Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia Agraria. Extensión Tucacas. de Falcon (Extensión Tucacas), de 3 de Julio de 2014

Su Objeto: El (los) beneficiario (s) deberá (n) cumplir con la actividad agroproductiva en el lote de terreno antes identificado y cumplir con los lineamientos impartidos por el Instituto Nacional de Tierras (INTI), de acuerdo con el Plan Nacional S.B., quedando obligados en consecuencia, a establecer una unidad de producción mediante la cual se desarrollen actividades agrícolas dentro de los lineamientos del Estado, a proteger el medio ambiente y a comercializar la producción a través de los entes del Estado, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes. Segunda: De las prohibiciones: Queda entendido que el derecho aquí otorgado es de carácter estrictamente personal, y solo podrán ser aprovechadas por el (los) beneficiario (s) del presente instrumento o sus familiares directos. El precitado lote de terreno, no es susceptible de negociación alguna, por lo tanto, no deberá ser arrendado, hipotecado, vendido, gravado, otorgado en comodato, ni realizar divisiones a la referida unidad de producción, ni cualquier otra negociación que implique la explotación indirecta del mismo. Queda expresamente prohibida la caza o captura de especies de la fauna silvestre que se encuentre en peligro de extinción, así como el aprovechamiento, tala y quema de especies forestales que se encuentren en veda: Caoba (Swietenia macrophylia), Cedro (Cedrela Odorata), Mijao (Anacardium Excelsum), Pardillo (Cordia alliodora) y Acapro (Tabebuia spectabilis), Saqui Saqui (Bombacopsis quinata). Según Gaceta Oficial Nro 38.443 de fecha 24 de mayo de 2006. Tercera: De su revocatoria: El incumplimiento de las obligaciones establecidas anteriormente, se consideran como causales inmediatas para revocar el presente Título de Adjudicación Socialista Agrario, desconociendo a los terceros y las bienhechurías enclavadas en el lote de terreno no autorizadas por el Instituto Nacional de Tierras. De igual manera, este Instituto podrá revocar la adjudicación otorgada cuando los beneficiarios no cumplan con el compromiso de trabajar la tierra, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 67 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Cuarta: Derechos de terceros: El presente instrumento agrario salvaguarda cualquier servidumbre debidamente autorizada, bien sea por el Instituto Nacional de Tierras o de cualquier otro ente de la Administración pública competente que exista sobre el terreno objeto de la adjudicación. Quinta: De las autorizaciones: Queda entendido que la entrega del presente instrumento autoriza al (los) beneficiario (s) a tramitar ante los órganos administrativos y jurisdiccionales competentes la Evacuación y Protocolización de Título Supletorio sobre las mejoras y bienhechurías de apoyo a la producción fomentadas sobre el predio objeto de la adjudicación. Igualmente, queda (n) facultado (s) a solicitar ante la Oficina Central de este organismo, el traspaso de la mejoras y bienhechurías, de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Sexta: De las autorizaciones referidas a la afectación de los recursos naturales: Queda entendido que el presente instrumento autoriza al (los) beneficiario (s) a realizar labores de limpieza, deshierbe, desmalezamiento y eliminación de barbecho sobre el lote de terreno antes identificado. No obstante, las autorizaciones requeridas para la afectación de recursos forestales y minerales no metálicos, deberán ser solicitadas ante la Oficina Central de este organismo.

Así pues, esta juzgadora aprecia y valora la mencionada instrumental como documento administrativo a tenor de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos que en consonancia con el elemento probatorio precedentemente valorado, permite demostrar que los peticionantes de autos se encuentran acreditados por el Instituto Nacional de Tierras bajo la figura de la adjudicación confiriéndoles un derecho de propiedad sui generis característico en materia agraria consistente en su aprovechamiento mediante el uso, goce y percepción de los frutos de la tierra únicamente por sus beneficiarios o sus familiares más directos y cuyo fundamento legal se encuentra dispuesto en el artículo 59 y siguientes de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Y así se declara.

De la misma manera consta en autos como parte del acervo probatorio, Informes Técnicos realizados el primero por el Ingeniero Agrónomo R.R. en su condición de funcionario adscrito a la Unidad Estadal del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras y el otro documentado por el Área Administrativa Costa Oriental del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente del Estado Falcón quienes acompañaron al Tribunal como prácticos durante la materialización de la inspección judicial.

El primero de los informes indica la metodología utilizada durante la práctica de la inspección judicial y describe conforme a lo ya indicado en el acta contentiva de la inspección, la actividad productiva desarrollada en el predio LOS MANANTIALES sin especificar algún elemento técnico suplementario, razón por la cual nada hay que apreciar ni valorar en este sentido. Y así se declara.

