Decisión de Juzgado Tercero Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 1 de Octubre de 2013

Fecha de Resolución 1 de Octubre de 2013
EmisorJuzgado Tercero Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito
PonenteJuan Carlos Varela Ramos
ProcedimientoResolucion De Contrato De Venta Con Reserva De Dom

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

Caracas, Primero (01) de Octubre de Dos Mil Trece (2013)

203º y 154º

ASUNTO: AH13-V-2006-000012

ASUNTO ANTIGUO: 2006-29.438

SENTENCIA DEFINITIVA

(EN SU LAPSO)

DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS

PARTE ACTORA: Entidad Financiera BANCO FEDERAL, C.A., domiciliada en la Ciudad de Coro, Estado Falcón, siendo modificado su Documento Constitutivo Estatutario según escritura ante la Secretaría del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, en fecha 23 de Abril de 1982, bajo el Nº 64, Tomo III de los libros respectivos, modificados sus Estatutos según consta de documento inscrito en la Secretaría del mismo Juzgado en fecha 04 de Junio 1990, bajo el Nº 163, Tomo X y dado su proceso de liquidación pasó a ser representada a través de los ciudadanos L.E.Z.A., L.M.S.B. e IRAIMA DE LA COROMOTO OLAIZOLA BLANCO, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las Cedulas de Identidad Números V.-6.289.355, V.-646.658, y V.-3.480.538, respectivamente, en su condición de integrantes de las JUNTA COORDINADORA DEL PROCEDO DE LIQUIDACIÓN DE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS QUE INTEGRAN EL GRUPO FINANCIERO FEDERAL A TRAVÉS DEL FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y PROTECCIÓN BANCARIA, según Gacetas Oficiales de la Republica Bolivariana de Venezuela, de fechas 01 y 15 de Diciembre de 2010, signadas bajo los Números 39.564 y 39.574, respectivamente.

APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: Ciudadanos L.A.R.G., R.H.C., A.G.B.A., L.E.R.R., ALIBEL T.M.F.J.D.M.R., G.I.J.G., S.P.P. y M.C.G.M., abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Números 50.069, 75.869, 130.084, 113.756, 64.063, 150.772, 38.810, 88.158 y 104.443, respectivamente.

PARTE DEMANDADA: Ciudadana I.B.E.U., venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cedula de Identidad Número V-18.550.175.

DEFENSORA AD LITEM DE LA PARTE DEMANDADA: Ciudadana A.B., abogada en ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo el Número 123.251.

MOTIVO: RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE VENTA CON RESERVA DE DOMINIO.

DE LA RELACIÓN SUCINTA DE LOS HECHOS

Se inicia este asunto mediante ESCRITO LIBELAR presentado el día 26 de Enero de 2006, ante el Juzgado Distribuidor de Turno y sometido a distribución le correspondió su conocimiento a este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de esta misma Circunscripción Judicial, por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE VENTA CON RESERVA DE DOMINIO.

En fecha 22 de Febrero de 2006, el Tribunal previa consignación y verificación de los instrumentos fundamentales de la pretensión, admitió la demanda por el Procedimiento Breve, de conformidad con lo previsto en el Artículo 21 de la Ley sobre Ventas con Reserva de Dominio. En cuanto a la medida solicitada acordó proveer sobre la misma en cuaderno separado que a tales efectos ordenó abrir.

Infructuosos como fueron los Tramites de la CITACIÓN de la parte demandada, ante el Juzgado de los Municipios Arismendi, A.d.C. y Gómez de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, el Tribunal en fecha 27 de Marzo de 2007, libró cartel de citación el cual fue consignado a los autos en fecha 25 de Junio de 2007, a fin que surta los efectos legales consiguientes.

En fecha 22 de Febrero de 2008, la Secretaria del Juzgado agregó las resultas de la fijación del CARTEL DE CITACIÓN, dando cumplimiento a las formalidades contenida en el Artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, según auto de fecha 20 de Junio de 2008.

