por el error cometido por la parte actora al no darse cuenta que estaba consignando instrumentos distintos para hacerlo valer en un juicio, de una empresa asociada que no forma parte de la relación sustancial procesal, hace conjeturar que la prueba pretenda ser utilizada con fines distintos, procurando corregir imposturas procesales evidenciadas en este proceso, las cuales lamentablemente no puede ser salvadas en esta etapa del procedimiento, dejando a un lado las responsabilidades, si así fuere, de la profesional de la contaduría. Adicionalmente, en los balances que refieren a la firma personal, establece claramente que “el propósito de éste informe, es solamente para el propietario de la firma personal: Inversiones Clagregor y no deberá ser utilizado por otros quienes no tuvieron conocimientos de los procedimientos aplicados y no asumieron la responsabilidad por la suficiencia de los mismos.”

Ahora bien, pretende la parte demandante traer a juicio a la Lic. Anabel Páez de León, venezolana mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 7.062.814, Contador Público, inscrita en el Colegio Público de Contadores del Estado Carabobo N° 27.259, a los fines de dar su reconocimiento al contenido y a la firma de los instrumentos –que no cumplen la normativa contable aceptada en nuestro país- que fueron impugnados por esta representación en la contestación, de conformidad con lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, y aproveche la oportunidad para que “corrija el error involuntario de transcripción de las siglas C.A. en los documentos señalados, siendo esta empresa, un fondo de comercio.” (SIC) Huelgan comentarios.

3 DE LA PRUEBA DE INSPECCIÓN JUDICIAL (…) Promueve la parte actora la prueba de inspección judicial de conformidad con lo previsto en el artículo 472 del Código de Procedimiento Civil para “demostrar” la autenticidad de los instrumentos insertos a los folios 105 al 123, ambos inclusive, relativo a presuntos cálculos de ingresos brutos de INVERSIONES CLAGREGROR, C.A., realizados por la Lic. Anabel Páez de León, que no cumplen con la Ley de la Contaduría Pública, la Normativa en relación al Ejercicio de la Función del Contador Público Independiente, ni cumplen con la Normativa de la Federación Nacional de Colegios de Contadores Públicos sobre el visado. No existe en dichos instrumentos –de un tercero ajeno a la causa insistimos- información avalada con las técnicas correspondientes. Pide igualmente, sin especificar cual relación es la consignada en el tribunal –indeterminación- los montos autorizados por las demandadas a estos trabajadores- ¿en cuales empresas y cuales trabajadores?- para la adquisición de productos. Listado general de personas no identificadas como trabajadores, emanado de la EMPRESA CLAGREGOR C.A., que no es parte en este juicio. Es de señalar, que la planta ubicada en Bejuma, Sector La Mona, es una (1) de las cuatro (4) plantas que tiene el Grupo Souto, C.A.

De manera irregular señala la actora, cualquier otro particular al momento de la inspección, lo cual ha sido tradicionalmente negado por la jurisprudencia patria. Con relación a esta prueba, nos oponemos a su admisión por su manifiesta ilegalidad e impertinencia. En efecto, a través de la prueba de inspección judicial no puede traerse al proceso hechos que serían acreditados a través de otros medios probatorios conducentes, vista la naturaleza técnica de la prueba. (…) Adicionalmente, procura la actora como soporte a su solicitud de inspección, las documentales que fueron impugnadas por emanar de un tercero ajeno a esta causa como lo es la empresa mercantil INVERSIONES CLAGREGROR, C.A. De manera que, pretender traer a los autos hechos que en rigor de verdad deben ser acreditados a través de otros medios probatorios (regularmente promovidos), resulta ilegal e impertinente. Así solicitamos respetuosamente al tribunal lo declare.

4 DE LA IMPERTINENCIA DE LOS MEDIOS DE PRUEBA PROMOVIDOS COMO EXHIBICIÓN E INFORMES Excúseme ciudadano Juez, pero ante la promoción, me permito señalar que por prueba se entiende, según algunos autores, el medio a través del cual las partes llevan a convicción del juez, la veracidad o falsedad de los hechos y alegatos realizados por ellos durante el proceso. En efecto, atendiendo a tal definición, la prueba viene a constituirse en el elemento primordial o fundamental del proceso, pues sin ella, las partes no podrán demostrar o sustentar sus correspondientes alegatos y defensas.

Ahora bien, resulta ciertamente transcendental en materia probatoria, la relación que debe existir entre los hechos alegados y los medios que evidencien la veracidad o falsedad de tales hechos, es decir, la pertinencia de las pruebas, circunstancia que impone que las pruebas promovidas y aportadas por las parte al proceso, deban guardar relación con el hecho que pretenden probar y con los términos en los cuales quedó trabada la litis, ya que de lo contrario, ante la evidente falta de relación entre las pruebas promovidas por las partes y los hechos por ella alegados, el juez al momento de decidir sobre su admisión o no, deberá declarar que son inadmisibles, debido a que no puede llevar a ninguna convicción una prueba que no guarda relación con los hechos planteados en el proceso, ni con los términos en los cuales quedo trabada la controversia.

4.1. DE LA “EXHIBICIÓN” DOCUMENTAL La parte demandante promueve la prueba de exhibición documental de una serie de documentos relativos a documentos inscritos en el Registro Mercantil, tales como Libro de Accionistas, Libro de Asambleas (promovidos como G1 A G13), que consigna con el objeto de demostrar normativa del Código de Comercio (¡?), así como de otro instrumento poder que pretende relacionar con un presunto vicio en su otorgamiento (marcado 1) así como de un acta de defunción (marcada 2), proponiendo luego una “tacha incidental”, haciendo lo que parece ser una suerte de denuncia (sin saberse por qué viene al caso) y finalmente solicitar al Tribunal oficie al “ciudadano Registrador del circuito antes señalado, para que informe de la procedencia de los actos realizados por las demandadas”.

En primer lugar, sorprende a esta representación el grado de ilogicidad de los planteamientos de esta “promoción”, pues ni jurídica ni naturalmente encuentran sentido. La pertinencia de la exhibición, cuando no haya otro medio de prueba para traer las instrumentales al proceso, evidencia la impertinencia de la prueba. Siendo documentos que están en oficinas públicas, debió traerlos al expediente en copias certificadas o solicitar al registro correspondiente la prueba de informes.

En segundo lugar, en caso de que pueda desprenderse algún sentido favorable a la promoción de un medio de prueba, se trata de hechos que no guardan relación con la causa que se ventila ante esta respetada autoridad; se trata de una “suerte” de denuncia, quien sabe con qué intención, pero que en todo caso no tiene ninguna relevancia para éste proceso, por ser un argumento anodino y totalmente fuera de los hechos objeto del proceso.

En tercer lugar, la actora una TACHA INCIDENTAL de un documento poder – presentado por ella misma- otorgado por un tercero ajeno a la causa, ciudadano R.G.S., que señala haber sido consignado en copia certificada, pero que aparece a los autos en copia simple, la cual impugno en este acto y que ella misma ofrece, lo que sin lugar a dudas es, además de paradójico e ilegal, improcedente, pues mi representada no lo ha presentado. Ahora, si la parte actora quiere tachar dicho instrumento, por tener un interés ajeno o distinto a esta causa, tiene abierta las vías ordinarias, evidenciando dicho accionar incidental, una conducta procesal censurable. Refiere el artículo 441 del Código de Procedimiento Civil: “Si en el segundo caso del artículo precedente, quien presente el instrumento manifestare que insiste en hacerlo valer, seguirá adelante la incidencia de tacha…”. Ahora bien, a quien ordenará Ud. Ciudadano juez, contestar ésta tacha (¿?), lo que hace de pleno derecho inadmisible la tacha incidental propuesta.

