Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Yaracuy, de 21 de Marzo de 2013

TESTIGOS: Promovió las testimoniales de los ciudadanos ADRIÁN RUMBOS, J.G., J.M.C., W.O., J.D.P., MARIO NOGUERA, H.H., Á.S., y J.R.O.. En este sentido los testigos A.R. y J.R.O. ya fueron valorados por este juzgador.

Se transcribe las declaraciones de los testigos que acudieron a juicio:

…testigo ciudadano: CASTILLO AGUILAR JOSE MJARCELINO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad numero 6.602.749, y domiciliado en barrio el calvario avenida 18 entre calles 9 y 10 Nirgua Estado Yaracuy… omissis …PRIMERA PREGUNTA: ¿Diga el testigo, si conoce al ciudadano R.R. HERRERA? Contesto: Si lo conozco. SEGUNDA: ¿ Diga el testigo, si sabe y le consta que el inmueble o bienhechurías ubicadas en el sector Las Tunitas Nirgua, frente a la carretera panamericana al lado del polideportivo Nirgua, detrás de Talleres mecánicos y otros son y han venido siendo ocupadas y construidas por el ciudadano R.R.H.? Contesto: Si son de ese señor de hecho yo trabaje de albañilería en el 93, pegue bloques como albañil… omissis …TERCERA: ¿Diga el testigo, si sabe cuáles son las bienhechurías que están en el referido inmueble, y que usted manifestó conocer? Si las conozco, sé en qué lugar están, están cerca del polideportivo, cerca de la carretera tienen un terreno al frente que es un estacionamiento y frente allí están unos locales son taller mecánica, un electroauto, un taller de silenciadores. CUARTA: ¿Diga el testigo porque le consta los hechos que anteriormente ha narrado. Contesto: Bueno me consta porque he escuchado los he visto el inmueble, he escuchado que son del señor de hecho trabaje allí en el 93 y desde que tengo uso de razón he escuchado que los locales son de él…

… O.W.R., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad numero 7.905.819, y domiciliado en el Callejón Coteco Las Tunitas Nirgua Estado Yaracuy; … omissis… PRIMERA PREGUNTA: ¿Diga el testigo, si conoce al ciudadano R.R. HERRERA? Contestó: Si lo conozco. SEGUNDA: ¿Diga el testigo, si sabe y le consta que el inmueble o bienhechurías ubicadas en el sector Las Tunitas Nirgua, frente a la carretera panamericana al lado del polideportivo Nirgua, detrás de Talleres mecánicos y otros son y han venido siendo ocupadas y construidas por el ciudadano R.R.H.? Contesto: Si tengo 20 años de servicio ahí, siempre ha estado el trabajando en esos locales, siempre lo he visto trabajando y tiene esos locales al frente tiene a Silenciadores Canaria, Electroauto La roca al lado, existía un lavado mucho antes, existe un taller mecánico. TERCERA: ¿Diga el testigo, si sabe cuáles son las bienhechurías que están en el referido inmueble, y que usted manifestó conocer? Contesto. Allí había un local antes había un trapiche P., después de eso montaron una cauchera, y después lo alquilo E. como depósito de motores. CUARTA: ¡Diga el testigo, si esas bienhechurías que usted se refirió anteriormente en sus respuestas en las cuales estaba el trapiche P., la cauchera, etc, son las mismas que hoy están derribadas o demolidas? Contesto: Si. QUINTA ¿Diga el testigo porque le consta los hechos que anteriormente ha narrado… omissis …Contestó: Porque lo he visto a él trabajando siempre ahí y es el que ha alquilado eso. Cesaron. En este estado el apoderado judicial de la parte demandada toma el uso de palabra y repregunta al testigo de forma siguiente: PRIMERA REPREGUNTA: ¿Diga el testigo, el apellido de la persona que usted menciona como E. que tiene un depósito de motores en un local propiedad del señor R.R.H.? Contesto: A.. SEGUNDA: ¿Diga el testigo, el nombre de ese depósito de motores? Contesto: El que estaba ahí en ese sitio no tenia nombre era un depósito simplemente. TERCERA. ¿Diga el testigo, si usted trabaja en el negocio de silenciadores que se encuentra instalado al lado del negocio de motores Distribuidora Ankha. Contesto: Si. Es todo…

… P.C.J.D., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad numero 4.972.469, y domiciliado en la Calle 10 el Calvario Nirgua Estado Yaracuy,… omissis … PRIMERA REPREGUNTA: ¿diga el testigo, si usted tiene algún interés en declarar en este juicio? Contesto: Si. Cesaron las preguntas

. Se desecha el testimonio de este testigo por haber manifestado que tiene interés en el presente juicio.

Con los testimonios antes mencionados, previa exclusión del testimonio desechado, queda demostrado que el ciudadano R.R.H., parte actora en el presente juicio ha poseído durante más de veinte años el inmueble objeto de la pretensión, trabajando en el mismo y dándolo en alquiler a otras personas, lo que permite demostrar que su posesión era pacífica y con ánimo de dueño, con la creencia por los habitantes de la zona que las bienhechurías son de su propiedad. Y así se declara.

PRUEBA DE INFORMES: Promovió la prueba de informe, y solicitó que se oficie a la entidad mercantil a INVERIONES SONERIA, C.A., ubicada en la ciudad de Nirgua, Estado Yaracuy, con atención al ciudadano A.B., para que informaran al tribunal si el ciudadano R.R.H., ha tramitado en esa empresa el levantamiento de planos y presupuesto de construcción de bienhechurías sobre el inmueble objeto de la pretensión. La resulta de esta prueba cursa a los folios 33 y 34 de la pieza 3 la cual se valora por sana crítica, como suficiente para demostrar que el querellante de autos en el año 2002 pidió cotización a la referida empresa para el levantamiento de planos y realización de modificaciones en el inmueble objeto de la pretensión en la presente causa. Y así se valora y aprecia.

Promovió se oficie a la entidad mercantil ANGUMAR C.A., ubicada en la Calle 24 de Junio, Casa –Local N° 24, sector El Toco, de la ciudad de Guacara, Estado Carabobo, con atención al ciudadano R.A.M., para que informe al Tribunal sí el ciudadano R.R.H., ha tramitado en esa empresa el levantamiento de planos y presupuesto de construcción de bienhechurías sobre el inmueble objeto de la pretensión. La resulta de esta prueba cursa a los folios 36 al 38 de la pieza 3 la cual se valora por sana crítica, como suficiente para demostrar que el querellante de autos en el año 2005 pidió cotización a la referida empresa para realizar remodelaciones en el inmueble objeto de la pretensión en la presente causa, actualizando tal presupuesto en el año 2008. Y así se valora y aprecia.

EXPERTICIA. Solicitó la experticia sobre el terreno del inmueble objeto de posesión. La cual riela a los folios 137 al 150 de la pieza 3, en la que se solicitó a los expertos que constataran los linderos del inmueble poseído por la parte querellante, la construcción allí existente con especificación de la ubicación de las bienhechurías parcialmente demolidas y la data de estas. En este sentido, este juzgador valora la prueba y en especial el informe consignado por los expertos conforme el sistema de la sana crítica y observa que del mismo se desprende que los expertos constataron la existencia de unas bienhechurías parcialmente demolidas, respecto de las cuales manifestaron presentan una data de mínimo 18 años de construcción y en relación a las parcialmente construidas mínimo 7 años de construcción. Constata este juzgador que los expertos consignaron croquis del inmueble objeto de experticia y plano aerofotogramétrico de la misma área de terreno, esta experticia será nuevamente apreciada en lo adelante. Y así se valora y aprecia.

Promovió igualmente en su escrito de fecha 12 de febrero de 2010 cursante a los folios 102 y 103 de la pieza 2, Gaceta Oficial, Depósito Legal PP. 96-0387, Extraordinaria N° 13/2009, de fecha 08 de Junio de 2009, Acuerdo N° 09, que se valora como documento público por cuanto emana del Concejo Municipal de Nirgua y fue publicado en gaceta, con lo que se demuestra que la Cámara Municipal de Nirgua Estado Yaracuy, acordó la Nulidad de la Venta efectuada al ciudadano L.D., pero probanza esta que se adminicula con la Copia certificada de la Gaceta Municipal del Municipio Nirgua del Estado Yaracuy, de fecha 13 de julio de 2009, cursante al los folios 117 al 119 de la segunda pieza (acompañada por el querellado de autos), que se valora como documento público por cuanto emana del Concejo Municipal de Nirgua y fue publicado en gaceta, con lo que se demuestra que se anuló el acuerdo N° 09/2009 de fecha 28/05/09 antes referido, y estampar la nota al libro correspondiente. Y así se valoran y aprecian.

PRUEBAS PRESENTADAS POR LA PARTE QUERELLADA:

En su escrito de pruebas presentado en fecha 07 de febrero de 2010, cursante a los folios 150 al 203 de la primera pieza, la parte querellada promovió:

Documento inscrito por ante la Oficina Subalterna del Registro del Municipio Nirgua del Estado Yaracuy, anotado bajo el N° 2009-5, asiento registral N° 1, del Libro de folio real del año 2009, tramitado en fecha 12 de Enero de 2009, que cursa al folio 157 al 161 de la primera pieza, así como documento de aclaratoria anotada anotado bajo el N° 2009-5, asiento registral N° 2, del Libro de folio real del año 2009. Documentos de propiedad registrados a favor del querellado de autos, por ende se valoran de conformidad con lo pautado en el artículo 1357 y 1359 del Código Civil, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, como documento público, en las que consta el derecho de propiedad del referido ciudadano sobre un inmueble de CUATROCIENTOS VEINTE METROS CON CINCUENTA DECÍMETROS ubicado en la carretera Panamericana que de Nirgua conduce a Chivacoa y a Valencia, Sector Polideportivo de Nirgua, alinderado así: Norte: En 17 mts con carretera panamericana Nirgua-Valencia, Sur: En 12 mts con local comercial ocupado por Exportaciones Anka, Este: En 28 mts con zona de descanso de la vía y boulevard de las naranjas y Oeste: En 30 mts con el polideportivo Nirgua cerca en medio. Y así se valora.

Orden de demolición expedida por la Dirección de Ingeniería Municipal de la Alcaldía del Municipio Nirgua del Estado Yaracuy, de fecha 11 de Agosto de 2009, cursante a los folios 162 y 163 de la primera pieza, la cual constituye un documento público administrativo, que se asemeja en sus efectos al documento público, pero que puede ser desvirtuado por cualquier medio de prueba, por ende surte plenos efectos para demostrar que en fecha 11 de agosto de 2009 la referida Dirección manifestó que ciertamente había paralizado la demolición de las bienhechurías objeto de la pretensión, hasta tanto se aclarara la solicitud verbal realizada por el querellante de autos R.R.H., quien adujo el derecho de propiedad sobre el inmueble, y constatada la falsedad de tal hecho, la deficiente calidad de la edificación, la falta de permisos, el incumplimiento estructural de las variables urbanas y la peligrosidad para las personas y cosas en virtud de la parcial demolición, el poder público municipal ordenó la demolición de la estructura. Y así se valora y aprecia.

Copia certificada de inspección Judicial con el N° 5074/09, de fecha 11 de agosto de 2009, que cursa a los folios 165 al 203 de la primera pieza, la cual se valora conforme a la sana crítica, con suficiente valor probatorio en razón de que la misma se llevó a efecto el día 12 de agosto de 2009, fecha fijada por la Alcaldía del Municipio Nirgua, para que tuviera lugar la demolición definitiva de las ya parcialmente derribadas bienhechurías objeto de la pretensión en la presente causa, conforme las previsiones del artículo 1429 del Código Civil que dispone “En los casos en que pudiera sobrevenir perjuicio por retardo, los interesados podrán promover la inspección ocular antes del juicio para hacer constar el estado o circunstancias que puedan desaparecer o modificarse con el transcurso del tiempo.” No obstante, la referida inspección sólo demuestra que en fecha 12 de agosto de 2009, se encontraba un grupo de personas en el inmueble objeto de la pretensión específicamente rodeando la zona en que se encontraban las bienhechurías parcialmente demolidas, presente el apoderado del querellante de autos y a un lado el vehículo retro excavador y un vehículo monta carga, lo que se hizo de forma descriptiva por el juez actuante, pero que al apreciar su contenido y tomas fotográficas, permite a este juzgador concluir que en esa fecha se obstaculizó la demolición definitiva de las bienhechurías referidas ordenada por el ejecutivo municipal, hasta las 12:21 p.m. hora en que se retiró el tribunal. Y así se valora y aprecia.

En su aparte TERCERO: PROMOCION DE PRUEBAS: Solicitó la inspección ocular la cual ya fue valorada.

Las testimoniales de los ciudadanos JOSÉ AGUSTÍN PINTO y R.R.F., quienes rindieron declaración (folios 109 y 110 pieza 2 y 238 al 241 pieza 2) de la siguiente manera:

…PINTO JOSE AGUSTIN, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cedula de identidad N° 4.450.880, y domiciliado en la Urbanización La Lagunita vereda 1 casa numero 2, Nirgua Estado Yaracuy… omissis… PRIMERO. ¿Diga el testigo, si conoce a los ciudadanos M.J.J.P. y R.R.H. y desde hace cuanto tiempo? Contesto Si los conozco los dos, al señor R.R. tengo más tiempo conociéndolo porque tiene más tiempo viviendo en Nirgua, el señor M. tengo realmente unos tres anos conociéndolo. SEGUNDA: ¿Diga el testigo si usted conoce las condiciones y ubicación del inmueble a que se refiere esta acción? Contesto: Me podría indicar exactamente a que el inmueble se refiere. ¿Diga el testigo, si usted conoce el inmueble propiedad del señor M.J.J.P., que se encuentra ubicado en el municipio Nirgua del estado Yaracuy, sector Polideportivo de Nirgua carretera panamericana que de Nirgua conduce a Chivacoa y a Valencia, y tiene los siguientes linderos: Norte: En la carretera Panamericana carretera Nirgua valencia, Sur: Con local comercial ocupado por exportaciones Ankha, Este. Con zona de descanso de la vía y boulevar de las Naranjas, y Oeste: Con el Polideportivo de Nirgua, cerca en medio? Contesto: Si los conozco, se exactamente donde está ubicado. TERCERA: ¿Diga el testigo, cuales son las características del inmueble que usted se refiere conocer en su respuesta anterior. Contesto: Es un local construido de dos plantas en este momento semidestruido, en ruinas casi en su totalidad, sobre todo en la segunda planta y en la parte de abajo algunas Santamaría colocadas, y el resto de los locales abierto y expuestos a la intemperie, abandonados. CUARTA: Diga el testigo, cuánto tiempo tiene usted viendo el local que se refiere en su respuesta anterior, en esas condiciones de abandono? Contesto: Exactamente el tiempo no se determinarlo pero tiene más de 25 años en esas condiciones. QUINTA: ¿Diga el testigo, si usted ha visto funcionando en dicho inmueble, alguna actividad comercial o que haya sido habitada permanentemente por persona alguna? Contesto: No en ningún momento ha funcionado objeto de comercio ni habitado por persona alguna en forma permanente. SEXTA: ¿Diga el testigo, si usted ha sido S.P.M. del municipio Nirgua del estado Yaracuy, y S. de la Cámara del municipio Nirgua del estado Yaracuy, Contestó: Si en una oportunidad fui S. de la Cámara Municipal y en época posterior fui Síndico Procurador del Municipio. SEPTIMA: ¿Diga el testigo, si de acuerdo al conocimiento calificado de los hechos que usted tiene, por haber ejercido las funciones que antes mencionó sabe y le consta porque razón el inmueble que usted describe en sus respuestas anteriores no ha sido nunca terminada ni se le han otorgado los permisos de habitabilidad correspondiente? Contesto: Bueno yo recuerdo, que por ahí en el año 1986, 1987, exactamente no tengo el año, siendo yo Síndico Procurador del Municipio, ya estaba esa construcción allí, estaba el esqueleto la estructura de la que nos estamos refiriendo, se realizó una inspección en el sitio para tratar de determinar en qué condiciones y quien había construido el inmueble referido, a fin de determinar el permiso que se le había otorgado a la persona referida, se hicieron unas publicaciones por radio a cualquier persona que podía estar interesada a fin de determinar quienes habían construido la edificación. Yo creo que termine mis funciones como síndico por el año 1989 y hasta esa fecha no había aparecido propietario ni responsable de la edificación pues no había ninguna relación de permisología para esa edificación. OCTAVA: ¿Diga el testigo, si posterior a esa fecha el inmueble que usted describe ha sufrido alguna modificación. ¿Contesto: Bueno en cuantos a mejoras de ningún tipo en cuanto al deterioro es lógico el tiempo en desuso ha causado, derrumbe tiene la parte alta causado por una maquinaria que derribo casi la mitad del techo. NOVENA: ¿Diga el testigo si usted sabe y le consta por cual razón el señor M.J.J.P., no pudo concluir la demolición del inmueble que le había sido permisada por el municipio Nirgua del estado Yaracuy. Contesto: Bueno a todas estas el señor M. intentó con una maquina pesada, demoler las bienhechurías que estaban construidas al parecer para montar una nueva estructura que le sirviera como edificaciones comerciales en el futuro. Pero hubo una injerencia de otras personas que no le permitieron terminar de demoler la estructura en referencia. DECIMA Diga el testigo si sabe y le consta que el ciudadano R.R.H., tiene posesión en locales comerciales que se encuentran muy distantes del inmueble a que usted se refiere a sus respuestas anteriores? Contestó: Bueno si por referencia aproximada a unos 70 o 80 metros de distancia hay unos locales comerciales donde funciona una venta de motores usados, un local de autosilenciadores, un local de electroauto, y más antiguamente habían un autolavado en un local de esa edificación que nosotros conocemos o conocíamos como Hotel Restaurant Colonial, después el señor H. aparecía como propietario. DECIMA PRIMERA: Diga el testigo porque le consta lo que ha declarado? Contestó: Bueno esos son sitios públicos que están a la orilla de la carretera panamericana, yo vivo a aproximadamente a 500 metros de los locales en referencia y por estar al margen de la carretera panamericana es normal que uno tenga conocimiento que están ahí. En este estado interviene el apoderado judicial de la parte actora y pasa al derecho de repregunta en la forma siguiente: PRIMERA REPREGUNTA: Diga el testigo, si usted ha leído algún documento protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Registro de Nirgua en la cual se constata presunta propiedad del ciudadano M.J.J. sobre el inmueble que usted ha venido haciendo referencia? Contesto: Si lo he leído, SEGUNDA: ¿Diga el testigo, si usted sabe que el Ministerio de Sanidad y otras Instituciones Gubernamentales con competencia para emitir permiseria sobre construcción, otorgó ermiso y certificación del mismo al ciudadano R.R. sobre el inmueble al cual usted ha venido haciendo referencia? Contestó No realmente eso no me consta. TERCERA. Diga el testigo si usted ha leído y revisado en su condición de Sindico Procurador del Municipio Nirgua, para los años 1986 y siguientes documentación en la cual el Municipio Nirgua haya vendido dichos terrenos a los cuales usted hace referencia a terceras personas? Contestó: Realmente en el tiempo y tenerlo en la memoria no lo recuerdo. CUARTA: ¿Diga el testigo si usted siempre ha vivido a 500 metros de los locales a que usted ha hecho referencia en sus respuestas anteriores. Contestó: No, exactamente tengo quince años viviendo aproximadamente a 500 metros de los locales que hemos estado describiendo. QUINTA: ¿Diga el testigo, si considera lógico que persona alguna construya una estructura, locales con santamarias y durante un lapso más de cuatro años aproximados no se apersone ante la Sindicatura que usted ejercía previa llamado por notificación de comparecencia? En este estado interviene el apoderado judicial de la parte demandada y expone: Solicito al Tribunal releve al testigo de contestar la pregunta formulada porque la misma envuelve en su contestación de ser afirmativa o negativa por parte del testigo, un juicio de valor que prohíbe el Código de Procedimiento Civil, exponer en esta causa ya que el mismo solo está facultado para declarar sobre los hechos controvertido, En este estado interviene el abogado repreguntante y expone: Insisto en la presente repregunta por cuanto la misma es respuestas dadas anteriormente por el testigo, y a la cual sometió dicha interrogante y esta representación considera su derecho a que se aclare la misma. En este estado el Tribunal oída las pregunta, su oposición así como si insistencia, ordena al abogado proponente de la misma, la reformule en términos mas categóricos y precisos sin que de la misma se desprenda estar pidiendo opinión al testigo. Diga el Testigo cuantas veces presuntamente ordeno o emplazo para que el propietario de las referidas bienhechurías a que ha hecho mención se presentara en su oficina como Sindico Municipal? Contesto: Si inclusive recuerdo que se fijo un cartel en una de las paredes del local donde se hacía referencia a quien pueda interesar no teníamos determinado quien era el constructor o quien había ordenado o autorizado esa construcción y por esa razón a través de ese cartel de notificación a quien pudiera interesar se instaba a la o las personas que tuvieran algún interés en esa construcción a que se apersonaran ante la oficina de la sindicatura municipal del Nirgua a fin de esclarecer esa situación por demás irregular y cuestión esta que en el lapso que yo estuve al frente de la sindicatura, jamás apareció persona alguna que presentara algún alegato o pruebas de que era propietario del mencionado local. SEXTA REPREGUNTA: ¿Diga el testigo, si en años posteriores a la época que usted dice haber sido P. del municipio Nirgua, tuvo conocimiento o vio que el señor R.R., construyera mejorada, modificada, o ampliada las bienhechurías a que usted hace referencia en toda la declaración? Contesto: Esa pregunta ya me la hicieron y respondí que la única modificación que se le ve a la edificación es el deterioro propio que el tiempo le ha causado y una parte en su segunda planta que fue derrumbada por una maquina que el señor M.P. ordeno para derribar las bienhechurías existentes allí. Cesaron las preguntas…

