Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Miranda, de 19 de Marzo de 2014

En cuanto a la prueba documental, la parte recurrente promueve los siguientes documentos:

I- DE LAS PRUEBAS DOCUMENTALES PRESENTADAS ADJUNTAS AL ESCRITO RECURSIVO Y RATIFICADAS EN EL ESCRITO DE PROMOCIÓN DE PRUEBAS:

1) Marcado con la letra “B”, presentado adjunto al escrito recursivo, cursante desde el folio 11 al 16 de la Pieza principal del presente expediente, correspondiente a: (i) Notificación de fecha 22/06/2011, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN LOS VALLES DEL TUY, dirigida al REPRESENTANTE LEGAL DEL INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), la cual fue recibida, firmada y sellada en fecha 07/07/2011; (ii) P.A. Nº 142/2011 y planilla de liquidación de dicha P.A., de fecha 22/06/2011, correspondiente al Expediente 017-2011-06-00060, contentivo del procedimiento de Multa, emanado de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN LOS VALLES DEL TUY.

En cuanto a las documentales supra mencionadas, se desprende que en fecha 22 de Junio de 2011, fue dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN LOS VALLES DEL TUY, P.A. Nº 142/2011, del procedimiento sancionatorio signado con el Nº 017-2011-06-00060, llevado por dicha Inspectoría del Trabajo, contra el INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), por cuanto dicho Instituto no acató la p.a. identificada con el Nº 00369, que ordena el reeganche y pago de los salarios caídos, en beneficio del ciudadano R.A.M.P., así mismo, mediante dicha P.A.s., se declaró al Instituto in commento INFRACTOR, imponiéndole MULTA equivalente a UN CUARTO DE SALARIO MÍNIMO, por la cantidad de TRESCIENTOS OCHO CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 308,47), fundamentándose dicha Inspectoría en el artículo 630 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo, igualmente estableció multas sucesivas y acumulativas cada 02 días, por la suma de dos (02) salarios mínimos, en caso de persistencia en su incumplimiento. En cuanto a la notificación de tal acto administrativo sancionatorio, se evidencia que el INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), fue debidamente notificado en fecha 07 de Julio de 2011, por lo que se evidencia que tal acto administrativo goza de plena eficacia jurídica.

En tal sentido, siendo que las referidas documentales son documentos públicos de carácter administrativo que no fueron atacadas ni desvirtuadas por otro medio probatorio, este Juzgado en consecuencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil Venezolano, les otorga pleno valor probatorio. Y ASÍ SE ESTABLECE.

2) Marcado con la letra “C”, presentado adjunto al escrito recursivo, cursante al folio 17 al 28 de la Pieza principal del presente expediente, correspondiente a: (i) Notificación de fecha 04/10/2010, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN LOS VALLES DEL TUY, dirigida al REPRESENTANTE LEGAL DEL INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), la cual fue recibida, firmada y sellada en fecha 20/12/2010; (ii) P.A. Nº 00369, dictada en fecha 04/10/2010, correspondiente al Expediente Administrativo Nº 017-2010-01-00009, llevado por ante la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN LOS VALLES DEL TUY.

Respecto a la documental marcada con la letra “C”, correspondiente a la P.A. Nº 00369, dictada en fecha 04/10/2010, del procedimiento de Reenganche y pago de los salarios caídos, interpuesto por el ciudadano R.A.M.P., en contra del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), se evidencia que la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, parte del supuesto de que el ciudadano R.A.M.P., se encuentra amparado bajo la inamovilidad laboral especial decretada por el Ejecutivo Nacional, y decide declarando Con Lugar la solicitud de reenganche y pago de los salarios caídos incoada por el ciudadano R.A.M.P., ordenando al INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), a restituir al ciudadano in commento a su puesto de trabajo en las mismas condiciones que poseía para el momento en que se efectuó el despido, así mismo, ordenó a dicho Instituto cancelar los salarios caídos en base a un salario diario de OCHENTA Y DOS BOLÍVARES CON SESENTA Y SÉIS CÉNTIMOS (Bs. 82, 66). En tal sentido, siendo que las referidas documentales son documentos públicos de carácter administrativo que no fueron atacadas ni desvirtuadas por otro medio probatorio, este Juzgado en consecuencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil Venezolano, les otorga pleno valor probatorio. Y ASÍ SE ESTABLECE.

