Decisión de Tribunal Segundo de Control de Miranda, de 10 de Abril de 2011

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA

TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL, EXTENSIÓN VALLES DEL TUY

Ocumare del Tuy, 10 de abril de 2011

200° y 151°

CAUSA Nº: MP21P2011001633

JUEZ: ABG. J.M.D.S.

Secretario: ABG. E.C.

Fiscal: ABG. G.C., Fiscal 7º del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda

Imputado: W.J.P.R., titular de la cédula de identidad N° V-13.852.019, natural Caracas Distrito Capital, de 34 años de edad, fecha de nacimiento 28-03-1977, estado civil: soltero, de profesión Obrero, residenciado en: Sector Arichuna edificio 6 Apartamento 6-16 piso 2, Charallave, Municipio C.R., Estado Bolivariano de Miranda, de padres J.R. (V) J.P. (v),

Imputado: L.A.D.H., titular de la cédula de identidad N° V-14.966.282, natural Ocumare del Tuy, de 32 años de edad, fecha de nacimiento 05-05-1978, estado civil: soltero, de profesión Cadis en los Anaucos Country Club, residenciado en: Quebrada de Cúa Mirador del Bosque, casa sin número, Estado Bolivariano de Miranda, de padres M.E.D.H. (V) F.M.D.G. (v),

Víctima: La Colectividad

Defensa Pública: ABG. A.M.

Defensa Privada: ABG. V.B.

AUDIENCIA DE PRESENTACION

AUTO FUNDADO

En esta misma fecha, fue celebrado el Acto de la Audiencia de Presentación Oral, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 373 y 173 del Código Orgánico Procesal Penal; a fin de Oír a los Imputados: W.J.P.R. Y L.A.D.H.; por lo cual corresponde a este Tribunal fundamentar la decisión dictada en audiencia, en tal sentido, antes de emitir el pronunciamiento en referencia, previamente se realizan las siguientes observaciones:

CAPITULO I

DEL HECHO PRESUNTAMENTE PUNIBLE

El presente hecho sucedió siendo el día 08 de abril de 2011, siendo aproximadamente las 17:20 horas de la tarde, cuando funcionarios policiales, se encontraban realizando labor de inteligencia en la localidad de Charallave, lograron avistar a dos ciudadanos que entraron sigilosamente a un local donde funciona un remate de caballos, por lo que la comisión ingreso al lugar, notando que ambos ciudadanos a los cuales se seguía, tomaron una actitud nerviosa al notar la comisión policial, motivo por el cual le dieron la voz de alto, se solicito la presencia del dueño del local, por lo que una ciudadana presente en el lugar manifestó ser la propietaria del remate y llamarse Y.F., quien se encontraba acompañada de la ciudadana DE GIMENEZ NORAIDA, a quienes se le informo que serian testigos presenciales del procedimiento y de la revisión corporal de los ciudadanos detenidos, amparados en el artículo 205 del Código Orgánico Procesal Penal le realizaron inspección corporal, incautándole al ciudadano P.R.W.J., en el bolsillo derecho del pantalón nueve (09) envoltorios confeccionados en material sintético de color blanco…arrojando un peso de dieciséis (16) gramos… y al ciudadano DELGADO H.L.A., se le incauto en el bolsillo izquierdo del pantalón, ocho (08) envoltorios, siete de ellos de color blanco y uno de ellos de color blanco y verde…con un peso aproximado de (15) gramos.

Observación: Este tribunal, en relación a lo señalado en el acta policial de fecha 08-04-2011, referente a la descripción de la sustancia incautada a los imputados de marras; en la cual señalan, en cuanto a los envoltorios que su contenido “es una sustancia en polvo blanco de presunta marihuana”, esta Juzgadora, al realizar una revisión y lectura de las actas procesales, aprecia que tal señalamiento realizado por los funcionarios policiales actuantes en la aprehensión de los procesados de autos, es un error de forma, en virtud, de que en las actas de entrevista realizadas a los testigos de dicha aprehensión, las ciudadanas FIGUERA IRMA y N.D.G., a los folios, 07, 08 del expediente, señalan “envoltorios de color blanco y también contenían un polvo blanco”, así como del acta de registro de cadena de c.d.e.f., al folio 13 del expediente señala “presunta droga denominada cocaína”, y finalmente al realizarse la audiencia de flagrancia, la Representante del Ministerio Público, realizo al imputado L.A.D.H., la siguiente pregunta, y en la cual, el prenombrado imputado seguidamente respondió; “Cuando usted indico que eso era suyo que le enseñaron los funcionarios: Era una bolsa blanca con algo blanco”; por lo cual esta Juez de Control considera que dicho error de forma quedo subsanado con lo anteriormente narrado.

CAPITULO II

DE LA IMPUTACIÓN FISCAL

La Fiscal 7º del Ministerio Público, en el curso de la audiencia refirió el hecho supra relatado e indico los elementos de convicción que cursan en la investigación y que permiten acreditar la existencia de un hecho punible y la presunta participación en el mismo por parte de los ciudadanos W.J.P.R. Y L.A.D.H., exponiendo lo siguiente: “explicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo tal aprehensión. Precalificando los hechos como el delito de OCULTAMIENTO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS previsto y sancionado en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Droga, solicito que se pronuncien en relación a la aprehensión en flagrancia, solicito que se continué la presente investigación por los tramites del procedimiento ordinario, de conformidad a lo establecido en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal en su ultimo aparte, así mismo solicito que se le aplique la medida judicial privativa de libertad por encontrase llenos los extremos establecidos en los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal. Es todo”.

