Decisión de Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de Merida (Extensión Mérida), de 23 de Mayo de 2012

Valor y mérito favorable que se desprende del justificativo de testigos evacuado por ante el Juzgado de los Municipios Rivas Dávila y Padre Noguera de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida.

Documental:

1. - Promovió testamento abierto otorgado con la normalidad de todos sus sentidos síquicos y mentales por el ciudadano A.S. a la ciudadana E.A.P., y en pleno uso de sus facultades mentales y con suficiente capacidad legal para testar por el causante A.S. en el cual instituye como sus herederas a su legítima hermana F.E.S. y a su concubina E.A.P..

2. -Promovió en copia fotostática, contrato de obra celebrado entre los ciudadanos J.A.J.R., A.S. y E.A.P., el cual se encuentra protocolizado por ante la Oficina de Registro Subalterno del Municipio Rivas D.d.e.M., en fecha 09 de abril del 2002, Nº 19, Tomo I, Protocolo Primero, Segundo Trimestre.

3. -Promovió copia fotostática de poder otorgado por la ciudadana E.A.P. y su concubino A.S., a la abogada M.d.V.R.S., por ante la Notaría Pública del Municipio Plaza del Estado Miranda, en fecha 02 de junio del 2006, inserto bajo el Nº 31, Tomo 55.

De la parte demandada

No promovió prueba alguna a su favor en la oportunidad legal correspondiente.

Llegada la oportunidad para dictar sentencia, el Tribunal lo hace sobre la base de las siguientes consideraciones:

MOTIVOS DE HECHOS Y DE DERECHO PARA DECIDIR

En el presente caso, la parte actora demanda Reconocimiento de Sociedad Concubinaria con el ciudadano A.S. desde el 12 de febrero del año 1982 hasta el día 17 de agosto del 2006, fecha en que ocurrió el fallecimiento de éste ciudadano, por lo que dicha unión concubinaria duró veinticuatro (24) años y seis (06) meses, logrando adquirir bienes con el trabajo y el esfuerzo de ambos, tal fue el trato que se prodigaron, que en el documento constitutivo de testamento abierto otorgado por el concubino A.S. a favor de la ciudadana aquí demandante y que al haber fallecido éste, sin haber legalizado dicha unión concubinaria, a pesar de que él públicamente le daba el trato de cónyuge y amparada como se encuentra la misma en la posesión de estado de concubina, procedió a demandar a los hermanos del causante en mención, ciudadanos M.C.S., F.d.J.S., F.E.S., G.O.S. y J.M.S., para que la reconozcan como la concubina.

Considera esta Juzgadora, que se debe pronunciar previo al fondo del asunto en los siguientes términos: De la revisión exhaustiva de las actas que conforman el presente expediente y de la comisión proveniente del Juzgado de los Municipios Rivas Dávila y Padre Noguera de la circunscripción Judicial del estado Mérida, se evidencia de la comisión recibida, en fecha 04 de junio de 2008, el Alguacil del Tribunal, consignó boleta de citación sin firmar por el ciudadano F.d.J.S., por cuanto se trasladó al lugar descrito en el mismo, saliendo a la puerta una ciudadana, que se identificó como M.E.S., manifestando que ella era inquilina de esa casa, y que a ella le arrendó el inmueble la ciudadana f.S., la cual vive en Caracas y que el Señor F.d.J.S. no vivía ahí, que tenía tiempo sin saber de él, posteriormente en fecha 30 de junio de 2008, la apoderada de la parte actora solicitó citación por carteles, mediante auto de fecha 07 de julio de 2008, el Tribunal acordó y libró cartel de citación a los fines de su publicación en dos diarios de los de mayor circulación de la localidad Diario “Los Andes” y Diario “El cambio de siglo”, en fecha 16 de julio de 2008, la apoderada de la parte actora consignó ejemplar del Diario Los Andes de fecha 15 de julio de 2008 en el cual aparece publicado en la página 18 cartel de citación del codemandado en autos F.d.J.S..

Esta juzgadora advierte, que en fecha 07 de julio del 2008, este Tribunal acordó la citación por carteles del demandado, conforme a lo establecido en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, librándose el respectivo cartel de citación. Así mismo consta en el expediente, el cartel de citación librado en el presente juicio, publicado en el diario “Los Andes” en fecha 15 de julio de 2008, no siendo así la consignación de la segunda publicación correspondiente al diario “El cambio de siglo”.

Ahora bien, es necesario transcribir el artículo previamente mencionado de nuestro Código de procedimiento Civil, en el cual dice:

Artículo 223: Si el Alguacil no encontrare a la persona del citado para practicar la citación personal, y la parte no hubiere pedido su citación por correo con aviso de recibo, o cuando pedida ésta, tampoco fuere posible la citación del demandado, ésta se practicará por Carteles, a petición del interesado. En este caso el Juez dispondrá que el Secretario fije en la morada, oficina o negocio del demandado un Cartel emplazándolo para que ocurra a darse por citado en el término de quince días, y otro Cartel igual se publicará por la prensa, a costa del interesado, en dos diarios que indique el Tribunal entre los de mayor circulación en la localidad, con intervalo de tres días entre uno y otro. Dichos Carteles contendrán: el nombre y apellido de las partes, el objeto de la pretensión, el término de la comparecencia y la advertencia de que si no compareciese el demandado en el plazo señalado, se le nombrará defensor, con quien se entenderá la citación. Se pondrá constancia en autos por el Secretario, de haberse cumplido estas formalidades y se agregará al expediente por la parte interesada, un ejemplar de los periódicos en que hayan aparecido publicados los Carteles. El lapso de comparecencia comenzará a contarse al día siguiente de la constancia en autos de la última formalidad cumplida

Del artículo en comento se evidencia, que ante la imposibilidad de la citación del demandado en forma personal, se practicará la misma mediante carteles publicados en dos (2) diarios que indique el Tribunal, con la exigencia de que dichas publicaciones se hagan con un intervalo de tres (3) días entre uno y otro, todo ello con la finalidad de que efectivamente se asegure el resguardo y garantías del demandado a los fines de que el mismo se encuentre en conocimiento del juicio incoado en su contra, bien sea a través de su propio conocimiento o de un pariente o amigo que vea las publicaciones en la prensa, las cuales deben ser publicadas en la forma prescrita en el articulo 223 ejusdem.

Al respecto, el artículo 257 de nuestra Carta Magna prevé:

El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificara la justicia por formalidades no esenciales.

Por tanto, constituye la citación al proceso, el mecanismo procesal fundamental, para lograr que la parte demandada venga a juicio. En este orden de ideas, la jurisprudencia pacífica y reiterada de nuestro M.T. de la República, ha sostenido en sentencia de fecha 16-11-2001 de la Sala de Casación Civil ponencia del Dr. C.O.V. lo siguiente:

…La citación es un acto procesal complejo, mediante el cual se emplaza al demandado para que dé contestación a la demanda. Este acto procesal es formalidad necesaria para la validez del juicio y es, además, garantía esencial del principio del contradictorio, pues por un lado la parte queda a derecho y por el otro cumple con la función comunicacional de enterar al demandado que se ha iniciado un juicio en su contra y del contenido del mismo. La citación es entonces, manifestación esencial de la garantía del derecho a la defensa y elemento básico del debido proceso. (Cursivas y negritas de la Alzada). Con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se establecieron en forma expresa valores y principios que garantizan el derecho a la defensa los cuales, tienen como objetivo que los ciudadanos utilicen el proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia…

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En este orden de ideas, es menester señalar, que la citación puede definirse como un acto del juez, mediante el cual se llama al demandado para que comparezca a dar contestación a la demanda, dentro de un plazo determinado que fijará según el procedimiento ordinario o especial escogido al respecto. La orden de comparecencia contenida en el acto formal de citación debe ser comunicada a su destinatario a fin de que se perfeccione y alcance sus efectos jurídicos, a cuyo objeto el legislador ha establecido una serie de formalidades para alcanzarlo.

Asimismo es importante señalar, lo dispuesto por nuestro Legislador en el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece:

Los jueces garantizarán el derecho de defensa, y mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencias ni desigualdades y en los privativos de cada una…

Conforme a todo lo anterior, y en atención a lo dispuesto en nuestra ley adjetiva en su artículo 206, el cual es del siguiente tenor:

Los jueces procuraran la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la Ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez…

Ahora bien, en atención a la doctrina y jurisprudencia patria, el acto procesal de la citación es una formalidad necesaria para la validez del juicio y además, garantía esencial del principio del contradictorio, pues por un lado la parte queda a derecho; y por el otro, cumple con la función comunicacional de enterar al demandado que se ha iniciado un juicio en su contra y del contenido del mismo, siendo entonces la citación, la manifestación esencial de la garantía del derecho a la defensa y elemento básico del debido proceso. Los vicios relativos al trámite de citación afectan a la nulidad de esos actos, y pueden ser subsanables cuando el mismo cumple su fin, o la parte afectada tácita o expresamente manifiesta su conformidad.

Por su parte, la doctrina ha expresado, que la igualdad procesal, tiene por base el principio constitucional de la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley, este principio consiste en que, salvo excepciones establecidas en la norma en cuestión, toda petición o pretensión formulada por una de las partes en el proceso, debe ser comunicada con todas las formalidades de ley, a la parte contraria, para que ésta pueda prestar su consentimiento o formular su oposición; para lo cual una vez comunicada la existencia de la demanda, se le otorga al demandado un plazo para comparecer y defenderse, bajo pena de nulidad; todo quebrantamiento en las formas de emplazamiento entraña el riesgo de que el demandado no haya sido efectivamente citado en el juicio.

En este punto, el Procesalista A.R.R., ha expuesto “…De conformidad con la disposición del artículo 206, sólo en dados casos podrán los jueces declarar la nulidad de un acto procesal: “(...omissis...) Cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial para su validez…”; con lo cual hay que atender y apreciar que en la finalidad del acto, no sólo hay que atender a la finalidad subjetiva y contingente del autor del acto, sino a las finalidades que se proponía la Ley al exigir aquellas formalidades.”

Considera quien sentencia, que es bueno dejar establecido, la vieja data de la tesis establecida por nuestro m.T.d.J., en cuanto a la Institución de la Reposición, al señalar “…que esta debe tener por objeto la realización de actos procesales necesarios, o cuando menos útiles y nunca debe ser causa de demoras y perjuicios a las partes; … en consecuencia no habrá reposición cuando el vicio procesal no afecta al orden público…”.- Con lo cual se deduce, como bien se ha señalado en el cuerpo de este fallo, que la citación, en principio es un acto procesal de orden público, el cual no puede ser relajado por las partes, salvo excepciones establecidas previamente en la Ley; cuyo cumplimiento y formalidad están debidamente señaladas en nuestro ordenamiento jurídico para la validez de todo proceso judicial. Así se decide.

No obstante lo expresado, existen vicios que configuran la irregularidad del acto de citación y que conllevan a la falta absoluta de la misma si estos no son subsanados por la parte, ya sea porque nunca se presentó en el juicio o en la primera oportunidad que se presentó alegó el vicio y pidió la reposición, y esta fue negada, con lo que se le quebrantaría a ésta su derecho de defensa, ya que la omisión o error del juez en ordenar correctamente la citación, le niega a la no citada, toda oportunidad del libre ejercicio de los medios y recursos que la ley pone a su alcance para hacer valer sus derechos, cercenándose con ello, el debido proceso.

En este sentido, la Sala ha afirmado que la falta absoluta de la citación si interesa al orden público en absoluto, por sentencia Nº 422, de fecha 8 de julio de 1999, expediente 98-505, la cual expresa:

...La jurisprudencia de la Sala de Casación Civil ha ido delimitando esas áreas que en el campo del proceso civil interesan al orden público, y en tal sentido ha considerado que encuadran dentro de esta categoría, entre otras, las materias relativas a los requisitos intrínsicos de la sentencia, a la competencia en razón de la cuantía o de la materia, a la falta absoluta de citación del demandado y a los trámites esenciales del procedimiento....

En el caso concreto, es necesario señalar, que la parte infine del artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, señala: “En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado”.

Ahora bien, tal y como consta del auto de fecha 07 de julio del 2008, la citación por carteles en el presente juicio, fue ordenado conforme a las pautas que establece el articulo 223 del Código de Procedimiento Civil, por tanto la publicación del cartel de citación debió haberse publicado dos diarios de los de mayor circulación de la localidad, estableciendo este Tribunal el diario Los Andes y el diario El Cambio de Siglo con un intervalo de tres (3) días entre uno y otro, siendo solamente publicado y consignado al expediente una sola publicación del cartel emitido por el diario Los Andes en fecha 15 de julio de 2008, faltando anexar al expediente la consignación de la segunda publicación respectiva y visto que durante la sustanciación del proceso no se hizo presente la parte demandada llamada mediante cartel ni por si, ni por medio de apoderado, sino el defensor Ad-Litem designado para este demandado, actuación esta que no subsana el vicio, ya que no se hizo presente el codemandado ciudadano F.d.J.S. en el presente juicio y por tanto, no se convalidó el vicio de la citación aquí detectado. Así se decide.

En el presente caso, para el momento en que la parte demandante publicó en el Diario “Los Andes” en fecha quince (15) de julio de 2008 y posteriormente lo consigna por ante este Tribunal, no realiza lo propio con la segunda publicación respectiva omitiendo lo establecido el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, que establece la publicación del cartel en prensa en dos (02) diarios que indique el Tribunal de mayor circulación en la localidad, lo que obviamente ocasionó una violación de normas de orden público, que vulnera el debido proceso y el derecho a la defensa, pues afecta la seguridad y la estabilidad jurídica del juicio, siendo procedente en aras de la limpieza y sanidad de la litis la reposición de la causa, en este caso, al estado de librar nuevo cartel de citación conforme lo establece la norma procesal en comentarios, dejándose sin efecto las actuaciones practicadas a partir del auto de fecha quince (15) de julio de 2008. Así se decide.

Por tal razón, quien aquí juzga le es forzoso concluir que el acto no cumplió su fin, y así lo demuestra el hecho de habérsele designado defensor judicial al demandado, quien llevó hasta la presente actuación, las incidencias del proceso como representante del demandado, así como tampoco convalidó con su presencia en el juicio, el vicio detectado, razón por la cual le es forzoso a esta sentenciadora, ordenar la reposición de la causa en el presente proceso. Así se decide.

De acuerdo con lo antes expuesto, resulta inoficioso analizar las pruebas aportadas durante el desarrollo del proceso y emitir pronunciamiento sobre el mérito o procedencia de la presente demanda. Así se decide.

DISPOSITIVA

Es con base a los razonamientos anteriormente expuestos, este JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA con sede en Tovar, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de Ley, DECLARA:

Se declaran nulas todas las actuaciones posteriores al auto de fecha 07 de julio de 2008, que acordó la citación por carteles de conformidad con el articulo 223 del Código de Procedimiento Civil, de la parte demandada, ciudadano F.d.J.S., identificado en autos.

En consecuencia se repone la presente causa al estado de que la parte actora publique los carteles de citación del demandado, por los diarios Los Andes y El Pico Bolívar, de conformidad con el articulo 223 del Código de Procedimiento Civil, ordenándose igualmente que la secretaria fije en la morada, oficina o negocio de la demandada el referido cartel, para que el demandado F.d.J.S., comparezca a darse por citado en el termino de quince (15) días continuos, a partir de la constancia en autos de haberse cumplido con la ultima formalidad. Con la advertencia que de no comparecer en el lapso señalado, se le designará defensor ad-litem, con quien se entenderá la citación y demás tramites del juicio.

No hay condenatoria en costas por la naturaleza de la presente decisión.

PUBLIQUESE, REGISTRESE Y DEJESE COPIA.

DADA, FIRMADA, SELLADA Y REFRENDADA EN EL DESPACHO DEL TRIBUNAL CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, con sede en esta ciudad de Tovar, a los (23) días del mes de Mayo del año dos mil doce (2012).

LA JUEZA PROVISORIA

Abg. C.Y.Q.C..

LA SECRETARIA TITULAR,

Abg. S.C.

En la misma fecha se publicó la anterior sentencia siendo las once de la mañana (11:00 am). Una copia se agregó al expediente Nº 7940. Otra se dejó para el archivo de este Tribunal.

LA SECRETARIA TITULAR

EXP.: 7940 CYQC/SC/AC.-