Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Régimen Procesal Transitorio y del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de Apure (Extensión San Fernando de Apure), de 29 de Septiembre de 2016

En fecha 11 de Mayo de 2011, la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de esta Coordinación Laboral recibe demanda por Cobro de Prestaciones Sociales y Otros Beneficios Laborales, seguida por los ciudadanos O.D.C.A.R. Y ARCENCIO J.D.S.R., venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nros. 15.181.088 y 9.434.215, debidamente asistido por el ciudadano abogado N.J.G.L., Procurador Especial de los Trabajadores y debidamente inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 99.798, contra INVERSIONES ARREAMOS C.A. En fecha 11 de Mayo de 2011 el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Estado Apure le da entrada al asunto a los fines de su revisión, en fecha 13 de Mayo de 2011 estampo auto admitiendo la demanda, fijando audiencia preliminar y ordenando despacho de comisión a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) del Área Metropolita de Caracas para que realicen la respectiva notificación a la parte demandada. A su vez en fecha 18 de Mayo de 2011 los ciudadanos demandantes O.D.C.A.R. Y ARCENCIO J.D.S.R. consignaron por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de esta Coordinación Laboral diligencia otorgando Poder Apud Acta a los ciudadanos; S.M., N.J.G.L., ASDRÚBAL VARGAS ABANO, LISNEY L.M.M., D.N., H.T. VALVERDE, YEXXY PÉREZ, J.M., R.C., N.L. Y C.L., venezolanos, mayor de edad, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad Nros. 8.802.682, 15.144.659, 4.139.528, 14.762.368, 15.500.914, 15.822.949, 11.756.069, 13.310.126, 12.990.286 y 9.478.194 respectivamente, de profesión abogados e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 36.289, 99.798, 20.475, 105.700, 121.288, 94.822, 124.292, 64.722, 112.102, 94.277 y 66.690 respectivamente, en su carácter de Procuradores Especial de los Trabajadores. En fecha 19 de Mayo de 2011 se ha recibido del abogado N.J.G.L., diligencia solicitando se le designe correo especial, por lo que en fecha 20 de Mayo el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Estado Apure acuerda lo solicitado y en fecha 24 de Mayo de 2011 Designa como correo especial al ciudadano abogado N.J.G.L. el cual acepto. Visto a su vez que no se pudo realizar la notificación, el Tribunal Ut Supra mencionado libro auto en fecha 20 de Septiembre mediante el cual insto a la parte actora señalar nueva dirección de la parte demandada para que así puedan realizar las notificaciones respectivas. En fecha 08 de Agosto de 2016 este Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Estado Apure le da entrada al asunto, acordando pronunciamiento por auto separado.

Ahora bien, conforme a la Resolución Nº 2015-26, de fecha 09 de diciembre de 2015, emanada del Tribunal Supremo de Justicia, cuya vigencia fue a partir de su publicación en Gaceta Oficial, se suprimió el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, se creó y se atribuyó competencia por el territorio al Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Apure. Asimismo, el Tribunal suprimido procedió a enviar las causas en la etapa procesal en que se encuentren, al Coordinador Laboral para su redistribución equitativa entre los Tribunales Primero y Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, para la prosecución de los procesos llevados en las referidas causas.

Por cuanto en Sesión de fecha 02 de febrero de 2016, la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de sus atribuciones, acordó la designación de quien suscribe, como Juez Provisorio de este Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, según Oficio N° CJ-16-0039, de fecha ut supra, debidamente juramentado por ante la Rectoría del Estado Apure y Municipio A.d.E.B., según Acta N° 03-2016, de fecha 11 de febrero de 2016, no existiendo razón alguna que me impidiera conocer la presente causa, me Aboco al conocimiento de la misma.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Ahora bien, luego de la revisión exhaustiva realizada a las actas procesales que conforman este expediente, este Tribunal observa que en la presente causa, que la última actuación realizada por la parte demandante abogado N.J.G.L., Procurador Especial de los Trabajadores y debidamente inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 99.798, en representación de los ciudadanos O.D.C.A.R. Y ARCENCIO J.D.S.R., venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nros. 15.181.088 y 9.434.215, ha sido la solicitud de cargo de correo especial, cursante a partir en el folios dieciocho (18) por ante la URDD de esta Coordinación Judicial del Trabajo del Estado Apure, la cual data del día 19 de Mayo del año 2011, es decir, que ha transcurrido más de un (1) año, específicamente, cinco (05) años, cuatro (04) meses y diez (10) días, sin haberse llevado a efecto acto alguno del procedimiento que permita la interrupción de la perención, durante el lapso comprendido 19 de Mayo del año 2011, fecha en presentara la mencionada diligencia, hasta la presente fecha; no obstante a ello, este juzgador antes de decretar la Perención de la Instancia, considera necesario mencionar lo siguiente:

Establece el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, al respecto lo siguiente:

Toda instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes…

(Omissis).

En este mismo orden de ideas, el artículo 202 ejusdem establece:

La perención se verifica de pleno derecho y debe ser declarada de oficio por auto expreso del Tribunal

.

Del contenido de los artículos transcritos, claramente puede evidenciarse que para que opere la institución de la perención, se requiere necesariamente la inactividad de las partes durante el transcurso de un (1) año, inactividad procesal referida a la no realización de actuación alguna de las partes en el proceso, lo que constituye a criterio del legislador una actividad omisiva de las partes, inobservándose su obligación de impulsar el proceso para evitar el evidente decaimiento de su interés jurídico actual de conformidad con el artículo 16 de la Ley Adjetiva Civil. Al respecto, nuestra Jurisprudencia patria, ha sostenido en forma reiterada, que la perención tiene su fundamento en la negligencia de las partes, y en la presunción de que la inactividad de éstas entraña una renuncia a continuar la Instancia.

El fundamento de la perención de la instancia descansa sobre los siguientes motivos: la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo), ya que el interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto. La función pública del proceso exige que éste, una vez iniciado se desenvuelva rápidamente, hasta su meta natural, que es la sentencia.

En tal sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia N° 195, del 16 de febrero de 2006, caso: SUELATEX, C.A., respecto a la perención de instancia señaló lo siguiente:

“(…) Las normas anteriores recogen dos supuestos de perención en materia laboral: por una parte, la regla general que expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de pleno derecho, la cual puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 202 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y, por otra, la perención de la instancia después de vista la causa la cual opera transcurrido un lapso superior a un año sin que exista actividad alguna de las partes o del Juez, ello inserto dentro de las disposiciones transitorias de ese texto legal..."

De igual manera, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Emérito Juan Rafael Perdomo, de fecha 03-02-2005, caso D.B., en contra de Manufacturas de Papel, C.A (MANPA), estableció que:

… La Sala observa: La sentencia recurrida para decidir sobre la perención de la instancia, se fundamentó en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil en la sentencia N° 956 de fecha 1° de junio de 2001, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual a.l.f.p. de la perención de la instancia a la luz de la norma prevista en el artículo 267 del Código de procedimiento Civil, y estableció que la inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención, pues tal disposición persigue sancionar la inactividad de los litigantes, produciendo la extinción del procedimiento. No obstante, lo anterior, la Sala estableció que la inactividad de las partes en estado se sentencia, tiene otro efecto que si las perjudica y que está determinado por el interés procesal, estableciendo dentro de las modalidades de la extinción de la acción, la perdida de interés que tiene lugar cuando el accionante no impulsa el proceso a estos fines. Esta falta de interés surge en el proceso en dos oportunidades procesales, a saber: la primera,…

“… y la segunda, cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, como en el presente...”

Adicionalmente y para más abundamiento, quien decide trae a colación el criterio pacifico, reiterado y reciente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, bajo la ponencia del Magistrado Doctor C.O.R., contenido en la Sentencia de fecha 15 de marzo de 2016, el cual deja establecido lo siguiente:

…Según lo expuesto, el derecho a la tutela judicial efectiva presenta varias fases como son la facultad de acceder a la justicia, la obtención de una justicia impartida conforme al artículo 26 del Texto Fundamental (imparcial, gratuita, accesible, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa, expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles), el derecho al debido proceso (que a su vez comprende el derecho a la defensa, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a ser oído, el derecho al juez natural, la prescripción a declarar contra sí mismo y allegados, la confesión sin coacción, la libertad de pruebas, el nulla crimen nulla pena sine lege, el non bis in idem y la responsabilidad del Estado por error judicial) y finalmente, el derecho a la ejecución del fallo proferido.

Al mismo tiempo, la garantía bajo análisis, comporta el derecho a que una vez cumplidas todas las cargas procesales, se obtenga “una sentencia de fondo sobre los temas jurídicos materiales debatidos durante el proceso” (De Esteban. Curso de derecho Constitucional Español II. Madrid 1993, 83), pues la razón de ser de los órganos jurisdiccionales es, precisamente, resolver los conflictos a los fines del mantenimiento del principio de paz social.

Ciertamente, cuando las partes han dado cumplimiento a las cargas legalmente establecidas, tienen derecho (en el marco de la tutela judicial efectiva) a un pronunciamiento que resuelva “expresamente sobre el objeto y petitorio de la demanda y de la defensa, y también sobre las articulaciones substanciales y costas” (Bielsa. Sobre lo Contencioso Administrativo. Buenos Aires: 2° Edición. 1954, 207), ya que precisamente las sentencias tienen como vocación primaria la solución de los conflictos elevados a instancia jurisdiccional.

Adicionalmente, el derecho a obtener una sentencia de mérito, en los términos arriba expuestos, va aparejado a que el proceso concluya en una “duración razonable” ” (Bidart Campos. Derecho de la Constitución y su Fuerza Normativa. Buenos Aires. 1995, 307), lo cual quiere decir, que una vez cumplidas las cargas procesales destinadas a poner la causa en estado de decisión, esto es en “vistos” si se refiere al fondo del asunto planteado o una vez designado ponente a los fines de resolver una incidencia, como podría ser el caso de pretensiones cautelares, el órgano jurisdiccional debe proveer lo conducente a dirimir las pretensiones esgrimidas, lo cual, no necesariamente supone favorecer la solicitud formulada, sino que se resuelva si ella es o no conforme a derecho.

La comentada sujeción del proceso a plazo razonable, es un efecto del artículo 26 de la Constitución, que dispone la garantía constitucional de una justicia sin dilaciones indebidas, en donde la actuación de los sujetos procesales debe estar orientada por el principio de celeridad y cuya vinculación sobre los jueces, supone la prohibición de “dilatar las resoluciones” (Useche. El Acceso a la justicia en el Nuevo Orden Constitucional Venezolano. Bases y Principios del Sistema Constitucional Venezolano, VII Congreso Venezolano del Derecho Constitucional. 2001, 55).

En el marco de las observaciones anteriores, esta Sala estableció en la sentencia N° 956, dictada el 1° de junio de 2001, en el caso M.U.C., que “siendo la perención un ‘castigo’ a la inactividad de las partes, la de los jueces no puede perjudicar a los litigantes, ya que el incumplimiento del deber de administrar justicia oportuna es sólo de la responsabilidad de los sentenciadores, a menos que la falta de oportuno fallo dependa de hechos imputables a las partes.”

Con fundamento en el comentado criterio, esta Sala dictó la decisión N° 2673, el 14 de diciembre de 2001, correspondiente al caso DHL Fletes Aéreos y otros, en donde se reiteró, “la imposibilidad de declarar la perención de la instancia ante la inactividad del órgano jurisdiccional después de vista la causa, cuando no cumpliera con su obligación de sentenciar en los términos señalados en las leyes, paralizando con ello la causa, pues, sólo cuando la paralización sea incumbencia de las partes, podrá ocurrir la perención.”

En esta última decisión, la Sala dejó claramente establecido, que cuando la causa se encuentran en estado de sentencia, las partes no tienen la carga de cumplir con ningún acto procesal y, que en consecuencia, la perención de la instancia en etapa de decisión, implica una transpolación a las partes del deber de decisión sin dilaciones indebidas que recae sobre los órganos jurisdiccionales.

En el presente caso, la norma atacada dispone que el juez podrá declarar la perención de la instancia después de vista la causa, lo cual, en los términos antes expuestos, resulta contrario al derecho a la tutela judicial efectiva y, por tanto, inconstitucional por contrariar lo establecido en el artículo 26 del Texto Fundamental. Así se decide.