En fecha 24 de Noviembre de 2008, vencido el lapso de comparecencia de la parte demandada, el Tribunal designó como Defensora Ad-Litem de la parte accionada a la abogada J.P.S.G..

En fecha en fecha 19 de Enero de 2012, la representación judicial de la parte accionante solicitó se designe nuevo Defensor Judicial a fin de continuar con el presente juicio.

En fecha 07 de Febrero de 2012, el Tribuna ordenó notificar a la Procuraduría General de la Republica, en virtud de la suspensión de la causa por noventa (90) días, conforme lo establecido en Sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 25 de Febrero de 2011.

En fecha 08 de Junio de 2012, el Tribunal agregó a los autos resultas de la notificación en la que el referido Órgano ratifica la Suspensión por noventa (90) días continuos conforme lo dispuesto en el Artículo 96 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica.

En fecha 06 de Agosto de 2012, el Tribunal designó como Defensora Ad-Litem de la parte demandada a la abogada A.B., quien aceptó el cargo y juró cumplir fielmente con la misión encomendada, dando contestación a la demanda en fecha 02 de Agosto de 2013.

En fecha 07 de Agosto de 2013, el apoderado judicial de la parte acciónate solicitó se dicte sentencia en la presente causa.

En fecha 25 de Septiembre de 2013, el Tribunal dijo “Vistos” conforme lo establecido en el Artículo 890 del Código de Procedimiento Civil.

Ahora bien, cumplidas las distintas etapas de este procedimiento y estando en su oportunidad legal pasa a dictar sentencia, previa las siguientes consideraciones de orden lógico y jurídico:

DE LAS MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Constituye principio cardinal en materia procesal, aquel conforme al cual el Juez se encuentra vinculado a lo alegado y probado en autos, sin que pueda sacar elementos de convicción fuera de estos, ni suplir excepciones o argumentos de hechos que no fuesen demostrados conforme al Artículo 12 del Código de Procedimiento Civil.

El anterior precepto establece los límites del oficio del Juez, lo que significa que él está obligado a decidir sobre las cuestiones propuestas o planteadas por las partes, porque el límite de toda controversia judicial, está circunscrito por los hechos alegados como fundamento a la pretensión invocada en el libelo de la demanda y los hechos aducidos como fundamentos de las excepciones o defensas opuestas en la oportunidad de la contestación de la misma, debiendo en consecuencia atenerse a sus dichos para decidir conforme el Ordinal 5° del Artículo 243 eiusdem, quedando de esta manera trabada la litis; razón por la cual con posterioridad a estos actos no pueden las partes traer nuevos hechos al proceso que alterarían la relación procesal ya cerrada.

A tales efectos establece el Código Civil, lo que textualmente se transcribe a continuación:

Artículo 4.- A la Ley debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador...

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Artículo 14.- Las disposiciones contenidas en los Códigos y leyes nacionales especiales, se aplicarán con preferencia a las de este Código en las materias que constituyan la especialidad

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Artículo 1.354.- Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación

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Por su parte el Código de Procedimiento Civil, determina:

Artículo 506.- Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación…

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Artículo 509.- Los Jueces deben analizar todas cuantas pruebas se hayan producido, aún aquellas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresándose siempre cual sea el criterio del Juez respecto de ellas

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Artículo 510.- Los Jueces apreciarán los indicios que resulten de autos en su conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia entre sí, y en relación con las demás pruebas de autos

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Y por último pauta la Ley Sobre Ventas con Reserva de Dominio, que:

Artículo 13.- Cuando el precio de la venta con reserva de dominio se haya pactado para pagarse por medio de cuotas, y no obstante convenio en contrario, la falta de pago de una o más cuotas que no excedan en su conjunto de la octava parte del precio total de la cosa, no dará lugar a la resolución del contrato, sino al cobro de la cuota o cuotas insolutas y de los intereses moratorios a la rata corriente en el mercado, conservando el comprador el beneficio del término con respecto a las cuotas sucesivas

