Decisión nº PJ0032015000024 de Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Regimen y Procesal Transitorio de Amazonas, de 28 de Julio de 2015

El ACUERDO N° 0034/2013 mediante la cual se remueve al ciudadano J.G.M., ya plenamente identificado, acto administrativo que fue debidamente notificado el 07/01/2014, garantizándose así el debido proceso, el derecho a la defensa y a recurrir el mismo en caso considerado, lo cual no ocurrió en los lapsos procesales, procedimientos administrativos y jurisdiccionales establecidos en la ley, por lo que este acto administrativo es mucho mas que una REMOCION. SEGUNDO: Es preocupante la actuación referida al ACTA DE REENGANCHE realizada por esta instancia laboral, ya que nos encontramos ante un falso supuesto de hecho y de derecho. De acuerdo a lo indicado por esta Inspectoría del Trabajo el ciudadano J.G.M., ya plenamente identificado, según su parecer, se venía desempeñando como OBRERO MENSAJERO GRADO 1, del C.M. BOLIVARIANO DEL MUNICIPIO ATURES DEL ESTADO AMAZONAS desde el 04/01/2012. Siendo imposible esto, ya que en este Concejo Municipal que la Inspectoría del Trabajo reconoce, no existía para ese momento MANUAL DE CARGO DE OBRERO alguno, por lo que ni siquiera el cargo existía, este manual de cargo fue creado por autoridad usurpadora al constituir de manera ilegales ciudadano L.U. un Concejo Municipal paralelo en el 2012 y 2013. TERCERO: Por lo anterior mente expuesto es claro y evidente que en el Concejo Municipal del Municipio Atures del Estado Amazonas, no existen en la actualidad obreros, de hecho nunca han existido personal obrero en este órgano legislativo municipal. CUARTO: Llama mucho la atención que en sus actuaciones ACTA DE REENGANCHE AUTO ya plenamente identificadas, que esta inspectoría del Trabajo haya asumido como cierto y legal la documentación presentada por el ciudadano J.G.M., referida a COPIA DE RESOLUCION N° 0036/2013

8) Finalmente denuncia el acto viciado por falso supuesto por silencio de prueba, pide sea declarada NULA DE NULIDAD ABSOLUTA LA P.A. N° 00029-2014, dictada por la Inspectora del Trabajo de Puerto Ayacucho del Estado Amazonas, en fecha 31 de julio de 2014, sobre Acta de Reenganche, Exp. 048-2014-01-00017, de fecha 9 de julio de 2014, emitida por la Inspectoría del Trabajo del Estado Amazonas a favor del ciudadano J.G.M., ya plenamente identificado recaída en el procedimiento de Solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos de conformidad con el artículo 19 numerales 1,2,3 y 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Así las cosas

IV

LAS CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Ahora bien, antes de pronunciarse este operador de justicia sobre la admisibilidad o no del presente recurso de nulidad, pasa hacer las siguientes consideraciones:

Pues bien, observa quien aquí se pronuncia que la parte recurrente consigno al momento de introducir el Recurso, varias documentales, entre las que se encuentra la Copia de la notificación al Concejo Municipal de Atures de fecha 31 de julio del 2014 y recibida según sello de recibido en fecha 14 de agosto del 2014, adjunto a la P.A. de fecha 31-07-2014, la cuales rielan al folio 25 al 37 del expediente; el Acta de Reenganche (Folio 38 y 39) de fecha 9 de julio del 2014; copia del auto de admisión de la Solicitud de calificación de Despido de fecha 18 de febrero del 2014 (Folios 40 al 41) y copia del escrito de solicitud del 6 de febrero del 2014 del ciudadano J.G.M., titular de la cedula de identidad N° V-8.903.673. (Folios 42 al 44) .- Así las cosas

Pues bien del análisis que hace este operador de justicia del acto administrativo, se evidencia que la Inspectoría del Trabajo se pronuncio efectivamente el día 31 de julio del 2014, procediendo a notificar el día 14 de agosto del 2014 (Folio 25), es decir, que el Concejo Municipal del Municipio Atures del Estado Amazonas fue debidamente notificado de la P.A. N° 00029-2014, de fecha 31-07-2014, llevada en el expediente Administrativo N°048-2014-01-00017 de la Inspectoría del Trabajo, en fecha 14 de agosto del 2014.- ASI SE DECIDE

Pues bien, siguiendo este orden y realizado el estudio individual del caso de autos, considera necesario este sentenciador pronunciarse como punto previo, y verificar si en el presente caso ha operado la caducidad de la acción, la cual es materia de orden público, y por lo tanto revisable en cualquier estado y grado del proceso.

Al respecto, establece la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en la norma del artículo 35 lo siguiente:

Artículo 35. La demanda se declarará inadmisible en los supuestos siguientes:

1. Caducidad de la acción. (…)”

En ese sentido, G.C. ha expresado que la caducidad “es el lapso que produce la perdida o extinción de una cosa o de un derecho. Efecto que en el vigor de una norma legal o consuetudinaria produce el transcurso del tiempo sin aplicarlas, equiparable en cierto modo a una derogación tacita” (DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, Editorial Heliasta, 2.000, Pág. 58).

Por su parte, la Sala, en sentencia N° 1651, de fecha trece (13) de diciembre de 2010, con ponencia del Magistrado Doctor A.V.C., en el caso J.A.S.A. contra el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, señaló:

“(…) Ahora bien, respecto a la caducidad de la acción, constituye criterio reiterado de esta Sala, que la misma consiste en la pérdida del ejercicio de la acción por el transcurso del lapso previsto en la ley, lapso que no puede ser objeto de interrupción, suspensión, ampliación o disminución por voluntad de las partes o del juez, toda vez que de conformidad con el artículo 196 del Código de Procedimiento Civil, “los términos o lapsos para el cumplimiento de los actos procesales son aquellos expresamente establecidos por la ley (…)”.

En suma de lo anterior, la caducidad de la acción es la figura legal que regula la extinción de la acción por mandato expreso del legislador en virtud de un plazo fatal ya que la inactividad por parte del actor acarrea la pérdida del interés jurídico actual y como consecuencia de ello dado su carácter de orden público pierde el interés de la tutela estatal, es decir, que la Caducidad actúa sobre el derecho mismo para provocar su desaparición, al dejarlo sin eficacia alguna.

Para mayor abundamiento, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 00163 de fecha 5 de febrero de 2002, señalo:

En primer lugar debe precisarse que la caducidad es un plazo que concede la ley para hacer valer un derecho o ejercer una acción, con un carácter fatal, es decir, que una vez transcurrido dicho plazo, el derecho no puede ser ejercitado, lo cual conduce a que el interesado pierda la posibilidad que le concedía la ley. Por otra parte, debe la Sala aclarar que la prescripción y la caducidad son dos institutos jurídicos distintos, con sólo una afinidad constituida por el transcurso del tiempo, pudiendo interrumpirse la prescripción, no así la caducidad.

Por su parte, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia del 10 de noviembre de 2.005, con ponencia de la Magistrado Dra. C.E.P.d.R. en el expediente N° AA60-S-2004-001834, estableció:

…siendo la caducidad un plazo que concede la ley para hacer valer un derecho mediante el ejercicio de la acción, con un carácter fatal, es decir, que una vez trascurrido dicho lapso el derecho no puede ser ejercido, lo cual conduce a que el interesado pierda la posibilidad que le concedía la ley…

.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de 12 de agosto de 2.005 con ponencia del Magistrado Dr. F.A.C.L. en el expediente N° 04-3051, dejó sentado:

…Sobre este particular, en sentencia N° 364 del 31 de marzo de este mismo año, (caso Hotel Bar, Restaurant, C.A.), se asentó: “(…) Este lapso de caducidad creado por el legislador tiene como función primordial el mantenimiento de la paz social, y resulta ser un presupuesto de validez para el ejercicio de la acción. En este sentido, señala el procesalista E.V.: (…) si se ha producido la caducidad de la acción, no podrá constituirse la relación valida. Luego, si estamos ante un plazo de caducidad y este ha vencido, irremisiblemente faltará el presupuesto procesal y el juez podrá decidirlo, aunque la otra parte no lo oponga”. (Ver. E.V.: Teoría General del Proceso. Editorial T.L.. Bogota-Colombia 1984, Pág. 95)…tratándose de un plazo de caducidad, él es fatal, y desde que nace comienza a surtir los efectos extintivos de la acción, a menos que ella se interponga…”.

En atención a los criterios expuestos, verificó este Tribunal de las copias del expediente administrativo cursante a los autos que efectivamente, tal y como fue planteado por la recurrente, la P.A. N°00029-2014, fue dictada por la INSPECTORIA DEL TRABAJO de Puerto Ayacucho, estado Amazonas en fecha 31 de julio de 2014, teniendo la misma como fecha cierta la notificación del interesado Concejo Municipal de Atures en fecha 14 de agosto del 2014.

En este orden, la norma del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, establece:

Artículo 32. Las acciones de nulidad caducarán conforme a las reglas siguientes:

1. En los casos de actos administrativos de efectos particulares, en el término de ciento ochenta días continuos, contados a partir de su notificación al interesado, (…)

En cuanto a la caducidad, debe precisarse que por razones de seguridad jurídica, el ordenamiento dispuso de un lapso de caducidad para accionar contra los actos administrativos, el cual, a diferencia de lo que ocurre con la prescripción, es un lapso que no puede suspenderse y corre fatalmente y, por tanto, no puede interrumpirse y además, no puede renunciarse, pues una vez que ha transcurrido, automáticamente genera todos sus efectos, es decir, extingue la posibilidad de accionar judicialmente el derecho reclamado.

Adicionalmente, conforme a las reglas que rigen el contencioso administrativo en Venezuela, los lapsos de caducidad son breves, pues con toda seguridad, se genera consecuencias lesivas para el particular en el ejercicio válido de acciones ante la jurisdicción contencioso administrativa, pues sobradamente podría consumarse la caducidad para recurrir de su acto.

Siendo así, la caducidad de la acción es por disposición legal, una condición cuya verificación debe ser procesada por el Tribunal por ante el cual se interpone el recurso y una vez constatada la operación de la misma, debe ser declarada inadmisible la acción interpuesta; ello en virtud de que el Estado necesita, por razones de estabilidad y seguridad jurídica que los actos de la Administración Pública adquieran firmeza en un momento dado, y por ello impone al recurso que pueda intentarse contra ellos una doble limitación: la legitimación activa, y la caducidad en estudio para el caso en concreto. Por tanto, se concluye que la finalidad del lapso de caducidad es la materialización de la seguridad jurídica y el aseguramiento de que tras el transcurso del lapso que establece la ley, se extinga el derecho de toda persona al ejercicio de la acción que el ordenamiento jurídico le autorice; ello para evitar que acciones judiciales puedan proponerse indefinidamente en el tiempo, lo cual, obviamente incidiría negativamente en la seguridad jurídica. Es por ello que el recurrente, una vez habilitado para acudir al Órgano Jurisdiccional, deberá proponer su recurso judicial en tiempo hábil, esto es, antes de la consumación del lapso de caducidad.

Finalmente considera quien aquí se pronuncia, que es necesario traer a colación lo establecido por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en fecha siete (07) de abril de dos mil catorce (2014), en relación a la declaratoria de caducidad de conformidad con el artículo 35 numeral 1 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en concordancia con el artículo 32 numeral 1, de la precitada Ley:

Así las cosas, en relación a la caducidad y su carácter de lapso procesal, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 727 de fecha 8 de abril de 2003, expediente N° 03-0002, caso: O.E.G.D., señaló que los lapsos procesales establecidos en las leyes y aplicados jurisdiccionalmente no son formalidades que puedan ser desaplicados con base en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Al respecto, la Sala sostuvo:

[…] El lapso de caducidad, como lo denunció el recurrente, transcurre fatalmente y no es susceptible de interrupción, ni suspensión. Sin duda alguna, la caducidad es un lapso procesal y en relación con el carácter de éste, la Sala Constitucional se ha pronunciado y ha establecido que los lapsos procesales establecidos en las leyes y aplicados jurisdiccionalmente no son formalidades que puedan ser desaplicados con base en el artículo 257 de la Constitución.

[…Omissis…]

En conclusión, esta Sala considera que la decisión cuya revisión se solicitó contravino la jurisprudencia de esta Sala con referencia a que los lapsos procesales, que legalmente son fijados y jurisdiccionalmente sean aplicados, no son ‘formalidades’ per se, susceptibles de desaplicación, si no, por el contrario, que ellos son elementos temporales ordenadores del proceso, esenciales al mismo y de eminente orden público, en el sentido de que son garantías del derecho a la defensa y al debido proceso de las partes, que por ellos se guían, y cuyo fin es la salvaguarda de la seguridad jurídica

Del criterio jurisprudencial anteriormente trascrito se colige que, los lapsos procesales son establecidos legalmente y aplicados en los procesos jurisdiccionales, siendo elementos temporales ordenadores del proceso, esenciales al mismo y de eminente orden público, “siendo éste, en el ámbito del derecho procesal, aquél que garantiza la función misma del proceso, cual es la de dirimir los conflictos de intereses y asegurar la continuidad del derecho objetivo; e igualmente garantiza que con ocasión del proceso no queden menoscabados los intereses de terceros y el interés colectivo (uti civis). Se refiere siempre a la garantía del debido proceso que engloba el derecho a la defensa, la igualdad de las partes y las restantes garantías constitucionales”. (Ricardo H.l.R.I.d. Derecho Procesal, Pág. 207, Ediciones Liber, Caracas-2005).

En efecto, tal y como lo ha señalado reiteradamente la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, que la finalidad del lapso de caducidad es la materialización de la seguridad jurídica y el aseguramiento de que tras el transcurso del lapso que establece la ley, se extinga el derecho de toda persona al ejercicio de la acción que el ordenamiento jurídico le autorice; ello para evitar que acciones judiciales puedan proponerse indefinidamente en el tiempo, lo cual, obviamente incidiría negativamente en la seguridad jurídica. Es por ello que el demandante o justiciable, una vez habilitado para acudir al Órgano Jurisdiccional, deberá proponer su recurso judicial en tiempo hábil, esto es, antes de la consumación del lapso de caducidad que dispuso la ley. (Vid. Decisión Nº 2010-00163 de fecha 08 de febrero de 2010, emanada de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo).

En aplicación de los razonamientos antes trascritos en el caso de marras, observa quien aquí se pronuncia en primer lugar: En fecha 9 de julio del 2014, la Inspectora del Trabajo, levanta acta de Reenganche en la Sede del Concejo Municipal del Municipio Autónomo Atures del Estado Amazonas, la cual fue debidamente firmada por el Sindico Procurador Municipal. En segundo Lugar, que la autoridad Administrativa del Trabajo en fecha 31 de julio del 2014 dicta la P.A., donde declara Con Lugar la Solicitud de Reenganche, pago de salarios caídos y el restablecimiento de la Situación Jurídica Infringida del ciudadano J.G.M., En tercer Lugar; Que el Órgano Administrativo del Trabajo en fecha 14 de agosto del 2014, procedió a notificar de la decisión (P.A.) al Concejo Municipal del Municipio Autónomo Atures del Estado Amazonas, tal como se evidencia del folio 25 del expediente y en Cuarto Lugar, que el Concejo Municipal del Municipio Autónomo Atures del Estado Amazonas, por intermedio del Presidente y con Asistencia del Sindico Procurador Municipal introducen demanda de Nulidad contra la Providencia N° 00029-2014 de fecha 31-07-2014 y contra el acta de Reenganche de fecha 9 de julio del 2014 y la cual fue recibida por este Órgano Jurisdiccional en fecha 22 de Julio del 2015.- Así las cosas

Pues bien, una vez cumplido el órgano Administrativo del Trabajo con la Notificación al Concejo Municipal del Municipio Autónomo Atures del Estado Amazonas (14-08-2014), este disponía el lapso de ciento ochenta (180) días continuos siguientes, para interponer la demanda de nulidad ante el Órgano Jurisdiccional competente, a los fines de no incurrir en la causal de inadmisibilidad que determina la extinción del derecho para presentar la demanda.

|Pues, el afectado conforme a nuestro ordenamiento jurídico (articulo 425 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y de las Trabajadoras), puede acudir directamente a interponer el recurso judicial sin agotar el recurso administrativo correspondiente.

Así las cosas, es oportuno para este Tribunal establecer en el presente caso la fecha cierta en la cual tuvo conocimiento la parte actora del hecho lesivo que determinó el inicio de los lapsos administrativos y judiciales para reclamar cualquier aspecto de forma o de fondo contra la P.A. y el Acta de Reenganche.

Pues, vistas las consideraciones expuestas y de una revisión exhaustiva de las actas que conforman la presente causa, esta Instancia evidencia del expediente judicial, lo siguiente:

a- Que en fecha 9 de julio de 2014, la Inspectoria del Trabajo levanto acta de Reenganche en el Procedimiento solicitado por el ciudadano J.G.M., titular de la cedula de identidad N° V-8.903.673, en contra del Concejo Municipal del Municipio Autónomo Atures del Estado Amazonas.-

b.- Que en fecha 31 de julio del 2014, la Inspectoria del Trabajo del Estado Amazonas, dicta P.a. y declara Con lugar la Solicitud de Reenganche, pago de Salarios Caídos y restablecimiento de la situación Jurídica infringida, solicitada en sede administrativa por el ciudadano J.G.M., titular de la cedula de identidad N° V-8.903.673.

c.- Finalmente que en fecha 14 de agosto de 2014, la Inspectoria del Trabajo de Puerto Ayacucho, del Estado Amazonas, notifico mediante oficio al Concejo Municipal del Municipio Autónomo Atures del Estado Amazonas, de la Decisión (providencia Administrativa), que recayó en el Procedimiento de Reenganche y la cual fue declarada Con Lugar, tal como se demuestra en el folio 25 del expediente.-

En razón de los puntos anteriores, observa este juzgado de las actas procesales que en fecha 14 de agosto de 2014, fue notificado el Concejo Municipal del Municipio Autónomo Atures del Estado Amazonas, de la P.A., según consta de boleta de notificación que corre inserta al folio 25 del presente asunto, debidamente recibida con sello húmedo por el ente recurrente, por lo que a partir de la fecha de notificación de la p.a. (14-08-2014), comenzó a transcurrir el lapso de ciento ochenta días (180) previstos en el articulo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, para que el interesado interpusiera el recurso contenciosos Administrativo de nulidad, a los fines de hacer valer su pretensión en cuanto a su disconformidad con la mencionada P.A..-

Así las cosas, queda evidenciado que el Concejo Municipal del Municipio Autónomo Atures del Estado Amazonas, interpuso el presente recurso de Nulidad en fecha 21 de julio de 2015, siendo recibido en fecha 22-07-2015, por este Juzgado de Juicio del Trabajo, por lo tanto, considera quien aquí suscribe el presente fallo que efectivamente transcurrió el lapso de ciento ochenta (180) días, tal como lo dispone la norma señalada Supra, que disponía la parte recurrente para el ejercicio de su acción, lo que ocasiona la caducidad de la acción, pues dicho lapso transcurre fatalmente, no admitiéndose en consecuencia paralización, detención, interrupción ni suspensión y su vencimiento produce la extinción de la acción, como en efecto se produjo en el presente caso bajo análisis. En consecuencia, para la fecha de interposición de la presente demanda en vía judicial, esto es, el 21 de julio de 2015, ya había transcurrido con creces el lapso de ciento ochenta (180) días continuos previsto en el artículo 32 numeral 1 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por lo cual se evidencia que operó la causal de inadmisibilidad referida a la caducidad de la acción, prevista en el artículo 35 numeral 1 eiusdem. Así se decide.

V

DISPOSITIVO

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: INADMISIBLE el Recurso de Nulidad, interpuesto por el CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO ATURES DEL ESTADO AMAZONAS, por intermedio del ciudadano P.M.A., venezolano, mayor de edad, legalmente hábil, de este domicilio, Titular de la cedula de identidad N° V-8.913.299, en su carácter de Presidente, debidamente asistido por el abogado H.R.U., titular de la Cedula de Identidad Nro. V.-1.565.699 e Inpreabogado N° 64.357, en su condición de Sindico Procurador del Municipio Autónomo Atures del Estado Amazonas. contra la P.A. N° 00029-2014 de fecha 31 de julio de 2014, sobre Acta de Reenganche, Expediente 048-2014-01-00017, de fecha 9 de julio de 2014, emitida por la Inspectoria del Trabajo del Estado Amazonas, en el procedimiento de Reenganche y Pago de Salarios Caídos, que en su contra intentó el ciudadano J.G.M., titular de la cedula de identidad N° V-8.903.673.

No hay condenatoria en costa por las partes Involucradas en la presente causa.

Notifíquese mediante oficio de esta decisión al Síndico Procurador Municipal y al Presidente del Concejo Municipal Del Municipio Autónomo Atures del estado Amazonas de conformidad con el artículo 152 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

Remítase el presente asunto al Archivo Judicial, una vez vencido en lapso que hubiere lugar, siempre y cuando la parte accionante no haya ejercido el recurso legal correspondiente.

Publíquese y Regístrese la presente sentencia.

Dada, firmada, sellada y refrendada en el Despacho del Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, en Puerto Ayacucho a los veintiocho (28) días del mes de julio de 2015.

EL JUEZ

Abg. LUÍS RODOLFO MACHADO EL Secretario

Abg. MANAUEL FIORELLO

En la misma fecha se dictó y publicó el fallo que antecede, siendo las dos y cincuenta y siete minutos (2:57 p.m.) de la tarde.-

El Secretario

Abg. MANUEL FIORELLO

Resolución Nº. PJ0032015000024

Exp: XP11-N-2015-000010