Decisión nº 34-2016 de Tribunal Segundo de Control de Delta Amacuro, de 27 de Enero de 2016
| Fecha de Resolución | 27 de Enero de 2016 |
| Emisor | Tribunal Segundo de Control |
| Ponente | Lizgreana Palma |
| Procedimiento | Entrega De Vehiculo |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Penal de Primera Instancia Estadales y Municipales en funciones de Control
Tucupita, 27 de enero de 2016
205º y 156º
ASUNTO PRINCIPAL : YP01-P-2015-004737
ASUNTO : YP01-P-2015-004737
RESOLUCIÓN Nº 34-2016.
JUEZA: LIZGREANA P.N., Jueza Segunda de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial del Estado D.A. con sede en la ciudad de Tucupita.
SECRETARIA: ABOG. N.H..
SOLICITANTE: C.M.G., titular de la Cédula de Identidad Nro. V- 7.274.715.
DE LA SOLICITUD Y LA OPINIÓN FISCAL
En fecha Dieciséis (16) de Septiembre del año dos mil Quince (2015) se recibió solicitud de entrega de vehículo, el cual fuera presentado por la ciudadana C.M.G., titular de la Cédula de Identidad Nro. V- 7.274.715, de conformidad con lo previsto en el artículo 293 del Código Orgánico Procesal Penal, mediante el cual solicita la entrega de un vehículo distinguido con las siguientes características: MARCA: CHEVROLET. MODELO: C-10. TIPO: PICK-UP. COLOR: ROJO. SERIAL DE MOTOR: V0316TAU. SERIAL DE CARROCERIA: C1734KC109580. CLASE: CAMIONETA. PLACA: 9950AB. AÑO: 1970. USO: CARGA, cual ha consignado en original y copia simple y la acta de negativa de entrega de solicitud de vehículo suscrita por la Fiscal Tercera del Ministerio Público, en fecha dieciséis (16) de Septiembre del año dos mil quince (2015); por lo que este Juzgado acordó darle entrada al mencionado escrito junto a los documentos señalados por no ser contrarios a derecho.
Revisada como ha sido la solicitud y las actuaciones relativas a la misma, se observa que la ciudadana Fiscal Sexto del Ministerio Público, niega la entrega del referido vehículo señalando que según se desprende en Acta de negativa de entrega de vehículo, que según la Experticia técnica de seriales con improntas Nº CPNB-CCP-D.A.I.V-081-15 de fecha 28/07/2015, suscrita y levantada por el funcionario oficial agregado j.S. funcionario experto revisor al servicio de Dirección de Vigilancia y Transporte Terrestre del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, adscrito al Centro de Coordinación Policial Tucupita del Estado D.A., practicada al vehículo “MARCA CHEVROLET-CAMIONETA, COLOR: ROJO, AÑO:1970, MODELO C-10, PLACAS 9950AB, SERIAL CARROCERIA:C1734KC109580, SERIAL MOTOR: V0725CKA, en cuyas conclusiones se aprecia: 01) que el serial identificador de carrocería se lee: (C1734kc109580) se encuentra en estado original. 02) que el motor fue cambiado y el que actualmente propulsa la unidad vehicular, se lee: 6 cilindros, se encuentra en estado original, 03) el tanque no es el original utilizado por la planta de ensamblaje, el que posee fue reemplazado, y mide aproximadamente de largo (1.44mts) y de ancho (15 centímetros), 04) para el momento de la inspección el tanque contiene aproximado de diez (10 litros de gasolina) 05) que los datos del vehículo en cuestión fueron verificados por ante el Sistema Nacional del I.N.T.T. enlace con el S.I.I.P.O.L arrojando como resultado que el mismo “NO PRESENTA NINGUN TIPO DE SOLICITUD, ESTE VEHICULO FUE HURTADO Y RECUPERADO, VER REPORTE DEL SISTEMA, REGISTRA ANTE EL I.N.T.T. EL CIUDADANO ZABALA S.R.J., CEDULA DE IDENTIDAD V- 9309210… por lo cual se emitirá la notificación personal correspondiente a los fines que la misma, en aplicación de lo previsto en el artículo 294 de. COPP pueda, de así quererlo hacer la solicitud correspondiente ante el Tribunal de Control Es todo.
DEL DERECHO APLICABLE Y DE LA DECISIÓN
Establece el Código Orgánico Procesal Penal, en lo que respecta a la fase primera del proceso, la faculta de investigación que tiene el Fiscal del Ministerio Público, para llevar adelante todo el proceso penal, esta investigación es con el objeto de la búsqueda de la verdad, permitiéndosele al titular de la acción penal la recolección de todos los elementos de convicción que permitan fundar la acusación del Fiscal y la defensa del imputado, correspondiendo al representante de la Vindicta Pública, de conformidad con el numeral 3 del artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, “…ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles para hacer constar su comisión con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación y responsabilidad de los autores o las autoras y demás participantes, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivo relacionados con la perpetración…”, atribución esta que es también consagrada en el artículo 108 del instrumento adjetivo penal, indicando sus numerales 1, 2 y 11 que corresponde al Ministerio Público en el proceso penal “…1. Dirigir la investigación de los hechos punibles y la actividad de los órganos de policía de investigaciones penales para establecer la identidad de sus autores y partícipes. 2. Ordenar y supervisar las actuaciones de los órganos de policía de investigaciones en lo que se refiere a la adquisición y conservación de los elementos de convicción…11. Ordenar el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados directamente con la perpetración del delito…” y constituyéndose en un deber también precisado en la Ley Orgánica del Ministerio Público, cuyo artículo 34 reza “…son deberes y atribuciones de los fiscales del Ministerio Público:…(omissis)…5. Ordenar el inicio de la investigación cuando tenga conocimiento de la presunta comisión de algún hecho punible de acción pública;…(omissis)…7. Dirigir, en los casos que le sean asignados, las investigaciones penales…(omissis)…8. Promover y realizar durante la fase preparatoria de la investigación penal, todo cuanto estimen conveniente al mejor esclarecimiento de los hechos…” En tal sentido, en el desarrollo de la investigación, su director, el representante fiscal está facultado para practicar determinadas actuaciones, no obstante, en cuanto a esta primera fase del proceso corresponde a los jueces de primera instancia en función de control, velar por el cumplimiento de los principios y garantías establecidos en el Texto Fundamental, el Código Orgánico Procesal Penal, tratados y convenios o acuerdos internacionales suscritos por la República, así como la práctica de pruebas anticipadas, resolución de excepciones, peticiones de las partes y otorgamiento de autorizaciones, siendo que lo referente a la devolución o restitución de los objetos recogidos o incautados con ocasión de la investigación es también del conocimiento del Juez in comento en los casos expresamente precisados por las normas de los artículos 293 y 294, ambos del cuerpo adjetivo penal vigente, disposiciones estas que son del tenor siguiente:
Artículo 293. Devolución de objetos. El Ministerio Público devolverá lo antes posible los objetos recogidos o que se incautaron y que no son imprescindibles para la investigación. No obstante, en caso de retraso injustificado del Ministerio Público, las partes o los terceros interesados podrán acudir ante el Juez de control solicitando su devolución, sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa y disciplinaria en que pueda incurrir el Fiscal si la demora le es imputable.
El Juez o el Ministerio Público entregarán los objetos directamente o en depósito con la expresa obligación de presentarlos cada vez que sean requeridos.
Las autoridades competentes deberán darle cumplimiento inmediato a la orden que en este sentido impartan el Juez o el Fiscal, so pena de ser enjuiciados por desobediencia a la autoridad, conforme a lo dispuesto en el Código Penal.
Artículo 294. Cuestiones incidentales. Las reclamaciones o tercerías que las partes o terceros entablen durante el proceso con el fin de obtener la restitución de objetos recogidos o que se incautaron se tramitarán ante el Juez de control, conforme a las normas previstas por el Código de Procedimiento Civil para las incidencias.
El tribunal devolverá los objetos, salvo que estime indispensable su conservación.
Lo anterior no se extenderá a las cosas hurtadas, robadas o estafadas, las cuales se entregarán al propietario en cualquier estado del proceso, una vez comprobada su condición por cualquier medio y previo avalúo”
Este derecho de petición está consagrado en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el sentido de que toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad o funcionario público sobre los asuntos que sean de su competencia, y de obtener oportuna y adecuada respuesta, por lo que, en el presente caso, esta solicitud realizada por la ciudadana C.M.G., titular de la Cédula de Identidad Nro. V- 7.274.715, como consta en el documento de Compra-Venta, notariada en la Notaria Publica Segunda del Municipio Heres del Estado Bolívar, quedando inserto bajo el numero 17, TOMO 71 de los libros llevados en esa notaria. Planilla Única Bancaria numero 113-00105873 de fecha 27/03/2014. Certificado de Registro de Vehículo numero 1602961 emitido por el Ministerio de Transporte y Comunicación de fecha 27 de Agosto del año 1997, C.d.E. realizada por el Instituto Nacional de Transporte y t.T., no solo por ante este Juzgado, sino primeramente por ante la Fiscalía del Ministerio Público, se enmarca en este derecho y en el deber que tiene el órgano jurisdiccional de atender al mismo y decidir con prontitud, para lo cual procede en consecuencia.