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Artículo 21.- Cualquiera que sea su cuantía, las acciones legales que deriven de la aplicación de esta Ley, se iniciarán, sustanciarán y decidirán ante el juez competente por los trámites del juicio breve, conforme al procedimiento previsto en el Titulo XVI del Código de Procedimiento Civil

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Verificadas las distintas etapas previstas para este tipo de procedimiento y analizada la normativa que lo rige, es menester para este Órgano Jurisdiccional explanar los términos en que ha quedado planteada la controversia, de la siguiente manera:

DE LOS ALEGATOS DE FONDO

Los apoderados actores originarios resaltaron que la cualidad de su patrocinada surge con ocasión a la CESIÓN DEL CONTRATO DE VENTA A CRÉDITO CON RESERVA DE DOMINIO que le hizo la Empresa SEAUTOS MARGARITA, C.A., en su carácter de vendedora, contrato suscrito entre esta y la ciudadana I.B.E.U., en su carácter de compradora, en fecha 18 de Enero de 2002, por un vehículo tipo AUTOMÓVIL.

Expusieron que el referido contrato se celebró a plazo y que el dominio del vehículo se lo reservó la acreedora cesionaria hasta que se pagara la totalidad del precio, así como el domicilio especial único y excluyente; que el crédito cedido comprendía la cantidad hoy equivalente de Once Mil Doscientos Cuarenta Bolívares sin Céntimos (Bs.F 11.240,00), así como la comisión y demás derechos derivados del mismo, cuyo capital recibió la vendedora-cedente en dinero en efectivo a su entera y cabal satisfacción, así como su forma de pago mediante debito autorizado a la cuenta que poseyere el comprador, por el plazo que no excedería de treinta y seis (36) meses, a través de tres (3) cuotas ordinarias mensuales y consecutivas y una partida global contentiva del remanente insoluto del capital, que pudiere ser objeto de financiamiento, con estipulación de intereses legales, convencionales, de mora y variables, así como la rescisión del contrato por incumplimiento y el cargo de las cuotas pagadas a favor de la cesionaria como justa compensación por el uso del vehículo.

Sostienen que la ciudadana I.B.E.U., incumplió con el pago de las cuotas pautadas del precio de la venta a plazo con reserva de dominio, asimismo incumplió con el pago de los intereses pautados y de mora correspondientes, puesto que a la fecha de interposición de la acción, adeuda la cantidad hoy equivalente de Nueve Mil Quinientos Noventa y Tres Bolívares con Noventa y seis Céntimos (Bs.F 9.593.96) por concepto de CAPITAL, más la cantidad de Siete Mil Novecientos Noventa y Siete Bolívares con Treinta y Tres Céntimos (Bs.F 7.997,33) por concepto de INTERESES CONVENCIONALES y la cantidad de Ochocientos Setenta y Seis Bolívares Noventa y Tres Bolívares (Bs.F 876,93) por concepto de INTERESES DE MORAS; montos que asciende a la suma adeudada de Dieciocho Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho Bolívares con Veinticuatro Céntimos (Bs.F 18.468.24) por concepto de capital, intereses vencidos y de mora, según posición deudora que aducen anexar al respecto, la cual supera en demasía la octava (1/8) parte del valor total del precio, dando ello lugar a la resolución del contrato suscrito.

Fundamentan la demanda en el CONTRATO opuesto y en los Artículos 13, 14 y 22 de la Ley Sobre Venta con Reserva de Dominio, en concordancia con los Artículos 1.159, 1.160 y 1.167 del Código Civil.

