Decisión de Juzgado Duodecimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 7 de Julio de 2015

Se inicio la presente causa por distribución que hiciera en fecha 30 de enero de 2008, la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de los Tribunales de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de la demanda que por cobro de bolívares incoare el abogado J.M.P., inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 26.383, actuando en su carácter de apoderado judicial de la entidad financiera Banco Federal, C.A., contra el ciudadano D.G.D.C., ambas partes ut supra identificadas en el expediente, cuyo conocimiento recayó ante este Juzgado en esa misma fecha. En fecha 14 de marzo de 2008, el Tribunal dictó auto mediante el cual admitió la demanda cuanto ha lugar en derecho, por no ser contraria al orden público, las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la Ley, de conformidad con lo previsto en el artículo 340 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, ordenándose el emplazamiento de la parte demandada para el acto de contestación a la demanda. En fecha 16 de abril de 2009, previa consignación de los fotostatos necesarios, se libró compulsa a la parte demandada, y despacho de comisión al Juzgado del Municipio Libertador y F.L.A. de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, a los fines de su práctica. En fecha 26 de octubre de 2009, este Tribunal dictó auto mediante el cual ordenó agregar a los autos las resultas de citación provenientes del Juzgado del Municipio Libertador y F.L.A. de la Circunscripción Judicial del estado Aragua. En dichas resultas, riela diligencia suscrita por Alguacil de ese Juzgado en fecha 2 de julio de 2009, mediante la cual dejó constancia de haber citado personalmente a la parte demandada. En fecha 1 de febrero de 2010, la Dra. B.D.S.J., se abocó al conocimiento de la presente causa en el estado en que se encuentra, ordenando la notificación de las partes a los fines legales consiguientes. Luego, en fecha 4 de febrero del mismo año, se dio por notificada la representación judicial de la parte actora, solicitando la notificación de la parte demandada, y así fue acordado por este Juzgado en fecha 1 de marzo de 2010.En fecha 27 de septiembre de 2013, ante la infructuosidad de materializar la notificación personal de la parte demandada, pese al impulso realizado por la parte demandada, este Juzgado acordó su notificación por carteles ex artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, librando en esa misma fecha los carteles respectivos. Dicho cartel fue retirado por el mandatario judicial de la parte actora en fecha 1 de octubre de 2013, y consignadas sus publicaciones en prensa en fecha 7 de noviembre de 2013. Posteriormente, en fecha 7 de abril de 2014, la Secretaria de este Tribunal dejó constancia en autos de haber cumplido con la última de las formalidades a que hace referencia el precitado artículo. En fecha 10 de abril de 2014, el mandatario judicial de la parte accionante presentó diligencia mediante la cual solicitó la confesión ficta de la parte demandada, ratificando dicho pedimento mediante diligencias suscritas en fechas 27 de mayo, 18 de julio, 30 de octubre y 1 de diciembre del año 2014, 22 de enero y 25 de junio de 2015.

II

Hechos con Relevancia Jurídica

La representación judicial de la parte demandante, dentro del elenco de afirmaciones de hecho en que fundamenta su pretensión, alega en el libelo de la demanda los siguientes hechos:

1. Aduce, que en fecha 24 de abril de 1998, su representada celebró contrato de utilización de tarjetas de crédito con el ciudadano D.G.D.C., el cual quedó protocolizado ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito del Municipio Chacao del estado Miranda, bajo el Nº 36, Tomo 6, Protocolo Primero. Que luego de ello, modificó la referida oferta pública del contrato para la utilización de tarjetas de crédito, para adaptarlo a nuevas exigencias, cuyas cláulsulas regulan la relación desde el día 26 de agosto de 2013, quedando inscrita ante el Registro Inmobiliario del Municipio Chacao del estado Miranda, bajo el Nº 32, Tomo 15, Protocolo Primero. Que en fecha 22 de junio de 2004 publicó el contrato de oferta pública, cuyos documentos quedó inscrito en esa misma fecha, ante el Registro Inmobiliario del Municipio Chacao del estado Miranda, bajo el Nº 20, Tomo 20, Protocolo Primero. Que el Banco modificó nuevamente su oferta pública de contrato para la utilización de tarjetas de crédito de fecha 22 de junio de 2004, la cual quedó inscrita ante el Registro Inmobiliario del Municipio Chacao del estado Miranda, bajo el Nº 43, Tomo 12, en fecha 14 de noviembre de 2006.

2. Alega, que en virtud de los referidos contratos, el hoy demandado comenzó a efectuar operaciones de crédito con los referidos instrumentos.

3. Manifiesta, que los estados de cuenta de las tarjetas Visa y Master, fueron enviadas al domicilio por él establecido, entendiéndose aceptadas por cuanto no los objetó dentro de los diez (10) días continuos previstos en los respectivos contratos.

4. Sostiene, que de los estados de cuentan que acompañan la demanda se puede evidenciar tanto la aceptación por la a.o. objeción, como el uso de las referidas tarjetas, los abonos efectuados , así como su incumplimiento en el pago de los mismos

5. Arguye, que en virtud de los resultados negativos de las gestiones tendientes al cobro de los montos adeudados, es por lo cual proceden a demandar como en efecto lo hacen al ciudadano D.G.D.C., para que convenga o sea condenado por el Tribunal a pagar las cantidades de dinero concepto de capital adeudado e intereses de mora.

Fundamenta su pretensión, en los artículos 8, 112, 124, 126 y 147 del Código de Comercio y en los artículos 1.137, 1.138, 1.141, 1.159 y 1.160 del Código Civil.

III

Motivaciones para decidir

Estando en la oportunidad de dictar sentencia, el Tribunal pasa de seguidas a hacerlo sobre la base de las siguientes consideraciones:

Frente a estos hechos libelados, se observa que la parte demandada a pesar de haber sido citada personalmente, nada alegó con el fin de enervar la pretensión que en su contra hace valer la parte demandante.

Es importante señalar, que la parte demandada quedó citada en fecha 2 de julio de 2009, tal como consta de diligencia suscrita por el ciudadano Alguacil del Tribunal de los Municipios Libertador y F.L.A., en la cual dejó constancia que en esa fecha citó de forma personal al ciudadano D.G.D.C., quien se identificó y firmó el recibo correspondiente, entendiéndose que desde el día siguiente al que este Tribunal agregó a los autos las resultas de citación, comenzaría a transcurrir el lapso de comparecencia para la contestación de la demanda, y todos los actos consiguientes al mismo. Entonces, puede apreciarse que la parte demandada a pesar de haber sido debidamente citada con las garantías de un debido proceso, y por ende del derecho a la defensa, no compareció a esta sede judicial en la oportunidad de dar contestación a la demanda incoada en su contra, ni en la fase probatoria.

Entonces, se colige que la parte demandada está incursa en uno de los supuestos establecidos en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, lo que en el caso de marras conlleva a examinar lo siguiente:

La figura de confesión ficta comporta en sí la existencia de una sanción legal para el demandado contumaz o rebelde en contestar la demanda, y a través de ella se admite como cierto todo cuanto haya sido objeto de la demanda, estableciéndose únicamente como excepción que la petición del demandante sea contraria a derecho o que durante el lapso probatorio el demandado no hubiese aportado ningún elemento encaminado a desvirtuar las pretensiones del accionante.

El artículo 362 del Código de Procedimiento Civil establece que: “si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este Código, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favorezca…”

Sobre este tema, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° Nº 00184, de fecha 5 de febrero de 2002, expediente Nº 1079, estableció lo siguiente:

…el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil dispone lo siguiente: (...) El dispositivo antes trascrito consagra la institución de la confesión ficta que es una sanción de un rigor extremo, prevista únicamente para el caso de que el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados y siempre que no haga la contraprueba de los hechos alegados en el libelo, por aquello de que ...se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favorezca... Esta petición contraria a derecho, será la que contradiga de manera evidente un dispositivo legal determinado, específico, esto es, una acción prohibida por el ordenamiento jurídico o restringida a otros supuestos de hecho…

Por otra parte, nuestro M.T. en sentencia emanada de la Sala Constitucional número 2.428 de fecha veintinueve (29) de agosto de dos mil tres (2003), expuso lo siguiente:

“Por otra parte, y a fin de enfatizar lo esgrimido se observa que el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil señala:

Si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este Código, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favorezca

.

Normativa ésta, de la cual se desprende que para la procedencia de la confesión ficta se necesita que: 1) el demandado no dé contestación a la demanda; 2) la demanda no sea contraria a derecho; y 3) no pruebe nada que le favorezca.

En tal sentido, cuando se está en presencia de una falta de contestación o contumacia, por la circunstancia de inasistir o no contestar la demanda, debe tenerse claro que el demandado aún no está confeso; en razón de que, el contumaz por el hecho de inasistir, nada ha admitido, debido a que él no ha alegado nada, pero tampoco ha admitido nada, situación ante la cual debe tenerse claro, que no se origina presunción alguna en su contra. De tal manera, que hasta este momento, la situación en la que se encuentra el demandado que no contestó la demanda, está referida a que tiene la carga de la prueba, en el sentido de probar que no son verdad los hechos alegados por la parte actora.

En tal sentido, en una demanda donde se afirman unos hechos y simplemente se niega su existencia, la carga de la prueba la tiene la parte accionante, sin embrago, si el demandado no contesta la demanda, el legislador por disposición establecida en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, puso en su cabeza la carga de la prueba, siendo a él, a quien le corresponde probar algo que lo favorezca.

Sin embargo, al tratarse de una distribución legal de la carga de la prueba, el demandante deberá estar pendiente de que puede subvertirse esta situación de carga en cabeza del demandado, y por eso la parte actora debe promover pruebas, debido a que, si el demandado que no contestó ofrece pruebas y prueba algo que le favorezca, le reinvierte la carga al actor y entonces ese actor se quedaría sin pruebas ante esa situación, pudiendo terminar perdiendo el juicio, porque él no probó y a él correspondía la carga cuando se le reinvirtió.

Para la declaratoria de procedencia de la confesión ficta, se requiere la verificación de los otros dos elementos como lo son, que la petición no sea contraria a derecho y que el demandado en el término probatorio no probare nada que le favorezca.

Siguiendo este orden de ideas, el hecho relativo a que la petición no sea contraria a derecho, tiene su fundamento en el entendido que, la acción propuesta no esté prohibida por ley, o no se encuentre amparada o tutelada por la misma; por lo que, al verificar el juez tal situación, la circunstancia de considerar la veracidad de los hechos admitidos, pierde trascendencia al sobreponerse las circunstancias de derecho a las fácticas, ya que aunque resulten ciertos los hechos denunciados no existe un supuesto jurídico que los ampare y que genere una consecuencia jurídica requerida.

Debiendo entenderse, que si la acción está prohibida por la ley, no hay acción, y no es que sea contraria a derecho, sino que sencillamente no hay acción. De tal forma, que lo contrario a derecho más bien debería referirse a los efectos de la pretensión (un caso palpable de ello, viene a ser el que pretende cobrar una deuda de juego judicialmente, para lo cual carece de acción).

Por lo que, en realidad existen pretensiones contrarias a derecho, cuando la petición no se subsume en el supuesto de hecho de la norma invocada.

En cambio, el supuesto relativo a si nada probare que le favorezca, hace referencia a que el demandado que no dio contestación a la demanda, podrá promover cuantas pruebas crea conveniente, siempre y cuando vayan dirigidas a hacer contraprueba a los hechos alegados por el actor.

En tal sentido, la jurisprudencia venezolana en una forma reiterada, ha venido señalando en muchísimos fallos, que lo único que puede probar el demandado en ese “algo que lo favorezca”, es la inexistencia de los hechos alegados por el actor, la inexactitud de los hechos, pero ha indicado de esta forma, que no puede nunca el contumaz probar ni excepciones perentorias, ni hechos nuevos que no ha opuesto expresamente.