Por tal razón se anula parcialmente el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en la parte que dispone lo siguiente. “Igualmente, en todas aquellas causas en donde haya transcurrido más de un (1) año después de vista la causa, sin que hubiere actividad alguna por las partes o el Juez, este último deberá declarar la perención”.

Finalmente, corresponde determinar los efectos de la presente decisión anulatoria en el tiempo y en tal sentido, desde sus inicios (Vid. sentencia 518, del 1° de junio de 2000, caso: A.R., entre otras), esta Sala Constitucional hizo suya la doctrina de la extinta Corte Suprema de Justicia, según la cual, la nulidad por inconstitucionalidad produce efectos ex tunc, es decir, hacia el pasado. Salvo que en aras de la seguridad jurídica y para evitar mayores perjuicios, se fijen los efectos anulatorios ex nunc o hacia el futuro (Vid. 359 del 11 de mayo de 2000, dictada en el caso J.M.C.G.).

En el caso de autos, en resguardo del principio de seguridad jurídica, esta Sala fija los efectos del fallo anulatorio ex nunc, es decir, hacia el futuro, desde el momento en que se publique el presente fallo. (Destacado de este Tribunal).

Conteste con el criterio jurisprudencial de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quien sentencia determina que en el caso de auto las partes demandantes ciudadano O.D.C.A.R. Y ARCENCIO J.D.S.R., venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nros. 15.181.088 y 9.434.215, no cumplió con las cargas procesales impuestas por la ley para impulsar el presente procedimiento en aras de buscar la tutela judicial efectiva que la administración de justicia, les garantiza, caso en contrario se denota la pérdida del interés jurídico actual y decaimiento del objeto de la demanda. Así se declara.

Por lo que, de los elementos de hecho y de derecho previamente analizados considera este Tribunal, que habiéndose verificado mediante revisión de la causa en mención, ha transcurrido con creces más de un (1) año, para ser exacto, desde el 19 de Mayo del año 2011, es decir, que ha transcurrido más de un (1) año, específicamente, cinco (05) años, cuatro (04) meses y diez (10) días, fecha en que presentaron la mencionada diligencia por ante la URDD de este Circuito Judicial, hasta la presente fecha; sin que se observe actuación alguna de la parte demandante en la causa, lo cual produce la sentencia de perención de la instancia, de conformidad con la primera parte del Artículo 201, de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.

DECISIÓN

En consecuencia, encontrándose llenos los extremos legales que se contrae la primera parte del artículo 201, de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, resulta obligante para este Juzgador decretar la perención de la instancia; por tanto, este TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO APURE, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: LA PERENCIÓN Y LA EXTINCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente juicio incoada por los ciudadanos O.D.C.A.R. Y ARCENCIO J.D.S.R., venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nros. 15.181.088 y 9.434.215, debidamente representados por los ciudadanos S.M., N.J.G.L., ASDRÚBAL VARGAS ABANO, LISNEY L.M.M., D.N., H.T. VALVERDE, YEXXY PÉREZ, J.M., R.C., N.L. Y C.L., venezolanos, mayor de edad, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad Nros. 8.802.682, 15.144.659, 4.139.528, 14.762.368, 15.500.914, 15.822.949, 11.756.069, 13.310.126, 12.990.286 y 9.478.194 respectivamente, de profesión abogados e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 36.289, 99.798, 20.475, 105.700, 121.288, 94.822, 124.292, 64.722, 112.102, 94.277 y 66.690 respectivamente, en su carácter de Procuradores Especial de los Trabajadores, contra INVERSIONES ARREAMOS C.A, de conformidad con la primera parte del artículos 201 y 202 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se decide. SEGUNDO: A los efectos de garantizar las normas del Debido Proceso y el Derecho a la Defensa de la parte demandante, se ordena su notificación mediante boleta. TERCERO: No hay condenatoria en costa por la naturaleza de la decisión.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE DECISIÓN.

Dada sellada y firmada en el despacho del Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, a los veintinueve (29) días del mes de Septiembre del año Dos Mil Dieciséis (2016). Años 206° y 157°.

El Juez Provisorio,

Abg. L.G.M.B.

El Secretario,

Abg. E.S.T.B.