Decisión nº PJ0292008000718 de Tribunal Segundo de Control de Yaracuy, de 25 de Julio de 2008
| Fecha de Resolución | 25 de Julio de 2008 |
| Emisor | Tribunal Segundo de Control |
| Ponente | María Ines Pérez Gutiño |
| Procedimiento | Procedimiento Ordinario |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Penal de Control de San Felipe
San Felipe, 25 de Julio de 2008
198º y 149º
ASUNTO PRINCIPAL : UP01-P-2008-002646
ASUNTO : UP01-P-2008-002646
Visto el escrito presentado por el Fiscal Auxiliar Segundo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy Abog. A.J.M.M., donde solicita Audiencia a los fines de presentar a los ciudadanos C.M.I.G., venezolano, titular de la cédula de identidad número: 14.964.196, natural de Nirgua Estado Yaracuy, soltero, mecánico, nacido el 22/05/1982, residenciado en el Crucito, calle principal Albarico, calle Páez, casa Nº 535, del Municipio San Felipe, Estado Yaracuy y J.C.P.T., venezolano, titular de la cédula de identidad número: 16.594.766, natural de Nirgua Estado Yaracuy, soltero, mecánico, nacido el 14/11/1984, residenciado en la manga Yumare, el rincón de la manga, del Municipio M.M., Estado Yaracuy y propondrá se califique como Flagrante la detención de los ciudadanos antes mencionados, se aplique el Procedimiento Ordinario y se decrete Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, por la comisión del delito de APROVECHAMIENTO DE VEHICULO PROVENIENTE DE HURTO, previsto en el Artículo 9 de la Ley sobre el Hurto y Robo de Vehículo Automotor.
Celebrada audiencia privada para oír a las partes previo el cumplimiento de las formalidades legales estando presentes el representante del Ministerio Público, el imputado y los Abogs. Á.R.O.G. y J.L.J.M..
La representación del Ministerio Público, ratifica la solicitud presentada, expone como ocurrieron los hechos que hoy nos ocupan y pide que no se decrete la detención como flagrante la detención ya que requiere realizar otras actuaciones, por lo que pide la aplicación del procedimiento ordinario y se decrete MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTDAD, por el delito de APROVECHAMIENTO DE VEHICULO PROVENIENTE DE HURTO, previsto en el Artículo 9 de la Ley sobre el Hurto y Robo de Vehículo Automotor.
Se le concedió la palabra a los imputados, luego de ser impuestos del precepto constitucional del Artículo 49 ordinal 5° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de las medidas alternativas a la prosecución del proceso, según lo indica el Artículo 131 del Código Orgánico Procesal Penal, quienes manifiestan su deseo de querer declarar y expone separadamente:
C.M.I.G., venezolano, titular de la cédula de identidad número: 14.964.196, natural de Nirgua Estado Yaracuy, soltero, mecánico, nacido el 22/05/1982, residenciado en el Crucito, calle principal Albarico, del Municipio San Felipe, Estado Yaracuy; y manifestó: “había un señor, yo no lo conozco, yo tengo una pequeña constructora, yo a veces bebo en yumare o en cualquier lugar, se me pone a la orden yo soy herrero, me dijo que el tenia un tallercito, se llama Juan, yo lo veía de vez en cuando, no le hice mucho caso, lo vi como dos veces, el me llama el día domingo, me dice que si le hago el favor para guardar el camión, yo llame a Cesar y le dije, nos pusimos de acuerdo, el señor nunca me dijo que el camión era robado, se hizo la broma, me dijo que iba a ir el lunes no fue, el día martes lo sacamos, no teníamos ni pista que era robado, el señor me llamo y yo le dije que lo viniera a buscar, en la noche y fue que nos intercepto la policía, es todo”.
J.C.P.T., venezolano, titular de la cédula de identidad número: 16.594.766, natural de Nirgua Estado Yaracuy, soltero, mecánico, nacido el 14/11/1984, residenciado en la manga Yumare, del Municipio M.M., Estado Yaracuy, y manifestó: “la broma fue que a mi me llamo Carlos, me dice que si puede guardar la camioneta de un pana, que la deje en la finca, allá es que no vive nadie le digo yo, yo estaba trabajando, dije voy a ver que es lo que hay allá, fui a dar una vuelta, veo el carro pegao, y las llaves del carro, yo le digo no hay que sacarla de aquí, fuimos y la halamos, yo ni pendiente si era robado, como la finca esa no vive nadie, la puse donde el vecino, nos fuimos, después me pasa buscando, me dijo me llamaron que buscara la llave, yo le dije no será tarde, me dice vamos a llevar esa broma, nos dio la cola pa allá, nos interceptaron, epa pero ese camión no era de allá, dijo que aquí esta el camión, que ese carro era robado, yo tengo un negocio, nunca he estado preso, ni en redadas me han agarrado. Es todo.
Seguidamente se le concedió la palabra a la Defensa quien expone en primer lugar al Abog. Á.R.O.G.: como punto previo quiero llamar la atención, en el sentido que en el presente proceso se ha vulnerado el debido proceso debido a que mi defendido fue detenido el día 22-07-2008 y hasta ahora han pasado mas de 62 horas, esto lo digo para que sea tomado en consideración. En principio, quiero refutar la calificación por cuanto del acta policial no se desprenden elementos de convicción donde se demuestre que mi patrocinado este incurso en el delito de aprovechamiento, ya que los mismo fueron detenidos en un vehiculo distinto al solicitado por la policía, igualmente causa mucha confusión el hecho que la tercera persona que iba no este presentado ante este tribunal, los elementos que aparecen como los bidones, la cadena, pertenecían al vehiculo donde ellos se trasladaron, se solicita la comparecencia de ese tercer sujeto. Tampoco se desprende del acta que el señor Julio le estaba dando la cola para el vehiculo, solo existe una declaración, los hechos narrados en el acta policial no pueden ser ratificados, el acta policial es un acto administrativo, no es prueba. Solicito entonces que decrete la L.P. por cuanto no hay elementos de convicción que determinen que este incurso, solicito el procedimiento ordinario, y en caso contrario le sea otorgada una medida cautelar de las contenidas en el Art. 256 del Copp. Es todo. Se dejó en uso de la palabra al Abog. J.L.J.M., quien manifestó: “Quisiera precisar unos elementos que nos lleven a llegar a la verdad, el fiscal solicita conforme al Art. 9 de la ley especial, quien teniendo conocimiento, ellos prestaron auxilio, inocentes del robo del vehiculo, el robo fue el domingo a las 7 de la noche, aquí consta una copia de acta de la asociación civil de transporte, donde estaban todos los socios incluyendo a mi representado, que evidencia su inocencia del hurto o robo de ese vehiculo, igualmente quería hacer del conocimiento que el consejo comunal de Yumare d.c.d. residencia y de conducta quien es intachable, consigna cuatro (04) folios, el iba a un auxilio de rescate de vehiculo, fue una circunstancias, haciendo un favor a un tercero, no existe responsabilidad, solicito la l.p. de J.C., es todo.”
Oídos los alegatos de las partes, este Tribunal para decidir, observa:
En relación a la forma como ocurrió la aprehensión, quien aquí juzga considera que en el presente caso no puede calificar como flagrante la detención del ciudadano, pues el mismo fue detenido en fecha 22 de julio de 2008 cuando aproximadamente a las 07:00 p.m. el ciudadano llamado S.A.A. informo que su vehículo se le había hurtado el domingo 20-07-2008, en horas de la noche y que se encontraba en situación de abandono en el Sector Cararapa, de inmediato se traslado una comisión en las unidades PBY-03 y PBY-53, al llegar al sitio y realizar varios recorridos de patrullaje observaron en un matorral un vehículo tipo camión introducido dentro de una maleza, en total abandono, procedieron a identificar el vehículo, Marca Ford, tipo 350, modelo Triton, año 2007, blanco, placas 57WBAN, siendo el mismo que había sido hurtado en fecha 20-07-2008, posteriormente observan un carro en actitud sospechosa a la cual se le dio la voz de alto y en el interior del vehículo se encontraban tres sujetos, dos recipientes llenos de combustible, un mecate y una cadena, en el momento del cacheo a uno de los sujetos se le encontró un swiche de vehículo con llavero ovalado con las siglas de Ford con tres llaves mas, donde se presume, venían a buscar el vehículo abandonado, optaron por probar la llave que se incauto resultando la misma del vehículo recuperado, lo que ocasionó la aprehensión de dso de os ciudadanos ya que el tercero solo los transportaba, por lo que la representación fiscal pide la aplicación del procedimiento ordinario para concluir su investigación, por cuanto requiere practicar actuaciones para presentar acto conclusivo y siendo que el pedimento de procedimiento ordinario es incongruente con la detención en flagrancia, por cuanto la flagrancia implica que estén dados todos los elementos del delito, que exista un imputado y elementos de la responsabilidad de aquel, es decir que la flagrancia será la constatación subjetiva del delito, se refiere a sorprender a una persona determinada en una situación delictual e identificarla en el lugar del hecho y en este caso el Ministerio Público necesita recabar elementos para poder emitir su acto conclusivo, entonces no podemos considerar la aplicación indistinta del procedimiento abreviado u ordinario en los casos de aprehensión por flagrancia, ya que la intención del legislador al otorgarle a la flagrancia un procedimiento especial, dispuesto así en los Artículos 249 y 372.1 del Código Orgánico Procesal Penal, es que la misma sea tramitada por un procedimiento abreviado sobre la base del principio de la celeridad y economía procesal, que suprima las fases preparatoria e intermedia del proceso penal que se deriva en ahorrar tiempo y esfuerzo en la administración de justicia, dada la evidencia de la comisión del delito y la imputabilidad en este caso.
En consecuencia aún cuando la detención pareciese que se produjo bajo supuesto previsto en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto los imputados fueron aprehendidos en posesión de un vehículo que aparece solicitado por el delito de hurto, haciendo uso de él, por cuanto lo tenían en su poder, debe el Ministerio Público determinar los elementos necesarios para presentar su acto conclusivo y por lo tanto así lo solicita, elementos que harán la configuración del tipo penal invocado y los elementos que determinen la culpabilidad del imputado en los hechos expuestos y así lo ha establecido el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional (07 de Mayo de 2003):
…no se concibe la aplicación del procedimiento abreviado como una opción por parte del fiscal, sin estimar previamente la veracidad de la flagrancia en un caso concreto, vale decir, ante un caso de flagrancia, el fiscal al valorar adecuadamente los hechos y tipificar la conducta procesal adecuada del imputado, deberá solicitar la aplicación del procedimiento abreviado, pero si en el caso concreto existen situaciones que podrían ser sospechosas de forjamiento o que desvirtúen la flagrancia alegada, el fiscal debe solicitar el procedimiento ordinario, a fin de salvaguardar los derechos procesales del imputado y averiguar mejor las conexiones del delito o la existencia de una posible conspiración o cualquier otra causa que necesite dilucidarse mejor. Por ello, si hay que verificar circunstancias fuera del hecho flagrante, la posibilidad de un procedimiento abreviado desaparece, ya no se puede tomar el hecho como un delito in fraganti, y es en ese momento cuando el fiscal solicita la aplicación del procedimiento ordinario, el cual será sometido a la calificación y autorización respectiva por el Juez de Control. Siendo ello así, no es viable que en la hipótesis de que el Fiscal solicite la flagrancia y ésta sea acordada, el Juez aplique el procedimiento ordinario, tal como lo plantea la sentencia accionada, ya que admitir lo contrario, sería convertir tan preciado Código en meros enunciados de carácter programático y dejar sin efecto sus disposiciones, ya que se seguiría el procedimiento ordinario para aquellos delitos que, justamente ha querido el legislador, sean de rápido trámite y juzgamiento. Por ello, al estimar los juzgados competentes que el hoy recurrente estaba cometiendo un delito flagrante al momento de ser aprehendido, debe aplicarse el procedimiento especial conforme lo dispone el artículo 372 numeral 1 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que la ley adjetiva es imperativa para el Ministerio Público de regirse por el procedimiento abreviado cuando se verifique la existencia del elemento flagrancia…
Subrayado nuestro.
Y más recientemente, con ocasión de un Recurso de Interpretación del Artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación a la articulación de la flagrancia en los delitos de violencia de Género, estableció la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
“El concepto de flagrancia en nuestra doctrina y jurisprudencia penal tradicionalmente se ha limitado a la captura inmediata; es decir, a la aprehensión del autor del delito en el lugar de los hechos a poco de haberse cometido el delito. Esta conceptualización de la flagrancia parte de una separación entre la detención y el delito que no es exacta; confundiendo por un lado, dos figuras que si bien están relacionadas, son disímiles; además, se ha hecho énfasis en la aprehensión del sujeto cuando lo importante es la comisión del delito. Se refiere la Sala a la diferencia existente entre el delito flagrante y la aprehensión in fraganti; y a la concepción del delito flagrante como un estado probatorio.
En efecto, la doctrina patria autorizada más actualizada, con ocasión a lo preceptuado en el artículo 44.1 de la Constitución y en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, distingue entre ambas figuras. El delito flagrante, según lo señalado en los artículos 248 y 372.1 del Código Orgánico Procesal Penal, constituye un estado probatorio cuyos efectos jurídicos son: a) que tanto las autoridades como los particulares pueden detener al autor del delito sin auto de inicio de investigación ni orden judicial, y, b) el juzgamiento del delito mediante la alternativa de un procedimiento abreviado. Mientras que la detención in fraganti, vista la literalidad del artículo 44.1 constitucional, se refiere, sin desvincularlo del tema de la prueba, a la sola aprehensión del individuo (vid. J.E.C.R., El delito flagrante como un estado probatorio, en Revista de Derecho Probatorio, Nº 14, Ediciones Homero, Caracas, 2006, pp. 9-105).
Según esta concepción, el delito flagrante “es aquel de acción pública que se comete o se acaba de cometer, y es presenciado por alguien que sirve de prueba del delito y de su autor” (vid. op. cit. p. 33). De manera que “la flagrancia del delito viene dada por la prueba inmediata y directa que emana del o de los medios de prueba que se impresionaron con la totalidad de la acción delictiva” (vid. op. cit. p. 11) producto de la observación por alguien de la perpetración del delito, sea o no éste observador la víctima; y si hay detención del delincuente, que el observador presencial declare en la investigación a objeto de llevar al Juez a la convicción de la detención del sospechoso. Por tanto, sólo si se aprehende el hecho criminoso como un todo (delito-autor) y esa apreciación es llevada al proceso, se producen los efectos de la flagrancia; lo cual quiere decir que, entre el delito flagrante y la detención in fraganti existe una relación causa y efecto: la detención in fraganti únicamente es posible si ha habido delito flagrante; pero sin la detención in fraganti puede aún existir un delito flagrante.
Lo importante a destacar es que la concepción de la flagrancia como un estado probatorio hace que el delito y la prueba sean indivisibles. Sin las pruebas no solo no hay flagrancia sino que la detención de alguien sin orden judicial no es legítima. O como lo refiere el autor glosado:
El delito flagrante implica inmediatez en la aprehensión de los hechos por los medios de prueba que los trasladarán al proceso, y esa condición de flagrante, producto del citado estado probatorio, no está unida a que se detenga o no se detenga al delincuente, o a que se comience al instante a perseguirlo. Lo importante es que cuando éste se identifica y captura, después de ocurridos los hechos, puede ser enjuiciado por el procedimiento abreviado, como delito flagrante
(vid. op. cit. p. 39).
La detención in fraganti, por su parte, está referida o bien a la detención de la persona en el sitio de los hechos a poco de haberse cometido, lo cual es la ejemplificación más clásica de la flagrancia, o bien a la aprehensión del sospechoso a poco de haberse cometido el hecho en el mismo lugar, o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor, es decir, lo que la doctrina impropiamente denomina la cuasi-flagrancia.
El estado de flagrancia que supone esta institución se refiere a sospechas fundadas que permiten, a los efectos de la detención in fraganti, la equiparación del sospechoso con el autor del delito, pues tales sospechas producen una verosimilitud tal de la autoría del delito por parte del aprehendido que puede confundirse con la evidencia misma. Sin embargo, la valoración subjetiva que constituye la “sospecha” del detenido como autor del delito queda restringida y limitada por el dicho observador (sea o no la víctima) y por el cúmulo probatorio que respalde esa declaración del aprehensor. Si la prueba existe se procede a la detención inmediata.
Respecto a esta figura la Sala señaló, en su fallo Nº 2580/2001 de 11 de diciembre, lo siguiente:
En este caso, la determinación de la flagrancia no está relacionada con el momento inmediato posterior a la realización del delito, es decir, la flagrancia no se determina porque el delito ‘acaba de cometerse’, como sucede con la situación descrita en el punto 2 [se refiere al delito flagrante propiamente dicho]. Esta situación no se refiere a una inmediatez en el tiempo entre el delito y la verificación del sospechoso, sino que puede que el delito no se haya acabado de cometer, en términos literales, pero que por las circunstancias que rodean al sospechoso, el cual se encuentra en el lugar o cerca del lugar donde se verificó el delito, y, esencialmente, por las armas, instrumentos u otros objetos materiales que visiblemente posee, es que el aprehensor puede establecer una relación perfecta entre el sospechoso y el delito cometido
(corchetes y resaltado añadidos).
Aunque distinguible del delito flagrante, la aprehensión o detención in fraganti también forma parte del estado probatorio de la flagrancia, al punto de que es necesario que exista una vinculación entre el cúmulo probatorio que conforma la sospecha con el delito cometido. Es decir, que exista la comisión de un delito y que alguien en el sitio de los hechos probatoriamente pueda ser conectado con él.
Ahora bien, sea delito flagrante o sea aprehensión in fraganti es al Juez a quien le corresponde juzgar la flagrancia. Para tal fin, el Juez debe determinar tres parámetros: a) que hubo un delito flagrante; b) que se trata de un delito de acción pública; y c) que hubo una aprehensión in fraganti, por lo que es necesario que existan elementos probatorios que hagan verosímil la existencia de estos parámetros. Luego, toda la problemática de la flagrancia gira alrededor de una decisión que la reconozca y, por ende, de las pruebas que la sustenten (vid. op. cit. pp. 98 y 100).”
En vista de lo expuesto y por cuanto el Ministerio Público pide la aplicación del procedimiento ordinario, quien considera el procedimiento que se aplicará en atención a como ocurrió la detención y siendo que es de obligatorio seguimiento el procedimiento especial abreviado, al momento de la calificación de flagrancia, la cual no se pudo establecer, por cuanto hay que verificar circunstancias fuera del hecho flagrante, este Tribunal considera que el Ministerio Público no dispone en este momento de los elementos de convicción suficientes para realizar un acto conclusivo, toda vez que de acuerdo a las actuaciones practicadas falta por recabar actuaciones y otros elementos que deben ser objeto de análisis por parte del Ministerio Público, razón por lo que lo procedente es decretar la aplicación del PROCEDIMIENTO ORDINARIO, de conformidad con lo previsto en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal.
En cuanto a la Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad solicitada por el Ministerio Público, este Tribunal observa que la imposición de medidas de coerción personal no depende de la calificación o no de la detención como flagrante, sino de verificar si dan los supuestos del Artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, a saber:
Artículo 250. Procedencia. El Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de: 1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita; 2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible; 3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación.
Entonces tenemos que se desprende de las actuaciones elementos suficientes para presumir que nos encontramos en presencia de la comisión de un hecho punible, cuya la acción no se encuentra evidentemente prescrita, toda vez que los imputados fueron aprehendidos en posesión de un vehículo que aparece solicitado por el delito de hurto, haciendo uso de él, por cuanto lo tenían en su poder, lo que indica que estamos en presencia del supuesto previsto en el Artículo 9 de la Ley sobre Hurto y Robo de Vehículos Automotores.
Así mismo, la acción no se encuentra evidentemente prescrita, pues los hechos hoy narrados ocurrieron en fecha 22 de julio de 2008, por lo que no ha transcurrido el lapso legal para considerar prescrita la acción penal.
Por otra parte, existen fundados elementos de convicción para estimar que los imputados de auto son los autores en los hechos imputados, lo cual se desprende de la forma en que ocurrió la aprehensión, de las Actas de Investigación Penal realizadas y las declaraciones en sala.
Pero no se estima acreditado la presunción razonable del peligro de fuga u obstaculización, por lo que al no estar llenos los extremos del Artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal para acordar una medida de coerción personal, lo procedente es Decretar la L.P. de los presentados.
DECISIÓN
Por todas las razones de hecho y derecho antes expuestas, es por lo que este Tribunal de Control N° 2 del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, NO DECRETA la aprehensión de los ciudadanos C.M.I.G. y J.C.P.T., plenamente identificados al comienzo del presente fallo, como FLAGRANTE; Acuerda la aplicación del PROCEDIMIENTO ORDINARIO y L.P., por la comisión del delito de APROVECHAMIENTO DE VEHICULO PROVENIENTES DEL DELITO DE ROBO, previsto y sancionado en el Artículo 9 de la Ley sobre Hurto y Robo de Vehículos Automotores, todo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 243, 248, 250, 372 y 373 del Código Orgánico Procesal Penal. Regístrese y Diarícese.
La Jueza de Control N° 2
La Secretaria
Abog. María Inés Pérez Guntiñas
Abog. Lusmar Rojas Oria