Criterio que es compartido por esta Sala, al señalar que la expresión “probar algo que lo favorezca”, se encuentra referida a que el demandado podrá probar la inexistencia de los hechos que narró el actor en su pretensión.

Siendo así, cuando el demandado va a probar algo que lo favorezca en el sentido de demostrar la inexistencia de los hechos que narró el actor, no requerirá plena prueba, siéndole suficiente en consecuencia las dudas, en razón de que, lo que exige la ley es probar algo. Esto tiene que ver con la ficción (la confesión), la cual no puede ocultar la realidad. Si se está ante una futura ficción, la sola duda a favor de la realidad ya tiene que eliminarla. Debido a que el proceso persigue que el valor justicia se aplique, por cuanto el fallo lo que busca es hacer justicia, no puede hacerla si se funda en ficciones y no en la realidad.

No obstante lo expuesto, existen materias donde no funcionan los efectos del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, como sucede en los juicios donde está interesado el orden público, y la falta de contestación no invierte nada, por lo que el actor sigue teniendo sobre sí la carga de la prueba. Igual sucede en los juicios donde el demandado es un ente público que goza de los privilegios del fisco, cuya situación es idéntica a la planteada, es decir, se da por contestada la demanda y en consecuencia no existe la posibilidad de inversión de la carga de la prueba, como se ha señalado.

Al respecto, esta Sala en sentencia del 27 de marzo de 2001 (Caso: Mazzios Restaurant C.A.), señaló:

El artículo 362 citado, considera que el demandado que no contesta la demanda se le tendrá por confeso, cuando en el término probatorio no pruebe nada que lo favorezca y la demanda no sea contraria a derecho. Luego, para tenerlo como confeso, lo que se declara en el fallo definitivo, como una garantía al derecho de defensa, se le permite al demandado probar algo que lo favorezca, lo que significa que ni siquiera se le exige una plena prueba contra una presunción en su contra.

Omissis...

La confesión expresa puede siempre ser revocada o rectificada mediante la prueba del error de hecho (artículo 1404 del Código Civil), y por ello los efectos del silencio que conduce a que alguien se tenga por confeso, igualmente y con mayor razón pueden ser revocados, no siendo necesario el alegato y prueba del error de hecho, ya que el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil previene que con probar algo que favorezca al no concurrente, evita que se consoliden los efectos del silencio, y por tanto que se le tenga por confeso. Se trata de principios generales, congruentes con el mantenimiento del derecho de defensa de las partes

. (Resaltado de la Sala).

Criterio del cual se observa, que el contumaz debe dirigir su carga probatoria a hacer contraprueba de los hechos alegados por su accionante, de lo cual se puede concluir a evento en contrario que devienen en infructuosas las pruebas promovidas con relación a excepciones o defensas que debieron haberse alegado en la oportunidad procesal de la contestación y no se hizo, con lo cual dichas pruebas no van dirigidas a beneficiar a la parte por cuanto lo controvertido quedó fijado con los hechos que alegó la parte actora, y su negativa de existencia.

De esta manera, el rebelde al momento de promover pruebas, debe dirigir esta actividad probatoria a llevar al proceso medios que tiendan a hacer contraprueba a los hechos alegados por el accionante, ya que no le está permitido probar aquellos hechos que vienen a configurar defensas o excepciones que requerían haberse alegado en su oportunidad procesal

.

Siendo esto así, se determina que en la presente demanda la petición de la parte actora no es contraria a derecho, pues no solamente aportó el documento fundamental del cual deriva la relación jurídica que vincula a las partes en litigio, sino que además la parte demandada a pesar de estar a derecho, tampoco probó dentro de la oportunidad procesal correspondiente nada que le favoreciera, con el fin de destruir las afirmaciones de hecho constitutivas de la pretensión que formula la parte actora; razón por la cual, forzosamente debe declararse que la parte demandada se encuentra incursa en las causales del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, y por lo tanto, en la presente causa ha operado la confesión ficta, y así se decide.-

V

Dispositivo

En razón de todos los argumentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: