Decisión nº FP11-L-2012-000149 de Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. Extensión Ciudad Puerto Ordaz de Bolivar (Extensión Puerto Ordaz), de 1 de Diciembre de 2014

En fechas 6, 10, 16, 18 febrero, 26 y 27 de abril de 2012, los ciudadanos: E.E.H., L.R.G., J.R.Á., O.B., M.N.B., M.D.J.L., Y.J.Q., A.J. LANZ, R.M.R., S.C., I.A.C. y B.E.N., titulares de las cédula de identidad Nºs 2.398.074, 1.463.065, 1.199.001, 2.010.847, 595.527, 2.908.304, 2.829.815, 2.791.872, 3.437.417, 1.507.808, 778.944 y 1.386.064 respectivamente, debidamente asistidos por el Abogado RICARO COA MARTÍNEZ, inscrito en el I.P.S.A. bajo el Nº 33.829, interpusieron demandas por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de Puerto Ordaz- Estado Bolívar, con motivo de Ajuste de Remuneración de Pensión, en contra de la empresa C.V.G. FERROMNERA ORINOCO, C.A., plenamente identificada en autos, siendo signadas con la nomenclatura FP11-L-2012-000149 al ciudadano E.E.H., FP11-L-2012-000161 al ciudadano L.R.G., FP11-L-2012-000166 al ciudadano J.R.Á., FP11-L-2012-000197 al ciudadano O.B., FP11-L-2012-000212 al ciudadano M.N.B., FP11-L-2012-000251 al ciudadano M.D.J.L., FP11-L-2012-000260 a la ciudadana Y.J.Q., FP11-L-2012-000273 a la ciudadana A.J. LANZ, FP11-L-2012-000286 al ciudadano R.M.R., FP11-L-2012-000694 al ciudadano S.C., FP11-L-2012-000667 al ciudadano I.A.C. y FP11-L-2012-000709 al ciudadano B.E.N.. Siendo sustanciadas cada una de ellas por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Puerto Ordaz, quien las admitió, conforme a lo estipulado en los artículos 124, 126 y 128 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Alegatos de las Partes Actoras.

Aducen las partes actoras ciudadanos E.E.H., L.R.G., J.R.Á., O.B., M.N.B., M.D.J.L., Y.J.Q., A.J. LANZ, R.M.R., S.C., I.A.C. y B.E.N., que actualmente son beneficiarios del otorgamiento mensual y consecutivo de la asignación remunerativa, por concepto de “jubilación” en razón del servicio prestado durante la exigencia legal, para la empresa C.V.G. FERROMINERA ORINOCO, C.A., dicha cancelación fue calculada inicialmente en base a los siguientes porcentajes para cada uno de los demandados 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 62,50%, 75%, 80%, 80%, 80%, 62,50%, y 80% respectivamente, correspondiente a la remuneración devengada para el momento del otorgamiento; en dicho momento cada uno de los prenombrados ciudadanos desempeñaban los siguientes cargos: Técnico de Mantenimiento de Señales IV, Capataz de Grúas, Coordinador de Mantenimiento Automotriz IV, Capataz de protección de Planta, Mantenedor de Equipos Pesados I, Operario de Manejo de Mineral II; , Enfermera Auxiliar de Emergencia, Técnico Radiólogo III, Operario Equipo de producción I, Herramentero, Jefe de Tráfico y Aduana y Bombero I, respectivamente, con lo cual se configura el elemento necesario a los fines del establecimiento de la legitimidad para la presente reclamación.

Señalando que en el mes de noviembre de 2004, ya en vigencia la Constitución Nacional (1999), la empresa C.V.G. FERROMIERA ORINOCO, C.A., plantea y aplica como política de empresa, un conjunto de beneficios que voluntariamente otorgó y otorga a los jubilados y pensionados, que para dicho momento ya tenían la prenombrada condición. Dicho acto de procura de sinceramiento unilateral incluyó un conjunto de beneficios para los jubilados y pensionados. Esta política así vista, fue impuesta como aspecto supremo de beneficencia, pero produjo una disminución sustancial progresiva en las remuneraciones que debieron ir incrementándose en la medida que el salario de los homólogos fue incrementándose, por cuanto desde el año 2004, se han incrementado los sueldos y salarios del personal a los cuales le es aplicado el régimen laboral individual y colectivo, así como a aquellos a los cuales le es aplicable el régimen funcionarial.

Manifestando que estos incrementos no fueron atendidos por la empresa, en razón del ilícito acto se someter a engaño a los jubilados y pensionados durante todo el tiempo que debió observarse la aplicación de la Ley del Estatuto Sobre Régimen de Jubilaciones y Pensiones de lo Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y su Reglamento.

En efecto, las políticas de seguridad social aplicadas por la empresa de manera voluntaria y en franca inobservancia de las disposiciones legales, desmejoraron y deterioraron progresivamente los derechos de los jubilados y pensionados, en especial lo correspondiente a las percepciones remunerativas correspondientes a las jubilaciones y pensiones.

Es así como en cada uno de los casos particulares que se hoy reclaman, se determina que no existe equiparación u homologación en sus niveles comparativos de incremento en relación con los referenciales activos.

En reconocimiento, e indiscutible aplicación a cualesquiera de los regímenes legales dispuestos para la seguridad social, la empresa ha aplicado las disposiciones de la Ley del Estatuto Sobre Régimen de Jubilaciones y Pensiones de lo Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y su Reglamento, la cual contrapone de manera abierta a situaciones como la excesiva potestad unilateral de la empresa en la revisión de los niveles salariales del personal activo, que da origen al salario de referencia y el desconocimiento o debida aplicación de los conceptos incidentes del sueldo o salario a los fines de establecer el calculo de lo que corresponde a los jubilados y pensionados por sus remuneraciones.

Por lo que existe una evidente contraposición entre la política de empresa y la establecida en la ley como aspecto de cumplimiento irrelajable. La reclamada establece en su política de empresa, que dentro de la remuneración del jubilado o pensionado “quedo entendido que no incluye los ajustes salariales otorgados por política salarial, evaluaciones de desempeño, promociones y reclasificaciones”, no obstante, el artículo 7 Ley del Estatuto Sobre Régimen de Jubilaciones y Pensiones de lo Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, dispone que a los efectos de esta ley, debe considerarse para el cálculo del sueldo del funcionario, funcionaria, empleado o empleada de los entes sometidos a esta ley conforme al artículo 2, todo lo que corresponda al cargo de jubilado o pensionado relativo al sueldo básico, compensación por antigüedad (léase prima) y servicio eficiente (léase prima). Estos conceptos jamás fueron considerados por la empresa para establecer la remuneración de los jubilados o pensionados.

Por cuanto la empresa solo justificó los incrementos de sus respectivas jubilaciones en razón de los incrementos otorgados a los trabajadores activos en su base mínima, sin tomar en consideración, los incrementos salariales otorgados voluntariamente de manera lineal o porcentual a los homólogos de cargos similares. Porque lo que los incrementos que unilateralmente ha efectuado de manera irregular la C.V.G. FERROMINERA ORINOCO, C.A., debieron estar sometidos al régimen de verificación conceptual tanto de salario como de sueldo.

Por lo que la incorrecta aplicación de dichos conceptos, trae como consecuencia que, desde el año de vigencia de la Ley del Estatuto Sobre Régimen de Jubilaciones y Pensiones de lo Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios de fecha 18 de julio de 1986, ya la empresa estaba en mora sobre la aplicación del contenido conceptual de sueldo y mediante la inducción desfavorable por demás de dicha normativa al personal regido por la Ley Orgánica del Trabajo sobre el concepto de salario.

Por todas estas consideraciones, es por lo que los ciudadanos: E.E.H., L.R.G., J.R.Á., O.B., M.N.B., M.D.J.L., Y.J.Q., A.J. LANZ, R.M.R., S.C., I.A.C. y B.E.N., respectivamente, demandan a la empresa C.V.G. FERROMINERA, a los fines de que les efectué el ajuste de remuneración de sus respectivas pensiones por jubilación, desde el año 2004 en adelante y hasta la fecha en la cual quede definitivamente firme la decisión que ordene dicho ajuste, solicitando que dichas cantidades de dinero se calculen tomando en consideración los incrementos salariales de los homólogos activos de sus respectivos cargos que se fueron efectuando de manera precaria y disminuida, por lo que se fija la cuantía de la demanda en los siguientes términos: Para el ciudadano E.E.H. la cantidad de Bs. 260.000,00, para el ciudadano L.R.G. la cantidad de Bs. 260.000,00, para el ciudadano J.R.Á. la cantidad de Bs. 270.000,00, para el ciudadano O.B. la cantidad de Bs. 270.000,00, para el ciudadano M.N.B. la cantidad de Bs. 260.000,00, para el ciudadano M.D.J.L. la cantidad de Bs. 250.000,00, para la ciudadana Y.J.Q. la cantidad de Bs. 290.000,00, para la ciudadana A.J. LANZ la cantidad de Bs. 260.000,00, para el ciudadano R.M.R. la cantidad de Bs. 260.000,00, para el ciudadano S.C. la cantidad de Bs. 300.000,00, para el ciudadano I.A.C. la cantidad de Bs. 290.000,00, y para el ciudadano B.E.N. la cantidad de Bs. 300.000,00, siendo que los mismos se derivan de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de la Ley del Estatuto sobre Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y su Reglamento, de la ley orgánica del Trabajo y su Reglamento de la ley Orgánica Procesal del Trabajo y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Por autos de fecha 20 de junio de 31 de julio de 2012, respectivamente, el Juzgado Tercero de S.M.E. del Trabajo de Puerto Ordaz verificado como ha sido la revisión física realizada a las causas FP11-L-2012-000149, FP11-L-2012-000161, FP11-L-2012-000166, FP11-L-2012-000197, FP11-L-2012-000212, FP11-L-2012-000251, FP11-L-2012-000260, FP11-L-2012-000273, FP11-L-2012-000286, FP11-L-2012-000694, FP11-L-2012-000667 y FP11-L-2012-000709, constató de acuerdo a la previsión a que se contrae el articulo 51 del Código de Procedimiento Civil, la cual indica que existiendo conexidad entre las causas enumeradas; por converger en ellas identidad en titulo y objeto; considera pertinente acordar la Acumulación de los referidos asuntos a la causa signada con la nomenclatura FP11-L-2012-000149, por cuanto fue la causa que solicito la coapoderada de la demandada de autos que se acumularan las demás causas ya enumeradas. Ordenándose la notificación de la accionada mediante Cartel de Notificación. Asimismo, por cuanto la presente demanda se interpuso contra una empresa del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con el artículo 96 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se ordena la notificación de la Procuraduría General de la República, a la empresa demandada y cada una de las partes actoras de las causas mencionadas, en este sentido se hace saber a las partes actoras, que una vez conste en autos la última de las notificaciones se procederá a computar el lapso para que tenga lugar la Audiencia Preliminar en la presente causa. Líbrense notificaciones respectivas.

En fecha 10 de mayo de 2013, siendo la oportunidad legal para la celebración de la Audiencia Preliminar, la cual fue distribuida al Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Puerto Ordaz, se constató la comparecencia del ciudadano E.E.H. y su apoderado judicial, así como la representación judicial de la parte demandada, quienes consignaron escrito de promoción de pruebas y anexos, dándose inicio a la Audiencia, ambas partes en conjunto con la jueza convienen en prolongar la Audiencia.

Por auto de la misma fecha el referido Tribunal deja Desistido el procedimiento con respecto a los ciudadanos A.L., S.C. y B.N., identificados con anterioridad, por cuanto no se hicieron presente al acto ni por si ni por medio de apoderado.

Mediante auto de fecha 24 de mayo de 2013, vista la apelación realizada por la representación judicial de la parte demandada el 21/05/2014 en contra del auto de fecha 16/05/2014, el Tribunal oye dicha apelación en ambos efectos, ordenando la remisión de las presentes actuaciones a la U.R.D.D., de este Circuito para su distribución entre los Juzgados Superiores y tramitar el referido recurso.

Desistido el recurso de apelación planteado por la representación judicial de la parte demandada, y vencido el lapso sin que las partes ejercieran recurso alguno sobre la misma, quedando así firme la referida sentencia, el Juzgado Superior Primero del Trabajo quien conoció del mismo ordena la remisión del presente asunto a su Tribunal de origen, a los fines de darle continuidad a la causa.

Por auto de fecha 07 de agosto de 2013, el Tribunal primero de S.M.E. del Trabajo de Puerto Ordaz procede a darle reingreso y curso de Ley a la presente causa, ordenando su ratificación en el Libro de Registro de Causas llevado por este despacho bajo el N° FP11-L-2012-000149, en tal sentido este Juzgado, en estricto cumplimiento a la sentencia proferida fija la continuación de la Audiencia Preliminar para el día Lunes veintitrés (23) de Septiembre de 2013, cuando sean las 10:00 a.m., horas de la mañana. Quedan las partes a derecho. Conste.

Luego de diversas prolongaciones de audiencia, el referido Juzgado por acta de Audiencia Preliminar de fecha 13 de noviembre de 2013, visto la comparecencia de la representación judicial de la parte actora constancia y de la no comparecencia de la parte demandada: Empresa “CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A. (CVG FERROMINERA)” ni por si, ni por medio de apoderado judicial alguno; sin embargo, dado a que la demandada es una empresa perteneciente al Estado Venezolano, es por ello que en aplicación del artículo 66 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, por aplicación supletoria del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; así como, la doctrina jurisprudencial emanada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, se tienen por contradichos en todas sus partes, es por lo que este Tribunal da por concluida la Audiencia Preliminar, ordenando incorporar al expediente los escritos de promoción de pruebas que fueron entregados por las partes al inicio de la referida Audiencia, a los fines de su admisión y evacuación por el Juez de Juicio que corresponda de conformidad con el artículo 74 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; concediéndosele a la parte demandada cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la celebración de dicha audiencia, para que consigne su contestación a la demanda como lo establece el artículo 135 ejusdem, y una vez vencido el respectivo lapso se remitirá el expediente para su correspondiente distribución a los Tribunales de Juicio del Trabajo.

Estando la representación judicial de la parte demandada dentro de la oportunidad legal conforme a lo establecido en el artículo 135 de la L.O.P.T., consignó escrito de contestación en los términos siguientes:

Alegatos De La Parte Accionada

DE LA PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO PRETENDIDO.

Con respecto a la prescripción han señalado tanto la doctrina como la jurisprudencia patria, el lapso para reclamar el derecho a la jubilación y/o cualquier reclamación derivada de ésta, es de tres (3) años, por constituir su cumplimiento un pago periódico menor al año.

Consta en los alegatos explanados en el escrito libelar que inicia el procedimiento, por cuanto los reclamantes pretenden el ajuste de pensión de su jubilación desde el año 2004, fecha a partir de la cual, debe empezar a computarse el lapso para ejercer la acción por cualquier pretensión sobre jubilación para los demandantes: E.E.H., L.R.G., O.B., M.N.B., M.D.J.L., Y.J.Q., R.M.R. e I.A.C. y desde el año 2005 para el ciudadano J.R.Á., habida cuenta que fue en esos años en que estos extrabajadores fueron jubilados. Por lo que a la fecha en que su mandante fue notificada de las demandas interpuestas por los prenombrados ciudadanos en el año 2012, había transcurrido con creces el lapso de prescripción de tres (3) años, lo que conduce forzosamente a concluir que la pretensión que da origen a esta demanda se encuentra Prescrita

DE LA PREJUDICIALIDAD

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la LOPT, en aplicación supletoria, se invoca de conformidad con el artículo 346 ordinal 8º del CPC la existencia de una cuestión prejudicial que debe resolverse en un procedimiento distinto, constituida por el Recurso de Nulidad interpuesto por la Asociación de Jubilados y Pensionados de CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A., en contra la cláusula 107 numeral 18 y cláusula 184 de la Convención Colectiva de Trabajo 2008-2010 de su mandante, la cual fue remitida mediante oficio Nº 12-930 previa declinatoria de competencia efectuada por el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en el Juzgado de Primera Instancia de Sustanciación, Medicación y Ejecución del Trabajo de Puerto Ordaz, y cuya decisión fue objeto de una solicitud de Regulación de Competencia, siendo remitido el expediente contentivo del recurso, a la Corte de lo Contencioso Administrativo, y cuya decisión pudiera afectar la resolución del mérito del asunto debatido en la presente demanda.

Asimismo señala que se opone Prejudicialidad debido a que en los mismos términos del Recurso de Nulidad ya señalado, fue interpuesto por ante le Juzgado Cuarto de Juicio del Trabajo de Puerto Ordaz, Recurso de Nulidad con Recurso de A.C. en contra de la cláusula 107 numeral 18 y 184 de la Convención Colectiva de Trabajo de Ferrominera, el cual esta identificado con el Nº FP11-N-2012-000188 de la nomenclatura llevada por ese Tribunal, en el cual el Tribunal que conoció del mismo se declaró incompetente declinando competencia en el Juzgado Superior Contencioso Administrativo, quien a su vez no aceptó la competencia que le fuere declinada, declarándose incompetente para el conocimiento de la causa, en consecuencia ordenó la remisión del expediente a la Sala Plena del Tribunal en virtud del conflicto negativo de competencia surgido.

ADMITIENDO: Que la “Política de Homologación“ de Pensiones de Jubilación y de Invalidez convenida con la Asociación de Jubilados y aplicada por la empresa prevé la actualización de las pensiones de acuerdo a los salarios del nuevo tabulador que resulte de la negociación colectiva y que el ajuste se efectúa anualmente.

Es cierto que a los efectos de la revisión y ajuste de las Pensiones de Jubilación y de Invalidez no incluye los ajustes salariales otorgados por política salarial, evaluaciones de desempeño, promociones y reclasificaciones, toda vez que los mismos constituyen un reconocimiento a la forma en que cada trabajador de forma personal e individual presta el servicio.

Que la “Política de Homologación“ de Pensiones de Jubilación y de Invalidez convenida con la Asociación de Jubilados y aplicada por la empresa prevé que la revisión y en consecuencia, el ajuste de las pensiones, se realizará anualmente, tanto el personal amparado por la Convención Colectiva como para los amparados por Convenio Individual.

Es cierto que la aplicación de la “Política de Homologación” de Pensiones de Jubilación y de Invalidez convenida con la Asociación de Jubilados tuvo como fecha efectiva de vigencia el 01/10/2004.

Es cierto que les fue otorgado el beneficio de jubilación a cada uno de los demandantes de acuerdo al último cargo desempeñado por cada uno de ellos, así como el porcentaje de pensión asignada para cada extrabajador.

Negando, rechazando y contradiciendo en todas y cada una de sus partes tanto en los hechos como en le derecho lo alegado por cada uno de los actores en su escrito libelar.

Remitidas las presentes actuaciones originales, a la U.R.D.D. de este Circuito, a los fines de su distribución entre los Juzgados de Primera Instancia de Juicio, dicha causa le es asignada informáticamente al Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, quien el día 27 de noviembre de 2013, le dio entrada, ordenando su anotación en el libro de registro de causas respectivo.

Por acta de fecha 30 de abril de 2014, la Jueza del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio se inhibió de seguir conociendo la presente causa, siendo que dicha inhibición será tramitada por cuaderno Separado y remitida a la U.R.D.D. de este Circuito, a los fines de su distribución entre los Juzgados Superiores del Trabajo de Puerto Ordaz para conocer de la misma.

Vista la declaratoria Con Lugar de la Inhibición plateada por el referido Juzgado, en fecha 21 de mayo de 2014, dicho expediente es remitido a la U.R.D.D., a los fines de su distribución entre los demás Tribunales de Juicio del Trabajo de Puerto Ordaz, siendo asignado informáticamente a este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Puerto Ordaz, quien en fecha 02 de junio de 2014 le dio entrada, ordenando su anotación en el libro de registro de causas respectivo, a los fines de seguir el procedimiento de Juicio pautado en el Capítulo IV del Titulo VII de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Mediante de auto de fecha 09 de junio de 2014, se providenciaron las pruebas promovidas por las partes al inicio de la Audiencia Preliminar, asimismo se fijó como fecha para la celebración de la Audiencia Oral de Juicio el día Veintidós (22) de julio de 2014, a las 2:00 p.m., de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Luego de diversos diferimientos a solicitud de la representación judicial de la parte demandante, se fijó como fecha para la celebración de la de la Audiencia de Juicio en la presente causa para el día Veinticuatro 24) de noviembre de 2014, a las 2:00 p.m.

DE LA MOTIVA.

Siendo la oportunidad legal fijada para la celebración de la Audiencia Pública y Oral de Juicio en la demanda interpuesta por los ciudadanos E.E.H., L.R.G., J.R.A., O.B., M.N.A., M.D.J.L., Y.J.Q., R.M.R. E I.A.C. contra la Sociedad Mercantil FERROMINERA DEL ORINOCO, C. A por AJUSTE DE REMUMERACIÓN DE PENSIÓN, se dio inicio a la misma, dejando constancia la Secretaria de Sala que al acto compareció el ciudadano R.C.M., abogado en ejercicio, de este domicilio, inscrito en el I.P.S.A. bajo el Nº 33.829, en su condición de co apoderado judicial de las partes actoras, e igualmente dejó constancia de la comparecencia de las ciudadanas M.C.M., M.F. LUZARDO Y E.A.A., abogadas en ejercicio, de este domicilio, inscritas en el I.P.S.A bajo los Nros. 118.041, 107.299 y 70.876 en sus condiciones de apoderadas judiciales de la parte accionada.

Verificada la comparecencia de las partes, se les señaló a los presentes la forma del desarrollo de la Audiencia de Juicio, indicándoseles que el Juzgado le concedía diez (10) minutos a cada uno de los intervinientes de manera que formularan sus respectivos alegatos, asimismo se les otorgaran cinco (5) minutos a cada una de las partes, a los fines de que ejerzan su derecho a replica y contrarréplica, así mismo se les comunicó que una vez finalizada sus exposiciones se procedería a la evacuación de la pruebas aportadas por las partes y admitidas por el Tribunal.

Seguidamente se le concedió el derecho de palabra a la representación judicial de la parte actora, quien haciendo uso de su derecho, manifestó lo siguiente:…Que sus mandantes actualmente son beneficiarios del otorgamiento mensual y consecutivo de la asignación remunerativa, por concepto de “jubilación” en razón del servicio prestado durante la exigencia legal, para la empresa C.V.G. FERROMINERA ORINOCO, C.A., dicha cancelación fue calculada inicialmente en base a los siguientes porcentajes para cada uno de los demandados 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 62,50%, 75%, 80%, 80%, 80%, 62,50%, y 80% respectivamente, correspondiente a la remuneración devengada para el momento del otorgamiento; en dicho momento cada uno de los prenombrados ciudadanos desempeñaban los siguientes cargos: Técnico de Mantenimiento de Señales IV, Capataz de Grúas, Coordinador de Mantenimiento Automotriz IV, Capataz de protección de Planta, Mantenedor de Equipos Pesados I, Operario de Manejo de Mineral II; , Enfermera Auxiliar de Emergencia, Técnico Radiólogo III, Operario Equipo de producción I, Herramentero, Jefe de Tráfico y Aduana y Bombero I, respectivamente, con lo cual se configura el elemento necesario a los fines del establecimiento de la legitimidad para la presente reclamación.

Señalando que en el mes de noviembre de 2004, ya en vigencia la Constitución Nacional (1999), la empresa C.V.G. FERROMIERA ORINOCO, C.A., plantea y aplica como política de empresa, un conjunto de beneficios que voluntariamente otorgó y otorga a los jubilados y pensionados, que para dicho momento ya tenían la prenombrada condición. Dicho acto de procura de sinceramiento unilateral incluyó un conjunto de beneficios para los jubilados y pensionados. Esta política así vista, fue impuesta como aspecto supremo de beneficencia, pero produjo una disminución sustancial progresiva en las remuneraciones que debieron ir incrementándose en la medida que el salario de los homólogos fue incrementándose, por cuanto desde el año 2004, se han incrementado los sueldos y salarios del personal a los cuales le es aplicado el régimen laboral individual y colectivo, así como a aquellos a los cuales le es aplicable el régimen funcionarial.

Manifestando que estos incrementos no fueron atendidos por la empresa, en razón del ilícito acto se someter a engaño a los jubilados y pensionados durante todo el tiempo que debió observarse la aplicación de la Ley del Estatuto Sobre Régimen de Jubilaciones y Pensiones de lo Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y su Reglamento.

En efecto, las políticas de seguridad social aplicadas por la empresa de manera voluntaria y en franca inobservancia de las disposiciones legales, desmejoraron y deterioraron progresivamente los derechos de los jubilados y pensionados, en especial lo correspondiente a las percepciones remunerativas correspondientes a las jubilaciones y pensiones.

Es así como en cada uno de los casos particulares que se hoy reclaman, se determina que no existe equiparación u homologación en sus niveles comparativos de incremento en relación con los referenciales activos.

En reconocimiento, e indiscutible aplicación a cualesquiera de los regímenes legales dispuestos para la seguridad social, la empresa ha aplicado las disposiciones de la Ley del Estatuto Sobre Régimen de Jubilaciones y Pensiones de lo Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y su Reglamento, la cual contrapone de manera abierta a situaciones como la excesiva potestad unilateral de la empresa en la revisión de los niveles salariales del personal activo, que da origen al salario de referencia y el desconocimiento o debida aplicación de los conceptos incidentes del sueldo o salario a los fines de establecer el calculo de lo que corresponde a los jubilados y pensionados por sus remuneraciones.

Por lo que existe una evidente contraposición entre la política de empresa y la establecida en la ley como aspecto de cumplimiento irrelajable. La reclamada establece en su política de empresa, que dentro de la remuneración del jubilado o pensionado “quedo entendido que no incluye los ajustes salariales otorgados por política salarial, evaluaciones de desempeño, promociones y reclasificaciones”, no obstante, el artículo 7 Ley del Estatuto Sobre Régimen de Jubilaciones y Pensiones de lo Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, dispone que a los efectos de esta ley, debe considerarse para el cálculo del sueldo del funcionario, funcionaria, empleado o empleada de los entes sometidos a esta ley conforme al artículo 2, todo lo que corresponda al cargo de jubilado o pensionado relativo al sueldo básico, compensación por antigüedad (léase prima) y servicio eficiente (léase prima). Estos conceptos jamás fueron considerados por la empresa para establecer la remuneración de los jubilados o pensionados.

Por cuanto la empresa solo justificó los incrementos de sus respectivas jubilaciones en razón de los incrementos otorgados a los trabajadores activos en su base mínima, sin tomar en consideración, los incrementos salariales otorgados voluntariamente de manera lineal o porcentual a los homólogos de cargos similares. Porque lo que los incrementos que unilateralmente ha efectuado de manera irregular la C.V.G. FERROMINERA ORINOCO, C.A., debieron estar sometidos al régimen de verificación conceptual tanto de salario como de sueldo.

Por lo que la incorrecta aplicación de dichos conceptos, trae como consecuencia que, desde el año de vigencia de la Ley del Estatuto Sobre Régimen de Jubilaciones y Pensiones de lo Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios de fecha 18 de julio de 1986, ya la empresa estaba en mora sobre la aplicación del contenido conceptual de sueldo y mediante la inducción desfavorable por demás de dicha normativa al personal regido por la Ley Orgánica del Trabajo sobre el concepto de salario.

Por todas estas consideraciones, es por lo que los ciudadanos E.E.H., L.R.G., J.R.Á., O.B., M.N.B., M.D.J.L., Y.J.Q., R.M.R. E I.A.C., respectivamente, demandan a la empresa C.V.G. FERROMINERA, a los fines de que les efectué el ajuste de remuneración de sus respectivas pensiones por jubilación, desde el año 2004 en adelante y hasta la fecha en la cual quede definitivamente firme la decisión que ordene dicho ajuste, solicitando que dichas cantidades de dinero se calculen tomando en consideración los incrementos salariales de los homólogos activos de sus respectivos cargos que se fueron efectuando de manera precaria y disminuida, por lo que se fija la cuantía de la demanda en los siguientes términos: Para el ciudadano E.E.H. la cantidad de Bs. 260.000,00, para el ciudadano L.R.G. la cantidad de Bs. 260.000,00, para el ciudadano J.R.Á. la cantidad de Bs. 270.000,00, para el ciudadano O.B. la cantidad de Bs. 270.000,00, para el ciudadano M.N.B. la cantidad de Bs. 260.000,00, para el ciudadano M.D.J.L. la cantidad de Bs. 250.000,00, para la ciudadana Y.J.Q. la cantidad de Bs. 290.000,00, para el ciudadano R.M.R. la cantidad de Bs. 260.000,00, y para el ciudadano I.A.C. la cantidad de Bs. 290.000,00, siendo que los mismos se derivan de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de la Ley del Estatuto sobre Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y su Reglamento, de la ley orgánica del Trabajo y su Reglamento de la ley Orgánica Procesal del Trabajo y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Igualmente se le concedió el derecho de palabra a la representación judicial de la parte accionada, quien haciendo uso de su derecho manifestó lo siguiente:…Alega previamente la Defensa Perentoria de la Prescripción. Con respecto a la prescripción han señalado tanto la doctrina como la jurisprudencia patria, el lapso para reclamar el derecho a la jubilación y/o cualquier reclamación derivada de ésta, es de tres (3) años, por constituir su cumplimiento un pago periódico menor al año.

Consta en los alegatos explanados en el escrito libelar que inicia el procedimiento, por cuanto los reclamantes pretenden el ajuste de pensión de su jubilación desde el año 2004, fecha a partir de la cual, debe empezar a computarse el lapso para ejercer la acción por cualquier pretensión sobre jubilación para los demandantes: E.E.H., L.R.G., O.B., M.N.B., M.D.J.L., Y.J.Q., R.M.R. e I.A.C. y desde el año 2005 para el ciudadano J.R.Á., habida cuenta que fue en esos años en que estos extrabajadores fueron jubilados. Por lo que a la fecha en que su mandante fue notificada de las demandas interpuestas por los prenombrados ciudadanos en el año 2012, había transcurrido con creces el lapso de prescripción de tres (3) años, lo que conduce forzosamente a concluir que la pretensión que da origen a esta demanda se encuentra Prescrita

Del mismo modo, la representación judicial de la parte accionada alegó la Defensa Perentoria de la Prejudicialidad. De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la LOPT, en aplicación supletoria, se invoca de conformidad con el artículo 346 ordinal 8º del CPC la existencia de una cuestión prejudicial que debe resolverse en un procedimiento distinto, constituida por el Recurso de Nulidad interpuesto por la Asociación de Jubilados y Pensionados de CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A., en contra la cláusula 107 numeral 18 y cláusula 184 de la Convención Colectiva de Trabajo 2008-2010 de su mandante, la cual fue remitida mediante oficio Nº 12-930 previa declinatoria de competencia efectuada por el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en el Juzgado de Primera Instancia de Sustanciación, Medicación y Ejecución del Trabajo de Puerto Ordaz, y cuya decisión fue objeto de una solicitud de Regulación de Competencia, siendo remitido el expediente contentivo del recurso, a la Corte de lo Contencioso Administrativo, y cuya decisión pudiera afectar la resolución del mérito del asunto debatido en la presente demanda.

Asimismo señala que se opone Prejudicialidad debido a que en los mismos términos del Recurso de Nulidad ya señalado, fue interpuesto por ante le Juzgado Cuarto de Juicio del Trabajo de Puerto Ordaz, Recurso de Nulidad con Recurso de A.C. en contra de la cláusula 107 numeral 18 y 184 de la Convención Colectiva de Trabajo de Ferrominera, el cual esta identificado con el Nº FP11-N-2012-000188 de la nomenclatura llevada por ese Tribunal, en el cual el Tribunal que conoció del mismo se declaró incompetente declinando competencia en el Juzgado Superior Contencioso Administrativo, quien a su vez no aceptó la competencia que le fuere declinada, declarándose incompetente para el conocimiento de la causa, en consecuencia ordenó la remisión del expediente a la Sala Plena del Tribunal en virtud del conflicto negativo de competencia surgido.

Así mismo, admite la representación judicial de la parte accionada, que la “Política de Homologación“ de Pensiones de Jubilación y de Invalidez convenida con la Asociación de Jubilados y aplicada por la empresa prevé la actualización de las pensiones de acuerdo a los salarios del nuevo tabulador que resulte de la negociación colectiva y que el ajuste se efectúa anualmente.

Es cierto que a los efectos de la revisión y ajuste de las Pensiones de Jubilación y de Invalidez no incluye los ajustes salariales otorgados por política salarial, evaluaciones de desempeño, promociones y reclasificaciones, toda vez que los mismos constituyen un reconocimiento a la forma en que cada trabajador de forma personal e individual presta el servicio.

Que la “Política de Homologación“ de Pensiones de Jubilación y de Invalidez convenida con la Asociación de Jubilados y aplicada por la empresa prevé que la revisión y en consecuencia, el ajuste de las pensiones, se realizará anualmente, tanto el personal amparado por la Convención Colectiva como para los amparados por Convenio Individual.

Es cierto que la aplicación de la “Política de Homologación” de Pensiones de Jubilación y de Invalidez convenida con la Asociación de Jubilados tuvo como fecha efectiva de vigencia el 01/10/2004.

Es cierto que les fue otorgado el beneficio de jubilación a cada uno de los demandantes de acuerdo al último cargo desempeñado por cada uno de ellos, así como el porcentaje de pensión asignada para cada extrabajador.

Finalmente, la representación judicial de la parte accionada, negó, rechazó y contradijo en todas y cada una de sus partes tanto en los hechos como en el derecho lo alegado por cada uno de los actores en su escrito libelar.

Posteriormente se procedió a otorgárseles su derecho de replica y contrarréplica a las partes, quienes hicieron uso del mismo ratificando los alegatos por ellos esgrimidos.

Explanados los alegatos de las partes, se observa que los hechos controvertidos versan sobre la procedencia o no de la Defensa Perentoria de la Prescripción, la procedencia o no de la Defensa Perentoria de la Prejudicialidad, y sobre la procedencia o no del Ajuste de Remuneración de Pensión.

DEL DEBATE PROBATORIO.

Señalado lo anterior, corresponde a este Tribunal entrar al análisis del material probatorio aportado por las partes al proceso, conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y tomando en consideración lo previsto en el artículo 72 eiusdem.

DE LAS PRUEBAS APORTADAS POR LAS PARTES ACTORAS.

1) De las Documentales.

1.1.- Con respecto a las instrumentales, cursantes a los folios 07 al 14, 34 al 41, 61 al 68, 91 al 97, 118 al 125, 146 al 153, 172 al 179, 224 al 231 de la primera pieza del expediente, y folios 51 al 58 de la segunda pieza del expediente, las cuales constituyen documentos privados, no impugnadas por la parte contraria en su oportunidad, merecen valor probatorio, a tenor de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley Orgánica, constatándose en dichas documentales, que en fecha 21/12/2004 el Gerente General de Personal de la Sociedad Mercantil CVG FERROMINERA ORINOCO, C. A dirigió a la Asociación de Jubilados y Pensionados de CVG FERROMIENRA ORINOCO comunicación a través de la cual informó la APROBACIÓN DE LA POLÍTICA DE HOMOLOGACIÓN DE PENSIONES DE JUBILACIÓN Y DE INVALIDEZ. Y así se establece.

1.2.- Con relación a las documentales, cursantes a los folios 133 y 134 de la tercera pieza del expediente, las cuales constituyen documentos privados, no impugnados por la parte contraria en su oportunidad, merecen valor probatorio, a tenor de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del trabajo, constatándose en dichas instrumentales que la ciudadano en fecha 14/12/1990 le fue remitida al ciudadano L.R.G.V., Resolución mediante la cual se le comunica que fue acordada su jubilación. Y así se establece.

1.3.- Con respecto a la instrumental, cursante al folio 135 de la tercera pieza del expediente, la cual constituye documento privado, no impugnado por la parte contraria en su oportunidad, merece valor probatorio, a tenor de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del trabajo, constatándose en dicha documental la remuneración percibida por el ciudadano L.G.. Y así se establece.

1.4.- Con relación a la documental, cursante al folio 136 de la tercera pieza del expediente, la cual constituye documento privado, no impugnado por la parte contraria en su oportunidad, merece valor probatorio, a tenor de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del trabajo, constatándose en dicha instrumental que el ciudadano L.G. es jubilado de la Sociedad Mercantil CVG FERROMINERA ORINOCO, C. A. Y así se establece.

1.5.- Con respecto a la documental, cursante al folio 137 tercera pieza del expediente, la cual constituye documento privado, no impugnado por la parte contraria en su oportunidad, merece valor probatorio, a tenor de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del trabajo, constatándose en dicha instrumental la Resolución mediante la cual se evidencia que al ciudadano E.H. le fue acordada su jubilación. Y así se establece.

1.6.- Con relación a las instrumentales, cursantes a los folios 138 al 168 de la tercera pieza del expediente, y folios 155 al 238 de la cuarta pieza, las cuales constituyen documentos privados, no impugnados por la parte contraria en su oportunidad, merecen valor probatorio, a tenor de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, constatándose en dichas documentales la remuneración percibida por el ciudadano E.H.. Y así se establece.

1.7.- Con respecto a la documental, cursante a los folios 169 y 170 de la tercera pieza del expediente, la cual constituye documento privado, no impugnado por la parte contraria en su oportunidad, merece valor probatorio, a tenor de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del trabajo, constatándose en dicha instrumental la Resolución mediante la cual se evidencia que al ciudadano M.D.J.L. le fue acordada su jubilación. Y así se establece.

1.8.- Con relación a la instrumental, cursante a los folios 171 y 172 de la tercera pieza del expediente, la cual constituye documento privado, no impugnado por la parte contraria en su oportunidad, merece valor probatorio, a tenor de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del trabajo, constatándose en dicha instrumental la Resolución mediante la cual se evidencia que al ciudadano R.M.R. le fue acordada su jubilación. Y así se establece.

1.9.- Con respecto a las documentales, cursantes a los folios 173 al 218 de la tercera pieza del expediente y 02 al 07 de la cuarta pieza del expediente, las cuales constituyen documentos privados, no impugnados por la parte contraria en su oportunidad, merecen valor probatorio, a tenor de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, constatándose en dichas instrumentales la remuneración percibida por el ciudadano R.M.R.. Y así se establece.

1.10.- Con relación a las instrumentales, cursantes a los folios 08 al 42 de la cuarta pieza del expediente, las cuales constituyen documentos privados, no impugnados por la parte contraria en su oportunidad, merecen valor probatorio, a tenor de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, constatándose en dichas instrumentales la remuneración percibida por el ciudadano I.C.. Y así se establece.

1.11.- Con respecto a las documentales, cursantes a los folios 43 al 154 de la cuarta pieza del expediente, las cuales constituyen documentos privados, no impugnados por la parte contraria en su oportunidad, merecen valor probatorio, a tenor de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, constatándose en dichas instrumentales la remuneración percibida por el ciudadano M.L.. Y así se establece.

2) De la Prueba de Informes.

2.1.- Con respecto a la prueba de informes requerida a la Inspectoría del Trabajo A.M.d.P.O., el Tribunal informó a las partes que las resultas cursan al folio 05 de la sexta pieza del expediente, la cual constituye documento público, no impugnado por la parte contraria en su oportunidad, sin embargo tal instrumental nada aporta al proceso, por lo que se desecha su valoración. Y así se establece.

2.2.- Con relación a la prueba de informes requerida al Fondo Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados, Empleadas del Sector Público Nacional, estadal y Municipal, el Tribunal informó a las partes que se realizó el trámite para la evacuación de la prueba, sin embargo, las resultas no llegaron por lo que la parte promovente de la prueba desistió de la misma, en consecuencia nada hay que valorar al respecto. Y así se establece.

2.3.- Con relación a las pruebas de informes requeridas al MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS, a la ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA FERROMINERA ORINOCO C. A (ASOJUPFO) y al SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA FERROMINERA ORINOCO, C. A (SINTRAFERROMINERA), el Tribunal informó a las partes que se realizó el trámite para la evacuación de las pruebas, sin embargo, las resultas no llegaron, por lo que la parte promovente de la prueba insistió en las mismas, no obstante el Juzgado consideró que con el acervo probatorio, cursante a los autos era suficiente para crearse convicción con relación a lo planteado en el proceso, y así quedó establecido.

3) De la Exhibición de Documentales.

3.1.- Con respecto a la intimación a la parte accionada para que exhiba las documentales que fueron acompañadas a los escritos libelares, la parte accionada no las exhibió, alegando que las mismas, cursan a los folios 07 al 14, 34 al 41, 61 al 68, 91 al 97, 118 al 125, 146 al 153, 172 al 179, 224 al 231 de la primera pieza del expediente, y folios 51 al 58 de la segunda pieza del expediente, las cuales constituyen documentos privados, no impugnadas por la parte contraria en su oportunidad, merecen valor probatorio, a tenor de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley Orgánica, constatándose en dichas documentales, que en fecha 21/12/2004 el Gerente General de Personal de la Sociedad Mercantil CVG FERROMINERA ORINOCO, C. A dirigió a la Asociación de Jubilados y Pensionados de CVG FERROMIENRA ORINOCO comunicación a través de la cual informó la APROBACIÓN DE LA POLÍTICA DE HOMOLOGACIÓN DE PENSIONES DE JUBILACIÓN Y DE INVALIDEZ. Y así se establece.

3.2.- Con relación a la intimación a la parte accionada para que exhiba los recibos de pagos pertenecientes a los ciudadanos E.E.H., L.R.G., J.R.Á., O.B., M.N.B., M.D.J.L., Y.J.Q., R.M.R. E I.A.C., la representación judicial de la parte accionada, manifestó que no los exhibe ya que algunos cursan a los autos, por lo que este Tribunal aplica el efecto previsto en el artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, solo en lo que respecta a los recibos de pagos pertenecientes a los ciudadanos L.G., E.H., M.L., R.M.R. E I.C.. Y así se establece.

3.3.- Con respecto a la intimación a la parte accionada para que exhiba los originales de las documentales, que se acompañaron a los libelos, la parte accionada, manifestó no exhibirlo, por cuanto cursan a los autos, en consecuencia se aplica el efecto dispuesto en el artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y por cuanto ya fueron valorados, esta juzgadora considera inoficioso valorarlos nuevamente. Y así se establece.

3.4.- Con relación a la intimación a la parte accionada para que exhiba la relación de pagos efectuada al personal activo desde el año 2004 a la presente fecha, la parte accionada no las exhibió, sin embargo no se aplica el efecto previsto en el artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ya que la parte promovente no acompañó copia fotostáticas de las documentales, ni tampoco señaló dato alguno sobre el contenido de dichos documentos. Y así se establece.

3.5.- Con respecto a la intimación a la parte accionada para que exhiba los registros de información salarial del personal activo que correspondan a dichos cargos desde enero de 2004 hasta la presente fecha, la parte accionada no las exhibió, sin embargo no se aplica el efecto previsto en el artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ya que la parte promovente no acompañó copia fotostáticas de las documentales, ni tampoco señaló dato alguno sobre el contenido de dichos documentos. Y así se establece.

DE LAS PRUEBAS APORTADAS POR LA PARTE ACCIONADA.

1) De las Documentales.

1.1.- Con respecto a las instrumentales, cursantes a los folios 250 al 259 de la cuarta pieza del expediente, y folios 02 al 17 de la quinta pieza del expediente, las cuales constituyen documentos privados, no impugnados por la parte contraria en su oportunidad, merecen valor probatorio, a tenor de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, constatándose en dichas documentales que el ciudadano E.E.H. salió jubilado en fecha 30/11/2004, el ciudadano L.R.G. salió jubilado en fecha 25/01/1991, el ciudadano J.R.Á. salió jubilado en fecha 31/05/2005, el ciudadano O.B. salió jubilado en fecha 19/12/1986, el ciudadano M.N.B. salió jubilado en fecha 24/01/1994, el ciudadano M.D.J.L. salió jubilado en fecha 30/11/2004, la ciudadana Y.J.Q. salió jubilada en fecha 15/12/1999, el ciudadano R.M.R. salió jubilado en fecha 30/11/2004, el ciudadano I.A.C. salió jubilado en fecha 30/04/2000. Y así se establece.

1.2.- Con relación a las instrumentales, cursantes a los folios 18 al 24 de la quinta pieza del expediente, las cuales constituyen documentos públicos, no impugnados por la parte contraria en su oportunidad, merecen valor probatorio, a tenor de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, constatándose en dicha instrumental los Estatutos de la Sociedad Mercantil CVG FERROMINERA ORINOCO, C. A. Y así se establece.

1.3.- Con respecto a las instrumentales, cursantes a los folios 25 al 38 de la quinta pieza del expediente, las cuales constituyen documentos públicos, no impugnados por la parte contraria en su oportunidad, merecen valor probatorio, a tenor de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, constatándose en dicha instrumental los Estatutos de la ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA CVG FERROMINERA ORINOCO, C. A. Y así se establece.

1.4.- Con relación a las documental, cursante a los folios 39 al 43 de la quinta pieza del expediente, la cual constituye documento público, no impugnado por la parte contraria en su oportunidad, merece valor probatorio, a tenor de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, constatándose en dicha instrumental Acta Convenio celebrada entre la Asociación de Jubilados y Pensionados de CVG FERROMINERA y la Sociedad Mercantil CVG FERROMINERA en el año 2002. Y así se establece.

1.5.- Con respecto a las instrumentales, cursantes a los folios 44 al 61 de quinta pieza del expediente, la cual constituye documento privado, no impugnado por la parte contraria en su oportunidad, merece valor probatorio, a tenor de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, constatándose en dicha instrumental Acta Convenio celebrada entre la Asociación de Jubilados y Pensionados de CVG FERROMINERA y la Sociedad Mercantil CVG FERROMINERA en el año 2004. Y así se establece.

1.6.- Con respecto a la instrumental, cursante al folio 62 de quinta pieza del expediente, la cual constituye documento privado, no impugnado por la parte contraria en su oportunidad, merece valor probatorio, a tenor de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, constatándose en dicha instrumental Resolución del año 2006. Y así se establece.

1.7.- Con relación a las instrumentales, cursantes a los folios 63 al 84 de quinta pieza del expediente, las cuales constituyen documentos privados, no impugnados por la parte contraria en su oportunidad, merecen valor probatorio, a tenor de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, constatándose en dichas instrumental Actas Convenio celebrada entre la Asociación de Jubilados y Pensionados de CVG FERROMINERA y la Sociedad Mercantil CVG FERROMINERA en el año 2005. Y así se establece.

1.8.- Con respecto a las instrumentales, cursantes a los folios 85 al 145 de la quinta pieza del expediente, las cuales constituyen documentos públicos, impugnados por la parte contraria en su oportunidad, sin embargo por tratarse de instrumentales públicas, merecen valor probatorio, a tenor de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, constatándose en dichas instrumentales el Recurso de Nulidad interpuesto por la Sociedad Mercantil CVG FERROMIENRA ORINOCO, C. A, y que el mismo se encuentra actualmente en trámite. Y así se establece.

2) De la Prueba de Informes.

2.1.- Con respecto a las pruebas de informes requeridas al JUZGADO SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO ADMINSITRATIVO DEL S EGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR, EXTENSIÓN TERRITORIAL PUERTO ORDAZ, y a la CORTE DE LO CONTENCIOSO ADMINSITRATIVO, el Tribunal informó a las partes, que las resultas no cursan en el expediente, por lo que la parte promovente desistió de las mismas, en consecuencia, nada hay que valorar. Y así se establece.

3) De las Testimoniales para el reconocimiento de documentos en contenido y firma.

3.1.- Con relación a los ciudadanos NINOSKA FLORES, MARBELIS CEDEÑO Y A.G., titulares de las cédulas de identidad Nros. 5.860.418, 5.874.865 y 12.359.821, los mismos no comparecieron al acto, por lo que se les declaró desierto, en consecuencia, nada hay que valorar al respecto. Y así se establece.

DE LA DEFENSA PERENTORIA DE LA PRESCRIPCIÓN.

La representación judicial de la parte accionada aduce, que consta en los alegatos explanados en el escrito libelar que inicia el procedimiento, por cuanto los reclamantes pretenden el ajuste de pensión de su jubilación desde el año 2004, fecha a partir de la cual, debe empezar a computarse el lapso para ejercer la acción por cualquier pretensión sobre jubilación para los demandantes: E.E.H., L.R.G., O.B., M.N.B., M.D.J.L., Y.J.Q., R.M.R. e I.A.C. y desde el año 2005 para el ciudadano J.R.Á., habida cuenta que fue en esos años en que estos extrabajadores fueron jubilados. Por lo que a la fecha en que su mandante fue notificada de las demandas interpuestas por los prenombrados ciudadanos en el año 2012, había transcurrido con creces el lapso de prescripción de tres (3) años, lo que conduce forzosamente a concluir que la pretensión que da origen a esta demanda se encuentra Prescrita

Ahora bien, ha establecido la doctrina jurisprudencial en casos análogos, a través de sentencia Nro. 1219 del 04/11/2010, emanada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo lo siguiente:

…Prescripción de las acciones laborales provenientes de la jubilación- Respecto al lapso de prescripción de las acciones laborales provenientes de la jubilación, ha sido criterio establecido por esta Sala que el mismo se rige por el artículo 1980 del Código Civil, que señala un lapso de prescripción de tres (3) años para todo cuanto deba pagarse por años o plazos periódicos más cortos….

En un mismo orden de ideas del acervo probatorio, esta sentenciadora pudo constatar que el ciudadano E.E.H. salió jubilado en fecha 30/11/2004, el ciudadano L.R.G. salió jubilado en fecha 25/01/1991, el ciudadano J.R.Á. salió jubilado en fecha 31/05/2005, el ciudadano O.B. salió jubilado en fecha 19/12/1986, el ciudadano M.N.B. salió jubilado en fecha 24/01/1994, el ciudadano M.D.J.L. salió jubilado en fecha 30/11/2004, la ciudadana Y.J.Q. salió jubilada en fecha 15/12/1999, el ciudadano R.M.R. salió jubilado en fecha 30/11/2004, el ciudadano I.A.C. salió jubilado en fecha 30/04/2000, e igualmente pudo verificar de los hechos alegados por las partes, que ciertamente los actores pretenden el ajuste de remuneración de pensiones desde el año 2004, y que para la fecha en que se materializó la notificación de las demandas interpuestas por los actores en el año 2012, en las causas acumuladas en el presente expediente, ya habían transcurrido más de tres años, por lo que el presente caso se subsume fácilmente en la doctrina jurisprudencial supra señalada, en consecuencia, si se computa el lapso de prescripción desde la fecha en que a los actores le fue otorgada la jubilación, ya habían transcurrido más de tres años, y si el lapso se computa desde el año 2004, fecha a partir de la cual se pretende el ajuste de la remuneración de la pensión, también habían transcurrido más de tres años, por lo que esta sentenciadora declara que es procedente la Defensa Perentoria de la Prescripción alegada por la Sociedad Mercantil CVG FERROMINERA ORINOCO, C. A (CVG FERROMINERA) parte accionada. Y así se establece.

DE LA DECISIÓN.

Por las razones antes expuestas, este JUZGADO PRIMERO DE JUICIO DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR, EXTENSIÓN TERRITORIAL PUERTO ORDAZ, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de la Ley declara: