Decisión nº 2406 de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de Cojedes, de 1 de Noviembre de 2011

Convino que en fecha 9 de marzo de 1971contrajo matrimonio civil por ante la Prefectura del Distrito San Carlos estado Cojedes, con la ciudadana E.D.C.A., venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-3.137.816 (sic) –lo correcto es: V.-4.100.488-.

Convino que en fecha 24 de enero de 1963 contrajo matrimonio con la ciudadana C.E.I., venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad V.-3.137.816.

Finalmente convino que se declare con lugar la presente NULIDAD DE MATRIMONIO y solicitó así sea declarada.

8. Que existiendo una causal de impedimento de Matrimonio de las expresadas en el artículo 50 del Código Civil, puede ser solicitada su anulación de conformidad con el artículo 122 eiusdem.

4. Acervo probatorio y valoración.-

   IV.1.- Parte demandante. Promovió las siguientes pruebas junto al libelo de la demanda:

   4.1.1.- Copia Certificada del Acta de Matrimonio Civil celebrado entre los ciudadanos D.F. y E.D.C.A., emanada del registro Civil Municipal de la parroquia San C.d.A., municipio San Carlos del estado Cojedes, signada con el número 36 del libro correspondiente al año 1971, marcada con la Letra “A” e inserta al folio tres (3).

   4.1.2.- Copia Certificada del Acta de Matrimonio celebrado entre los ciudadanos D.F. y C.E.I.G., emanada por el Departamento Municipal de registro Civil de las Parroquias Salom y Unión del municipio Puerto Cabello del estado Carabobo, signada con el número 3 del libro correspondiente al año 1963, anexo marcado con la letra “B” e inserta a los folios cuatro (4) al siete (7).

   Las indicadas probanzas por constituir copias certificadas de Actas del Estado Civil expedidas por los funcionarios competentes para ello, son copias fidedignas de sus originales que reposan en lo Libros respectivos llevados por esas oficinas públicas, considerados auténticos, por lo que, conforme a las reglas valorativas contenidas en los artículos 457, 1357 y 1384 del Código Civil, tienen pleno valor probatorio para determinar que el ciudadano D.F. contrajo nupcias en dos oportunidades, una primera y remota con la ciudadana C.E.I.G., en fecha veinticuatro (24) de enero del año 1963 y uno posterior, con la ciudadana E.D.C.A., en fecha nueve (9) de marzo del año 1971, sin haberse disuelto el vínculo anterior. Así se analiza.-

   IV.2.- Parte demandada. Promovió las siguientes pruebas junto al escrito de contestación de la demanda:

   4.2.1.- Copia Certificada de la Sentencia Definitiva proferida en fecha diecisiete (17) de marzo de 2009, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la circunscripción judicial del estado Carabobo en la Solicitud de Divorcio 185-A signada con el Nº 53.239 (nomenclatura interna de ese Despacho), formulada por los ciudadanos D.F. y C.E.I.G., marcada con la letra “A” e inserta a los folios treinta y uno (31) al treinta y seis (36).

   La indicada probanza por ser copia certificada de un documento público contenido en la citada sentencia, se aprecia en todo su valor probatorio para dar por demostrado que el vínculo civil de Matrimonio que unía a los ciudadanos D.F. y C.E.I.G., fue disuelto en fecha diecisiete (17) de marzo de 2009 y ejecutada en fecha trece (13) de abril de 2009, conforme a las reglas valorativas contenidas en los artículos 1384 del Código Civil en concordancia con el artículo 112 del Código de Procedimiento Civil. Así se valora.-

5. Consideraciones para decidir.-

   Siendo la oportunidad procesal para que este Órgano Subjetivo Institucional Pro Tempore Ex Necesse (Por el tiempo que sea necesario), se pronuncie acerca de la presente demanda, considera necesario hacer algunas consideraciones, las cuales pasa a realizar seguidamente:

