Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Trujillo, de 3 de Febrero de 2014

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo

Trujillo, tres de febrero de dos mil catorce

203º y 154º

ASUNTO: TP11-N-2013-000022.

PARTE DEMANDANTE: PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO TRUJILLO EN REPRESENTACIÓN DEL ESTADO TRUJILLO, representada judicialmente su apoderado Abogado G.A., inscrito en el Instituto de Previsión Social bajo el No. 62.473.

PARTE DEMANDADA: REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA POR ÓRGANO DE LA INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO TRUJILLO CON SEDE EN TRUJILLO.

MOTIVO: NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO CONJUNTAMENTE CON MEDIDA CAUTELAR DE AMPARO Y SUBSIDIARIAMENTE SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE LA P.A. Nº 00344/2012, de fecha 10 de diciembre de 2012.

SÍNTESIS NARRATIVA:

En fecha 9 de abril de 2013, se le dio entrada al presente asunto recibido de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, constituido por demanda de nulidad conjuntamente con medida cautelar de amparo -y subsidiariamente solicitud de suspensión de efectos de acto administrativo- incoada por el por Abogado G.A., en su carácter de apoderado judicial de la PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO TRUJILLO, todos ut supra identificado; contra el acto administrativo constituido por p.a. No. 00344/2012, de fecha 10 de diciembre de 2012, dictado por la Inspectoría del Trabajo del estado Trujillo con sede en la ciudad de Trujillo, contenida en el expediente No. 066-2010-06-00047; que declaró infractora a la Gobernación del Estado Trujillo.

En fecha 18 de abril de 2013, se dictó auto de admisión de la demanda, ordenando la práctica de las notificaciones del órgano que emitió el acto administrativo impugnado, la Inspectoría del Trabajo del estado Trujillo con sede en la ciudad de Trujillo; del Fiscal Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo; del Procurador General de la República; ordenándose en ese mismo auto al referido órgano administrativo del trabajo, que remitiera el expediente administrativo Nº 066-2010-06-00047. Asimismo, se ordenó la apertura de cuaderno separado de amparo cautelar y cuaderno separado de medida cautelar, a los fines del pronunciamiento de ley; siendo declarado sin lugar el amparo cautelar incoado en forma conjunta con la demanda de nulidad, al tiempo que se declaró improcedente la solicitud de medida cautelar de suspensión de los efectos del acto administrativo cuya nulidad se pretende en el presente asunto, por decisiones de fechas 21 y 25 de junio de 2013, respectivamente, cursantes en los asuntos TH12-X-2013-000033 y TH12-X-2013-000035, en su orden, las cuales se encuentran definitivamente firmes y dichos asuntos archivados.

En el mismo orden, este Tribunal, una vez verificadas las notificaciones ordenadas, fijó la oportunidad para la audiencia oral de juicio, cuya celebración tuvo lugar el 2 de diciembre de 2013. En el acta levantada durante la celebración de la audiencia de juicio, se dejó constancia de la comparecencia de la parte demandante, así como de la incomparecencia del órgano que dictó el acto administrativo impugnado; de representación alguna de la Procuraduría General de la República y del Ministerio Público. Asimismo, se dejó constancia que la parte demandante ratificó el escrito libelar en todas sus partes y promovió pruebas en un (1) folio útil.

Una vez escuchada la exposición de la parte demandante, en la audiencia celebrada, se le informó sobre los lapsos para la oposición y admisión de las pruebas, así como el lapso para la presentación del escrito de informes; indicando su apoderado judicial que lo presentaría por escrito. De esta manera, en fecha 5 de diciembre de 2013, este Tribunal se pronunció sobre las pruebas promovidas y, en fecha 6 de diciembre de 2013, la parte demandante presentó su escrito de informes. Es así como, estando dentro del lapso establecido en el artículo 86 ejusdem, se procede a sentenciar el mérito del presente asunto, con base a los particulares siguientes:

La acción propuesta pretende enervar los efectos de la p.a. signada con el Nº 00344-2012, de fecha 10 de diciembre del 2012, correspondiente al expediente Nº 066-2010-06-00047, dictada por el Inspector del Trabajo en el estado Trujillo con sede en Trujillo, mediante su declaratoria la nulidad absoluta, conjuntamente con medida cautelar de amparo y subsidiariamente suspensión de los efectos de la referida providencia; fundamentando la demandante su pretensión en los siguientes hechos:

