Decisión de Juzgado Primero de Juicio del Trabajo de Aragua, de 12 de Febrero de 2014

DOCUMENTALES

Marcados ¨1¨, “2”, “3”, “4”, “5”, “6” y “7” Recibos de pago de fechas 23-01-2006, 24-01-2006, 14-02-2007, 26-02-2007, 05-03-2007, 12-03-2007 y 15-05-2007, respectivamente; folios 98 al 104: Documentales reconocidas por la parte actora. De conformidad con los artículos 10 y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo el Tribunal les otorga valor probatorio quedando demostrados los pagos efectuados por la parte demandada al hoy demandante, por concepto de honorarios profesionales, a cuenta de Proyecto de Urbanismo S.I., por montos de Bs. 1.000.000,00; Bs. 6.000.000,00 y Bs. 3.000.000,00; respectivamente. Así se decide.

Marcados ¨8¨ y “9”, comunicaciones de fechas 22 de Enero de 2007 y 14 de febrero de 2007, y anexos, folios 105 al 112: Documentales reconocidas por la parte actora. De conformidad con los artículos 10 y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo el Tribunal otorga valor probatorio quedando demostrado que el hoy demandante envió comunicación a la ciudadana P.D., a los fines de hacerle entrega del presupuesto de honorarios profesionales para Proyecto de Urbanismo Comercial e Impacto Ambiental y Sociocultural, en terrenos ubicados en la calle S.I., parcela 27, asentamiento campesino S.I.d.M.L.A.d.E.A.. Así se decide.

Marcado ¨10¨, Poder otorgado en fecha 06 de marzo de 2007, folios 113 y 114: De conformidad con el principio de comunidad de la prueba el Tribunal reitera el valor probatorio otorgado a la documental, que fue promovida por la parte actora marcada ¨B¨, folios 64 y 65. Así se establece.

Marcado ¨11¨, Constancias de cumplimiento de variables urbanas, folios 115 y 116: Documental impugnada por la parte actora por ser copia simple, la parte demandada insiste en hacerla valer. El Tribunal observa que la documental fue promovida en copia simple y no aporta elementos de convicción para la solución de lo debatido, y en razón de ello no se le otorga valor probatorio y se desecha del debate, conforme al artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por analogía conforme al artículo 11 de la ley adjetiva laboral. Así se decide.

Marcada ¨12¨, permiso de habitabilidad de los galpones originales, de fecha 02 de noviembre de 2010, folio 117: Documental impugnada por la parte actora por ser copia simple y estar adulterada; la parte demandada insiste en hacerla valer. El Tribunal observa que la documental fue promovida en copia simple y no aporta elementos de convicción para la solución de lo debatido, y en razón de ello no se le otorga valor probatorio y se desecha del debate, conforme al artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por analogía conforme al artículo 11 de la ley adjetiva laboral. Así se decide.

DE LOS INFORMES

De conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo el Tribunal requirió información a:

OFICINA DE PLANEAMIENTO U.D.L.A.D.M.F.L. ALCANTARA, DEL ESTADO ARAGUA, ubicada en la Avenida F.d.M., S.R., a los fines de que informe a este Despacho sobre los siguientes particulares:

a.- Si emitió C.d.c.d.v.u. (construcción mayor) de construcción de locales comerciales (galpones) en la Avenida S.I., Parcela Nro. 27, Sector S.I., Municipio F.L.A.d.E.A., inmueble registrado en Catastro bajo el Nro. 05-17-01-46, de fecha 04 de marzo de 2008.

b.- Si emitió permiso de habitabilidad de siete galpones comerciales, ubicados en la Avenida S.I., Parcela Nro. 27, Sector S.I., Municipio F.L.A.d.E.A., inmueble registrado en Catastro bajo el Nro. 05-17-01-46, de fecha 02 de noviembre de 2010.

c.- De ser cierto los puntos anteriores, remitir copias de los mismos al Tribunal.

Se libró Oficio N° 3.083-13 el 14 de junio de 2012. Consta a los folios 147 al 152 del expediente, Oficio signado OMPU-0015/2013 de fecha 01 de julio de 2013, mediante el cual se informa al Tribunal que se otorgó variables urbanas fundamentales, permiso de construcción mayor y habitabilidad, a la obra. De conformidad con el artículo 81 de la ley adjetiva laboral se otorga valor probatorio a la información suministrada, como demostrativa de tales hechos. Así se decide.

JUZGADO QUINTO DE SUSTANCIACION, MEDIACION Y EJECUCION DEL TRABAJO DEL ESTADO ARAGUA, con sede en la Calle Carabobo, cruce con Páez, Edificio Raila, Primer Piso, de esta ciudad de Maracay, a los fines de que informe a este Tribunal sobre los siguientes particulares:

a.- Si por ante dicho Tribunal Quinto de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Estado Aragua, cursa o cursó alguna causa signada con el Nro. DP11-L-2011-001811, en la cual el ciudadano B.M.S.J., identificado con la cedula de identidad Nro. 4.552.430, es la parte actora del mismo.

b.- Si dicha causa se refiere a demanda por cobro de prestaciones sociales en contra de los ciudadanos P.A.D.d.E. y R.E., identificados con las cedulas de identidad Nros. 7.207.076 y 6.467.775.

c.- Fecha en la cual fue practicada por el alguacil la respectiva notificación a los ciudadanos demandados P.A.D.d.E. y R.E..

d.- De ser cierto los puntos anteriores, favor remitir a este Tribunal, copia certificada del expediente completo que contiene la causa identificada con el Nro. DP11-L-2011-000181.

Se libró Oficio N° 3.083-13 el 14 de junio de 2012. No consta en autos sus resultas y el Tribunal declara DESISTIDA la Prueba. Así se decide.

TESTIMONIALES

El Tribunal ordenó la comparecencia en la oportunidad de la Audiencia de Juicio, de los ciudadanos L.R.M.O., F.J.B., Y.G.O.B. y ADECSON SAVIEL OCHOA BOLIVAR, venezolanos, mayores de edad, cédulas de identidad Nros. V-4.226.942, V-13.199.227, V-19.454.667 y V-17.799.572, respectivamente; sin notificación alguna, a fin que declarasen oralmente ante este Juzgado con relación a los hechos debatidos en el proceso, respondiendo al interrogatorio formulado por las partes, así como por la ciudadana Juez, conforme lo establece el artículo 153 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Se dejó constancia de la comparecencia de los testigos, quienes prestaron el debido juramento de ley ante la ciudadana Juez, y cuyas declaraciones se resumen como se indica:

Ciudadano L.R.M.O.

A las preguntas que le fueron efectuadas por el Apoderado Judicial de la parte demandada, respondió:

- que su ocupación es Dibujante Técnico

- que trabajó en la tramitación de algunos de los permisos de la construcción de los galpones

- que nunca tuvo ningún contacto con el demandante

- que no tuvo contacto con ningún Ingeniero sino con el Arquitecto E.P. y la Ingeniero M.G.

- que no supo que el Ingeniero Surmay trabajara para la obra

- que conoce la obra y se trata de varios galpones, cada uno con su oficina, pues es un galpón que está dividido

- que él comenzó a tramitar la permisología en el año 2011

El Apoderado Judicial de la parte actora TACHA AL TESTIGO indicando que no tiene conocimiento real de lo debatido. La ciudadana Juez, en vista de la causal alegada, indica que no se apertura la incidencia de tacha, sino se reserva la valoración o no de la declaración testimonial rendida, en la sentencia.

Ciudadano F.J.B.

A las preguntas que le fueron efectuadas por el Apoderado Judicial de la parte demandada, respondió:

- que es Maestro de Obras civiles

- que trabajó en la obra de construcción de los galpones y trabaja actualmente allí, desde el año 1996

- que no tuvo trato con el demandante

- que actualmente siguen construyendo galpones en la parte de atrás

- que cumple horario de 7am a 4pm

- que nunca vio al demandante trabajando en la construcción

A las repreguntas que le fueron efectuadas por el Apoderado Judicial de la parte actora, respondió:

- que es Maestro de Obras civiles

- que vive en la obra

- que vino a declarar porque se lo pidió el Abogado

- Que no tuvo ninguna presión de los demandados para declarar, pues él cumple con su trabajo y ellos cumplen con el pago de su salario

Ciudadano ADECSON SAVIEL OCHOA BOLIVAR

A las preguntas que le fueron efectuadas por el Apoderado Judicial de la parte demandada, respondió:

- que es obrero de construcción

- que trabajó en la obra de los galpones en el sector S.I.

- que trabaja allí desde 2007

- que su horario es de 7 am a 5 pm

- que no conoce ni ha visto al demandante en esa obra en ningún momento

- que no ha visto a ningún Ingeniero en la obra que esté en contacto con los obreros o con el maestro de obras

- que no conoce al demandante, ni que sea Ingeniero de la obra

- que sigue trabajando allí

- que conoce al Personal que trabaja en la obra

A las repreguntas que le fueron efectuadas por el Apoderado Judicial de la parte actora, respondió:

- que vive en la Avenida Principal de S.I.

- que en tanto tiempo trabajando allí nunca vio a ningún Ingeniero

- que él trabaja directamente con el maestro de obras y es quien le paga su salario

Ciudadano Y.G.O.B.

A las preguntas que le fueron efectuadas por el Apoderado Judicial de la parte demandada, respondió:

- que es ayudante de construcción

- que trabaja en la obra de construcción de los galpones en el sector S.I.

- que trabaja como Ayudante de Albañilería desde el año 2007

- que no conoce al demandante

- que el demandante no trabaja ni trabajó en la obra

- que su supervisor es el maestro de obras

- que no supo de ningún Ingeniero que laborara en la obra

- que cumple horario de 7am a 12m y de 1pm a 5pm

Conforme al artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el Tribunal evidencia que las testimoniales rendidas no aportan elementos de convicción para la solución de la controversia bajo análisis, y en razón de ello no se les otorga valor probatorio y se desechan del debate, conforme al artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por analogía conforme al artículo 11 de la ley adjetiva laboral. Así se decide.

Una vez analizado el material probatorio de autos, corresponde al Tribunal determinar si en el caso concreto, los demandados, ciudadanos P.A.D.D.E. y R.E.R., lograron desvirtuar la presunción de laboralidad que ciertamente surgió a favor del demandante, ciudadano B.M.S.J.; presunción prevista en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo (1997) aplicable al caso; toda vez que a fin de determinar la existencia de una relación de trabajo, el legislador consideró que ante las dificultades probatorias que normalmente surgen en los procesos laborales, era necesario establecer, por política procesal, un conjunto de presunciones legales para proteger al trabajador, quien es el débil jurídico en la relación obrero-patronal, en consideración, además, del hecho generalmente aceptado que es el patrón la persona que tiene en su poder la posibilidad de probar los extremos que deben concurrir para determinar la existencia de una relación de trabajo. En efecto, dispone el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo:

Artículo 65: Se presumirá la existencia de una relación de trabajo entre quien preste un servicio personal y quien lo reciba. Se exceptuarán aquellos casos en los cuales, por razones de orden ético o de interés social, se presten servicios a instituciones sin fines de lucro con propósitos distintos a los de la relación laboral.

(Destacado del Tribunal)

Así, la presunción de laboralidad en comento reviste carácter de suma importancia, ya que con ella se protege al trabajo como hecho social y así a los prestadores de servicios que a cambio reciben una remuneración y que se encuentran subordinados a las directrices del patrono. No obstante ello, esta presunción admite prueba en contrario, por lo cual el Juez debe establecer el examen probatorio en función de ello, a fin de determinar si puede considerársela destruida con vista de las pruebas aportadas a los autos. Ello, por cuanto conforme al desarrollo doctrinario y jurisprudencial sobre el punto, no siempre las prestaciones personales de servicios reviste naturaleza laboral. Sobre el tema, se ha pronunciado reiteradamente la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en el entendido que para definir si una relación es de naturaleza laboral, deben revelarse concurrentemente los elementos que la determinan, como son: prestación personal de un servicio por el trabajador, la ajeneidad, pago de una remuneración por parte del patrono y la subordinación del primero al segundo, sin que pueda faltar uno de ellos, pues en ese caso no podría hablarse de tal relación; como quedó establecido en sentencia N° 878, del 20/09/2010, Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia.

Ahora bien, estima esta Juzgadora de suma importancia, aplicar al caso bajo estudio el denominado test de laboralidad o haz de indicios, a fin de determinar fehacientemente si la parte demandada desvirtuó o no los elementos de la relación de trabajo que ha sido alegada, tal y como lo ha dejado establecido reiteradamente la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, desde la publicación de la sentencia N° 489 del 13 de agosto de 2002, ratificada, entre otras, en sentencia de fecha 27 de abril de 2006 (Francisco J.P.Q. contra C. A. Cervecería Regional), estableciéndose como indicios o elementos para verificar la existencia de una relación subordinada de trabajo los siguientes parámetros:

1. Forma de determinar el trabajo: En el caso de autos, ha quedado plenamente establecido que el demandante, ciudadano B.M.S.J., actuó ante el Municipio F.L.A.d.E.A., en su carácter de Apoderado de la ciudadana P.A.D.d.E., tales como: convenimientos de pago; solicitudes de permisos de habitabilidad para construcción de la obra, indicando que dicha solicitud obedece a la reclamación de sus honorarios profesionales como Ingeniero de la misma; solicitud de cumplimiento de variables urbanas; solicitud de permiso de demolición; solicitud de modificación en el Boletín de Información Catastral y Planilla de Inscripción Catastral; permiso para la construcción mayor. Asimismo, el ente municipal dirige comunicación al hoy demandante respecto al estado en que se encuentra la solicitud de permiso de construcción mayor para la obra. Igualmente, consta Acta de Reunión levantada por el ente municipal a los fines de tratar lo concerniente a la demolición de las obras y levantar los vértices del levantamiento topográfico, con la presencia del hoy demandante en su carácter de Apoderado de la ciudadana P.D.; sin que puedan apreciarse elementos de subordinación o ajeneidad.

2. Tiempo de trabajo y otras condiciones de trabajo: Quedó demostrado que la ciudadana P.D. otorgó ante la Notaría Pública Quinta de Maracay Estado Aragua, Poder General de administración y representación al hoy demandante, para que sin limitación le representara y sostuviera sus derechos e intereses, en la gestión de planificación, construcción y habitabilidad de locales comerciales ubicados en la calle S.I., parcela 27, asentamiento campesino S.I.d.M.L.A.d.E.A., quedando anotado bajo el N° 44, Tomo 77.

3. Forma de efectuarse el pago: Se verificó los pagos efectuados por la parte demandada al hoy demandante, por concepto de honorarios profesionales, a cuenta de Proyecto de Urbanismo S.I., por montos de Bs. 1.000.000,00; Bs. 6.000.000,00 y Bs. 3.000.000,00; respectivamente; y asimismo, que el hoy demandante envió comunicación a la ciudadana P.D., a los fines de hacerle entrega del presupuesto de honorarios profesionales para Proyecto de Urbanismo Comercial e Impacto Ambiental y Sociocultural, en terrenos ubicados en la calle S.I., parcela 27, asentamiento campesino S.I.d.M.L.A.d.E.A..

4. Trabajo personal, supervisión y control disciplinario: No se evidencia en forma alguna que haya existido supervisión, control, órdenes impartidas por la demandada al demandante.

5. Inversiones, suministro de herramientas, materiales y maquinaria: No quedó demostrado que el demandante hiciera uso de herramientas o implementos de trabajo pertenecientes a los demandados.

6. Otros: asunción de ganancias o pérdidas por la persona que ejecuta el trabajo o presta el servicio, la regularidad del trabajo, la exclusividad o no para el usuario: No quedó demostrado en el juicio que el demandante rindiera cuentas a los demandados; o que los demandados le brindaran charlas o inducción alguna al reclamante.

7. La naturaleza y quantum de la contraprestación recibida por el servicio, máxime si el monto percibido es manifiestamente superior a quienes realizan una labor idéntica o similar: A través de los recibos de pagos, se demostró que el demandante percibió honorarios profesionales por montos variables.

Así las cosas, resulta aplicable al caso bajo estudio el criterio proferido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 3 de septiembre de 2004 (Luigi Di Giammatteo contra Cerámica Carabobo, C.A.), fallo en el cual la Sala estableció que uno de los elementos que genera mayor convicción con relación a la real naturaleza jurídica de una relación prestacional, es la intención de las partes al haberse vinculado, que se manifiesta con el acaecer de la realización de los servicios, en la forma como se prestó el servicio, sobre todo, el hecho de que el accionante ejercía su actividad libremente sin ninguna limitación por parte de la demandada, como ya se indicó.

En base a lo anterior, concluye esta Juzgadora que la demandada logró desvirtuar que el demandante se encontrara sujeto a subordinación, pues en forma alguna se desprende la existencia de este elemento que supone la obligación que tiene el trabajador de someterse a las órdenes y directrices que trace el empleador para el desenvolvimiento de su actividad laboral. Asimismo, en cuanto al elemento ajeneidad, que surge a la luz de las nuevas tendencias jurisprudenciales, proteccionistas del hecho social trabajo, como fuente disipadora de las dudas que presenta la dependencia como eje central de la relación laboral, entendiéndose que existe ajeneidad cuando quien presta el servicio personal –trabajador- se hace parte del sistema de producción añadiendo valor al producto que resulta de ese sistema, el cual pertenece a otra persona –patrono-, dueña de los factores de producción, quien asume los riesgos del proceso productivo y de la colocación del producto –ajenidad-, obligándose a retribuir la prestación recibida –remuneración-, por tanto ese ajeno organiza y dirige el mecanismo para la obtención de tales frutos, y es justo allí cuando la dependencia o subordinación se integra al concepto de ajenidad, coligiendo así que el trabajo dependiente deriva del hecho de prestar un servicio por cuenta ajena; tal y como lo establece sentencia N° 717 emanada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 10 de abril de 2007, con Ponencia de la Magistrada Dra. C.E.P.d.R.; evidencia esta Juzgadora, que no consta que los demandados hayan tenido injerencia alguna respecto a las actuaciones efectuadas por el demandante en representación de sus intereses.

Igualmente, en relación al elemento salario, se demostró que el demandante percibía honorarios profesionales, sin evidenciarse asignaciones y/o deducciones propias de una relación de trabajo, tales como: sueldo por jornadas efectivamente laboradas, o por horas extras, o deducciones por Seguro Social Obligatorio, Ley de Paro Forzoso, I.N.C.E., entre otras. Así se decide.

Por tanto, considera este Tribunal que el vínculo existente entre el demandante, ciudadano B.M.S.J., y los demandados ciudadanos P.A.D.D.E. y R.E.R., no cumple los elementos propios de una relación de trabajo subordinado, de las que protege el Derecho del Trabajo, como lo expresa el ilustre profesor Dr. R.A.G., por lo que es improcedente aplicar al caso sub examine el ámbito subjetivo de la legislación laboral; pues ha sido tan amplia la doctrina jurisprudencial emanada de Nuestro M.T. en torno al tema, que se ha decidido que en casos en los que consta que las partes se vincularon a través de un contrato que denominaron “laboral”, si se llega a determinar que en la práctica, en la realidad de los hechos, su desarrollo no fue tal, por las atribuciones y funciones ejercidas verdaderamente, y las condiciones devengadas, debe concluirse que no estamos en el ámbito del Derecho Laboral; tal y como se indicó en sentencia N° 437 del 11 de Mayo de 2010, con Ponencia del Magistrado Dr. L.E.F.; de forma que, la vinculación que existió entre ellos se corresponde a una prestación de servicio de naturaleza mercantil; por lo que debe concluir este Tribunal que ciertamente la parte demandada logró desvirtuar la presunción de laboralidad surgida a favor del demandante en el juicio; pues, el ciudadano B.M.S.J. no estuvo insertado en los procesos de producción de la demandada, resultando aplicable al caso la sentencia Nro.124, de fecha 16/06/2001, con Ponencia del Magistrado Dr. O.M., a través de la cual la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia sentenció: “(omissis) La demandada logró desvirtuar la presunción de existencia de relación de trabajo que supuestamente existía entre el demandante y la accionada; ello, en razón de que trajo a los autos elementos jurídicos y fácticos que permitieron determinar que el actor no estaba sujeto a subordinación laboral, que se muestra como una intensificación de la subordinación inmanente a toda obligación de la cual trasciende hasta el grado de llegar a afectar, duraderamente, la libertad del sujeto físico que ha de cumplirla (omissis)”. Así se decide.

En este sentido, a la luz de la definición de una relación de naturaleza laboral, en la que, como se ha venido estableciendo, deben revelarse concurrentemente los elementos que la configuran, a saber: prestación personal de un servicio por el trabajador, la ajeneidad, el pago de una remuneración por parte del patrono y la subordinación de aquel; se concluye que en el caso bajo estudio, no se configuró una relación de trabajo entre el demandante, ciudadano B.M.S.J. y los demandados, ciudadanos P.A.D.D.E. y R.E.R., y en razón de ello, este Tribunal considera que es justicia declarar SIN LUGAR la demanda por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS incoada, como se hará más adelante; resultando inoficioso emitir pronunciamiento sobre la defensa de prescripción opuesta. Así se decide.

IV

DECISIÓN

Por todas las razones y motivos aquí expuestos, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MARACAY, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: PRIMERO: SIN LUGAR la demanda por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES y otros conceptos, incoada por el ciudadano B.M.S.J., venezolano, mayor de edad, de este domicilio, cédula de identidad N° V-4.552.430, contra los ciudadanos P.A.D.D.E. y R.E.R., venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, cédulas de identidad números V-7.207.076 y V-6.467.775, respectivamente. SEGUNDO: Dada la naturaleza de la presente decisión no hay condenatoria en costas.

Publíquese, regístrese la presente decisión. Déjese copias certificadas.

Dada, firmada y sellada en el Sala del Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua. En Maracay, a los doce (12) días del mes de febrero del año dos mil catorce (2014). Años: 203º de la Independencia y 154º de la Federación.

LA JUEZ,

ABG. Z.D.C.

EL SECRETARIO,

ABG. J.J.N.

En esta misma fecha, siendo la una y veintiocho minutos de la tarde (1:28 p.m.) se publicó y registró la anterior sentencia.

EL SECRETARIO,

ABG. J.J.N.

ASUNTO N° DP11-L-2012-001648

ZDC/JJN/Abogado Asistente P.M..