Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Mercantil de Merida (Extensión Mérida), de 11 de Octubre de 2010

THEMA DECIDENDUM: El juicio por nulidad de testamento fue interpuesto por los ciudadanos C.R.D., J.H.R.D., A.J.R.D. y J.A.R.D., en contra de las ciudadanas L.D.C.B. y M.I.D.C.D..

Ahora bien, tanto los hechos narrados por la parte actora en el libelo de la demanda, como los señalados por la parte demandada en la contestación de la demanda, fueron debidamente especificados en la parte narrativa de este fallo.

Corresponde al Tribunal determinar; la procedencia o no, en primer lugar, de la defensa de fondo referida a la falta de cualidad e interés de la parte actora para intentar la acción y de la parte demandada para sostenerla; en segundo lugar, el rechazó de la exigencia de la cantidad de UN MIL BOLÍVARES (Bs. 1.000,oo), por daños y perjuicios inespecificados, simplemente porque la demandada no les debe ni está obligada a ello, por ninguna disposición de la Ley; y, en tercer lugar, la acción incoada por nulidad de testamento. Así quedó trabajada la litis.

CON RELACIÓN AL PRIMER PUNTO PREVIO.

Mediante escrito de contestación a la demanda suscrito por el abogado en ejercicio L.A.C.S., en su condición de defensor judicial de la ciudadana L.D.C.B., opuso la falta de cualidad de la parte actora para intentar el juicio, con base a los siguientes argumentos:

• Que existe la evidente confusión sobre la aplicación jurídica de la legítima.

• Que la legítima es la porción de la herencia que el testador no puede disponer libremente, por asignarla la ley a determinados herederos, en sentido estricto es la parte total que ha de dividirse con absoluta igualdad entre herederos forzosos, sin diferencia.

• Que son herederos forzosos o los herederos determinados por la ley, los establecidos en el artículo 883 del Código Civil.

• Que el legitimario tiene derecho a la legítima, el heredero forzoso o necesario, por tener derecho intangible.

• Que nuestra legislación determina como heredero legitimario en cuyo favor la ley restringe la facultad de testar a los descendientes, los ascendientes y el cónyuge.

• Que se puede observar que dentro de la sucesión testamentaria, la voluntad del testador no es absolutamente arbitraria, libre, está restringida por la propia Ley, de manera que ella opera dentro de ciertos límites, pues hay parte o fracciones de la masa hereditaria de las cuales el testador puede disponer libremente y otras que necesariamente deben transmitirse a sus herederos forzosos.

• Que hay que distinguir dentro de la masa hereditaria, dos grandes porciones: a) Una de libre disposición, de la que el testador puede disponer libremente a favor de quién o quienes desee, y, b) Otra denominada legítima que por Ley está destinada obligatoriamente a favor de los herederos forzosos o legitimarios, y no puede el testador transmitirla con destino a personas distintas ni por testamento, en consecuencia, forzosamente, es entendible que los hermanos (o colaterales) no pueden de manera alguna alegar que les ha sido violada su legítima.

• Que la cualidad de los hermanos no está dentro de los legitimarios, es decir, no están dentro de los herederos forzosos, y son colaterales, tal como está contenido en el artículo 883 del Código Civil.

• Que muy distinto es cuando se trata de heredero abintestato o intestado (no existe testamento), bajo estos términos el heredero que asume esa condición, la vocación hereditaria se produce por imperio de la Ley, cuando falta total o parcialmente la voluntad del causante manifestada en testamento válido.

• Que la Ley al ordenar la atribución del patrimonio en defecto de una declaración de voluntad del de cujus, toma como base para hacer tal atribución la presunta voluntad de éste, tendiente a beneficiar a los parientes de grados más próximos.

• Que bajo los contenidos antes expuestos y de conformidad con la documentación presentada por la parte actora, claramente está evidenciado, que para el momento que la ciudadana – causante M.A.T.D.D.C. (†), otorgó el testamento abierto o nuncupativo ante el funcionario competente, no tenía herederos legitimarios o forzosos (ascendientes, descendientes, ni cónyuge sobreviviente), por lo que podía en el uso que le otorga la Ley, disponer de sus bienes, testándolos a favor de cualquier persona, por lo que los reclamantes (colaterales) hermanos no tienen la cualidad de herederos forzosos o legitimarios para demandar y alegar a su favor una supuesta legítima perturbada.

• Cabe destacar que heredero y legitimario, no son términos sinónimos, no todo heredero es legitimario.

Asimismo, mediante escrito de contestación de la demanda suscrito por los abogados en ejercicio Dr. ANTONIO D´JESÚS M. y E.J.U.R., en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana M.I.D.C.D., establecieron que de conformidad con los artículos 883 y 884 del Código Civil, los hermanos sean de doble o simple conjunción no son legitimarios, es decir, no son herederos forzosos de la testadora, por lo tanto carecen de cualidad e interés para haber propuesto una acción y tampoco la parte demandada tiene cualidad e interés para sostenerla.

La falta de cualidad e interés opera como defensa que puede invocar el demandado en la contestación de la demanda de conformidad con lo establecido en el artículo 361, primer aparte del Código de Procedimiento Civil, y según lo tienen establecido la Doctrina y Jurisprudencia, para que proceda tal defensa, es necesaria una identidad lógica entre la persona del actor en el caso concreto y la persona en abstracto contra la cual la ley ha concedido la acción, lo que se manifiesta en la legitimación tanto activa como pasiva, de modo que pueda ser controlado por las partes en ejercicio del derecho constitucional a la defensa.

Desde el punto de vista doctrinario la falta de cualidad e interés es una institución jurídica que ha sido estudiada por valiosos juristas.

En efecto, el ilustre tratadista patrio L.L., sostiene en sus ensayos jurídicos:

“La cualidad en sentido amplísimo, es sinónimo de legitimación. Allí donde se discute acerca de la pertenencia o titularidad de un derecho subjetivo o de un poder jurídico, allí se encuentra planteado un problema de cualidad o legitimación. Allí donde se discute acerca de la vinculación de un sujeto a un deber jurídico, allí se encuentra planteado un problema de cualidad o legitimación.

En el primer caso, podría muy bien hablarse de cualidad o legitimación activa; y en el segundo caso, de cualidad o legitimación pasiva. El problema de la cualidad entendido de esa manera, se resuelve en la demostración de la identidad entre la persona que se presenta ejercitando correctamente un derecho o poder jurídico, o la persona contra quien se ejercita y el sujeto que es su verdadero titular u obligado concreto. Se trata en suma, de una cuestión de identidad lógica entre la persona a quien la Ley le concede el derecho o poder jurídico, o la persona contra quien se concede y la persona que lo hace valer y se presenta ejerciéndolo como titular efectivo o contra quien se ejercita en tal manera".

Conforme a la casi unánime Doctrina Procesal Civil, por cualidad acción o sostenerla entre tanto, el concepto de interés es el de la garantía, provecho o utilidad que puede proporcionar la acción intentada.

Al decir de otro procesalista A.B., no se tiene acción sino cuando se tiene derecho a reclamar algo, y no hay acción si no hay interés.

A este respecto el autor P.C., en su obra Instituciones de Derecho Procesal Civil, Volumen I, señala que la acción se puede concebir como un derecho subjetivo autónomo y concreto. Este derecho, que trata de obtener una determinada providencia favorable, encuentra su satisfacción en el pronunciamiento de esta providencia, y en ella se agota y se extingue. Pero ¿Cuáles son las circunstancias prácticas que deben verificarse a fin de que el Juez pronuncie una providencia jurisdiccional favorable a la petición del reclamante?. Para responder a esta pregunta la doctrina ha clasificado tales circunstancias bajo la denominación de condiciones de la acción o de requisitos de la acción, que con mayor exactitud todavía, pueden denominarse requisitos constitutivos, para hacer comprender que sin ellos el derecho de acción (entendido como derecho a la providencia favorable) no nace, y que los mismos deben, por consiguiente, ser considerados como los extremos necesarios y suficientes para determinar, en concreto, el nacimiento del derecho de acción. A fin de que el órgano judicial pueda acoger la demanda del reclamante, y con ello satisfacer el derecho de acción que éste ejercita, es preciso que ese órgano se convenza de que tal derecho existe concretamente; y para convencerse de ello es necesario que verifique la existencia en concreto de estos requisitos constitutivos de la acción; existencia que constituye lo que nuestra ley llama el mérito de la demanda, que el Juez debe examinar para valorar su fundamento y para establecer, por consiguiente, si la misma merece ser acogida.

Acota Calamandrei que los requisitos de la acción son tres:

1. un cierto hecho específico jurídico, o sea una cierta relación entre un hecho y una norma;

2. la legitimación; y

3. el interés procesal.

   Respecto a la legitimación para obrar o contradecir, el autor Calamandrei expresa que a fin de que el Juez pueda tomar las providencias correspondientes a aquella relación entre un hecho específico concreto y la norma jurídica, no basta que tal relación exista objetivamente, sino que es necesario además que la demanda le sea presentada por quien se encuentre frente a aquel hecho específico en la posición subjetiva que se llama precisamente legitimación para obrar; y que, de otra parte, la demanda sea propuesta por el actor contra un adversario que se encuentre, en cuanto a aquel mismo hecho específico, en la posición subjetiva recíproca que se llama legitimación para contradecir.

   En torno a este aspecto el autor citado expresa igualmente lo siguiente:

   Se ha dicho, en general, que los órganos jurisdiccionales no proveen si no son estimulados por un sujeto agente (nemo iudex sine actore), pero aquí al hablar de los requisitos de la acción entendida como derecho a obtener una providencia jurisdiccional favorable, se dice algo más: esto es, que a fin de que el juez provea en sentido favorable al solicitante, no basta que la demanda le sea propuesta por una persona cualquiera, sino que es necesario que le sea presentada precisamente por aquella persona que la ley considera como particularmente idónea para estimular en aquel caso concreto la función jurisdiccional

   ….“Se podría abstractamente imaginar una sociedad ideal en la que el sentido de la legalidad estuviera de tal manera desarrollado en todos los ciudadanos, que hiciera que cada uno de ellos, independientemente de su beneficio individual, sintiese como un interés propio, el general mantenimiento del orden jurídico; de suerte que estuviera consentido a cada uno de los ciudadanos, apenas tuviese conocimiento de una infracción cualquiera del orden jurídico, aun cuando ésta no le afectase personalmente, llevarla, sin más, a conocimiento del juez y obtener las providencias idóneas para restaurar, en el caso concreto el derecho violado”.

   En un ordenamiento semejante en el que el poder de estimular el ejercicio de la jurisdicción estuviera consentido a todos los ciudadanos en la misma medida, el concepto de legitimación no tendría ya ningún significado práctico, por estar todos los ciudadanos igualmente calificados para pedir las providencias jurisdiccionales relativas a cualquier hecho específico concreto (aun cuando no estuviesen en modo alguno personalmente interesados en el mismo). La legitimación para obrar cesaría de estar considerada como un requisito particular de la acción y se confundiría con la capacidad procesal

   .

   Pero éste no es el sistema actual en el que el juez, para aceptar la demanda, no puede contentarse con adquirir la certeza de la existencia objetiva real de una relación concreta entre el hecho específico afirmado y la norma jurídica invocada, sino que debe, además, exigir que la persona que pide la providencia y aquella respecto de la cual se pide, se encuentren respecto de aquel hecho específico, en una tal situación individual que les haga aparecer como especialmente calificados para afirmar y para contradecir respecto de la materia

   .

   Finalmente, el citado autor concluye en que los tres requisitos constitutivos de la acción que se mencionaron supra, “….deben concurrir a fin de que pueda considerarse nacida la acción entendida en sentido concreto, como derecho a la providencia favorable: la falta de uno solo de ellos determinaría igualmente el rechazo del mérito de la demanda…”.

   Por su parte el autor LIEBMAN, considera que el interés para accionar es el elemento material del derecho de acción y consiste en el interés para obtener la providencia solicitada.

   El interés para accionar es por eso un interés procesal, secundario e instrumental, respecto del interés sustancial primario, y tiene por objeto la providencia que se pide al magistrado, como medio para obtener la satisfacción del interés primario, que ha quedado lesionado por el comportamiento de la contraparte, o más genéricamente por la situación de hecho objetivamente existente

   …”El interés para accionar surge de la necesidad de obtener del proceso la protección del interés sustancial; presupone por eso la lesión de este interés y la idoneidad de la providencia demandada para protegerlo y satisfacerlo”.

   Por otra parte, la legitimación para accionar o legitimatio ad causam es la titularidad activa o pasiva de la acción. El problema, según el autor Liebman, de la legitimación consiste en individualizar la persona a la cual corresponde el interés para accionar y la persona frente a la cual el mismo corresponde.

   Asimismo, el autor L.L., al cual hemos hecho referencia anteriormente, también en su obra Estudios de Derecho Procesal Civil, al tratar acerca de la falta de cualidad establece lo siguiente:

   Si, como se ha visto, la cualidad consiste en una relación de identidad lógica entre el actor concreto y la persona a quién la ley concede la acción (actor genérico), lógico es aceptar que es preciso que exista abstractamente un interés jurídico, a cuya defensa sirve la acción. Pueden encontrarse casos, como el de las obligaciones naturales, en los cuales exista un derecho subjetivo sin acción, pero son casos excepcionales y aislados.

   El fenómeno se resuelve, pues, en la falta absoluta o limitada de la acción por la falta absoluta o limitada de un interés jurídico. Puede decirse, que donde no hay interés jurídico, no hay acción, y donde no hay acción, no hay cualidad. Tal es el orden lógico de nuestra vida jurídica. La noción de cualidad viene en el orden lógico de las representaciones mentales, después de la del interés. Este es un prius con respecto a la cualidad, que es un posterius

   .

   Con base a todos los hechos narrados y los criterios doctrinarios y jurisprudenciales antes señalados, es por lo que el Tribunal observa que del folio 28 al folio 31, consta en copia certificada testamento otorgado por la ciudadana M.A.T.D. VIUDA DE CERRADA (†), protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Libertador del Estado Mérida, de fecha 26 de diciembre de 2.003, inserto bajo el número 15, folio 89 al 95, Protocolo Cuarto, Tomo Primero, Cuarto Trimestre del citado año, en virtud del cual se señaló lo siguiente:

   YO, M.A.T.D. (vda) de CERRADA, Venezolana, mayor de edad, viuda, titular de la cédula de identidad No: 653.349, domiciliada en la Ciudad de Mérida, Estado Mérida y civilmente hábil, estando en pleno goce de mis facultades y de mis derechos, otorgo mi testamento en la forma siguiente: PRIMERO: Declaro que soy de estado civil viuda, y que no tengo ascendientes ni descendientes de ninguna naturaleza.- SEGUNDO: Que instituyo Herederos Universales de todos mis bienes habidos o por haber a los Ciudadanos: L.A.D., R.A.D. y L.D.C.B.D., Venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos: 285.987, 3.038.168 y 8.039.337 respectivamente, de mi mismo domicilio y hábil, por haberse hecho acreedores de mi cariño y consideración…

   Siendo ello así, de la verificación del referido testamento se desprende que el mismo fue otorgado con base al artículo 1.359 del Código Civil, que regula la valoración del instrumento público y, de acuerdo con el contenido de la misma, el documento público hace prueba de que ha sido autorizado con las solemnidades legales por un Registrador, por un juez u otro funcionario público que tenga facultad para darle fe pública. Por tanto, dicho documento público cubre todos aquellos elementos de la actividad del funcionario público ante un hecho determinado de significación probatoria.

   En consecuencia, este sentenciador a los fines de decidir sobre la defensa de fondo referida a la falta de cualidad e interés de la parte actora para intentar la acción y de la parte demandada para sostenerla, se observa que los artículos 883 y 884 del Código Civil, establecen literalmente lo siguiente:

   Artículo 883. La legítima es una cuota de la herencia que se debe en plena propiedad a los descendientes, a los ascendientes y al cónyuge sobreviviente que no esté separado legalmente de bienes, con arreglo a los artículos siguientes.

   El testador no puede someter la legítima a ninguna carga ni condición

   .

   Artículo 884. La legítima de cada descendiente o ascendiente, legítimos o naturales, y la del cónyuge, será la mitad de sus respectivos derechos en la sucesión intestada; y concurren y son excluidos y representados según el orden y reglas establecidos para dicha sucesión.

   .

   Así pues, en el derecho venezolano, las normas sobre sucesiones son de estricto orden público, y aun para el caso de haber otorgamiento de testamento, el testador debe respetar la legítima a todos sus sucesores.

   Por otra parte, la Sala Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, indicó que la institución de la legítima tiene carácter de orden público, razón por la cual, mediante sentencia de fecha 24 de abril de 2.008, con ponencia de la Magistrada ISBELIA P.V., estableció lo siguiente:

   Por tanto, el supuesto error de interpretación no se constata en la sentencia recurrida, toda vez que el juez ad quem al interpretar la norma del artículo 883, observó el criterio de esta Sala de Casación Civil contenido en la sentencia N° 390, del 3 de diciembre de 2001, que precisamente distingue los casos recurrentes de nulidad absoluta de aquellos que sí pueden ser convalidables en sus efectos, y en este sentido señala que: “…la institución de la legítima es igualmente de orden público, como se dispone de la circunstancia de no poder disponer el causante de la cuota legitimaría, ni de poder privar de ella a quienes ‘se debe en plena propiedad’, como dice la Ley (artículo 883 del Código Civil…”, asimismo, acatando la citada sentencia de esta Sala destaca que “…los jueces pueden, en resguardo del orden público, declarar de oficio la nulidad absoluta que adviertan en algún contrato, siempre que la nulidad aparezca de forma manifiesta, sin necesidad de suplir prueba alguna…”.

   Asimismo, el recurrente distingue entre actos directos e indirectos de lesión respecto a la legítima, y señala que el artículo sólo comprende “…aquellos contratos en los cuales el causante haya dispuesto expresa y directamente de la legítima (condicionándola o gravándola), no así de aquellos contratos celebrados por el causante que de alguna manera afecten indirectamente la legítima…”.

   Sobre el particular, es de advertir que los actos de disposición del causante que implican gravámenes u otras formas de limitación que menoscaben la legítima, si bien puede ser evidente en el caso de una sucesión testamentaria donde proceden de inmediato las acciones de reducción que corresponda, no resulta tan obvio en una sucesión intestada, en la cual debe procederse ab initio a su determinación y cuantificación a los fines de conocer las cuotas que corresponden por ley a los herederos legitimarios, por tanto sin conocer previamente la cuota susceptible de asignación, se estaría procediendo sobre una masa indivisa indiscutiblemente en detrimento del resto de los herederos legitimarios.

   Por consiguiente, resulta evidente que no hubo falta de aplicación del artículo 1.346 del Código Civil. Aunado a lo anterior, en criterio de la Sala, no ha habido un error de interpretación del artículo 883 del Código Civil.

   Por tanto, es improcedente la denuncia de infracción analizada. Así se establece.

   Igualmente, este operador de justicia observa que la ciudadana M.A.T.D. VIUDA DE CERRADA (†), al otorgar el testamento por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Libertador del Estado Mérida, de fecha 26 de diciembre de 2.003, inserto bajo el número 15, folio 89 al 95, Protocolo Cuarto, Tomo Primero, Cuarto Trimestre del citado año, procedió a manifestar su voluntad, con lo cual no violó el principio fundamental de la sucesión testamentaria, que es aquella que se origina cuando el de cujus, en previsión de su muerte próxima o remota, dispone voluntariamente de sus bienes señalando a quiénes y en qué forma deben transmitirse, tal y como lo indicó el autor R.S.B., en su valiosa obra “Apuntes de Derecho de Familia y Sucesiones”, página 303.

   De modo que, la voluntad expresa del causante debe cumplir ciertos requisitos para que pueda tener eficacia jurídica, a saber:

1. Que sea emitida en forma válida; conforme a las disposiciones legales; o sea, mediante testamento.

2. Que el de cujus sea capaz de disponer.

3. Que el instituido sea capaz para recibir, y,

4. Que en la disposición testamentaria se hayan respetado los derechos de la sucesión necesaria que pueda existir (legítima).

   Con base a tales señalamientos, este sentenciador constata que en el referido testamento –objeto del litigio-- otorgado por la causante M.A.T.D. VIUDA DE CERRADA (†), manifestó que era de estado civil viuda, y que no tenía ascendientes, ni descendientes de ninguna naturaleza; constituyendo como sus herederos universales a los ciudadanos L.A.D. (†), R.A.D. (†), y L.D.C.B.D., procediendo a manifestar su voluntad de conformidad con el artículo 836 del Código Civil, por cuanto la indicada ciudadana no era declarada incapaz por la Ley, máxime que la parte actora señaló que en la oportunidad de otorgar el testamento padecía una serie de enfermedades, no siendo demostrado ni probado tal señalamiento, en tal virtud, este justiciable debe declarar con lugar la defensa de fondo referida a la falta de cualidad e interés de la parte actora para intentar la acción y de la parte demandada para sostenerla, por cuanto no fue violada la legítima a la parte actora, ya que ninguno de los co-demandantes es descendiente, ascendiente, ni cónyuge sobreviviente de la causante.

   Por cuanto fue declarada con lugar la defensa de fondo, resulta innecesario el estudio y análisis de las demás actas procesales. Así debe decidirse.

En mérito a las consideraciones que anteceden, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, procediendo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: