Decisión de Tribunal Primero de Juicio del Trabajo de Yaracuy, de 16 de Mayo de 2013
| Fecha de Resolución | 16 de Mayo de 2013 |
| Emisor | Tribunal Primero de Juicio del Trabajo |
| Ponente | Elvira Chabareh Tabback |
| Procedimiento | Amparo Constitucional |
República Bolivariana de Venezuela
EN SU NOMBRE
Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la
Circunscripción Judicial del
Estado Yaracuy
Años: 203º y 154º
Asunto: UP11-O-2012-000040
Querellante: D.J.M., titular de la cédula de identidad N° 14.798.946.
Apoderada Judicial: Abg. Mimile Silva, inscrita en el Ipsa bajo el N° 74.201, en su condición de Procuradora Especial de Trabajadores.
Presunta agraviante: Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS) adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social.
Motivo: Amparo constitucional.
Sentencia: Definitiva.
Conoce este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, de la presente acción de amparo constitucional interpuesta en fecha 19 de octubre de 2012 por la Abg. Mimile Silva, inscrita en el Ipsa bajo el N° 74.201, actuando en nombre y representación del ciudadano D.J.M., titular de la cédula de identidad N° 14.798.946, en contra del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS) adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, por la presunta violación del derecho al trabajo, derecho al salario justo y derecho a cualquier beneficio laboral, consagrados en los artículos 87, 91 y 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El 5 de noviembre de 2012, se admitió a sustanciación la presente acción de amparo, ordenándose la notificación del presunto agraviante Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS) – sede Yaracuy, así como a la Ministra del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, a la Presidenta del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS) adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social y a la Procuraduría General de la República. Igualmente, se ordenó notificar al representante de la Fiscalía Octogésima Primera Nacional con competencia Constitucional y Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Valencia del estado Carabobo, para que concurran a este juzgado a conocer día y hora en que tendrá lugar la audiencia oral y pública.
El día 3-5-2013 habiéndose verificado la práctica de todas las notificaciones ordenadas, se procedió a fijar para el día 9-5-2013 a las 10:00 de la mañana, la oportunidad para celebrar la audiencia oral y pública, la cual efectivamente se realizó en la fecha pautada, declarándose CON LUGAR la pretensión de amparo constitucional ejercida por el ciudadano D.J.M., antes identificado.
Estando dentro de la oportunidad para publicar el texto íntegro de la sentencia, el tribunal procede hacerlo de la siguiente manera:
I
DE LA PRETENSIÓN CONSTITUCIONAL DEDUCIDA
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La apoderada judicial del peticionario de tutela constitucional, alegó:
1.1 Que su patrocinado D.J.M. comenzó a prestar servicios en el Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS) adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, el 2-2-2010 como vigilante. Asimismo, aduce que fue despedido en forma ilegal e injustificable en fecha 31-12-2010, a pesar de encontrarse amparado por inamovilidad laboral.
1.2 Que su poderdante el día 3-1-2011 inició procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos por ante la Inspectoría del Trabajo del Estado Yaracuy.
1.3 Que se cumplieron todos y cada una de las etapas del proceso administrativo de reenganche y pago de salarios caídos, según el articulo 454 y siguientes de la Ley Orgánica del Trabajo.
1.4 Que en fecha 16-6-2011 fue dictada la p.a. N° 122/2011 mediante la cual se declaró con lugar dicho procedimiento.
1.5 Que su poderdante solicitó la ejecución de la mentada providencia pero la misma no fue acatada por el referido ente patronal.
1.6 Que el referido ciudadano solicitó de conformidad con el artículo 625 de la LOT el procedimiento de las sanciones por desacato.
1.7 Que desde el 6-7-2011 oportunidad en que fue notificado al referido Instituto de la citada providencia, su representante legal se ha negado a cumplir con dicha orden.
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Denunció la violación del derecho al trabajo, derecho al salario justo y derecho a cualquier beneficio laboral, previstos en los artículos 87, 91 y 92 del texto fundamental, toda vez que la parte presuntamente agraviante se niega a cumplir con la orden de reenganche y pago de salarios caídos emanada de la Inspectoría del Trabajo.
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Pidió a este tribunal ordene al Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS), reenganche inmediatamente a su patrocinado a sus laborales habituales y efectúe el pago de salarios caídos dejados de percibir desde la fecha de su despido el 31-12-2010 hasta su definitiva incorporación con el propósito de que se le restablezca la situación jurídica infringida.
II
DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL
En primer término, debe este tribunal pronunciarse sobre su competencia por la materia para conocer de la presente pretensión autónoma de amparo constitucional.
En tal sentido, dispone el artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que la acción de amparo procede contra “cualquier hecho, acto u omisión provenientes de los órganos del Poder Público Nacional, Estadal o Municipal. También procede contra el hecho, acto u omisión originados por ciudadanos, personas jurídicas, grupos u organizaciones privadas que hayan violado, violen o amenacen violar cualquiera de las garantías o derechos amparados por esta Ley” (destacado del tribunal). En tanto que, el encabezamiento y primer aparte del artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales señala:
Artículo 7.- Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de la garantía constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrieren el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo.
En caso de duda, se observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia en razón de la materia
.
Al respecto, el numeral 3 del Art. 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo dispone que: “Los Tribunales del Trabajo son competentes para conocer de las solicitudes de amparo por violación o amenaza de violación de los derechos y garantías constitucionales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
En sintonía con lo anterior, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia Nº de fecha 23 de septiembre de 2010 caso: B.J.S.T. y otros, luego de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, estableció la competencia de los tribunales laborales para conocer de las pretensiones procesales que se propongan con ocasión a actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo.
Asimismo, dicho fallo precisó que “los órganos jurisdiccionales especializados en los conceptos debatidos en las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo (derecho al trabajo y a la estabilidad en el trabajo), sea que se trate, entre otras, de la pretensión de nulidad a través del recurso contencioso administrativo, sean las pretensiones relativas a la inejecución de dichos actos como consecuencia de la inactividad de la Administración autora o bien del sujeto obligado -el patrono o el trabajador- para su ejecución o, por último, sea que se trate de pretensiones de amparo constitucional con fundamento en lesiones que sean causadas por el contenido o por la ausencia de ejecución de dichos actos administrativos; son los tribunales del trabajo”.
Del mismo modo, estableció con carácter vinculante y de forma general que: “1) La jurisdicción competente para el conocimiento de las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo, es la jurisdicción laboral” y que “2) De los tribunales que conforman esta jurisdicción, el conocimiento de las pretensiones antes especificadas corresponde, en primera instancia, a los Tribunales de Primera Instancia del Trabajo y en segunda instancia, a los Tribunales Superiores del Trabajo”.
En abundamiento de lo señalado, la Sala de Constitucional en sentencia N° 108 de 25.02.11, caso L.T., declaró que “es la jurisdicción laboral la competente para conocer de las acciones de amparo ejercidas contra acciones u omisiones de las Inspectorías del Trabajo, y siendo este criterio vinculante para todos los conflictos de competencia en esta materia, incluso los que hayan surgido antes de este fallo”.
Ahora bien, visto que el derecho invocado por la parte presunta agraviante es un derecho de carácter laboral por antonomasia, previsto en el artículo 87 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, este tribunal, atendiendo al contenido de las citadas normas y acatando el referido criterio jurisprudencial con carácter vinculante sentado por la Sala Constitucional, se declara competente por la materia para conocer de la presente acción autónoma de amparo constitucional. Así se decide.
III
DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ORAL Y PÚBLICA
El día 9-5-2013 oportunidad fijada para la realización de audiencia oral y pública constitucional, ésta se llevó a cabo con la presencia del querellante D.J.M., antes identificado, representado por el procurador especial del trabajo J.M.J.S., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº. 149.146 e igualmente, hizo acto de presencia la Abg. Tasmania B.R.M., en su condición de Fiscal Auxiliar Nº 81 del Ministerio Público con competencia Constitucional y Contencioso Administrativo.
En dicha oportunidad la parte presuntamente agraviada a través de la profesional del Derecho J.M.J.S. expuso los argumentos de hecho y de derecho en los que apoya la pretensión. En tal sentido, solicitó se declare con lugar la acción de amparo y se ordene a la parte querellada a dar cumplimiento a la p.a. N° 122/2011 dictada por la Inspectoría del Trabajo del estado Yaracuy.
Posteriormente, ejerció el derecho de palabra la profesional del Derecho Tasmania B.R.M., quien obrando como parte de buena fe en representación del Ministerio Público, expuso su opinión sobre el presente amparo constitucional en los términos que seguidamente se detalla en capítulo separado.
Expuestos los alegatos y conclusiones, la ciudadana Juez pronunció oralmente el dispositivo del fallo, declarando con lugar el amparo ejercido, con base a las razones que de seguida se desarrollan en la presente sentencia.
IV
DE LA OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
Por su parte, la representación del Ministerio Público, manifestó que atención a los criterios establecidos mediante sentencias Nº 2308 de fecha 14-12-2006 caso Guardianes Vigiman, que establece los requisitos de procedencia de la acción de amparo constitucional para la ejecución de las providencias administrativas emanadas de las Inspectorías del Trabajo y a la sentencia Nº 428 de fecha 30-04-2013, ambas emanadas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ésta última la cual refiere que en los casos que se hubieren iniciado bajo la vigencia de la derogada Ley del Trabajo, el Amparo es sin lugar a dudas, la vía excepcional para exigir su ejecución, solicita a este Tribunal declare con lugar la presente acción de amparo, atendiendo a la protección de los derechos constitucionales del trabajador, que el presente caso se inició el 16-06-2011 fecha en la cual fue dictada la p.a. cuya ejecución se solicita.
V
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
En este sentido, quien juzga procede a descender al análisis de los elementos de mérito del expediente, en relación con los requisitos de procedencia del presente amparo constitucional; en tal sentido:
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra en el artículo 27 el derecho de amparo constitucional, es decir, la tutela que todos los tribunales competentes deben garantizar respecto a los ciudadanos, en el goce y ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales. Así, esta garantía ha sido desarrollada en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, mediante el establecimiento de una acción breve, gratuita, pública, oral y sin formalismos.
Ahora bien, esa acción de amparo tutela sólo un aspecto de la situación jurídica del ciudadano, como es la violación de sus derechos fundamentales. Las demás situaciones jurídicas son protegidas mediante las acciones judiciales ordinarias. Por lo tanto, la acción de amparo constitucional, tiene naturaleza extraordinaria, pues sólo procede cuando el ordenamiento jurídico no dispone de un mecanismo procesal ordinario, breve y eficaz con el que se logre, de manera efectiva, la tutela judicial deseada pues, hacer uso del amparo constitucional cuando existen mecanismos idóneos para garantizar la vigencia de los derechos constitucionales, haría nugatorio el ejercicio de las acciones correspondientes.
Examinado el caso subiudice, observa este tribunal constitucional que la parte recurrente en amparo, expresa que Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS), le conculcó el derecho al trabajo, derecho al salario justo y derecho a cualquier beneficio laboral, consagrados en los artículos 87, 91 y 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda vez que la parte querellada se niega a cumplir la p.a. N° 122/2011 dictada por la Inspectoría del Trabajo en el estado Yaracuy, mediante la cual declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por el aquí accionante en amparo en contra del querellado, ordenando a esta último reincorporar al trabajadora a sus labores habituales y pagarle los salarios caídos dejados de percibir.
Ahora bien, la parte querellante pretende mediante la presente acción de amparo constitucional, el restablecimiento de su situación jurídica infringida y para ello, solicita a este tribunal ordene al Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS), la reenganche inmediatamente a sus labores habituales y le efectúe el pago de los salarios caídos dejados de percibir desde la fecha del irrito despido hasta el momento de su efectiva reincorporación.
Al respecto, este tribunal observa que la jurisprudencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido que cuando se pretende el cumplimiento de una p.a., que hubiere sido dictada por la Inspectoría del Trabajo ordenando un reenganche y el pago de salarios caídos, si bien esos actos administrativos, deben ser siempre ejecutados por la misma Inspectoría del Trabajo que los dicta, no obstante, solo por vía excepcional, puede lograrse su efectivo acatamiento por parte del obligado, a través de la intervención jurisdiccional competente, mediante el empleo del amparo constitucional.
Ese carácter excepcional del amparo constitucional en casos como el presente, viene dado por el hecho que, en principio, los actos administrativos tienen que ser ejecutados por su órgano emisor, en virtud del carácter de ejecutoriedad del que se encuentran dotados y sólo, una vez agotada íntegramente la vía administrativa sin obtener la ejecución del mismo, puede optarse por la vía del amparo constitucional.
Por su parte, según la jurisprudencia patria, el hecho que marca el agotamiento de la vía administrativa para acceder, excepcionalmente, y dejando a salvo el examen de los demás requisitos de admisibilidad y procedencia, a la vía del amparo constitucional, es la notificación de la providencia que resuelve el procedimiento sancionatorio previsto en el artículo 647 de la Ley Orgánica del Trabajo. (Vid. Sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, mediante sentencia del 18 de mayo de 2009, recaída en el caso Embotelladora Terepaima, C.A).
Así las cosas, tenemos que a los folios 158 y 159 de la primera pieza del expediente, se constata que el día 21-7-2012 el Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS) fue notificado de la providencia sancionatoria de imposición de multa signada con el N° 219/12 dictada por la Inspectoría del Trabajo del estado Yaracuy por el incumplimiento de la p.a. de reenganche N° 122/2011 dictada por ese mismo Despacho, por lo que habiendo sido iniciada la presente causa el día 19-10-2012, resulta evidente que el presente amparo constitucional no resulta inadmisible, pues el mismo fue incoado luego de haberse agotado íntegramente la vía administrativa previa y antes de la consumación del lapso de seis (6) meses de caducidad siguientes al momento que marca el dicho agotamiento, no estando incursa por tanto, en ninguno de los supuestos previstos en los ordinales 4 y 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Ahora bien, en relación a la procedencia del presente amparo constitucional, podría decirse que la jurisprudencia patria, precisa como requisitos de admisibilidad de la pretensión de amparo constitucional, como mecanismo excepcional tendiente a lograr la ejecución de una p.a. emanada de la Inspectoría del Trabajo, los siguientes:
1) Que exista una p.a. emanada de la Inspectoría del Trabajo conociendo de los procedimientos administrativos, tanto de reenganche y pago de salarios caídos como sancionatorio.
2) Que la p.a. haya sido debidamente notificada al empleador a los fines de su cumplimiento e impugnación, sin que hubiere realizado dicho cumplimiento, no obstante haberse realizado todas las diligencias pertinentes ante la administración emisora del acto a los fines de lograr la ejecución forzosa del mismo, aun cuando las mismas hayan resultado infructurosas.
3) Que no hayan sido suspendidos los efectos del acto cuya ejecución se solicita.
4) Que el incumplimiento de la p.a. cuya ejecución se pretende obtener por vía de amparo constitucional, implique la trasgresión de un derecho constitucionalmente protegido. (Vid. Sentencia número 2308/2006, de fecha 14/12/06, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, caso Guardianes Vigiman S.R.L).
A tal fin, corresponde a este órgano jurisdiccional examinar si en el caso subiudice, se encuentran satisfechos el cumplimiento de tales extremos. Veamos:
Respecto a la existencia de una p.a. emanada de la Inspectoría del Trabajo conociendo de los procedimientos administrativos, tanto de reenganche y pago de salarios caídos como sancionatorio, como primer requisito, esta juzgadora observa que en este expediente riela inserta la copia certificada de la P.A. de fecha 16-6-2011 dictada por la Inspectoría del Trabajo del Estado Yaracuy en el expediente número 057-2011-01-00004 (folios 90 al 92, 1° pieza), mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos formulada por el querellante en amparo.
De igual forma, consta en autos la p.a. N° 219/2012 de fecha 20-6-2012, dictada por el mencionado organismo administrativo del trabajo, mediante la cual impone la sanción de multa al Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS) por el incumplimiento de la p.a. dictada en el procedimiento de reenganche tramitado en el expediente número 057-2011-01-0004.
Con la existencia de las referidas providencias administrativas, esta sentenciadora considera satisfecho el primer requisito de los señalados ut supra y Así se decide.
Con relación al segundo requisito, esto es, i).- que la p.a. haya sido debidamente notificada al empleador a los fines de su cumplimiento e impugnación, ii).- sin que hubiere realizado dicho cumplimiento, no obstante haberse realizado todas las diligencias pertinentes ante la administración emisora del acto a los fines de lograr la ejecución forzosa del mismo, aun cuando las mismas hayan resultado infructuosas.
Consta en autos que el ciudadano D.J.M. así como el INASS quedaron notificados de la referida P.A. de reenganche y pago de salarios caídos dictada en fecha 16-6-2011 por la Inspectoría del Trabajo del Estado Yaracuy en el expediente número 057-2011-01-00004.
Por su parte, del folio 157 de la primera pieza del expediente se constata que fue librada planilla de liquidación de multa, dirigida al Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS), parte querellada en este procedimiento, en cumplimiento a la P.A. de fecha 219/12 que fuere dictada por la Inspectoría del Trabajo del estado Yaracuy, mediante la cual impuso la sanción de multa a ese ente, por el incumplimiento de la p.a. número 122/2011 dictada por ese mismo Despacho en el expediente signado con el N° 057-2011-01-00004, constando igualmente que dicho instituto público plenamente identificado en autos fue notificado de la mencionada providencia sancionatoria de imposición de multa.
En otro orden de ideas, consta al folio 103 (pieza N° 1) del expediente acta levantada en fecha 10-8-2011 por la Inspectoría del Trabajo del estado Yaracuy, en la que se deja constancia que siendo la oportunidad para verificar el cumplimiento voluntario de la p.a. de reenganche el mencionada instituto (INASS) no acató la misma, por tal motivo el señalado órgano administrativo del trabajo acordó aperturar el procedimiento sancionatorio.
En sintonía con lo anterior, a los folios 105 y 106 (pieza N° 1) de este asunto, riela inserta acta de ejecución forzosa levantada el 23-8-2011 por la Inspectoría del Trabajo, dejándose expresa constancia que el citada instituto se negó a cumplir con la orden de reenganche.
De tal manera, que con la notificación del ente patronal de las mencionadas providencias administrativas (esto es, de la p.a. del reenganche y de la que impuso la multa, agotándose con ello el procedimiento sancionatorio previsto en el artículo 647 de la Ley Orgánica del Trabajo), así como del inequívoco interés demostrado por la parte accionante de materializar el cumplimiento de su reenganche y la conducta contumaz desplegada por la parte accionada, se considera satisfecho el segundo de los requisitos indicados y Así se resuelve.
En cuanto al tercer requisito, atinente a la inexistencia de alguna sentencia cautelar que hubiere acordado la suspensión de los efectos del acto administrativo cuya ejecución se solicita a través del amparo constitucional.
De una revisión minuciosa y exhaustiva en los libros de causa de los dos Tribunales de Juicio del Trabajo de este Circuito Judicial del Trabajo, no se observa la existencia de un expediente contentivo de alguna acción de nulidad incoada por la sociedad mercantil querellada en esta causa, solicitando por vía de una medida cautelar, la suspensión de los efectos de la P.A. Nº 122/2011 que declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos intentada por el ciudadano D.J.M. (folios 90 al 92, primera pieza), ni consta en autos, ninguna sentencia cautelar que hubiera sido dictada por un Tribunal Contencioso Administrativo, antes que de la nueva Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa le atribuyera esa competencia a los Tribunales Laborales, así como tampoco consta en autos la existencia de alguna sentencia definitiva que hubiera eventualmente declarado la nulidad de la p.a. que ordenara el reenganche del aquí accionante en amparo. Por lo tanto, necesario es considerar cumplido el tercer requisito de los señalados anteriormente y Así se decide.