PRUEBAS DE LA PARTE RECURRIDA

El en Acta de Audiencia de Juicio de fecha Once (11) de Noviembre de 2011, cursante desde el folio 44 al 46, se dejó constancia de la incomparecencia tanto de la parte recurrida, INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN LOS VALLES DEL TUY, DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, así como de representación alguna por parte de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por lo tanto la misma no consignó escrito de pruebas, por lo cual este Juzgado deja establecido que no hay prueba alguna sobre la cual emitir pronunciamiento. ASÍ SE ESTABLECE.

DE LA OPINIÓN FISCAL

El Abogado S.A.A.R., inscrito en el I.P.S.A. bajo el Nro. 155.525, actuando en su carácter de FISCAL AUXILIAR INTERINO DÉCIMO SEXTO DEL MINISTERIO PÚBLICO A NIVEL NACIONAL CON COMPETENCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y EN MATERIA TRIBUTARIA, mediante escrito presentado en fecha 08 de Noviembre de 2012, emitió su opinión en los siguientes términos:

Omissis...

En tal sentido, ciertamente incurrió la Inspectoría del Trabajo en el vicio de falso supuesto, al considerar que el ciudadano R.A.M.P. era empleado amparado por el decreto de inamovilidad, a pesar de que el mismo se desempeñaba como contratado del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.) y en consecuencia no resultaba procedente imponer una MULTA al Instituto, ya que al ciudadano anteriormente mencionado no se encuentra amparo de fuero sindical.

En efecto, en el sector público los contratos a tiempo determinado no pierden su naturaleza en virtud de sus renovaciones, pues si se admitiera la posibilidad de que se convirtieran en contratos a tiempo indeterminado esto aparejaría por vía de consecuencia una nueva forma de ingreso la Administración Pública contraria a los artículos 144 y 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo anterior verifica a nuestro criterio, la denuncia de falso supuesto de hecho, toda vez que erró la Inspectoría al darle el rato de empleado al trabajador sin considerar su verdadera condición de acuerdo a su cargo y las funciones que desempeñaba, contratado a tiempo determinado. Por lo tanto, el falso supuesto de hecho ha sido entendido por la doctrina como el vicio que tiene lugar cuando la Administración se fundamenta en hechos inexistentes o que ocurrieron de manera distinta a la apreciación efectuada por el órgano administrativo.

En ese mismo orden de ideas, es oportuno señalar que, el procedimiento de multa equivalente a medio salario mínimo por la cantidad de Bolívares Trescientos Ocho con Cuarenta y Siete Setecientos Veintitrés mil con Setenta y Tres Céntimos (sic) (Bs. 308,47), mediante el cual se sanciona al Instituto de Ferrocarriles del Estado (I.F.E.), a través del acto administrativo dictado por la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, bajo la P.A. Nº 142/2011 de fecha 22 de junio de 2011, debe ser declarado nulo, toda vez, que la manera de ingresar a la Administración Pública, no es otra que el concurso, por lo tanto, un empleado contratado a tiempo determinado no puede pretender la permanencia en su empleo a través de una solicitud de reenganche y pago de salarios caídos, cuando en realidad su relación laboral terminó por expiración del termino, mas no por despido.

En consecuencia al haberse configurado de manera palpable y clara el vicio de falso supuesto de hecho y la vulneración de normas de rango constitucional, en los términos antes expuestos, se genera la nulidad absoluta del acto recurrido, por lo tanto no susceptible de convalidación.

V

CONCLUSIÓN

Por los razonamientos expuestos, esta Representación del Ministerio Público considera que en el Recurso de Nulidad conjuntamente con medida de suspensión de efectos interpuesta por la abogada B.T.D., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 13.047, actuando en este acto en su condición de apoderada judicial del Instituto De Ferrocarriles Del Estado (I.F.E.), contra la p.a. Nº 142/2011, de fecha 22 de junio de 2011, dictada por la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, del Estado Bolivariano de Miranda, mediante la cual declaró Infractor al Instituto de ferrocarriles del Estado I.F.E., debe declararse Con Lugar; y así, muy respetuosamente lo solicito.

(Negrillas del Escrito y Subrayado de este Juzgado).

Consignada como fue la Opinión Fiscal, en total concordancia con el Artículo 16 numeral 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, adminiculada con el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de seguidas quien preside este Juzgado procederá a exponer los fundamentos de derecho de la presente decisión.