Aducen finalmente que ante tal escenario y a fin de satisfacer su crédito el BANCO FEDERAL, C.A., en su carácter de acreedor-cesionario del CONTRATO DE VENTA A CRÉDITO CON RESERVA DE DOMINIO, demandan a la ciudadana I.B.E.U., para que convenga con la presente acción o en su defecto, mediante sentencia definitiva, se le condene: PRIMERO: En la RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE VENTA A CRÉDITO CON RESERVA DE DOMINIO suscrito originariamente con la Empresa SAUTOS MARGARITA, C.A., en su carácter de vendedora-cedente; SEGUNDO: Que no opera a favor de la demanda la transferencia de la propiedad del descrito vehículo, puesto que la propiedad es única y exclusiva del BANCO, por lo que resulta procedente reivindicar y restituir el bien de marras objeto del contrato debidamente detallado en el escrito libelar y TERCERO: En que las Cantidades de Bolívares Pagadas por la demandada por concepto de cuotas mensuales del vehiculo descrito, queden en beneficio del BANCO a titulo de indemnización de acuerdo a lo establecido en el contrato bajo estudio, cuya resolución se demanda.

Solicitan medida cautelar de secuestro sobre el vehículo vendido bajo la modalidad de RESERVA DE DOMINIO de conformidad a lo establecido en el Artículo 22 de la Ley de Venta con Reserva de Dominio y por último estimaron el valor de la demanda en la cantidad hoy equivalente a Dieciocho Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho Bolívares con Veinticuatro Céntimos (Bs.F 18.468.24).

DE LAS DEFENSAS OPUESTAS

En fecha 16 de Enero de 2013, siendo la oportunidad procesal respectiva, la abogada A.B., actuando en su carácter de Defensora Judicial de la ciudadana I.B.E.U., consignó ESCRITO DE CONTESTACIÓN, en el cual señaló la imposibilidad de localizar a su representado, motivo por el cual envió telegrama por el Instituto Postal Telegráfico (IPOSTEL), Correo Electrónico a la siguiente dirección vía web: isbeeliasur@hotmail.com, presuntamente de la accionada, todo ello con el fin de localizar la su defendida y gestionar una mejor defensa y cumplir con la misión encomendada como Auxiliar de Justicia e invoca a su favor la perención de la instancia.

Del mismo modo negó, rechazó y contradijo en todas y cada una de sus partes, la acción intentada en contra de su defendida, tanto en los hechos como en el derecho que de ellos se pretende deducir, no pudiendo ejercer una defensa más consistente, por carecer de los elementos necesarios para ello.

Planteada como ha sido la controversia, el Tribunal pasa a pronunciarse sobre la figura de la perención de la instancia invocada por la Defensora Ad-Litem y al respecto se observa que la misma resulta improcedente puesto que lo relativo a la Defensa Pública fue una carga imputada al Tribunal, aunado a que se consiguió el fin perseguido con la designación, aceptación y citación de la Defensa asumida por ella, puesto que ya el asunto se encuentra en fase de sentencia definitiva, y así se decide.

Resuelto el punto anterior corresponde analizar el material probatorio traído a las actas procesales, en la forma siguiente:

DE LOS ELEMENTOS PROBATORIOS

PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA:

 Constan a los folios 6 al 8 y 71 al 73 del expediente, COPIAS SIMPLES DE LOS PODERES otorgados en fechas 09 de Septiembre de 2005 y 01 de Octubre de 2008, por los representantes judiciales del BANCO FEDERAL, C.A., ante la Notaría Pública Octava del Municipio Baruta del Estado Miranda, bajo los Números 30 y 27, Tomos 79 y 200 de los Libros de Autenticaciones, respectivamente, a las cuales se adminiculan las COPIAS FOTOSTÁTICAS DEL PODER otorgado en fecha 10 de Noviembre de 2011, ante la Notaría Pública Cuarta del Municipio Libertador del Distrito Capital, bajo el Número 47, Tomo 200, que constan a los folios 84 al 87 y 110 al 113 del citado expediente, en su orden; y en vista que no fueron cuestionadas en modo alguno se tienen como fidedignas y se valoran conforme los Artículos 12, 429, 507, 509 y 510 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con los Artículos 1.357, 1.359 y 1.361 del Código Civil y se aprecia de su contenido la representación ejercida por los mandatarios en nombre de su poderdante y que dado su proceso de liquidación pasó a ser representada por la JUNTA COORDINADORA DEL PROCEDO DE LIQUIDACIÓN DE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS QUE INTEGRAN EL GRUPO FINANCIERO FEDERAL a través del FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y PROTECCIÓN BANCARIA (FOGADE) ordenado por la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN) hoy SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO, según las Gacetas Oficiales citadas Ut Supra y estas por sus mandatarios judiciales, y así se decide.

 Consta a los folios 12 al 13 del expediente CONTRATO DE VENTA A CRÉDITO CON RESERVA DE DOMINIO descrito bajo el Nº CN00008136, suscrito inicialmente en fecha 18 de Enero de 2002, entre la Empresa Mercantil SEAUTOS MARGARITA, C.A., en su carácter de vendedora y la ciudadana I.B.E.U., en su carácter de compradora, respecto el vehículo Clase: AUTOMÓVIL, Marca: SEAT, Modelo: CORDOVA SIGNO, Año: 2002, Color: AMARILLO OVNI, Tipo: SEDAN, Uso: PARTICULAR, Placa: S/P, Serial de Carrocería: VSSZZZ6KZ2R067706, y Serial Motor: AEH086942, al cual se adminiculan el COMUNICACIÓN Y POSICIÓN DEUDORA, emitida por el Banco el cual riela a los folios 10 al 11 y 14 al 16 del expediente; y en vista que no fueron cuestionados en modo alguno se valoran conforme los Artículos 12, 429, 507, 509 y 510 del Código Adjetivo, en armonía con los Artículos 1.359 y 1.363 del Código Civil y en concordancia con el Artículo 124 del Código de Comercio, apreciando de su contenido como lo más resaltante a los efectos del presente asunto que la venta en cuestión fue pactada por el precio hoy equivalente según la Reconversión Monetaria decretada por el Ejecutivo Nacional de Once Mil Doscientos Cuarenta Bolívares (Bs.F 11.240,00) a ser pagado en un plazo que no excedería de treinta y seis (36) meses, a través de tres (3) cuotas ordinarias mensuales y consecutivas y una partida global contentiva del remanente insoluto del capital, que pudiere ser objeto de financiamiento, con estipulación de intereses legales, convencionales, de mora, variables y demás derechos derivados del mismo; así como los términos y condiciones de la compra-venta; la reserva de dominio en la negociación; las estipulaciones establecidas en torno a la falta de pago de la octava (1/8) parte del precio total de la venta, la facultad otorgada a la vendedora o cesionaria para exigir el pago total de la deuda asumida o la resolución del contrato conforme los límites establecidos, estableciendo que queda en su beneficio las cuotas pagadas en justa compensación por el uso del bien, al igual que la CESIÓN DEL CONTRATO con todos sus accesorios a la Entidad Financiera BANCO FEDERAL, C.A., en los mismos términos Ut Supra transcritos como acreedora-cesionaria; aunado a los montos reflejados como saldo deudor, los cuales ascienden a la cantidad de Diecinueve Mil Doscientos Sesenta y Cinco Bolívares con Ochenta Céntimos (Bs.F 19.275,80) que incluye capital e intereses convencionales, vencidos y de mora, calculados hasta el 14 de Septiembre de 2005, dado que el último pagó efectuado por la demandada es de fecha 07 de Mayo de 2003, correspondiendo a la cuota Nº 13, y así se decide.

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA:

 Durante el evento probatorio correspondiente la representación de la parte demandada no promovió prueba alguna que le favoreciera. En este sentido, se entiende que ante la omisión probatoria de la parte accionada se da ciertamente por demostrado que ésta última incumplió en el pago de las cuotas a las que se obligo en el contrato opuesto como instrumento fundamental de la pretensión, puesto que nada obsta distinto a los autos, y así se decide.

Analizadas las pruebas instrumentales incorporadas a las actas procesales que conforman el presente expediente, el Tribunal constata la plena verificación del cumplimiento de las distintas etapas previstas en este procedimiento y a fin de hacer un pronunciamiento debidamente razonado sobre el mérito de la litis, observa:

La VENTA CON PACTO DE RESERVA DE LA PROPIEDAD O DEL DOMINIO, es la venta en la cual, en virtud de la voluntad de las partes, se difiere la transferencia de la cosa o derecho vendido hasta el momento en que el comprador pague la totalidad o una parte determinada del precio, es decir, se establece una condición suspensiva, a la tradición de la propiedad del bien vendido, refiriéndose exclusivamente a las cosas muebles por su naturaleza individualizadamente definidas, por consiguiente el perfeccionamiento del contrato, se daría cuando el comprador haya pagado la última cuota del precio de la negociación.

Como es conocido, el Contrato en el Derecho Moderno es de naturaleza esencialmente consensual, de modo que por lo general basta el libre consentimiento legalmente expresado para que las partes se encuentren vinculadas por el acuerdo y a su vez obligadas a cumplir las prestaciones que de el emanen. Es así que los contratos legalmente perfeccionados, como dice la norma, tienen fuerza de Ley entre las partes, y, por tanto, las obligaciones que de el derivan son de imperioso cumplimiento para ellas, so pena de incurrir en la correspondiente responsabilidad civil por incumplimiento, con todas las consecuencias que ello comporta.

Es pues, la presente acción un modo o forma de terminación típica de las convenciones bilaterales, de forma tal que para ejercitarla es necesario que se trate de un contrato bilateral y que exista un incumplimiento, cuyos supuestos deben ser concurrentes entre si para su procedencia, ello en apego a lo preceptuado en el Artículo 13 de la Ley Sobre Venta con Reserva de Dominio; el cual prevé dos (2) hipótesis para proceder a su ejercicio, a saber, a) Si la falta de pago de una o más cuotas, no excede en su conjunto de la octava (8ª.) parte del precio total de la cosa, el vendedor no podará solicitar la resolución del contrato y b) Si la falta de pago de una cuota o mas cuotas, excede en su conjunto de la octava (8ª) parte del precio total de la cosa, el vendedor podrá solicitar el cobro de la cuota o cuotas insolutas y de los intereses moratorios a la rata corriente en el mercado, conservando el comprador el beneficio del término con respecto a las cuotas sucesivas.

De lo anterior se infiere que en el primer caso, el Legislador impuso un límite al ejercicio de la acción resolutoria y que en el caso de llegarse a estipular por las partes que la sola falta de pago de varias cuotas dará derecho al vendedor a pedir la resolución del contrato, esa cláusula deberá tenerse por no escrita por tratarse de una n.d.O.P., no derogable por convención privada, siempre y cuando, las cuotas insolutas no excedan de la octava (8ª) parte del precio total de la cosa vendida. De la misma manera, si en circunstancias similares, se llegare a pactar la pérdida del beneficio del término, sin darse las circunstancias establecidas en dicha norma, por la misma razón no podrá considerarse tal estipulación como válida.

Con vista a las anteriores consideraciones y al resultado obtenido del análisis probatorio de autos, por imperio de la propia Ley lo ajustado a derecho es verificar de manera objetiva las obligaciones contenidas en el Contrato opuesto a fin de verificar si procede su resolución o no, y al respecto se observa:

En cuanto al contrato de marras se evidencia que el comprador del vehículo en cuestión se comprometió a pagar tres (3) cuotas ordinarias mensuales y consecutivas y una (1) partida global contentiva del remanente insoluto del capital, que pudiere ser objeto de financiamiento, con estipulación de intereses legales, convencionales, de mora y variables y siendo que solamente pagó hasta la cuota Nº 13, el día 07 de Mayo de 2003, por consiguiente adeuda las siguientes cuotas hasta llegar a la Nº 36, es decir, 23 cuotas, las cuales ascienden a la cantidad de Nueve Mil Quinientos Noventa y Tres Bolívares con Noventa y seis Céntimos (Bs.F. 9.593.96) por concepto de CAPITAL, más la cantidad de Ocho Mil Setecientos Treinta Bolívares con Cincuenta y Cuatro Céntimos (Bs.F 8.730,54) por concepto de INTERESES CONVENCIONALES y la cantidad de Ochocientos Setenta y Seis Bolívares Noventa y Tres Bolívares (Bs.F 876,93) por concepto de INTERESES DE MORAS y en vista que dicho capital representa una suma superior a la octava (1/8ª) parte del precio total de la cosa vendida, a saber, Once Mil Doscientos Cuarenta Bolívares (Bs.F 11.240,00) por concepto de capital, se debe concluir en que la pretensión resolutoria en estudio puede ser intentada respecto el CONTRATO CON RESERVAS DE DOMINIO opuesto en este asunto en particular, tal como fue planteada y debido a que la representación demandada no acreditó a las actas procesales la excepción por excelencia mediante la acreditación del pago de las cuotas denunciadas como insolutas en dicha obligación, POR CONSIGUIENTE RESULTA PROCEDENTE EN DERECHO LA CAUSAL DE RESOLUCIÓN DEL MISMO Y EL PAGO DE LOS INTERESES DEMANDADOS dada la evidente falta de pago, y así lo deja establecido formalmente este Órgano Jurisdiccional.

Por efecto de lo anterior se entiende, en cuanto a la solicitud de los apoderados actores que el monto de las sumas que ha pagado el demandado queden a favor de su representada como justa indemnización por el uso del vehículo a que se contrae el contrato de marras, tal como las partes así lo aceptaron expresamente en la Cláusula Décima Primera de dicho documento obligacional, cuyo pedimento está previsto en el Artículo 14 de la Ley Sobre Venta con Reserva de Dominio y dado que no fue sometida a la consideración de éste Juzgador ninguna circunstancia por la cual deba reducir esta indemnización, acuerda a favor de la parte actora la totalidad de las cuotas pagadas a título de indemnización, tomando en cuenta que se encuentra configurada la causal resolutoria opuesta, y así se decide.

En este sentido es necesario recalcar que el Artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no sólo se refiere a la naturaleza instrumental simple, uniforme y eficaz que debe observar todo proceso judicial llevado a cabo ante los Tribunales de la República, sino que además establece de manera clara y precisa que el fin primordial de este, es garantizar a las partes y a todos los interesados en una determinada contención, que la tramitación de la misma y las decisiones que se dicten a los efectos de resolverla no sólo estén fundadas en el Derecho, en atención a lo alegado y probado en autos, sino también en criterios de justicia y razonabilidad que aseguren la tutela efectiva de quien haya demostrado su legítima pretensión en el asunto a resolver, tal como lo sostuvo el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, mediante Sentencia dictada en el caso: “Unidad Médico Nefrológica La Pastora C.A.”, el día 04 de Noviembre de 2003.

Por todos los razonamientos expuestos en el presente fallo, con especial atención y acatamiento a lo dispuesto en los Artículos 2, 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que obligan al Juez a interpretar las Instituciones Jurídicas tomando en consideración los actuales principios que fundamentan el Sistema de Derecho y que persiguen hacer efectiva la Justicia y con vista a toda la prueba documental analizada y valorada, inevitablemente se debe DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA por RESOLUCIÓN DE CONTRATO VENTA CON RESERVA DE DOMINIO interpuesta, con todos sus pronunciamientos de Ley, conforme las determinaciones señaladas Ut Supra; lo cual quedará establecido en forma expresa y precisa en la parte dispositiva de la presente sentencia, con arreglo a las pretensiones deducidas y a las excepciones o defensas opuestas, según el Ordinal 5° del Artículo 243 del Código de Procedimiento Civil y así finalmente lo de establecido éste Operador de Justicia.

DE LA DISPOSITIVA

En mérito de las precedentes consideraciones, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito, de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO

CON LUGAR la demanda por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE VENTA A PLAZO CON RESERVA DE DOMINIO incoada por el BANCO FEDERAL, C.A., representado por la JUNTA COORDINADORA DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS QUE INTEGRAN EL GRUPO FINANCIERO FEDERAL, A TRAVÉS DEL FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y PROTECCIÓN BANCARIA, según la Gacetas Oficiales de la Republica Bolivariana de Venezuela, de fechas 01 y 15 de Diciembre de 2010, signada bajo los Números 39.564 y 39.574, respectivamente, contra la ciudadana I.B.E.U., ambas partes plenamente identificadas al inicio de este fallo; por cuanto quedó demostrado en las actas procesales que la demandada no dio estricto cumplimiento a su obligación principal de pagar las cuotas pactadas en la negociación.

SEGUNDO

RESUELTO JURISDICCIONALMENTE el CONTRATO DE VENTA A PLAZO CON RESERVAS DE DOMINIO suscrito originalmente en fecha 18 de Enero de 2002, entre la Empresa Mercantil SEAUTOS MARGARITA, C.A., en su carácter de vendedora-cedente y la ciudadana I.B.E.U., en su condición de compradora y autenticado ante la Notaría Pública Sexta de Municipio Chacao del Estado Miranda, bajo el Nº 371, cuyos derechos y obligaciones fueron cedidos con todos sus accesorios a la Entidad Financiera BANCO FEDERAL, C.A., como acreedora-cesionaria representada por la JUNTA COORDINADORA DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS QUE INTEGRAN EL GRUPO FINANCIERO FEDERAL, A TRAVÉS DEL FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y PROTECCIÓN BANCARIA y SE CONDENA a la demandada a restituir a la acreedora-cesionaria el bien mueble constituido por el vehículo Clase: AUTOMÓVIL, Marca: SEAT, Modelo: CORDOVA SIGNO, Año: 2002, Color: AMARILLO OVNI, Tipo: SEDAN, Uso: PARTICULAR, Placa: S/P, Serial de Carrocería: VSSZZZ6KZ2R067706, y Serial Motor: AEH086942, cuya orden de retención se ordenará una vez que el presente fallo quede definitivamente firme.

TERCERO

QUEDAN A FAVOR de la accionante todas las cuotas pagadas por la accionada hasta la fecha de interposición de la demanda, por concepto de indemnización por el uso del vehículo, dada la procedencia de la causal resolutoria opuesta.

CUARTO

SE CONDENA a la parte demandada al pago de las costas a tenor de lo previsto en el Artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

Regístrese, publíquese y déjese la copia certificada a la cual hace especial referencia el Artículo 248 eiusdem.

Dada, firmada, sellada y publicada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, al Primer (01) días del mes de Octubre del año Dos Mil Trece (2013). Años 203° y 154°.

EL JUEZ,

LA SECRETARIA,

ABG. J.C.V.R.

ABG. DIOCELIS J. P.B.

En la misma fecha anterior, siendo la 01:14 p.m., previa las formalidades de Ley, se registró y publicó la anterior decisión DENTRO DE SU OPORTUNIDAD LEGAL, según Asiento del Libro Diario llevado por este Despacho para tales efectos.

LA SECRETARIA,

JCVR/DJPB/DAY/PL-B.CA

ASUNTO AH13-V-2006-000012

ASUNTO ANTIGUO 2006-29.438

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