Decisión de Juzgado de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo de Merida (Extensión Mérida), de 13 de Julio de 2004

PUNTO PREVIO

Corresponde primeramente a este tribunal resolver como punto previo la defensa de Falta de Cualidad para sostener el juicio, toda vez que invocan que no son los funcionarios que presuntamente hemos violados los supuestos constitucionales invocados.

Para resolver sobre lo planteado, este tribunal considera necesario traer a colación el Reglamento Orgánico de Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, que en los artículos 1, 32, 33 y 34 que rezan así:

Artículo 1. El Ministerio de Educación Cultura y Deportes estará integrado por el Despacho del Ministro, los Despachos de los Vice Ministros: de Educación Superior, de Asuntos Educativos de la Cultura, y del Deporte; las Direcciones Generales: de Educación Superior, de Asuntos Educativos, del Deporte, de la Cultura, de Defensa del Patrimonio Cultural de la Nación, de Coordinación de Institutos Autónomos, Fundaciones y Asociaciones Públicas de la Educación Superior, de Coordinación de Institutos Autónomos, Fundaciones y Asociaciones Públicas del Sector Educativo, de Coordinación de Institutos Autónomos, Fundaciones y Asociaciones Públicas Deportivas, de Coordinación de Institutos Autónomos, Fundaciones y Asociaciones Públicas Culturales; y las demás dependencias que señale este Reglamento Orgánico y el Reglamento Interno.

Artículo 32. Las Zonas Educativas son órganos desconcentrados del Ministerio de Educación Cultura y Deportes, adscritas al Despacho del Vice Ministro de Asuntos Educativos, y con sede en los Estados Unidos de la República.

Artículo 33. El Ministro de Educación, Cultura y Deportes, determinará la creación, número, organización interna y funciones de las Zonas Educativas.

Artículo 34. Las máximas autoridades administrativas de las Zonas Educativas tendrán rango de Directores de Línea.

De lo que se desprende que la Lic. Oda Nuñez de Peña y la Lic. A.A.d.V., en su carácter de Directora de la Zona Educativa del Estado Mérida y Jefe de División de Personal, que efectivamente son Organos tramitadores y desconcentrados del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, en el Estado Mérida, por lo que considera este tribunal que son los máximas representantes del Nivel Central en el Estado Mérida, encargada de tramitar, solucionar y cualquier otra función encomendada por su Superior, tal como consta en documentos presentados por las partes intervinientes en este proceso y por lo que debe declarar Sin Lugar la Falta de Cualidad Propuesta. Y así se decide.

PUNTO PREVIO

Igualmente solicita la parte recurrida la inadmisibilidad de la acción de A.C. cuando la amenaza legal no sea posible o realizable por el imputado, de conformidad con el ordinal 2º del artículo 6 de la Ley Orgánica Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, alegando que cuando estamos ante un temor fundado y de inminente reparación, es procedente el amparo, ya que en modo alguno ordenar la reparación del derecho lesionado, al final sería una sentencia de imposible cumplimiento ya que escapa de las atribuciones conferidas a este Despacho. Para quien decide, considera que no estamos bajo este supuesto de Inadmisibilidad, por cuanto lo que alega la parte recurrida es que se ordene la incorporación a la nómina de personal docente del NER. Nº 159, Unidad Educativa Bolivariana “Mesa Alta”, la Azulita, en su condición de Docente I / AULA/MUSICA por haber ganado el concurso de ingreso a la carrera docente con la remuneración y demás beneficios económicos que legalmente le corresponde como docente ordinario (fijo) con 33,33 horas desde el 16 de septiembre de 2002. En consecuencia, se procesa de inmediato a su reincorporación como docente ordinario y al pago del salario o sueldo y demás beneficios económicos, alegatos que van en contradicción con la norma planteada, por lo que declarar Sin Lugar la defensa opuesta por la parte recurrida. Y así se deja establecido.

Con el entendido si esta juzgadora se percata de un supuesto de inadmisibilidad contenidas en las actas procesales, así como los dichos por las partes en la Audiencia Constitucional, no cabría mayor duda que así lo declararía, pues todo dependería de los medios probatorios aportados. Y así se establece.

MOTIVACION DEL

La Acción de A.C. es de carácter extraordinario, constituida para supuestos determinados y limitada en su ejercicio para específicos propósitos, y así, lo expresa el artículo 1º de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales cuando señala:

Toda persona natural habitante de la República o persona jurídica domiciliada en ésta, podrá solicitar ante los Tribunales competentes el Amparo previsto en el artículo 49 de la Constitución (artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), para el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aún de aquellos derechos fundamentales de la persona humana, que no Figuren expresamente en la Constitución, con el propósito de que se restablezca inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella.

Disposición que nos precisa también, entre los requisitos de la procedencia de la acción de amparo, está en que se viole o se amenace con violar un derecho o garantía Constitucional del agraviado, lo que define el alcance de la tutela de la acción de amparo, pues su objeto es garantizar el pacífico disfrute de los derechos y garantías constitucionales.

Ahora bien, señala la parte recurrente en su escrito de acción de A.C. que en fecha 25 de octubre de 2001, se inscribió por ante la Junta Calificadora Zonal para participar en concurso de ingreso como docente de aula (33,33 horas) en música, para la Escuela Básica “Mesa Alta”, La Azulita, Municipio A.B.d.E.M., según convocatoria del Ministerio de Educación, Cultural y Deportes 2001-2002, N.E.R. 159 (publicado erróneamente N.E.R. 409).

Igualmente señala que en acta de ganador de concurso por méritos de fecha 30 de mayo de 2002, firmada por la licenciada ODA NUÑEZ DE P., Directora de Zona No. 14, licenciada Carmen T. Gutierrez G., Presidenta Junta Calificadora Zonal y Licenciada Blanca M. Mendoza de T., Secretaría Junta Calificadora Zonal, declara ganadora del concurso.

Que, el silencio por parte de la Directora de la Zona Educativa del estado Mérida, ciudadana ODA NUÑEZ DE PEÑA y de la Jefe División de Personal, ciudadana A.A.D.V., al no realizar los trámites correspondientes para la incorporación de la ciudadana A.C.A.C., en la nómina del personal docente del N.N.. 159, “Mesa Alta”, La Azulita, como Docente I/Aula/Música (33,33 horas), viola flagrantemente derechos y garantías Constitucionales, como lo son el Derecho al Trabajo y de la garantía de Estabilidad en el ejercicio de la carrera docente, consagrados en los artículos 87, 89 y 104 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 77, 78, 80 y 82 de la Ley Orgánica de Educación y 92, 93 y 94 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente.

Razón por la cual solicita, la restitución de la situación jurídica infringida, esto es, se ordene la incorporación de la ciudadana A.C.A.C., a la nómina de personal docente del N.N.. 159, Unidad Educativa Bolivariana “Mesa Alta”, La Azulita, en su condición de DOCENTE I/AULA/MUSICA por haber ganado el concurso de ingreso a la carrera docente, con la remuneración y demás beneficios económicos que legalmente le corresponden como docente ordinario (fijo) con 33,33 horas desde el 16 de septiembre de 2002. en consecuencia, se procesa de inmediato a su reincorporación como docente ordinario y al pago del salario o sueldo y demás beneficios económicos.

Ahora bien, establece los artículos 87, 89 y 104 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, textualmente lo siguiente:

Artículo 87. Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda persona pueda obtener ocupación productiva, que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho. Es fin del Estado fomentar el empleo. La ley adoptará medidas tendentes a garantizar el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras no dependientes. La libertad de trabajo no será sometida a otras restricciones que las que la ley establezca.

Todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores y trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. El Estado adoptará medidas y creará instituciones que permitan el control y la promoción de estas condiciones.

Artículo 89. El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras.

Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios:

1. Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales. En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias.

2. Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley.

3. Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas, o en la interpretación de una determinada norma, se aplicará la más favorable al trabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicará en su integridad.

4. Toda medida o acto del patrono o patrona contrario a esta Constitución es nulo y no genera efecto alguno.

5. Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de política, edad, raza, sexo o credo o por cualquier otra condición.

6. Se prohíbe el trabajo de adolescentes en labores que puedan afectar su desarrollo integral. El Estado los protegerá contra cualquier explotación económica y social.

Artículo 104. La educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad académica. El Estado estimulará su actualización permanente y les garantizará la estabilidad en el ejercicio de la carrera docente, bien sea pública o privada, atendiendo a esta Constitución y a la ley, en un régimen de trabajo y nivel de vida acorde con su elevada misión. El ingreso, promoción y permanencia en el sistema educativo, serán establecidos por ley y responderá a criterios de evaluación de méritos, sin injerencia partidista o de otra naturaleza no académica.

Planteada en los términos que antecede la solicitud de a.c., pasa este tribunal a a.e.p.t. la procedencia o no de la misma y al efecto observa: El Recurso de Amparo constituye una especial, autónoma y extraordinaria acción, a los fines de proteger las Garantías y Derechos Constitucionales.

Por lo tanto será admisible o procedente la acción de amparo cuando los supuestos fácticos que han dado lugar el recurso, constituyen actos o hechos materiales que violen o amenacen violar un derecho o garantía constitucional, que sean irreparables, no consentidos.

Con fundamento en las consideraciones anteriormente expuestas, este juzgado pasa a revisar de seguidas si a la parte recurrente se le están violentando las Garantías Constitucionales aludidas en su escrito de acción de amparo, cabeza de autos.

Aduce entre otras cosas la parte recurrente que desde el 16 de septiembre de 2002 y hasta la presente fecha no ha sido incorporada o incluida en la Nómina de N.E.R. 159 (Mesa Alta) La Azulita como Docente I/Aula (33,33 horas) como legítimamente le corresponde, que no ha recibido la remuneración por esa carga horaria por ser profesional de la Educación (graduada) y por haber ganado el concurso de ingreso a la carrera docente.

De la lectura del escrito libelar se desprende que la ciudadana A.C.A.C., actualmente se encuentra prestando sus servicios en La Azulita, Mesa Alta, pero no la han incluido en nómina como titular (fijo) ni le han dado las horas que le corresponden por haber sido ganadora del Concurso convocado por el Ministerio de Educación Cultura y Deportes 2001 – 2002, N.E.R. 159 (publicado erróneamente N.E.R. 409) en fecha 16 de septiembre de 2002, y que hasta la presente fecha no ha recibido remuneración alguna respecto a la diferencia de sueldos, ni el pago de los demás beneficios económicos que le corresponden.

Si esto es así, tenemos que la ciudadana A.C.A.C. parte recurrente en la presente causa se encuentra actualmente desempeñando el cargo como Docente I/Aula (33,33 horas), y al ser interrogada por la Juez Constitucional, ¿Si se encontraba prestando sus servicios como Docente en la Unidad Básica “Mesa Alta”? respondió afirmativamente, entonces, no estaríamos en el supuesto de que a la recurrente se le estaría violentando el derecho al trabajo ni a la estabilidad laboral como lo contempla el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que se encuentra laborando para el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, específicamente en “Mesa Alta” ubicada en la población de La Azulita, Municipio A.B.d.E.M., por lo que sería contrario en derecho condenar a la parte recurrida por violentar la garantía constitucional relativa al Derecho al Trabajo. Y así se decide.

Con respecto al otro argumento de que la recurrente ha venido apareciendo en nómina y cobrando como docente contratada (no graduada) con una carga horaria de 20 horas, por lo cual la recurrente considera que exista negligencia, omisión y silencio por parte de la Directora de la Zona Educativa del Estado Mérida, ciudadana Oda Nuñez de Peña y la ciudadana A.A.d.V. en su condición de Jefe de División de Personal en el Estado Mérida al no realizar los trámites correspondientes, para la incorporación de A.C.A.C. en la nómina de personal docente de la Escuela Básica “Mesa Alta”, la Azulita como Docente I, Aula Música (33,33 horas), se encuentra como sujeto no protegido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en Derechos y Garantías Constitucionales.

De tal manera, de los medios probatorios que cursan en autos se ha comprobado y ha quedado demostrado admitido por las partes que la ciudadana A.C.A.C., fue la ganadora del Concurso por mérito y oposición a la Carrera Docente por la Junta Evaluadora en el proceso de concurso y Ascenso e Ingreso al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, tal como consta al folio 25 del expediente.

Igualmente consta en las actas procesales que conforman el presente expediente que la parte recurrente se ha dirigido en diversas oportunidades a la Directora de Zona y Jefe de Personal del Estado Mérida, que solamente corre inserta al expediente bajo el folio 146 Memorando que dice:

...La Ley Orgánica de Educación en el Artículo 77º define claramente: “Son Profesionales de la Docencia los egresados de los Institutos Universitarios Pedagógicos, de las Escuelas Universitarias con planes y programas de formación docente y otros institutos de nivel superior, entre cuyas finalidades esta la formación y el perfeccionamiento docente”.

El profesional de la docencia debe tener un perfil académico de formación pedagógica, capacitado en labores de enseñanza, aprendizaje, orientación, planificación, investigación y administración educacional en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.

En conclusión, el título de licenciado música mención docencia, no acredita a la ciudadana Aguilera Carroz A.C., titular de la cédula de identidad No. 6.503.891 como profesional de la docencia.

El título en comento capacita al licenciado en el conocimiento musical teórico y de ejecución incluyendo la actividad de enseñanza en el área de su competencia, pero no lo acredita como profesional de la docencia en la concepción de la Ley Orgánica de Educación para el Ejercicio docente en los niveles y modalidades del sistema educativo. El título de Licenciado en Música no es un Título Docente y su mención Educación no modifica su denominación principal...

Por lo que estarían dando una respuesta a su solicitud, a través de un hecho negativo que sería atacado por medio de una querella funcionarial ante el Juzgado Competente para ello, así como gestionar el pago y demás beneficios laborales que le corresponden por Ley, ya que la misión o una de las principales características de la acción de amparo es ser restablecedor de los derechos y garantías Constitucionales y no indemnizatorio.

Los efectos del a.c. tiene carácter restitutorio o restablecedores del derecho o garantía fundamentales que se señalan vulnerados. Esta restitución debe ser en forma plena o idéntica en esencia al que fuera lesionado y, en caso de que ello no sea posible, el restablecimiento de la situación que más se asemeje a ella.

En efecto la doctrina nacional ha señalado respecto al tema que:

El efecto restablecedor, de acuerdo con su valor semántico, significa poner una cosa en el estado que poseía con anterioridad, esto es, ponerla en su estado original. Como se trata de un concepto relativo, cabe la pregunta ¿a qué momento se alude? La respuesta es que, obviamente, se trata del momento anterior a la lesión que el accionante ha sufrido. De allí que el efecto perseguido por el solicitante del amparo sea el que ostentaba antes de que se produjera la lesión que denuncia ante el juez...

(Rondón de Sansó, Hildegard. “A.C.”. Edit. Arte, 1988)”

Así, constituye elemento fundamental de la acción de amparo el que una persona se encuentra en una situación jurídica subjetiva determinada, la cual se presume una vulneración a derechos o garantías constitucionales y, por tanto, la labor del juez constitucional es la de restituir o restablecer dicha situación, siendo imposible la creación, modificación o extinción de una situación jurídica preexistente. A tal efecto, en sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 24 de mayo de 2000 (Caso: G.M.), se estableció lo siguiente:

La acción de a.c. tiene como finalidad proteger situaciones jurídicas en las cuales se encuentren envueltos derechos constitucionales. Así, una de sus características es tener una naturaleza restablecedora y que los efectos producidos por la misma son restitutorios, sin existir la posibilidad de que a través de ella, pueda crearse, modificarse o extinguirse una situación jurídica preexistente, en razón de lo cual, la acción de amparo no procede cuando no pueda restablecer la situación jurídica infringida, esto es cuando no puedan retrotraerse las situaciones de hecho a la condición que poseía antes de producirse la violación denunciada.

Por ello, la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, en su artículo 6, numeral 3, dispone que esta acción no es admisible cuando la violación del derecho o la garantía constitucional constituya una evidente situación irreparable, no siendo posible el restablecimiento de la situación jurídica infringida.

Este criterio ha sido ratificado por la Sala en diversas oportunidades (como lo serían las decisiones del 28-07-00 `Caso: Nexi María Torres´; 24-01-02 `Caso: Xerox de Venezuela, C.A.´ entre otras), por cuanto la tutela de la normativa constitucional como objeto de la acción de amparo, se procura a través del restablecimiento de la situación jurídica infringida o de la situación que más se asemeje a ella...”.

Expuesto lo anterior, es forzoso para esta juzgadora declarar Sin Lugar la acción de A.C. por los motivos que anteceden. Y así se declara.

DECISIÓN

Con fundamento a lo anteriormente expuesto, este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRÁNSITO Y DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, actuando en Sede Constitucional, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, Declara: