Decisión nº 2580 de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de Cojedes, de 31 de Enero de 2013

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES.

Años: 202° y 153°.

1. Identificación del solicitante y la solicitud.-

   SOLICITANTE: E.R.R., venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 6.186.271, domiciliado en el sector Las Granjitas de la ciudad de Tinaquillo, municipio Tinaquillo, estado Cojedes.-

   MOTIVO: Título S..

   DECISIÓN: Interlocutoria.

   SOLICITUD Nº 4782.

2. Síntesis Procesal.-

   En fecha treinta y uno (31) de octubre del año 2007, se dio por recibida ante el Juzgado Distribuidor de Primera Instancia de esta Circunscripción Judicial, la solicitud de T.S. presentada por el ciudadano E.R.R., plenamente identificado en actas. Efectuado el sorteo correspondiente en esa misma fecha, fue asignada a este Juzgado la referida solicitud, dándosele entrada en fecha primero (1°) de noviembre del mismo año.

   Por auto de fecha seis (6) de noviembre del año 2007, el Tribunal a los fines de dar continuidad a la evacuación de la solicitud, observó al interesado, que proveerá lo conducente, una vez que constará en autos respuesta del oficio N° 05-343-505, librado por este Tribunal en fecha 9 de octubre de 2007, dirigido al INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI).-

   Mediante auto de fecha dos (2) de junio del año 2008, y visto el oficio CJ-CDAN N° 494-2007, emanado de la Consultoría Jurídica, Unidad de Dictámenes y Asuntos Normativos del Ministerio popular para la Agricultura y Tierras, el Tribunal a los fines de proveer lo conducente a la solicitud, instó a la parte actora a consignar en actas la correspondiente autorización emanada del Instituto Nacional de Tierras (INTI).

   Por auto de fecha veintiocho (28) de mayo de 2009, el Tribunal ordenó la notificación del ciudadano E.R.R., mediante boleta, a los fines de que compareciera por ante este Tribunal a manifestar si mantiene el interés en la presente solicitud. Se libró B..

   En Fecha veintidós (22) de Julio del año 2009, el Alguacil de este Juzgado, consignó acuse de recibo del Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (IPOSTEL) junto a sobre cerrado, haciendo constar que no se pudo localizar al ciudadano E.R.R..

   En fecha veintisiete (27) de Julio del año 2009, este Tribunal mediante auto acordó oficiar al Servicio de Administrativo de Identificación; Migración y Extranjería (SAIME), adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones de Interior y Justicia (MPPRIJ), Caracas Distrito Capital, a los fines de que este informara a la brevedad posible, sobre los últimos movimientos migratorios del ciudadano E.R.R.. Se libró oficio.

   En fecha catorce (14) de enero del año 2010, este Tribunal mediante auto acordó ratificar el oficio N° 05-343-496 de fecha veintisiete (27) de julio de año 2009, librado al Servicio de Administrativo de Identificación; Migración y Extranjería (SAIME), adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones de Interior y Justicia (MPPRIJ), Caracas Distrito Capital, en esta misma fecha se libró oficio.

   En fecha veintiocho (28) de enero del año 2010, este Juzgado recibió oficio N° RIIE-1-0501-135 de fecha nueve (9) de octubre del año 2009, dando respuesta a la información solicitada en oficio enviado por este despacho en fecha veintisiete (27) de Julio del año 2009, el Tribunal en esta misma fecha acuerda agregarlo a los autos, para que surta sus efectos legales consiguientes.

   En fecha primero (1°) de febrero del año 2010, mediante auto, el Tribunal acuerda oficiar al Servicio de Administrativo de Identificación; Migración y Extranjería (SAIME), adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones de Interior y Justicia (MPPRIJ), Caracas Distrito Capital, en atención a la Dirección de Dactiloscopia y Archivo Central adscrita a la mencionada institución, a efecto de que informe a este juzgado, acerca del domicilio exacto del ciudadano E.R.R., en esta misma fecha se libró oficio.

   En fecha diez (10) de Julio de 2012, observa este juzgado que hasta la fecha no consta respuesta alguna del oficio N° 05-343-053 de fecha primero (1°) de febrero del año 2010, librado al Servicio de Administrativo de Identificación; Migración y Extranjería (SAIME), adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones de Interior y Justicia (MPPRIJ), Caracas Distrito Capital, por lo que este Tribunal a los fines de darle continuidad a la solicitud, y vista la inactividad de la parte interesada y la falta de interés, acuerda oficial a la Oficina del Consejo Nacional electoral (CNE) – Región Cojedes, a efecto de que remitan información acerca del último domicilio del ciudadano E.R.R., en esta misma fecha se libró oficio.

   En fecha veinte (20) de julio del año 2012, este juzgado recibió oficio ORE COJEDES/O/N° 0410/2001 de fecha diecinueve (19) de julio del año 2011, dando respuesta a información solicitada por este despacho mediante oficio N° 05-343-260, de fecha diez (10) de julio de 2012, el Tribunal en esta misma fecha acuerda agregarlos a los autos para que surtan sus efectos legales consiguientes.

   Por auto de fecha veintiséis (26) de julio de 2012, el Tribunal ordenó nuevamente la notificación del ciudadano E.R.R., mediante boleta, a los fines de que compareciera por ante este Tribunal a manifestar si mantiene el interés en la presente solicitud. Se libró B..