En cuarto lugar, a pasar que promueve esta serie de “intenciones probatorias” con el nombre de pruebas de “exhibición” al final del escrito solicita informes al Registrador, con lo cual es evidente que la promovente no sabe cuál medio de prueba está promoviendo y en todo caso una promoción como la precedente es no solo ilegal e impertinente sino además irregular. O es exhibición o informes (¿¡). (…)

En consecuencia, por cuanto la prueba y curiosamente los alegatos que la sostienen, la hacen manifiestamente impertinente a este juicio, ya que en el libelo de la demanda no se reseñaron los hechos a los que alude en su escrito de promoción la parte actora, con la mayor consideración y respecto, deben verificarse preliminarmente la relación o necesaria vinculación de las pruebas con los hechos que pretenden probarse con su obtención, y en caso de evidenciar esa falta de concordancia entre los hechos alegados y los medios probatorios, a través de la manifiesta impertinencia, debe declararse inadmisible la prueba de exhibición-informe promovida.

4.2 DE LA PRUEBA DE INFORMES Resulta igualmente manifiestamente impertinente la solicitud de información al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), para que informe sobre la obtención de divisas por parte de nuestra representadas y/o la suscripción de acciones por empresas extranjeras. Nuevamente, sorprende a esta representación que se traigan a los autos hechos con tal grado de impertinencia, que ninguna –pero ninguna-, relación guardan con el thema probandum.

Por lo tanto, insistimos en la manifiesta impertinencia de la prueba de informes al SENIAT, y agregamos que es un elemento indiciario que evidencia la falta de razón de la parte actora, quien debate, ella sola, cuestiones que no vienen al caso.

Resultan igualmente manifiestamente impertinentes la solicitud de información a la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX) para que informe sobre el cumplimiento de la normativa requerida para el ingreso de inversiones extranjeras y salida de capital venezolano al extranjero, y la clasificación dada a las empresas extranjeras. Una vez más, sorprende a esta representación que se traigan a los autos hechos con tal grado de impertinencia, que ninguna, pero ninguna, relación guardan con el thema probandum.

Por tanto, insistimos en la manifiesta impertinencia de la prueba de informes al Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX), y agregamos que esto es un elemento indiciario que evidencia la falta de razón de la parte actora, quien debate, ella sola, cuestiones que no vienen al caso.

Resultan igualmente manifiestamente impertinentes la solicitud de información a la Contraloría General de la República, y su motivación denota cierto sesgo de la demandante, pues ninguna relación guarda la solicitud allí formulada con los hechos que se pretende probar en este proceso. La ciudadana C.C.M.D.A. e INVERSIONES CLAGREGOR, que en caso afirmativo sólo haría a nuestra representada sujeto de la aplicación de la ley, no son entes públicos amparados por la Ley de la Contraloría, por lo que resulta manifiestamente impertinente, la solicitud de informe.

Por todo lo antes señalado, pedimos respetuosamente se declare la impertinencia de la prueba de informes promovida en este juicio. Rogando al tribunal, muy respetuosamente, exhorte a la parte actora para que acuda ante los organismos correspondientes del Estado y haga las denuncias que estime pertinentes, no utilizando los órganos de la Administración de Justicia y el proceso con fines ignominiosos distintos a los establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código de Procedimiento Civil.

5 DE LA C.E.S. Solicita la parte actora de conformidad con lo previsto en el artículo 370.5 del Código de Procedimiento Civil, intervención forzada de la empresa APP HOLDING INC, ACON HOLDING INC y MOMAR LIMITED. Tal solicitud de intervención resulta extemporánea, pues una vez que culmina el lapso de contestación a la demanda, precluye la oportunidad para hacer citas o llamamientos de terceros al proceso. Así lo establece claramente el artículo 364 del Código de Procedimiento Civil: (…)

De manera que resulta a todas luces extemporáneo el llamado o c.e.s. que pretende hacer la parte actora. Además, no acompañó medio de prueba para fundamentar su llamado de los terceros. Por lo tanto, solicitamos respetuosamente se declare improcedente la cita o intervención forzosa de los terceros…

.

En el escrito oposición a las pruebas de la parte actora presentado por la empresa ALMACENES FRIGORIFICOS DEL CENTRO C.A., (ALFRIO C.A.), alegan sus apoderados judiciales:

…2 DE LA OPOSICIÓN A LA ADMISIÓN DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDANTE POR SER IMPERTINENTES E ILEGALES. 2.1. DE LOS INSTRUMENTOS PRIVADOS Nos oponemos a la admisión de un pretendido mérito favorable de autos que invoca la parte actora, pues se desconoce de qué se trata dicho “mérito” ya que la parte actora se limita a consignar algunos documentos que acompañó con su demanda, los cuales no fueron impugnados por esta representación, pero resultan insuficientes para conocer cuál es su mérito. Asimismo, rechazamos que de dicho “mérito favorable” de autos se desprenda “un contrato mercantil”, pues no hay en los autos prueba alguna de la inexistente y rechazada presunta relación contractual con nuestra representada. Impugnamos todos los instrumentos consignados en copia simple con el escrito de promoción de pruebas.

Ciudadano Juez, debo señalar de manera expresa, que la parte actora, en la consignación de las cartas ORIGINALES, que no fueron desconocidas en la contestación de la demanda por mi representada y no siendo controvertida su existencia, aprovecha para establecer nuevos argumentos que no fueron señalados en su escrito libelar y, adicionalmente a ello, sacar conclusiones de su contenido que son rechazados por manifiestamente infundados, tratando de confundir al tribunal con nuevos argumentos, sobre su interpretación y alcance. Ahora, si las cartas están en original, con su libelo y pruebas, nos preguntamos: que exhibición pretende promover.

La actora pretende que las documentales señaladas ORIGINALES e identificadas en su escrito de pruebas sean exhibidas. Para solicitar la exhibición de documentos que se encuentren en poder de la contraparte, el promovente de la misma debe acompañar una copia del documento o –en defecto de ésta- señalar los datos que conozca sobre el contenido del mismo, además de lo cual debe aportar un medio de prueba que permita formar la convicción de que tal documento se halla en poder del adversario. Insisto, ¿qué quieren que le exhiban?

Ahora bien, no señala la parte actora quién debe exhibirlas, si nuestra representada, las otras empresas codemandadas o el otro codemandado, lo que genera un menoscabo en capacidad de defensa de nuestra representada, ya que pudiera acarrear consecuencia procesales distintas e independientes a cada parte, que posea la instrumental o a cual pide expresamente la exhibición. No se trata de determina el sitio, lo cual ha establecido claramente la jurisprudencia no necesita ser indicado, pero si es una carga del medio probatorio indicar de manera expresa a quien se solicita la exhibición, resultando que la ambigüedad en la promoción, extendiéndola a cualquiera de los co-demandados, implica una violación al derecho a la defensa. Acordar tal prueba de exhibición, con la vaguedad con la cual fue promovida, dejaría en cabeza del tribunal la escogencia de los instrumentos y la determinación de a quien o a quienes intimar para llevar a cabo la misma. Por ello, rechazamos y nos oponemos en nombre de nuestra representada a la admisión de la prueba de exhibición, por la indeterminación y el desconocimiento que se hace de ellos, siendo manifiestamente ilegal e impertinente.

Con relación a las documentales señaladas con los literales f: emitida por la ciudadana C.M., la impugnamos por ilegal y nos oponemos a su admisión, en virtud que es una prueba emanada de la propia parte actora y vulnera así el principio de alteridad de la prueba, esto es, la actora pretende hacer valer una prueba creada por ella misma sin el control probatorio de esta representación. (…) y el literal g: presuntamente emitida por el sindicato de trabajadores de Grupo Souto, la rechazamos e impugnamos y nos oponemos a su admisión por haber sido promovida de forma irregular e ilegal. Esto es, al tratarse de un instrumento emanado de un tercero, el mismo debió ser traído al proceso a través de la ratificación del tercero. Ergo, no puede ser opuesto a nuestro representado, por lo que resulta manifiesta la ilegalidad del medio probatorio.

En todo caso, por cuanto de todas ellas no se evidencia “un medio de prueba que constituya por lo menos presunción grave de que el instrumento se halla o se ha hallado en poder de su adversario” como lo exige el artículo 436 del Código de Procedimiento Civil, es decir, cuál de los codemandado la tiene, por lo que resulta manifiestamente ilegal la exhibición de las documentales señaladas y así pedimos al tribunal lo declara.

2.2 DE LA IMPUGNACIÓN HECHA POR MI REPRESENTADA Ciudadano Juez, en la contestación de la demanda expresamente impugnamos las documentales porque principalmente se trataban de documentales emanadas de un tercero ajeno a esta causa: (…) Con relación a la ratificación documental de los documentos señalados en su escrito de pruebas, nos oponemos a su admisión por extemporánea, esto es, tratándose en esencia de un documento emanado de un tercero, el mismo debió ser identificado como tal al momento en que fue consignado con el libelo de la demanda. Siendo que, en ese mismo momento debió ofrecerse su ratificación, ya que en esta oportunidad resulta ilegal, tomando en cuenta la naturaleza de dicha prueba y así pedimos lo declare el tribunal.

Sin embargo debemos advertir ciudadano juez, que los denominados “balance de comprobación”, “balance general”, “estado de ganancias y pérdidas”, tales documentos no cumplen con la Ley de la Contaduría Pública, la Normativa en relación al Ejercicio de la Función del Contador Público Independiente, ni cumplen con la Normativa de la Federación Nacional de Colegios de Contadores Públicos. No existe en dichos instrumentos información avalada con las técnicas correspondientes, no realizó auditorias ni revisó los estados financieros del fondo de comercio –tercero en la causa- lo cual hacen que carezcan de valor probatorio y sean manifiestamente ilegales. Adicionalmente, pretender corregir cualquier clase de engañifa, por el error cometido por la parte actora al no darse cuenta que estaba consignando instrumentos distintos para hacerlo valer en un juicio, de una empresa asociada que no forma parte de la relación sustancial procesal, hace conjeturar que la prueba pretenda ser utilizada con fines distintos, procurando corregir imposturas procesales evidenciadas en este proceso, las cuales lamentablemente no puede ser salvadas en esta etapa del procedimiento, dejando a un lado las responsabilidades, si así fuere, de la profesional de la contaduría. Adicionalmente, en los balances que refieren a la firma personal, establece claramente que “el propósito de éste informe, es solamente para el propietario de la firma personal: Inversiones Clagregor y no deberá ser utilizado por otros quienes no tuvieron conocimientos de los procedimientos aplicados y no asumieron la responsabilidad por la suficiencia de los mismos.”

Ahora bien, pretende la parte demandante traer a juicio a la Lic. Anabel Páez de León, venezolana mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 7.062.814, Contador Público, inscrita en el Colegio Público de Contadores del Estado Carabobo N° 27.259, a los fines de dar su reconocimiento al contenido y a la firma de los instrumentos –que no cumplen la normativa contable aceptada en nuestro país- que fueron impugnados por esta representación en la contestación, de conformidad con lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, y aproveche la oportunidad para que “corrija el error involuntario de transcripción de las siglas C.A. en los documentos señalados, siendo esta empresa, un fondo de comercio.” (SIC) Huelgan comentarios.

3DE LA PRUEBA DE INSPECCIÓN JUDICIAL (…) Promueve la parte actora la prueba de inspección judicial de conformidad con lo previsto en el artículo 472 del Código de Procedimiento Civil para “demostrar” la autenticidad de los instrumentos insertos a los folios 105 al 123, ambos inclusive, relativo a presuntos cálculos de ingresos brutos de INVERSIONES CLAGREGROR, C.A., realizados por la Lic. Anabel Páez de León, que no cumplen con la Ley de la Contaduría Pública, la Normativa en relación al Ejercicio de la Función del Contador Público Independiente, ni cumplen con la Normativa de la Federación Nacional de Colegios de Contadores Públicos sobre el visado. No existe en dichos instrumentos –de un tercero ajeno a la causa insistimos- información avalada con las técnicas correspondientes. Pide igualmente, sin especificar cual relación es la consignada en el tribunal –indeterminación- los montos autorizados por las demandadas a estos trabajadores- ¿en cuales empresas y cuales trabajadores?- para la adquisición de productos. Listado general de personas no identificadas como trabajadores, emanado de la EMPRESA CLAGREGOR C.A., que no es parte en este juicio.

Ciudadano juez, nuestra representada es una persona jurídica distinta a la que funciona en Valencia, Sector La Mona, con domicilios distintos, por lo que desconocemos y nos oponemos a la ilegal e impertinente inspección en nombre de nuestra representada.

De manera irregular señala la actora, cualquier otro particular al momento de la inspección, lo cual ha sido tradicionalmente negado por la jurisprudencia patria. Con relación a esta prueba, nos oponemos a su admisión por su manifiesta ilegalidad e impertinencia. En efecto, a través de la prueba de inspección judicial no puede traerse al proceso hechos que serían acreditados a través de otros medios probatorios conducentes, vista la naturaleza técnica de la prueba. (…) Adicionalmente, procura la actora como soporte a su solicitud de inspección, las documentales que fueron impugnadas por amanar de un tercero ajeno a esta causa como lo es la empresa mercantil INVERSIONES CLAGREGROR, C.A. De manera que, pretender traer a los autos hechos que en rigor de verdad deben ser acreditados a través de otros medios probatorios (regularmente promovidos), resulta ilegal e impertinente. Así solicitamos respetuosamente al tribunal lo declare.

4 DE LA IMPERTINENCIA DE LOS MEDIOS DE PRUEBA PROMOVIDOS COMO EXHIBICIÓN E INFORMES Excúseme ciudadano Juez, pero ante la promoción, me permito señalar que por prueba se entiende, según algunos autores, el medio a través del cual las partes llevan a convicción del juez, la veracidad o falsedad de los hechos y alegatos realizados por ellos durante el proceso. En efecto, atendiendo a tal definición, la prueba viene a constituirse en el elemento primordial o fundamental del proceso, pues sin ella, las partes no podrán demostrar o sustentar sus correspondientes alegatos y defensas.