El segundo de los informes mencionados es el proveniente del Área Administrativa Costa Oriental del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente del Estado Falcón; en el mismo se apuntan y advierten las siguientes especificaciones técnico-ambientales, se reproduce:

(…) En el área objeto de inspección se constato (sic) 10 parcelas ocupadas ilícitamente por productores de la zona y una de ellas por la asociación Betzán (cristianos evangélicos).

• De las cuales una (01) parcela fue abandonada por el ocupante ilícito y la misma se encuentra fuera de la zona protectora del curso de agua.

Existe otra de las parcelas que también se encuentra fuera de la zona protectora, sin embargo en ella se ejecutó actividades de afectación de recursos naturales (tala, quema y desmatono) sin poseer la respectiva permisología que otorga este Ministerio.

Las parcelas restantes se encuentran dentro de la zona protectora del referido curso de agua, y en ellas se ejecutó la actividad de tala y desmatono de vegetación baja y media y, (02) árboles adultos.

En siete de dichas parcelas se efectuó la actividad de quema de vegetación media y baja y en algunos casos de árboles secos en pie.

• A parte de ello se observó un pequeño lote de terreno a orillas del curso de agua, en el cual se realizó un corral para el ganado bovino propiedad de los ciudadanos: R.M.C., A.O.R., P.M.Á. y D.A.S..

• En la mayoría de las parcelas y el resto del fundo como tal, se evidencia el aprovechamiento de productos forestales como estantillos, estantes y madrinas para la construcción y reparación de cercas internas y divisorias del fundo. Se presume que los productos forestales fueron obtenidos del mismo fundo, sin la respectiva permisología.

• La vegetación afectada detectada en el predio Los Manantiales son principalmente de las especies Mapora (Oenocarpus mapora), Apamate (Tabebuia rosea), Yacure (Pithecellobium dulce), entre otros.

(…)

Concluida la inspección y una vez en la oficina se procedió a explorar las coordenadas, tomadas en campo, en el Mapa de Asignación de Usos al Territorio y Actividades Compatibles del Plan de Ordenación del Territorio del Estado Falcón (POTEF), resultando que dicha zona está ubicada en la Unidad ARDI: ÁREA RURAL DE DESARROLLO INTEGRADO valle del Río Aroa, municipio Silva, Monseñor Iturriza y Palmasola. (…). Que de acuerdo a lo contemplado en el POTEF, contenido en el Decreto Nº 36 de fecha 09/02/2004, en la Sección I, De las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial, Artículo 4º son áreas del territorio que por sus características físicos naturales singulares, ecológicamente significativas y elevada sensibilidad ambiental, son sometidas a normas administrativas para su protección. Los usos propuestos son compatibles con actividades recreacionales, conservacionistas, educativas, científicas y de producción económica artesanal de bajo impacto ambiental.

CONCLUSIONES:

(…)

• Para la actividad de quema realizada se desconocen los responsables, debido a que tanto lo ocupantes como los propietarios del predio manifiestan no ser ellos los responsables de las quemas.

• Todas las actividades que implican la afectación de recursos naturales, realizadas en el Fundo Los Manantiales, se ejecutaron sin ningún tipo de instrumentos de control previo ambiental que otorga este Ministerio.

RECOMENDACIONES:

• Apertura de un Procedimiento Administrativo Sancionatorio a los ciudadanos arriba mencionados, a fin de recuperar las áreas afectadas mediante la plantación de árboles autóctonos de la zona.

• Realizar actividades de educación para la conservación ambiental con la participación del C.C. de la Zona y los responsables.

Conforme al precedentemente citado informe técnico, el cual se aprecia y valora como instrumental administrativa, se corroboran las especificaciones ambientales del lote de terreno en cuestión. Así pues, el funcionario que lo suscribe se pronuncia asegurando la intervención de los recursos naturales fuera y fundamentalmente dentro de la zona protectora del predio en cuestión. Y así se declara.

Fijado lo anterior, resulta necesario a.s.e.e.p. caso la medida autosatisfactiva pretendida se encuentra conforme a los presupuestos legales que la regulan y consecuencialmente es viable su procedencia. A tal efecto y como fue primeramente reproducido en los particulares constatados mediante la Inspección Judicial practicada al lote de terreno, los accionantes tienen desplegada una actividad agraria susceptible de aseguramiento destacándose la producción animal de ganado bovino y la siembra de pasto tipo guinea.

