Decisión nº PJ0112011000010 de Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Carabobo (Extensión Valencia), de 26 de Enero de 2016
| Fecha de Resolución | 26 de Enero de 2016 |
| Emisor | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo |
| Ponente | Eduarda Gil |
| Procedimiento | Diferencia De Prestaciones Sociales |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO,
CON SEDE EN VALENCIA
Valencia, 26 de enero de 2016
Años 205º y156º
EXPEDIENTE: GP02-L- 2012-001211
DEMANDANTE: E.J.M.M., titular de la cédula de identidad No.V-4.130.510
APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: ANNABELLA CÀSERES GUTIERREZ, E.G.C. y D.G.C. Abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 128.382, 106.005 y 121.283 (folios 42-44). M.T.B. y V.D.N. Abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 71.632 y 51.163 (folios 249-251)
DEMANDADA: RENA WARE DISTRIBUTORS, C.A. sociedad mercantil debidamente registrada por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 11 de febrero de 1965 bajo el No. 30, Tomo 13-A
APODERADOS JUDICIALES DE LA DEMANDADA: J.D.M.B., I.H.V., MARIO DE SANTOLO POMÀRICO, I.C.M., A.V. y ANALÌ THEN MEJIAS Abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 13.122, 61.227, 88.244, 102.448, 121.528 y 133.860 (folios 39-40).
MOTIVO: DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA
Se inició la presente causa en fecha 25 de junio de 2012, mediante demanda que fue admitida por el Juzgado Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo por auto de fecha 27 de junio de 2012.
Luego de concluida la audiencia preliminar, sin lograrse la mediación, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo ordenó la continuación de la causa en fase de juicio (folios 232-236).
Por auto de fecha 27 de noviembre de 2012, se le dio entrada, en fecha 04 de diciembre de 2012 se providenciaron las pruebas y se fijó oportunidad para la celebración de la audiencia oral y pública.
A solicitud de la parte actora, por auto de fecha 28 de enero de 2013 se difirió la audiencia de juicio para una nueva oportunidad. Por auto de fecha 18 de marzo de 2013 se fijó oportunidad para la práctica de Inspección Judicial.
Previa solicitud de la parte actora se suspendió la causa desde el 25 de marzo de 2013 hasta el 09 de abril de 2013 (folio 308).
Por auto de fecha 15 de abril de 2013, se designó como EXPERTO a objeto de la práctica de la experticia promovida por la parte actora, al ciudadano R.A., siendo debidamente notificado en fecha 02 de mayo de 2013 y en fecha 15 de mayo de 2013 notificó su aceptación en el cargo designado.
Por auto de fecha 06 de diciembre de 2013, se ordenó la remisión del expediente a la oficina de Archivo Judicial a los fines de su GUARDIA Y CUSTODIA (folio 318).
Mediante diligencias de fechas 31 de marzo y 05 de mayo de 2014 la abogada ANNABELLA CÀSERES solicitándose fije oportunidad para la realización de la inspección judicial y la remisión del expediente desde el Archivo Judicial.
Por auto de fecha 12 de mayo de 2014 se recibió el expediente proveniente del archivo judicial y en fecha 16 de mayo de 2014, se fijó oportunidad para la práctica de la inspección judicial la cual fue diferida en virtud de que coincidía con la audiencia oral fijada en el amparo distinguido con la nomenclatura GP02-O-2014-000018.
El Tribunal observa que la última actuación de la parte demandante en el presente expediente ocurrió en fecha 05 de mayo de 2014 ( folio 322) de manera que se evidencia que las partes no realizaron ninguna actividad procesal, transcurriendo así un periodo superior de un (01) año de inactividad procesal.
Al respecto el distinguido procesalista Ricardo Henríquez La Roche, pág 328-329 del Tomo II del Código de Procedimiento Civil establece: cito:
Un proceso puede extinguirse anormalmente, no por actos sino por omisión de las partes. Perención (de percibiré, destruir) de la instancia es la extinción del proceso que se produce por una paralización durante un año, en el que no se realizan actos de impulso procesal alguno.
El fundamento del instituto de la perención de la instancia reside en dos distintos motivos, uno, el de la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso, lo que llama elemento subjetivo, y de otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargo innecesarios.
Por ello la perención constituye un expediente práctico sancionatorio de la conducta omisiva de las partes que propende a garantizar el desenvolvimiento del proceso hasta su meta natural que es la sentencia.-
Al respecto el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil establece la regla general sobre la perención de la instancia, la llamada perención genérica de un lapso anual. Por otra parte, el artículo 269 ejusdem establece que la perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes, surtiendo efectos ex tunc, produciendo eficacia a partir de la fecha cuando se cumpla el año de paralización o inactividad, aunque no haya habido solicitud ni pronunciamiento al respecto, por lo que todas las consecuencias procesales y sustanciales que se derivan de la pendiente litis tienen efecto a partir de ese momento.-
La Ley Orgánica Procesal del Trabajo en su artículo 201 señala: cito:
Toda instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. Igualmente, en aquellas causas en donde haya transcurrido más de un año después de vista la causa, sin que hubiere actividad alguna por las partes o el Juez.
Al respecto la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, ha interpretado que el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, consagra dos supuestos en los cuales opera la perención de la instancia, a saber:
-
En la hipótesis que antes de comenzar el lapso para sentenciar, las partes no realizan ningún acto de procedimiento durante un año.
-
En aquel otro, en que después de vista la causa -esto es, encontrándose el proceso en etapa de sentencia-, no hay actividad de parte o del juez, durante el período de un año.
El artículo 202 eiusdem, establece que la perención se verifica de pleno derecho y debe ser declarada de oficio por auto expreso el Tribunal, seguidamente y conforme al artículo 203 ibidem, la perención solamente extingue el proceso.
En este sentido el Dr. Henríquez La Roche, expresa:
El interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto. La función pública del proceso exige que éste, una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente hasta su meta natural, que es la sentencia
.
Es de señalar que en el proceso laboral la perención opera de pleno derecho, es decir, desde que se consuma el plazo legalmente establecido, sin que se requiera la solicitud de parte ni que medie declaración judicial, bastando únicamente que la causa haya estado inactiva por más de una año, y opera, inclusive en caso de que la inactividad ocurra después de la vista de la causa, por lo que las partes conservan siempre la carga del impulso procesal.
En tal sentido, los artículos 201 al 204 de la Ley Orgánica Procesal de Trabajo, que tratan la figura de la perención de la instancia, establecen:
Artículo 201. Toda instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. Igualmente, en todas aquellas causas en donde haya transcurrido más de un (1) año después de vista la causa, sin que hubiere actividad alguna por las partes o el Juez, este último deberá declarar la perención.
Artículo 202. La perención se verifica de pleno derecho y debe ser declarada de oficio por auto expreso del Tribunal.
Artículo 203. La perención no impide que se vuelva a proponer la demanda y solamente extingue el proceso. En tal sentido, no corren los lapsos de prescripción legalmente establecidos y no se aplica la consecuencia jurídica establecida en el artículo 1.972 del Código Civil.
Artículo 204. En ningún caso el demandante podrá volver a proponer la demanda, si no hubieren transcurrido noventa (90) días después de declarada la perención de la instancia
.
Como puede evidenciarse, la regla general, en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de pleno derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 202 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
En efecto, se trata la perención, sin duda alguna, de una institución netamente procesal dado que constituye uno de los medios de terminación del proceso. Sin embargo, a diferencia de otros medios de terminación, ésta no está vinculada a la voluntad de las partes ni del Juez, sino a condiciones objetivas fundamentalmente fácticas que deben conjugarse a los fines de su materialización.
Tal institución procesal, ha sido considerada como un medio de terminación del proceso bajo la presunción de abandono o pérdida de interés en el juicio, fundamentado en la falta de impulso procesal por parte de los sujetos de la relación procesal al no instar diligentemente el procedimiento, manteniéndolo paralizado por un tiempo determinado por la ley.
Desde el punto de vista de sus efectos, la perención de la instancia, produce a tenor de lo dispuesto en el artículo 203 eiusdem, la extinción del proceso, aclarando el legislador que ello no impide proponer nuevamente la demanda, pero, para ello existe una imposibilidad pro tempore, ya que el demandante no podrá ejercerla en ningún caso, antes de transcurrido el lapso de noventa días después de verificada la perención.
En razón de lo anterior, es necesario concluir lo siguiente:
-
Desde el punto de vista de la naturaleza jurídica de la perención de la instancia, ésta ha sido reconocida como una institución eminentemente sancionatoria desde que está predeterminada a la extinción del proceso y a impedir además que pueda demandarse nuevamente hasta que transcurra el lapso de noventa días.
-
Es de naturaleza irrenunciable por las partes, lo cual hace que ocurridos los supuestos objetivos de procedencia, ella opera de pleno derecho sin que se pueda convalidar por acto posterior alguno.
-
El juez puede decretarla de oficio, para lo cual sólo bastará que concurran las circunstancias que regulan la materia.
-
Para que la perención se materialice en materia laboral después de vista la causa, la inactividad debe estar referida a las partes, que debiendo realizar actos de procedimiento no los ejecutan, o al juez.
Debe indicarse que las normas procesales regulan los actos de parte y del juez que componen el juicio, por ello es deber del Juzgador atender a ellas en todo estado y grado del proceso, pues están dispuestas para lograr una decisión idónea e imparcial, para aplicarse a ambas partes, y no en beneficio o perjuicio de una u otra, sino en pro de la justicia; así pues, tal es la importancia de las normas de carácter procesal, que incluso en momentos de cambio de legislación y aparición de un nuevo texto normativo, nuestro ordenamiento jurídico prevé que las normas de carácter procesal tendrán vigencia inmediata –artículo 9 del Código de Procedimiento Civil-.”
Así, y de conformidad con los criterios antes expuestos, éste Despacho constata en la presente causa, estuvo paralizada por más de un año sin que se haya producido ningún acto de procedimiento de las partes, por lo que se materializó el supuesto de hecho contenido en el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pues transcurrió holgadamente más de un año sin actividad de las partes o del juez, en consecuencia, operó la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, con los efectos que establece el artículo 203 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, debiendo acotar la Alzada que en el proceso laboral la perención opera de pleno derecho, es decir, desde que se consuma el plazo legalmente establecido, sin que se requiera la solicitud de parte ni que medie declaración judicial, bastando únicamente que la causa haya estado inactiva por más de un año, y opera, por lo que las partes conservan siempre la carga del impulso procesal. Así se declara.
DISPOSITIVO
En orden a los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en Valencia, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara la PERENCION DE LA INSTANCIA en el juicio incoado por el ciudadano E.J.M.M., contra la entidad de trabajo RENA WARE DISTRIBUTORS, C.A.
No hay condenatoria en costas en virtud de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Publíquese, regístrese y déjese copia.
Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, CON SEDE EN VALENCIA. Publíquese, regístrese y déjese copia. En Valencia, a los veintiséis (26) días del mes de enero de 2016. Año 205º de la Independencia y 156º de la Federación.
LA JUEZA,
ABG. E.D.C.G..
LA SECRETARIA,
ABG. D.T.
En la misma fecha, siendo las tres y treinta de la tarde (11:45 am.), se consignó y publicó la anterior decisión.
LA SECRETARIA,
ABG. D.T.
GP02-L- 2012-001211
EG/dc.
26/01/16
