Decisión nº PJ0102006000017 de Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Carabobo (Extensión Valencia), de 16 de Mayo de 2006

DOCTRINA SOBRE LA PRUEBA TRASLADADA:

Señala la doctrina (Fuente: Teoría General de la Prueba Judicial. H.D.E.. 4ª. Edición 1993 Tomo I, pagina 367 al 372) DE LA PRUEBA TASLADADA:

“…Se entiende como prueba trasladada aquella que se practica ó admite en otro proceso y que es presentada en copia auténtica ó mediante el desglose del original, si la ley lo permite (...)

Pruebas practicadas en procesos entre las mismas partes o entre partes total o parcialmente distintas

(…) son muy diferentes éstos dos casos, en el primero, la prueba ha sido controvertida , por la parte contra quien se opone, mientras que en el segundo puede ocurrir lo contrario.- Como consecuencia, en la primera hipótesis basta con llevar la copia auténtica ó el desglose del original (…) con las constancias necesarias para que se pueda conocer si fue practicada con las formalidades procesales y entre qué partes transcurrió ó cursa el proceso, sin que sea indispensable ratificarla en el proceso a donde se lleva; en cambio, en la segunda hipótesis, debe distinguirse si la parte contra quien se opone es ó fue parte en el proceso en que se practicó ó admitió, ó si por el contrario, estuvo ausente de él; en el primer caso, tampoco se requiere su ratificación aún cuando quien la aduzca no haya sido parte en dicho proceso por haber cursado ó estar tramitándose entre ese ponente y varias personas, en razón de que tal circunstancia no altera la debida contradicción que allí tuvo por aquél; en el segundo, como la prueba no puede producir efectos contra quien no fue parte en el proceso donde se admite ó practica, por prohibirlo el principio de la contradicción, es indispensable proceder a su ratificación.

Sin embargo, no necesitan ratificación los documentos auténticos, ni los documentos privados no reconocidos, aunque éstos conservan esa condición si provienen del oponente que no fue parte en el otro proceso, a pesar de que allí no hayan sido objetados ni tachados de falsos o que hayan sido declarados auténticos en razón de dictámenes de peritos o pruebas de otro orden, porque dichas pruebas no vinculan a quien no pudo contradecirlas, ni opera el reconocimiento tácito cuando la parte obligada con el documento no está presente en el proceso. En cambio, si el obligado con el documento es un tercero y fue parte en el otro proceso y no lo objetó o lo reconoció, adquiere autenticidad erga omnes y, por lo tanto, debe ser aceptada en el nuevo proceso, sin necesidad de ratificación, porque el reconocimiento es un acto personal del obligado; pero si en el primer proceso se declaro autentico en virtud de otras pruebas, a pesar de haber sido objetado o tachado de falso, como esa decisión sólo obliga a quienes fueron partes en el o a sus causahabientes, en el nuevo proceso contra un tercero debe considerarse como no autentico mientras no se demuestre lo contrario, lo cual puede establecerse ratificando las pruebas practicadas en el anterior o por otras (…).

Cuando es posible la ratificación y en que consiste

La ratificación consiste en realidad solamente para testimonios, y consiste en llamar al testigo que declaró antes, para que bajo juramento manifieste si es cierto lo que entonces dijo o si ratifica lo dicho. (…).

Para que sean posible la ratificación de dictámenes de peritos, es necesario que la ley procesal le otorgue al juez y no a las partes la facultad de designarlos, de suerte que el oponente en el nuevo proceso no pueda alegar que se le desconoce su derecho a participar en su nombramiento, y que además se le otorgue en el ultimo proceso la oportunidad para solicitar aclaraciones y objetarlo, pues de otro modo no se cumplirá el requisito esencial de su contradicción.

Los hechos observados por el juez en una inspección judicial y relacionados en el acta hacen fe, pero entre las partes del proceso en que se practica; la practicada en otro proceso, tiene la misma calidad para quien fué parte de él. La ratificación de esas diligencias no es posible, porque equivale a practicarlas de nuevo por el juez de la causa, y por lo tanto, lo procedente es solicitar nueva inspección; no obstante, frente a terceros constituyen un indicio mas o menos grave en el nuevo proceso, según la naturaleza de los hechos examinados y la convicción que de ellas resulte, de acuerdo con el criterio del juez de la causa.

La confesión no necesita ratificación en ningún caso, puesto que proviene de la parte contra quien se aduce. Los indicios y presunciones no son susceptibles de ratificación por su naturaleza especial. Cuando la confesión judicial es de un tercero, tiene en el nuevo proceso valor de testimonio y debe ratificarse por el confesante (…).

Naturalmente, contra la prueba trasladada puede aducirse nueva prueba, conforme a los principios generales.

No puede suplirse el traslado de la prueba con la relación y las conclusiones que sobre ella aparezcan en las motivaciones de una sentencia anterior entre las mismas partes

Corresponde al juez del nuevo proceso calificar la prueba, para obtener sus conclusiones personales, por lo cual no está vinculado por las que aceptó el juez del anterior; de ahí que se deban trasladar las pruebas en copias o desgloses, para que las pueda estudiar y aprender, pues otra cosa es que no necesiten ratificación por tratarse de pruebas ya controvertidas por el oponente en ese proceso (…).

(…)

Pruebas practicadas en un proceso anulado:

La cuestión de saber qué valor tiene la prueba practicada en un proceso anulado en su totalidad o parcialmente, pero desde un momento procesal anterior a la etapa probatoria, es interesante y de difícil solución. A primera vista parece que la prueba debe sufrir la misma suerte de los demás actos procesales afectados por la nulidad, y que, por lo tanto, queda sin ningún valor para ese proceso y para otros posteriores; sin embargo, la doctrina ha vacilado sobre el particular, y, al ahondar en el estudio del problema, ya no resulta tan fácil su solución.

LESSONA dice al respecto: “Si es evidente que estas pruebas pierden todo su valor en el juicio anulado, es discutible, en cambio, si lo conservan en otro juicio. Nosotros creemos necesaria una distinción. Si la nulidad se produce por falta de elementos esenciales en el juicio o por violación de la ley en la admisión o ejecución de la prueba, entonces la prueba pierde toda su eficacia, mientras la conserva cuando la nulidad ocurre por otros motivos.” Y as adelante agrega: “Las pruebas simples practicadas en un juicio precedente conservan su eficacia inicial en otro juicio posterior entre las mismas partes: …b) también en el caso de que el juez se declare o sea declarado incompetente”; de modo que para este ilustre profesor la nulidad por falta de competencia está dentro de los casos de excepción que contempla en la frase final del primer párrafo transcrito, y no impide que la prueba conserve su valor.

RICCI comparte el concepto de LESSONA sobre la validez de la prueba practicada en el proceso anulado por falta de competencia del juez. En efecto, plantea la cuestión así: “Si el juez que, con intervención de las partes y habiendo observado las formalidades legales, ha practicado las pruebas, se declara luego incompetente, o bien el juicio se anula por el tribunal superior por razón de incompetencia, ¿conservan su eficacia las pruebas practicadas?” Y responde categóricamente: “Ahora bien, ¿la incompetencia del juez impide la intervención de las partes, o hace considerar como no observadas las formalidades legales. Claro es que no; por lo tanto, es lógico que no debe quitar eficacia a la prueba misma.” Mas adelante agrega que la misma forma opina el tribunal de Casación de Nápoles.

ALZATE NOREÑA es de igual opinión, pero va mas adelante y extiende su tesis a todo caso de nulidad del proceso, si no se refiere a la prueba, advirtiendo que existe jurisprudencia contraria de nuestros tribunales.

Observamos, en primer lugar, que cuando LESSONA dice que la prueba practicada en un proceso anulado pierde todo su valor en ese proceso, parece referirse a cuando la nulidad es total y el proceso concluye por esa causa, sin que se reponga en el mismo expediente el tramite anulado, lo cual nos parece evidente e indiscutible; pero si el demandante formula de nuevo su demanda y se inicia el proceso otra vez, se tiene el caso de la prueba en otro proceso, cuya validez depende de la causa que motivó la nulidad, de acuerdo con la distinción que hace dicho tratadista. No contempla expresamente el caso de una nulidad parcial del proceso, que comprenda la etapa probatoria o una parte de ésta, cuya declaración retrotrae el proceso pero no lo termina, y no creemos que pueda aplicársele entonces su concepto sobre invalidez de la prueba en el mismo proceso anulado, porque la situación resulta de este modo idéntica a la que se presenta en el nuevo proceso entre las mismas partes.

Nos parece contradictorio e inaceptable reconocerle validez a la prueba de un proceso anulado, en otro posterior entre las mismas partes o entre otras con el requisito de la ratificación, cuando ésta es procedente, y negarla dentro del mismo proceso cuando deba reponerse la parte anulada, si las causas que motivaron esa nulidad son unas mismas. La subsistencia del valor de la prueba a pesar de la nulidad del proceso, sea allí mismo, cuando solo afecta una parte que debe reponerse o en otro posterior, depende únicamente de la naturaleza del vicio que la produjo, como sabiamente enseña LESSONA y se deduce de lo dicho por RICCI, por lo que creemos que puede enunciarse la siguiente regla: si a pesar de la nulidad resulta que la prueba estuvo decretada y practicada con sus formalidades propias, es decir, que el vicio se refiere a otros actos del proceso, y se cumplió además el requisito de contradicción que exige la adecuada personería adjetiva de la parte contra quien se aduce la prueba (capacidad, representación, y postulación) y la citación ó el emplazamiento de esa parte en forma legal, debe reconocerse valor a la prueba, porque reúne los requisitos intrínsecos y extrínsecos explicados en el capítulo anterior; en el supuesto contrario, la prueba queda afectada por la nulidad y es inválida.- En otros términos, cuando la nulidad ha sido por incompetencia ó falta de jurisdicción especial, por ilegitimidad de personería adjetiva ó falta de citación legal de terceros, ó de la parte que aduce la prueba, por pretermisión grave del procedimiento diferente del trámite de la prueba misma ó por violación de garantías constitucionales en perjuicio de quien aduce la prueba ó de terceros, debe reconocérsele validez para el mismo proceso ó para otro posterior, entre las mismas partes (ó entre terceros con el requisito de la ratificación, si es procedente); en cambio, si la nulidad se decretó por falta de citación ó emplazamiento legal ó de capacidad ó representación adecuada ó postulación, ó por violación de garantías constitucionales de la parte contra quien se opone la prueba (en éstos casos falta la debida contradicción) ó por pretermisión del trámite procesal de las mismas pruebas u otros vicios que las afectan e forma directa (como la incapacidad por d.d.J. que las ordenó y las practicó ilegalmente …), las pruebas quedan inexorablemente afectadas por la nulidad y son inválidas para cualquier proceso . Como lo dijimos al estudiar los efectos de la nulidad, ésta no siempre afecta todos los actos posteriores al momento en que ocurre el vicio, sino sólo a aquellos que no pueden subsistir a pesar de él.- En el primer supuesto, bastará pedirle al Juez del mismo proceso, cuando nuevamente se abra la etapa probatoria y deban solicitarse las pruebas, que tenga en cuenta las que obran en el expediente, y así deberá disponerlo; ó solicitar al Juez del nuevo proceso que pida copia auténtica de las pruebas del anterior, junto con las otras piezas en donde aparezca quiénes eran partes (la demandada, su aceptación y notificación; intervenciones de terceros, su adecuada representación y citación ó emplazamiento y las providencias que decretaron la nulidad); también se pueden presentar las copias de una vez con la nueva demanda ó su contestación.- Cuando las pruebas son inválidas es indispensable repetirlas en el nuevo proceso ó en el mismo, a menos que se trate de testimonios, porque entonces basta con su ratificación; en cuanto a la confesión hecha antes por una de las partes, sea en la contestación de la demanda, en ésta ó en interrogatorio, bastará citarla para que bajo juramento manifieste si son ciertos los hechos que afirmó, ó aceptó en esos actos, determinándolos claramente; pero no se trata de una ratificación, sino de una nueva prueba.-

Analizada la doctrina sobre la prueba trasladada, y analizadas las actas procesales, se aprecia: Por una parte, las codemandadas en sede jurisdiccional, a los fines de que se declare procedente la prejudicialidad opuesta, hacen valer la demanda de nulidad con suspensión de efectos incoada contra la providencia administrativa que puso fin al proceso administrativo donde cursan las pruebas trasladadas (recibos, contratos, constancias etc.), siendo que fundamentan la nulidad de la providencia, en que la providencia administrativa cuya nulidad se demanda tuvo como no presente a la codemandada Tuboflex, , mientras que, las codemandadas en sede jurisdiccional, alegan y sostienen los alegatos esgrimidos en el recurso de nulidad contra la providencia, a saber, que se tenga presente a la codemandada Tuboflex en sede administrativa y que se tengan como válidas todas las actuaciones hechas por la codemandada Tuboflex en sede administrativa, actuaciones que ratifican en sede judicial, por lo que solicitan la nulidad de la providencia administrativa que declaró con lugar el reenganche y pago de salarios caídos, por considerar que la codemandada Tuboflex sí estuvo representada válidamente en sede administrativa, a través de la representación sin poder, con la consignación posterior de los poderes, y con la comparecencia personal del representante legal G.Z. ante la Inspectoría. -

Del análisis anterior se evidencia que, por una parte, las codemandadas en sede jurisdiccional, a los fines de que se declare procedente la prejudicialidad opuesta, hacen valer la demanda de nulidad con suspensión de efectos incoada contra la providencia administrativa que puso fin al proceso administrativo donde cursan las pruebas trasladadas (recibos, contratos, constancias etc.), siendo que fundamentan la nulidad de la providencia, en que la misma tuvo como no presente a la codemandada Tuboflex, mientras que, las codemandadas en sede jurisdiccional, sostienen que se tenga presente a la codemandada Tuboflex en sede administrativa, por lo que solicitan la nulidad de la providencia administrativa que declaró con lugar el reenganche y los salarios caídos por considerar que la codemandada no estuvo representada válidamente en sede administrativa.-

Concluye ésta sentenciadora, que las codemandadas, cuando alegan en ésta sede jurisdiccional laboral la nulidad interpuesta contra la providencia administrativa, hacen valer el ataque solo respecto a la providencia misma y no respecto a la validez del procedimiento administrativo (al folio 78 de éste expediente se lee en el petitorio del recurso de nulidad que solo se pide la nulidad de la providencia y no la nulidad del procedimiento), al punto de que, aprecia ésta sentenciadora, las codemandadas indirectamente validan el procedimiento, pues en sede jurisdiccional laboral, ratifican todas las actuaciones hechas por la codemandada Tuboflex en sede administrativa, ratifica todas las impugnaciones y actuaciones hechas en sede administrativa – en el procedimiento administrativo, en consecuencia, ésta juzgadora laboral aprecia que las pruebas trasladadas (promovidas y evacuadas en sede administrativa y ratificadas en sede jurisdiccional laboral), a los efectos de éste juicio laboral (y excluyendo la pretensión de salarios caídos), son válidas, con exclusión del reclamo de salarios caídos, pues éstos últimos penden de la resolución del recurso de nulidad pendiente; por lo ya dicho, las pruebas trasladadas sí pueden ser objeto de valoración por parte de ésta juzgadora en ésta sede jurisdiccional laboral, máxime cuando la providencia administrativa goza de legitimidad y legalidad y no ha sido declarada su nulidad, pues solo se ha suspendido su ejecución.- Así se decide.-

DE LA INCIDENCIA DE TACHA DE TESTIGO EN SEDE JURISDICCIONAL LABORAL , ANALISIS DE LA DECLARACION TESTIMONIAL RENDIDA EN SEDE ADMINISTRATIVA, Y VALORACION DE LAS PRUEBAS DEL PROCESO:

1. Respecto a la declaración del testigo promovido y evacuado por la parte actora en sede jurisdiccional, su testimonio rendido en sede jurisdiccional no se aprecia, pues en la audiencia de tacha se demostró que sí demandó y celebró transacción con la codemandada Tuboflex, por lo que se evidencia que el testigo tachado en audiencia de juicio cuando se le preguntó sobre éste hecho no contestó en correspondencia con los hechos probados en incidencia de tacha. Así se deja establecido.-

2. No obstante, ésta sentenciadora, analiza la declaración rendida en sede administrativa por el testigo J.Q., y de dicho análisis se evidencia que fue rendida en sede administrativa en fecha 11 de marzo del 2005 (Folios 173 y su vuelto de éste expediente), es decir, antes de la fecha que el testigo J.Q. señala en la transacción laboral como fecha de su presunto despido – 29 de marzo 2005 - (Folio 228 de éste expediente, donde consta pago de Bs.6.984.447, con cheque cuya copia riela al folio 231 de N.P. a favor de J.Q.), por lo que, no existe ningún motivo para inadvertir la declaración del testigo J.Q., promovido y evacuado en sede administrativa, siendo que la parte actora en sede judicial, ratificó todas las actuaciones hechas en sede administrativa, en consecuencia, analizada la declaración en sede administrativa del testigo J.Q., promovido y evacuado en sede administrativa, se tiene que, dicha declaración es concordante con los elementos de autos, no incurrió en ninguna contradicción el testigo al ser repreguntado, y siendo que el testigo en sede administrativa a preguntas contestó que, trabajó por muchos años para la demandada, que la representante de la compañía para ese momento le dijo a la actora que no había más trabajo (Sra. Edith porque el dueño estaba viajando), que es un grupo de empresas, son 4 Tuboflex, Servimaca, Sidetur e Importadora Z, y que trabaja el testigo para las 4 empresas, al igual que la actora, en consecuencia, por adminiculaciòn de los elementos de autos, particularmente, adminiculado la carta de renuncia consignada por las codemandas, presume ésta juzgadora que la actora renunció en diciembre y cuando volvió en enero a buscar trabajo nuevamente, la Sra. Edith se lo negó, es decir, que no fue contratada nuevamente, ya que había renunciado en diciembre.- Se adminicula en éste punto igualmente, el análisis del contrato a tiempo determinado, pues de su análisis se evidencia que quien aparece actuando aparentemente a título personal, es G.Z., no hay membrete de la empresa ni dirección impresa de la misma en el documento, por lo que, dicho contrato reconocido por las codemandadas evidencia que frente a la actora de hecho (principio de primacía de la realidad sobre las formas ó apariencias artículo 89 constitucional) actuaban indistintamente G.Z. a título personal ó como representante de Tuboflex, PUES SIENDO UNA DEMANDA CONTRA LAS EMPRESAS CODEMANDADAS, LAS CODEMANDADAS OPONEN Y RECONOCEN COMO VALÍDO EL CONTRATO A TIEMPO DETERMINADO QUE POR TRES MESES SUCRIBIÓ G.Z. COMO PERSONAL NATURAL, POR LO QUE PARA TODOS LOS EFECTOS RELACIONADOS CON LA RELACIÓN DE TRABAJO ENTRE LAS PARTES, PRESUME ÉSTA JUZGADORA QUE ACTUAN DE HECHO INDISTINTAMENTE G.Z. Ó LAS CODEMANDAS REPRESENTADAS POR G.Z., en consecuencia, dicho contrato no desvirtúa la presunción de continuidad de la relación de trabajo entre la actora y las empresas codemandadas, tal como consta en la recibos de pago fechados a partir de 1997, que por ser impugnados se aprecian como indicios pues son concordantes con los elementos de autos, y siendo que, en caso de duda sobre la extinción ó no de ésta, deberá resolverse a favor de su subsistencia conforme al artículo 8 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo y así se deja establecido, igualmente de conformidad con el principio de primacía de la realidad sobre las formas ó apariencias previsto en el artículo 89 constitucional, toda vez que la adminiculaciòn de los elementos de autos lleva a ésta sentenciadora a tener la convicción de que tanto el contrato a tiempo determinado sucrito por G.Z. y la actora, presume ésta juzgadora que son apariencias formales aparentes que no se corresponden con la realidad de los hechos y así se deja establecido, pues existen indicios en autos que dan cuenta de la preexistencia de la relación de trabajo con anterioridad a la suscripción del contrato aparentemente por tiempo determinado, todo de conformidad igualmente con el principio de preferencia de los contratos de trabajo a tiempo indeterminado, toda vez de no existe ningún indicio en auto que acredite el carácter excepcional de alguno de los supuestos de autorización de contratos a término previstos en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Trabajo y así se decide de conformidad con el artículo 88 Ejusdem y en concordancia con las documentales y demás indicios que obran en autos.-

Respecto a las documentales que obran en autos, analizadas las copias certificadas del expediente administrativo, se analizan como pruebas trasladadas, siendo que ambas partes ratificaron todas sus actuaciones en sede administrativa, por lo que:

1. Respecto a la constancia promovida como constancia de trabajo emanada de Tuboflex , la misma fue desconocida en su firma y la parte actora no insistió en hacerla valer ni en sede administrativa ni en sede jurisdiccional, por lo que dicha documental se desecha del proceso.-

2. Respecto a la constancia promovida con sello de la codemandada Tuboflex y que en su parte inferior tiene impresa la dirección de la empresa codemandada, si bien es cierto que la codemandada Tuboflex en sede administrativa solicitó se desestimara preguntándose no saber de donde se sacó el sello y que el contenido solo se refiere a que G.Z. conoce desde hace muchos años a la actora y por eso sabe que es responsable y la recomienda, sin embargo, ésta sentenciadora, aprecia que efectivamente la firma corresponde a G.Z., pues dicha firma no fue desconocida, que tiene sello de la empresa Tuboflex y en el margen inferior tiene impresa dirección de la empresa, en consecuencia, adminiculando los elementos de autos, se aprecia ésta constancia como indicio, por lo que se presume emanada de la empresa TuboFlex, de la cual es su representante G.Z., siendo los indicios, además todo lo establecido ut supra, y que se adminiculan, los siguientes:

b.1. La declaración del testigo promovido por la parte actora y rendida en Inspectoría del Trabajo, se valora con valor probatorio, pues la parte actora ratificó en juicio todas las actuaciones administrativas.-

b.2.Que las codemandadas en sede jurisdiccional en el momento de hacer la exhibición de los recibos de pago, reconocieron los recibos de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre - 3 meses- , siendo que en el primero de ellos, el de septiembre 2004, aparece el nombre C.D.C., nombre éste que aparece en el resto de los recibos anteriores y que fueron impugnados por las codemandadas – anteriores al presunto contrato consignados por la codemandada, y no aparece el apellido De Cadavid en los recibos posteriores ni en el presunto contrato consignado por la demandada y carta de presunta terminación consignada por la demandada; lo que evidencia que existe un hecho concordante y conector presente en los dos períodos y es el apellido Cadavid : por una parte, el apellido Cadavid está presente en el período anterior al presunto contrato consignado por la demandada, y también está presente el apellido Cadavid en el período posterior (primer pago de septiembre 2004) a la firma del presunto contrato consignado por la codemandada, por lo que presume ésta juzgadora que las codemandadas reconocían a la actora como C.d.C., tal como aparece en los recibos que impugnan las codemandas y que corresponden al período 1997-2004, por lo que ésta sentenciadora aprecia que, las codemandadas fundamentan la impugnación de los recibos en que son copias, observando ésta Juzgadora, que el hecho de ser copias no equivale necesariamente a falta de autenticidad, toda vez que se aprecia que, si bien es cierto el formato de todos los todos los recibos de pago impugnados como indicios por adminiculaciòn de los elementos concordantes de autos, y con vista a la insistencia en hacerlos valer que sostuvo la parte actora al inicio de la audiencia de juicio, cuando hizo valer, al momento en que la demandada en lugar exhibir los recibos, ratificó los recibos de pago correspondientes de los 3 meses por el periodo septiembre a diciembre 2004, alegando la parte actora que no hay diferencia entre los recibos ratificados y los impugnados, a lo que las codemandadas se opusieron invocando que los formatos son genéricos todos iguales por razones de informática; ésta sentenciadora desecha la oposición de la demandada, por cuanto, se aprecia que son idénticos y que además existe un elemento conector y común entre los recibos impugnados y los reconocidos, y ese elementos común es el apellido Cadavid que aparece en el primer recibo de septiembre 2004 reconocido por la demandada, apellido éste que también aparece en el período rechazado del 97 al 2004, y que después no aparece en el segundo pago de septiembre 2004 a diciembre 2004- Así se decide.-

En cuanto a la solicitud de entrega de los documentos planilla 14-002 Inscripción S.S.O., planilla 14-03 Egreso de Seguro Social Obligatorio, planilla 14-100, y constancia de trabajo, se ordena a las codemandadas a entregar tales documentos a la actora, de conformidad con la legislación en materia de Seguridad Social.- En caso de no cumplirse con la entrega aquí ordenada, dispone la parte actora de la vía administrativa por ante los Órganos administrativos encargados de la seguridad social, a los fines de realizar las gestiones administrativas pertinentes, por lo que se niegan las indemnizaciones reclamadas, pues la legislación en materia de Seguridad Social prevé las sanciones correspondientes en derecho.-

• La entrega de la carta de despido se niega por ser inoficiosa, toda vez que ya se ha dejado establecido el despido injustificado en las consideraciones que preceden el dispositivo del presente fallo.-

• Respecto a la indemnización reclamada por concepto de paro forzoso, por cuanto dichas cotizaciones deben ser pagadas a los fondos de las seguridad social y no a la actora quien es solo cotizante y beneficiaria del sistema de seguridad social, en consecuencia, se declara improcedente dicho reclamo, así se deja establecido, por las razones ut supra indicadas.

antigüedad 108 Ley Orgánica del Trabajo; diferencia de vacaciones; diferencia de bono vacacional; diferencia de utilidades; utilidad fraccionada 2005; se declaran procedentes en derecho y se ordena el pago conforme al cálculo contenido en el dispositivo del presente fallo.

Respecto a la corresponsabilidad solidaria de las codemandadas, la misma se declara con lugar, toda vez que las codemandadas no la desvirtuaron , por el contrario existen indicios en autos que permiten presumir la responsabilidad solidaria de las codemandadas, tales como, declaración testimonial rendida en sede administrativa apreciada ut supra, representante común (G.Z.), tal como se evidencia de los poderes judiciales que rielan a los autos otorgados por el mismo representante para todas las codemandadas.- Otro indicio que en éste punto se adminicula es la falta de presentación de los registros de comercio, observando el tribunal la conducta procesal de las codemandadas asumida en éste punto, pues no presentó el registro de comercio en sede administrativa, ni en sede jurisdiccional, indicio éste que se adminicula para presumir la responsabilidad solidaria.- Así se decide.-

Se dejan a salvo los salarios caídos reclamados, pues su procedencia depende de la resolución al recurso de nulidad contra providencia administrativa de autos.-

Respecto a las indemnizaciones por despido injustificado las mismas se niegan por cuanto, vistos los alegatos de la parte actora que demanda indemnizaciones por despido injustificado, y la declaración de la parte actora en audiencia de juicio donde dice que sí firmó la presunta carta de renuncia pero que no renunció, aprecia ésta juzgadora, que no existiendo en autos tacha de falsedad respecto del contenido de la presunta carta de renuncia, y habiendo admitido la trabajadora que sí firmo la presunta carta de renuncia, en consecuencia, no puede ésta juzgadora suplir la omisión de tacha de falsedad prevista en el Código Civil, por lo que se aprecia la carta de renuncia presentada por las codemandadas como una renuncia suscrita por la trabajadora y así se deja establecido, todo en concordancia igualmente con la contradicción que se observa cuando la actora dijo en Inspectoria que la despidió G.Z., y en audiencia de juicio alega que la Sra. Edith por orden de G.Z..-

DISPOSITIVO DEL FALLO

Por todos los razonamientos expuestos este Juzgado Primero de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley Declara PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por PRESTACIONES SOCIALES incoada por EMILCEN DEL C.Z. titular de la cedula de identidad Nº E-43.649.521, en contra de la empresa TUBO FLEX, C.A, SERDIMACA e IMPORTADORA ZZ A, en consecuencia, condena a la demandada cancelar a la actora la cantidad BOLÍVARES DOCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS QUINCE CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS (BS. 12.681.315, 37), discriminados de la siguiente manera:

Fecha de inicio: 01 de marzo de 1997.

Fecha de egreso: 17 de enero 2005.

Antigüedad: 7 años y 10 meses.

Ultimo salario diario: BS. 10.707, 84.

Ultimo salario mensual: BS. 321.235, 20.

1) Antigüedad 108 Ley Orgánica del Trabajo:

Salario Salario Días de Incidencia Bono Incidencia Salario Días Antig.acred. Antigüedad

Año mensual Diario Utilidades Utilidades Vac. Bono Vac. Integral Abon Mens. Acumulada

Oct-97 75.000,00 2.500,00 15 104,17 8 55,56 2.659,72 5 13.298,61 13.298,61

Nov-97 75.000,00 2.500,00 15 104,17 8 55,56 2.659,72 5 13.298,61 26.597,22

Dic-97 75.000,00 2.500,00 15 104,17 8 55,56 2.659,72 5 13.298,61 39.895,83

Ene-98 75.000,00 2.500,00 15 104,17 8 55,56 2.659,72 5 13.298,61 53.194,44

Feb-98 75.000,00 2.500,00 15 104,17 8 55,56 2.659,72 5 13.298,61 66.493,06

Mar-98 75.000,00 2.500,00 15 104,17 9 62,50 2.666,67 5 13.333,33 79.826,39

Abr-98 75.000,00 2.500,00 15 104,17 9 62,50 2.666,67 5 13.333,33 93.159,72

May-98 99.999,90 3.333,33 15 138,89 9 83,33 3.555,55 5 17.777,76 110.937,48

Jun-98 99.999,90 3.333,33 15 138,89 9 83,33 3.555,55 5 17.777,76 128.715,24

Jul-98 99.999,90 3.333,33 15 138,89 9 83,33 3.555,55 5 17.777,76 146.493,00

Ago-98 99.999,90 3.333,33 15 138,89 9 83,33 3.555,55 5 17.777,76 164.270,76

sep-98 99.999,90 3.333,33 15 138,89 9 83,33 3.555,55 5 17.777,76 182.048,52

Oct-98 99.999,90 3.333,33 15 138,89 9 83,33 3.555,55 5 17.777,76 199.826,28

Nov-98 99.999,90 3.333,33 15 138,89 9 83,33 3.555,55 5 17.777,76 217.604,04

Dic-98 99.999,90 3.333,33 15 138,89 9 83,33 3.555,55 5 17.777,76 235.381,80

Ene-99 99.999,90 3.333,33 15 138,89 9 83,33 3.555,55 5 17.777,76 253.159,56

Feb-99 99.999,90 3.333,33 15 138,89 9 83,33 3.555,55 5 17.777,76 270.937,32

Mar-99 99.999,90 3.333,33 15 138,89 10 92,59 3.564,81 7 24.953,68 295.891,00

Abr-99 99.999,90 3.333,33 15 138,89 10 92,59 3.564,81 5 17.824,06 313.715,06

May-99 120.000,00 4.000,00 15 166,67 10 111,11 4.277,78 5 21.388,89 335.103,95

Jun-99 120.000,00 4.000,00 15 166,67 10 111,11 4.277,78 5 21.388,89 356.492,84

Jul-99 120.000,00 4.000,00 15 166,67 10 111,11 4.277,78 5 21.388,89 377.881,72

Ago-99 120.000,00 4.000,00 15 166,67 10 111,11 4.277,78 5 21.388,89 399.270,61

Sep-99 120.000,00 4.000,00 15 166,67 10 111,11 4.277,78 5 21.388,89 420.659,50

Oct-99 120.000,00 4.000,00 15 166,67 10 111,11 4.277,78 5 21.388,89 442.048,39

Nov-99 120.000,00 4.000,00 15 166,67 10 111,11 4.277,78 5 21.388,89 463.437,28

Dic-99 120.000,00 4.000,00 15 166,67 10 111,11 4.277,78 5 21.388,89 484.826,17

Ene-00 120.000,00 4.000,00 15 166,67 10 111,11 4.277,78 5 21.388,89 506.215,06

Feb-00 120.000,00 4.000,00 15 166,67 10 111,11 4.277,78 5 21.388,89 527.603,95

Mar-00 120.000,00 4.000,00 15 166,67 11 122,22 4.288,89 9 38.600,00 566.203,95

Abr-00 120.000,00 4.000,00 15 166,67 11 122,22 4.288,89 5 21.444,44 587.648,39

May-00 120.000,00 4.000,00 15 166,67 11 122,22 4.288,89 5 21.444,44 609.092,84

Jun-00 120.000,00 4.000,00 15 166,67 11 122,22 4.288,89 5 21.444,44 630.537,28

Jul-00 144.000,00 4.800,00 15 200,00 11 146,67 5.146,67 5 25.733,33 656.270,61

Ago-00 144.000,00 4.800,00 15 200,00 11 146,67 5.146,67 5 25.733,33 682.003,95

Sep-00 144.000,00 4.800,00 15 200,00 11 146,67 5.146,67 5 25.733,33 707.737,28

Oct-00 144.000,00 4.800,00 15 200,00 11 146,67 5.146,67 5 25.733,33 733.470,61

Nov-00 144.000,00 4.800,00 15 200,00 11 146,67 5.146,67 5 25.733,33 759.203,95

Dic-00 144.000,00 4.800,00 15 200,00 11 146,67 5.146,67 5 25.733,33 784.937,28

Ene-01 144.000,00 4.800,00 15 200,00 11 146,67 5.146,67 5 25.733,33 810.670,61

Feb-01 144.000,00 4.800,00 15 200,00 11 146,67 5.146,67 5 25.733,33 836.403,95

Mar-01 144.000,00 4.800,00 15 200,00 12 160,00 5.160,00 11 56.760,00 893.163,95

Abr-01 144.000,00 4.800,00 15 200,00 12 160,00 5.160,00 5 25.800,00 918.963,95

May-01 144.000,00 4.800,00 15 200,00 12 160,00 5.160,00 5 25.800,00 944.763,95

Jun-01 144.000,00 4.800,00 15 200,00 12 160,00 5.160,00 5 25.800,00 970.563,95

Jul-01 158.400,00 5.280,00 15 220,00 12 176,00 5.676,00 5 28.380,00 998.943,95

Ago-01 158.400,00 5.280,00 15 220,00 12 176,00 5.676,00 5 28.380,00 1.027.323,95

Sep-01 158.400,00 5.280,00 15 220,00 12 176,00 5.676,00 5 28.380,00 1.055.703,95

Oct-01 158.400,00 5.280,00 15 220,00 12 176,00 5.676,00 5 28.380,00 1.084.083,95

Nov-01 158.400,00 5.280,00 15 220,00 12 176,00 5.676,00 5 28.380,00 1.112.463,95

Dic-01 158.400,00 5.280,00 15 220,00 12 176,00 5.676,00 5 28.380,00 1.140.843,95

Ene-02 158.400,00 5.280,00 15 220,00 12 176,00 5.676,00 5 28.380,00 1.169.223,95

Feb-02 158.400,00 5.280,00 15 220,00 12 176,00 5.676,00 5 28.380,00 1.197.603,95

Mar-02 158.400,00 5.280,00 15 220,00 13 190,67 5.690,67 13 73.978,67 1.271.582,61

Abr-02 158.400,00 5.280,00 15 220,00 13 190,67 5.690,67 5 28.453,33 1.300.035,95

May-02 190.080,00 6.336,00 15 264,00 13 228,80 6.828,80 5 34.144,00 1.334.179,95

Jun-02 190.080,00 6.336,00 15 264,00 13 228,80 6.828,80 5 34.144,00 1.368.323,95

Jul-02 190.080,00 6.336,00 15 264,00 13 228,80 6.828,80 5 34.144,00 1.402.467,95

Ago-02 190.080,00 6.336,00 15 264,00 13 228,80 6.828,80 5 34.144,00 1.436.611,95

Sep-02 190.080,00 6.336,00 15 264,00 13 228,80 6.828,80 5 34.144,00 1.470.755,95

Oct-02 190.080,00 6.336,00 15 264,00 13 228,80 6.828,80 5 34.144,00 1.504.899,95

Nov-02 190.080,00 6.336,00 15 264,00 13 228,80 6.828,80 5 34.144,00 1.539.043,95

Dic-02 190.080,00 6.336,00 15 264,00 13 228,80 6.828,80 5 34.144,00 1.573.187,95

Ene-03 190.080,00 6.336,00 15 264,00 13 228,80 6.828,80 5 34.144,00 1.607.331,95

Feb-03 190.080,00 6.336,00 15 264,00 13 228,80 6.828,80 5 34.144,00 1.641.475,95

Mar-03 190.080,00 6.336,00 15 264,00 14 246,40 6.846,40 15 102.696,00 1.744.171,95

Abr-03 190.080,00 6.336,00 15 264,00 14 246,40 6.846,40 5 34.232,00 1.778.403,95

May-03 190.080,00 6.336,00 15 264,00 14 246,40 6.846,40 5 34.232,00 1.812.635,95

Jun-03 190.080,00 6.336,00 15 264,00 14 246,40 6.846,40 5 34.232,00 1.846.867,95

Jul-03 228.096,00 7.603,20 15 316,80 14 295,68 8.215,68 5 41.078,40 1.887.946,35

Ago-03 228.096,00 7.603,20 15 316,80 14 295,68 8.215,68 5 41.078,40 1.929.024,75

Sep-03 228.096,00 7.603,20 15 316,80 14 295,68 8.215,68 5 41.078,40 1.970.103,15

Oct-03 247.104,00 8.236,80 15 343,20 14 320,32 8.900,32 5 44.501,60 2.014.604,75

Nov-03 247.104,00 8.236,80 15 343,20 14 320,32 8.900,32 5 44.501,60 2.059.106,35

Dic-03 247.104,00 8.236,80 15 343,20 14 320,32 8.900,32 5 44.501,60 2.103.607,95

Ene-04 247.104,00 8.236,80 15 343,20 14 320,32 8.900,32 5 44.501,60 2.148.109,55

Feb-04 247.104,00 8.236,80 15 343,20 14 320,32 8.900,32 5 44.501,60 2.192.611,15

Mar-04 247.104,00 8.236,80 15 343,20 15 343,20 8.923,20 17 151.694,40 2.344.305,55

Abr-04 247.104,00 8.236,80 15 343,20 15 343,20 8.923,20 5 44.616,00 2.388.921,55

May-04 296.526,00 9.884,20 15 411,84 15 411,84 10.707,88 5 53.539,42 2.442.460,96

Jun-04 296.526,00 9.884,20 15 411,84 15 411,84 10.707,88 5 53.539,42 2.496.000,38

Jul-04 296.526,00 9.884,20 15 411,84 15 411,84 10.707,88 5 53.539,42 2.549.539,80

Ago-04 321.234,00 10.707,80 15 446,16 15 446,16 11.600,12 5 58.000,58 2.607.540,38

Sep-04 321.234,00 10.707,80 15 446,16 15 446,16 11.600,12 5 58.000,58 2.665.540,96

Oct-04 321.234,00 10.707,80 15 446,16 15 446,16 11.600,12 5 58.000,58 2.723.541,55

Nov-04 321.234,00 10.707,80 15 446,16 15 446,16 11.600,12 5 58.000,58 2.781.542,13

Dic-04 321.234,00 10.707,80 15 446,16 15 446,16 11.600,12 5 58.000,58 2.839.542,71

Ene-05 321.234,00 10.707,80 15 446,16 15 446,16 11.600,12 5 58.000,58 2.897.543,30

Nov-04 321.234,00 10.707,80 15 446,16 15 446,16 11.600,12 5 58.000,58 2.955.543,88

Dic-04 321.234,00 10.707,80 15 446,16 15 446,16 11.600,12 5 58.000,58 3.013.544,46

Ene-05 321.234,00 10.707,80 15 446,16 15 446,16 11.600,12 5 58.000,58 3.071.545,05

Total antigüedad: BS. 3.071.545, 05 – BS. 160.620, 00 (folio 161) = BS. 2.910.925, 05.

2) Vacaciones: Articulo 219 Ley Orgánica del Trabajo:

1997/1998 = 15 X BS. 10.707, 80 = BS. 160.617, 00.

1998/1999 = 16 X BS. 10.707, 80 = BS. 171.324, 80

1999/2000 = 17 X BS. 10.707, 80 = BS. 182.032, 60.

2000/2001 = 18 X BS. 10.707, 80 = BS. 192.740, 40.

2001/2002 = 19 X BS. 10.707, 80 = BS. 203.448, 20.

2002/2003 = 20 X BS. 10.707, 80 = BS. 214.156, 00

2003/2004 = 21 X BS. 10.707, 80 = BS. 224.863, 80.

2004/2005 fraccionadas le corresponden 22/12 meses = 1,84 X 10 meses (efectivamente laborados) = 18,4 X 11.600, 12 (ultimo salario integral) = BS. 213.442, 21.

Total vacaciones: BS. 1.562.625, 01 – 61.035, 60 (cancelado folio 161) = BS. 1.501.589, 41.

3) Bono vacacional: artículo 223 de la Ley Orgánica del Trabajo:

1997/1998 = 8 X BS. 10.707, 80 = BS. 85.662, 40

1998/1999 = 9 X BS. 10.707, 80 = BS. 96.370, 20.

1999/2000 = 10 X BS. 10.707, 80 = BS. 107.078, 00.

2000/2001 = 11 X BS. 10.707, 80 = BS. 117.785, 80.

2001/2002 = 12 X BS. 10.707, 80 = BS. 128.493, 60.

2002/2003 = 13 X BS. 10.707, 80 = BS. 139.201, 40.

2003/2004 = 14 X BS. 10.707, 80 = BS. 149.909, 20.

2004/2005 fraccionadas le corresponden 13/12 meses = 1,09 X 10 meses (efectivamente laborados) = 10,9 X 11.600, 12 (ultimo salario integral) = BS. 126.441, 31.

Total de bono vacacional: BS. 950.941, 91.

4) Utilidades: articulo 174 Ley Orgánica del Trabajo.

Fraccionadas año 1997: 15/12 = 1, 25 X 10 meses (efectivamente laborados) = 12, 5 X BS. 10.707, 80 = BS. 133.847, 50.

1997/1998 = 15 X BS. 10.707, 80 = BS. 160.617, 00.

1998/1999 = 15 X BS. 10.707, 80 = BS. 160.617, 00.

1999/2000 = 15 X BS. 10.707, 80 = BS. 160.617, 00.

2000/2001 = 15 X BS. 10.707, 80 = BS. 160.617, 00.

2001/2002 = 15 X BS. 10.707, 80 = BS. 160.617, 00.

2002/2003 = 15 X BS. 10.707, 80 = BS. 160.617, 00.

2003/2004 = 15 X BS. 10.707, 80 = BS. 160.617, 00.

2004/2005 fraccionadas 15/12 meses = 1, 25 X 10 meses (efectivamente laborados) = 12, 5 X BS. 10.707, 80 = BS. 133.847, 50.

Total de utilidades: BS. 1.392.014, 00 – 40.155, 00 (folio 161) = BS. 1.351.859, 00.

5) Cesta Ticket:

BS. 5.966.000, 00, monto éste que se cancela conforme a los cálculos realizados en el libelo, los cuales se consideran ajustados a derecho.

TOTAL GENERAL: BS. 12.681.315, 37.

Se ordena experticia complementaria del fallo para que un único experto designado por el Juzgado de ejecución, calcule:

 Los intereses de las prestaciones sociales respecto de la cantidad de BS. 2.910.925, 05, a partir de octubre 1997, y con fecha de terminación el 01 diciembre 2004, de conformidad con el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo.

 De conformidad con la jurisprudencia laboral reiterada, calcule la corrección monetaria (indexación) respecto a la cantidad de BS. 12.681.315, 37, desde la notificación de la demanda (12-07-2005, folio 35) hasta la fecha en que se ordene la ejecución del presente del fallo.

 De conformidad con el artículo 92 constitucional calcule los intereses moratorios respecto a la cantidad de BS. 12.681.315, 37, a partir de la terminación de la relación laboral (01-12-2004) hasta que se ordene la ejecución del fallo.-

No hay condenatoria en costas por no haber vencimiento total.

REGISTRSE PUBLIQUESE DEJESE COPIA.

Dada dictada y firmada en el despacho del Juzgado Primero de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo el día DIECISEIS (16) de MAYO del año dos mil seis (2006).-

La Juez

DIANA PARES DE SERAPIGLIA

EL SECRETARIO

LUIS MIGUEL MORENO

En la misma fecha se publico la anterior sentencia, siendo las cuatro de la tarde (4.00 PM).

EL SECRETARIO

Exp. No. GP02-L-2005-001114.

DP/LM/Amarilys Mieses.