Decisión de Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Yaracuy, de 27 de Septiembre de 2013
| Fecha de Resolución | 27 de Septiembre de 2013 |
| Emisor | Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito |
| Ponente | Wendy Yanez Rodriguez |
| Procedimiento | Perención De Instancia |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY
San Felipe, 27 de septiembre de 2013.
Años: 203° y 154°
EXPEDIENTE Nº 2225
PARTE ACTORA
Ciudadano J.B., en su carácter de Inspector Fiscal de la Renta de Timbre Fiscal del extinto Ministerio de Hacienda, hoy, Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
MOTIVO HERENCIA YACENTE (PERENCIÓN DE LA INSTANCIA).
Se inició por ante el extinto Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito, solicitud de HERENCIA YACENTE suscrita y presentada por el ciudadano J.B., en su carácter de Inspector Fiscal de la Renta de Timbre Fiscal del extinto Ministerio de Hacienda, de la De Cujus M.A.C., quien era venezolana, mayor de edad y fallecida ab-intestato el día tres (03) de enero de mil novecientos sesenta y cuatro (1964), en Campo Elías, Municipio Bruzual del estado Yaracuy.
Al folio 04 cursa auto de entrada dictado por el mencionado Juzgado y de conformidad con el artículo 1.060 del Código Civil, se reputó yacente la herencia de la De Cujus M.A.C.. Asimismo, se designó Curador al ciudadano G.R., venezolano, mayor de edad, domiciliado en Campo Elías, Municipio Bruzual del estado Yaracuy, a quien se ordenó notificar, a los fines de su aceptación o excusa. Igualmente se emplazó por edicto a toda parte interesada en la solicitud de herencia.
En fecha 11 de octubre de 1967 compareció el ciudadano G.R. y aceptó el cargo de curador y juró cumplir bien y fielmente con los deberes inherentes al cargo, tal como consta al folio 12.
En fecha 31 de enero de 1968 el Juzgado de Primera Instancia Civil, Mercantil y Tránsito, comisionó suficientemente al Juzgado del Municipio Campo Elías, a fin de practicar el inventario solemne conforme a lo dispuesto en los artículos 784 y 785 del Código de Procedimiento Civil. En fecha 12 de febrero de 1968 se recibió la comisión conferida al Juzgado antes mencionado, debidamente cumplida.
Al folio 18 cursa auto dictado por el Juzgado ya mencionado fijando la fianza que debe prestar el curador ya identificado. Por auto de fecha 26 de mayo de 1968, el Tribunal le discernió el cargo de curador de la herencia dejada ab-intestato por M.A.C., con todas las consecuencias legales para que pueda entrar en el ejercicio de su cargo.
Al folio 20 cursa diligencia presentada por el ciudadano G.R., en la cual solicita se le conceda autorización para vender la casa inventariada y pagarle a la ciudadana J.N.G. lo adeudado por concepto de gastos de enfermedad, mortuorios y reparaciones al inmueble. Por auto de fecha 08 de mayo de 1968, el Tribunal acordó notificar al Inspector de la Renta de Timbres Fiscales con sede en Valencia, a fin de que exponga lo que considere conveniente para luego proveer.
Por audiencia de fecha 10 de junio de 1970, se dejo constancia que concurrió el ciudadano L.A.C.N., abogado, actuando en su condición de Fiscal Renta Interna II, Ramo Sucesiones en la VI Circunscripción de Valencia, y vista la diligencia del ciudadano G.R. en su carácter de curador, confirió aprobación para la venta del inmueble. Por auto de fecha 18 de junio de 1970, el Tribunal vista la solicitud de venta realizada por el curador y aprobada por el Inspector Fiscal de Renta Interna, Ramo Sucesiones, se autorizo al curador a realizar la venta.
En fecha 29 de noviembre de 1984, compareció la ciudadana D.S.d.G., abogada Fiscal del Ministerio de Hacienda, solicito se notifique al curador a fin de que rinda cuentas de su gestión, ratificada la misma a los folios 27, 29 y 31 respectivamente.
En fecha 01 de octubre de 1996, entró en vigencia la Resolución Nº 899 y publicada en Gaceta Oficial Nº 36.061 de fecha 09 de octubre de 1996, modificando la competencia en materia Civil, Mercantil y del Tránsito, del mencionado Juzgado, por lo que la referida solicitud fue distribuida en fecha 20 de febrero de 1997.
En fecha 7 de abril de 1997 fue recibida en este Tribunal contentiva de treinta y dos (32) folios útiles, dándosele entrada en esa misma fecha. En fecha 18 de febrero de 2003 el Tribunal vista las diligencias cursantes en autos a los folios 26, 27 y 29 donde la representación del Ministerio de Hacienda solicita la notificación del curador, este Tribunal acordó notificar al mismo para que rinda cuentas de la gestión encomendada.
En fecha 17 de julio de 2008 la Jueza Titular de este Juzgado se aboca al conocimiento de la presente solicitud de conformidad con lo establecido en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
EL TRIBUNAL OBSERVA:
Los procesos son una serie de actos coordinados para el logro de un fin determinado y en sentido procesal, es el camino a seguir para resolver las controversias que se llevan a los estrados judiciales. El objeto del mismo es la pretensión procesal o petición que formula el demandante al juez o jueza para que dicte una resolución que, con autoridad de cosa juzgada, ponga fin de una manera definitiva e irrevocable al litigio planteado. Siendo así que la sentencia definitiva pronunciada por el juez o jueza constituye el modo normal de terminación del proceso, sin embargo, existen otros modos de llegar a esta etapa, los cuales son excepcionales o especiales por su esencia como la transacción, conciliación, desistimiento, convenimiento o perención.
Define la Doctrina Venezolana que el fundamento de la perención es la presunción iuris et de iure de abandono de la instancia, por la inactividad de las partes por el tiempo establecido en la ley. La razón de la misma es que el Estado, después de un período de inactividad prolongado, entiende librar a los propios órganos de administración de justicia de la necesidad de proveer las demandas y de todas las obligaciones derivadas de la relación procesal. La perención tiene por efecto la extinción de la instancia, es decir, la anulación del proceso, dejando viva la acción, por lo que el demandante podrá intentarla nuevamente pasados noventa (90) días que se haya verificado su declaración.
A su vez el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil establece que:
TODA INSTANCIA SE EXTINGUE POR EL TRANSCURSO DE UN (1) AÑO SIN HABERSE EJECUTADO NINGÚN ACTO DE PROCEDIMIENTO POR LAS PARTES…"
Asimismo, el M.T. de la República Bolivariana de Venezuela ha establecido que: “…La perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil... La función de la perención, no se agota en la cuestión adjetiva, sino que tiene fundamento en la misma necesidad social de evitar la litigiosidad cuando no mide interés impulsivo de las partes contendientes, pues para el Estado es más importante el mantenimiento de la paz, que la protección de aquellas pretensiones huérfanas de tutor de la carrera procesal. Consecuentemente a este fin, la perención está concebida por el legislador como norma de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, pudiéndose declarar aún de oficio por el Tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo...”
Es de acotar que la perención se interrumpe con cualquier acto de procedimiento realizado por las partes en el proceso, y que por lo tanto, demuestre la voluntad del interesado de no abandonar el proceso en que dicha causa se desenvuelve. Asimismo señala el Dr. R.J.D.C. en su obra Apuntaciones sobre Procedimiento Civil Ordinario, Tomo I, que “La inactividad consiste en no realizar ningún acto de procedimiento en el plazo de un año. Es decir, cuyo propósito explícito sea el de gestionar o impulsar el proceso. De allí que la perención pueda interrumpirse no sólo con los actos de procedimiento realizados por las partes, sino también con los realizados por el juez. Lo que sí es determinante es que estos actos revelen la intención o propósito de continuar el proceso”.
Ahora bien, tal como se desprende del presente expediente, durante el lapso de más de un (1) año, no hubo actividad procesal dirigida a movilizar y mantener en curso el proceso, tal como consta de los autos que la última actuación fue en fecha 12 de septiembre de 1990, donde fue ratificada en todas y cada de sus partes las diligencias de fechas 29-11-1984 y 08-10-1985, mediante las cuales se solicitó la notificación del curador ciudadano G.R., a fin de que rindiera cuentas de su gestión, por lo que tomando en cuenta dichas fechas, considera quien juzga que habiendo transcurrido sobradamente más de un año sin que la parte actora haya realizado alguna actuación de impulso válido en la presente causa, para continuar su curso de ley y por ende para interrumpir la perención anual, es por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, debe declararla de oficio por falta de impulso procesal en el presente juicio, como así se hará saber de forma clara, precisa y positiva en el dispositivo del presente fallo. Y ASÍ SE DECIDE.
En merito de los fundamentos de hecho y de derecho antes expuestos, éste Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley,
DECLARA:
LA PERENCIÓN de la instancia en la presente solicitud de HERENCIA YACENTE seguido por el ciudadano J.B., ya identificado, en su carácter de Inspector Fiscal de la Renta de Timbre Fiscal del extinto Ministerio de Hacienda, hoy, Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN de la parte solicitante, conforme a lo establecido en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil. Líbrese boleta
NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
SE ACUERDA la devolución de los originales que se encuentran en el presente expediente, dejándose copia certificada en su lugar una vez que la parte actora provea los emolumentos necesarios para la misma.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy. En San Felipe a los 27 días del mes de septiembre del año 2013. Años: 203° Independencia y 154° Federación.
La Jueza,
Abg. W.Y.R.
La Secretaria,
Abg. I.M.M.
En esta misma fecha y siendo las doce y cinco de la tarde (12:05 p.m.) se publicó y registró la anterior decisión.
La Secretaria,
Abg. I.M.M.