Adicionalmente se verifica que son beneficiarios de un Título de Adjudicación; figura jurídica definida en el artículo 66 de la Ley Especial como el instrumento emanado del Instituto Nacional de Tierras mediante acto administrativo por el cual se transfiere la posesión legitima de las tierras productivas ocupadas y trabajadas por el adjudicatario.

Así las cosas, encontrándose la parte actora beneficiada con un Título de Adjudicación, su soporte responde a los preceptos establecidos en los artículos 305 y 307 del Texto Fundamental relativos a la Seguridad y Soberanía Agroalimentaria de la Nación y al Desarrollo Rural Integral lo cual emerge del precitado acto administrativo a su favor de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario colocando a la parte accionante en consonancia con las disposiciones contenidas en la Ley para la producción agrícola y el compromiso de mantener la eficiencia productiva.

Por otra parte, también pudo constatarse y así se encuentra probado en autos que los presuntos agraviantes iniciaron dentro del lote de terreno en cuestión una producción tipo conuco con árboles frutales tales como cítricos, coco, guanábana, lechosa y musáceas y plantas de ciclo corto, entre las cuales se encuentran siembras de yuca, pimentón, cilantro y onoto con un tiempo aproximado de quince días a dos años de plantadas siendo las mismas fomentadas por los ciudadanos A.P., D.A., H.A., HÉCTOR VIRGÜEZ, M.N., A.R., R.F. y W.R. según manifestación de éstos durante la materialización de la inspección judicial encontrándose algunos de estos cultivos en condiciones deterioradas por estrés hídrico por la prolongación del verano.

Así pues, ciertamente tal hecho goza de una protección especial en el artículo 19 de la Ley Especial Agraria previendo lo siguiente, se cita: “Se reconoce el conuco como fuente histórica de la biodiversidad agraria. El Ejecutivo Nacional promoverá en aquellas áreas desarrolladas por conuqueros y conuqueras, la investigación y la difusión de las técnicas ancestrales de cultivo, el control ecológico de plagas, las técnicas de preservación de suelos y la conservación de los germoplasmas en general.”

No obstante a lo anterior y conforme ya se dejó plasmado ampliamente en los epígrafes anteriores, se desprenden dos componentes; en primer lugar los peticionantes son beneficiarios de un Titulo de Adjudicación y los ciudadanos señalados como supuestos agraviantes resolvieron iniciar sobre el mismo lote de terreno, apartados del debido y definitivo pronunciamiento por parte del Directorio del Instituto Nacional de Tierras, plantaciones y la construcción improvisada de ranchos con madera en apariencia extraída del propio predio sin recurrir a las vías establecidas dentro del ordenamiento jurídico especial, a los fines de emprender tal actividad.

Así pues, de conformidad con la legislación especial en la materia, el Instituto Nacional de Tierras es el ente administrativo agrario que tiene la competencia para la administración, redistribución de las tierras y la regularización de la posesión de las mismas y de otorgar a los grupos de personas que hayan optado por el trabajo rural la adjudicación de tierras, la garantía de permanencia, el rescate y la expropiación obteniendo la protección necesaria para que hagan efectivos sus derechos; así mismo es el ente encargado de la sustanciación, decisión y revocatoria o procedencia de la adjudicación de tierras conforme a lo establecido en el artículo 67 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y el numeral cuarto del artículo 117 ejusdem.

En virtud de lo cual, como quiera que no consta en las actas que conforman el presente expediente autorización alguna providenciada por el Instituto Nacional de Tierras para que el sujeto pasivo de autos desarrolle cualesquiera actividad agraria o de otra naturaleza dentro del área del predio en cuestión, surge el conflicto de tales derechos entre el sujeto titular y el que no dispone de la debida providencia administrativa desconociendo o menoscabando los mecanismos que les otorga la Ley.

Y en sintonía con lo anterior y como segundo componente, se encuentra probado en autos, específicamente de sendos Informes de Inspección Técnica del Área de Recursos Naturales de la Oficina Regional de Tierras del Estado Falcón y el técnico ambiental precedentemente valorados, que a objeto de establecer tales conucos se produjeron las afectaciones de la vegetación media y baja mediante tala y quema dentro de la zona protectora de un curso de agua proveniente de varios manantiales (ojos de agua) localizados en la zona, razón por la cual más adelante en el acápite respectivo se especificará lo conducente. Y así se declara.