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Observa este Tribunal que la representación judicial del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), recurre de la P.A. signada con el Nº 142/2011, de fecha 22 de Junio de 2011, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN LOS VALLES DEL TUY, mediante la cual se declaró Infractor al INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), siendo éste –hoy recurrente- debidamente notificado de dicha providencia sancionatoria en fecha 07 de Julio de 2011, en tal sentido, este Juzgado observa que la representación judicial de la parte recurrente fundamenta la solicitud de nulidad del acto administrativo in commento sobre la base de que el mismo está viciado por quebrantamiento de orden constitucional, toda vez que –a su decir- la Inspectoría del Trabajo vulneró el debido proceso consagrado en nuestra Carta Magna (Art. 49.6), por cuanto aplicó a su representada una sanción prevista para el supuesto en el que un patrono desacate la orden de reenganche de un trabajador amparado por fuero sindical (Art. 630 Ley Orgánica del Trabajo -1997- antes 639 eiusdem) siendo que el ciudadano R.A.M.P., no gozaba de inamovilidad consagrada en virtud del fuero sindical, sino que se amparó por la inamovilidad laboral especial decretada por el Ejecutivo Nacional, por lo cual el INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (IFE), no podía ser multado en base al artículo 630 de la Ley Orgánica del Trabajo, por lo cual, -indica- la Inspectoría del Trabajo incurre igualmente en un Falso Supuesto de Derecho al aplicar a su representado la sanción prevista en el artículo 630 eiusdem, por no gozar el ciudadano R.A.M.P., de inamovilidad por fuero sindical, indicando que el artículo 630 eiusdem no podía ser aplicable para imponerle sanción por el desacato de una trabajadora amparada por la Inamovilidad decretada por el Ejecutivo Nacional, razón por la cual indica que la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, partió de un falso supuesto, de hecho y de derecho al no interpretar correctamente la norma.

Ahora bien a objeto de emitir pronunciamiento en lo atinente a los vicios de quebrantamiento de orden constitucional y de falso supuesto de derecho, este Juzgado establece que de verificarse al menos uno de los vicios ut supra enumerados y que acarreen la nulidad absoluta del acto impugnado, este Juzgado procederá a declarar la nulidad respectiva, siendo inoficioso el pronunciamiento en lo que respecta a los demás vicios delatados en el caso de que el vicio procedente comprometa la validez del acto administrativo impugnado y se subsuma en lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

A tal efecto, en el presente recurso de nulidad de efectos particulares, este Juzgado procederá a analizar la validez del acto administrativo recurrido, de la siguiente forma:

Del acervo probatorio contenido en la pieza principal, se observa cursante al folio 18 al 28, P.A. Nº 00369, de fecha 04 de Octubre de 2010, relacionada con el Expediente Nº 017-2010-01-00009, que ordena el Reenganche y Pago de los Salarios Caídos, incoado por el ciudadano R.A.M.P., titular de la cédula de identidad Nº 14.021.997, en contra del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), mediante la cual señala que el ciudadano R.A.M.P., se amparó por ante la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, por la Inamovilidad Laboral Especial decretada por el Ejecutivo Nacional mediante Decreto Presidencial, por lo que este Juzgado procederá al análisis de la P.A. Nº 142/2011, de fecha 22 de Junio de 2011, mediante la cual se declara INFRACTOR al INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (IFE), contenida en el procedimiento sancionatorio Nº 017-2011-06-00060, se evidencia que la INSPETORÍA DEL TRABAJO EN LOS VALLES DEL TUY, impone la sanción contenida en el artículo 630 de la Ley Orgánica del Trabajo, cuyo contenido indica:

Artículo 630 – De la Ley Orgánica del Trabajo.

1. “Al patrono que desacate la orden de reenganche definitivamente firme de un trabajador amparado con fuero sindical emanada de un funcionario competente, se le impondrá una multa no menor del equivalente a un cuarto (1/4) de un salario mínimo, ni mayor del equivalente a dos (2) salarios mínimos.” (Subrayado y Negrillas de este Juzgado).