CAPITULO III

DECLARACIÓN DE LOS IMPUTADOS

Luego de impuesto los imputados W.J.P.R. Y L.A.D.H., del Precepto Constitucional contenido en el artículo 49 numeral 5; y de las MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PROSECUCIÓN DEL PROCESO contenidas en el Capitulo III, Titulo I, del Libro Primero del Código Orgánico Procesal Penal, como lo son el Principio de Oportunidad, previsto en los artículos 37 al 39 del texto adjetivo, Los Acuerdos Reparatorios, en los artículos 40 al 41 ejusdem y la Suspensión Condicional del Proceso, en el artículos 42 al 46 del Código Orgánico Procesal Penal y por ultimo el Procedimiento Especial como lo es el de Admisión de Los Hechos, establecido en el articulo 376 ejusdem, indicándole de manera clara y sencilla los hechos objetos de la acusación Fiscal, así como las consecuencias de la aplicación de dicho procedimiento. Igualmente de conformidad con los artículos 126, 127, 130 y 131 del Código Orgánico Procesal Penal se interrogó al imputado sobre sus datos personales, manifestando ser y llamarse: W.J.P.R., titular de la cédula de identidad N° V-13.852.019, natural Caracas Distrito Capital, de 34 años de edad, fecha de nacimiento 28-03-1977, estado civil: soltero, de profesión Obrero, residenciado en: Sector Arichuna edificio 6 Apartamento 6-16 piso 2, Charallave, Municipio C.R., Estado Bolivariano de Miranda, de padres J.R. (V) J.P. (v). Seguidamente visto lo manifestado por el primero de los imputados se le requirió sus datos de identificación personal al segundo de los nombrados, manifestando éste ser y llamarse: L.A.D.H., titular de la cédula de identidad N° V-14.966.282, natural Ocumare del Tuy, de 32 años de edad, fecha de nacimiento 05-05-1978, estado civil: soltero, de profesión Cadis en los Anaucos Country Club, residenciado en: Quebrada de Cúa Mirador del Bosque, casa sin número, Estado Bolivariano de Miranda, de padres M.E.D.H. (V) F.M.D.G. (v), Quien manifestó: “Yo me encontraba en el lugar jugando caballos y yo trabajo en el club de los anaucos y cuando iba al baño venían unos guardias y me querían quitar las cadenas y yo no quería que ellos me la quitaran luego me la quitaron y me sacaron de mi bolsillo una cantidad de dineron me colocaron la camisa en la cabeza estaban buscando unos testigos y me gustaría que me hicieran un examen para que me comprueben si yo consumo o fumo droga y trabajo con personas que tienen mucho dinero, en el lugar habían algunas personas que me conocen y cuando iba al baño ellos insistían en quitarme la cadena me lanzaron en el piso me golpearon y decían uno al otro que cuadraran y ellos me estaban sembrando droga y le estaban dando golpes al otro muchacho que esta conmigo que no conozco y le daban golpes y yo nunca en mi vida he consumido droga y ni siquiera tomo solo una o dos birras y eso no es mío. Es todo”. Seguidamente la defensa Privada procede a realizar preguntas: 1- Donde labora usted?, el imputado responde: En los Anaucos Country club trabajo como cadi llevando maletas. 2- Tienes residencia propia?, el imputado responde: No vivo con mi madre. A continuación la representación de Ministerio Publico realiza preguntas: En que lugar del local se produjo su aprehensión?, el Imputado responde: Llegando por el pasillo que va al baño por un caminito, y el guardia ya estaba con otro muchacho. La otra persona vio cuando usted fue aprehendido: el imputado responde: No ya a el lo tenia. Cuando usted indico que eso era suyo que le enseñaron los funcionarios: Era una bolsa blanca con algo blanco.

CAPÍTULO V

DE LO ARGUMENTADO POR LA DEFENSA

A continuación el Tribunal cede la palabra a la Defensa Pública, DR. ISIDMAR A.M., Quien expuso lo siguiente: “Esta Defensa, según lo precalificado por la representación Fiscal difiero de esa precalificación con lo dispuesto con lo establecido en el articulo 281 del Código Orgánico Procesal Penal, con respecto al procedimiento, esta defensa invoca la presunción de inocencia y solicita una medida menos gravosa de posible cumplimiento cautelar sustitutiva de libertad menos gravosa, es todo., es todo”. A continuación el Tribunal cede la palabra a la Defensa Privada, DR. V.B., Quien expuso lo siguiente: “Buenas tarde, Analizada como ha sido la presente causa esta defensa observa con preocupación la incoherencia que está en el folio 4 del acta policial en la línea 9, en el cual manifiestan los funcionarios actuantes que a mi defendido se le incauto una presunta droga de color blanco o de una presunta marihuana, observa esta defensa en el folio 7 cuando se le hace la entrevista a una ciudadana el cual no voy a revelar su nombre, que se le incautaron 9 envoltorios de presunta drogar y al otro imputado se le incauto la misma cantidad y en el mismo folio manifiesta la otra testigo la misma cantidad es decir nueve envoltorios, acudo ante usted invocando las máximas de experiencia con lo dispuesto en el articulo 196 CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL, Solicitando la nulidad absoluta con lo dispuesto en los artículos 2, 26, 24, 49 de la Constitución de la república Bolivariana de Venezuela, en el cual establece el debido proceso que se debe llevar, estas acta policiales fueron realizadas con muy mala redacción, ante esta situación le solicito la nulidad de las actas, solicito se le otorgue una medida sustitutiva contempladas en el articulo 256 ya que no están llenos los extremos de los articulo 250, 251y 252 y a su vez solicito copia del acta de la presente audacia, es todo”.

PUNTO PREVIO: Solicitud de Nulidad de las Actas Policiales solicitada por la Defensa Privada, Abg V.B., en su carácter de Defensor Privado del ciudadano DELGADO H.L.A.:

Ahora bien, esta Juez de Control, en cuanto a la solicitud manifestada por la Defensa del imputado de autos, concerniente a la declaración de nulidad absoluta de las actuaciones policiales, en virtud, de que a su criterio, se ha violentando lo establecido en los artículos 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal; observa esta Juzgadora que en lo concerniente a las Nulidades Absolutas en el proceso, son aquellas que afectan verdaderamente la búsqueda de la verdad, el debido proceso y el derecho a la defensa y en el presente caso la solicitud de nulidad tampoco se refiere a actos concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que este Código establezca, o las que impliquen inobservancias o violación de derechos y garantías fundamentales previstos en este Código, la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, las leyes, tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la Republica y de la revisión exhaustiva de las presentes actuaciones no le han causado un gravamen irreparable o estado de indefensión al imputado de autos; en consecuencia, estima este Tribunal de Control, que debe declararse SIN LUGAR, la solicitud de la Defensa de la Nulidad Absoluta de las actuaciones policiales; todo en conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 49 de Nuestra Carta Magna en relación a los artículos 190 y 191del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASI SE DECIDE

CAPITULO VI

DE LA DECISION DEL TRIBUNAL

DE LA CALIFICACIÓN EN FLAGRANCIA

Nuestra Carta Magna, en su artículo 44, establece:

La libertad personal es inviolable, en consecuencia: Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que se sorprendida in fraganti... Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso

Del cual se desprende el derecho a la libertad personal, estableciendo el numeral 1, como requisito “sine qua nom”, que para arrestar o detener a una persona, debe existir una orden judicial, es decir, un decreto de privación preventiva de libertad pronunciado por el órgano Jurisdiccional Competente, previa la acreditación de los extremos exigidos en el artículo 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal.

De las normas legales antes transcritas, se colige, que salvo en los casos de flagrancia no se requiere orden judicial, por lo cual la persona debe ser presentada ante la autoridad judicial en un lapso no mayor de cuarenta y ocho (48) horas, por lo que es procedente calificar el delito como Flagrante, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 248 del Texto Adjetivo Penal, el cual señala:

Definición. Para los efectos de este Capítulo, se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor.

En estos casos, cualquier autoridad deberá, y cualquier particular podrá, aprehender al sospechoso, siempre que el delito amerite pena privativa de libertad, entregándolo a la autoridad más cercana, quien lo pondrá a disposición del Ministerio Público dentro de un lapso que no excederá de doce horas a partir del momento de la aprehensión, sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en relación con la inmunidad de los diputados a la Asamblea Nacional y a los consejos legislativos de los estados. En todo caso, el Estado protegerá al particular que colabore con la aprehensión del imputado

.

En este sentido, cabe mencionar lo que la doctrina ha establecido, en cuanto a la figura de la Flagrancia:

…delito flagrante, el que se esta cometiendo ó acaba de cometerse. También se tiene como delito flagrante aquel por el cual el imputado se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamentos que él es el autor

. ( por M.V.G., en su obra “Derecho Procesal Venezolano”, pág 164, Editado por la Universidad Católica A.B.)

En concatenación con la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, que establece:

…Así pues, puede establecerse que la determinación de flagrancia de un determinado delito puede resultar cuando, a pocos minutos de haberse cometido el mismo, se sorprende al imputado con objetos que puedan ser fácilmente asociados con el delito cometido. En tal sentido, para que proceda la calificación de flagrancia, en los términos antes expuestos, es necesario que se den los siguientes elementos: 1. Que el aprehensor haya presenciado o conozca de la perpetración de un delito, pero que no haya determinado en forma inmediata al imputado. 2. Que pasado un tiempo prudencial de ocurrido el hecho, se asocie a un individuo con objetos que puedan fácilmente relacionarse en forma directa con el delito perpetrado. 3. Que los objetos se encuentren en forma visible en poder del sospechoso. Es decir, es necesario que exista una fácil conexión entre dichos objetos o instrumentos que posea el imputado, con el tipo de delito acaecido minutos o segundos antes de definida la conexión que incrimine al imputado.

Ahora bien, en los tres (3) últimos casos señalados anteriormente, la flagrancia se determina en forma posterior a la ocurrencia del delito. Es decir, luego de que la comisión del delito sucede, se establecen las circunstancias en que por inmediatez o por otras razones se puede hacer una conexión directa entre el delito y aquella persona que lo cometió. Sin embargo, como ya lo señaló la Sala, puede existir flagrancia cuando se está cometiendo un delito y el mismo es percibido por cualquier persona. Puede existir el caso, por ejemplo, donde un funcionario policial o una persona cualquiera observen en la vía pública que una persona apunta a otra con un arma y se apodere de sus bienes…

(Sentencia N° 2580, de fecha 11-12-2001, Sala Constitucional, Magistrado Ponente: Dr. J.E.C.R.)

