Decisión nº J2-22-2015 de Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del nuevo Régimen y del Régimen Procesal Transitorio de Merida (Extensión Mérida), de 19 de Mayo de 2015

Facturas de cobro suscritas por el ciudadano D.E.F.F.. Marcadas con la letra “A”. Insertas a los folios 198 al 205.

Sostuvo la parte promovente, que se prueba que mediante facturas se hacía el cobro del servicio como taxista y que transportaban a los trabajadores en horas de la noche; indicando la parte demandante, que están contestes con las mismas y se logró demostrar la relación laboral entre la Empresa de Propiedad Social Directa y el ciudadano D.E.F.F.. Este Tribunal les confiere valor probatorio a dichas documentales, como demostrativas del cobro realizado por parte del ciudadano D.E.F.F., a la EMPRESA PROPIEDAD SOCIAL DIRECTA DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EJIDO, C.A., por traslado de personal. Así se establece.

Comprobantes de cheque y orden de pago libradas al ciudadano D.E.F.F.. Marcadas con la letra “B”. Insertas a los folios 207 al 230.

La parte demandada señaló, que se demuestra que al ciudadano D.E.F.F., se le hacía el pago de sus servicios luego de que presentaba sus facturas y la relación de los trabajadores transportados en la noche, ya que mediante estos instrumentos se le hacía el pago del servicio de taxi; manifestando la parte demandante que está conteste con la prueba. Este Tribunal les confiere valor probatorio, como demostrativas del pago recibido por el ciudadano D.E.F.F., de la EMPRESA PROPIEDAD SOCIAL DIRECTA DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EJIDO, C.A., por concepto de transporte en las fechas indicadas. Así se establece.

Control de personal. Marcado con la letra “C”. Insertas a los folios 232 al 232 y 233.

En la oportunidad correspondiente, las partes hicieron las observaciones de los medios probatorios promovidos en los numerales tercero y cuarto de manera conjunta, cuya valoración será realizada en lo correspondiente al numeral cuarto. Así se establece.

Planillas de control y registro de asistencia semanal de los trabajadores. Marcada con la letra “D”. Inserta a los folios 235 al 239.

Los numerales tercero y cuarto fueron evacuados de manera conjunta, indicando la parte demandada que mediante esta prueba se evidencia que era uno de los controles que llevaban los taxistas, para justificar al final de mes junto a las facturas y otros controles, el cobro de los servicios como taxista; manifestando la parte demandante que están contestes con la prueba, ya que hace referencia a una de las condiciones laborales como era la subordinación y el cumplimiento de un horario. Este Tribunal, le confiere valor probatorio a dichas documentales, como demostrativas de la prestación del servicio de transporte por parte del ciudadano D.E.F.F., a la EMPRESA PROPIEDAD SOCIAL DIRECTA DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EJIDO, C.A. en las fechas señaladas, para el traslado del personal adscrito a dicha entidad de trabajo. Así se establece.

Facturas de cobro suscritas por el ciudadano I.J.M.S.. Marcadas con la letra “E”. Insertas a los folios 241 al 249.

Indicó la parte demandada, que se demuestra que el ciudadano I.J.M.S., presentaba las facturas, junto con la relación del personal que trasladaba a sus hogares, para el pago del servicio como taxista; manifestando la parte demandante, que están contestes con la prueba. Este Tribunal les confiere valor probatorio a dichas documentales, como demostrativas del cobro realizado por parte del ciudadano I.J.M.S., a la EMPRESA PROPIEDAD SOCIAL DIRECTA DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EJIDO, C.A., por traslado de personal. Así se establece.

Comprobantes de cheque y orden de pago libradas al ciudadano I.J.M.S.. Marcadas con la letra “F”. Insertas a los folios 251 al 275.

En la oportunidad correspondiente, la parte accionada sostuvo que mediante el recibo de pago y comprobante de pago, se pretende probar que el ciudadano I.M., por esas documentales recibía el pago del servicio de taxi; manifestando la parte actora que estaban contestes. Este Tribunal les confiere valor probatorio, como demostrativas del pago recibido por el ciudadano I.J.M.S., de la EMPRESA PROPIEDAD SOCIAL DIRECTA DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EJIDO, C.A. en las fechas indicadas, por concepto de transporte. Así se establece.

Control de personal. Marcadas con la letra “G”. Insertas a los folios 277 y 278.

En la evacuación correspondiente, la parte demandada indicó que se demuestra que el ciudadano I.M., transportaba a los trabajadores que se mencionan en las mismas, de la empresa a sus hogares y que era requisito para pagarle el servicio de taxista; añadiendo la parte demandante que están de acuerdo con la prueba. En consecuencia, este Tribunal le confiere valor probatorio a dichas documentales, como demostrativas de la prestación del servicio de transporte por parte del ciudadano I.J.M.S., a la EMPRESA PROPIEDAD SOCIAL DIRECTA DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EJIDO, C.A. en las fechas señaladas, para el traslado del personal adscrito a dicha entidad de trabajo. Así se establece.

Planillas de control y registro de asistencia semanal de los trabajadores. Marcada con la letra “H”. Inserta a los folios 279 al 281.

La parte accionada señaló, que se pretende evidenciar que los trabajadores que transportan a sus hogares, firmaban dicha relación para que el taxista a fin de mes pudiese cobrar los servicios prestados; manifestando la parte demandante que están de acuerdo con la prueba. En consecuencia, este Tribunal le confiere valor probatorio a dichas documentales, como demostrativas de la prestación del servicio de transporte por parte del ciudadano I.J.M.S., a la EMPRESA PROPIEDAD SOCIAL DIRECTA DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EJIDO, C.A. en las fechas señaladas, para el traslado del personal adscrito a dicha entidad de trabajo. Así se establece.

CAPITULO SEGUNDO

TESTIFICALES.

Solicita al Tribunal, oír la declaración de los ciudadanos H.A.L.Z., M.A.D.P., M.D.C.P. SULBARÁN, MARIANY S.L.C., A.C.S.U., D.D.M.B., S.R.L.A., B.E.R.J., titulares de las cédulas de identidad Nº 17.143.235, 18.309.713, 12.766.530, 19.145.459, 20.433.921, 23.719.243, 16.657.021, 15.175.444, respectivamente.

Los ciudadanos H.A.L.Z., M.A.D.P., M.D.C.P. SULBARÁN, MARIANY S.L.C., D.D.M.B., S.R.L.A., no se presentaron a la evacuación de las pruebas en la audiencia de juicio, en consecuencia no existe elemento probatorio sobre el cual deba emitir pronunciamiento esta instancia. Así se establece.

En la oportunidad de la audiencia de juicio, las ciudadanas B.E.R.J. y A.C.S.U., respondieron a las preguntas formuladas por las partes intervinientes de la siguiente manera:

B.E.R.J..

Que, tiene 32 años de edad, que es Operadora de la Empresa de Propiedad Social Directa de Atención Telefónica Ejido, que trabaja allí desde hace 5 años, su horario de trabajo era de 4.15 de la tarde a 10.15 de noche; que el primer turno salía a las 10 de la noche y el segundo turno a la 1 de la mañana, que eran diferentes turnos; que conoce a los demandantes, y que eran el contacto de transporte, que unos días la llevaban unos y otros días eran otros transportistas, que no era siempre el mismo; que si no llegaba el taxi se iban en taxi particular; que los demandantes no eran exclusivos, si no que eran taxis particulares que llegaban a esa hora y se les pagaba la ruta; que, los demandantes no cumplían horario, ni órdenes o instrucciones.

En relación a este testimonio, este Tribunal conforme a lo tipificado en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, le confiere valor probatorio, como demostrativo de la naturaleza de la relación existente entre las partes, la prestación del servicio de transporte por parte de los demandantes y de las condiciones del mismo. Así se establece.

A.C.S.U..

Que, es trabajadora de la Empresa de Propiedad Social de Atención Telefónica Ejido, desde hace 4 años; que el horario que cumplía era de 5.20 de la tarde a 11.20 de la noche; que después fueron cambiando de 6 a 11; que era transportada por los taxistas a las 11 de la noche; que, los demandantes D.E.F.F. e I.J.M.S. no eran los únicos taxistas, que a veces mandaban a otros, que en algunas ocasiones no contaba con el servicio de transporte, que algunas veces eran taxis y otras veces no; que los demandantes eran taxistas y prestaban el servicio a otras personas, y que no pertenecían a línea de taxi.

