Decisión de Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Estabilidad Laboral, con sede en La Víctoria de Aragua, de 30 de Junio de 2010 - Jurisprudencia - VLEX 286038679

Decisión de Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Estabilidad Laboral, con sede en La Víctoria de Aragua, de 30 de Junio de 2010

RESUMEN

Por los razonamientos anteriormente expuestos, este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, BANCARIO Y DE PROTECCION DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, SEDE LA VICTORIA, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, en el presente juicio por RENDICION DE... (ver resumen completo)

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, BANCARIO Y DE PROTECCIÓN DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA

200º y 151º

PARTE ACTORA: BAUDILIO FREDDY LEAL RUMBOS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 3.737.659.

Apoderadas judiciales: abogadas Olimpia Pulido Mañon y Yoalis Bolívar Tovar, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nros. 99.707 y 128.839 respectivamente.

PARTE DEMANDADA: sociedad mercantil CONSTRUCTORA ANHER, S.A. GUARICO, registrada en el Registro Mercantil del Estado Guárico, bajo el N° 40, tomo 1-A del año 1994, en la persona de sus socios GABRIEL ANGARITA, HENRIQUE FARIA GARCIA Y PEDRO LUIS ANGARITA, titulares de las cédulas de identidad N° 4.087.921, 8.684.449 y 1.728.600 respectivamente.

ACCIÓN: RENDICION DE CUENTAS

MOTIVO: PERENCION

EXPEDIENTE Nº 22.798

La presente demanda fue admitida en fecha, 8 de julio de 2009, ordenándose la intimación de los ciudadanos GABRIEL ANGARITA, HENRIQUE FARIA Y PEDRO LUIS ANGARITA, librándose copia certificada del libelo así mismo, se apercibió a la parte demandada que debía proveer los medios necesarios al alguacil para la práctica de lo ordenado.

Consta al folio 328 que la alguacil de este Despacho dejó constancia de haber recibido los medios necesarios para la práctica de la citación ordenada.

Al folio 329, se dejó constancia de que no pudo ser realizada la citación personal de los demandados.

En fecha 13 de octubre de 2009, fue librado cartel de intimación a nombre de los demandados, a fines de que comparecieran al Tribunal a darse por intimados en el presente juicio, con la advertencia de que cumplidas las formalidades de la comparecencia se le designaría defensor de oficio, cartel que según se observa al folio 352, fue retirado por la parte interesada en fecha 23 de octubre de 2009.

En fecha 15 de enero de 2010, la abogada Olimpia Pulido, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte actora, consignó los carteles publicados en los diarios El Aragüeño y El Siglo.

MOTIVA

Este Tribunal para decidir observa:

Del análisis efectuado a los autos, se observa al folio 349 de la pieza I, que mediante auto de fecha 13 de octubre de 2009, se ordenó el emplazamiento de los demandados mediante cartel, de conformidad con el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil ordenando publicar el referido cartel en dos de los diarios de mayor circulación de la localidad, carteles que fueron retirados en fecha 23-10-2009 para su publicación y consignados por la apoderada actora en fecha 15 de enero de 2010, evidenciándose que desde el 23 de octubre de 2009 hasta el 15 de enero de 2010, transcurrieron más de treinta (30) días consecutivos para que la interesada consignara el cartel a los fines de la citación personal, como lo dispone el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, considera quien aquí decide, pertinente traer a colación el contenido del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en su numeral 1° el cual establece:

... “ También se extingue la instancia: 1º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.” …/…

En relación a esta norma, ha definido nuestra jurisprudencia patria, que la perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en los ordinales del Artículo 267 de la norma in comento. Tiene como razón de ser el evitar que cualesquiera sea el interés del actor, éste deberá impulsar la continuación del juicio, pues dejar inactivo el expediente, causa perjuicio al principio de la celeridad procesal y al demandado. Constituye un castigo a la negligencia de las partes quienes deben cumplir con sus cargas procesales.

Dispone el artículo 267 que se extingue la instancia si en el transcurso de treinta días, seis meses o un año, las partes no han ejecutado ningún acto del proceso o cumplido con las obligaciones que les impone la ley.

El cómputo de los lapsos establecidos para que opere la perención se computan por días continuos...

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