Decisión de Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Yaracuy, de 10 de Agosto de 2007

En el presente juicio se dieron cumplimiento a todos los lapsos procesales para evitar reposiciones innecesarias, por lo tanto carece de vicios procedimentales. La parte actora fundamenta su acción en los Artículos 115 de nuestra Carta Magna y en los artículos 545, 547, 548 y 549 del Código Civil Venezolano, siendo competente este Tribunal para conocer de la acción reivindicatoria intentada.

La causa en estudio se refiere a una Acción Reivindicatoria, procedimiento tramitado por vía ordinaria, en donde la ciudadana L.D.C.L.C., ya identificada, representada por los abogados G.M. Y L.R., Inpreabogado Nros. 64.121 Y 76.291 respectivamente, demandan al INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI), en la persona del ciudadano A.S., en su carácter de GERENTE GENERAL del Instituto en el Estado Yaracuy, también identificado en autos, para que le sea reintegrada la posesión, uso y disfrute del lote de terreno ocupado ilegalmente y lo hagan totalmente desocupado, el cual fue adquirido por ella a través de una cesión de derechos de la Sucesión Colmenarez, mediante documento autenticado ante la Notaria Pública de San F.E.Y., en fecha 30 de marzo de 2001, bajo el Nº 5, tomo 26, folio 09 de los libros de autenticación de la Notaria Pública de San F.E.Y., y posteriormente protocolizado ante el Registro Subalterno de los Municipios San Felipe, Independencia, Cocorote y Veroes del Estado Yaracuy, bajo el Nº 31, folios 160 al 164, Protocolo Primero, Tomo Octavo, Trimestre Primero del año 2002, en fecha 27 de marzo de 2002, posteriormente se dio origen a una aclaratoria el cual fue autenticado en fecha 21 de marzo de 2002, bajo el Nº 4, tomo 19, folio 8 de los libros de autenticaciones de la Notaria Publica de San F.E.Y. y asimismo protocolizado en el Registro Subalterno de los Municipios San Felipe, Independencia, Cocorote y Veroes del Estado Yaracuy, anotado bajo el Nº 32, Protocolo Primero, Tomo Octavo, Trimestre Primero del año 2002, folios 165 al 169.

Consta de los autos la falta de comparecencia del demandado Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) a dar contestación a la demanda.

Las partes intervinientes en este proceso no hicieron uso del derecho de promoción de pruebas tal como se evidencia en autos.

La controversia se suscita cuando el Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) a través de su apoderada judicial da contestación a la demanda en la que niega, rechaza y contradice tantos los hechos como el derecho invocado debido a que el Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) adquiere en propiedad ese lote de terreno en fecha 19 de Febrero de 1982, por documento debidamente protocolizado por ante la Oficina Subalterna Inmobiliaria de los Municipios Independencia, Cocorote y Veroes del Estado Yaracuy bajo el Nº 38, folio 154 al 157, Protocolo Primero, Tomo 4to, Primer Trimestre, en una extensión de 37 hectáreas y están alinderados de la siguiente maneras NORTE: Posesión que es o fue de S.M. hoy de O.P. y M.T.N., avenida Circunvalación General J.A.P. en medio; SUR: Fundo de su propiedad, carretera Panamericana en medio; ESTE: Posesión de J.G. y Giancomo Ruggia que antes fue de J.M.C. y OESTE: Terrenos que hoy son de L.V. y H.P. que antes fue de Hacienda La Mingolla de S.M.; el mismo fue adquirido por el ciudadano A.S.P. quien a su vez lo adquirió en el año 1956 por compra que le hizo a la Sucesión Parra; por otra parte manifestó la apoderada judicial del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) que después de veinte años su representada registró su propiedad y consolidó un gran número de viviendas de interés social.

POR CONSIGUIENTE, SE HACE NECESARIO ANALIZAR CIERTOS PUNTOS, A SABER:

La Acción Reivindicatoria es aquella en la cual el actor alega que es propietario de una cosa que el demandado posee o detenta sin derecho para ello, y consecuencialmente pide que se le condene a la devolución de dicha cosa. Esta acción tiene por objeto fundamental obtener el reivindicante la restitución de la cosa que se dice en posesión del demandado y la declaración del derecho de propiedad discutido por el actor del hecho lesivo.

Por otra parte la acción reivindicatoria constituye le defensa mas eficaz del derecho de propiedad; la prueba normal y preferente del derecho de propiedad es el DOCUMENTO REGISTRADO.

El artículo 548 del Código Civil Venezolano consagra que la acción reivindicatoria debe ejercerse contra cualquiera que sea detentador. Es importante señalar que: ESTA ACCION ES EXCLUSIVAMENTE DEL PROPIETARIO, QUIEN ES EL UNICO QUE PUEDE INTENTARLA, por tanto, el sello distintivo de la acción reivindicatoria está en la prueba ONUS PROBANDI INCUMBIT, es decir, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE AL DEMANDANTE. Como acción la reivindicación es real, petitoria, de naturaleza esencialmente civil, se ejerce “erga omnes”, es decir, contra todo poseedor actual que carezca del titulo de propiedad. El propietario de una cosa tiene el derecho de reivindicarla de cualquier ocupante, tenedor, usurpador o invasor; de allí que sobre el actor recae probar:

1. Que es propietario de la cosa que trata de reivindicar, esto es, que posee el dominio de la cosa controvertida. La prueba de la propiedad debe ser documentada y pública, es decir, documento público que contenga y demuestre la propiedad invocada, así como el dominio de su causante o causantes anteriores, esto es lo que se denomina tracto sucesivo.

2. Que la cosa que se pretende reinvidicar está indebidamente poseída por el demandado; que existe una carencia de derecho del demandado, es decir, que el demandado posee el bien, y

3. La plena identidad existente entre esa cosa indebidamente poseída por el demandado y la que es de su propiedad, es decir, que la identidad de la cosa reivindicada sobre la que se pretende el derecho alegado, con la cosa reclamada debe ser la misma. Debe constar en forma precisa que el inmueble reivindicado es el mismo que posee el demandado.

El actor debe probar que es propietario de la cosa que reivindica, que esta cosa la detenta indebidamente la demandada, y que esa cosa que detenta indebidamente la demandada es la misma que es propiedad del actor. De manera pues, que la prueba corresponde a la parte actora, quien debe traer a los autos las pruebas idóneas capaces de llevar a quien suscribe, el convencimiento pleno de que la cosa que detenta la demandada de autos le pertenece en su identidad.

El principal efecto que persigue la reivindicación es la restitución de la cosa, con todos sus accesorios, al propietario. Por lo que es necesario el cumplimiento de ciertos requisitos para que prospere la acción reivindicatoria, como son:

RELATIVAS AL ACTOR: Solo puede intentarse por el propietario. El propietario debe anexar a su demanda titulo de propiedad que produce efectos contra terceros.

RELATIVOS AL DEMANDADO: Solo puede intentarse contra el poseedor o detentador actual de la cosa.

RELATIVO A LA COSA: Es criterio doctrinario y jurisprudencial, al cual se adhiere esta Juzgadora, en el sentido que uno de los requisitos de impretermitible cumplimiento para que proceda la acción reivindicatoria, es la identificación de la cosa que es objeto de la reivindicación, es decir, la cosa que se pretende reivindicar sea la misma materialmente que la cosa que es objeto de la acción.

Según lo ha establecido la doctrina y la legislación Venezolana estos requisitos antes señalados son concurrentes y que la falta de uno de ellos motiva que la acción no prospere. Así el reivindicador debe probar su derecho de la propiedad, mientras no produzca esta prueba, el demandado nada tiene que probar, bien puede guardar silencio si el reivindicador no ha probado ser propietario.

Ahora bien la parte actora trajo anexo a la demanda la siguiente documentación:

1. DOCUMENTO DE CESION DE DERECHOS Y ACCIONES: Debidamente autenticado y protocolizado como se señalo anteriormente, evidenciándose de dicha documental que la ciudadana C.E.C.N.D.L., actuando en su nombre propio y representación de sus hermanos E.C.N., P.R.C.D.R., F.E.C.D.H., S.C.C.N., M.C.C.D.S., y J.P.C.N., ceden y traspasan todos sus derechos y acciones a la ciudadana L.C.L.D.C., un lote de terreno que forma parte de un lote de mayor extensión correspondiente, marcado con el número noventa y siete Nº 97, (cuyas características son las mismas que se describen en el escrito libelar y se dan aquí por reproducidas)

2. DOCUMENTO DE ACLARATORIA: Debidamente autenticado y protocolizado como se señalo anteriormente, evidenciándose de dicha documental que la ciudadana C.E.C.N.D.L., actuando en su nombre propio y representación de sus hermanos E.C.N., P.R.C.D.R., F.E.C.D.H., S.C.C.N., M.C.C.D.S., J.P.C.N. y la ciudadana L.C.L.D.C. por el presente documento público de aclaratoria declaran que por error involuntario en el documento de cesión de derechos y acciones se omitieron dos (2) datos los cuales fueron subsanados en dicho documento.

3. DOCUMENTO DEL TOPOGRAFO: Debidamente autenticado y protocolizado como se señalo anteriormente, se evidencia de dicha documental que el ciudadano J.M., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 2.449.489 da fé y deja constancia que se traslado al terreno que forma parte del lote 97, propiedad de la ciudadana L.C.L.D.C., a solicitud de la misma, con la razón de ratificar las coordenadas UTM las cuales fueron tomadas y se anexa plano del levantamiento topográfico de fecha 12 de marzo del 2002.

4. DOCUMENTO DE VENTA: Debidamente autenticado y protocolizado como se señalo anteriormente, se evidencia de dicha documental que la ciudadana R.P. le da en venta pura y simple al ciudadano C.A.C., su derecho y medio en el lote de terreno ubicado en el lugar denominado Los Guarranes perteneciente a “La Mingolla” jurisdicción del municipio cocorote , con linderos generales : NACIENTE: La Quebrada denominada Saballo; Poniente: La Quebrada denominada “Culeco”; NORTE: Sabanas de “La Mingolla”, y SUR: Quebrada denominada La Virgen.

5. INSPECCION OCULAR, evacuada por el Juzgado Segundo de los Municipios San Felipe, Independencia, Cocorote y Veroes del Estado Yaracuy, solicitada por la ciudadana L.C.L.D.C. debidamente asistida por el abogado L.R., Inpreabogado N° 76.291 y realizada en los lotes de terrenos ubicados en el Municipio Cocorote del Estado Yaracuy, denominado sector La Mingolla, cuyos linderos y especificaciones constan en la citada inspección, signada con el N° 628-04.

Ahora bien de los documentos producidos con el libelo de la demanda, se determina que la actora consignó copias fotostáticas, y los mismos fueron promovidos en la etapa de informes en copias certificadas, estos documentos identificados con las letras “a”, “b”, “c” y “d”, por ser autorizado con la solemnidad legal de un funcionario público con facultades para darle fé pública a los instrumentos citados, como lo es el Registrador Inmobiliario de los Municipios San Felipe, Independencia, Cocorote y Veroes del Estado Yaracuy, es por lo que el Tribunal le otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido en el articulo 1.357 del Código Civil Venezolano; de modo pues que los documentos consignados hace plena fe entre las partes y ante terceros. Conservando todo su valor probatorio, ya que ninguna de las partes utilizó medio alguno para desvirtuar los mismos, tal como lo establece el Código de Procedimiento Civil en su Artículo 429. Y ASI SE ESTABLECE.

En cuanto a la inspección ocular identificada con la letra “e”, la misma se trata de una Inspección Ocular extralitem, que ha debido ser ratificada en el proceso, al no haber sido así, no se le otorga valor probatorio por cuanto se efectuó sin control alguno de la contra parte, violando el equilibrio procesal, irrefragable derivación del derecho a la defensa. Y ASÍ SE DECIDE.

Es de advertir que NO FUERON IMPUGNADOS BAJO NINGUNA FORMA DE DERECHOS, las documentales traídas a los autos en la etapa de informes por la parte actora en copias certificadas.

De los autos se desprende escrito presentado por la apoderada judicial del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), abogada N.R., en la que da contestación a la demanda constante de tres (3) folios útiles y cuatro (4) anexos, escrito que el Tribunal NO VALORA por haber sido presentado extemporáneamente.

Ahora bien, observa de autos esta Sentenciadora que durante el lapso para la contestación de la demanda, la parte demandada, Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), no compareció a dar contestación a la demanda en el lapso señalado, lo que la hace incurrir en los efectos contradictorios a sus derechos o intereses que se derivan de la CONFESIÓN.

En el presente caso se dieron cumplimientos a los tres requisitos señalados en el Código de Procedimiento Civil para que proceda la confesión ficta, como son:

El demandado no dio contestación a la demanda.

En el lapso probatorio las partes nada alegaron.

La pretensión del demandante no es contraria a derecho.

Por otra parte la demandada de autos Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), aun cuando no dio contestación a la demanda, dejó transcurrir todo el lapso probatorio al igual que la parte actora, SIN EVACUAR PRUEBA ALGUNA que indicare la veracidad de los argumentos en los cuales fundamentan su defensa. Por lo que se declara confeso al demandado de autos INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI) en la persona del ciudadano A.S., Gerente General del Instituto en el Estado Yaracuy de conformidad con lo establecido en la ley.

Ahora bien, analizados como han sido los alegatos esgrimidos por las partes en el presente proceso, esta Juzgadora observa:

Que la parte actora ciudadana L.C.L.D.C. es propietaria del lote de terreno identificado en el escrito libelar, según consta en documento de cesión de derechos y acciones, inserto a los folios 7 al 13.

En cuanto al segundo requisito se menciono que ninguna de las partes hizo uso del derecho de promoción de pruebas, por lo que no se probó que el lote de terreno que la parte actora dice ser propietaria sea el mismo que detenta indebidamente el demandado por no poseer derecho alguno o porque no le pertenece.

Es por lo que este Tribunal considera que el actor debió probar con fundamento la coexistencia del segundo requisito relacionado a que la cosa de que se dice propietario es la misma cuya detentacion ilegal imputa a la parte demandada.

Por tanto, a juicio de esta Sentenciadora, no existiendo en autos prueba alguna para dejar claramente establecido que el inmueble del cual pretende la reivindicación, es el mismo que posee la demandada, es decir, no utilizó los medios legales existente para traer a los autos las pruebas que lleven al Juez el convencimiento pleno y seguro de que la cosa poseída por el adversario es la que se desea reinvidicar, pues, para que prospere la acción debe probar el fundamento de su demanda, sin que el demandado esté obligado a aducir prueba alguna para la conservación de su posesión. La prueba del actor debe ser completa, o sea, además del derecho de propiedad, debe demostrar que el demandado posee idénticamente aquella cosa cuya restitución se pide. Si el actor no ha probado estas condiciones o circunstancias acumulativamente, su demanda fatalmente ha de ser rechazada por falta de prueba.

Ahora bien, aunado a lo anterior tenemos que el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil establece: “… Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho…” señalan que el actor debe probar los hechos que introduce con el libelo. Igualmente, el artículo 12 ejusdem dispone que el Juez en sus decisiones esta obligado a atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de estos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados.

En consecuencia en el caso que nos ocupa la petición de la actora consiste en una Acción Reivindicatoria, acción en la que es al actor a quien corresponde probar los hechos señalados en el libelo, y de autos se desprende que la parte actora no probó sus afirmaciones señaladas, como tampoco promovió prueba alguna para la comprobación de sus propios alegatos, por lo cual no quedó plenamente demostrado que la cosa de la cual se señala ser propietaria es la misma cuya detentación ilegal imputa a la parte demandada, siendo requisitos concomitantes y LA FALTA DE UNO CUALQUIERA DE ESTOS, ES RAZÓN SUFICIENTE PARA QUE SE DECLARE SIN LUGAR LA ACCIÓN Y ASÍ SE DECIDE.

Por las razones antes expuesta, este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley:

DECLARA:

SIN LUGAR LA DEMANDA de Acción Reivindicatoria intentada por la ciudadana L.C.L.D.C., ante identificada, contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI), en la persona del ciudadano A.S., en su carácter de Gerente General del Instituto en el Estado Yaracuy.

SE CONDENA EN COSTAS a la parte perdidosa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

SE ORDENA OFICIAR a la Procuraduría General de la Republica Bolivariana de Venezuela de la presente decisión. Líbrese Oficio.

DE CONFORMIDAD con el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil se ordena notificar a las partes de la presente decisión. Líbrese boletas.

PUBLIQUESE, REGISTRESE Y DEJESE COPIA CERTIFICADA

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy. En San Felipe a los diez (10) días del mes de agosto de 2007. Años: 197° y 148°.

La Jueza,

Abog. W.Y.R.

El Secretario,

Abg. L.A.V.

En esta misma fecha y siendo las 3:00 p.m. se publicó y registró la anterior decisión.

El Secretario,

Abg. L.A.V.