   En Fecha treinta (30) de noviembre del año 2012, mediante diligencia, el Alguacil de este Juzgado, consignó acuse de recibo del Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (IPOSTEL) junto a sobre cerrado, haciendo constar que fue imposible la notificación del ciudadano E.R.R..

   Por auto de fecha cuatro (4) de diciembre del año 2012, el Tribunal ordenó que la notificación del ciudadano E.R.R., se practique mediante boleta publicada en la cartelera del Tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 174 y 233 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de que manifieste a este Juzgado si mantiene el interés en la evacuación de la solicitud de TÍTUTLO SUPLETORIO.

   Por auto de fecha seis (6) de diciembre del año 2012, la Secretaria de este Juzgado, deja constancia expresa de haber fijado en la Cartelera del Tribunal, un ejemplar de la boleta de notificación librada al ciudadano E.R.R., publicada en la cartelera del Tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 174 y 233 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de que manifieste a este Juzgado si mantiene el interés en la evacuación de la solicitud de TÍTUTLO SUPLETORIO.

   En fecha veintinueve (29) de enero de laño 2013, el Tribunal dejó constancia del vencimiento del Lapso establecido en el Artículo 233 del Código de Procedimiento Civil.

   Cumplidas las formalidades inherentes a la notificación del solicitante y siendo hoy la oportunidad procesal para que este Órgano Subjetivo Institucional Pro Tempore Ex Necesse ( por el tiempo que sea necesario), emita un pronunciamiento en la presente solicitud, pasa el Tribunal a resolver sobre la misma en los siguientes términos:

3. Motivaciones para decidir: Acerca del interés en jurisdicción voluntaria.-

   En el presente caso estamos ante la petición de un justiciable en virtud de la posibilidad establecida en la norma de evacuar un TÍTULO SUPLETORIO, para que se declaren bastantes y suficientes las probanzas producidas In Audita Alteram Parts (Sin audiencia de otra parte), reconociéndole su posesión o algún otro derecho, dejando a salvo los derechos que sobre tal bien puedan tener terceros, en virtud de ser tal declaratoria ajena a la controversia de intereses o jurisdicción contenciosa, en la cual en caso de presentarse un conflicto sobre tal derecho, se dirimirá sopesando las probanzas y títulos que esgriman las partes en conflicto, por imperio del artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece:

   Artículo 937. Si se pidiere que tales justificaciones o diligencias se declaren bastantes para asegurar la posesión o algún derecho, mientras no haya oposición, el Juez decretará lo que juzgue conforme a la ley, antes de entregarlas al solicitante, o dentro del tercer día, si esta petición se hubiere hecho posteriormente a la primera diligencia; quedando en todo caso a salvo los derechos de terceros

   .

   El competente para hacer la declaratoria de que habla este artículo es el Juez de Primera Instancia del lugar donde se encuentren los bienes de que se trate

   .

   Respecto al Título Supletorio contenido en el artículo 979 del Código de Procedimiento Civil, instituye el autor patrio Dr. R.H. La Roche en su obra Código de Procedimiento Civil (Tomo V, p.580; 2004) que:

   Omissis… Ciertamente que, según el artículo 898, como hemos dicho, los terceros adquiriente de algún derecho que haya sido objeto de declaración judicial (vgr., justificativo para perpetua memoria declarado bastante: Art. 937) se consideran de buena fe a todos los efectos legales. Sin embargo –conforme lo expresa la jurisprudencia (cfr abajo CSJ, Sent. 28-5-91)—el derecho que se adquiere con el título supletorio no es el de propiedad. Lo que se adquiere con el titulo supletorio es la prueba de la posesión o de algún derecho a partir de su fecha cierta. Por tanto, para gozar de la prescripción decenal del artículo 1.979, es necesario que el dador afirme en la escritura registrada la transmisión de la propiedad del inmueble a quien la poseía o la comienza a poseer de buena fe, es decir, animus domini (Art. 788), y la mantiene en posesión por diez años. El titulo supletorio solo será útil para acreditar esto último, es decir, que ha mantenido en posesión legitima la cosa por espacio de diez años, desde la fecha cierta del titulo supletorio en adelante

   (Negrillas y subrayado del Tribunal).

   Tal declaratoria supletoria de posesión o de cualquier otro derecho, se encuentra inmersa adjetivamente en el Libro Cuarto, Parte Segunda (De la Jurisdicción Voluntaria), Título IV (De la entrega de bienes vendidos, de las notificaciones y de las justificaciones para perpetua memoria), Capítulo II (De las justificaciones para perpetua memoria), del Código de Procedimiento Civil, cuyas disposiciones generales se encuentran establecidas en los artículos 895 al 902 del indicado texto procesal. De ellos se desprende que, en estos casos el juez no garantiza estrictamente el derecho, sino que prevé la posible controversia de intereses que puede suceder a falta de título e interviene en la formación y desarrollo de situaciones jurídicas, conforme a la ley, atendiendo la constitución o modificación de los intereses privados alegados y probados (artículo 895 eiusdem). Así se evidencia.-