…R.F.R., venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cedula de identidad N° 3.919.389. profesión P.A., y domiciliado en la Urbanización Bella Vista calle Tucuragua, casa numero 6, Nirgua Estado Yaracuy … omissis… PRIMERO: ¿Diga el testigo si usted conoce al ciudadano M.J.J.P. y R.R.H. y desde hace cuanto tiempo? Contesto: Al señor marlos J. lo conozco hace aproximadamente cinco años, y al señor R.H. lo conozco desde hace aproximadamente treinta años. SEGUNDA: ¿Diga el testigo, si usted conoce la ubicación del inmueble a que se refiere la presente acción? Contesto: Si la conozco. TERCERA: ¿Diga el testigo, en qué lugar y en qué condiciones se encuentra el inmueble que usted dice conocer? Contesto: El inmueble se encuentra ubicado en el municipio Nirgua al borde de la carretera Panamericana y al borde del estadio polideportivo frente con el paseo Las Naranjas y en el lado sur con la venta de repuesto usados del señor A., se encuentra en unas condiciones desde hace muchos años en total abandono en condiciones deplorables sirviendo de refugio de indigentes que pululaban en el sector. CUARTA: ¿Diga el testigo, si usted sabe las razones por las cuales el Concejo Municipal de Nirgua ordenó la demolición del inmueble que usted describe también en su respuesta? Contesto: El concejo Municipal ordenó a través de la Ingeniería municipal de demolición de esas estructuras a solicitud y previa inspección de la Ingeniería Municipal del señor M.J. para demoler. QUINTA: ¿Diga el testigo, si sabe y le consta que en el momento en que la Ingeniería Municipal practicaba la demolición del inmueble por usted mencionado no se encontraba dentro del inmueble ocupantes o personas algunas? Contestó: Para el momento de la demolición no se encontraba persona alguna porque ahí no habita ninguna persona no tienen permiso de habitabilidad y íntegramente como dije anteriormente lo utilizan para refugio algunos indigentes. SEXTA: ¿diga el testigo, a qué distancia del inmueble que usted menciona anteriormente se encuentra el taller de lavado y engrase propiedad del señor R.H.? Contestó: Aproximadamente a setenta u ochenta metros. SEPTIMA: Diga el testigo, porque le consta lo que ha declarado? Contestó: Me consta porque tengo muchos años en Nirgua, en esa área donde está ubicado el inmueble hay muchos negocios que visito con frecuencia generalmente a diario y los he visto. En este estado ejerce el derecho de palabra el apoderado judicial de la parte actora y expone: A continuación paso a ejercer mi derecho a repreguntas en los términos siguientes: Diga el testigo de conformidad con sus respuestas anteriores, cuando señala la ubicación del inmueble a que se hace referencia si cuando usted dice que por el frente del referido inmueble, está el paseo de las naranjas dicha posición corresponde a que punto cardinal… omissis… Contestó: Yo lo dije de punto de referencia porque es el único punto que hay allí, el punto cardinal es el este, con respecto a la ubicación del inmueble. OTRA: Diga el testigo, si sabe quien construyó o bajo la orden de quien las bienhechurías que están en el referido terreno y que usted ha hecho alusión. Contestó: Desconozco totalmente quien construyó y por orden de quien el referido inmueble. OTRA. Diga el testigo, si le consta que el ciudadano R.R.H., le otorgaron permisos de construcción para realizar bienhechurías en el inmueble señalado por usted, durante su gestión de concejal en el Municipio Nirgua. Contestó: Para ese inmueble nunca se otorgaron permiso de ninguna índole porque ese inmueble no es de su propiedad. Cesaron las preguntas. En este estado habiéndole leído el acta al testigo, hizo las observaciones siguientes. Donde dice íntegramente, es intinerantemente. Es todo…

Estas dos testimoniales son valoradas por este juzgador conforme lo previsto en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, encontrando que los testigos no se contradijeron y fueron contestes que en el inmueble objeto de la pretensión se encuentran unas bienhechurías parcialmente derrumbadas, que el testigo inicialmente mencionado fue Síndico Procurador Municipal en Nirgua y que recuerda que en la alcaldía no había certeza del propietario de dichas bienhechurías, que incluso se hicieron llamados por prensa y cartel para que el propietario de las mismas acudiera a sindicatura, siendo infructuosos tales llamados, así las cosas, este juzgador considera que lejos de desvirtuar el dicho de las testimoniales promovidas por la parte actora, este juzgador entiende que precisamente esta falta de certeza pudo haber generado los inconvenientes que hoy día se tradujeron en este procedimiento interdictal. Pues, con tales testimonios se corrobora que el querellado de autos no conocía quien era el legítimo poseedor de las bienhechurías en cuestión, mal podría en consecuencia derribar las mismas, como si estas le pertenecieran, independientemente del deterioro que estas presentaran lo que justifica el decreto de amparo dictado por este juzgado. Y así se valora y aprecia.

Promovió igualmente experticia, la cual riela a los folios 137 al 150 de la pieza 3, en la que se solicitó a los expertos que constataran específicamente el lindero Este del inmueble propiedad de la parte querellada, que los expertos hicieran croquis del inmueble propiedad del querellado, del lugar donde se constituyó el tribunal para practicar inspección y del lugar descrito por el querellado. En este sentido, este juzgador valora la prueba y en especial el informe consignado por los expertos conforme el sistema de la sana crítica y observa que del mismo se desprende que se procedió a constatar lo solicitado por el querellado en relación al lindero este, especificando que el inmueble colinda por el este con terreno asfaltado, con longitud de cien metros (100 mts) lineales, utilizado como zona de descanso de la vía, estacionamiento de los restaurantes y hotel, bomba de gasolina, boulevard de las naranjas y expendios de comida rápida. Los expertos igualmente constataron la existencia de unas bienhechurías parcialmente demolidas, respecto de las cuales manifestaron presentan una data de mínimo 18 años de construcción y en relación a las parcialmente construidas mínimo 7 años de construcción. Constata este juzgador que los expertos no consignaron los croquis en la forma solicitada, sino que se limitaron a consignar plano en el que se destaca el área objeto de experticia y plano aerofotogramétrico de la misma área de terreno. Pero no distinguieron en dicho plano, cual era el terreno propiedad del querellado, cual era el terreno propiedad del querellante, ni el lugar donde se constituyó el tribunal a realizar la inspección. Por ende, la experticia solicitada no desvirtúa lo hasta ahora probado por el querellante, tampoco atribuye certeza de que las bienhechurías hayan sido construidas y poseídas por el querellado de autos, sino que se limita a tratar de desvirtuar una supuesta incongruencia señalada por el actor en relación al lindero este especificado por el mismo en su libelo, lo cual per se no crea una duda sustentable en este juzgador que implique conceder la razón al querellado. Y así se valora, aprecia y declara.

En su escrito de pruebas de fecha 12 de febrero de 2010, cursante a los folio 116 y su vuelto de la segunda pieza, el apoderado judicial de la parte querellada, promovió lo siguiente:

Anexo 1: Copia certificada de la Gaceta Municipal del Municipio Nirgua del Estado Yaracuy, de fecha 13 de julio de 2009, cursante al los folios 117 al 119 de la segunda pieza, que se valora como documento público por cuanto emana del Concejo Municipal de Nirgua y fue publicado en gaceta, con lo que se demuestra que se anuló el acuerdo N° 09/2009 de fecha 28/05/09, que a su vez anulaba la venta de un lote de terreno al ciudadano L.D., y estampar la nota al libro correspondiente, lo que fue valorado y apreciado ut supra.

Anexo 2: Documento de aclaratoria anotada anotado bajo el N° 2009-5, asiento registral N° 2, de fecha 13 de noviembre de 2009, llevados en el Libro de folio real del año 2009, cursante a los folios 120 al 125 de la pieza 2, ya valorado.

Anexo 3: Comunicado emitido por la Oficina de la Sindicatura de Nirgua del Estado Yaracuy, de fecha 08 de julio de 2009, cursante a los folios 126 al 129 de la segunda pieza, el cual se valora como documento público administrativo, en virtud de la autoridad de quien emana, en el cual se constata la opinión de la referida autoridad en relación con el acuerdo de Cámara N° 09/2009 mediante el cual se anuló y revocó la venta realizada al ciudadano L.D., por cuanto violenta el derecho de defensa del ciudadano M.J.J.P., parte querellada en el presente juicio. Y así se valora y aprecia.

Anexo 4: L. contentivo de expediente N° 2580/09, relativo a la causa por Presunta Construcción Ilegal, cursante a los folios 130 al 223 de la segunda pieza, en este sentido, este juzgador observa que el legajo de copias inicia con lo que fuera la decisión dictada por el Juez del Municipio Nirgua de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, quien conoció en jurisdicción voluntaria de un procedimiento de defensa de la zonificación consagrado en las disposiciones a que se contraen los artículos 102 y 103 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística que dicho juzgado denominó “Presunta Construcción Ilegal”, en el cual dictó dispositivo del siguiente tenor: “PRIMERO: CON LUGAR LA PRESENTE SOLICITUD, por haber quedado demostrado que los demandados, estaban realizando una construcción ilegal, al no estar autorizados, ni por su propietario, ni por el Municipio, en el inmueble propiedad del accionante constituido por una parcela de terreno constante de un área de cuatrocientos veinte metros con cincuenta centímetros cuadrados (420,50 mts2) y la construcción sin concluir que en él se encuentra enclavada, constituida por una estructura de doble planta apta para locales comerciales realizada en estructura de bloques de arcilla y bloques de concreto con mechones para soporte, piso y techo de placa, sin frisar y sin acabar, todo lo cual está ubicado en jurisdicción de este municipio Nirgua, Estado Yaracuy, específicamente en la carretera panamericana que de Nirgua conduce a Chivacoa y a la ciudad de Valencia, sector polideportivo de Nirgua y que se alindera de la manera siguiente: Norte; En diecisiete (17) metros lineales con carretera panamericana Nirgua Valencia, Sur: En doce (12) metros lineales con local comercial ocupado por exportaciones Ankas, ESTE; En veintiocho (28) metros lineales con zona de descanso de la vía y boulevard de las naranjas y Oeste; En treinta (30) metros lineales con el polideportivo de Nirgua, cerca en medio y como consecuencia de ello se ordena a los demandados: R.R.H., M.R. HERRERA Y CARMEN RODRÍGUEZ, de las características de autos, paralizar y abstenerse de continuar realizando o ejecutando obra alguna en el inmueble propiedad del actor. SEGUNDO: Por cuanto la presente acción es de jurisdicción voluntaria, no se hace pronunciamiento sobre costas.” Asimismo dicho expediente contiene gran cantidad de copias de pruebas que han sido exhaustivamente valoradas por este juzgador, en el presente procedimiento. Asimismo se constata que en relación a la decisión dictada en el mencionado procedimiento en jurisdicción voluntaria, se ejerció apelación, la cual fue oída en ambos efectos. En este sentido, este juzgador hace constar, aún cuando no fue promovida como prueba, que a los folios 234 al 253 de la pieza 3, cursa copia certificada de la sentencia que fue conocida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, y que decidió la apelación antes referida, la cual fue acompañada por el juez en cuestión al momento de producir su inhibición, como demostración de haber avanzado opinión sobre lo principal del pleito. Dicho juzgado decidió lo siguiente: “observa quien Juzga, que de acuerdo con los documentos aportados por las partes, se desprende que el ciudadano M.J.J.P. y R.R.H., son propietarios de dos inmuebles distintos, descritos por su situación y linderos diferentes y sobre los cuales, la Dirección de Desarrollo Urbano de la Alcaldía del Municipio Nirgua le otorgó a M.J.J.P. permiso de demolición y construcción, y a R.R. permiso de construcción, pero sobre los inmuebles pertenecientes a cada uno de ellos. Cabe concluir que, la construcción que llevaba a cabo el ciudadano R.R.H. en el inmueble ubicado en el sector Panamericana, y comprendido dentro de los siguientes linderos y medidas: Norte: Con la carretera panamericana, mide 17 metros; Sur: Con local ocupado por exportaciones A., mide 12 metros; Este: Con zona de descanso de la vía y boulevard de las naranjas, mide 28 metros y Oeste: Con el polideportivo de Nirgua, mide 30 metros, con el permiso de construcción dirigido a un inmueble ubicado en “Las Tunitas”, de la ciudad de Nirgua, comprendido dentro de los siguientes linderos: Naciente: Con salón destinado a venta de repuestos de vehículos, hoy propiedad de R.R.H.; P.: Con terrenos de la municipalidad o de M.V.G., callejón público en medio; Norte: Con la carretera panamericana y Sur: Con terrenos de la municipalidad, cerca en medio, es ilegal, dado que no hay correspondencia entre el permiso de construcción y el inmueble donde efectuaba la obra. En razón de las anteriores consideraciones, es forzoso para quien Juzga declarar que el ciudadano R.R.H. efectuaba una construcción ilegal, sobre un inmueble que no se correspondía con la autorización dada por la Dirección de Desarrollo Urbano de la Alcaldía de Nirgua, Estado Yaracuy, y así se decide. Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, actuando como Tribunal de alzada, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, decide: PRIMERO: Declara SIN LUGAR LA APELACION interpuesta por el abogado en ejercicio de su profesión R.R.R.G., inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 34.930, en su condición de apoderado judicial de la parte demandada R.R.H., contra la decisión dictada en fecha 17 de julio de 2009, por el Juzgado del Municipio Nirgua de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy. SEGUNDO: Se confirma la decisión dictada en fecha 17 de julio de 2009, por el Juzgado del Municipio Nirgua de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, mediante la cual Declara CON LUGAR LA SILICITUD (sic) DE CONSTRUCCIÓN ILEGAL incoada por el ciudadano M.J.J.P., quien estuvo representado por el abogado en ejercicio de su profesión B.R.N., contra los ciudadanos R.R.H., M.R.H. y CARMEN RODRÍGUEZ.” Motivo por el cual la sentencia en cuestión se encuentra firme, toda vez que al ser un procedimiento de jurisdicción voluntaria, contra el mismo no se concede recurso de casación, motivo por el cual tal decisión será objeto de análisis en la parte motiva del presente fallo. Y así se valora y aprecia.

Dentro del mismo legajo de copias antes mencionado se encuentra igualmente inserta a los folios 174 al 177 pieza 2, decisión dictada por el Juzgado tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en la que declaró con lugar la oposición realizada por el querellante de autos en el procedimiento de entrega material en jurisdicción voluntaria seguido por el ciudadano M.J.J.P., contra el ciudadano ANDRE PESTANA, en el cual participó como tercero opositor el accionante de autos R.R.H., motivo por el cual se declaró con lugar la oposición revocó la entrega material y ordenó hacer valer los derechos ante el tribunal competente, sentencia respecto a la cual tampoco consta su firmeza, por ende no produce efectos en el presente procedimiento a favor o en contra de ninguna de las partes, aunado al hecho que en el referido procedimiento se discute cosa totalmente distinta a la discutida en el presente juicio. Y así se valora, aprecia y declara.

Es importante destacar, la advertencia realizada por el accionante de autos en fecha 07 de mayo de 2010, de que habían sido demolidas totalmente las bienhechurías objeto de la pretensión en la presente causa, quien adjuntó a su escrito acta levantada por ante el Juzgado Ejecutor de Medidas del Municipio Nirgua de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en la que se evidencia el traslado del tribunal al inmueble objeto de la pretensión, así como la ocurrencia de la demolición de las bienhechurías como acto de posesión del ciudadano M.J.J.P., sobre las mismas, esto en virtud de la comisión que estuviera cumpliendo el referido juzgado ejecutor por orden del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, que conocía de otra querella interdictal de amparo, pero en la que figuraba como querellante el ciudadano M.J.J.P. aquí demandado.

Ante tal hecho, el apoderado judicial del querellado manifestó en diligencia de fecha 10 de mayo de 2010, que tales hechos eran falsos y que la medida dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, recayó sobre un inmueble distinto con linderos diferentes, y que en consecuencia no se materializó ningún desacato.

A tal efecto, el tribunal en fecha 14 de mayo de 2010 se trasladó al inmueble objeto de la pretensión y constató la ausencia total de bienhechurías y escombros, asimismo consta en las tomas fotográficas cursantes a los folios 94 al 109.

Se destaca lo anterior pues si bien tal actuación no es propia de la evacuación de las pruebas admitidas en la presente causa, en ella se encuentra inmersa una inspección realizada de oficio por este juzgado para constatar la existencia real o no de las bienhechurías objeto de protección posesoria en la presente causa. Y así se declara.

-III-

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Considera oportuno este juzgador antes de pasar a pronunciase sobre el fondo, realizar algunas consideraciones en torno al inmueble objeto de la pretensión en la presente causa y las pretensiones de actor.

Verifica este juzgador, que el representante judicial del accionante en su libelo manifestó lo siguiente:

…en fecha 31 de Julio de 2009, siendo las 7:00 a.m., el ciudadano M.J.J.P., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V.- 13.696.808, domiciliado en la ciudad de Nirgua, Estado Yaracuy, procedió sin autorización o permiso de su mandante, a derribar unas bienhechurías propiedad y en posesión de su mandante, ubicadas en el lote de terreno del querellante. Dichas bienhechurías están constituidas por un local S/N, construido con paredes de bloques de concreto, techo de concreto tipo platabanda, con estructura metálica, piso de cemento, con sus instalaciones de agua, luz eléctrica, un área de construcción de cuatrocientos metros cuadrados (400 mts2), con puerta de S.M. al frente y demás anexidades, enclavadas en parcela de terreno propio, ubicado en el Sector Las Tunitas, Nirgua, Estado Yaracuy, al borde de la Carretera Panamericana Nirgua-Valencia.

Que la acción de derribar y destruir las bienhechurías la realizó el ciudadano M.J.J.P., por medio de un equipo de maquinaria pesada con las siguientes características: MARCA: New Holland B-95, MODELO: B-95-699800781, NÚMERO DE PIN: 03106643, COLOR: Amarillo, lo cual era conducido por el ciudadano A.R., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 18.193.388 en su condición de chofer.

Que en virtud de lo ocurrido se solicitó la presencia del Ingeniero Municipal D.B., quien ordenó la paralización momentánea de la demolición de las bienhechurías, y que en varias oportunidades el ciudadano M.J.J.P., ha tratado por diferentes vías invadir el inmueble, solicitando una entrega material del inmueble y la misma fue revocada; de manera tal que utilizó la vía de hecho para intentar obtener sus pretensiones, logrando solo la destrucción y el daño del inmueble.

Que los actos perturbatorios realizados por el ciudadano M.J.J.P., se concretizan en: La destrucción, demolición, derrumbe y deterioro del inmueble antes identificado, realizado por el ciudadano M.J.J.P., en fecha 3 de julio de 2009, en horas de la mañana; en actos de amenaza por parte del ciudadano M.J.J.P., constituidos por la advertencia de hacer daño y continuar con la destrucción y demolición del resto del inmueble; y que dichos actos conllevan a la imposibilidad física de habitar el inmueble objeto de la pretensión y continuar con el goce y disfrute.

(N. y subrayado adicionado)

Asimismo de la revisión de la demanda se evidencia que el actor esgrimió sus pretensiones de la manera siguiente:

Que en virtud de todo lo alegado, procedió a demandar al ciudadano M.J.J.P., para que convenga o sea condenado a: PRIMERO: En el hecho de que es legítimo poseedor y propietario del terreno antes identificado y de las bienhechurías descritas; SEGUNDO: Que es el legítimo poseedor y propietario del inmueble objeto de la pretensión, quien debe continuar y mantener la posesión y el derecho de propiedad sobre el mismo, conforme lo ha venido haciendo en forma pública, pacífica e ininterrumpida desde 1972. TERCERO: El cese inmediato de la perturbación por parte del demandado, por lo tanto se decrete el cese de la perturbación…

En relación a las pretensiones del actor, advierte este juzgador que si bien es cierto el querellante reitera que el demandado debe respetar su derecho como poseedor y propietario, el juez conoce el derecho en virtud del principio iura novit curia, en consecuencia las partes deben suministrar los hechos y el juez pone el derecho, no obstante se ha establecido doctrinaria y jurisprudencial que el juez no puede cambiar o modificar la calificación jurídica que de las pretensiones haga el actor, pero en casos como en el presente en el que existe si se quiere incertidumbre sobre las peticiones del actor pues este demanda por “PRIMERO: En el hecho de que es legítimo poseedor y propietario del terreno antes identificado y de las bienhechurías descritas; SEGUNDO: Que es el legítimo poseedor y propietario del inmueble objeto de la pretensión, quien debe continuar y mantener la posesión y el derecho de propiedad sobre el mismo, conforme lo ha venido haciendo en forma pública, pacífica e ininterrumpida desde 1972. TERCERO: El cese inmediato de la perturbación por parte del demandado, por lo tanto se decrete el cese de la perturbación…”, considera este juzgador que debe interpretar las peticiones realizadas por el accionante a fin de que el pronunciamiento que se realice sea congruente, requisito exigido en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil.

Es así como este juzgador constata que la pretensión efectiva y real del querellante es el cese de las perturbaciones por parte del demandado, es decir, el fin último de las querellas interdictales de amparo o perturbatorias, más no el derecho de propiedad o no del querellante, lo cual no es óbice para que prospere el interdicto, lo cual además se infiere del derecho enunciado por el actor, esto es el artículo 782 del Código Civil y los artículos 697, 698, 699 y 701 del Código de Procedimiento Civil, que disponen:

Código Civil.

Artículo 782 Quien encontrándose por más de un año en la posesión legítima de un inmueble, de un derecho real, o de una universalidad de muebles, es perturbado en ella, puede, dentro del año, a contar desde la perturbación, pedir que se le mantenga en dicha posesión.

El poseedor precario puede intentar esta acción en nombre y en interés del que posee, a quien le es facultativo intervenir en el juicio.

En caso de una posesión por menor tiempo; el poseedor no tiene esta acción sino contra el no poseedor o contra quien lo fuere por un tiempo más breve.

Código de Procedimiento Civil.

Artículo 697.- El conocimiento de los interdictos corresponde exclusivamente a la jurisdicción civil ordinaria, salvo lo dispuesto en leyes especiales.

Artículo 698.- Es Juez competente para conocer de los interdictos el que ejerza la jurisdicción ordinaria en Primera Instancia en el lugar donde esté situada la cosa objeto de ellos; respecto de la posesión hereditaria lo es el de la jurisdicción del lugar donde se haya abierto la sucesión

Artículo 699.- En el caso del artículo 783 del Código Civil el interesado demostrará al Juez la ocurrencia del despojo, y encontrando éste suficiente la prueba o pruebas promovidas, exigirá al querellante la constitución de una garantía cuyo monto fijará, para responder de los daños y perjuicios que pueda causar su solicitud en caso de ser declarada sin lugar, y decretará la restitución de la posesión, dictando y practicando todas las medidas y diligencias que aseguren el cumplimiento de su decreto, utilizando la fuerza pública si ello fuere necesario. El Juez será subsidiariamente responsable de la insuficiencia de la garantía.

Si el querellante manifestare no estar dispuesto a constituir la garantía, el Juez solamente decretará el secuestro de la cosa o derecho objeto de la posesión, si a su juicio, de las pruebas presentadas se establece una presunción grave en favor del querellante. Los gastos del deposito serán por cuenta de la parte que en definitiva resultare condenada en costas.

Artículo 701.- Practicada la restitución o el secuestro, o las medidas que aseguren el amparo, según el caso, el Juez ordenará la citación del querellado, y practicada ésta, la causa quedará abierta a pruebas por diez días. Concluido dicho lapso las partes presentarán dentro de los tres días siguientes, los alegatos que consideren convenientes, y el Juez, dentro de los ocho días siguientes dictará la sentencia definitiva. Esta sentencia será apelable en un solo efecto, pero el Tribunal remitirá al Superior el expediente completo de las actuaciones. El Juez será responsable de los daños y perjuicios que cause por su demora en dictar la sentencia prevista en este artículo.

Por lo que, este juzgador concluye que la pretensión del actor es el interdicto de amparo, o amparo a la posesión y no una acción tendente a la demostración o declaración del derecho de propiedad, pues el mismo actor afirma que dicho derecho le asiste y consigna al efecto documentales que serán oportunamente valoradas y apreciadas al efecto. Y así se establece.

Dicho lo anterior, antes de realizar pronunciamiento, este juzgador considera oportuno realizar el siguiente análisis relacionado con los procedimientos interdictales, en lo que se discute la posesión y no el derecho de propiedad.

A este respecto, se tiene que, la posesión consiste en una situación o estado de hecho de la cual derivan consecuencias jurídicas que, de ordinario, vienen a proteger en mayor o menor medida esa situación. Si se emplea la palabra posesión en su sentido más amplio, puede decirse que posee aquel que de hecho actúa como titular de un derecho o atributo en el sentido de que, sea o no sea el verdadero titular, goza de las ventajas y soporta los deberes que normalmente corresponde gozar y soportar al titular del respectivo derecho o atributo.

Es natural que semejante actuación cree la apariencia de que quien la realiza es el verdadero titular del derecho o atributo de que se trate. Así se comprende el aserto de que la posesión es la imagen del derecho.

Referente a la propiedad podemos comentar que es el poder directo o inmediato sobre un objeto o bien, por la que se atribuye a su titular la capacidad de disponer del mismo, sin más limitaciones que las que imponga la Ley.

Por esta vía (interdictos) la posesión goza de cierta autonomía a la posesión se la toma en cuenta independientemente del derecho que la implique (propiedad, usufructo, servidumbre), sin tomar en consideración ni la clase de posesión no como fue adquirida. Mediante los interdictos se mantiene o restablece la posesión, todo ello a secas. Generalmente hablando, se protege toda posesión, la del propietario que es poseedor y la del poseedor que no es propietario, los interdictos posesorios amparan la posesión o la restituyen con independencia de un derecho o del derecho a la posesión.

Es importante destacar que el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, en fecha 10 de Noviembre de 1994, estableció: “Se arguye que los Interdictos no producen cosa juzgada… omisis …Si, es verdad que estos no la producen en cuanto al fondo o materia de juicio, desde luego que el mismo asunto puede volver a controvertirse por la vía del ordinario.”

En este sentido, es preciso destacar y tener claro que en materia de Interdictos posesorios al sólo existir cosa juzgada formal, pero no material, en consecuencia carece de la característica de mutabilidad que rodea la cosa juzgada, porque sencillamente, este no es un presupuesto que acompañe a las decisiones interdictales, por el contrario constituye el más claro ejemplo de excepción al artículo 272 del Código de Procedimiento Civil que establece “Ningún juez podrá volver a decidir la controversia ya decidida por una sentencia, a menos que haya recurso contra ella o que la ley expresamente lo permita.”

Asimismo en materia de interdictos de amparo, es preciso tener claro la carga de la prueba y los requisitos para que prospere la misma. En este sentido, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia de fecha 4 de agosto de 2004, caso: Hospital Materno Infantil Los Andes, C.A, contra A.D.C.B. De Vivas, señaló lo siguiente:

…De la precedente transcripción del fallo recurrido, se desprende que el juez de alzada le impone la carga al actor de demostrar su carácter de poseedor legítimo del inmueble objeto del interdicto de amparo, con fundamento en los artículos 772 y 782 del Código Civil, debido a que la ley le otorga tal facultad sólo a los que ostentan ser poseedor legítimo.

Luego concluye el ad quem que de las actas que constan en el expediente no se comprobó el carácter de posesión legítima de la actora, y en virtud de ello declara sin lugar la acción de interdicto de amparo posesorio.

Ahora bien, respecto al interdicto de amparo posesorio y a la legitimación activa, la doctrina nacional ha establecido lo siguiente:

...III LEGITIMACIÓN ACTIVA: 1° En principio sólo puede intentar el interdicto el poseedor legítimo ultra anual (C.C. art 782, encab.). Si la perturbación recae en un accesorio de un bien basta la posesión ultra anual del bien principal. Así si alguien es perturbado en una edificación muy reciente le bastará haber poseído legítimamente el suelo por más de un (1) año (...Omissis...)

VII. PRUEBAS A CARGO DEL ACTOR:

El querellante tiene la carga de probar:

1° Que es el poseedor legítimo ultra anual o, en su caso, que detenta en nombre del poseedor legítimo ultra anual.

2° Que existe la perturbación posesoria. Y,

3° Que el demandado es el autor de la perturbación o su causa habiente a título universal...

. (J.A.G., Cosas, Bienes y Derechos Reales. Derecho Civil II. Segunda Edición. Caracas, 1991, Págs 125-126)

Del precedente doctrinario transcrito se deriva que en la acción de interdicto de amparo, la legitimación activa le corresponde al poseedor legítimo ultra anual, de conformidad con el artículo 782 del Código Civil, y que este poseedor tiene la carga de probar su carácter de poseedor legítimo, la existencia de la perturbación y que el demandado es el autor de la perturbación…

Ahora bien, de lo antes expuesto se concluye que, en la querella interdictal el actor solicita al tribunal el cese de las perturbaciones en virtud del derecho a poseer pacíficamente la cosa, sustentado en que lo detenta de buena fe; mientras que en la reivindicación se pretende la restitución del derecho de propiedad, apoyado en que tiene justo título y quien posee, usa y disfruta el inmueble no es el propietario del bien, por ello, debe hacerse énfasis nuevamente, en que lo discutido en el presente juicio es el derecho de posesión y no el de propiedad.