En atención a todo lo anterior, se concluye en el presente caso que en el lote de terreno objeto de la pretensión cautelar existe una producción animal realizada por el accionante y la vegetal tipo conuco desplegada por el sujeto pasivo. De la misma manera se concluye, concretamente de los daños ocasionados a las cercas, que la producción animal desarrollada por la parte solicitante es objeto de amenazas que pudieran ocasionar la paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción de la actividad agroproductiva desarrollada y que ésta es susceptible de protección mediante una medida especial agraria para asegurar la continuidad de la seguridad agroalimentaria encontrándose en consecuencia dados los supuestos de la norma de obligatorio cumplimiento contenida en el artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en concordancia con el artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y así se declara.

Por otro lado se constató durante la materialización de la inspección judicial, algunas afectaciones a los recursos naturales existentes en el predio LOS MANANTIALES, específicamente el recurso forestal e hídrico; en este sentido, se observó la afectación tipo tala y el desmatono de vegetación baja y en algunos casos de árboles adultos; vestigios de quema de data reciente menores a un (1) año; aprovechamiento de los recursos forestales para la reparación y construcción de cercas internas y divisorias y para la construcción de cuatro (4) estructuras tipo rancho elaboradas con madera que en apariencia es extraída del propio predio con superficies que oscilan entre los quince y los treinta y cinco metros cuadrados cada una y ubicadas dentro del área de reserva, correspondiéndose el sector objeto de la solicitud cautelar a una zona protectora denominada Área Rural de Desarrollo Integrado Valle del Río Aroa de los Municipios Silva, Monseñor Iturriza y Palmasola del Estado Falcón caracterizada por particularidades físicos naturales ecológicamente significativas y elevada sensibilidad ambiental.

Así las cosas, intervenida como se constata el área de reserva del lote de terreno objeto de la pretensión cautelar sin ningún tipo de instrumento de control previo o autorizatorio que otorga el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, quien decide debe despuntar las siguientes consideraciones.

El preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios y el ejemplo histórico de nuestro Libertador S.B. quien también se destacó por su entusiasmo conservacionista resaltándolo en quehaceres legislativos orientados con la protección y aprovechamiento de los recursos naturales, plasma en su Exposición de Motivos la materia ambiental de la manera que sigue, se reproduce:

En lo que se refiere a los derechos ambientales, la Constitución, además de establecer por primera vez en nuestra historia constitucional un Capítulo especialmente dedicado a los mismos, supera, con una visión sistemática o de totalidad la concepción del conservacionismo clásico que sólo procuraba la protección de los recursos naturales como parte de los bienes económicos.

En efecto, anteriormente la protección jurídica del ambiente se caracterizaba por una regulación jurídica parcial cuyo principal objeto era la conservación de los recursos naturales. Ahora, impulsados por una necesidad y una tendencia mundial, los postulados constitucionales exigen que la normativa en esta materia responda a políticas ambientales de amplio alcance que se inscriban en los parámetros contenidos en los tratados internacionales de carácter ambiental, todo ello con el objeto de garantizar un desarrollo ecológico, social y económicamente sustentables, en el que el uso de los recursos por parte de las presentes generaciones no comprometa el patrimonio de las futuras.

La Constitución en su preámbulo señala entre los fines que debe promover nuestra sociedad, la protección del equilibrio ecológico y de los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad. Consecuente con ello, el texto constitucional se caracteriza por desarrollar con la amplitud necesaria, los derechos y deberes ambientales de cada generación, y por reconocer el derecho que ellas tienen a un medio ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. (…)..

Así, el Estado, con el objeto de garantizar un desarrollo ecológico, social y económicamente sustentable, protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica; al tiempo que velará por un medio ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, gocen de especial protección. De igual manera, el Estado desarrollará una política de ordenación del territorio que atienda a las exigencias del desarrollo sustentable, la cual deberá contar con la participación ciudadana.

De tal manera que, conforme se encuentra dispuesto constitucional y legalmente, el aire, la flora, la fauna, las aguas y el suelo como fuentes primarias provistas por la naturaleza que le permiten a las personas la satisfacción de sus necesidades y por ende su propia subsistencia como especie deben ser usados de manera racional y prudente; ergo, su permanencia en el tiempo dependerá de su uso cónsono con los principios ecológicos de la sustentabilidad; entre ellos, el postulado de la prioridad de la naturaleza; del tras generacional consistente en el deber de dejar la tierra a las generaciones venideras igual o mejor como la conseguimos; el de responsabilidad actual que es una obligación de responder por la afectación al ambiente en todas sus manifestaciones, grado y proporción a las acciones contaminantes de cada uno y con el principio de la buena vecindad relativo a la plena armonía con el entorno local donde nos desenvolvemos en nuestra cotidianidad.

Sobre este particular, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, máxima y última interprete del Texto Fundamental y demás leyes de la República bajo la ponencia de la Magistrada Doctora L.E.M.L. en sentencia N° 1.515, de fecha, ocho (08) de junio del año Dos Mil Seis (2006), caso: CVG Productos Forestales de Oriente, C.A., (CVG PROFORCA) relativo a la protección del patrimonio forestal como bien jurídico de especial tutela por parte del Derecho Ambiental con el propósito de mitigar la degradación del medio ambiente por acciones humanas expuso, se cita:

Dado el creciente deterioro que ha experimentado la tierra durante las últimas décadas, en gran parte como consecuencia de la actividad humana, la protección al ambiente ha pasado a ser materia de vital importancia, de allí que en el mundo se han desarrollado instrumentos internacionales que tienen por objeto procurar el interés general, representado por el derecho de toda la población y de la humanidad al goce de un ambiente seguro y sano, surgiendo así una serie de Acuerdos Internacionales encaminados a poner en marcha un plan de preservación mundial, que mantenga y eleve la calidad de vida mediante un alto grado de protección de nuestros recursos naturales, la determinación y aplicación de gestiones eficaces para contrarrestar los riesgos contra la seguridad ambiental y garantizar que las políticas en el ámbito ambiental se basen en un planeamiento multisectorial y multinacional.

(…)

Ello así, se observa desde una perspectiva ecológica, que la degradación del medio ambiente ha tenido un efecto desproporcionado, pues muchas veces las presiones comerciales impiden la protección y la utilización colectiva de la biodiversidad de los ecosistemas y la existencia de sistemas justos y equitativos de distribución de los beneficios obtenidos de los recursos naturales, limitando la dimensión ambiental a acuerdos económicos, y no a las reales necesidades sociales y medioambientales de la humanidad.

Ahora bien, siendo los bosques depositarios de la mayor parte de la biodiversidad terrestre existente en el hemisferio, cumplen funciones ecológicas esenciales tanto en el ámbito local como global, por lo que deben evaluarse los riesgos de su explotación sin las correlativas mejoras en los sistemas de extracción forestal, pues siendo ecosistemas variados y complejos, debe respetarse el equilibrio de factores bióticos y abióticos que conviven en él, a objeto de preservar su extensa gama de flora y fauna, así como las ventajas que generan al hombre en su calidad de vida.

En este sentido, la conservación de los bosques debe ser un objetivo prioritario de los procesos de integración, por lo que deben diseñarse políticas de ordenamiento territorial que contribuyan a vincular los desarrollos agropecuarios e industriales, con los forestales, incorporando además de las necesidades y prioridades de las poblaciones locales, la procura de un medio ambiente ecológicamente equilibrado, debiendo para ello intentar reorientar las inversiones hacia proyectos de investigación que permitan el desarrollo de actividades de aprovechamiento de productos forestales, que no impliquen impacto ambiental y que a la vez permitan un beneficio de tipo comercial, ello acompañado de controles y regulaciones tendientes a la utilización de los recursos por razones vitales.

Si bien existen recursos diseñados para fortalecer la aplicación de la legislación ambiental, a la vez concurren obstáculos de toda índole que impiden y/o afectan la protección del medio ambiente y la salud humana, pues no se ha desarrollado e incentivado una verdadera conciencia social de protección de los recursos naturales, motivo por el cual se debe propiciar la participación ciudadana a través de la implantación de programas especiales que integren las aristas de la sociedad, el desarrollo comercial, la investigación y la conservación ambiental, de manera de hacer posible la articulación de una política ambiental, como parte de una estrategia para reactivar la economía, propiciar la generación de empleos y salvaguardar la biodiversidad natural.

Y conjuntamente con el recurso forestal, se encuentra el agua como componente esencial de los seres vivos regulado en el artículo 304 del Texto Fundamental al disponer que todas las aguas son bienes del dominio público de la Nación, insustituibles para la vida y el desarrollo. Así pues, obedeciendo ese principio constitucional, se encuentra en vigencia otro marco legal que opera en favor de la conservación y uso sustentable en beneficio de las generaciones actuales y futuras atendiendo al interés social, ambiental y económico de la Nación, se trata del artículo 54 de la Ley de Aguas publicada en la Gaceta Oficial Número 38.595, de fecha, dos (02) de enero del año Dos Mil Siete (2007) que dispone, se cita:

Las zonas protectoras de cuerpos de agua tendrán como objetivo fundamental proteger áreas sensibles de las cuales depende la permanencia y calidad del recurso y la flora y fauna silvestre asociada. (Negrita del Tribunal).

Se declaran como zonas protectoras de cuerpos de agua, con arreglo a esta Ley: (Negrita del Tribunal).

1. - La superficie definida por la circunferencia de trescientos metros de radio en proyección horizontal como centro en la naciente de cualquier cuerpo de agua. (Negrita del Tribunal).

2. - La superficie definida por una franja de trescientos metros a ambas márgenes de los ríos, media a partir del borde del área ocupada por crecidas correspondientes a un período de retorno de dos coma treinta y tres (2,33) años.

3. - La zona en contorno a lagos y lagunas naturales, y a embalses construidos por el Estado, dentro de los límites que indique la reglamentación de esta Ley.

En sintonía con las anteriores disposiciones y planteamientos, al abrigo que brinda el artículo 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a un medio ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado en concordancia con los artículos 1 y 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario; del caudal probatorio precedentemente valorado adicional a lo constatado por este Tribunal mediante su actividad sensorial durante la práctica de la inspección judicial, surge la necesidad de preservar los recursos naturales y evitar el desarrollo de actividades susceptibles de causar daños ambientales eventualmente irreversibles al entorno natural derivados de la intervención humana a través del impacto negativo mediante la tala y quema no controlada ni autorizada en el lote de terreno LOS MANANTIALES y la intervención del área de reserva dispuesta en éste; en tal virtud, considera quien decide que en el caso de autos debe adoptarse una medida jurisdiccional destinada a la protección y salvaguarda de los recursos naturales dirigida a evitar la concreción de mayores daños ambientales derivado por las talas, quemas y construcciones improvisadas a las orillas del cuerpo de agua existente; actividades que exigen para su ejecución la previa tramitación de la respectiva permisología, según sea el caso, quedando sujeto luego a supervisión y control conforme lo dispone el ordenamiento jurídico ambiental vigente.

En consecuencia, estima esta juzgadora que es contrario a los preceptos ambientales antes señalados permitir el desarrollo de actividades no permitidas, impedir su desmejoramiento o destrucción con el propósito de salvaguardar para las presentes y futuras generaciones un entorno natural protegido resguardando el recurso forestal e hídrico presente en el mencionado lote de terreno. Así las cosas, este Tribunal en consonancia con los poderes inquisitivos que ostenta el juez agrario, ello en ejecución directa del postulado contenido en el artículo 127 constitucional y al existir satisfacción de los requisitos previstos para la aplicación del artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, se desglosarán las órdenes conducentes en el dispositivo de la presente decisión. Y así se declara.

Por otra parte, no resultando indiferente para esta juzgadora la siembra tipo conuco emprendida por los presuntos agraviantes de autos y demás terceros presentes conforme se adelantó anteriormente, a objeto de garantizar la culminación de los ciclos biológicos de esa producción existente; luego acatando el contenido normativo precedente y la importancia de los cuerpos de agua para proteger áreas sensibles como antes se señalara, advierte quien aquí decide que la tutela que puede brindar este Juzgado a tales plantaciones serán aquellas que se encuentren fuera de la superficie definida por la Ley de Aguas en el articulo 54 numeral primero, a saber, por una franja de trescientos metros a ambas márgenes del cuerpo de agua existente. Y así se declara.

En armonía con lo anterior, conforme a lo advertido en la supra reproducida sentencia N° 1.515 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha, ocho (08) de junio del año Dos Mil Seis (2006), como quiera que es siempre propicia la oportunidad para desarrollar e incentivar una verdadera conciencia social de protección de los recursos naturales con la participación del poder popular en aras de la debida educación ambiental y ante las observaciones plasmadas en el informe técnico presentado por el Área Administrativa Costa Oriental del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente del Estado Falcón, este Tribunal atendiendo el principio de la colaboración debida entre las diversas ramas del Poder Público en el cumplimiento de los f.d.E. previsto en la parte in fine del artículo 136 de del Texto Fundamental, insta a la referida institución en materia ambiental a ofrecer e impartir a los integrantes del C.C. ZONA “C” eventos informativos, talleres, charlas o conversatorios orientados a sensibilizar a la comunidad para proteger y conservar las zonas protectoras y cuerpos de agua conforme lo dispone el artículo 54 de la Ley de Aguas; a tal efecto, se ordena librar oficio participando lo conducente a la mencionada coordinación local ambiental. Y así se decide

No obstante a lo precedente y EN RESGUARDO DE LA P.S. se insta a las partes intervinientes acudir y resolver en sede administrativa agraria o ante cualesquiera de los otros organismos jurisdiccionales competentes en la materia las diferencias que mantienen. Y así se declara.

En virtud a las anteriores consideraciones, conforme a las disposiciones legales que regulan la materia y apoyadas en los extractos jurisprudenciales y doctrinales anteriormente citados, como quiera que en el caso de autos se verifica la amenaza de la producción agraria desarrollada por los ciudadanos R.M.C., A.O.R., P.M.Á. y D.A.S., este Juzgado inspirado en los valores e intereses sociales y colectivos, considera procedente la medida autosatisfactiva solicitada a objeto de evitar la interrupción de la producción animal bovina y la destrucción de los recursos naturales existentes sobre el lote de terreno denominado LOS MANANTIALES, todo en acatamiento a los preceptos constitucionales y legales especiales que la regulan como así lo hará en la parte dispositiva de la presente decisión. Y así se declara.

III

DISPOSITIVA

Por las razones anteriores, este Juzgado Segundo de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:

SE DECRETA MEDIDA AUTOSATISFACTIVA DE PROTECCIÓN AGRARIA ANIMAL Y AMBIENTAL sobre la actividad agraria animal promovida por los ciudadanos R.M.C., A.O.R., P.M.Á. y D.A.S. ya identificados y los recursos naturales existentes en el lote de terreno denominado LOS MANANTIALES, ubicado en el sector Zona C, Asentamiento Campesino Ferrocarril B.L. II, Parroquia Boca de Aroa, Municipio Palmasola del Estado Falcón, constante de una superficie aproximada de SETENTA Y SEIS HECTÁREAS CON OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS METROS CUADRADOS (76,8826 ha/M²) y alinderado de la siguiente manera: NORTE: Terreno ocupado por Hermanos Hernández y carretera Palmasola-Tucacas; SUR: Terrenos ocupado por predio La Moncloa; ESTE: Terrenos ocupados por A.C. y A.G. y OESTE: Asentamiento Campesino Ferrocarril B.L. II; atendiendo lo dispuesto en los artículos 127, 304 y 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y artículo 54 de la Ley de Aguas. Y así se decide.

La medida decretada tendrá una vigencia de seis (6) meses contados a partir de la publicación de la presente decisión. Y así se decide.

En virtud al particular primero, se ORDENA a los ciudadanos H.A. VIRGÜEZ, W.R., R.F., A.R.R., A.P., M.N., D.S.A.O. y HERBIN JOSÈ A.O., venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Números 9.629.730, 13.664.120, 15.950.141, 25.833.008, 9.627.032, 12.279.656, 11.651.604 y 7.590.006 respectivamente y al ciudadano A.V. sin datos de identificación y a cualesquiera otras personas naturales o jurídicas abstenerse de afectar la actividad animal consistente en la cría de ganado bovino efectuada por los accionantes ya identificados ni realizar actividad alguna que implique la paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción de la misma ni afectar los recursos naturales existentes en el predio LOS MANANTIALES. En tal sentido, se prohíbe la afectación de la vegetación, desmontes, quemas y las construcciones improvisadas con los recursos provenientes de la naturaleza así como cualquier otra actividad que implique la ruina, desmejoramiento o destrucción de los recursos naturales existentes en el mencionado lote de terreno sin la previa tramitación y el otorgamiento de la respectiva permisología otorgada por la Oficina Central del Instituto Nacional de Tierras y el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Y así se decide.

De la misma manera, SE DECRETA MEDIDA PROVISIONAL CAUTELAR ANTICIPADA DE PROTECCIÓN A LA ACTIVIDAD AGRARIA VEGETAL sobre la producción tipo conuco iniciada por los presuntos agraviantes concretamente la efectuada por los ciudadanos A.P., D.A., H.A., HÉCTOR VIRGÜEZ, M.N., A.R., R.F. y W.R., titulares de las cedulas de identidad Nº 18.108.051, 8.602.030 y 20.664.056 respectivamente, sobre el ya identificado lote de terreno a objeto de garantizar la culminación de los ciclos biológicos de la producción existente, sólo en aquellas que se encuentren fuera de la superficie definida por la Ley de Aguas en el articulo 54 numeral primero, a saber, por una franja de trescientos metros a ambas márgenes del cuerpo de agua existente y con la prohibición expresa de seguir emprendiendo cualesquiera otra actividad agraria vegetal o animal. Y así se decide.

EN RESGUARDO DE LA P.S., se ordena a las partes intervinientes acudir y resolver las diferencias que mantienen en sede administrativa agraria o ante cualesquiera de los otros organismos jurisdiccionales competentes en la materia. Y así se decide.

Se ordena remitir con oficio copia certificada de la presente decisión a la Dirección Regional del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente con sede en la ciudad de S.A.d.C.d.E.F., a los fines de que considere la pertinencia o no de ordenar la apertura de una investigación en atención a las actividades realizadas en el lote de terreno antes mencionado. Y así se decide.

Conforme a lo advertido en la supra reproducida sentencia N° 1.515 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha, ocho (08) de junio del año Dos Mil Seis (2006), como quiera que es siempre propicia la oportunidad para desarrollar e incentivar una verdadera conciencia social de protección de los recursos naturales con la participación del poder popular en aras de la debida educación ambiental y ante las observaciones plasmadas en el informe técnico presentado por la Oficina del Área Administrativa Costa Oriental del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente del Estado Falcón, este Tribunal atendiendo el principio de la colaboración debida entre las diversas ramas del Poder Público en el cumplimiento de los f.d.E. previsto en la parte in fine del artículo 136 de del Texto Fundamental, insta a la referida institución en materia ambiental a ofrecer e impartir a los integrantes del C.C. ZONA “C” eventos informativos, talleres, charlas o conversatorios orientados a sensibilizar a la comunidad para proteger y conservar las zonas protectoras y cuerpos de agua conforme lo dispone el artículo 54 de la Ley de Aguas; a tal efecto, se ordena librar oficio participando lo conducente a la mencionada coordinación local ambiental. Y así se decide.

Atendiendo el carácter vinculante de la sentencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha, nueve (09) de M.d.D.M.s. (2006), expediente Nº 03-0839 bajo la ponencia del Magistrado Doctor F.A.C.L. (caso: Cervecerías Polar Los Cortijos C.A. y otros), a objeto de garantizar el derecho a la defensa y al debido proceso, se ordena la notificación de los supuestos agraviantes para que, de considerarlo conveniente, se opongan a la presente medida fijándose como oportunidad el tercer (03) día de despacho siguiente a que conste en autos la última de las notificaciones. Y así se decide.

Como quiera que dicha medida es vinculante para todas las autoridades públicas en acatamiento del principio Constitucional de Seguridad y Soberanía Nacional conforme lo regula el artículo 196 de la Ley Especial Agraria, se ordena librar sendas boletas de notificación a la Oficina Regional de Tierras del Estado Falcón con sede en la ciudad de S.A.d.C., comisionando a tal efecto al Juzgado Distribuidor del Municipio Miranda de esta misma Circunscripción Judicial; al Comando de la Guardia Nacional Bolivariana con asiento en el Municipio J.L.S.d.E.F. y a la Coordinación del Área Administrativa Costa Oriental del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente con sede en la Población de Tucacas, Municipio J.L.S.d.E.F., a los fines de que coadyuven en el cumplimento de la misma a través de los mecanismos que consideren pertinentes y haciéndoles saber que su incumplimiento pudiera ser considerado como desacato a la orden impartida por este Juzgado. Y así se decide.

De conformidad con la previsión contenida en el artículo 97 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República publicada en la Gaceta Oficial Extraordinario Número 5.892, de fecha 31 de julio de 2008, notifíquese por oficio del presente fallo a la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela en la Oficina Regional Occidental con asiento en la ciudad de Maracaibo, según Resolución Número 004/2013, de fecha, treinta (30) de enero del año en curso acompañado de la respectiva copia certificada. Y así se decide.

Por la naturaleza de la decisión no hay condenatoria en costas. Y así se decide.

Publíquese, regístrese y déjese copia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Dado, sellado y firmado en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón. Tucacas, a los tres (03) días del mes de J.d.D.M.C. (2014). Años: 204° de la Independencia y 155° de la Federación.

La Jueza Provisoria,

ABOG. R.I.F.L..

El Secretario,

ABOG. J.G.B..

En esta misma fecha y siendo la 01:30 post-meridiem se publicó, se registró y se dejó archivada copia de la anterior sentencia. Igualmente se libraron los oficios; las boletas de notificación ordenadas; el despacho de comisión al Juzgado Distribuidor del Municipio Miranda de esta misma Circunscripción Judicial con las inserciones conducentes y se certificaron las copias ordenadas.

El Secretario,

ABOG. J.G.B..