   Aun cuando tales declaratorias pertenecen al ámbito de la jurisdicción voluntaria, no están desprendidas de formalidades, por cuanto conforme al artículo 899 de la norma adjetiva civil, dichas peticiones o solicitudes deben llenar todos los requisitos del artículo 340 eiusdem, es decir, del libelo de demanda, en cuanto le sean aplicables, indicándose expresamente en ella a las personas que deban ser oídas en el asunto, para que sean citadas o llevadas ante el Tribunal por el solicitante, teniendo el juez la potestad de ordenar la citación de algún tercero que considere tenga interés en las resultas de dicha petición, para que haga acto de presencia al segundo (2º) día siguiente a exponer lo que consideren pertinente, sin posibilidad de nombrarles defensor judicial (artículo 900 ídem), por cuanto no estamos en presencia de un proceso contencioso, consignando igualmente, todo documento público o privado y cualquier otra probanza que quiera hacer valer para fundamentar su solicitud. Así se establece.-

   Una vez admitida la solicitud, aunque no es un procedimiento contencioso, existe al igual que en él, la posibilidad para el juez de abrir una articulación probatoria, en caso de que considere necesario evacuar alguna prueba que considere pertinente, teniendo la libertad de establecer el lapso de dicha articulación de forma potestativa, por cuanto la norma no establece límite para esta, conforme al citado artículo 900 del Código de Procedimiento Civil comentado supra. Dentro de los tres (03) días siguientes al vencimiento de dicha articulación probatoria, el juez resolverá lo pertinente, siempre que lo solicitado pertenezca a la jurisdicción voluntaria, ya que en caso contrario, deberá sobreseer el procedimiento e instar al o los interesados a que intenten la demanda que consideren pertinente (artículo 901 ídem). Todos los gastos derivados de esta solicitud o petición son de cargo del solicitante, conforme al artículo 902 íbidem. Así se precisa.-

   En caso de declaratoria, esta constitución o modificación dictaminada al momento de pronunciarse el juez en jurisdicción voluntaria, es apelable, salvo disposición en contrario, por lo que goza tal declaratoria del control que proporciona el principio de la doble instancia que impera en la jurisdicción contenciosa, ya sea en contra de la negativa de admisión ejercida por el solicitante o contra la declaratoria, ejercida por un tercero que considere que se ocasiona gravamen con la misma (artículo 896 ídem) y además, en virtud del principio de Identidad del Órgano Jurisdiccional, permite al justiciable tener la certeza de que dicho órgano no podrá cambiar la eficacia y la determinación tomada por el órgano jurisdiccional respectivo, imposibilitando que los interesados, actuando de mala fe, puedan llevar al conocimiento de otra autoridad judicial su solicitud en búsqueda de una resulta distinta a la tomada por el órgano judicial que conoció en primera instancia de conocimiento, de conformidad con el artículo 897 íbidem. Así se resalta.-

   Su valor jurídico es el de gozar de una presunción de derecho o iuris tantum, adquiriendo el carácter de terceros adquirientes de buena fe quienes lo sean con fundamento en tales declaratorias judiciales en jurisdicción voluntaria, hasta prueba en contrario conforme al artículo 898 del Código de Procedimiento Civil. Así se analiza.-

   Ahora bien, vista la gran cantidad de solicitudes de esta índole que se intentan en los tribunales de Instancia de la República, presentando en la realidad forense el caso que un gran número de ellas quedan inmóviles o inactivas a causa de la falta de impulso de los solicitante, creando con el paso del tiempo una acumulación de solicitudes inertes a veces excediendo la anualidad y que no tienen una finalización jurídica en virtud de que no puede serles aplicables en principio instituciones consagradas para la jurisdicción contenciosa, copando los archivos judiciales a la espera de que el solicitante recuerde impulsar estas, no existiendo sanción para dicha inactividad por parte del solicitante, cabría hacerse las siguientes preguntas: ¿Opera la figura de la pérdida del interés respecto a estas solicitudes o peticiones en jurisdicción voluntaria?.

   Para poder determinar la existencia de tal posibilidad, debemos analizar el criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 793 del 02 de mayo de 2007, ponente magistrado Dr. F.C., expediente Nº 02-1038 (Caso: Procurador del Distrito Metropolitano de Caracas), la cual haciendo uso de la doctrina, estableció respecto al Interés procesal lo siguiente:

   Es criterio reiterado de esta Sala Constitucional que el derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales, enmarcado en el derecho a la tutela judicial efectiva, previsto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es ejercido mediante la acción, la cual presenta, entre otros requisitos esenciales, al interés procesal, elemento que deviene de la esfera del derecho individual ostentado por el solicitante y que le permite elevar y mantener una determinada situación jurídica ante los tribunales. De este modo, el ejercicio de la acción no responde a una simple abstracción para el particular que lo invoca, sino que constituye un requisito cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión

   .

   “Al respecto, entre otras consideraciones sobre el interés procesal, esta S. ha sostenido lo siguiente:

   ...A juicio de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendido éste como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor.

   Si teóricamente es irrelevante ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica, o para preservar un daño, la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdiccional.

   (...)

   Esta pérdida de interés puede o no existir antes del proceso u ocurrir durante él, y uno de los correctivos para denunciarlo si se detecta a tiempo, es la oposición de la falta de interés. Pero igualmente puede ser detectada por el juez antes de admitir la demanda y ser declarada en el auto que la inadmite, donde realmente lo que se rechaza es la acción y no el escrito de demanda. El artículo 6, numerales 1, 2, 3, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es una evidencia de tal poder del juez...

   (Sentencia n° 956 del 1 de junio de 2001, caso “F.V.G. y M.P.M. de V.”)

   “En tal sentido, en la sentencia N° 2.996 del 4 de noviembre de 2003, caso: “R.A.G.F.”, esta Sala Constitucional, luego de citar la decisión parcialmente transcrita, precisó que:

   “...la opinión de U.R. sobre el punto es resumida por M.C., en los siguientes términos:

   R. sostiene que el interés para accionar ‘no es otra cosa que el elemento sustancial del derecho de acción, y, concretamente aquel interés que, tutelado jurídicamente por el derecho procesal adjetivo, constituye el derecho de acción’. Y que el juez debe hacer un juicio de utilidad, parangonando los efectos de la providencia jurisdiccional requerida con la utilidad que de tal providencia puede seguirse para quien la requiere, respecto de una determinada relación jurídica. Es decir, debe analizarse la utilidad actual, y para ello se debe indagar si la falta de la providencia jurisdiccional le causa daño o perjuicio. Si hay perjuicio, hay interés para accionar o para contradecir; y si no lo hay, no existe tal interés. Este interés debe ser concreto y actual. En cuanto a que sea concreto, ha de referirse a una providencia concreta, referente a una concreta relación jurídica y respecto de una acción singular y particular, individualizada, ejercida por un sujeto determinado. Y actual, en cuanto es tomado en el momento mismo en que la acción es ejercida’ (M.G.M.C.. Derecho procesal civil. Parte general. Medellín. D.. 4ta ed. 1996. p. 282-283).

   “Finalmente, E.T.L., al sostener que las condiciones o requisitos de existencia de la acción son el interés para accionar y la legitimación, asienta de manera contundente que:

   ‘Sólo si concurren estas condiciones puede considerarse existente la acción y surge para el juez la necesidad de proveer sobre la demanda, para acogerla o rechazarla (…) La ausencia aun de una sola de ellas induce carencia de acción y puede ser puesta de relieve, aun de oficio, en cualquier grado del proceso (…)

   El interés para accionar es el elemento material del derecho de acción y consiste en el interés para obtener la providencia solicitada (…) El interés para accionar surge de la necesidad de obtener del proceso la protección del interés sustancial; presupone por eso la lesión de este interés y la idoneidad de la providencia demandada para protegerlo y satisfacerlo. Sería, en efecto, inútil tomar en examen la demanda para conceder (o negar) la providencia pedida, en el caso de que en la situación de hecho que viene dibujada no se comprenda afirmada una lesión del derecho o interés que se alega frente a la contraparte, o si los efectos jurídicos que se esperan de la providencia sean, de cualquier modo ya adquiridos, o si la providencia es por sí misma inadecuada o inidónea para remover la lesión, o finalmente si la providencia pedida no puede pronunciada, por no admitirse por la ley (ejemplo, la prisión por deudas) (…)

   “En conclusión, el interés para accionar está dado por la relación jurídica entre la situación antijurídica que se denuncia y la providencia que se pide para ponerle remedio mediante la aplicación del derecho, y esta relación debe consistir en la utilidad de la providencia, como medio para adquirir por parte del interés lesionado la protección acordada por el derecho...’

   “Sobre el interés procesal, el maestro I.P.C. señaló lo siguiente:

   El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional

   (“Instituciones de Derecho Procesal Civil”. Volumen I, “La Acción”, p. 269, Ediciones Jurídica Europa América, Buenos Aires, 1973).

   En el marco de las observaciones anteriores se observa, que el 9 de mayo de 2006, esta S. ordenó a la parte accionante que manifestara si mantenía interés en la presente causa y tal como se evidencia del expediente, se practicó la correspondiente notificación el 13 de junio de 2006, luego de lo cual, transcurrió el lapso de treinta días otorgado, sin que se produjera la actuación requerida, por lo que resulta forzoso para esta Sala Constitucional declarar el decaimiento de la acción por pérdida del interés procesal y dar por terminado el procedimiento. Así se declara

   (Negrillas y subrayado de este Tribunal).

   No obstante, para el análisis de la precitada decisión considera este sentenciador que es necesario traer a colación la sentencia número 956, la cual considera “sentencia madre” en materia de pérdida de interés procesal, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 01 de junio de 2001, con ponencia del magistrado Dr. J.E.C.R., expediente Nº 00-1491 (Caso: F.V.G. y M.P.M. De Valero), donde se precisó:

   La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesta la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin

   (Itálicas de esta instancia).

   Omissis…

   Para que se declare la perención o el abandono del trámite (artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), es necesario que surja la instancia o el trámite, que se decrete la admisión del proceso, pero si surge un marasmo procesal, una inactividad absoluta en esta fase del proceso, ¿cómo podrá argüirse que ese accionante quiere que se le administre justicia oportuna y expedita, si su proceder denota lo contrario?, ¿Para qué mantener viva tal acción, si uno de sus elementos: el interés procesal ha quedado objetivamente demostrado que no existe?

   .

   La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia. Tal parálisis conforme a los principios generales de la institución, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido. Es indiscutible que ese actor no quiere que lo sentencien, por ello ni incoa un amparo a ese fin, ni una acción disciplinaria por denegación de justicia, ni pide en la causa que le fallen. No es que el Tribunal va a suplir a una parte la excepción de prescripción no opuesta y precluída (artículo 1956 del Código Civil), la cual sólo opera por instancia de parte y que ataca el derecho del demandante, sino que como parámetro para conocer el interés procesal en la causa paralizada en estado de sentencia, toma en cuenta el término normal de prescripción del derecho cuyo reconocimiento se demanda

   .

   Omissis…

   En los tribunales reposan procesos que tienen más de veinte años en estado de sentencia, ocupando espacio en el archivo, los cuales a veces, contienen medidas preventivas dictadas ad eternum, y un buen día, después de años, se pide la sentencia, lo más probable ante un juez distinto al de la sustanciación, quien así debe separarse de lo que conoce actualmente, y ocuparse de tal juicio. ¿Y es que el accionante no tienen ninguna responsabilidad en esa dilación?

   .

   A juicio de esta Sala sí. Por respeto a la majestad de la justicia (artículo 17 del Código de Procedimiento Civil), al menos el accionante (interesado) ha debido instar el fallo o demostrar interés en él, y no lo hizo. Pero, esa inacción no es más que una renuncia a la justicia oportuna, que después de transcurrido el lapso legal de prescripción, bien inoportuna es, hasta el punto que la decisión extemporánea podría perjudicar situaciones jurídicas que el tiempo ha consolidado en perjuicio de personas ajenas a la causa. Tal renuncia es incontrastablemente una muestra de falta de interés procesal, de reconocimiento que no era necesario acudir a la vía judicial para obtener un fallo a su favor

   .

   De allí, que considera la Sala, a partir de esta fecha, como interpretación del artículo 26 Constitucional, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, que si la causa paralizada ha rebasado el término de la prescripción del derecho controvertido, a partir de la última actuación de los sujetos procesales, el juez que la conoce puede de oficio o a instancia de parte, declarar extinguida la acción, previa notificación del actor, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la notificación, o no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del tribunal. La falta de comparecencia de los notificados en el término que se fije, o las explicaciones poco convincentes que exprese el actor que compareciere, sobre la causa de su inactividad y los efectos hacia terceros que ella produjo, las ponderara el juez para declarar extinguida la acción

   .

   Todo ello, sin perjuicio de las sanciones a los jueces por la dilación cometida

   .

   Está consciente la Sala que hay tribunales sobrecargados de expedientes por decidir, provenientes de la desidia en la estructuración del poder judicial, y por ello resultaría contrario al Estado de Derecho y de Justicia que en dichos tribunales se aplicara estrictamente la doctrina expuesta en este fallo, por lo que la Sala considera que cuando los términos de prescripción de los derechos ventilados sean de un año o menos, vencido un año de inactividad en estado de sentencia, sin impulso del actor, si en el año siguiente al de la prescripción no hay impulso de su parte, se tendrá tal desidia procesal como muestra inequívoca que los accionantes perdieron el interés procesal en dicha causa, y así se declara

   (Negrillas y subrayados de la Sala).

   De las supra transcritas sentencias se deduce que:

   1. Opera dicha pérdida de interés en los supuestos establecidos en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil (perención anual, semestral y mensual), norma rectora y aplicable supletoriamente, figura jurídica que tiene enunciación en otros textos legales, tales como la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (artículo 25) entre otros textos legales especiales que la contemplan y que establecen los momentos procesales en que debe la parte dar impulso a la acción, so pena de ser sancionado con la extinción de la instancia o perención y la negativa de interposición de la acción nuevamente hasta transcurrir el lapso de noventa (90) días.

   2. Aunado a los supuestos anteriores, la Sala haciendo una interpretación del artículo 26 Constitucional y tomando en cuenta la realidad del sistema jurídico venezolano, ha detectado dos (02) momentos procesales donde se hace imperiosa la participación del justiciable, quien con su impulso ratifica su voluntad de solicitar al Estado su intervención en el conflicto de intereses en el cual se encuentra inmerso, los cuales son: A) Interpuesta la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin; y B) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, si la misma rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido.

   3. La pérdida de interés a la que se refieren los fallos trascritos supra versan sobre causas o procedimientos que pertenecen a la jurisdicción contenciosa, por cuanto hace alusión expresa a la “Acción”, como elemento esencial de la litis y la puesta en funcionamiento de la jurisdicción contenciosa en búsqueda de la solución de un conflicto interpersonal actual y no a una previsión, tal como se constituye la jurisdicción voluntaria, donde no hay acción sino petición o solicitud.

   Ahora bien, la presente solicitud tenía por objeto que se evacuase título supletorio, por lo que esta presenta una petición fundada en la necesidad de que se configure a su favor, la presunción de que le asiste el derecho de posesión y propiedad sobre tal bien, lo cual no es más que la petición ante un órgano jurisdiccional para que en aplicación de una norma jurídica vigente ampare el derecho que alega le asiste al peticionante, quien deberá aportar elementos suficientes para que el juez declare bastantes y suficientes tales probanzas para darle tal certeza de derecho, la cual es preferible a la inexistencia de título alguno que lo ampare. Así ser razona.-

   En ese orden de ideas, se hace impretermitible para este juzgador verificar si la jurisdicción voluntaria acoge la concepción de interés procesal o no en su desarrollo, tal como si lo hace la jurisdicción contenciosa, para lo cual hace suyo el criterio doctrinario del Dr. R.H. La Roche, en su obra en cita, quien indica respecto a ambas jurisdicciones que (Tomo V, p.536; 2004):

   2. La diferencia fundamental entre la jurisdicción voluntaria y la jurisdicción contenciosa, estriba, antes que en la forma (procedimientos) o el contenido (existencia del conflicto), en la función. Ciertamente, en la jurisdicción voluntaria la función es meramente preventiva; en la contenciosa, la función es dirimidora con eficacia de irrevisabilidad; esto es, de cosa juzgada con fuerza de ley (coercibilidad)

   .

   Continúa el autor y precisa que (p.537):

   3. La distinción entre la jurisdicción voluntaria y la jurisdicción contenciosa con finalidad constitutiva es extremadamente sutil. La primera se reduce a integrar o completar, previa constatación, la actividad de los particulares dirigida a la satisfacción de sus intereses mediante el desarrollo de las relaciones jurídicas. La segunda es el modo de dirimir un conflicto entre los intereses particulares, por una parte, y el bien publico (uti civis) por la otra. Previa una declaración de certeza que constata la ausencia de los supuestos fácticos en los que se fundamenta una situación jurídica, se dirime tal conflicto, cumpliéndose así con la > jurisdiccional, que en tales casos obra a favor del Estado; es decir, de la ley absoluta (Art. 6º CC). Omissis…

   (N. y subrayado de esta instancia).

   En base a tales asertos, es evidente que la jurisdicción voluntaria esta motorizada por el interés del solicitante para que el órgano jurisdiccional en la formación y desarrollo de situaciones jurídicas, obrando con conocimiento de causa y sin las formalidades de un proceso contencioso, con fundamento en normas legales tanto sustantivas como adjetivas, que permiten tal determinación provisional de tales situaciones jurídicas a favor del peticionante, creando una presunción IURIS TANTUM a su favor, la cual subsistirá ante terceros que no posean un mejor título que pueda desvirtuarla. No obstante a ello, persiste en doctrina la discusión acerca de sí la voluntaria es jurisdicción o simplemente, es una función administrativa que sigue ejerciendo el poder judicial como resabio de la antigua concentración de poderes imperante en las sociedades pre-revolucionarias y monárquicas, donde una sola autoridad acumulaba para ella dos o más de las vertientes del poder descritas por Charles-Louis de Secondat, señor de la Bréde, mejor conocido como B. de Montesquieu, quien en su teoría de división instituyó la clásica conformación tri-partita de éste en: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Así se indica.-

   A manera de aporte decisivo en esta discusión doctrinaria, hace suyo este órgano subjetivo jurisdiccional pro tempore ex necesse, el criterio que acerca de la jurisdicción voluntaria hace el gran jurista F.C. en su obra Instituciones de Derecho Procesal Civil (Vol. I, pp.191-193; 1973), versión traducida por Santiago Sentís Melendo, al precisar que:

   En la zona fronteriza entre la función jurisdiccional y la administrativa, esta la llamada jurisdicción voluntaria; la cual, aun siendo, como veremos en seguida, función sustancialmente administrativa, es subjetivamente ejercida por órganos judiciales, y por eso designa tradicionalmente con el nombre equivoco de jurisdicción, si bien acompañado con el atributo voluntaria que tiene la finalidad de distinguirla de las verdadera y propia jurisdicción… omissis. Esta llamada jurisdicción voluntaria (que acaso deriva su nombre tradicional de la función, un tiempo atribuida a los jueces, de documentar, como hacen hoy los notarios, los acuerdos entre contratantes, inter volentes) constituye uno de los casos más típicos del fenómeno, ya recordado más arriba, por el cual, órganos constituidos para ejercer una de las tres funciones de la soberanía, ejercen por excepción, funciones que sustancialmente pertenecerían a una de las otras dos funciones existentes: aquí, en el caos de la jurisdicción voluntaria, los actos realizados por el órgano judicial, que por razones subjetivas deberían calificarse de jurisdiccionales, son administrativos por su fin y por sus efectos. En sustancia, pues, la contraposición entre jurisdicción voluntaria y jurisdicción contenciosa tiene este significado: que sólo la jurisdicción llamada contenciosa es jurisdicción, mientras la jurisdicción llamada voluntaria no es jurisdicción, sino que es administración ejercida por órganos judiciales

   .

   Por su contenido, la jurisdicción voluntaria ente en la rama más vasta de la función administrativa que se suele llamar administración pública del derecho privado y que comprende todas aquellas actividades con las cuales, en formas múltiples y a través de órganos variados, el Estado interviene para integrar la actividad de los particulares dirigida a la satisfacción de sus intereses mediante el desarrollo de las relaciones jurídicas. Es sabido que, para la satisfacción de sus intereses, el Estado reconoce a los particulares un cierto campo de autonomía, dentro del cual puede desarrollarse su poder negocial, esto es, el poder de crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas mediante declaraciones de voluntad; pero mientras, en algunos casos, basta la voluntad de los interesados, manifestada en ciertas formas, para producir los efectos jurídicos deseados, en otros, el efecto no puede producirse si la voluntad de las partes no es integrada con la intervención de un órgano del Estado, el cual, o limitándose a una simple verificación de legalidad o también, a veces, entrando a examinar la oportunidad del acto con criterios discrecionales, obra como colaborador de los particulares para la producción del efecto jurídico deseado por ellos y, por consiguiente, para la satisfacción de los fines que los particulares, a través del negocio, se proponen. Esta administración pública del derecho privado puede ser ejercida por autoridades pertenecientes, también orgánicamente, al ordenamiento administrativo (se puede pensar en la intervención del Oficial del estado civil, necesaria para la conclusión del matrimonio. Art. 106 C.c.; o en la del Registrador de la Propiedad, necesaria para la publicidad frente a terceros, arts. 2827 y sigtes. Del C.c.); pero, en ciertos casos, la misma, sin que por esto cambie su naturaleza, se confía, por razones de conveniencia práctica o de tradición histórica, a los órganos judiciales y entonces toma el nombre de jurisdicción voluntaria. Esta se puede, por consiguiente, definir como la administración publica del derecho privado ejercida por órganos judiciales

   (Negrillas y subrayado de este Tribunal).

   Agrega el autor de marras que (p. 194):

   Omissis… la finalidad a la cual se dirige esta colaboración dada por el Estado a la actividad negocial de un solo interesado o de varios interesados concordes (en formas diversas, que correspondían a tipos de actos administrativos conocidos por la doctrina: autorizaciones, aprobaciones, actos certificativos, etc.) no es la de garantizar la observancia del derecho en el sentido que antes se ha visto, sino la de la mejor satisfacción, dentro de los límites del derecho, de aquellos intereses privados a los cuales se refiere la relación o situación jurídica que la intervención de la autoridad judicial sirve para constituir o para modificar. La jurisdicción voluntaria entra, por consiguiente, en la actividad social, no en la actividad jurídica del Estado; también para ésta, lo mismo que para la actividad administrativa, el derecho no es fin sino medio, que sirve para la satisfacción de otros fines, esto es, para la constitución de nuevas relaciones correspondientes a intereses sociales dignos de especial asistencia

   (Negrillas y subrayado de este jurisdicente).

   Es concluyente el anterior aporte doctrinario, para determinar que la jurisdicción voluntaria no es más que una actividad social del Estado, tendente a dar fe de la actividad negocial del acto celebrado por el o los particulares, para que obtengan la satisfacción de sus intereses, la cual entraña sustancialmente una actividad administrativa ejercida subjetivamente por órganos de administración de justicia, sin la cual dicho acto, sometido a un análisis de adecuación al bloque de la legalidad vigente, principio que limita la autonomía de las partes en materia contractual, no goza de validez. Así se concluye.-

   Ciertamente, sí el interesado busca dicho reconocimiento del Estado en lo que respecta al negocio jurídico que dice celebró en uso de su capacidad negocial y que requiere ser reconocido con un carácter preventivo, tendente a confrontar futuras controversias, dicha petición está motivada por el interés del particular en obtener dicho reconocimiento del Estado, por lo que de forma alguna puede el justiciable en uso de su derecho a tal reconocimiento, dejar pendiente el impulso que debe aportar para que se materialice el pronunciamiento del órgano jurisdiccional en funciones Administrativas, por tiempo indefinido, por cuanto esto implicaría de hecho una falta de interés en obtener pronta y efectiva respuesta, contrario a los preceptos establecidos en los artículos 26 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así se advierte.-

   Ora, habría de determinarse sí tal figura de pérdida de interés procesal en la causa es aplicable a estos procedimientos y cuál es el lapso de tiempo que puede permanecer inactivo el justiciable en jurisdicción voluntaria, para que puede considerarse como “Desinterés” en obtener un pronto y adecuado pronunciamiento por parte del Órgano Jurisdiccional en funciones administrativas, considerando que a todas luces no habiendo acción y controversia de derechos en la jurisdicción voluntaria, no son inaplicables los lapsos especiales y genérico de extinción de la instancia o perención contenido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil y en las normas especiales en materia contenciosa, por cuanto no estamos en presencia de una verdadera jurisdicción o jurisdicción contenciosa, planteándose entonces tal disyuntiva para quien aquí se pronuncia. Así se precisa.-

   Siendo el derecho un sistema completo e integral que no acepta en principio vacíos o lagunas jurídicas conforme la Teoría Pura del Derecho esbozada por H.K., por cuanto las mismas deben ser cubiertas haciendo uso de las herramientas hermenéuticas de interpretación del derecho de aplicación supletoria o aplicación analógica de normas que se encuentren dentro del ordenamiento jurídico del Estado, aun cuando su materia sea diferente y en ausencia de estas los principios generales del derecho, tal como lo establece el único aparte del artículo 4 del Código Civil; observamos que la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos la cual regula la actividad de la Administración Pública Nacional concentrada o descentralizada conforme al artículo 1º de ese texto, establece una norma similar a lo que sería la aplicación de situaciones que demuestran interés en los trámites solicitados por los particulares, precisando que aparte de la decisión que pueda tomar el órgano de la Administración, existen dos formas de terminación del procedimiento que son el Desistimiento y la Perención, establecidos así:

   Artículo 63. El procedimiento se entenderá terminado por el desistimiento que el interesado haga de su solicitud, petición o instancia. El desistimiento deberá formularse por escrito. En caso de pluralidad de interesados, el desistimiento de uno de ellos no afectará a los restantes

   .

   El funcionario que conozca del asunto formalizará el desistimiento por auto escrito y ordenará el archivo del expediente

   .

   Igualmente indica en su:

   Artículo 64. Si el procedimiento iniciado a instancia de un particular se paraliza durante dos (2) meses por causa imputable al interesado, se operará la perención de dicho procedimiento. El término comenzará a partir de la fecha en que la autoridad administrativa notifique al interesado

   .

   Vencido el plazo sin que el interesado hubiere reactivado el procedimiento, el funcionario procederá a declarar la perención

   .

   E., siendo la llamada jurisdicción voluntaria una labor administrativa ejercida por funcionarios judiciales, le son perfectamente aplicables las normas que regulan el funcionamiento de los órganos administrativos del Estado, por lo tanto, una vez que el justiciable solicite le sea reconocido un derecho o que se consideren bastantes y suficientes para garantizarles tal derecho, tendrá igualmente que demostrar que tiene interés en que el Estado intervenga en dicho negocio jurídico, hasta que el mismo, a través del órgano jurisdiccional dicte su pronunciamiento acordando o negando tal petición.

   En este orden de ideas, el justiciable en uso de la potestad que le otorga los artículos 26 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tiene la posibilidad de informar al Tribunal que su interés en obtener respuesta decayó, por lo que puede Desistir de forma expresa de la misma conforme a la aplicación analógica del artículo 63 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; tal desistimiento no acarrea sanción alguna para el solicitante y no requiere de notificación al solicitante. Así se decreta.-

   Por otro lado, en caso de inactividad del justiciable por más de dos (2) meses después de presentada su petición, en dicha solicitud operará la Perención contenida en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y por cuanto, no se establece un lapso específico para la caducidad de tales solicitudes, no siendo aplicable el de cinco (5) años contenido en el artículo 70 eiusdem, por referirse a actos administrativos y no a actos de los particulares en uso de su capacidad negocial, en consecuencia, se entenderá que la declaratoria de Perención se hará efectiva, transcurrido un lapso de dos (2) meses contados a partir de la notificación del justiciable, sin que este haga acto de presencia para impulsar la misma. Consecuencialmente, tal falta de actividad debe traer aparejada una sanción, la cual no es otra que la Imposibilidad del solicitante de interponer nuevamente dicha petición, hasta tanto transcurran noventa (90) días contados a partir de la declaratoria de la pérdida de interés, por aplicación analógica del artículo 267 del código de Procedimiento Civil. Así se establece.-

   Por ende, en los casos en que se configure la Pérdida de Interés del justiciable en jurisdicción voluntaria o graciosa, deberá notificarse a este en el domicilio que aparece establecido en su solicitud, conforme al ordinal 7º del artículo 340 en concordancia con el artículo 174, ambos del Código de Procedimiento Civil, en caso de no haberlo establecido, se hará mediante publicación de la boleta que al efecto se libre, conforme lo dispuesto en el artículo 233 eiusdem, en la cartelera de este Juzgado. Así se determina.-

   Considera quien aquí decide que, tales razonamientos son aplicables igualmente a toda solicitud graciosa y no contenciosa que pueda realizar el justiciable ante el órgano jurisdiccional en ejercicio de funciones administrativas y que en virtud de tales situaciones y previendo la posibilidad de que el justiciable intente mediante el Dolus Malus obviar tal sanción, que toda declaratoria de este tipo sea notificada a los tribunales de la jurisdicción que posean igual competencia. Así se declara.-

   En el caso que nos ocupa, desde el treinta y uno (31) de octubre de 2007, el ciudadano E.R.R., asistido de la abogada A.M.A.M., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA) bajo el Nº 108.049, habiendo presentado su solicitud y encontrándose a derecho, le fue requerido por auto de fecha dos (2) de junio del año 2008, la correspondiente autorización del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (In.T.I.), para proceder a evacuar el Título Supletorio, sin que desde esa fecha la parte interesada haya cumplido con tal carga procesal, transcurriendo en demasía los dos (2) meses requeridos por la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativos para que operase la Perención, hasta que este Tribunal ordenase su notificación mediante auto de fecha veintiocho (28) de mayo del año 2009, en consecuencia, entiende este Órgano Institucional Judicial que la misma ha perdido el interés en la evacuación del Título Supletorio requerido por escrito de fecha treinta y uno (31) de octubre del año 2007, por lo que D. de tal petición. Así se declarará expresamente.-

4. DECISIÓN.-

   En consecuencia, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la circunscripción judicial del estado Cojedes, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, conforme a derecho, declara que se configuró la Pérdida de Interés del peticionante en la actuación, al haber dejado P. la presente solicitud y se ordena su archivo. Así se decide.-

   Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión, conforme a lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.-

   Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado en San Carlos de Austria, a los treinta y un (31) días del mes de enero de dos mil trece (2013). Años: 202º de la Declaración de Independencia y 153º de la Federación.

   El Juez Provisorio,

   Abg. A.E.C.C..

   La Secretaria Titular,

   Abg. S.M.V.R..

   En la misma fecha de hoy, se publicó y registró la anterior decisión, siendo las tres y diez minutos de la tarde (3:10 p.m.) y se archivó la solicitud.

   La Secretaria Titular,

   Abg. S.M.V.R..

   Expediente Nº 4782.-

   AECC/SMVR/williams perdomo.