1) Que en su solicitud de reenganche y pago de salarios caídos la ciudadana E.M.S., alegó que comenzó a laborar en fecha 10 de marzo de 2008 como obrera en la Prefectura de la Parroquia Chiquinquirá del Municipio Trujillo – Dirección de Política y Seguridad Ciudadana, realizando trabajos de aseadora y mensajería, con un horario de trabajo de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m., devengando como último salario la cantidad de de Bs. 186,00, semanales hasta el día 13 de marzo de 2009, ya que en esa fecha el ciudadano R.R., en su carácter de Jefe del Departamento de Servicios Generales, le informó de manera verbal que ya no trabajaría más porque estaba despedida y que en fecha 16 de marzo de 2009 se le informó en forma escrita, motivo por el cual se consideró objeto de un despido injustificado, considerando la reclamante que se encontraba investida de inamovilidad laboral según Decreto Presidencial Nº 6.603, de fecha 29 de diciembre de 2008, publicado en Gaceta Oficial Nº 39.090 en fecha 2 de enero de 2009. 2) Que en la oportunidad procesal procedió la Procuraduría General del estado Trujillo procedió a dar contestación a la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos 3) Que en fecha 21 de octubre de 2009 la Procuraduría General del estado Trujillo consignó un escrito a través del cual expuso que la accionante efectuó el cobro de sus prestaciones sociales y demás beneficios laborales, de fecha 12 de mayo de 2009, por la cantidad de Bs. 4.914,15, circunstancia ésta que a nivel jurisprudencial configura una renuncia tácita a la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos y en consecuencia produce la terminación del procedimiento, ya que es obvio que la solicitante había consentido voluntariamente en dar por concluida su relación de trabajo. 4) Que una vez abierto el lapso para promover pruebas de conformidad con el artículo 455 de la Ley Orgánica del Trabajo derogada, la Procuraduría del estado Trujillo promovió pruebas. 5) Que no obstante, en fecha 28 de enero de 2010, la Inspectoría del Trabajo con sede en Trujillo dictó P.A. N° 00019-2010 declarando con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos, incoada por la ciudadana E.M.S., hasta la fecha de su efectiva reincorporación. 6) Que en fecha 23 de febrero de 2010, se notificó a la Procuraduría general del estado Trujillo del contenido de la p.a. Nº 00019-2010 de fecha 28 de enero de 2010, comenzando a correr el lapso de seis meses para interponer contra el referido acto administrativo el recuso de nulidad por ante la jurisdicción Contencioso- administrativa. 7) Que en fecha 3 de mayo de 2010, se notificó a la Procuraduría General del estado Trujillo del procedimiento sancionador, contenido en el expediente Nº 066-2010-06-00047, iniciado en contra de la Gobernación del Estado, motivado al supuesto desacato a la orden de reenganche y pago de salarios caídos a favor de la ciudadana E.M.S.. 8) Que el Procurador consignó en fecha 11 de mayo de 2010, escrito contentivo de alegatos a través del cual opuso formalmente la existencia de una cuestión prejudicial y solicitó que, al llegar el estado de dictar decisión, se declarara la suspensión del proceso hasta tanto fuera resuelta. 9) Que dentro del lapso probatorio del procedimiento administrativo sancionador, en fecha 19 de mayo de 2010, promovió pruebas documentales destinadas a demostrar la existencia de la cuestión prejudicial alegada. 10) Que en fecha 10 de diciembre de 2012, el Inspector del Trabajo Jefe en Trujillo, estado Trujillo, dictó la P.a. Nº 00344/2012, en la cual declaró infractora a la Gobernación del estado Trujillo y, en consecuencia, le ordenó pagar en calidad de infractora la cantidad de Bs. 266,06. 11) Que es imposible e ilegal la ejecución por cuanto los efectos de la P.A. Nº 00019-2010 de fecha 28 de enero de 2010 que ordenó el reenganche y pago de salarios caídos de la ciudadana E.M.S., por cuanto se encuentran suspendidos sus efectos, según consta en la sentencia interlocutoria dictada en fecha 19 de mayo de 2010, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental con sede en Barquisimeto estado Lara, expediente N° KE01-X-2010-000116. 12) Que en fecha 28 de diciembre de 2012, la Procuraduría General del estado Trujillo consignó por ante la Inspectoría del Trabajo del estado Trujillo, con sede en Trujillo, un escrito a través del cual manifestó que el acto administrativo en mención es de imposible e ilegal ejecución por estar suspendidos sus efectos y que, de proceder a pagar la multa impuesta, implicaría violentar el principio de legalidad en cuanto a que contravienen en normas presupuestarias. Asimismo resaltó que la Inspectoría del Trabajo no dio respuesta oportuna y adecuada al escrito aludido violando el derecho de petición que tienen los ciudadanos y ciudadanas de conformidad con el artículo 51 de la Constitución Bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela. 13) Vicios de nulidad que la demandante atribuye al acto administrativo impugnado: 13.1. Vicio de falso supuesto de hecho, por cuanto el Inspector del Trabajo señaló que la Gobernación del Estado Trujillo es contumaz y que promovió como pruebas documentales: 1) Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad conjuntamente con medida cautelar de amparo subsidiariamente solicitud de suspensión de efectos de la P.A. Nº 00019-2010 de fecha 28 de enero de 2010; y 2) Auto de admisión de fecha 27 de abril de 2010, dictado por el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental con sede en Barquisimeto estado Lara; y que las mismas no sirven para desvirtuar el cumplimiento o no de la orden de reenganche y que tratan de demostrar el despido o no de la trabajadora así como de sus posibles faltas, argumentos éstos expuestos para enervar el valor jurídico de las pruebas promovidas cuando realmente el objeto de las documentales mencionadas fue demostrar la existencia de una cuestión prejudicial, y de la cual no hizo mención alguna, tergiversando de esta forma la realidad de los hechos para dictar un acto administrativo que declara infractora a la Gobernación del Estado y le impone una multa. 13.2. Vicio de infracción de ley, al desaplicar los artículos 18.5 y 62 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que contemplan las obligaciones que tiene el juzgador de atenerse a lo alegado y probado, así como el deber de resolver las excepciones o cuestiones planteadas durante el procedimiento; afirmando que en el caso ventilado se opuso y demostró la existencia de una cuestión prejudicial, de la cual en ningún momento se hizo mención en la Providencia recurrida. Mencionó igualmente los artículos 10 y 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que disponen las obligaciones de apreciar las pruebas y de motivar las decisiones. De igual forma menciona que el Inspector del Trabajo Jefe de Trujillo incurrió en infracción de ley al aplicar falsamente los artículos 87 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sin especificar los fundamentos de esta denuncia; denunciando igualmente la infracción de ley por desaplicación del artículo 639 de la Ley Orgánica del Trabajo, vigente para el momento de los hechos, así como del artículo 545 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. 13.3. Violación de derechos constitucionales, atribuyéndole a la p.a. cuya nulidad se demanda, la violación del derecho constitucional al debido proceso y a la defensa, al no atenerse a lo alegado y probado, dejando a su representada en estado de indefensión; por lo cual considera que dicho acto administrativo es nulo, de conformidad con el artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En el marco de la audiencia oral y pública celebrada en fecha 2 de diciembre de 2013, desarrollada conforme a lo previsto en el artículo 83 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la parte actora expuso el objeto de su pretensión que es la nulidad de la Providencia Nº 00344-2012, de fecha 10 de diciembre de 2012, ratificando el contenido de su escrito libelar y promoviendo como prueba copia certificada de la p.a. impugnada, así como del escrito consignado el 28 de diciembre de 2012, ambos contenidos en las actas del expediente administrativo que cursa en el presente asunto. Asimismo, dentro del lapso legalmente establecido, la parte demandante presentó su escrito de informes en el cual ratificó sus alegatos y el contenido de su pretensión de nulidad del referido acto administrativo.

En el orden indicado esta sentenciadora valora las referidas pruebas promovidas por la demandante, en virtud de que las mismas resultan pertinentes por formar parte integrante del expediente administrativo llevado por la Inspectoría del Trabajo que contienen el acto administrativo impugnado y su procedimiento, el cual también merece valor probatorio para quien decide, al tratarse de documentos que la doctrina del Tribunal Supremo de Justicia ha calificado como públicos administrativos y que, en el presente caso, dan cuenta de la sustanciación por parte del referido órgano del procedimiento de multa contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO TRUJILLO, que desencadenó en la emisión de la p.a. cuya nulidad se demanda en el presente juicio.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:

1. DE LA COMPETENCIA:

   La discusión acerca de la competencia de los tribunales para el conocimiento de los juicios de nulidad de los actos administrativos, relativos a los derechos individuales de los trabajadores, es de vieja data, en especial de aquellos procedimientos relativos a la protección de su inamovilidad que, en sede administrativa, corresponde decidir a las Inspectorías del Trabajo. Es así como, a partir de la sentencia dictada, en fecha 13 de febrero de 1992, por la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, dicha competencia fue atribuida a la jurisdicción laboral, la cual venía conociendo de estos juicios hasta que, mediante sentencia No. 1.318 de fecha 2 de agosto de 2001, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia atribuyó tal competencia a la jurisdicción contencioso administrativa; criterio éste que la referida Sala ratificó, con carácter vinculante, en sentencia de fecha 20 de noviembre de 2002, haciendo especial referencia en su motivación, a la disposición contenida en el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que se había sostenido de manera pacífica y reiterada; razón por la cual la competencia para el conocimiento de los recursos de nulidad de los actos administrativos emanados de las Inspectorías del Trabajo correspondía, en primer grado de jurisdicción, a los Juzgados Superiores Contenciosos Administrativos Regionales y, en apelación, a las Cortes de lo Contencioso Administrativo.

   Ahora bien, con la entrada en Vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, publicada en Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela Nº 39.451 del 22 de junio de 2010, se suprime, en su artículo 25 numeral 3º, dicha competencia, atribuida hasta ese momento a la jurisdicción contencioso administrativa, sin indicar expresamente qué tribunales asumirían el conocimiento de las referidas demandas de nulidad de los actos administrativos dictados por la Administración del Trabajo en materia de inamovilidad laboral.

   En efecto, la mencionada disposición contiene una excepción a la regla general atributiva de competencia para el conocimiento de las pretensiones de nulidad que corresponden a los tribunales con competencia en materia contencioso administrativa, a saber: “Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, dictados por las autoridades estadales o municipales de su jurisdicción, con excepción de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por la Administración del Trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la ley Orgánica del Trabajo. (Subrayado del tribunal).

   En el orden indicado, sobre la interpretación de la citada norma, se pronunció la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia de fecha 23/09/2010, caso: Central La Pastora, C.A., desprendiéndose del texto de la citada decisión lo siguiente:

   … Con fundamento en las consideraciones que se expusieron, y en ejercicio de la facultad de máximo intérprete del Texto Constitucional, esta Sala deja asentado el siguiente criterio, con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República:

   1) La jurisdicción competente para el conocimiento de las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo, es la jurisdicción laboral

   .

   2) De los tribunales que conforman esta jurisdicción, el conocimiento de las pretensiones antes especificadas corresponde, en primera instancia, a los Tribunales de Primera Instancia del Trabajo y en segunda instancia, a los Tribunales Superiores del Trabajo”. (Subrayado y destacado agregado por este Tribunal).

   Dicha disposición legal, y la decisión de la Sala Constitucional que la interpreta, responden a un principio fundamental de rango constitucional, relativo al debido proceso, que es la noción del juez natural; habida cuenta que la naturaleza de los derechos que se discuten, tanto en el procedimiento administrativo a cargo de la Administración del Trabajo, como los involucrados en el procedimiento de nulidad de la decisión administrativa que dimane de dicho procedimiento, es laboral, al estar íntimamente relacionada con el hecho social trabajo; siendo lógico y aconsejable que el conocimiento de la controversia esté a cargo del juez especializado en materia laboral. En consecuencia, de conformidad con la noción constitucional del juez natural, así como con la precitada disposición contenida en el artículo 25, numeral “3” de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y con el criterio vinculante de la Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia, que atribuye competencia a los tribunales laborales para conocer de la nulidad de las providencias administrativas emanadas de las Inspectorías del Trabajo; es por lo que este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TRUJILLO, teniendo por norte de sus actuaciones, la tutela efectiva de los derechos e intereses de los justiciables y al proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia, con la brevedad y la celeridad que debe orientarlo, ratifica su competencia para conocer del presente recurso de nulidad.

2. DEL FONDO DE LA CONTROVERSIA:

   En el caso subjudice pretende la parte actora enervar los efectos del acto administrativo dictado por la Inspectoría del Trabajo del estado Trujillo con sede en Trujillo, constituido por p.a. Nº 00344-2012, de fecha 10 de diciembre del 2013, correspondiente al expediente Nº 066-2010-06-00047 que declaró infractora a GOBERNACIÓN DEL ESTADO TRUJILLO; constituyendo la motivación de dicho acto impugnado la siguiente:

   …Debe aclarar este Despacho Administrativo, que estamos en presencia del desacato a una Orden de Reenganche emanada por está (sic) Inspectoría, en la que ordena la reincorporación inmediata a la entidad de trabajo GOBERNACIÓN DEL ESTADO TRUJILLO, a la ciudadana E.M.S., identificada ut supra, evidenciándose en la actas procesales, tanto de la Solicitud de Sanción y el Acta de Ejecución practicada en la sede de dicha entidad de trabajo, la conducta del patrono dirigida a no dar cumplimiento a lo ordenado por esta Inspectoría del Trabajo, situación que quebranta lo establecido en el articulo 87 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela la cual dispone: (……) violando con dicha conducta el Derecho Constitucional al Trabajo, sin que se pueda pretender evadir tal situación contumaz manifestando Recurso de Nulidad intentado contra la P.A. emanada de este Despacho Administrativo así como privilegios y prerrogativas, debiendo el representante legal del ente de trabajo cancelar los salarios caídos y demás beneficios laborales, así como reincorporar al trabajador en su puesto habitual de trabajo en las mismas condiciones en las que se encontraba antes del irrito despido, siendo esta una obligación de hacer y de dar, debiendo cumplirse lo ordenado por el acto Administrativo, sin necesidad de homologación por parte de entes diferentes a la Administración, ello así, por cuanto es una manifestación de los límites de los principios de ejecutoriedad y ejecutividad, en virtud de la presunción de legalidad que gozan los actos dictados por la administración, (…..) los cuales gozan desde su creación, [de] una presunción conforme a la cual, la actuación de la Administración Pública se encuentra siempre ajustada a derecho…..

   …. que si bien es cierto de la prueba aducida por la parte accionada se desprende la interposición de Recurso de Nulidad, contra la P.A. emitida por esta Inspectoría del Trabajo; dicha prueba y alegato resulta poco idónea para justificar el incumplimiento del administrado de lo ordenado en la referida Providencia, ya que el presente procedimiento de multa se inicio en virtud de que la parte accionada se ha negado a dar cumplimiento voluntario al reenganche y al pago de los salarios dejados de percibir, señalado en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el lapso otorgado para el cumplimiento voluntario, estableciendo lo siguiente: Artículo 180…….(omissis)… lo cual debió realizar, independientemente que después acudiera a la vía Contencioso Administrativa a interponer contra el acto en cuestión, Recurso de Nulidad. En ese mismo orden de ideas es oportuno referir a lo preceptuado en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, señalado en su Articulo 87, lo siguiente: La interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado salvo previsión legal en contrario.

   … se pretende ejecutar la P.A. que de manera definitiva decidió el procedimiento administrativo de reenganche y pago de salarios caídos incoado por el accionante, contra la que no cabe recurso en sede administrativa a tenor de lo dispuesto en el articulo 445 de la Ley Orgánica del Trabajo (vigente para el año 2010), por lo que al no constar en autos evidencia alguna de que se encuentren suspendidos en sede judicial a petición de la parte patronal los efectos jurídicos de la referida p.a. en la que se funda el presente procedimiento sancionatorio, dicho acto administrativo conserva sus plenos efectos y en consecuencia su carácter ejecutivo y ejecutorio.

   …… se concluye que estamos en presencia de una obligación de hacer, la cual consiste en el acato de la P.A., que ordena el reenganche y Pago de Salarios dejados de percibir a la ciudadana E.M.S., antes identificada, siendo su conducta negativa frente a este deber, no pudiendo el representante de la entidad de Trabajo GOBERNACIÓN DEL ESTADO TRUJILLO, abstraerse o excusarse del cumplimiento de la obligación alegando la existencia de una interposición de un recurso, a los fines de justificar su no cumplimiento de Reenganche y pago de salarios caídos, subsumiéndole dicha conducta a lo establecido en el artículo 639 de la Ley Orgánica del Trabajo vigente para la época de los hechos, que consiste en: ……..