En este orden de ideas, con fundamento a la norma que antecede, se evidencia que la protección consagrada en dicha norma se refiere a la inamovilidad por fuero sindical, por lo que resulta evidente que el ciudadano R.A.M.P., no se encontraba amparado por la inamovilidad correspondiente al fuero sindical, sino que el trabajador solo alegó la inamovilidad decretada por el Ejecutivo Nacional, tal como lo dejó establecido la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN LOS VALLES DEL TUY, en la P.A. Nº 142/2011, dictada en fecha 22/06/2011, mediante la cual se impuso sanción al INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (IFE), con fundamento al artículo 630 de la Ley Orgánica del Trabajo, artículo éste que establece sanción al patrono que incurra en desacato a la orden de reenganche de un trabajador amparado por fuero sindical, que no era el caso del ciudadano R.A.M.P. en virtud de que –se reitera- el mismo se amparó por la inamovilidad dictada por el Ejecutivo Nacional.

Ahora bien, denunciado como ha sido el vicio de Falso Supuesto, es de impermitible e imperiosa necesidad para quien aquí decide señalar que el vicio de Falso Supuesto se manifiesta de dos maneras, así tenemos que (i) cuando la Administración, al dictar un acto administrativo, fundamenta su decisión en hechos inexistentes, falsos o no relacionados con él asunto objeto de decisión, o que ocurrieron de manera distinta a la apreciación efectuada por el órgano administrativo (falso supuesto de hecho), y (ii) cuando los hechos existen, son ciertos y atañen a lo acontecido, pero la administración subsume dichos hechos en una norma que no es aplicable al caso concreto, estamos en presencia del vicio de (falso supuesto de derecho). (Vid. Sentencia No. 01752 de fecha de 27/07/2000, Nº 1708 de fecha 24/10/2007 y No. 00810 de fecha 09/07/2008, todas emanadas de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia).

Así mismo, es menester indicar que la potestad sancionatoria de la administración no puede ejercerse de forma arbitraria, a pesar de que la norma jurídica otorgue en excepcionales casos la potestad discrecional, a lo cual podrá la administración elegir u optar entre la aplicación de diversas actuaciones todas validas e igualmente justas; ahora bien, dicha discrecionalidad debe ser expresamente concedida por la norma jurídica, ésta, no debe suponer la ausencia de ley, pues la Administración no puede actuar de forma arbitraria, es decir, el poder de autodeterminación no existe, sino que hay una ley previa que delimita las posibles actuaciones que ha de desarrollar la Administración Pública, ello en virtud del principio de vinculación positiva al cual se encuentra sujeto la Administración Pública, representándose éste en un ámbito de actuación el cual se encuentra limitado sólo por lo tipificado en el ordenamiento jurídico, es decir, la administración solo puede hacer aquello que la Ley le autorice, con una previa habilitación legal, de lo contrario la actuación carece de validez legal, en tal sentido, dicha vinculación se expresa con la máxima latina: “quae no sunt permisae, prohibita intelliguntur” (lo que no esta permitido, esta prohibido), a diferencia de la vinculación negativa que tienen los particulares que implica que todo aquello que la Ley no prohíba está permitido.

Bajo esta perspectiva, es imprescindible mencionar que la potestad discrecional igualmente se encuentra sujeta al principio de legalidad, tal y como lo consagra el artículo 49 numeral 6to de nuestra Carta Magna, por lo que la discrecionalidad administrativa no puede dejar un espacio abierto para la aplicación de cualquier presupuesto de derecho, siendo que la misma se encuentra subordinada al principio de legalidad, por lo que en consecuencia, no todas las actuaciones discrecionales de la administración son propiamente discrecionales, encontrándose tales actuaciones sujetas a limites previamente establecidos, denominados limites al poder discrecional de la administración.

En ese sentido, de la interpretación de la norma in commento, se colige que todo supuesto de hecho que no se encuentre tipificado dentro del ordenamiento jurídico como una conducta transgresora en una Ley preexistente, le es inaplicable una sanción ya sea coercitiva o punitiva, ello por cuanto dicha actuación (sanción) emanada tanto de un órgano judicial como administrativo, se subsumiría dentro del ámbito de la legalidad, es decir, quebrantaría el principio de legalidad, por cuanto habría ausencia de tipicidad del acto que se pretenda cuestionar. (Vid., entre otras, Sentencias No 488 de fecha 30/03/2004 emanada de la Sala Constitucional y 00120 de fecha 26/01/2011 emanada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia).