Ahora bien, resulta ciertamente transcendental en materia probatoria, la relación que debe existir entre los hechos alegados y los medios que evidencien la veracidad o falsedad de tales hechos, es decir, la pertinencia de las pruebas, circunstancia que impone que las pruebas promovidas y aportadas por las parte al proceso, deban guardar relación con el hecho que pretenden probar y con los términos en los cuales quedó trabada la litis, ya que de lo contrario, ante la evidente falta de relación entre las pruebas promovidas por las partes y los hechos por ella alegados, el juez al momento de decidir sobre su admisión o no, deberá declarar que son inadmisibles, debido a que no puede llevar a ninguna convicción una prueba que no guarda relación con los hechos planteados en el proceso, ni con los términos en los cuales quedo trabada la controversia.

4.1. DE LA “EXHIBICIÓN” DOCUMENTAL La parte demandante promueve la prueba de exhibición documental de una serie de documentos relativos a documentos inscritos en el Registro Mercantil, tales como Libro de Accionistas, Libro de Asambleas (promovidos como G1 A G13), que consigna con el objeto de demostrar normativa del Código de Comercio (¡?), así como de otro instrumento poder que pretende relacionar con un presunto vicio en su otorgamiento (marcado 1) así como de un acta de defunción (marcada 2), proponiendo luego una “tacha incidental”, haciendo lo que parece ser una suerte de denuncia (sin saberse por qué viene al caso) y finalmente solicitar al Tribunal oficie al “ciudadano Registrador del circuito antes señalado, para que informe de la procedencia de los actos realizados por las demandadas”.

En primer lugar, sorprende a esta representación el grado de ilogicidad de los planteamientos de esta “promoción”, pues ni jurídica ni naturalmente encuentran sentido. La pertinencia de la exhibición, cuando no haya otro medio de prueba para traer las instrumentales al proceso, evidencia la impertinencia de la prueba. Siendo documentos que están en oficinas públicas, debió traerlos al expediente en copias certificadas o solicitar al registro correspondiente la prueba de informes.

En segundo lugar, en caso de que pueda desprenderse algún sentido favorable a la promoción de un medio de prueba, se trata de hechos que no guardan relación con la causa que se ventila ante esta respetada autoridad; se trata de una “suerte” de denuncia, quien sabe con qué intención, pero que en todo caso no tiene ninguna relevancia para éste proceso, por ser un argumento anodino y totalmente fuera de los hechos objeto del proceso.

En tercer lugar, la actora una TACHA INCIDENTAL de un documento poder – presentado por ella misma- otorgado por un tercero ajeno a la causa, ciudadano R.G.S., que señala haber sido consignado en copia certificada, pero que aparece a los autos en copia simple, la cual impugno en este acto y que ella misma ofrece, lo que sin lugar a dudas es, además de paradójico e ilegal, improcedente, pues mi representada no lo ha presentado. Ahora, si la parte actora quiere tachar dicho instrumento, por tener un interés ajeno o distinto a esta causa, tiene abierta las vías ordinarias, evidenciando dicho accionar incidental, una conducta procesal censurable. Refiere el artículo 441 del Código de Procedimiento Civil: “Si en el segundo caso del artículo precedente, quien presente el instrumento manifestare que insiste en hacerlo valer, seguirá adelante la incidencia de tacha…”. Ahora bien, a quien ordenará Ud. Ciudadano juez, contestar ésta tacha (¿?), lo que hace de pleno derecho inadmisible la tacha incidental propuesta.

En cuarto lugar, a pasar que promueve esta serie de “intenciones probatorias” con el nombre de pruebas de “exhibición” al final del escrito solicita informes al Registrador, con lo cual es evidente que la promovente no sabe cuál medio de prueba está promoviendo y en todo caso una promoción como la precedente es no solo ilegal e impertinente sino además irregular. O es exhibición o informes (¿¡). (…)

En consecuencia, por cuanto la prueba y curiosamente los alegatos que la sostienen, la hacen manifiestamente impertinente a este juicio, ya que en el libelo de la demanda no se reseñaron los hechos a los que alude en su escrito de promoción la parte actora, con la mayor consideración y respecto, deben verificarse preliminarmente la relación o necesaria vinculación de las pruebas con los hechos que pretenden probarse con su obtención, y en caso de evidenciar esa falta de concordancia entre los hechos alegados y los medios probatorios, a través de la manifiesta impertinencia, debe declararse inadmisible la prueba de exhibición-informe promovida.

4.2 DE LA PRUEBA DE INFORMES Resulta igualmente manifiestamente impertinente la solicitud de información al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), para que informe sobre la obtención de divisas por parte de nuestra representadas y/o la suscripción de acciones por empresas extranjeras. Nuevamente, sorprende a esta representación que se traigan a los autos hechos con tal grado de impertinencia, que ninguna –pero ninguna-, relación guardan con el thema probandum.

Por lo tanto, insistimos en la manifiesta impertinencia de la prueba de informes al SENIAT, y agregamos que es un elemento indiciario que evidencia la falta de razón de la parte actora, quien debate, ella sola, cuestiones que no vienen al caso.

Resultan igualmente manifiestamente impertinentes la solicitud de información a la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX) para que informe sobre el cumplimiento de la normativa requerida para el ingreso de inversiones extranjeras y salida de capital venezolano al extranjero, y la clasificación dada a las empresas extranjeras. Una vez más, sorprende a esta representación que se traigan a los autos hechos con tal grado de impertinencia, que ninguna, pero ninguna, relación guardan con el thema probandum.

Por tanto, insistimos en la manifiesta impertinencia de la prueba de informes al Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX), y agregamos que esto es un elemento indiciario que evidencia la falta de razón de la parte actora, quien debate, ella sola, cuestiones que no vienen al caso.

Resultan igualmente manifiestamente impertinentes la solicitud de información a la Contraloría General de la República, y su motivación denota cierto sesgo de la demandante, pues ninguna relación guarda la solicitud allí formulada con los hechos que se pretende probar en este proceso. La ciudadana C.C.M.D.A. e INVERSIONES CLAGREGOR, no son entes públicos amparados por la Ley de la Contraloría, que en caso afirmativo sólo haría a nuestra representada sujeto de la aplicación de la ley, por lo que resulta manifiestamente impertinente, la solicitud de informe.

Por todo lo antes señalado, pedimos respetuosamente se declare la impertinencia de la prueba de informes promovida en este juicio. Rogando al tribunal, muy respetuosamente, exhorte a la parte actora para que acuda ante los organismos correspondientes del Estado y haga las denuncias que estime pertinentes, no utilizando los órganos de la Administración de Justicia y el proceso con fines ignominiosos distintos a los establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código de Procedimiento Civil.

5 DE LA C.E.S. Solicita la parte actora de conformidad con lo previsto en el artículo 370.5 del Código de Procedimiento Civil, intervención forzada de la empresa APP HOLDING INC, ACON HOLDING INC y MOMAR LIMITED. Tal solicitud de intervención resulta extemporánea, pues una vez que culmina el lapso de contestación a la demanda, precluye la oportunidad para hacer citas o llamamientos de terceros al proceso. Así lo establece claramente el artículo 364 del Código de Procedimiento Civil: (…)

De manera que resulta a todas luces extemporáneo el llamado o c.e.s. que pretende hacer la parte actora. Además, no acompañó medio de prueba para fundamentar su llamado de los terceros. Por lo tanto, solicitamos respetuosamente se declare improcedente la cita o intervención forzosa de los terceros….