   Acerca de la competencia para conocer de la presente demanda, debe observarse que las partes son ambas mayores de edad y alegaron no tener hijos menores de edad (niñas, niños u adolescentes), precisando que fijaron su domicilio conyugal en la ciudad de San Carlos del estado Cojedes, pretendiendo la actora la nulidad del Matrimonio que dice celebró con el demandado, quien anteriormente estaba ya casado, con lo cual, se toca materia de Estado Civil en esta causa, razón por la cual, resulta competente para conocer de la misma este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la circunscripción judicial del estado Cojedes, conforme a lo establecido en el artículo 27 del Código Civil, que instituye que el domicilio es donde tiene la persona el asiento principal de sus intereses en concordancia con los artículos 28 y 40 del Código de Procedimiento Civil que establecen el primero, la competencia por la materia (Civil) y el segundo, por el territorio, el cual está determinado en el caso de derechos personales en el lugar del domicilio de las partes. Así se declara.-

   Declarada la competencia de este órgano jurisdiccional para conocer de la presente demanda por la materia y el territorio, pasa este órgano subjetivo judicial a resolver el siguiente punto previo acerca de la acumulación de causas solicitada por el demandado, precisando que cursa ante este tribunal signado con el número 5407, un juicio contentivo del Divorcio contencioso intentado por el ciudadano D.F., parte demandada en este proceso, en contra de la hoy demandante, ciudadana E.D.C.A.D.F., ambos identificados en actas, observándose que ambas pretensiones poseen diferentes procedimientos, pues, la presente, se rige por el procedimiento ordinario contemplado en el artículo 338 del Código de Procedimiento Civil, mientras, el de Divorcio contencioso de rige por el procedimiento establecido en el artículo 754 eiusdem y siguientes.

   En ese sentido, el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, establece:

   Artículo 78. No podrán acumularse en el mismo libelo pretensiones que se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí; ni las que por razón de la materia no correspondan al conocimiento del mismo Tribunal, ni aquellas cuyos procedimientos sean incompatibles entre sí. Sin embargo, podrán acumularse en un mismo libelo dos o más pretensiones incompatibles para que sean resueltas una como subsidiaria de otra siempre que sus respectivos procedimientos no sean incompatibles entre sí

   (Negrillas y subrayado de esta instancia).

   Así las cosas, considera éste Tribunal que la petición de acumulación de causas planteada por la demandante, es Improcedente, por cuanto, de conformidad con el citado artículo 78, no está legalmente permitida la concentración, en los casos en que las pretensiones poseen procedimientos incompatibles entre sí, para su trámite. Así se declara.-

   Resueltos los puntos previos de derecho anteriores, pasa este jurisdicente antes de pronunciarse al fondo de la presente controversia, a realizar algunas consideraciones acerca de la Nulidad del Matrimonio, establecida en los artículos 117 al 130, Capítulo IX, Título IV (Del Matrimonio) del Libro Primero (De las personas), del Código Civil venezolano del año 1942 con su reforma parcial del año 1982, de la siguiente manera:

   Artículo 117. La nulidad del matrimonio celebrado en contravención a los artículos 46, 51, 52, 55 y 56, puede demandarse por los mismos cónyuges, por sus ascendientes, por el Síndico Procurador Municipal y por todos los que tengan interés actual

   .

   Las mismas personas pueden impugnar el matrimonio autorizado por un funcionario incompetente o sin asistencia de los testigos requeridos

   .

   Transcurrido un año de la celebración del matrimonio, no se admitirá la demanda de nulidad por la incompetencia del funcionario que lo presenció o por inasistencia de los testigos requeridos

   (Negrillas y subrayado de esta instancia).

   Al respecto, el autor patrio Dr. E.C.B. en su obra Código Civil Venezolano (pp.120-122; 2004), comenta el supra trascrito artículo, definiendo la nulidad de matrimonio y explicando las causales de nulidad y anulabilidad de esa institución civil, así:

   Se entiende matrimonio nulo aquél que adolece en su formación de la falta de un elemento esencial para realizarlo

   .

   Cinco son los casos de nulidad absoluta del matrimonio:

   1. El celebrado por personas que padecen habitualmente de enfermedad mental, aunque tengan intervalos de lucidez. Si el enfermo mental recobra la plenitud de sus facultades, el matrimonio ya no será nulo, sino simplemente anulable

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   2. El de los sordomudos que no supieren expresar su voluntad de manera indubitable. Recordemos que estos son incapaces absolutos de ejercicio. Ese estado constituye un impedimento absoluto.

   3. El matrimonio de los casados. Produce bigamia. La acción es imprescriptible y corresponde ejercitarla o al Ministerio Público o a quien tenga legítimo interés.

   4. El matrimonio de los que no pueden contraerlo entre sí (Art. 51) y son los consanguíneos o afines en línea recta; colaterales hasta el tercer grado por consaguinidad o afines en 2º grado colateral; el condenado como el reo o cómplice de homicidio ejecutado, frustrado o intentado contra uno de los cónyuges, y el otro cónyuge. Con relación a la consaguinidad, es típicamente nulo el matrimonio entre hermanos, pero el matrimonio entre tíos y sobrinos no es típicamente nulo, pues, puede ser confirmado si después de contraído se obtiene la dispensa del impedimento (Art. 65).

   5. Finalmente, es nulo, el celebrado sin la intervención del funcionario competente”.

   Efectos del Matrimonio Nulo. No produce ninguno, pues, se considera como no realizado. Los esposos se consideran como concubinos y los hijos extramatrimoniales; hay sin embargo, una excepción importante, es la del matrimonio putativo, o sea, que aunque declarado nulo produce ciertos efectos en cuanto a los hijos y cónyuges de buena fe. La buena fe consiste en la ignorancia del impedimento por parte de uno de los cónyuges; Ej. Casarse ignorando la relación del parentesco con el otro cónyuge, o creyendo que su cónyuge ha muerto o ignorando la prohibición legal de casarse entre parientes. En este caso de buena fe, los hijos se reputan intramatrimoniales

   .

   Casos de Nulidad Relativa en Matrimonio. Es relativamente nulo el matrimonio al que le falta algún elemento o requisito no esencial. Cuatro son estos casos:

   1. El de los menores de edad; pero deviene en válido desde cuando el menor alcanza la edad legal o la mujer está en estado grávido;

   2. Imposibilidad física, anterior al matrimonio, para realizar el coito;

   3. Incapacidad mental pasajera;

   4. Error, la violencia y la intimidación. El Juez apreciará, sobre todo en el caso del error, si éste justifica la anulación del matrimonio. En cuanto a la violencia es anulable el matrimonio contraído bajo la amenaza de un mal inminente para la vida o la salud del propio contrayente o de sus ascendientes o descendientes. La acción solo le compete al cónyuge perjudicado

   .

   Efectos de la nulidad relativa del matrimonio. Los hijos nacidos del matrimonio anulado se consideran extramatrimoniales. La mujer dejara de usar el nombre de su marido. El derecho hereditario desaparece, aun cuando la nulidad se declare estando vivo el cónyuge

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   La mujer cuyo matrimonio se haya anulado debe sin embargo, esperar el plazo de viudez para volver a casarse. El juez fijará el régimen de la patria potestad de los hijos. El cónyuge culpable será tratado como el cónyuge divorciado culpable; hay analogía en este sentido entre la anulabilidad y el divorcio, diferenciándose en que por el primero se declara insubsistente el vinculo y por el segundo se extingue

   .

   Diferencias entre la nulidad absoluta y relativa del Matrimonio. Las causales de nulidad son más graves, de orden público; cualquiera puede pedir la nulidad, mientras que las causales de anulabilidad son menos graves y de orden privado y sólo la pueden pedir determinadas personas. Los matrimonios anulables o de nulidad relativa pueden convalidarse, no así los nulos

   (Negrillas de la obra citada).

   Así las cosas, observa este jurisdicente, que la doctrina distingue dos tipos de nulidad del Matrimonio, la Nulidad Absoluta que es de orden público, que puede ser alegada por cualquier persona y no es convalidable de forma alguna, pues se tiene como no realizado y no produce efecto alguno, considerándose a los esposos como concubinos y los hijos como extramatrimoniales (lo cual no le resta derechos a los hijos como legítimos a la luz de la reforma del Código Civil de 1982, norma más favorable que debe ser aplicada retroactivamente, consideraciones que se realizarán aparte infra en este fallo respecto al caso de marras), salvo en los casos de matrimonio putativo, que surte efectos respecto al cónyuge de buena fe y los hijos; y, la Relativa o Anulabilidad, que sólo puede ser peticionada por las personas llamadas por la Ley a ello y puede ser convalidable, teniendo entre sus efectos, que los hijos nacidos de esa unión se consideran extramatrimoniales, la mujer deberá dejar de usar el apellido de quien era su esposo y su derecho hereditario desaparece; igualmente, la mujer cuyo matrimonio ha sido anulado debe esperar el plazo de viudez para volver a contraer nupcias, debiendo el juez fijar el régimen de patria potestad de los hijos y el cónyuge culpable será tratado en igualdad de condiciones que el cónyuge vencido en juicio de Divorcio. Así se analiza.-

   En el caso bajo estudio, se constata que la demandante alega como causal de nulidad de su Matrimonio la vulneración del artículo 50 del vigente Código Civil de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que “No se permite ni es válido el matrimonio contraído por una persona ligada por otro anterior, ni el de un ministro de cualquier culto a quien le sea prohibido el matrimonio por su respectiva religión”, conforme al artículo 122 eiusdem que precisa:

   Artículo 122. La nulidad del matrimonio celebrado en contravención al primer caso del artículo 50, puede declararse a solicitud de los cónyuges inocentes de ambos matrimonios, de los ascendientes de éstos, como de los del cónyuge culpable, de los que tengan interés actual en ella y del Síndico Procurador Municipal. Si los nuevos cónyuges o cualquiera de los interesados, sostuvieren la invalidez del matrimonio anterior, deberá decidirse sobre la validez o invalidez de ambos matrimonios en un mismo expediente

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   En el caso de este artículo, el matrimonio contraído por el cónyuge de un presunto o declarado ausente, no puede atacarse mientras dure la ausencia

   .

   Si la nulidad fuere por contravención al segundo caso del artículo 50, podrá declararse a solicitud de la esposa, de los ascendientes de ambos cónyuges, de los que tengan interés legítimo y actual en ella, del Síndico Procurador Municipal y del correspondiente Prelado

   .

   Por ello se constata, que la supuesta causal de Nulidad pertenece a las indicadas por la doctrina citada como Absoluta, pues, es de orden publico y configura el delito de Bigamia, siendo los legitimados activos cualquier interesado y el Ministerio Público, con lo cual, se verifica que, al haber sido intentada la acción por la ciudadana E.D.C.A., quien contrajo el vínculo civil de Matrimonio con el demandado en fecha nueve (9) de marzo del año 1971, está debidamente legitimada para intentar la presente acción y su interés es evidente en el decreto de tal nulidad. Así se comprueba.-

   Entonces, al analizar el fondo de la pretensión se observa, que la demandante alegó que contrajo matrimonio con el demandado D.F. y que “Omissis… posteriormente a la celebración de dicho matrimonio, me entere (sic) que mi cónyuge se había casado anteriormente, con la ciudadana: C.E.I.G., …omissis” (F.2), tal hecho fue aceptado por el demandado en su escrito de contestación a la demanda en fecha diecisiete (17) de marzo del año 2011, donde conviene en los hechos de los cuales hay constancia en actas respecto a la celebración de ambos matrimonios, el primero en fecha veinticuatro (24) de enero del año 1963 con la señora C.E.I.G., ante la Prefectura del anterior municipio Salom, extinto Distrito Puerto Cabello del estado Carabobo, hoy, parroquia Salom y Unión del municipio Puerto Cabello del estado Carabobo y el segundo, con la accionante, en fecha nueve (9) de marzo del año 1971, ante la Prefectura del extinto Distrito San Carlos del estado Cojedes. Igualmente, conviene en la nulidad del acta levantada al efecto en sus segundas nupcias (F.29). Así se constata.-

   En lo concerniente al Convenimiento el Código de Procedimiento Civil Venezolano establece en los artículos 263 al 264 del Libro Primero (Disposiciones Generales), Título V (De la terminación del proceso), Capítulo III (Del Desistimiento y del convenimiento), las normas que regulan el desistimiento, expresando que:

   Artículo 263. En cualquier estado y grado de la causa puede el demandante desistir de la demanda y el demandado convenir en ella. El Juez dará por consumado el acto, y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria

   .

   El acto por el cual desiste el demandante o conviene el demandado en la demanda, es irrevocable, aun antes de la homologación del Tribunal

   .

   Artículo 264. Para desistir de la demanda y convenir en ella se necesita tener capacidad para disponer del objeto sobre que verse la controversia y que se trate de materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones

   (Negrillas y subrayado de esta instancia judicial).

   En lo tocante a la norma legal contentiva del Convenimiento, nuestro autor patrio, oriundo del estado Cojedes, A.B. en su obra Comentarios al Código de Procedimiento Civil Venezolano (Tomo II, p.263; 1973), manifiesta respecto al artículo 205 del derogado Código de Procedimiento Civil de 1916, el cual en su redacción poseía diferencias de forma con la actual norma contemplada en el artículo 263 de la vigente legislación adjetiva civil, mantenía el mismo espíritu de fondo, observamos que el derogado artículo 205 establecía que:

   “Artículo 263. En cualquier “estado del juicio” (estado y grado de la causa) puede el demandante desistir de “su acción” (la demanda) y el demandado convenir en “la demanda” (ella). El Juez dará por consumado el acto, y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria” (Nota de este sentenciador: Sustitúyase las palabras o frases en comillas por las que se encuentran dentro del paréntesis y obtendrá la actual redacción del artículo 263”.

   “El acto por el cual desiste el demandante “de su acción” -no fue agregada esta frase en la actual redacción- o conviene el demandado en la demanda, es irrevocable, aun antes de la homologación del Tribunal” (Nota de este sentenciador: obvie la frase o palabras en comillas y obtendrá la actual redacción del artículo 263).

   En virtud de que el espíritu de la indicada norma permanece incólume ya que se refiere a diferenciaciones de términos y estatus procesales en su encabezado y, de simple redacción en su primer aparte, consideramos pertinentes los comentarios realizados por Borjas en su indicada obra al precisar (pp.265-266):

   “SE IDENTIFICA CON LA CONFESIÓN JUDICIAL. EL ACTO POR EL CUAL SE DESISTE DE LA ACCION O SE CONVIENE EN LA DEMANDA.

   I.- Contráese esta disposición al desistimiento de la acción hecho por el demandante, y a la de sus excepciones o defensas hechas por el demandado. Cuando el uno, al demandar, y el otro, al convenir en la demanda, hacen uso libremente de un derecho suyo, y no obran en obedecimiento a indeclinables prescripciones de ley, ni sometidos a formalidades renunciables, es evidente que pueden separarse de la acción o renunciar a la excepción con la misma libertad con que puede disponer todo propietario de los derechos y acciones que le pertenecen. La declaratoria que dichas partes hagan en juicio desistiendo de la acción o conviniendo en la demanda, equivale a una confesión judicial, por medio de la cual reconocen el derecho del adversario y la propia sinrazón; y al manifestarla cualquiera de los litigantes, obra en uso de las garantías constitucionales de la propiedad y de la libertad individual, haciendo de lo suyo el uso que le ha parecido mejor, y ejecutando un acto que no le está prohibido por la ley

   .

   Y como tal declaratoria procede en cualquier estado del juicio, haya o no recaído sentencia, sea cual fuere la instancia en que curse el proceso, y su eficacia jurídica es idéntica a la de la cosa juzgada, porque ella sustituye a las decisiones que hubieren recaído con anterioridad y las dejan sin efecto alguno, como si el procedimiento hubiese existido, es natural que el legislador trate de esta especie de confesión judicial en la misma oportunidad en que lo hace de la perención y del desistimiento de la instancia

   .

   Omissis…

   “COMO DEBEN EFECTUARSE DICHOS ACTOS, HAN DE CONSTAR EN EL EXPEDIENTE EN FORMA AUTENTICA. HAN DE SER HECHOS PURA Y SIMPLEMENTE.

   III. —Dos condiciones son requeridas para que el Juez pueda dar por consumado el acto de desistir el demandante en su acción o de convenir en la demanda el demandado: 1ª, que conste en el expediente en forma auténtica; 2ª, que tales actos sean hechos pura y simplemente, sin términos, condiciones, ni modalidades de ninguna especie

   .

   Es lógico que el Juez no pueda tener por consumado un acto que no haya sido elevado directamente a su conocimiento; y como en nuestro procedimiento todos los juicios son escritos, y todas sus actuaciones deben constar en el expediente respectivo, la declaratoria de desistimiento o de convenio debe hacerse por medio de escrito presentado personalmente por la parte que lo suscriba, o por diligencia ante el Secretario o acta ante el Tribunal, pero de ninguna manera porque dicha declaratoria aparezca de un acto extrajudicial, aun cuando ello conste de documento público. No nos parece que la expresada manifestación requiera ninguna otra formalidad para que el Juez la tenga por efectuada, y para que se proceda como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. La ley no exige, como lo hace respecto de la conciliación, que se levante acta ante el Tribunal, y así lo tiene decidido, con fundamento a nuestro juicio, la Corte Federal y de Casación2

   .

   Los términos del artículo 205, al disponer que >, y que ello tendrá fuerza de sentencia ejecutoria sin necesidad de consentimiento de la parte contraria, evidencia que el litigante que conviene o desiste debe limitarse a declararlo pura y simplemente, porque si ello fuese de otro modo, la ley aparecería sancionando el absurdo de que pudiera la sola voluntad de una de las partes obligar a la otra, al imponer condiciones para desistir de sus reclamos, o al alterar de algún modo los pedimentos del libelo de la demanda para convenir en ellos. Ese desistimiento o ese convenio sujetos a estipulaciones no sería el acto unilateral que considera el citado artículo que estamos comentando, sino una transacción judicial que, por lo menos en cuanto a costas, produciría entre los litigantes efectos diferentes de los del desistimiento o del convenio puro y simple

   .

   En el mismo orden de ideas, el artículo 363 eiusdem establece que “Si el demandado conviniere en todo cuanto se le exija en la demanda, quedará ésta terminada y se procederá como en cosa juzgada, previa la homologación del convenimiento por el Tribunal”, siendo precisa la doctrina al equiparar a dicho convenimiento, con la confesión judicial contemplada en los artículos 1401 y 1404 del Código Civil, la cual es plena prueba en contra del demandado cuando este posee capacidad para obligarse en el asunto debatido, conforme al artículo 1405 ídem, no evidenciándose de actas que el demandado D.F., posea una disminución en su capacidad al momento de Convenir en lo peticionado por la demandante E.D.C.A., tomando en consideración la opinión del Ministerio Público de fecha cuatro (4) de mayo de 2011, que solicita se decida la causa valorando la admisión de los hechos realizados por el demandado, la cual es cónsona con el contenido de las actas de Matrimonio cursantes en actas y debidamente valoradas, al haber confesado de forma pura y simple, sin condición alguna los hechos, no obstante, debe este jurisdicente acotar que el demandado no puede convenir en esta causa por estar vedado este tipo de situaciones en casos como el presente, regulado por normas de orden público que no pueden ser relajadas por las partes y que en caso de estado civil preexistente debe ser demostrado mediante la prueba idónea que es la documental y no la confesión, no obstante, esta ultima debe ser valorada respecto a los hechos que no deban constar expresamente en dichos instrumentos auténticos (Acta de Matrimonio). Así se advierte.-

   De manera pues, que demostrada mediante prueba fidedigna la violación del artículo 50 del Código Civil por parte del demandado, en consecuencia, debe este órgano subjetivo institucional judicial declarar la Nulidad del Matrimonio celebrado entre los ciudadanos D.F. y E.D.C.A., en fecha nueve (9) de marzo del año 1971, emanada de la Prefectura del extinto Distrito San Carlos del estado Cojedes, asentada con el número 36 del libro correspondiente al año 1971 y así lo hará expresamente en el dispositivo del presente fallo. Así se decide.-

   Respecto a los efectos de dicha sentencia, se entiende que el Matrimonio anulado nunca existió, no obstante, al verificarse de actas el alegato de la accionante de desconocer el impedimento, hecho en el que convino el demandado de forma genérica, pura y simple, confesión que no puede dividirse a tenor del artículo 1404 del Código Civil, hace existir una presunción de buena fe respecto de la cónyuge contrayente no incursa en la causal de nulidad del matrimonio, conforme al artículo 127 del Código Civil que establece:

   Artículo 127. El matrimonio declarado nulo produce efectos civiles, tanto respecto de los cónyuges como respecto de los hijos, aun nacidos antes del matrimonio, si ha sido contraído de buena fe por ambos contrayentes

   .

   Si sólo hubo buena fe de uno de los cónyuges, el matrimonio surte efectos civiles únicamente en favor de él y de los hijos

   .

   Si hubo mala fe de ambos cónyuges, el matrimonio sólo produce efectos civiles respecto de los hijos

   (Negrillas y subrayado de esta instancia judicial).

   En ese sentido, es importante establecer que la buena fe en nuestro sistema de justicia debe presumirse, tal como se contempla la Inocencia como un principio constitucional contemplado en el artículo 49.2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, salvo prueba en contrario, por lo que, no existiendo prueba en contrario de la buena fe de la demandante, ciudadana E.D.C.A., el Matrimonio válido produce efectos civiles, considerándose en consecuencia, tal como lo precisa el autor patrio Dr. V.L.G. en su obra Tratado Elemental de Derecho Civil Venezolano (T.I, p.131; 1981), como un Matrimonio Putativo a los efectos patrimoniales correspondientes establecidos en los artículos 141 al 183 del Código Civil, lo referente a las Donaciones contempladas en el artículo 1450 del Código Civil y los derechos sucesorios, desde el momento en que se contrajo el Matrimonio Nulo hasta la fecha de la presente declaratoria de Inexistencia. Así se declara.-

   En lo tocante al cónyuge que incurrió en la causal de nulidad, ciudadano D.F., no puede alegar su buena fe por desconocimiento de la ley, lo cual no lo exonera de culpa conforme al artículo 2 del Código Civil, pues, al conocer el hecho de que estuvo casado y considerar a su decir, erróneamente, que estaba divorciado, ante el funcionario civil que verificó su segundo (2º) Matrimonio, debió presentar como requisito para contraer nuevas nupcias, la sentencia que disolvió su anterior vínculo civil, pues, el estado civil de Soltero lo perdió de forma irremediable al contraer primeras nupcias, siendo a todo evento su posterior estado el de Divorciado, para lo cual debió trasladarse al Registro Civil de los extintos parroquia Salom y Distrito Puerto Cabello del estado Carabobo y solicitar copia certificada del fallo ejecutado de su Divorcio o al Tribunal que supuestamente disolvió el vínculo; en caso de haberlo hecho así y no haber falseado su estado civil ante la autoridad civil del extinto Distrito San Carlos al indicarle que era Soltero, tal como consta en actas (F.3) cuando el consideraba que era Divorciado, se hubiese evitado tal desatino en su estado civil con consecuencias judiciales irremediables. Así se analiza.-

   Por tanto, aun cuando la buena fe debe presumirse, se evidencia de actas que el ciudadano D.F., no actuó en desconocimiento del hecho que estuvo casado y que supuestamente era divorciado, tal como alega en su contestación, hecho que no advirtió a la autoridad civil que presencio su segundas (2ª) nupcias, por lo que para él, no surte efectos civiles el Matrimonio declarado Absolutamente Nulo en este fallo, al desvirtuarse la presunción de su inocencia con tal actitud omisiva, hecho que no es subsanable con la posterior declaratoria de divorcio contenida en la sentencia dictada por el juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la circunscripción judicial del estado Carabobo, en fecha diecisiete (17) de marzo del año 2009, pues, las causales de nulidad absoluta del Matrimonio son Inconvalidables y el Matrimonio que había contraído con la ciudadana C.E.I.G. preexistía al momento de desposar a la ciudadana E.D.C.A. . Así se reitera.-

   Se advierte, que respecto a los hijos habidos entre los ciudadanos D.F. y E.D.C.A., si bien son considerados extramatrimoniales, de forma alguna pierden su filiación y sus derechos a la legítima que pueda corresponderle, conforme a los artículos 127 y 209 del vigente Código Civil, norma que por ser mas beneficiosa se aplica a favor de los derechos de los hijos nacidos aun fuera del matrimonio y el matrimonio para ellos posee todos sus efectos civiles. Así se concluye.-

6. DECISIÓN.-

   Por las consideraciones que anteceden, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la circunscripción judicial del estado Cojedes, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad de la Ley, conforme a derecho, declara:

CON LUGAR la demanda por NULIDAD ABSOLUTA DE MATRIMONIO, intentada por la ciudadana E.D.C.A., asistida por el abogado F.J.S., en contra del ciudadano D.F., asistido por la profesional del derecho S.B.S.R., todos plenamente identificados en actas. Así se decide.-

ABSOLUTAMENTE NULO E INEXISTENTE el Matrimonio celebrado entre los ciudadanos E.D.C.A. y D.F., ambos identificados en actas, en fecha nueve (9) de marzo del año 1971, ante la Prefectura del extinto Distrito San Carlos del estado Cojedes, anotado bajo el número 40, folio 36 del libro respectivo correspondiente al año 1971. Así se declara.-

Se advierte que el Matrimonio declarado Nulo en este fallo subsiste en sus efectos civiles para la ciudadana E.D.C.A. y los hijos concebidos durante la vigencia del insubsistente vínculo civil, a tenor de lo dispuesto en el artículo 127 del Código Civil, en los términos indicados en la parte motiva de este fallo. Así se señala.-

Se condena en costas a la parte demandante, conforme a lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. Así se determina.-

Remítase copia certificada del presente fallo al Registro Civil del municipio San Carlos del estado Cojedes y al Registro Principal del estado Cojedes, a los efectos de dar cumplimiento a los artículos 126 y 475 del Código Civil. Practíquese.-

Envíese copia certificada del presente fallo y de las probanzas aportadas por las partes, a la Fiscalía Superior del Ministerio Público del Estado Cojedes, a los fines de que sea esa instancia penal competente quien determine la existencia de un posible ilícito respecto a las actas consignadas, con la advertencia de que la parte demandante alega que ya cursa expediente signado con el número 88341-10 ante la Fiscalía Segunda de ese ente integrante del Poder Ciudadano Nacional, conforme a lo establecido en los artículos 129 y 130 del Código Civil. Cúmplase.-

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada por secretaría conforme a lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.-

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la circunscripción judicial del estado Cojedes, en San C.d.A., el primer (1er) día del mes de noviembre del año dos mil once (2011). Años: 201° de la Declaración de Independencia y 152° de la Federación.

El Juez Provisorio,

Abg. A.E.C.C.. La Secretaria Titular,

Abg. S.M.V.R..

En la misma fecha de hoy, se dictó, publicó y registró la anterior decisión, siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.).-

La Secretaria Titular,

Abg. S.M.V.R..

Expediente Nº 5435.

AECC/SMVR/yennifer.-