En este orden de ideas, por cuanto este Juzgado observa que la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN LOS VALLES DEL TUY, aplicó la sanción contenida en el artículo 630 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo, evidenciándose que la misma corresponde a la sanción impuesta al patrono por el desacato a la orden de reenganche de un trabajador amparado por Fuero Sindical, siendo que no corresponde al supuesto de hecho atribuido al INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (IFE), el cual versó sobre el desacato a la orden de reenganche de un trabajador amparado bajo la INAMOVILIDAD ESPECIAL DECRETADA POR EL EJECUTIVO NACIONAL, por lo que se contradice con la norma sancionatoria aplicada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN LOS VALLES DEL TUY prevista en el artículo 630 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo verificándose un FALSO SUPUESTO DE HECHO por cuanto la Inspectoría del Trabajo al aplicar la norma sancionatoria apreció los hechos de forma incorrecta, considerando que el ciudadano R.A.M.P., se encontraba amparado por la inamovilidad por fuero sindical, así mismo se verificó un FALSO SUPUESTO DE DERECHO, siendo que el Inspector del Trabajo aplicó una sanción que no correspondía para el caso concreto, por lo que erró en la formación del silogismo jurídico aplicable para la sanción de multa impuesta al INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (IFE), todo lo cual conllevó que consecuencialmente la Inspectoría del Trabajo vulnerara la garantía constitucional del debido proceso y el principio de legalidad y tipicidad de las sanciones, al imponer una multa al INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), aplicando una norma que no correspondía con el verdadero supuesto de hecho, es decir, se aplicó una sanción prevista para el desacato a la orden de reenganche de un trabajador amparado por fuero sindical, cuando en el caso de autos el trabajador no se amparó por fuero sindical, sino que la inamovilidad alegada fue la inamovilidad especial dictada por el Ejecutivo Nacional; en tal sentido, se verifica que la parte recurrida incurrió en el vicio de FALSO SUPUESTO EN APLICACIÓN DEL DERECHO y consecuencialmente el de QUEBRANTAMIENTO DEL ORDEN CONSTITUCIONAL, por violación del Debido Proceso consagrado en el artículo 49 numeral 6to de nuestra Carta Magna, por lo que se declara PROCEDENTE el vicio de falso supuesto y consecuencialmente el de quebrantamiento del orden constitucional, por violación del Debido Proceso consagrado en el artículo 49 numeral 6to de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, delatado por la parte recurrente, en contra de la P.A. Nº 142/2011, de fecha 22/06/2011, dictada en el expediente administrativo Nº 017-2011-06-00060, el cual declaró INFRACTOR al INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), y le impuso multa equivalente a UN CUARTO (1/4) DE UN SALARIO MÍNIMO, por la cantidad de BOLÍVARES TRESCIENTOS OCHO CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 308,47). ASÍ SE ESTABLECE.

Por otra parte, es de impermitible necesidad para esta Jurisdícente traer a colación lo dispuesto en el artículo 25 de nuestra Carta Magna, que señala que todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución o la Ley es nulo. Ello así, visto que la P.A. Nº 142/2011, de fecha 22/06/2011, dictada en el expediente administrativo Nº 017-2011-06-00060, por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS VALLES DEL TUY, la cual fue debidamente notificada al INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.) –hoy recurrente-, en fecha 07/07/2011, violentó el principio de legalidad y tipicidad consagrados en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y el artículo 49, ordinal 6 de Nuestra Carta Magna, ello así, éste Juzgado de conformidad con lo establecido en el artículo 19, Ordinal 1, de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en total concordancia con el artículo 25 de Nuestra Carta Magna, declara la NULIDAD ABSOLUTA de la P.A. Nº 142/2011, de fecha 22/06/2011, dictada en el expediente administrativo Nº 017-2011-06-00060, por la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy del Estado Bolivariano de Miranda, mediante el cual se declaró Infractor al INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (IFE) imponiéndole MULTA de conformidad con lo previsto en el artículo 630 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo. ASÍ SE ESTABLECE.