.

En el escrito de oposición a las pruebas promovidas por la parte actora la empresa BENEFICIADORA DE AVES BARQUISIMETO C.A., alega mediante sus apoderados judiciales:

…2 DE LA OPOSICIÓN A LA ADMISIÓN DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDANTE POR SER IMPERTINENTES E ILEGALES. 2.1. DE LOS INSTRUMENTOS PRIVADOS Nos oponemos a la admisión de un pretendido mérito favorable de autos que invoca la parte actora, pues se desconoce de qué se trata dicho “mérito” ya que la parte actora se limita a consignar algunos documentos que acompañó con su demanda, los cuales no fueron impugnados por esta representación, pero resultan insuficientes para conocer cuál es su mérito. Asimismo, rechazamos que de dicho “mérito favorable” de autos se desprenda “un contrato mercantil”, pues no hay en los autos prueba alguna de la inexistente y rechazada presunta relación contractual con nuestra representada. Impugnamos todos los instrumentos consignados en copia simple con el escrito de promoción de pruebas.

Ciudadano Juez, debo señalar de manera expresa, que la parte actora, en la consignación de las cartas ORIGINALES, que no fueron desconocidas en la contestación de la demanda por mi representada y no siendo controvertida su existencia, aprovecha para establecer nuevos argumentos que no fueron señalados en su escrito libelar y, adicionalmente a ello, sacar conclusiones de su contenido que son rechazados por manifiestamente infundados, tratando de confundir al tribunal con nuevos argumentos, sobre su interpretación y alcance. Ahora, si las cartas están en original, con su libelo y pruebas, nos preguntamos: que exhibición pretende promover.

La actora pretende que las documentales señaladas ORIGINALES e identificadas en su escrito de pruebas sean exhibidas. Para solicitar la exhibición de documentos que se encuentren en poder de la contraparte, el promovente de la misma debe acompañar una copia del documento o –en defecto de ésta- señalar los datos que conozca sobre el contenido del mismo, además de lo cual debe aportar un medio de prueba que permita formar la convicción de que tal documento se halla en poder del adversario. Insisto, ¿qué quieren que le exhiban?

Ahora bien, no señala la parte actora quién debe exhibirlas, si nuestra representada, las otras empresas codemandadas o el otro codemandado, lo que genera un menoscabo en capacidad de defensa de nuestra representada, ya que pudiera acarrear consecuencia procesales distintas e independientes a cada parte, que posea la instrumental o a cual pide expresamente la exhibición. No se trata de determina el sitio, lo cual ha establecido claramente la jurisprudencia no necesita ser indicado, pero si es una carga del medio probatorio indicar de manera expresa a quien se solicita la exhibición, resultando que la ambigüedad en la promoción, extendiéndola a cualquiera de los co-demandados, implica una violación al derecho a la defensa. Acordar tal prueba de exhibición, con la vaguedad con la cual fue promovida, dejaría en cabeza del tribunal la escogencia de los instrumentos y la determinación de a quien o a quienes intimar para llevar a cabo la misma. Por ello, rechazamos y nos oponemos en nombre de nuestra representada a la admisión de la prueba de exhibición, por la indeterminación y el desconocimiento que se hace de ellos, siendo manifiestamente ilegal e impertinente.

Con relación a las documentales señaladas con los literales f: emitida por la ciudadana C.M., la impugnamos por ilegal y nos oponemos a su admisión, en virtud que es una prueba emanada de la propia parte actora y vulnera así el principio de alteridad de la prueba, esto es, la actora pretende hacer valer una prueba creada por ella misma sin el control probatorio de esta representación. (…) y el literal g: presuntamente emitida por el sindicato de trabajadores de Grupo Souto, la rechazamos e impugnamos y nos oponemos a su admisión por haber sido promovida de forma irregular e ilegal. Esto es, al tratarse de un instrumento emanado de un tercero, el mismo debió ser traído al proceso a través de la ratificación del tercero. Ergo, no puede ser opuesto a nuestro representado, por lo que resulta manifiesta la ilegalidad del medio probatorio.

En todo caso, por cuanto de todas ellas no se evidencia “un medio de prueba que constituya por lo menos presunción grave de que el instrumento se halla o se ha hallado en poder de su adversario” como lo exige el artículo 436 del Código de Procedimiento Civil, es decir, cuál de los codemandado la tiene, por lo que resulta manifiestamente ilegal la exhibición de las documentales señaladas y así pedimos al tribunal lo declara.

2.2 DE LA IMPUGNACIÓN HECHA POR MI REPRESENTADA Ciudadano Juez, en la contestación de la demanda expresamente impugnamos las documentales porque principalmente se trataban de documentales emanadas de un tercero ajeno a esta causa: (…) Con relación a la ratificación documental de los documentos señalados en su escrito de pruebas, nos oponemos a su admisión por extemporánea, esto es, tratándose en esencia de un documento emanado de un tercero, el mismo debió ser identificado como tal al momento en que fue consignado con el libelo de la demanda. Siendo que, en ese mismo momento debió ofrecerse su ratificación, ya que en esta oportunidad resulta ilegal, tomando en cuenta la naturaleza de dicha prueba y así pedimos lo declare el tribunal.

Sin embargo debemos advertir ciudadano juez, que los denominados “balance de comprobación”, “balance general”, “estado de ganancias y pérdidas”, tales documentos no cumplen con la Ley de la Contaduría Pública, la Normativa en relación al Ejercicio de la Función del Contador Público Independiente, ni cumplen con la Normativa de la Federación Nacional de Colegios de Contadores Públicos. No existe en dichos instrumentos información avalada con las técnicas correspondientes, no realizó auditorias ni revisó los estados financieros del fondo de comercio –tercero en la causa- lo cual hacen que carezcan de valor probatorio y sean manifiestamente ilegales. Adicionalmente, pretender corregir cualquier clase de engañifa, por el error cometido por la parte actora al no darse cuenta que estaba consignando instrumentos distintos para hacerlo valer en un juicio, de una empresa asociada que no forma parte de la relación sustancial procesal, hace conjeturar que la prueba pretenda ser utilizada con fines distintos, procurando corregir imposturas procesales evidenciadas en este proceso, las cuales lamentablemente no puede ser salvadas en esta etapa del procedimiento, dejando a un lado las responsabilidades, si así fuere, de la profesional de la contaduría. Adicionalmente, en los balances que refieren a la firma personal, establece claramente que “el propósito de éste informe, es solamente para el propietario de la firma personal: Inversiones Clagregor y no deberá ser utilizado por otros quienes no tuvieron conocimientos de los procedimientos aplicados y no asumieron la responsabilidad por la suficiencia de los mismos.”

Ahora bien, pretende la parte demandante traer a juicio a la Lic. Anabel Páez de León, venezolana mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 7.062.814, Contador Público, inscrita en el Colegio Público de Contadores del Estado Carabobo N° 27.259, a los fines de dar su reconocimiento al contenido y a la firma de los instrumentos –que no cumplen la normativa contable aceptada en nuestro país- que fueron impugnados por esta representación en la contestación, de conformidad con lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, y aproveche la oportunidad para que “corrija el error involuntario de transcripción de las siglas C.A. en los documentos señalados, siendo esta empresa, un fondo de comercio.” (SIC) Huelgan comentarios.

3DE LA PRUEBA DE INSPECCIÓN JUDICIAL (…) Promueve la parte actora la prueba de inspección judicial de conformidad con lo previsto en el artículo 472 del Código de Procedimiento Civil para “demostrar” la autenticidad de los instrumentos insertos a los folios 105 al 123, ambos inclusive, relativo a presuntos cálculos de ingresos brutos de INVERSIONES CLAGREGROR, C.A., realizados por la Lic. Anabel Páez de León, que no cumplen con la Ley de la Contaduría Pública, la Normativa en relación al Ejercicio de la Función del Contador Público Independiente, ni cumplen con la Normativa de la Federación Nacional de Colegios de Contadores Públicos sobre el visado. No existe en dichos instrumentos –de un tercero ajeno a la causa insistimos- información avalada con las técnicas correspondientes. Pide igualmente, sin especificar cual relación es la consignada en el tribunal –indeterminación- los montos autorizados por las demandadas a estos trabajadores- ¿en cuales empresas y cuales trabajadores?- para la adquisición de productos. Listado general de personas no identificadas como trabajadores, emanado de la EMPRESA CLAGREGOR C.A., que no es parte en este juicio.

Ciudadano juez, nuestra representada es una persona jurídica distinta a la que funciona en Valencia, Sector La Mona, con domicilios distintos, por lo que desconocemos y nos oponemos a la ilegal e impertinente inspección en nombre de nuestra representada.

De manera irregular señala la actora, cualquier otro particular al momento de la inspección, lo cual ha sido tradicionalmente negado por la jurisprudencia patria. Con relación a esta prueba, nos oponemos a su admisión por su manifiesta ilegalidad e impertinencia. En efecto, a través de la prueba de inspección judicial no puede traerse al proceso hechos que serían acreditados a través de otros medios probatorios conducentes, vista la naturaleza técnica de la prueba. (…) Adicionalmente, procura la actora como soporte a su solicitud de inspección, las documentales que fueron impugnadas por amanar de un tercero ajeno a esta causa como lo es la empresa mercantil INVERSIONES CLAGREGROR, C.A. De manera que, pretender traer a los autos hechos que en rigor de verdad deben ser acreditados a través de otros medios probatorios (regularmente promovidos), resulta ilegal e impertinente. Así solicitamos respetuosamente al tribunal lo declare.

4 DE LA IMPERTINENCIA DE LOS MEDIOS DE PRUEBA PROMOVIDOS COMO EXHIBICIÓN E INFORMES Excúseme ciudadano Juez, pero ante la promoción, me permito señalar que por prueba se entiende, según algunos autores, el medio a través del cual las partes llevan a convicción del juez, la veracidad o falsedad de los hechos y alegatos realizados por ellos durante el proceso. En efecto, atendiendo a tal definición, la prueba viene a constituirse en el elemento primordial o fundamental del proceso, pues sin ella, las partes no podrán demostrar o sustentar sus correspondientes alegatos y defensas.

Ahora bien, resulta ciertamente transcendental en materia probatoria, la relación que debe existir entre los hechos alegados y los medios que evidencien la veracidad o falsedad de tales hechos, es decir, la pertinencia de las pruebas, circunstancia que impone que las pruebas promovidas y aportadas por las parte al proceso, deban guardar relación con el hecho que pretenden probar y con los términos en los cuales quedó trabada la litis, ya que de lo contrario, ante la evidente falta de relación entre las pruebas promovidas por las partes y los hechos por ella alegados, el juez al momento de decidir sobre su admisión o no, deberá declarar que son inadmisibles, debido a que no puede llevar a ninguna convicción una prueba que no guarda relación con los hechos planteados en el proceso, ni con los términos en los cuales quedo trabada la controversia.

4.1. DE LA “EXHIBICIÓN” DOCUMENTAL La parte demandante promueve la prueba de exhibición documental de una serie de documentos relativos a documentos inscritos en el Registro Mercantil, tales como Libro de Accionistas, Libro de Asambleas (promovidos como G1 A G13), que consigna con el objeto de demostrar normativa del Código de Comercio (¡?), así como de otro instrumento poder que pretende relacionar con un presunto vicio en su otorgamiento (marcado 1) así como de un acta de defunción (marcada 2), proponiendo luego una “tacha incidental”, haciendo lo que parece ser una suerte de denuncia (sin saberse por qué viene al caso) y finalmente solicitar al Tribunal oficie al “ciudadano Registrador del circuito antes señalado, para que informe de la procedencia de los actos realizados por las demandadas”.

En primer lugar, sorprende a esta representación el grado de ilogicidad de los planteamientos de esta “promoción”, pues ni jurídica ni naturalmente encuentran sentido. La pertinencia de la exhibición, cuando no haya otro medio de prueba para traer las instrumentales al proceso, evidencia la impertinencia de la prueba. Siendo documentos que están en oficinas públicas, debió traerlos al expediente en copias certificadas o solicitar al registro correspondiente la prueba de informes.

En segundo lugar, en caso de que pueda desprenderse algún sentido favorable a la promoción de un medio de prueba, se trata de hechos que no guardan relación con la causa que se ventila ante esta respetada autoridad; se trata de una “suerte” de denuncia, quien sabe con qué intención, pero que en todo caso no tiene ninguna relevancia para éste proceso, por ser un argumento anodino y totalmente fuera de los hechos objeto del proceso.

En tercer lugar, la actora una TACHA INCIDENTAL de un documento poder – presentado por ella misma- otorgado por un tercero ajeno a la causa, ciudadano R.G.S., que señala haber sido consignado en copia certificada, pero que aparece a los autos en copia simple, la cual impugno en este acto y que ella misma ofrece, lo que sin lugar a dudas es, además de paradójico e ilegal, improcedente, pues mi representada no lo ha presentado. Ahora, si la parte actora quiere tachar dicho instrumento, por tener un interés ajeno o distinto a esta causa, tiene abierta las vías ordinarias, evidenciando dicho accionar incidental, una conducta procesal censurable. Refiere el artículo 441 del Código de Procedimiento Civil: “Si en el segundo caso del artículo precedente, quien presente el instrumento manifestare que insiste en hacerlo valer, seguirá adelante la incidencia de tacha…”. Ahora bien, a quien ordenará Ud. Ciudadano juez, contestar ésta tacha (¿?), lo que hace de pleno derecho inadmisible la tacha incidental propuesta.

En cuarto lugar, a pasar que promueve esta serie de “intenciones probatorias” con el nombre de pruebas de “exhibición” al final del escrito solicita informes al Registrador, con lo cual es evidente que la promovente no sabe cuál medio de prueba está promoviendo y en todo caso una promoción como la precedente es no solo ilegal e impertinente sino además irregular. O es exhibición o informes (¿¡). (…)

En consecuencia, por cuanto la prueba y curiosamente los alegatos que la sostienen, la hacen manifiestamente impertinente a este juicio, ya que en el libelo de la demanda no se reseñaron los hechos a los que alude en su escrito de promoción la parte actora, con la mayor consideración y respecto, deben verificarse preliminarmente la relación o necesaria vinculación de las pruebas con los hechos que pretenden probarse con su obtención, y en caso de evidenciar esa falta de concordancia entre los hechos alegados y los medios probatorios, a través de la manifiesta impertinencia, debe declararse inadmisible la prueba de exhibición-informe promovida.