Por último, en lo atinente al cuarto requisito, referido al hecho que del incumplimiento de la P.A. cuya ejecución se solicita, se verifique la trasgresión de un derecho constitucionalmente protegido, el mismo se encuentra vinculado con la misma razón de existencia de la institución jurídica del amparo constitucional pues, como es sabido, el amparo constitucional, es una institución tendiente a proteger y garantizar la efectividad de los derechos y garantías estrictamente de naturaleza y rango constitucional.
Al respecto, esta sentenciadora observa que al existir una P.A., mediante la cual se ordenó el reenganche del ciudadano D.J.M., a su puesto de trabajo, así como el correspondiente pago de los salarios caídos, concatenado, con el hecho que la orden contenida en el referido acto administrativo ha sido incumplido por la parte querellada aquí accionada en amparo, incumplimiento éste que se efectuó, tanto en la oportunidad fijada para el cumplimiento voluntario como para el del cumplimiento forzoso, tal y como evidencia de las actas levantadas por la Inspectoría del Trabajo resulta objetivamente evidenciado en autos, que esa contumacia de la parte querellada, en dar cumplimiento a la orden contenida en la referida P.A. N° 122/2011 dictada el 16-6-2011, le ha sido infringido al accionante su derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, consagrados en los artículos 87 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respectivamente, pues esa conducta contumaz ha hecho nugatorios los efectos de aquél acto administrativo que ordena su reenganche para que continúe laborando y percibiendo un salario justo en contraprestación a ello. En consecuencia, resulta satisfecha la última de las exigencias de fondo de procedencia del presente amparo constitucional. Así se declara.
Bajo la égida de toda la motivación anteriormente consignada en esta sentencia, con base en los elementos probatorios concretos de autos, y considerando que se cumplen todas las condiciones requeridas para la procedencia de la tutela constitucional solicitada, resulta menester para esta sentenciadora declarar CON LUGAR la presente acción de amparo constitucional, como en efecto se hará de manera expresa, positiva y precisa en su parte dispositiva. Así se decide.
VI
DECISIÓN
En mérito de las anteriores consideraciones este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, actuando en sede constitucional, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
CON LUGAR la acción de amparo constitucional ejercida en fecha 19 de octubre de 2012 por la Procuradora Especial de Trabajadores, Abg. Mimile Silva, actuando en nombre y representación del ciudadano D.J.M., en contra del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS) adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, identificados ut supra, por la violación del derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, consagrado en el artículo 87 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Como fórmula reestablecedora de la situación jurídica infringida, se ordena al querellado Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS) sede Yaracuy, proceda de manera inmediata a la restitución del ciudadano D.J.M., ya identificado, a su puesto de trabajo y al pago de los salarios caídos, en los términos previstos en la p.a. N° 122/2011 dictada el 16 de junio de 2011 por la Inspectoría del Trabajo del Estado Yaracuy.
De conformidad con lo establecido en el artículo 86 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se ordena notificar a la Procuradora General de la República de la presente sentencia definitiva anexándose copia certificada de la misma. Se advierte a las partes que una vez haya transcurrido el lapso de ocho (8) días hábiles contados desde que conste en autos la práctica de dicha notificación, empezará a computarse el lapso de Ley para que se ejerzan los recursos pertinentes.
Se acuerda remitir, copia certificada de la misma al Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS) sede Yaracuy, para que proceda a realizar los trámites administrativos pertinentes para dar cumplimiento al presente mandamiento de amparo constitucional.
Del mismo modo se dispone remitir copia del presente fallo a la Ministra del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, así como a la ciudadana I.A.P.H., titular de la cédula de identidad N° 7.121.794 en su condición de presidenta del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS) adscrito a dicho Ministerio.
De conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el presente mandamiento de amparo deberá ser acatado por todas autoridades de la República.
De conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no hay condenatoria en costas.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.
Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy. En San Felipe, a los dieciséis (16) días del mes de mayo del año dos mil trece (2013).
La Juez,
E.C.T.
El Secretario,
R.E.A.A.
En la misma fecha siendo las 11:46 minutos de la mañana, se publicó y registró la anterior decisión, consignándose al expediente con el que se encuentra relacionada.
El Secretario,
R.E.A.A.