En relación con la circunstancia de derecho antes referida, este juzgador resalta que en el presente juicio ha quedado suficientemente demostrado que tanto el actor como el demandado gozan de la propiedad de dos terrenos diferentes pero cercanos y colindantes el uno del otro, igualmente ha quedado demostrado que el querellante poseía legítimamente el inmueble objeto de la pretensión, pues esa situación de hecho se demostró con la declaración de los testigos contestes supra valorados, los contratos de arrendamiento celebrados por el querellante en los que figura como arrendador (años 2000-2001), las pruebas de informes emanadas de dos personas jurídicas que afirmaron actos posesorios por parte del querellante (años 2002, 2005 y 2008), tiempos en que no se generaba conflicto alguno de poseer.

Es así como, del examen realizado a todo el material probatorio presentado por las partes se concluye en que quedó demostrada la posesión legítima de más de un año ejercida por la parte actora, respecto al inmueble identificado en autos, así como los actos perturbatorios que denunció realizados por el querellado en las identificadas bienhechurías.

Tal demostración se logró, no sólo con las pruebas por el promovidas (testigos fundamentalmente) sino con los medios consignados por la contraparte (parte querellada), las cuales, lejos de desvirtuar los alegatos del actor, por aplicación del principio de la comunidad de la prueba arrojó evidencias a favor de la parte actora…”.

No obstante, debe igualmente este juzgador pronunciarse expresamente, en torno al pronunciamiento relacionado con la ilegalidad de las construcciones (bienhechurías), que consta en el legajo contentivo de expediente N° 2580/09, relativo a la causa por Presunta Construcción Ilegal, cursante a los folios 130 al 223 de la segunda pieza, en que se dictó decisión por el Juez del Municipio Nirgua de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, conforme las disposiciones a que se contraen los artículos 102 y 103 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística del siguiente tenor: “PRIMERO: CON LUGAR LA PRESENTE SOLICITUD, por haber quedado demostrado que los demandados, estaban realizando una construcción ilegal, al no estar autorizados, ni por su propietario, ni por el Municipio, en el inmueble propiedad del accionante constituido por una parcela de terreno constante de un área de cuatrocientos veinte metros con cincuenta centímetros cuadrados (420,50 mts2) y la construcción sin concluir que en él se encuentra enclavada, constituida por una estructura de doble planta apta para locales comerciales realizada en estructura de bloques de arcilla y bloques de concreto con mechones para soporte, piso y techo de placa, sin frisar y sin acabar, todo lo cual está ubicado en jurisdicción de este municipio Nirgua, Estado Yaracuy, específicamente en la carretera panamericana que de Nirgua conduce a Chivacoa y a la ciudad de Valencia, sector polideportivo de Nirgua y que se alindera de la manera siguiente: Norte; En diecisiete (17) metros lineales con carretera panamericana Nirgua Valencia, Sur: En doce (12) metros lineales con local comercial ocupado por exportaciones Ankas, ESTE; En veintiocho (28) metros lineales con zona de descanso de la vía y boulevard de las naranjas y Oeste; En treinta (30) metros lineales con el polideportivo de Nirgua, cerca en medio y como consecuencia de ello se ordena a los demandados: R.R.H., M.R. HERRERA Y CARMEN RODRÍGUEZ, de las características de autos, paralizar y abstenerse de continuar realizando o ejecutando obra alguna en el inmueble propiedad del actor. SEGUNDO: Por cuanto la presente acción es de jurisdicción voluntaria, no se hace pronunciamiento sobre costas.” Decisión confirmada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, que expresó: “observa quien Juzga, que de acuerdo con los documentos aportados por las partes, se desprende que el ciudadano M.J.J.P. y R.R.H., son propietarios de dos inmuebles distintos, descritos por su situación y linderos diferentes y sobre los cuales, la Dirección de Desarrollo Urbano de la Alcaldía del Municipio Nirgua le otorgó a M.J.J.P. permiso de demolición y construcción, y a R.R. permiso de construcción, pero sobre los inmuebles pertenecientes a cada uno de ellos. Cabe concluir que, la construcción que llevaba a cabo el ciudadano R.R.H. en el inmueble ubicado en el sector Panamericana, y comprendido dentro de los siguientes linderos y medidas: Norte: Con la carretera panamericana, mide 17 metros; Sur: Con local ocupado por exportaciones A., mide 12 metros; Este: Con zona de descanso de la vía y boulevard de las naranjas, mide 28 metros y Oeste: Con el polideportivo de Nirgua, mide 30 metros, con el permiso de construcción dirigido a un inmueble ubicado en “Las Tunitas”, de la ciudad de Nirgua, comprendido dentro de los siguientes linderos: Naciente: Con salón destinado a venta de repuestos de vehículos, hoy propiedad de R.R.H.; P.: Con terrenos de la municipalidad o de M.V.G., callejón público en medio; Norte: Con la carretera panamericana y Sur: Con terrenos de la municipalidad, cerca en medio, es ilegal, dado que no hay correspondencia entre el permiso de construcción y el inmueble donde efectuaba la obra. En razón de las anteriores consideraciones, es forzoso para quien Juzga declarar que el ciudadano R.R.H. efectuaba una construcción ilegal, sobre un inmueble que no se correspondía con la autorización dada por la Dirección de Desarrollo Urbano de la Alcaldía de Nirgua, Estado Yaracuy, y así se decide. Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, actuando como Tribunal de alzada, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, decide: PRIMERO: Declara SIN LUGAR LA APELACION interpuesta por el abogado en ejercicio de su profesión R.R.R.G., inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 34.930, en su condición de apoderado judicial de la parte demandada R.R.H., contra la decisión dictada en fecha 17 de julio de 2009, por el Juzgado del Municipio Nirgua de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy. SEGUNDO: Se confirma la decisión dictada en fecha 17 de julio de 2009, por el Juzgado del Municipio Nirgua de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, mediante la cual Declara CON LUGAR LA SILICITUD (sic) DE CONSTRUCCIÓN ILEGAL incoada por el ciudadano M.J.J.P., quien estuvo representado por el abogado en ejercicio de su profesión B.R.N., contra los ciudadanos R.R.H., M.R.H. y CARMEN RODRÍGUEZ.”

Ante tal circunstancia precisa este juzgador analizar si tal declaratoria trae consigo que se considere ilegítima la posesión del accionante o si por el contrario, tal pronunciamiento produce otros efectos distintos.

A este respecto se citan algunas disposiciones de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, a saber:

Artículo 102.- Si un inmueble se destinare presuntamente a un uso contrario al que le corresponda conforme al plan o a la ordenanza de zonificación o si en dicho inmueble se realizaren construcciones ilegales, la Asociación de Vecinos o cualquier persona con interés legítimo, personal y directo podrá solicitar de un Juez de Distrito, Departamento o de equivalente jerarquía, según el caso, de la respectiva Circunscripción Judicial la paralización de las actividades y el cierre o clausura del establecimiento.

El interesado motivará suficientemente su solicitud y acompañará las evidencias que fueren pertinentes al caso. La Fiscalía General de la República podrá intervenir en el procedimiento a solicitud de la Asociación de Vecinos afectada.

Artículo 103.- Recibida la solicitud a que se refiere el artículo anterior, el Juez citará al ocupante del inmueble a objeto de que éste presente, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, original o copia certificada de los documentos o actas que evidencien la legalidad del uso dado al inmueble. Si no se evidenciare dicha legalidad y el Juez considerase que el destino dado al inmueble es contrario al plan o a la ordenanza de zonificación, deberá ordenar la paralización de las actividades o el cierre o clausura del establecimiento. De esta decisión podrá apelarse libremente ante el Juez de Primera Instancia en lo Civil quien deberá resolver en un plazo de diez (10) días hábiles.

El J. revocará la medida dictada cuando el interesado presentare original o copia certificada del documento o acto que evidencie la legalidad del uso dado al inmueble, sin perjuicio de los recursos administrativos o contencioso administrativos que puedan interponerse contra los actos relativos al caso.

Artículo 109.- Toda persona natural o jurídica que realice obras o actividades urbanísticas sin haber cumplido con las normas establecidas en esta Ley será sancionado de acuerdo a:

1 Cuando haya cumplido con las variables urbanas fundamentales, pero no haya dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 84 la autoridad urbanística local procederá a la paralización inmediata de la obra hasta tanto cumpla con los artículos 84 y 85 de la presente Ley. El interesado podrá continuar la obra una vez presentados los recaudos establecidos en la Ley y obtenida la constancia a que se refiere el artículo 85.

2 Cuando viole las variables urbanas fundamentales la autoridad urbanística local procederá a la paralización de la obra y a la demolición parcial o total de la misma, de acuerdo a las normas que haya incumplido. El responsable será sancionado con multa equivalente al doble del valor de la obra demolida. Sólo podrá continuar la ejecución del proyecto, cuando haya corregido la violación, pagado la multa respectiva y obtenido la constancia a que se refiere el artículo 85.

Artículo 110.- Las demás actividades contrarias a la presente Ley o a los planes de ordenación urbanística o de desarrollo urbano local darán lugar, según la gravedad de la falta, la naturaleza de la actividad realizada y la magnitud del daño causado a la aplicación de multas entre UN MIL BOLÍVARES (Bs. 1.000,00) y UN MILLÓN DE BOLÍVARES (Bs. 1.000.000,00). La administración en todo caso, deberá evaluar estas circunstancias, y aplicar la multa que sea pertinente, no estando autorizada a aplicar pura y simplemente, el término medio.

Si el daño causado es cuantificable económicamente, el monto de la multa se establecerá conforme a los mismos criterios anteriormente indicados, entre un veinte(20%) y un sesenta(60%) por ciento sobre el costo del mismo, previamente determinado por el organismo respectivo, siempre que la multa no resulte menor al monto de las multas antes indicadas.

Artículo 111.- Las multas a que se refieren los artículos anteriores serán aplicadas por las autoridades que tengan a su cargo el control de la ejecución de los planes o de las obras y su producto ingresará al patrimonio municipal o nacional según corresponda.

Artículo 117.- Las sanciones previstas en esta Ley serán aplicadas sin perjuicio de las consagradas en otras leyes y de las acciones civiles, administrativas o penales a que hubiere lugar. El procedimiento para la imposición de las sanciones previstas en esta ley podrán iniciarse a instancia de la autoridad urbanística nacional.

Así las cosas, de la lectura de las disposiciones supra citadas, este juzgador advierte que la declaratoria de ilegalidad de las construcciones dictada por el Juzgado del Municipio Nirgua de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, y confirmada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, no ordenó la paralización de las actividades o el cierre o clausura del establecimiento, sino que se limitó a dictaminar la ilegalidad de las construcciones.

Siendo el efecto de este tipo de declaratorias, los que emanan de la normativa mencionada, es decir, la paralización inmediata de la obra hasta tanto cumpla con los artículos 84 y 85 de la presente Ley. Pudiendo el interesado continuar la obra una vez presentados los recaudos establecidos en la Ley y obtenida la constancia a que se refiere el artículo 85. Y la paralización de la obra y a la demolición parcial o total de la misma, de acuerdo a las normas que haya incumplido. Multa equivalente al doble del valor de la obra demolida. Sólo podrá continuar la ejecución del proyecto, cuando haya corregido la violación, pagado la multa respectiva y obtenido la constancia a que se refiere el artículo 85. Estas multas serán aplicadas por las autoridades que tengan a su cargo el control de la ejecución de los planes o de las obras.

Es así como, este juzgador evidencia que el pronunciamiento de ilegalidad de la construcción trae como consecuencias las sanciones de ley, lo cual pudiera incluso arribar a la demolición de la obra por parte de la autoridad administrativa, ante quien se pueden ejercer además los recursos administrativos o contencioso administrativos que puedan interponerse contra los actos relativos al caso. Pero no comporta per se, la pérdida de la posesión, pues se trata de una situación que incluso pudiera eventualmente revertirse con la obtención de los permisos en cuestión.

Por lo que, concluye este jurisdicente que tal situación de derecho, no afecta la posesión legítima invocada por el actor en el presente juicio, ni distorsiona los presupuestos requeridos por la ley para que se materialice la posesión legítima, esto es: continua: cuando el poseedor ejerce actos regulares y sucesivos en la cosa; no interrumpida: cuando el ejercicio de la posesión no ha cesado, ni se ha suspendido por causa natural o civil; pacífica: cuando implica el mantenimiento de la posesión sin violencia, contradicción u oposición de otro sujeto; pública: cuando revela a la colectividad que el poseedor se ha comportado como un titular del derecho correspondiente; no equívoca: cuando no existen dudas sobre la intención de ejercer la posesión en nombre propio y no en concepto distinto del de titular del derecho poseíble; de tener la cosa como propia: cuando existe la intención de ejercer, de hecho, el contenido de derecho de propiedad o de otro derecho real poseíble, sin que la actuación del poseedor implique el reconocimiento de otra posesión de grado superior.

Por ende, la declaratoria de ilegalidad, deviene de la ausencia de permisos por parte de la autoridad administrativa y tiene como fin mantener el orden urbano y la defensa de la zonificación, más no lleva consigo la obtención de un pronunciamiento con matices civiles que impida el ejercicio o distorsione el derecho a la posesión sobre el bien en cuestión. Y así se declara.

En conclusión, en atención a la posesión legítima por más de un año sobre el bien objeto de la pretensión, así como la demostración de la ocurrencia de la perturbación, constituyen presupuestos procesales necesarios para que prospere la acción interdictal de amparo por perturbación, y que si bien, no existe límite alguno en cuanto a los medios de prueba para demostrar tanto el hecho posesorio como la perturbación, es bien conocido por el foro que el medio de prueba por excelencia en estos casos es la prueba testifical. Por tal motivo este juzgador reitera que se tiene por demostrada la perturbación por parte del querellado sobre las bienhechurías arriba descritas y la posesión legítima del accionante sobre el bien objeto de la pretensión, lo que inicialmente permitiría la procedencia de la demanda incoada.

A este respecto, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha veintiséis (26) días del mes de febrero de dos mil nueve, Exp. N.. 2008-000366, P. de la Magistrada ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ dictaminó:

La posesión indica poder de hecho, pero no un hecho simple, sino un hecho jurídico, al cual enlaza el ordenamiento normativo a importantes consecuencias jurídicas, entre las cuales la protección de ese status, al margen de que se conforme o no a un derecho subyacente, y la posibilidad de que, combinado al transcurso del tiempo, devenga en derecho definitivo sobre la cosa. El P. legítimo sin ser despojado de la posesión ejercida, sea tan sólo perturbado en su ejercicio, pueda solicitar judicialmente que se ponga fin a los actos de perturbación consumada, no a la mera tentativa o temor racional de sufrir la perturbación, que es cualquier hecho que modifique o restrinja el poder de hecho que ostenta el poseedor, o le cause algún otro perjuicio en orden a la actuación de la posesión sin privarle de ella.

La legitimidad de la posesión depende del cumplimiento de las condiciones expresadas en el artículo antes citado; es continua cuando el poseedor ejerce actos regulares y sucesivos en la cosa; no interrumpida cuando el ejercicio de la posesión no ha cesado, ni se ha suspendido por causa natural o civil; es pacífica cuando implica el mantenimiento de la posesión sin violencia, contradicción u oposición de otro sujeto; es pública cuando revela a la colectividad que el poseedor se ha comportado como un titular del derecho correspondiente; no equívoca cuando no existen dudas sobre la intención de ejercer la posesión en nombre propio y no en concepto distinto del de titular del derecho poseíble; de tener la cosa como propia cuando existe la intención de ejercer, de hecho, el contenido de derecho de propiedad o de otro derecho real poseíble, sin que la actuación del poseedor implique el reconocimiento de otra posesión de grado superior. Si la posesión no reúne totalmente las anteriores cualidades, deja de ser legítima y no sirve para solicitar su protección por la acción interdictal de amparo.

La acción de amparo se encamina a conservar el estado de derecho en que el poseedor se encuentra y para la procedencia de la acción es necesario, como ya se dijo, que se trate de una posesión legítima, pues la ley no concede protección, en principio, sino a esa clase de acción, por ser la única que puede dar nacimiento y consecuencia jurídicas, como expresamente lo requiere el artículo 782 del Código Civil.

En este sentido, es necesario realizar un análisis profundo del asunto sometido a consideración, pues sí bien es cierto el accionante demostró la posesión legítima del inmueble y específicamente de las bienhechurías parcialmente demolidas y parcialmente edificadas, así como la perturbación de que fue objeto su posesión pacífica en fecha 31 de julio de 2009 sobre esas bienhechurías (independientemente del derecho de propiedad del terreno), no menos cierto es que con posterioridad a ello, específicamente en fecha 11 de Agosto de 2009, se da la Orden de demolición por parte de la Dirección de Ingeniería Municipal de la Alcaldía del Municipio Nirgua del Estado Yaracuy, cursante a los folios 162 y 163 de la primera pieza, en la que la referida Dirección manifestó que había paralizado la demolición de las bienhechurías objeto de la pretensión, hasta tanto se aclarara la solicitud verbal realizada por el querellante de autos R.R.H., quien adujo el derecho de propiedad sobre el inmueble, y constatada la falsedad de tal hecho, la deficiente calidad de la edificación, la falta de permisos, el incumplimiento estructural de las variables urbanas y la peligrosidad para las personas y cosas en virtud de la parcial demolición, el poder público municipal ordenó la demolición de la estructura, para lo cual fijó el día 12 de agosto de 2009, esto se corroboró con la copia certificada de inspección Judicial con el N° 5074/09, de fecha 11 de agosto de 2009, que cursa a los folios 165 al 203 de la primera pieza, que se llevó a efecto el día 12 de agosto de 2009, en el que se constató que se encontraba un grupo de personas en el inmueble objeto de la pretensión específicamente rodeando la zona en que se encontraban las bienhechurías parcialmente demolidas, presente el apoderado del querellante de autos y a un lado el vehículo retro excavador y un vehículo monta carga, concluyendo este juzgador que en esa fecha se obstaculizó la demolición definitiva de las bienhechurías referidas ordenada por el ejecutivo municipal, hasta las 12:21 p.m., hora en que se retiró el tribunal.

No obstante, consta en autos a los folios 82 al 84 de la pieza 3 acta levantada por el Juzgado Ejecutor de Medidas del Municipio Nirgua, en fecha 05 de Mayo de 2010 en el marco de una medida de amparo a la posesión decretada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, a favor del aquí querellado, se procedió a la demolición de las bienhechurías objeto de la pretensión, es decir, se estaba amparando la posesión del demandado M.J.J.P., y con fundamento en tal amparo a la posesión se procedió en el marco de la medida a demoler lo que quedaba del inmueble poseído por el accionante de autos.

Ante tal hecho, el apoderado judicial del querellado manifestó en diligencia de fecha 10 de mayo de 2010, que tales hechos eran falsos y que la medida dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, recayó sobre un inmueble distinto con linderos diferentes, y que en consecuencia no se materializó ningún desacato, pero también advirtió que lo realizado no era otra cosa que el cumplimiento de la orden de demolición emanada de la autoridad administrativa municipal competente, y como se dijo anteriormente las bienhechurías que ordenó demoler la Municipalidad son precisamente las que demostró el querellante de autos que poseía legítimamente, siendo corroborado en fecha 14 de mayo de 2010 cuando se trasladó el tribunal al inmueble objeto de la pretensión, con la ausencia total de bienhechurías y escombros, de tal suerte que estamos en un escenario en el que se tuteló preliminarmente a través de un decreto de amparo a la posesión en sede cautelar, unas bienhechurías parcialmente derribadas y otras parcialmente construidas, pero que en el devenir del juicio fueron demolidas por el mismo querellado pero no mediante unas vías de hecho, sino en el marco de una medida cautelar dictada por otro juzgado de igual jerarquía al que aquí decide, que amparó la posesión del aquí querellado para lo cual comisionó al juzgado ejecutor competente, quien permitió en la práctica de la medida que el referido accionante (aquí querellado) realizará actos propios de posesión legítima, específicamente la demolición del inmueble, quien a su vez afirma actuó con apego a lo ordenado por el Municipio.

A este respecto, dentro de los principios rectores de los Actos Administrativos, resaltan el de ejecutividad y ejecutoriedad, a saber:

La ejecutividad es aquella virtud de la cual, los actos administrativos definitivamente firme, es decir, los agotaron la vía administrativa producen los efectos perseguidos por su emanación. La ejecutividad es la idoneidad del acto administrativo para obtener el objetivo para el cual ha sido dictado. La ejecutividad propiamente dicha esta constituida por la condición especial de estos actos cuya eficacia implica actuaciones de operaciones materiales de ser cumplidos por el propio órgano que lo dictó o por cualquier otro órgano actuante dentro de la esfera administrativa. El artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece expresamente la ejecutividad de los actos administrativos por cuanto de su redacción se evidencia que la misma es la condición propia de los actos de ejecución.

La ejecutoriedad por su parte es un principio que implica una cualidad más específica, ella es igualmente una condición relativa de eficacia del acto, pero solo de los actos, capaces de incidir en la esfera jurídica de los particulares imponiéndole cargas tanto reales como personales, de hacer, de dar o abstenerse. Lo relevante de la ejecutoriedad es que la administración puede obtener el cumplimiento del ordenado aún en contra de la voluntad del administrado y sin necesidad de recurrir a los órganos jurisdiccionales, así lo establece el artículo 78 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. La disposición anterior se complementa con la necesidad de la efectiva notificación del acto y este efecto el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos así lo señala.

La ley establece los medios a través de los cuales se hace efectiva la ejecución distinguiendo los siguientes casos:

- Si la carga interpuesta es una prestación de hacer susceptible de ejecución indirecta, la administración procede a efectuarla bien por si misma o bien designando un tercero y cargará los gastos y costas al obligado.

- Si se trata de una carga personal que no admite la sustitución del obligado por un tercero, la ley establece como medio la llamada coacción indirecta mediante multas.

En conclusión los actos administrativos son ejecutivos y ejecutorios, según lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por lo que a menos que medie una suspensión decretada por vía judicial, deben ser ejecutados inmediatamente y que tal criterio ha sido asumido por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 2683 del 13-11-2001 (caso M.A.T..

Asimismo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencias N° 2122 del 2-11-2001 y N° 2569 del 11 de diciembre de 2001 (caso: Regalos Coccinelle C.A.), estableció que el acto administrativo tiene que ser ejecutado forzosamente por el órgano emisor, esto es, a través de sus funcionarios o valiéndose de la colaboración de los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado.

Además constituye un principio indiscutible en el derecho administrativo la circunstancia de que el órgano que dictó el acto puede y debe el mismo ejecutarlo, recogido como principio general en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

En este sentido, este juzgador no puede convalidar lo esgrimido por el querellado de autos, en el sentido que se encontraba materializando la ejecución del acto administrativo emanado del Ejecutivo Municipal, que ordenó la demolición, pues tal actuación no es propia del mismo, y el acto de demolición consta en autos se había fijado para el 12 de agosto de 2009, donde únicamente se le requirió al aquí querellado prestara colaboración en relación a la maquinaria, equipo y personal requerido para la demolición, sin embargo la demolición consta en autos se materializó en otro escenario, es decir, sin la presencia del ejecutivo municipal y en el marco de una medida de amparo a la posesión decretada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, a favor del aquí querellado, y ejecutada por el Juzgado Ejecutor de Medidas del Municipio Nirgua de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy.

Ahora bien, en atención a lo expuesto, es de hacer notar que si bien es cierto en este expediente se tuteló y amparó la posesión del querellante, tanto por el juez actuante E.C. en fecha 14 de Agosto de 2009, actuación que comparte plenamente este juzgador, como el juez L.H.M., en fecha 01 de Junio de 2010, fecha en que dictó medida complementaria de amparo a la posesión. Lo cierto es que para la fecha actual las bienhechurías objeto de posesión legítima no existen, pues fueron derribadas tal como se desprende de los folios 82 al 84 de la pieza 3, en la que consta acta levantada por el Juzgado Ejecutor de Medidas del Municipio Nirgua, en fecha 05 de Mayo de 2010 en el marco de una medida de amparo a la posesión decretada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, a favor del aquí querellado, se procedió a la demolición de las bienhechurías objeto de la pretensión, es decir, se estaba amparando la posesión del demandado M.J.J.P., y con fundamento en tal amparo a la posesión se procedió en el marco de la medida a demoler lo que quedaba del inmueble poseído por el accionante de autos.

Por ende, como antes se advirtió estamos en un escenario en el que se tuteló preliminarmente a través de un decreto de amparo a la posesión en sede cautelar, unas bienhechurías parcialmente derribadas y otras parcialmente construidas, pero que en el devenir del juicio fueron demolidas por el mismo querellado pero no mediante unas simples vías de hecho, sino en el marco de una medida cautelar dictada por otro juzgado de igual jerarquía al que aquí decide, que amparó la posesión del aquí querellado para lo cual comisionó al juzgado ejecutor competente, quien permitió en la práctica de la medida que el referido accionante (aquí querellado) realizará actos propios de posesión legítima, específicamente la demolición del inmueble, siendo que además en el presente expediente no constan la totalidad de las actuaciones ejecutadas en el expediente en cuestión, ni la decisión que en el mismo se haya podido dictar, y aunque constaran en autos, no puede este juzgador cuestionar en el marco de este procedimiento interdictal lo actuado por otro juzgado en un procedimiento de idéntica naturaleza, sino que correspondería en todo caso al interesado activar los recursos dispuestos en el ordenamiento jurídico. Por lo que, se insiste las bienhechurías poseídas por el actor y sobre las cuales se demostró la perturbación realizada en fecha 31 de julio de 2009 por el querellado han desaparecido, por ende no existe posesión que tutelar.

En relación a las actuaciones jurisdiccionales, y la posibilidad de incoar interdictos contra las mismas, afirma el tratadista E.N.A. (1994), en su obra “La Posesión y El interdicto, lo siguiente:

…se parte de la base que toda actuación de un tribunal –más allá de la justeza o no de la medida- está legitimado por cuanto lo hace un órgano de la administración pública que está destinado para tales funciones; pero se ha abierto en doctrina una discusión de aquellos casos en los cuales no hay ilegitimidad por cuanto el tribunal lo hace dentro de su competencia y en función jurisdiccional, amen que la parte afectada no ha sido participe de los hechos que originan la disputa jurídica, se supone entonces que tiene el derecho de querellarse cuando la medida que le ha perjudicado en su derecho posesorio se deriva de una actuación de jurisdicción voluntaria…

El autor supra citado, advierte que en líneas generales no es admisible el interdicto contra una medida judicial, pero que excepcionalmente podría tramitarse contra entregas materiales y deslindes, pues se trata de procedimientos en jurisdicción voluntaria. Como sustento de sus dichos, el autor referido cita jurisprudencia de vieja data, específicamente de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de fecha 13 de diciembre de 1979, con ponencia del Magistrado J.R.D.S., en la que se dictaminó:

La doctrina de la Corte contenida en la sentencia del 2 de junio de 1965, según la cual no procede el interdicto contra medidas judiciales, no es aplicable cuando se trate de la entrega material de bienes vendidos, contrariamente a lo que estableció en el fallo del 11 de febrero de 1969 y por consiguiente, si hay lugar a proponer una acción interdictal restitutoria, cuando el poseedor ha perdido la posesión como consecuencia de una entrega material.

Es así, como este juzgador constata que la generalidad es que el interdictó proteja al poseedor legítimo de los actos perturbatorios ejecutados ilícita o clandestinamente, pero no proceden contra medidas judiciales, motivo por el cual la demolición que se patentó contra las bienhechurías objeto de posesión en el marco de la medida preventiva (en la querella interdictal por perturbación) ejecutada por el Juzgado Ejecutor de Medidas del Municipio Nirgua, en fecha 05 de Mayo de 2010 en virtud del amparo a la posesión decretado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, a favor del aquí querellado, amparando la posesión del aquí demandado M.J.J.P., no puede constituir un nuevo acto perturbatorio a la luz de los preceptos antes discutidos, sino que se trata de una actuación que se encuentra enmarcada en el escenario jurisdiccional que no puede ser cuestionada por este juzgador, en consecuencia, la destrucción y consecuente desaparición del objeto de la posesión discutida en el presente juicio, que además no puede catalogarse como dolosa del querellado en tanto se concretó en el marco de una actuación jurisdiccional, trae como consecuencia que se produzca una inadmisibilidad sobrevenida de la querella interdictal de amparo, pues ya no existe posesión que tutelar, en tanto y en cuanto las bienhechurías desaparecieron, sin perjuicio de las acciones que en relación a la propiedad y en el marco del juicio ordinario se puedan generar entre las partes de esta querella, recordando que estos procedimientos interdictales se caracterizan por no producir cosa juzgada material, por lo que siempre podrán las partes discutir sus derechos de propiedad en juicio autónomo. Y así se declara.

-IV-

DISPOSITIVA

Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECLARA: PRIMERO: La INADMISIBILIDAD sobrevenida de la querella interdictal de amparo interpuesta por el Abogado R.R.R.G., Inpreabogado N° 34.930, actuando en representación del finado R.R.H., español, mayor de edad, titular de la Cédula de identidad N° E-264.680, sustituido en juicio a raíz de su muerte por la ciudadana C.E.R.N., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V.-11.646.451 y por los herederos desconocidos del de cujus, contra el ciudadano M.J.J.P., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V.- 13.696.808, en virtud de la desaparición del objeto de la posesión discutida en el presente juicio, que devino de una actuación realizada en sede jurisdiccional, SEGUNDO: Se suspende la cautelar de amparo a la posesión decretada en fecha 14 de agosto de 2009, TERCERO: Se suspende la medida complementaria de amparo a la posesión decretada en fecha 01 de Junio de 2010, CUARTO: No hay condenatoria en costas en virtud de la naturaleza del fallo.

Se deja constancia que la presente decisión se dictó al sexto día de despacho siguiente al vencimiento del lapso de diferimiento, por lo que se ordena la notificación de la sentencia mediante boletas dirigida a las partes, conforme lo dispuesto en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil.

Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, a los veintiún (21) días del mes de Marzo del año dos mil trece (2013). Años 202° de la Independencia y 153° de la Federación.-

El Juez,

Abg. C.C.H..

La Secretaria,

Abg. J.J.P.

En esta misma fecha se publicó la sentencia anterior, siendo las 10:05 a.m.-

La Secretaria,

CCH

Exp. 14.418.-