Decisión nº PJ0192016000279 de Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil, Mercantil, Agrario y Transito sede en Ciudad Bolivar de Bolivar (Extensión Ciudad Bolivar), de 24 de Octubre de 2016
| Fecha de Resolución | 24 de Octubre de 2016 |
| Emisor | Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil, Mercantil, Agrario y Transito sede en Ciudad Bolivar |
| Ponente | Manuel Alfredo Cortes |
| Procedimiento | Cobro De Bolivares Arrendamiento Inmobiliario |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y T.d.P.C. de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar
ASUNTO: FH02-X-2016-000059
Por cuanto el demandante empresa Inversiones Esequibo, empresa mercantil, debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil que llevó el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Primer Circuito de la Primera Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, de fecha 02/05/1983, anotado bajo el Nº 22, a los folios 87 al 92 Vto. del Libro de Registro de Comercio Nº 197, representada por su Presidente, Ciudadano E.A., Venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V- 6.27.966, de este domicilio por medio de su apoderada judicial M.C.V.H., abogada en ejercicio, inscrita en el I.P.S.A. bajo el Nº 50.911, solicitó en su demanda por cobro de diferencia del canon de arrendamiento que tiene incoada en contra de la sociedad mercantil Wago’s Sport, C.A. el juzgador de seguidas revisará si su solicitud llena los requisitos del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil para que se decrete el embargo cautelar de bienes de la demandada.
Los requisitos que exige el legislador procesal son 2: la presunción de buen derecho y el peligro de ilusoriedad del fallo. El primero se refiere a que halla en el expediente un medio probatorio que haga nacer en el juez la presunción de que la pretensión de quien pide la cautela tiene probabilidades de prosperar en la sentencia definitiva por no ser evidente su temeridad, ilegalidad o su carencia de fundamentos; es un simple cálculo de probabilidades basado en elementos probatorios aportados por el interesado. El segundo requisito apunta a la presunción fundada en cualquier medio probatorio de que la parte contraria está ejecutando actos tendentes a burlar una hipotética condena en su contra.
En el caso de autos la demanda se funda en un pretendido incumplimiento de la demandada de su obligación de pagar las pensiones del arrendamiento en la cuantía acordada con su arrendador que no aparece sustentada en algún medio de prueba que haga presumir que en verdad la inquilina ha desatendido su principal obligación. En este sentido las copias de los comunicaciones enviadas por la demandante a su inquilina además de que son simples copias de documentos privados que no pueden servir para fundar el decreto de una medida cautelar tales documentales provienen de la demandante, no de la inquilina, lo cual impide en esta fase del proceso que ellas puedan ser valoradas siquiera presuntivamente en contra de la accionada como indicadoras del incumplimiento que se le imputa. Por supuesto, esas copias o sus originales pudieran ser ratificadas en el lapso probatorio como medio de prueba de la pretensión deducida en juicio y si eso ocurre tocará al sentenciador decidir si son o no admisibles; por lo pronto, las referidas copias fotostáticas no acreditan la presunción del buen derecho y así se establece.
En cuanto al peligro de ilusoriedad en la demanda no se describe ninguna actuación o conducta de la demandada de la cual se origine una presunción de que podría burlar la ejecución de una condena en su contra; la parte actora solamente afirma que la obligada no ha querido responder con su compromiso de cancelar lo adeudado por los cánones de arrendamiento. Esto es un alegato relativo al mérito de la controversia que de ser comprobada aparejará la declaratoria con lugar de la demanda y la condena a pagar los cánones en su justa cuantía. De esa alegación no se infiere siquiera indirectamente que se está insolventando para burlar una eventual decisión adversa.
DECISIÓN
Por las razones expuestas, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y T.d.P.C. de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la medida cautelar de embargo solicitada por al demandante.
Publíquese, regístrese y déjese copia para el archivo del Tribunal.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de este Tribunal, en Ciudad Bolívar, a los veinticuatro días del mes de octubre de dos mil dieciséis. Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación.
El Juez,
Abg. M.A.C..-
La Secretaria,
Abg. S.A.C.P.-
MAC/SCH/trinavf.
Resolución Nº PJ0192016000279.