4.2 DE LA PRUEBA DE INFORMES Resulta igualmente manifiestamente impertinente la solicitud de información al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), para que informe sobre la obtención de divisas por parte de nuestra representadas y/o la suscripción de acciones por empresas extranjeras. Nuevamente, sorprende a esta representación que se traigan a los autos hechos con tal grado de impertinencia, que ninguna –pero ninguna-, relación guardan con el thema probandum.

Por lo tanto, insistimos en la manifiesta impertinencia de la prueba de informes al SENIAT, y agregamos que es un elemento indiciario que evidencia la falta de razón de la parte actora, quien debate, ella sola, cuestiones que no vienen al caso.

Resultan igualmente manifiestamente impertinentes la solicitud de información a la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX) para que informe sobre el cumplimiento de la normativa requerida para el ingreso de inversiones extranjeras y salida de capital venezolano al extranjero, y la clasificación dada a las empresas extranjeras. Una vez más, sorprende a esta representación que se traigan a los autos hechos con tal grado de impertinencia, que ninguna, pero ninguna, relación guardan con el thema probandum.

Por tanto, insistimos en la manifiesta impertinencia de la prueba de informes al Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX), y agregamos que esto es un elemento indiciario que evidencia la falta de razón de la parte actora, quien debate, ella sola, cuestiones que no vienen al caso.

Resultan igualmente manifiestamente impertinentes la solicitud de información a la Contraloría General de la República, y su motivación denota cierto sesgo de la demandante, pues ninguna relación guarda la solicitud allí formulada con los hechos que se pretende probar en este proceso. La ciudadana C.C.M.D.A. e INVERSIONES CLAGREGOR, no son entes públicos amparados por la Ley de la Contraloría, que en caso afirmativo sólo haría a nuestra representada sujeto de la aplicación de la ley, por lo que resulta manifiestamente impertinente, la solicitud de informe.

Por todo lo antes señalado, pedimos respetuosamente se declare la impertinencia de la prueba de informes promovida en este juicio. Rogando al tribunal, muy respetuosamente, exhorte a la parte actora para que acuda ante los organismos correspondientes del Estado y haga las denuncias que estime pertinentes, no utilizando los órganos de la Administración de Justicia y el proceso con fines ignominiosos distintos a los establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código de Procedimiento Civil.

5 DE LA C.E.S. Solicita la parte actora de conformidad con lo previsto en el artículo 370.5 del Código de Procedimiento Civil, intervención forzada de la empresa APP HOLDING INC, ACON HOLDING INC y MOMAR LIMITED. Tal solicitud de intervención resulta extemporánea, pues una vez que culmina el lapso de contestación a la demanda, precluye la oportunidad para hacer citas o llamamientos de terceros al proceso. Así lo establece claramente el artículo 364 del Código de Procedimiento Civil: (…)

De manera que resulta a todas luces extemporáneo el llamado o c.e.s. que pretende hacer la parte actora. Además, no acompañó medio de prueba para fundamentar su llamado de los terceros. Por lo tanto, solicitamos respetuosamente se declare improcedente la cita o intervención forzosa de los terceros….

Asimismo, en la misma fecha 26 de septiembre de 2012, el abogado F.A.P.A., inscrito en el instituto de previsión social del abogado bajo el Nro.119.839, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano N.A.C.S. presenta escrito de oposición a las pruebas promovidas por la parte demandante.

En el escrito de oposición a las pruebas de la parte actora alegan los apoderados judiciales del ciudadano N.A.C.S., lo siguiente:

2 DE LA OPOSICIÓN A LA ADMISIÓN DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDANTE POR SER IMPERTINENTES Y SUPERFLUAS. 2.1. DE LOS INSTRUMENTOS PRIVADOS Nos oponemos a la admisión de un pretendido mérito favorable de autos que invoca la parte actora, pues se desconoce de qué se trata dicho “mérito” ya que la parte actora se limita a consignar algunos documentos que acompañó con su demanda, los cuales no fueron impugnados por esta representación, pero resultan insuficientes para conocer cuál es su mérito. Asimismo, rechazamos que de dicho “mérito favorable” de autos se desprenda “un contrato mercantil”, pues no hay en los autos prueba alguna de la inexistente y rechazada presunta relación contractual con nuestra representada. Impugnamos todos los instrumentos consignados en copia simple con el escrito de promoción de pruebas.

Ciudadano Juez, debo señalar de manera expresa, que la parte actora, en la consignación de las cartas, que no fueron desconocidas en la contestación de la demanda por mi representada y no siendo controvertida su existencia, aprovecha para establecer nuevos argumentos que no fueron señalados en su escrito libelar y, adicionalmente a ello, sacar conclusiones de su contenido que son rechazados por manifiestamente infundados, tratando de confundir al tribunal con nuevos argumentos, sobre su interpretación y alcance.

La parte actora pretende que las documentales señaladas supra sean exhibida, ahora bien, no señala la parte actora quién debe exhibirlas, si nuestro representado, o las empresas codemandadas,, lo que genera un menoscabo en la capacidad de defensa de nuestro representado, ya que pudiera acarrear consecuencia procesales distintas e independientes a cada parte, que posea la instrumental o a cual pide expresamente la exhibición. No se trata de determina el sitio, lo cual ha establecido claramente la jurisprudencia no necesita ser indicado, pero si es una carga del medio probatorio indicar de manera expresa a quien se solicita la exhibición, resultando que la ambigüedad en la promoción, extendiéndola a cualquiera de los co-demandados, implica una violación al derecho a la defensa. Acordar tal prueba de exhibición, con la vaguedad con la cual fue promovida, dejaría en cabeza del tribunal la escogencia de los instrumentos y la determinación de a quien o a quienes intimar para llevar a cabo la misma. Por ello, rechazo y me opongo en nombre de mi representado a la admisión de la prueba de exhibición, por la indeterminación y el desconocimiento que se hace de ellos, siendo manifiestamente ilegal e impertinente.

Con relación a las documentales señaladas con los literales f: emitida por la ciudadana C.M., la impugnamos por ilegal y nos oponemos a su admisión, en virtud que es una prueba emanada de la propia parte actora y vulnera así el principio de alteridad de la prueba, esto es, la actora persigue hacer valer una prueba creada por ella misma sin el control probatorio de esta representación. (…) y la g: presuntamente emitida por el sindicato de trabajadores de Grupo Souto, promovida en la letra “g” de los documentos la rechazamos e impugnamos y nos oponemos a su admisión por haber sido promovida de forma irregular e ilegal. Esto es, al tratarse de un instrumento emanado de un tercero, el mismo debió ser traído al proceso a través de la ratificación del tercero. Ergo, no puede ser opuesto a nuestro representado, por lo que resulta manifiesta la ilegalidad del medio probatorio.

En todo caso, por cuanto de todas ellas no se evidencia “un medio de prueba que constituya por lo menos presunción grave de que el instrumento se halla o se ha hallado en poder de su adversario” como lo exige el artículo 436 del Código de Procedimiento Civil, es decir, específicamente cuál de los codemandado la tiene, por lo que resulta manifiestamente ilegal la exhibición de las documentales señaladas y así pedimos al tribunal lo declara.

2.2 DE LA IMPUGNACIÓN HECHA POR NUESTRO REPRESENTADO Ciudadano Juez, en la contestación de la demanda expresamente impugnamos las documentales porque principalmente se trataban de documentales emanadas de un tercero ajeno a esta causa: (…) Con relación a la ratificación documental de los documentos señalados en su escrito de pruebas, nos oponemos a su admisión por extemporánea, esto es, tratándose en esencia de un documento emanado de un tercero, el mismo debió ser identificado como tal al momento en que fue consignado con el libelo de la demanda. Siendo que, en ese mismo momento debió ofrecerse su ratificación, ya que en esta oportunidad resulta ilegal, tomando en cuenta la naturaleza de dicha prueba y así pedimos lo declare el tribunal.

Sin embargo debemos advertir ciudadano juez, que los denominados “balance de comprobación”, “balance general”, “estado de ganancias y pérdidas”, tales documentos no cumplen con la Ley de la Contaduría Pública, la Normativa en relación al Ejercicio de la Función del Contador Público Independiente, ni cumplen con la Normativa de la Federación Nacional de Colegios de Contadores Públicos. No existe en dichos instrumentos información avalada con las técnicas correspondientes, no realizó auditorias ni revisó los estados financieros del fondo de comercio –tercero- lo cual hacen que carezcan de valor probatorio y sean manifiestamente ilegales. Adicionalmente, procurar corregir cualquier clase de engañifa, por el error cometido por la parte actora al no darse cuenta que estaba consignando instrumentos distintos para hacerlo valer en un juicio, de una empresa asociada que no forma parte de la relación sustancial procesal, hace conjeturar que la prueba pretenda ser utilizada con fines distintos, procurando corregir imposturas procesales evidenciadas en este proceso, las cuales lamentablemente no puede ser salvadas en esta etapa del procedimiento, dejando a un lado las responsabilidades, si así fuere, de la profesional de la contaduría. Adicionalmente, en los balances que refieren a la firma personal, establece claramente que “el propósito de éste informe, es solamente para el propietario de la firma personal: Inversiones Clagregor y no deberá ser utilizado por otros quienes no tuvieron conocimientos de los procedimientos aplicados y no asumieron la responsabilidad por la suficiencia de los mismos.”

Ahora bien, aspira la parte demandante traer a juicio a la Lic. Anabel Páez de León, venezolana mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 7.062.814, Contador Público, inscrita en el Colegio Público de Contadores del Estado Carabobo N° 27.259, a los fines de dar su reconocimiento al contenido y a la firma de los instrumentos –que no cumplen la normativa contable aceptada en nuestro país- que fueron impugnados por esta representación en la contestación, de conformidad con lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, y aproveche la oportunidad para que “corrija el error involuntario de transcripción de las siglas C.A. en los documentos señalados, siendo esta empresa, un fondo de comercio.” (SIC) Huelgan comentarios.

Propone la actora una TACHA INCIDENTAL de un documento poder – presentado por ella misma- otorgado por un tercero ajeno a la causa, ciudadano R.G.S., que señala haber sido consignado en copia certificada, pero que aparece a los autos en copia simple, la cual impugno en este acto y que ella misma ofrece, lo que sin lugar a dudas es, además de paradójico e ilegal, improcedente, pues mi representada no lo ha presentado. Ahora, si la parte actora quiere tachar dicho instrumento, por tener un interés ajeno o distinto a esta causa, tiene abierta las vías ordinarias, evidenciando dicho accionar incidental, una conducta procesal censurable. Refiere el artículo 441 del Código de Procedimiento Civil: “Si en el segundo caso del artículo precedente, quien presente el instrumento manifestare que insiste en hacerlo valer, seguirá adelante la incidencia de tacha…”. Ahora bien, a quien ordenará Ud. Ciudadano juez, contestar ésta tacha (¿?), lo que hace de pleno derecho inadmisible la tacha incidental propuesta.

II

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR.

Siendo la oportunidad de decidir esta incidencia este Tribunal pasa hacerlo y al efecto observa:

En cuanto a la oposición de pruebas el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil establece:

…Dentro de los tres días siguientes al término de la promoción, cada parte deberá expresar si conviene en alguno o algunos de los hechos que trata de probar la contraparte, determinándolos con claridad, a fin de que el Juez pueda fijar con precisión los hechos en que estén de acuerdo, los cuales no serán objeto de prueba. Si alguna de las partes no llenare dicha formalidad en el término fijado, se considerarán contradichos los hechos. Puede también las partes, dentro del lapso mencionado, oponerse a la admisión de las pruebas de la contraparte que aparezcan manifiestamente ilegales o impertinentes…

.

De la norma trascrita se desprende que la inadmisibilidad de las pruebas debe ser cuando ellas resulten manifiestamente ilegales o impertinentes, es decir, que a criterio de quien suscribe debe existir una razón legal para su inadmisibilidad o que la prueba manifiestamente no guarde relación con la cuestión controvertida.

La Sala Político Administrativo estableció en sentencia de fecha 14 de noviembre de 2.000, Ponente Magistrado Dr. L.I.Z., estableció lo siguiente:

… la providencia o auto interlocutorio a través del cual el Juez se pronuncia sobre la admisión de las pruebas promovidas, es el resultado del juicio analítico efectuado por él respecto de las condiciones de admisibilidad que han de reunir las pruebas que fueran promovidas, es decir, de las reglas de admisión de los medios de pruebas contemplados en el C.P.C., atinentes ellas a las de su legalidad y las de su pertinencia; ello porque sólo será en la sentencia definitiva cuando el Juez de la causa pueda apreciar, al valorar la prueba y establecer los hechos, si su resultado incide o no en la decisión que ha de dictar respecto de la legalidad del acto impugnado. Sobre la base del referido principio de libertad de los medios de prueba, una vez analizada la prueba promovida, el Juez habrá de declarar la legalidad y pertinencia de la misma y en consecuencia habrá de admitirla, pues sólo cuando se trate de una prueba manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico, o cuando el hecho que se pretende probar con el medio respectivo no guarda relación alguna con el hecho debatido, podrá ser declarada como ilegal o impertinente, y por tanto inadmisible. (…) Luego, parece evidente que la regla es la admisión y que la negativa sólo puede acordarse en casos excepcionales y muy claros de ilegalidad e impertinencia, premisa que resulta aplicable a los procesos contencioso tributarios…

.- Sentencia, SPA, 14 de noviembre de 2.000, Ponente Magistrado Dr. L.I.Z., Fisco Nacional en recurso de Apelación, Exp. 16.332, S Nro.2189…”.

Establecido lo anterior este Tribunal hace la siguiente consideración; para determinar la inadmisibilidad de una prueba promovida, se debe verificar su ilegalidad o manifiesta impertinencia, lo cual se encuentra vinculado con la idoneidad de la prueba. En nuestro sistema adjetivo civil se admite la libertad de medios probatorios, ello implica que debe ponderarse la utilidad de la prueba, es decir, que no resulte inútil o repetitiva, y que su contenido se relacione con el hecho que se pretende probar, todo ello con el fin de evitar la utilización ineficaz de medios y tiempo, tanto de los funcionarios judiciales como de las partes en el proceso. Los medios que por su contenido, sean inidóneos o inconducentes (que no sean definitivos para el hecho o su calificación jurídica), deben inadmitirse, por inoficiosos o fútiles, lo cual constituye una especie de impertinencia, y esto no implica una usurpación de funciones ni una violación al debido proceso.

En razón de ello pasa este Juzgado a examinar las oposiciones planteadas y se aprecia lo siguiente: