Decisión de Juzgado Undecimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 21 de Marzo de 2014

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Caracas, doce (12) de marzo de dos mil catorce (2014).

203º y 155º

Asunto: AH1B-X-2013-000034

Sentencia Interlocutoria.

A los fines de proveer lo conducente respecto a la Medida de Prohibición de Enajenar y Gravar la cual fue solicitada en el escrito de demanda por la representación judicial de la parte actora, este Juzgador pasa a efectuar las siguientes consideraciones:

Fue admitida la presente demanda por COBRO DE BOLIVARES (vía ordinaria), presentada por los ciudadanos I.M. CALCAÑO MONSALVE, A.J. PIETRI GARCIA y DIANORA DÍAZ CHACÍN, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, titulares de las cédulas de identidad Nos. 2.935.778, 3.728.618 y 3.956.409 respectivamente, abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 1.799, 9.429 y 12.198 respectivamente, actuando en su carácter de apoderado judicial de la Empresa MERCANTIL C.A., BANCO UNIVERSAL, Sociedad Mercantil, de este domicilio, identificada con el Registro de Información Fiscal (RIF) J-00002961-0, inscrita originalmente en el Registro de Comercio que llevaba el antiguo Juzgado de Comercio del Distrito Federal el 03-04-1925, bajo el Nº 123, cuyos actuales estatutos sociales refundidos en un solo texto constan de asiento inscrito en el registro Mercantil Primero del Distrito Capital y Estado Miranda el día 06-08-2008, bajo el número 13, Tomo 121-A,, contra la Sociedad Mercantil GRUPO LATINOAMERICANO ACM C.A., domiciliada en la ciudad de Caracas, e inscrita en el Registro Mercantil Quito de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 04-08-2004, bajo el Nº 75, Tomo 974-A, Registro de Información Fiscal (RIF) J-311959654, en la persona del ciudadano A.M.S.G., venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-1.874.413, en su propio nombre en su condición de avalista y fiador; acompañando la demandante su demanda del siguiente documento:

1. Instrumento de Poder debidamente autenticado por ante la Notaria Publica Trigésima Séptima de Municipio Libertador del Distrito Capital.-

2. Pagares emitidos por GRUPO LATINOAMERICANO ACM C.A., marcados con las letras “B”, “C”, “D” y “E.-

3. Copias simples de dichos pagare.-

4. Copias certificadas del documento Registrado ante el Registro Publico del Primer Circuito del Municipio Sucre del Estado Miranda.-

Ahora bien, establecen los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente:

Artículo 585: Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.-

Artículo 588: En conformidad con el artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas:

1º El embargo de bienes muebles;

2º El secuestro de bienes determinados;

3º La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles.

Podrá también el Juez acordar cualesquiera disposiciones complementarias para asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiere decretado.-

PARÁGRAFO PRIMERO.-Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el artículo 585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión.-

PARÁGRAFO SEGUNDO.-Cuando se decrete alguna de las providencias cautelares previstas en el Parágrafo Primero de este artículo, la parte contra quien obre la providencia podrá oponerse a ella, y la oposición se sustanciará y resolverá conforme a lo previsto en los Artículos 602, 603 y 604 de este Código.-

PARÁGRAFO TERCERO.-El Tribunal podrá, atendiendo a las circunstancias, suspender la providencia cautelar que hubiere decretado, si la parte contra quien obre diere caución de las establecidas en el Artículo 590. Si se objetare la eficacia o suficiencia de la garantía, se aplicará lo dispuesto en el único aparte del Artículo 589.-

Las medidas cautelares por excelencia persiguen la anticipación de los efectos de una providencia principal; ellas están destinadas a precaver el resultado práctico de un juicio futuro y eventual al cual están preordenados sus efectos. Así se evita que la parte perdidosa haga nugatorio el triunfo del adversario, el cual podría encontrarse con la situación de que su victoria en la litis no tendría sobre que materializarse, quedándole solo una sentencia a su favor pero ningún bien del perdidoso del cual cobrarse para hacer efectiva su pretensión, bien sea porque este se insolventó real o fraudulentamente, o porque de una u otra manera ha ocultado sus bienes para eludir su responsabilidad procesal.-

Según el contenido de la norma jurídica anteriormente transcrita, la procedibilidad de las medidas preventivas depende de la concurrencia de dos condiciones a saber:

1. El periculum in mora; o el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo. A este respecto, no establece la Ley supuestos de peligro de daño, tipificados en varios ordinales, como ocurría en los supuestos de embargo y prohibición de enajenar y gravar del Código derogado; sino que por el contrario, la norma establece “…cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya una presunción grave de esta circunstancia…”. El peligro en la mora tiene dos causas motivas: una constante y notoria, que además no necesita ser probada, cual es la inexcusable tardanza del juicio sometido a conocimiento, el arco del tiempo que necesariamente transcurre desde la deducción de la demanda hasta la sentencia ejecutoriada; la otra causa viene dada por los hechos del demandado durante ese tiempo para burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada.-

2. El fumus b.i.; o la presunción grave del derecho que se reclama. También es conocida como la “Apariencia del Buen Derecho”, constituye un juicio preliminar que no toca el fondo, por el cual quien se presenta como titular del derecho tiene visos de que efectivamente lo es. Este surge como la necesidad, la apariencia de certeza o de credibilidad del derecho invocado por parte del sujeto que solicita la medida. El eximio profesor i.P.C., afirma que en sede cautelar basta que la existencia del derecho aparezca verosímil, es decir, basta que según un cálculo de probabilidades, se pueda prever que la providencia principal declarará el derecho en sentido favorable a aquel que solicita la medida cautelar.-

No obstante lo anterior, la extinta Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, mediante sentencia de fecha 04 de Junio de 1.997, con ponencia del Magistrado Dr. A.A.B., estableció lo siguiente:

“…De la aplicación de ambas disposiciones legales (refiriéndose a la norma contenida en los artículos 585 y 588, ambos del Código de Procedimiento Civil) se observa la existencia de tres requisitos de procedencia de las medidas preventivas establecidas en el parágrafo primero del artículo 588, a saber:

1) La existencia de un fundado temor de que una de las partes en el curso del proceso, pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra;

2) Presunción grave del Derecho que se reclama -fumus b.i. -;

3) Presunción grave del riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo - periculum in mora -. Estos son los tres aspectos que debe examinar el Juez para decidir sobre la procedencia de la medida cautelar que la doctrina ha denominado “medida innominada”, por ser diferente a las medidas preventivas típicas de embargo, secuestro de bienes determinados y prohibición de enajenar y gravar…” (Sic.).-

Lo que nuestro M.T. establece en el fallo parcialmente trascrito, es que además de los requisitos fundamentales para la procedencia de la Medida Cautelar Innominada, es decir, el fumus b.i. y el periculum in mora, es menester que el Juez, al momento de estudiar el caso, debe examinar el periculum in danni, siendo este el fundado temor de que una de las parte pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al Derecho de la otra.-

Así mismo, la Sala de Casación Civil de la antes citada Corte Suprema de Justicia, sentó criterio mediante sentencia de fecha 16 de Enero de 1.997, al establecer:

…Así concebidas, observamos que el fin que persigue el legislador venezolano, con la regulación de las medidas cautelares consagradas en nuestro Código de Procedimiento Civil, es claramente el garantizar la efectividad del derecho constitucional que tienen todos de acudir a los órganos judiciales para la defensa de sus derechos o intereses. (Art. 68 de la Constitución). La tutela cautelar se concederá, entonces, cuando se compruebe que hay o puede haber un daño irreversible para el derecho del que la solicita (periculum in mora); lo que presupone que el Juez tendrá que hacer, previamente, una indagación sobre el derecho que se reclama (fumus b.i.)…

(Sic.).-

A mayor abundamiento, nuestro m.T.d.J., mediante sentencia de fecha 17 de Abril de 2.001, estableció lo siguiente:

…Uno de los derechos más importantes y fundamentales en todo Estado de Derecho, es el derecho a la tutela judicial efectiva, que está conformado por otros derechos, como lo son: el derecho a tener acceso a la justicia, el derecho a intentar todas las acciones y recursos procedentes en vía judicial, el derecho a la tutela judicial cautelar y el derecho a la ejecución del fallo.-

En efecto, las Medidas Cautelares son parte esencial de este derecho y del derecho a la defensa, teniendo su base en la propia función del Juez de juzgar y ejecutar lo juzgado y pueden ser utilizadas, siempre que cumplan los dos requisitos esenciales del periculum in mora y del fumus b.i., de la forma más amplia para garantizar la eficacia de la sentencia que decida sobre el fondo de la controversia.…

(Sic.) (www.tsj.gov.ve TSJ-SPA, Sent. Nro. 662 del 17-4-2001).-

El poder cautelar es una función de los órganos jurisdiccionales tendiente a que si una de las partes en un determinado juicio solicita el decreto de una medida cautelar, el Juez previo examen de la concurrencia de los requisitos de ley, puede decretarlo para evitar una situación de daño o de peligro, y a la par obrar según su prudente arbitrio, vale decir, el Juez es soberano y tiene amplias facultades cuando están llenos los extremos legales para decretar las medidas que soliciten las partes.-

El legislador en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, estatuye que el Juez decretará las medidas preventivas establecidas en el Título correspondiente, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, siempre que se acompañen medios de prueba, aún cuando presuntivos, que constituyan presunción grave de dos circunstancias o supuestos concurrentes; ello, a los fines de dar satisfacción al derecho a la tutela cautelar como una de las expresiones del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los supuestos precitados son conocidos en doctrina como Fumus B.I. y Periculum in Mora, los cuales pueden ser determinados con mayor facilidad para el juez, ante la necesidad del decreto de la medida preventiva, cuando se está en presencia de una obligación contractual, más no cuando la reclamación surja de una relación extracontractual o aquiliana, por cuanto en este último caso, se corre el riesgo de que en la apreciación de estos elementos, para el decreto de la medida el Juez se adentre peligrosamente en la cuestión de fondo del asunto planteado.-

Respecto a los efectos de una reclamación contractual, los requisitos del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, pueden estar presentes en los mismos recaudos o documentos que se acompañen a la demanda. En el presente caso, este Tribunal estima que de los documentos consignados en copias certificadas y en copias simples acompañados por la parte actora, surge la prueba del derecho que se reclama, y además, dimana el temor fundado de que quede ilusoria la ejecución del fallo, es decir, concurren en la presente causa los dos extremos exigidos en la citada norma procesal. Asimismo, observa que en relación a la medida solicitada concurre, también, el periculum in damni.-

Establecido lo anterior, este Tribunal luego de una revisión exhaustiva de las actas que conforman el presente expediente, observa para el caso de marras, la constitución de la presunción grave del riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, en razón que se evidencia, que el presente procedimiento se está ventilando en el juicio de Cobro de Bolívares (vía ordinaria). Lo que a criterio de este Juzgador, los requisitos de lo establecido en el artículo 585 ejusdem, referente al Periculum In Mora y al Fomus B.I., se encuentran debidamente probados y en consecuencia procedentes, Y Así Se Establece.-

Por los fundamentos antes expuestos, este Tribunal en el ejercicio de la potestad cautelar que le reconoce nuestro Código Adjetivo decreta de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo previsto en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, y en el artículo 588 ordinal 3°, Ejusdem, se DECRETA MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR, sobre el siguiente bien inmueble que se transcribe a continuación:

“…Un (1) apartamento que forma parte del edificio Residencias Mariembad, ubicado en la Avenida principal de la Urbanización Caurimare en Jurisdicción del Municipio Baruta, Distrito Sucre, del Estado Miranda y cuya descripción y linderos generales son: el edificio esta construido sobre una parcela de terreno distinguido con el Nro. 357, de la zona “C”, en el plano general de la mencionada urbanización sus superficie total es de dos mil ciento cuarenta y nueve metros cuadrados con noventa y siete decímetros cuadrados (mts 2.159.97) y tiene los siguientes linderos y medidas: NORTE: en cincuenta y cinco metros con setenta y cinco centímetros (m 55,75), con la parcela nro. 358 de la zona “C”, SUR: en cincuenta y cinco metros (m 55,ºº), con la parcela nro 356, de la misma zona “C”, ESTE: en veintiocho metros con noventa y cuatro centímetros (m 28,94), con zona verde y OESTE: en una línea recta de tres metros con veintitrés centímetros (m 3,23), y un arco de cuarenta y cuatro metros con treinta y cinco ) centímetros cuyo radio es de ciento cincuenta metros (150ºº), con la avenida principal de Caurimare, todo lo cual consta del croquis que esta agregado al cuaderno de comprobantes que lleva la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Sucre del Estado Miranda, el 12 de junio de 1967, bajo el Nro. 1152, folio 1993. El apartamento vendido que le distingue con el Nro. y letra 22-B, esta ubicado en el cuerpo B, del mencionado edificio tiene una superficie aproximada de construcción de noventa y cinco metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados (m2 95,40), consta de las siguientes dependencias: Hall de entrada, salo-recibo-comedor, un balcón, dos dormitorios principales con sendos closets, un cuarto auxiliar con baño, un baño principal y cocina. Además corresponde al propietario del mencionado apartamento el derecho de uso exclusivo de un puesto cubierto para estacionamiento de vehiculo de los situados en la planta sótano del edificio y el de un cuarto maletero de los situados también en la planta sótano del edificio, distinguidos ambos con la letra y numero B-22, como consta en los planos respectivos que se agregaron al cuaderno de comprobantes que se lleva en esta citada oficina Subalterna de Registro junto con el documento de condominio que hago se menciona y esta alinderado así: norte del edificio, sur del edificio, este del edifico y en parte con el apartamento C-2, y oeste, en parte con fachada oeste del edificio y en parte con el apartamento B-21. Al deslindado apartamento le corresponde un porcentaje sobre los derechos y cargas comunes del edificio de dos con cinco mil cuarenta y cuatro milésimas por ciento (2.5044%), el mencionado apartamento queda sometido a las condiciones establecidas en el correspondiente documento de condominio, protocolizado en la misma citada Oficina de Registro el 19 de diciembre de 1968, bajo el Nro. 8, folio 47, Protocolo Primero 1º, tomo 35. el apartamento…”. Dicho inmueble le pertenece al co-demandado A.M.S., según se evidencia de documento de propiedad protocolizado ante la Oficina de Registro Público del Primer Circuito del Municipio Sucre del Estado Miranda, en fecha 15 de julio de 1969, bajo el No. 9, Tomo 56, Protocolo Primero.

A los fines de la práctica de la presente medida, se acuerda oficiar lo conducente al Registrador que corresponda a fin de que estampe la nota marginal respectiva. Cúmplase.

EL JUEZ,

LA SECRETARIA ACC.,

DR. Á.V.R..

ABG. G.P.V..

ASUNTO: AH1B-X-2013-000034

Asunto Principal: AP11-M-2009-000008

AVR/GPV/Gustavo.