En relación a este testimonio, este Tribunal conforme a lo tipificado en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, le confiere valor probatorio, como demostrativo de la naturaleza de la relación existente entre las partes, la prestación del servicio de transporte por parte de los demandantes y de las condiciones del mismo. Así se establece.

DECLARACION DE PARTE

I.J.M.S..

Este Tribunal de manera oficiosa, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 103 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, consideró necesario escuchar la declaración del ciudadano I.J.M.S., quien a las preguntas formuladas por esta operadora de justicia, manifestó:

Que, laboró en la EPS-EJIDO en Aguas Calientes, Ejido; que lo contrató la Sra. Cielo con el Sr. J.T., que fue contratado el 01 de febrero de 2011, que realizaba funciones de transporte en la EPS, le asignaban personal, debían buscarlo y estar dispuestos para la Junta Directiva, que le asignaban cierta cantidad de personas para transportarlas. Que, le pagaban por el transporte y los obligaron a sacar un facturero y ahí les indicaban como llenarlo, y le sacaban la cuenta de acuerdo de la ruta. Que, le pagaba la Junta Directiva, el Sr. J.L. era el encargado de transporte, que siempre le pagaban por cheque, no le cancelaron ni vacaciones o utilidades. Que, trabajaba de 6 de la tarde a 12 de la noche. Que, a veces lo llamaban a las 3 de la tarde, el Sr. Pablo y le decía búsqueme aquí en el Salado, o Pozo Hondo, donde hubiese una reunión o algo así; que le cambiaban las rutas y ese cambio lo hacía el Sr. J.L., que era el Coordinador de Transporte; transportaba distintas personas, que trabajaba alrededor de 6 a 7 horas; era supervisado en sus funciones por el Sr. Rufino, que era el enlace de transporte y cuando llegaba firmaba una asistencia; que a veces, iban en la noche a supervisar el transporte, que asistiera, que el carro estuviera en buenas condiciones, las luces, los cauchos; no tenía un uniforme, asistía a laborar en ropa particular. Que, la persona que le daba órdenes e instrucciones era el Sr. J.L., que las órdenes era estar 10 minutos antes de la hora de salida del personal; que no prestaba servicios para otra personas, no laboraba en otra línea de taxi; la relación laboral finalizó porque desistieron del transporte. Que, si no podía asistir a laborar notificaba al Coordinador y buscaban a otra persona, si no prestaba servicios no le pagaban salario por ese día; que en el vehículo que prestaba servicios era de su madre; que en caso que se dañara ese vehículo los gastos los cubría él mismo; que, los controles de asistencia los llevaba el enlace de transporte, el Sr. Rufino que el estaba pendiente que firmara los controles de asistencia.

Este Tribunal, de la declaración rendida, evidencia que es demostrativa de la naturaleza jurídica de la relación existente entre las partes, es decir, la prestación del servicio de transporte, y de las condiciones en que desempeñaba dicha actividad, en consecuencia, conforme a lo tipificado en el artículo 10 y 103 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se le otorga valor probatorio en tal sentido. Así se establece.

D.E.F.F.

Este Tribunal de manera oficiosa, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 103 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, consideró necesario escuchar la declaración del ciudadano D.E.F.F., quien a las preguntas formuladas por esta operadora de justicia, manifestó:

Que, laboró en la empresa EPS, Atención Telefónica Ejido; que, lo contrató la Directiva anterior, pero que no lo contrataron como tal, sino que empezaron a laborar con un control de asistencia y luego les exigieron un contrato y un talonario para el pago; que, por la medida de la asistencia y de las personas que transportaban le sacaban el pago, que, fue contratado el 22 de febrero del año 2010, realizaba funciones de transporte de personas con carro particular; que el salario variaba porque dependía de la cantidad de personas que transportaba, que oscilaba entre los 1.800 a 2.000 Bs. mensuales. Que, le pagaba la parte Directiva, le pagaban por cheque, al inicio fue en efectivo y después fue por cheque, no le cancelaron vacaciones o utilidades; que el horario de trabajo era de 6 de la tarde a 12 de la noche. Que, transportaba diferentes personas, y algunas veces les cambiaban las rutas cuando había cambio de personal. Que, el que le hacía esos cambios era el Sr. Rufino y el Sr. Jesús, a veces laboraba hasta las 12 o hasta la 1 o 2 de la mañana. Que, lo supervisaba la empresa, al revisarle el sistema de luces del vehículo, los cauchos, las luces de freno, luces de seguridad, el trato con los ejecutivos, que siempre exigían que debían laborar. Que, el Sr. Rufino y el Sr. Jesús pertenecían a la Directiva, no prestaba servicios para otro patrono. Que, la relación terminó porque los despidieron, les dijeron que no iba a funcionar más el transporte en la empresa y les dijeron que no iban a laborar más. Que, si no laboraba llamaba al Encargado de Transporte y le decía que no iba a asistir, por cualquier cosa y ellos se encargaban de asignar a otra persona para que hiciera la ruta de ellos y que si no iba a laborar, no le era cancelado ese día. Que, el vehículo que tenía era de su propiedad, pero no le hizo los papeles a su nombre. Que, si el vehículo se averiaba esos gastos los cubría él. Que, los controles de asistencia los manipulaba el Sr. Rufino o el Sr. Jesús.

Este Tribunal, de la declaración rendida, evidencia que es demostrativa de la naturaleza jurídica de la relación existente entre las partes, es decir, la prestación del servicio de transporte, y de las condiciones en que desempeñaba dichas actividades, en consecuencia, conforme a lo tipificado en el artículo 10 y 103 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se le otorga valor probatorio en tal sentido. Así se establece.

P.J.A.A..

Este Tribunal de manera oficiosa, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 103 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, consideró necesario escuchar la declaración del ciudadano P.J.A.A., en su condición de miembro directivo de la parte demandada, quien a las preguntas formuladas por esta operadora de justicia, manifestó:

Que, es Directivo de la Empresa, el objeto social de la misma es que se dedica a la prestación del servicio de llamadas a MOVILNET, se encuentra en periodo de reorganización; que, los ingresos los obtienen del servicio de atención de llamadas MOVILNET, su principal cliente es CANTV y MOVILNET; que, no contrataron a los demandantes y no hubo relación laboral, ya que lo que había era un servicio de transporte, como un servicio de taxi, para que transportaran a los trabajadores de la empresa que salían muy tarde de la empresa como a 11.50 o 12 de la noche y había otro ingreso a esa hora, ya que prestaban el servicio 24 horas, y por esa razón se vieron en la necesidad de buscar a personas que transportaran a esos trabajadores. Que, al inicio se quiso hacer por medio de líneas de taxi, pero que luego sugirieron que fueran personas que provienen de la comunidad. Que, la relación culminó por instrucciones de MOVILNET, se redujo el horario de atención al cliente, de 8 de la mañana a 8 de la noche, y por eso ya no necesitaron más el servicio de transporte nocturno. Que, existían varios turnos, que estaban los turnos que eran tarde y eran para transportar a las personas de la empresa a sus hogares, y eran para transportarlas ya fueran de sus hogares a la empresa o de los hogares. Que, existía una hoja de ruta para verificar que estaban cumpliendo con la función de trasladar a esas personas, era algo puntual, no debían cumplir horario, que las personas que trasladaban debían firmarles esas hojas de ruta y así justificar las erogaciones que se hacían para cancelarle a esas personas por sus servicios. Que, las órdenes que se les daba, era que le asignaban las personas a transportar por las comunidades en las que vivían, o los sitios a donde los debían transportar. Que, si alguno no prestaba sus servicios, dentro del mismo conglomerado de personas lo sustituía, y que cobraba esa ruta, sino la ruta adicional. Que, la relación culminó por la reducción de horario de CANTV – MOVILNET.

Este Tribunal, de la declaración rendida, evidencia que es demostrativa de la naturaleza jurídica de la relación existente entre las partes, y de la contratación y prestación del servicio de transporte de los demandantes para la EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL DIRECTA DE ATENCIÒN TELEFÒNICA EJIDO, de las condiciones en que desempeñaban dichas actividades en el transporte de los trabajadores de la empresa, en consecuencia, conforme a lo tipificado en el artículo 10 y 103 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se le otorga valor probatorio en tal sentido. Así se establece.

YOSELERIS DEL VALLE M.J.

Este Tribunal de manera oficiosa, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 103 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, consideró necesario escuchar la declaración de la ciudadana YOSELERIS DEL VALLE M.J., en su condición de miembro directivo de la parte demandada, quien a las preguntas formuladas por esta operadora de justicia, manifestó:

Que, ocupa el cargo de Junta Directiva, desde el inicio de la empresa en el 2009, que es una empresa de tipo social que viene de los consejos comunales, los ingresos vienen de la atención al usuario de MOVILNET, por el servicio *611; que, no contrataron a los ciudadanos I.M. y D.F., que nunca se le hizo contrato a los taxistas que prestaban el servicio de transporte de llevar y buscar a los trabajadores; que había dos turnos, uno en la mañana y otro en la noche; que trabajaban por turnos; que, no le daban órdenes ni instrucciones, que sólo buscaban a los trabajadores de la empresa y los llevaban, era sólo eso; que en la mayoría eran taxistas, algunos tenían la identificación de taxis; que si alguno no asistía ellos mismos buscaban quien los cubriera, que si no iban a laborar no les cancelaban ese día; que la relación con todos los transportistas culminó porque MOVILNET, les informó que no se iba a laborar en la noche ni en las madrugadas y ajustaron los horarios.

Este Tribunal, de la declaración rendida, evidencia que es demostrativa de la naturaleza jurídica de la relación existente entre las partes, y de la contratación y prestación del servicio de transporte de los demandantes para la EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL DIRECTA DE ATENCIÒN TELEFÒNICA EJIDO, de las condiciones en que desempeñaban dichas actividades en el transporte de los trabajadores de la empresa, en consecuencia, conforme a lo tipificado en el artículo 10 y 103 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se le otorga valor probatorio en tal sentido. Así se establece.

V

MOTIVA

Previo al pronunciamiento del mérito del asunto, se hace necesario resolver el petitorio efectuado por la representación judicial de la parte demandada, al sostener con fundamento en el artículo 12 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y 65 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que solicita a este Tribunal que observe las prerrogativas del artículo 68 eiusdem, al no darse contestación a la demanda, así como requiere sea contradicha la demanda, puesto que la empresa que representa aún y cuando esta constituida como figura jurídica de compañía anónima, la totalidad de los accionistas son los consejos comunales del Municipio Campo Elías, los cuales gozan de personalidad jurídica.

Así las cosas, se observa que el artículo 103 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, establece:

Artículo 103.- Las Empresas del Estado son personas jurídicas de derecho público constituidas de acuerdo a las normas de derecho privado, en las cuales la República, los estados, los distritos metropolitanos y los municipios, o alguno de los entes descentralizados funcionalmente a los que se refiere el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, solos o conjuntamente, tengan una participación mayor al cincuenta por ciento del capital social

.

En cuanto a las Empresas de Propiedad Social (EPS), como es el caso de la parte demandada, estas pueden ser de propiedad indirecta (del Estado) o directa (de las comunidades organizadas en Consejos Comunales y Comunas) y tienen como objetivo principal el desarrollo humano integral y la satisfacción sustentable de las necesidades de la población, en armonía con la naturaleza; también de los trabajadores a ellas vinculados y sus familias.

Por su parte, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley para el Fomento y Desarrollo de la Economía Popular, establece en su artículo 9, lo que se entiende como empresa de propiedad social directa o comunal, al señalar lo siguiente:

…Empresa de Propiedad Social Directa o Comunal: Unidad productiva ejercida en un ámbito territorial demarcado en una o varias comunidades, a una o varias comunas, que beneficie al colectivo, donde los medios de producción son propiedad de la colectividad…

.

Dentro del contexto anterior, se advierte que la parte demandada es una persona jurídica constituida de acuerdo a las normas de derecho privado, y que se define como una Empresa de Propiedad Social directa, esto es, una unidad productiva que beneficie al colectivo, donde los medios de producción son propiedad de la colectividad, el capital accionario de la misma está constituido por 2.000 Bs y está representado por 20 acciones suscritas y pagadas por los 20 consejos comunales integrantes de la misma.

En el presente caso, se observa que los medios de producción son de los consejos comunales que la integran y por cuanto la Ley Orgánica de los Consejos Comunales establece en su artículo 47, que los recursos financieros y no financieros de los mismos, vienen dados por los transferidos por la República, los Estados y los Municipios, los que le sean transferidos por el Estado, por la Ley de Asignaciones Económicas Especiales derivadas de Minas e Hidrocarburos, así como los generados por su actividad propia, entre otros, se observa que existe un interés del estado venezolano en ella, el cual viene determinado por el objeto social de los mismos, los cuales constituyen instancias de participación, articulación e integración de los ciudadanos, a los fines de ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas, orientados a responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades.

Por consiguiente, no puede la demandada configurarse en la denominación de empresa del Estado, ya que no se evidencia que la República, los Estados, los Distritos Metropolitanos y los Municipios, o alguno de los entes descentralizados funcionalmente establecidos en la Ley Orgánica de la Administración Pública, tengan una participación mayor al cincuenta por ciento del capital social. Así mismo, el mencionado instrumento normativo no les hace extensivos los privilegios y prerrogativas que la Ley ha acordado a favor de la República, al igual que ocurre con el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley para el Fomento y Desarrollo de la Economía Popular.

Dentro de este contexto, para que los privilegios y prerrogativas procesales de la República, sean aplicables a determinado ente o empresa pública es necesario que exista expresa previsión al respecto, y en caso de autos, aun cuando se trata de una empresa en la cual tiene intereses el Estado Venezolano, no goza de los privilegios procesales que el ordenamiento jurídico consagra en beneficio de la República, Estados, Municipios, y otros entes públicos, en razón que no hay disposición expresa según la cual tales exenciones alcancen a dicha compañía anónima. Así se establece.

Por otra parte, en el presente asunto no fue contestada la demandada, correspondiéndole a este Tribunal pasar a verificar la legalidad y procedencia de los conceptos reclamados, así como que el demandado no haya probado nada que le favoreciere, por cuanto las partes han aportado al proceso medios de pruebas para controlar la legalidad de la acción y la procedencia de los conceptos reclamados. (Vid. Sentencia N° 629, de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 08-05-2008).

Del acervo probatorio y de su correspondiente evacuación, la parte demandada sostuvo que existió una relación de carácter comercial entre las partes, por lo cual los trabajadores accionantes gozan de la presunción de trabajo, la cual admite prueba en contrario. Así las cosas, de los elementos probatorios se desprende la existencia de un contrato de servicios entre el ciudadano D.E.F.F. y la demandada, el cual se adminicula con los restantes elementos probatorios insertos en el expediente, tales como facturas, comprobantes de pago, cheques y controles de asistencia, reflejando la existencia de una relación de naturaleza distinta a la laboral, cuya existencia es alegada en las mismas condiciones por el ciudadano I.J.M.S.; en consecuencia al revisar las pruebas cursantes en autos, a fin de determinar si resulta desvirtuada la presunción de laboralidad de la relación que operó, como resultado de la admisión de la prestación personal de servicios, y en aplicación del principio constitucional de primacía de la realidad sobre las formas o apariencias, previsto en el artículo 89, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual le da al juzgador la posibilidad de inquirir en la realidad de las circunstancias, a los efectos de develar eventuales situaciones de simulación destinadas a encubrir una relación de trabajo y, del criterio imperante de la Sala de Casación Social con relación al régimen de distribución de la carga de la prueba en materia laboral (Sentencia N° 419 de fecha 11-05-04), se verifica que los accionantes no se encontraban bajo una relación de subordinación, dependencia, exclusividad y ajenidad características del vínculo laboral que se pretende reclamar.

Así mismo, los hechos establecidos serán enmarcados dentro del test de laboralidad, con la finalidad de resolver, cuál fue el tipo de relación que unió a las partes, tal como lo ha establecido la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 1018 del 05/08/2014, donde reitera criterio establecido de ese alto Tribunal, donde ha expresado en sentencia N° 204, de fecha 21 de junio de 2000 (caso: M.M. contra C.A.V. Seguros Caracas), lo que sigue:

(…) ordena el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo, lo siguiente:

Se presumirá la existencia de una relación de trabajo entre quien preste un servicio personal y quien lo reciba.

Se exceptuarán aquellos casos en los cuales, por razones de orden ético o de interés social, se presten servicios a instituciones sin fines de lucro con propósitos distintos de los de la relación laboral.

De acuerdo con la disposición transcrita, establecida la prestación personal de un servicio, debe el Sentenciador, salvo que se trate de la excepción contemplada en la regla general, considerar existente la relación de trabajo, y, por admitir dicha presunción prueba en contrario, de acuerdo con la doctrina generalmente aceptada, centrar el examen probatorio en el establecimiento de la existencia o no de algún hecho capaz de desvirtuar la presunción legal.

La regla legal en cuestión fue establecida en protección de los derechos del trabajador, en acatamiento de los principios constitucionales que ordenan proteger el trabajo, como hecho social; por consiguiente, su cumplimiento interesa al orden público.

Visto lo anterior y, al alegarse en referencia a las pruebas, la relación de tipo comercial, opera a favor de los actores la presunción de laboralidad establecida en el artículo 53 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Las Trabajadoras, presunción que admite prueba en contrario.

De igual forma, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, ha señalado que uno de los puntos centrales del Derecho Laboral, ha sido la delimitación de los elementos que conforman la relación de trabajo, con miras a diferenciar aquellas prestaciones de servicio efectuadas en el marco de la laboralidad, de otras que se ejecutan fuera de sus fronteras, lo cual se corresponde con las llamadas “zonas grises” del Derecho del Trabajo; y en atención a lo instituido por la prenombrada Sala, en sentencia N° 489 de fecha 13 de agosto de 2002 (caso: M.B.O. de Silva contra Federación Nacional de Profesionales de la Docencia, "Colegio de Profesores de Venezuela), donde estableció un inventario de indicios que permiten determinar de manera general, la naturaleza laboral o no de una relación jurídica discutida, bajo el siguiente tenor:

Sin ser exhaustiva, una lista de los criterios, o indicios, que pueden determinar el carácter laboral o no de una relación entre quien ejecuta un trabajo o presta un servicio y quien lo recibe fue propuesta en el proyecto de recomendación sobre el trabajo en régimen de subcontratación que la Conferencia de la OIT examinó en 1997 y 1998:

a) Forma de determinar el trabajo (...)

b) Tiempo de trabajo y otras condiciones de trabajo (...)

c) Forma de efectuarse el pago (...)

d) Trabajo personal, supervisión y control disciplinario (...)

e) Inversiones, suministro de herramientas, materiales y maquinaria (...);

f) Otros: (...) asunción de ganancias o pérdidas por la persona que ejecuta el trabajo o presta el servicio, la regularidad del trabajo (...) la exclusividad o no para la usuaria (...).

. (Arturo S. Bronstein, Ámbito de Aplicación del Derecho del Trabajo, Ponencia del Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Caracas-Venezuela 6-8 de mayo de 2002. Pág. 22).

Ahora, abundando en los arriba presentados, esta Sala incorpora los criterios que a continuación se exponen:

a) La naturaleza jurídica del pretendido patrono.

b) De tratarse de una persona jurídica, examinar su constitución, objeto social, si es funcionalmente operativa, si cumple con cargas impositivas, realiza retenciones legales, lleva libros de contabilidad, etc.

c) Propiedad de los bienes e insumos con los cuales se verifica la prestación de servicio.

d) La naturaleza y quantum de la contraprestación recibida por el servicio, máxime si el monto percibido es manifiestamente superior a quienes realizan una labor idéntica o similar;

e) Aquellos propios de la prestación de un servicio por cuenta ajena...

Bajo este marco, en aplicación a lo establecido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, que esta instancia acoge, pasa a determinar los hechos con apreciación de las pruebas, aplicando el test de laboralidad o dependencia, en los términos que siguen:

1. Forma de determinar el trabajo: Las actividades realizadas por los actores consistían en el traslado de personal adscrito a la parte demandada en horas de la noche, en una ruta determinada por la accionada.

2. Tiempo y condiciones de trabajo desempeñado: Las labores desempeñadas por los actores, consistían en trasladar al personal que laboraba en la EMPRESA DE PROPIEDAD DIRECTA DE ATENCIÒN TELEFIONICA EJIDO, a sus lugares de trabajo o viceversa, y en base a los traslados realizados, los accionistas emitían una factura a la parte accionada, para la cancelación de los servicios prestados. El horario de trabajo no quedó establecido en el presente asunto, dado que en el escrito libelar y en la declaración de partes fueron indicados diferentes horarios.

3. Forma de efectuarse el pago: De acuerdo con lo alegado por las partes y de las facturas, así como de los comprobantes de pago, se demuestra que la parte demandada cancelaba a los transportistas en base a la cantidad de personas trasladadas y de rutas efectivamente cubiertas por los demandantes. De igual forma, si no se prestaba el servicio, no era pagado el mismo.

4. Trabajo personal, supervisión y control disciplinario: Los accionistas eran objeto de supervisiones, referidas a las condiciones de sus vehículos, para la prestación de sus servicios, en caso contrario, otra persona hacía el transporte, cancelándosele a este último el trabajo realizado.

5. Inversiones, suministro de herramientas, materiales y maquinaria: Los vehículos en los cuales se prestaba los servicios no eran propiedad de la demandada, sino de terceros, así mismo los actores asumían los gastos de mantenimiento de los mismos.

6. Otros: Asunción de ganancias o pérdidas por la persona que ejecuta el trabajo o presta el servicio, la regularidad del trabajo, la exclusividad o no para la usuaria: Los actores podían asistir o no a trasladar el personal de la parte demandada, si no asistían a prestar el servicio, no devengaban contraprestación alguna, no teniendo el carácter de periodicidad y permanencia del salario.

7. Naturaleza jurídica del pretendido patrono. La demandada es una sociedad mercantil, constituida por ante la Oficina de Registro Mercantil, bajo la figura de propiedad social directa, conformada por los miembros de los Consejos Comunales del Municipio Campo E.d.E.B. de Mérida.

8. Propiedad de los bienes e insumos con los cuales se verifica la prestación de servicio: Tal como se indicó ut supra, los vehículos eran propiedad de terceros, siendo conducidos por los demandantes bajo autorización de sus propietarios.

9. Naturaleza y cantidad de la contraprestación recibida por el servicio, máxime si el monto percibido es manifiestamente superior a quienes realizan una labor idéntica o similar: En relación a ello, las partes fueron contestes en afirmar que devengaba una cantidad dineraria en razón de las rutas y del personal trasladado, cuyo monto no era fijo.

En el caso sub examine, en aplicación de lo precedentemente expuesto y de las pruebas aportadas al proceso, se observa que los demandantes tenían completa libertad de realizar las labores de traslado de personas en vehículos que no son propiedad de la demandada, denotando que no fue solo fue la prestación de un servicio de transporte en las rutas asignadas, y de lo cual recibían una contraprestación que no era fija, no estando bajo las órdenes e instrucciones de la demandada de manera directa, por lo que quedó desvirtuada la presunción de laboralidad; adicionalmente a que prevaleció la ausencia de los elementos de subordinación y dependencia, considerando las circunstancias en que se materializó la relación entre la demandada y los demandantes fue de una naturaleza distinta a la laboral. Así se establece.

VI

DISPOSITIVO

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:

SIN LUGAR la demanda por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS CONCEPTOS LABORALES, incoada por los ciudadanos D.E.F.F. e I.J.M.S., en contra de la EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL DIRECTA DE ATENCION TELEFONICA EJIDO C.A. (EPSD-ATE). (Todos identificados plenamente).

No se condena en costas, de conformidad a lo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Se ordena la notificación del Procurador General de la República de la presente decisión, de conformidad a lo establecido en el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Cópiese y publíquese la presente sentencia.

Dada, firmada y sellada en el Despacho del Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, en Mérida a los diecinueve (19) días del mes de mayo del año dos mil quince (2015). Años 205º de la Independencia y 156º de la Federación.

Dios y Federación

La Juez Titular,

Dubrawska Pellegrini Paredes

La Secretaria

Yurahí Gutiérrez Quintero

En la misma fecha se dictó y publicó el fallo que antecede, siendo las ocho y diecisiete minutos de la mañana (08:17 a.m.).

Sria