Visto el motivo de la presente audiencia convocada y realizada en esta misma fecha, de acuerdo a lo establecido en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, se impone comprobar si existen las circunstancias fácticas en las cuales resultaran aprehendidos los ciudadanos W.J.P.R. Y L.A.D.H., las cuales permiten calificar como Flagrante la aprehensión, así como medida de coerción personal, por lo que a continuación se entran analizar los supuestos contenidos en la prenombrada norma legal. Analizando el caso in comento, aprecia este Tribunal que la aprehensión del ciudadano antes mencionado, cumple con el supuesto descrito en el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda vez que las actuaciones practicadas y remitidas al conocimiento de esta Juzgadora, por parte del Ministerio Público, demuestran, que el imputado de autos fueron aprehendidos el día 08 de abril de 2011, siendo aproximadamente las 17:20 horas de la tarde, cuando funcionarios policiales, se encontraban realizando labor de inteligencia en la localidad de Charallave, lograron avistar a dos ciudadanos que entraron sigilosamente a un local donde funciona un remate de caballos, por lo que la comisión ingreso al lugar, notando que ambos ciudadanos a los cuales se seguía, tomaron una actitud nerviosa al notar la comisión policial, motivo por el cual le dieron la voz de alto, se solicito la presencia del dueño del local, por lo que una ciudadana presente en el lugar manifestó ser la propietaria del remate y llamarse Y.F., quien se encontraba acompañada de la ciudadana DE GIMENEZ NORAIDA, a quienes se le informo que serian testigos presenciales del procedimiento y de la revisión corporal de los ciudadanos detenidos, amparados en el artículo 205 del Código Orgánico Procesal Penal le realizaron inspección corporal, incautándole al ciudadano P.R.W.J., en el bolsillo derecho del pantalón nueve (09) envoltorios confeccionados en material sintético de color blanco…arrojando un peso de dieciséis (16) gramos… y al ciudadano DELGADO H.L.A., se le incauto en el bolsillo izquierdo del pantalón, ocho (08) envoltorios, siete de ellos de color blanco y uno de ellos de color blanco y verde…con un peso aproximado de (15) gramos.

En consecuencia, SE DECLARA COMO FLAGRANTE la aprehensión de los ciudadanos W.J.P.R. Y L.A.D.H.; de conformidad con lo establecido en el articulo 44 numeral 1 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y el articulo 248 del Código Orgánico Procesal Penal. Y Así se decide.

CAPITULO VII

DEL PROCEDIMIENTO APLICABLE

Ahora bien, calificando el hecho como Flagrante, se impone resolver la solicitud Fiscal respecto a la aplicación del procedimiento ordinario en la investigación que prospera en cuanto a la causa seguida al ciudadanos W.J.P.R. Y L.A.D.H., siendo que la Vindicta Pública fundamenta su petición en la necesidad de la investigación, por lo que en consecuencia se hace necesario la practica de diligencias tendientes a esclarecer la comisión de un delito y la responsabilidad de su autor o participe; por lo que al respecto esta Juzgadora a los fines de establece el objeto que tiene nuestro P.P.A., el cual trata sobre la búsqueda de la verdad, como consecuencia de establecer la verdad de los hechos y la Justicia en la aplicación del derecho, aprecia que al calificar el presente asunto en estudio como Flagrante, por lo cual le es inherente seguir con el procedimiento abreviado, pues bien es cierto que debe contarse con un cúmulo considerable de evidencias que surjan de la investigación en la fase preparatoria, por lo cual el títular de la acción penal, es decir, el Ministerio Público, por las características del hecho, hace necesario abrir una averiguación y verificar fuera del hecho flagrante, que a su vez coadyuven a la finalidad última del proceso consagrada expresamente en los artículos 257 y 13 del Código Orgánico Procesal Penal.

En consecuencia, en aras de lo conceptuado en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual señala:

Flagrancia y procedimiento para la presentación del aprehendido. El aprehensor dentro de las doce horas siguientes a la detención, pondrá al aprehendido a la disposición del Ministerio Público, quien dentro de las treinta y seis horas siguientes, lo presentará ante el Juez de control a quien expondrá cómo se produjo la aprehensión, y según sea el caso, solicitará la aplicación del procedimiento ordinario o abreviado, y la imposición de una medida de coerción personal, o solicitará la libertad del aprehendido.

En este último caso, sin perjuicio del ejercicio de las acciones a que hubiere lugar.

El Juez de control decidirá sobre la solicitud fiscal, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes desde que sea puesto el aprehendido a su disposición.

Si el Juez de control verifica que están dados los requisitos a que se refiere el artículo anterior, siempre que el Fiscal del Ministerio Público lo haya solicitado, decretará la aplicación del procedimiento abreviado, y remitirá las actuaciones al tribunal unipersonal, el cual convocará directamente al juicio oral y público para que se celebre dentro de los diez a quince días siguientes.

En este caso, el Fiscal y la víctima presentarán la acusación directamente en la audiencia del juicio oral y se seguirán, en lo demás, las reglas del procedimiento ordinario.

En caso contrario, el Juez ordenará la aplicación del procedimiento ordinario y así lo hará constar en el acta que levantará al efecto

.

Y en virtud, de que el Fiscal del Ministerio Público solicito la calificación en flagrancia y se aplique la vía del procedimiento ordinario en la presente causa, al considerar que requiere de la practica y necesidad de la investigación, con el fin de obtener suficientes elementos que esclarezcan de manera indiscutible la comisión de u hecho punible, y así alcanzar al acto conclusivo que tenga lugar. Por lo que este Tribunal, declara Con Lugar dicha solicitud; en consecuencia esta Juzgadora Acuerda se continué la presente investigación por la vía del Procedimiento Ordinario, en conformidad a lo establecido en los artículos 280, 281 y último aparte del artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASÍ SE DECIDE.

CAPITULO VIII

DE LAS MEDIDAS DE COERCIÓN PERSONAL

(MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD)

Así las cosas, observa este Tribunal de Control, que el Representante del Ministerio Público, en base a lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, requirió a este Despacho Judicial la imposición de la medida de coerción personal al ciudadano W.J.P.R. Y L.A.D.H., alegando para ello, que se encuentran cubiertos los extremos de la precitada norma legal para la procedencia de un decreto de privación preventiva de libertad, en relación con los artículos 251 y 252 eiusdem, es por lo que se impone la aplicación de dicha normativas legales, al considerar:

En tal sentido, es necesario señalar el contenido de los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, los cuales señalan:

Artículo 250. Procedencia. “El Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de:

1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita;

2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible;

3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación.

   Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la solicitud fiscal, el Juez de control resolverá respecto al pedimento realizado. En caso de estimar que concurren los requisitos previstos en este artículo para la procedencia de la privación judicial preventiva de libertad, deberá expedir una orden de aprehensión del imputado contra quien se solicitó la medida.

   Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su aprehensión, el imputado será conducido ante el Juez, quien, en presencia de las partes y de las víctimas, si las hubiere, resolverá sobre mantener la medida impuesta, o sustituirla por otra menos gravosa.

   Si el Juez acuerda mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad durante la fase preparatoria, el Fiscal deberá presentar la acusación, solicitar el sobreseimiento o, en su caso, archivar las actuaciones, dentro de los treinta días siguientes a la decisión judicial.

   Este lapso podrá ser prorrogado hasta por un máximo de quince días adicionales sólo si el Fiscal lo solicita por lo menos con cinco días de anticipación al vencimiento del mismo.

   En este supuesto, el Fiscal deberá motivar su solicitud y el Juez decidirá lo procedente luego de oír al imputado.

   Vencido este lapso y su prórroga, si fuere el caso, sin que el Fiscal haya presentado la acusación, el detenido quedará en libertad, mediante decisión del Juez de control, quien podrá imponerle una medida cautelar sustitutiva.

   En todo caso, el Juez de juicio, a solicitud del Ministerio Público, decretará la privación judicial preventiva de la libertad del acusado cuando se presuma fundadamente que éste no dará cumplimiento a los actos del proceso, conforme al procedimiento establecido en este artículo.

   En casos excepcionales de extrema necesidad y urgencia, y siempre que concurran los supuestos previstos en este artículo, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, autorizará por cualquier medio idóneo, la aprehensión del investigado. Tal autorización deberá ser ratificada por auto fundado dentro de las doce horas siguientes a la aprehensión, y en lo demás se seguirá el procedimiento previsto en este artículo”.

   Artículo 251. “Peligro de fuga. Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:

1. Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto;

2. La pena que podría llegarse a imponer en el caso;

3. La magnitud del daño causado;

4. El comportamiento del imputado durante el proceso, o en otro proceso anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal;

5. La conducta predelictual del imputado.

   Parágrafo Primero: Se presume el peligro de fuga en casos de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez años.

   En este supuesto, el Fiscal del Ministerio Público, y siempre que concurran las circunstancias del artículo 250, deberá solicitar la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad. A todo evento, el Juez podrá, de acuerdo a las circunstancias, que deberá explicar razonadamente, rechazar la petición Fiscal e imponer al imputado una medida cautelar sustitutiva. La decisión que se dicte podrá ser apelada por el Fiscal o la víctima, se haya o no querellado, dentro de los cinco días siguientes a su publicación.

   Parágrafo Segundo: La falsedad, la falta de información o de actualización del domicilio del imputado constituirán presunción de fuga, y motivarán la revocatoria, de oficio a petición de parte, de la medida cautelar sustitutiva que hubiere sido dictada al imputado”.

   Artículo 252. “Peligro de obstaculización. Para decidir acerca del peligro de obstaculización para averiguar la verdad se tendrá en cuenta, especialmente, la grave sospecha de que el imputado:

1. Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de convicción;

2. Influirá para que coimputados, testigos, víctimas, o expertos, informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o inducirá a otros a realizar esos comportamientos, poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la justicia”.

   Y en este orden de ideas, el legislador autoriza, con carácter provisional e interpretación restrictiva, la imposición de medidas de coerción personal, bajo las formas y exigencias previstas en el ordenamiento jurídico, en virtud, de que dichas medidas garantizan el eventual cumplimiento y los posibles resultados del proceso penal, para asegurar el interés de la víctima y de la pretensión punitiva del Estado. No obstante se hace necesario en resguardo de los derechos Constitucionales consagrados a toda persona como son el derecho a la libertad y a ser juzgado en libertad, que tales medidas de coerción, sean aplicadas únicamente cuando sean necesarias y proporcionables para neutralizar los peligros que puedan ceñirse sobre el descubrimiento de la verdad o la actuación de la ley sustantiva, y deberá ser sustituida por otra menos gravosa, adecuada a las circunstancias, cada vez que el caso en concreto así lo amerite.

   Desprendiéndose de la revisión de las actas procesales, que en la presente causa seguida en contra de los ciudadanos W.J.P.R. Y L.A.D.H.; existen plurales y fundados elementos de convicción procesales que conducen al hecho, tal y como son:

1. - ACTA POLICIAL: De fecha 08-04-2011.

2. - ACTA DE ENTREVISTA POLICIAL: De fecha 08-04-2011, realizada a la ciudadana FIGUERA IRMA.

3. - ACTA DE ENTREVISTA POLICIAL: De fecha 08-04-2011, realizada a la ciudadana DE GIMENEZ NORAIDA.

4. - REGISTRO DE CADENA DE C.D.E.F.: De fecha 08-04-2011.

   Los referidos elementos de convicción, en su globalidad, llevan a la convicción a esta Juzgadora, de establecer la presunta autoría y responsabilidad penal de los ciudadanos W.J.P.R. Y L.A.D.H., en el ilícito calificado de manera provisional por la Fiscal 7º del Ministerio Público, y acogida dicha precalificación por este Tribunal, el cual es por el delito de OCULTAMIENTO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas; toda vez, que los hechos sucedió siendo el día 08 de abril de 2011, siendo aproximadamente las 17:20 horas de la tarde, cuando funcionarios policiales, se encontraban realizando labor de inteligencia en la localidad de Charallave, lograron avistar a dos ciudadanos que entraron sigilosamente a un local donde funciona un remate de caballos, por lo que la comisión ingreso al lugar, notando que ambos ciudadanos a los cuales se seguía, tomaron una actitud nerviosa al notar la comisión policial, motivo por el cual le dieron la voz de alto, se solicito la presencia del dueño del local, por lo que una ciudadana presente en el lugar manifestó ser la propietaria del remate y llamarse Y.F., quien se encontraba acompañada de la ciudadana DE GIMENEZ NORAIDA, a quienes se le informo que serian testigos presenciales del procedimiento y de la revisión corporal de los ciudadanos detenidos, amparados en el artículo 205 del Código Orgánico Procesal Penal le realizaron inspección corporal, incautándole al ciudadano P.R.W.J., en el bolsillo derecho del pantalón nueve (09) envoltorios confeccionados en material sintético de color blanco…arrojando un peso de dieciséis (16) gramos… y al ciudadano DELGADO H.L.A., se le incauto en el bolsillo izquierdo del pantalón, ocho (08) envoltorios, siete de ellos de color blanco y uno de ellos de color blanco y verde…con un peso aproximado de (15) gramos.

   Así las cosas, debemos destacar el fumus bori iuris, así como el periculum in mora, los cuales, se encuentran conceptualizados en la reiterada jurisprudencia emanada de nuestro M.T.d.J., al puntualizar:

   “…se asentó que la procedencia frente a una solicitud de medida cautelar, depende fundamentalmente de que se verifiquen ciertos requisitos, tales como la apariencia de buen derecho -fumus boni iuris-, el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo -periculum in mora- y que, adicionalmente se ponderen los intereses en conflicto.

   Dicho lo anterior, debe analizarse en primer término, la concurrencia de los elementos previstos en la Ley, los cuales determinan, tal y como antes se refirió, la procedencia de las medidas cautelares. En primer lugar, el fumus boni iuris, con el objeto de concretar la presunción grave de violación o amenazas de violación, que emana de los argumentos de inconstitucionalidad formulados; y en segundo lugar, el periculum in mora, elemento éste determinable por la sola verificación del requisito anterior, pues la circunstancia de que exista presunción grave de violación de un derecho constitucional, el cual por su naturaleza debe ser restituido de forma inmediata, conduce a la convicción que debe preservarse ipso facto la actualidad de ese derecho, ante el riesgo inminente de causar un perjuicio irreparable en la definitiva a la parte que alega la lesión.

   Así las cosas, al proceder la inaplicación cuando un interés de orden jurídico lo justifique, con base en el imperio del derecho y la justicia, el cual rige no sólo a favor del Estado sino también en beneficio de los particulares, esta Sala debe llevar a cabo la verificación de si en el presente caso concurren los extremos de procedencia de las medidas cautelares, ya referidos –el peligro en la mora “periculum in mora” y la presunción de buen derecho “fumus boni iuris”- (vid. sentencia N° 756, del 5 de mayo de 2005)…” (Sentencia N° 4311, de fecha 12-12-2005, Sala Constitucional, Magistrado Ponente: Dr. F.A.C.L.)

   Y en el caso in comento, el fumus boni iuris, se encuentra evidenciado al estar en presencia de un hecho punible que merece pena privativa de libertad, el cual no se encuentra evidentemente prescrito, como lo es el delito de OCULTAMIENTO ILÍCITO DE SUSTANCIA ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el articulo 149 de la Ley Orgánica de Drogas.

   En cuanto al periculum in mora, se puede estimar que la pena que pudiera aplicarse, en caso de un juicio oral y público, por el delito imputado es de Diez (10) años en su límite máximo, tomando en cuenta en el supuesto que sea dictado en contra del imputado de autos una sentencia condenatoria, así como la magnitud del daño causado, por estar presente ante un delito considerado como de lesa humanidad por Nuestro M.T.d.J., por lo cual conlleva a determinar a quien decide, una presunción razonable de peligro de fuga, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con lo establecido en los numerales 2 y 3 del artículo 251 eiusdem.

   Asimismo, esta Sentenciadora, considera procedente señalar la jurisprudencia emanada de nuestro M.T.d.J., respecto a las medidas privativas de libertad:

   …la libertad es un derecho fundamental que puede ser limitado por vía excepcional y que el artículo 44 (numeral 1) del Texto Constitucional, dispone una obligación en salvaguarda de ese derecho: la intervención exclusiva de los jueces de la jurisdicción penal, para privar de libertad a una persona, atendiendo, en todo momento, al cumplimiento de los requisitos expresamente señalados en el Código Orgánico Procesal Penal, lo que se constituye en una garantía inherente e ineludible para la restricción del mencionado derecho fundamental.

   En el Derecho comparado encontramos que para el Tribunal Constitucional Español, la privación judicial preventiva de libertad debe atender a la consecución de fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la naturaleza de dicha medida, concretándose aquéllos en la conjuración de ciertos riesgos relevantes, a saber, la sustracción del encartado a la acción de la justicia, la obstrucción de la justicia penal y la reiteración delictiva (STC 33/1999, de 8 de marzo, del Tribunal Constitucional español). De lo citado se concluye que la privación de libertad, es una medida que esencialmente se justifica por la necesidad de asegurar el proceso, específicamente, garantizar sus resultados y la estabilidad en su tramitación…

   (Sentencia N° 242, de fecha 28-08-2008, Sala de Casación Penal, Magistrado Ponente: Dr. E.R.A.A.).

   Y en tal sentido, cabe destacar la reiterada jurisprudencia de Nuestro M.T.d.J., que en relación a las imposición de las medidas preventivas privativas de libertad, cuando el delito versa sobre Drogas, contenido en la Ley especial en dicha materia, la cual establece:

   …esta Instancia Superior, estima que en esta etapa del proceso (fase de investigación) el derecho a la defensa, piedra angular del sagrado principio del debido proceso, no se le ha violentado al referido imputado, al estar legitimada la decisión impugnada, al ordenarse dicha detención por un órgano jurisdiccional competente, cumpliéndose los requisitos establecido en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal. En tal sentido, nuestra Jurisprudencia Constitucional ha establecido en Sentencia Nº 274 del 19 de febrero de 2002 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia del Magistrado Dr. J.M.D.O., que...aquellas medidas acordadas tanto por los Jueces de Primera Instancia en lo Penal como sus respectivos superiores, tendentes a privar provisionalmente de la libertad a cualquier ciudadano durante el curso de un proceso penal, en observancia de las normas adjetivas que lo contienen, del respeto de las prescripciones legales y de la previa determinación de cada una de las circunstancias que rodean el hecho o hechos sometidos a su consideración, están revestidas de plena legitimidad por provenir de órganos jurisdiccionales debidamente facultados para ello. En consecuencia, en modo alguno constituyen infracciones de derechos o garantías constitucionales, puesto que ellas van en procura de un proceso sin dilaciones indebidas y de una pronta decisión judicial… En este orden de ideas, la imputación de la comisión de hechos punibles sólo debe ser expresión del interés de justicia que busca la víctima –que en el caso de los delitos vinculados al tráfico de drogas- es el Estado venezolano y que lo hace suyo el Ministerio Público, judicializándolo con la expectativa de sanción, la cual no constituye per se una presunción de culpabilidad en contra del imputado; pues en estos casos el poder del Estado actúa en la forma más extrema y justificada en la defensa social frente al crimen, produciendo así una injerencia respaldada constitucionalmente; en uno de los derechos más preciados de la persona, su libertad personal; no afectando con ello la presunción de inocencia pues la misma se mantiene ‘incólume’ en el proceso penal hasta tanto se produzca una sentencia judicial que logre desvirtuarla a través de una condenatoria.

   Sin embargo, este derecho fundamental de la presunción de inocencia no implica necesariamente el juzgamiento en libertad del procesado, pues el mismo Texto Constitucional admite ciertas limitaciones, y conforme a ello nuestro ordenamiento jurídico legal vigente permite la posibilidad de decretar medidas cautelares personales -como la detención preventiva o detención provisional-, sin que ello signifique –se insiste- presumir la culpabilidad del imputado, porque tales medidas sirven precisamente para garantizar su comparecencia a todos los actos del proceso y lograr el esclarecimiento del delito investigado; garantizando así las resultas del proceso penal orientado en principios propios de un Estado de derecho; de allí que su dictamen sea imprescindible, claro está, siempre que tales medidas sean dictadas bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad… En efecto, la obligación del Estado en garantizar el derecho social a la salud conlleva la protección de este bien jurídico de los efectos nocivos de los delitos vinculados al tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, delitos que afectan la salud pública, entendida esta como la suma de bienestar físico y psíquico de cada uno de los ciudadanos; y prevenir así la nocividad y peligrosidad potencial de estas sustancias, las cuales entrañan por su uso y consumo efectos generadores de procesos patológicos y desequilibrantes de una mayor morbilidad de perturbaciones mentales de difícil superación, precipitando así la degradación psíquica y física del individuo, pudiendo incluso sobrevenir la muerte. De lo que se trata en definitiva, es de proteger, por las características del bien jurídico, la generalización de hábitos contrarios a la salud de un inconcreto número de ciudadanos…

   (Sentencia Nº 1728, de fecha 10-12-2009,de la Sala Constitucional, Magistrada Ponente: Dra. C.Z.D.M.).

   Observa, esta Juzgadora, que es de importancia señalar, que aplicar una medida de privación judicial privativa de la libertad no menoscaba el principio de presunción de inocencia, contenida en el artículo 8 del Texto Adjetivo Penal, es decir, aún cuando los imputados en el presente caso, tienen derecho y la garantía a que se les presuma inocente, no obstante, esa medida coercitiva, fue concebida por el legislador, con el objeto de garantizar las finalidades del proceso, como lo es la de establecer la verdad de los hechos, de llevar a cabo la conclusión del proceso, del debate y de dictar una sentencia definitiva, a través de la aplicación del derecho y la justicia, y que en nada afecto la referida garantía del imputado, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal. En consecuencia este Tribunal de Control, considera que lo procedente y ajustado o derecho, es DECRETAR LA MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, en contra de los imputadso: W.J.P.R. Y L.A.D.H., de conformidad con lo establecido en el articulo 250 numerales 1, 2 y 3, en relación con lo dispuesto en el artículo 251 numerales 1 y 2, y el artículo 252 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASI SE DECIDE.

   En relación al tipo penal, este Tribunal acoge la precalificación dada por el Representante del Ministerio Público, esto es, el delito de OCULTAMIENTO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas. Y Así se Declara.

   CAPITULO IX

   DISPOSITIVA

   Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, es por lo que este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Valles del Tuy, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos:

   PUNTO PREVIO: Este Tribunal en cuanto a la nulidad solicitado por la defensa privada de las actuaciones de las actas policiales por cuanto observar esta juzgador que no se quebrando los articulo 190 y 191 del texto adjetivo penal y cuanto al contenido del acta policial en que se señala “presunta droga marihuana”, se aprecia que las actas de entrevista y de lo dicho por el imputado L.A.D.H. al contestar una de las preguntas realizadas por la fiscal en la que señala lo incautado por lo funcionarios era polvo blanco; por los cual se declara Sin Lugar dicha solicitud todo de conformidad con los artículos 190 y 191 de Código Orgánico Procesal Penal, en el relación con lo dispuesto en el articulo 26 y 49 de nuestra Carta Magna.

PRIMERO

Se califica la flagrancia del hecho por el cual resultaran aprehendidos los ciudadanos W.J.P.R. Y L.A.D.H., por encontrarse llenos los extremos establecidos en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal; en concordancia con lo dispuesto en el artículo 373 eiusdem; todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 44 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; lo cual legitima el acto de la detención del referido ciudadano.

SEGUNDO

Estima el Tribunal que los hechos narrados por el Ministerio Público se subsumen en la presunta comisión del delito de OCULTAMIENTO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas.

TERCERO

Se acuerda que la presente causa se siga por los trámites del Procedimiento Penal Ordinario, de conformidad con el último aparte del artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 13, 280, 282 y 300 eiusdem; y artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

CUARTO

En relación a la solicitud de Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad solicitada por la Fiscal del Ministerio Público, este Tribunal observa la concurrencia de los supuestos establecidos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal; toda vez que de la revisión de las actuaciones se evidencia la presunta comisión de un hecho punible que merece pena privativa de libertad, cuya acción penal no se encuentra prescrita; por otra parte existen fundados elementos de convicción para estimar que los ciudadanos W.J.P.R. Y L.A.D.H., han sido autores o partícipes en ese hecho punible; finalmente existe una presunción razonable de peligro de fuga, determinado por lo elevado de la pena que se le podría llegar a imponer y por la magnitud del daño causado; en consecuencia éste Tribunal conforme al contenido del articulo 250 y 251 numerales 2 y 3, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, Decreta la medida de PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, a los imputados antes mencionados; en consecuencia se ordena su inmediata reclusión en el Centro Penitenciario Región Capital Yare.

QUINTO

Se declara SIN LUGAR la medida Cautelar solicitada por la defensa. Se acuerda la expedición de copias solicitada por la defensa. Acto seguido la defensa privada solicita el derecho de palabra: Esta defensa invoca según lo dispuesto en el artículo 444, de Código Orgánico Procesal Penal señalando a este digno tribunal el recurso de revocación que hubo un error ya que mi defendido nunca dijo polvo blanco, sino algo blanco. Este Tribunal Acuerda Subsanar lo solicitado por la defensa privada que era “algo Blanco”. Es todo.

Quedan notificadas las partes de lo decidido en la presente audiencia, de conformidad con el artículo 175 del Código Orgánico Procesal penal. Terminó, se leyó y conformes firman. Es todo.

La Jueza

Abg. J.M.D.S.

El Secretario

ABG. E.C.

EXP.N° MP21P2011001633