Finalmente, con vista a los razonamientos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, y por cuanto la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN LOS VALLES DEL TUY DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, al imponer multa por el incumplimiento por parte del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (IFE), al reenganche del ciudadano R.A.M.P., titular de la cédula de identidad Nº 14.021.997, el cual se encontraba amparado por el Decreto de Inamovilidad Laboral Especial dictado por el Ejecutivo Nacional, tomando como fundamentos de derecho para la sanción el Artículo 630 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo (FUERO SINDICAL), se evidencia que incurrió dicha Inspectoría en FALSO SUPUESTO DE HECHO Y DE DERECHO, vulnerando así el debido proceso y el principio de legalidad de los actos administrativos, en consecuencia, este Juzgado con fundamento al Artículo 19 ordinal 1 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el Artículo 25 en concordancia con el Artículo 49 numeral 6to de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los Artículos 10 y 80 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, declara CON LUGAR el presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, y en tal sentido, se declara la NULIDAD ABSOLUTA de la P.A. Nº 142/2011, de fecha 22/06/2011, correspondiente al expediente administrativo Nº 017-2011-06-00060, el cual declaró INFRACTOR al INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), y le impuso multa equivalente a UN CUARTO (1/4) DE UN SALARIO MÍNIMO, por la cantidad de BOLÍVARES TRESCIENTOS OCHO CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 308,47). ASÍ SE DECIDE.

DISPOSITIVA

En base a todos los razonamientos de hecho y de derecho antes expuestos y en atención a los méritos que de ellos se desprenden; este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE LOS VALLES DEL TUY, DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, CON SEDE EN LA CIUDAD DE CHARALLAVE, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: COMPETENTE este Juzgado para conocer de la presente acción, de conformidad con lo dispuesto en la sentencia Nº 955, de fecha 23 de septiembre de 2010, emanada de la Sala Constitucional. SEGUNDO: CON LUGAR, el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto por la abogada B.T.D., inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 13.047, en su carácter de apoderada judicial del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), contra P.A. signada con el Nº 142/2011, contenida en el expediente Nº 017-2011-06-00060, de fecha 22 de Junio de 2011, dictada por la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy del Estado Bolivariano Miranda, que declaró INFRACTOR al INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), imponiéndole MULTA equivalente a UN CUARTO DE SALARIO MÍNIMO, por la cantidad de BOLÍVARES TRESCIENTOS OCHO CON 47 CÉNTIMOS (Bs. 308,47). TERCERO: SE DECLARA LA NULIDAD ABSOLUTA de la P.A.N.. 142/2011, dictada por la Inspectoría del Trabajo en Los Valles del Tuy del Estado Miranda, en fecha 22 de Junio de 2011, en el expediente Nro. 017-2011-06-00060, que declaró INFRACTOR al INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO, (I.F.E.), y le impuso MULTA, equivalente a UN CUARTO DE SALARIO MÍNIMO, equivalente a la cantidad de BOLÍVARES TRESCIENTOS OCHO CON 47 CÉNTIMOS (Bs. 308,47), así como sus respectivas planillas de liquidación.

Finalmente, por cuanto la presente decisión se publica fuera del lapso legal, se ordena notificar del presente fallo, a (i) al Procurador (E) General de la República Bolivariana de Venezuela, (ii) al Fiscal General del Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela, (iii) a la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy del Estado Bolivariano de Miranda (iv) a la parte recurrente, INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), en la persona de cualquiera de sus representantes legales o estatutarios o en su defecto en la persona de su apoderada judicial abogada B.T.D., inscrita en el IPSA bajo el número 13.047, o cualquier otro de sus apoderados judiciales constituidos en juicio. Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y a tal efecto se ordena librar copia certificada del presente fallo que será remitida adjunta a las notificaciones ordenadas en los particulares (i) y (ii) ut supra descritos.

Igualmente se deja establecido que una vez que conste en autos la última de las notificaciones ordenadas, comenzará a transcurrir el lapso de ocho (08) días previsto en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para entender consumada la notificación dirigida a la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela, y vencido como haya sido el lapso previsto en dicho artículo, comenzará a correr el lapso de cinco (5) días hábiles para recurrir de la presente decisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

En cumplimiento a lo establecido en las disposiciones del artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, aplicado supletoriamente de conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se ordena dejar copia certificada de la presente sentencia en el archivo del Tribunal.

Se ordena la publicación de la presente decisión en la página WEB del Tribunal Supremo de Justicia en el site denominada Región Miranda.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA

Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda. En Charallave, a los Diecinueve (19) días del mes de Marzo del año dos mil catorce (2014) AÑOS: 203º y 155°.

DRA. T.R.S.

LA JUEZA DE JUICIO

ABG. C.J.M.G.

EL SECRETARIO

Nota: En esta misma fecha siendo las 02:30 de la tarde, se dictó y publicó la anterior Sentencia.

EL SECRETARIO

TRS/CJMG/jmg.

Sentencia N° 22-14

Exp. 499-11