Ahora bien, ha negado la Fiscal Tercera del Ministerio Público la entrega de de un vehículo distinguido con las siguientes características: MARCA: CHEVROLET. MODELO: C-10. TIPO: PICK-UP. COLOR: ROJO. SERIAL DE MOTOR: V0316TAU. SERIAL DE CARROCERIA: C1734KC109580. CLASE: CAMIONETA. PLACA: 9950AB. AÑO: 1970. USO: CARGA. Sin embargo ha presentado la ciudadana C.M.G., titular de la Cédula de Identidad Nro. V- 7.274.715, ha presentado ante juzgado suficiente documentación para acreditar la propiedad del referido vehículo, es por lo que esta Juzgadora considera que no existe razón alguna para que el solicitante pueda hacer uso del bien de conformidad con lo previsto en la legislación venezolana.
Así pues, considera esta juzgadora que la solicitud interpuesta fue acompañada de suficientes elementos que determinan la propiedad del requeriente esto no impide para que esta ciudadana pueda hacer uso el objeto bien mueble, del cual demostró ser el propietaria y que no existe ninguna razón legal para que el tribunal le niegue tal derecho.
De igual manera, al respecto observa este Tribunal que en sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Dr. J.E.C., de fecha 11 de mayo de 2005, expediente No. 04-466, sentencia No. 813, estableció que el espíritu de de toda medida de aseguramiento –dictada dentro de un procedimiento- es a fin de garantizar los f.d.p.; sin embargo, no ha sido espíritu del legislador venezolano establecer medidas que se creen a perpetuidad o que se mantengan en el tiempo indefinidamente…”
Asimismo en sentencia No. 1412 de fecha 30 de junio de 2005, el referido ponente estableció que “…que uno de los f.d.D. es la justicia, cuyo principio se encuentra consagrado en el artículo 257 constitucional…En efecto, en materia de devolución de objetos incautados en el curso de una investigación, el señalado texto adjetivo penal establece dos normas al respecto: los artículos 311 y 312 obliga al Ministerio Público a devolver, lo antes posible, los objetos recogidos o que se incautaron y que no son imprescindibles para la investigación. No obstante, en caso de retraso injustificado del Ministerio Público, las partes o los terceros interesados podrán acudir ante el juez de control solicitando su devolución, sin perjuicio de la responsabilidad, civil, administrativa y disciplinaria en que pueda incurrir el fiscal si la demora le es imputable…A juicio de la Sala, la falta de diligencia del Ministerio Público o en su caso, del juez de control, o la adopción de un criterio muy restrictivo al respecto, quebranta los derechos de acceso a la justicia y a contar con un proceso debido, que integran el derecho a la tutela judicial efectiva enunciado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…”.
Siendo que la investigación iniciada por el Ministerio Público, en el cual quedo retenido el vehículo que ha sido requerido a esta Juzgadora, es de los delitos previsto en el Código Penal Venezolano, y que de conformidad con lo previsto en el artículo 293 del Código Orgánico Procesal Penal este vehículo no es imprescindible para la investigación, ni fue señalado por el Fiscal del Ministerio Público en el acta de negativa que dicha negativa obedezca a que el vehículo sea imprescindible para la investigación seguida por el Ministerio Público, en consecuencia lo procedente y ajustado a los hechos y al derecho es que de conformidad con lo establecido en el Artículo 293 de la norma adjetiva penal se acuerde la entrega del vehículo distinguido con las siguientes características: MARCA: CHEVROLET. MODELO: C-10. TIPO: PICK-UP. COLOR: ROJO. SERIAL DE MOTOR: V0316TAU. SERIAL DE CARROCERIA: C1734KC109580. CLASE: CAMIONETA. PLACA: 9950AB. AÑO: 1970. USO: CARGA, propiedad de la ciudadana C.M.G., titular de la Cédula de Identidad Nro. V- 7.274.715, respetándose el mejor derecho que cualquier tercero pueda tener sobre el bien en cuestión. De igual manera se acuerda previa certificación por secretaria la entrega de todos los documentos originales que fueron presentados por el solicitante. Y la remisión de todas las actuaciones al Fiscal del Ministerio Público. -Y así se decide.
DISPOSITIVA
Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en función de control del Circuito Judicial Penal del Estado D.A., con sede en la ciudad de Tucupita, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento: UNICO: A tenor del primer aparte del artículo 293 del Código Orgánico Procesal Penal, acuerda la devolución del vehículo distinguida con la siguientes características: MARCA: CHEVROLET. MODELO: C-10. TIPO: PICK-UP. COLOR: ROJO. SERIAL DE MOTOR: V0316TAU. SERIAL DE CARROCERIA: C1734KC109580. CLASE: CAMIONETA. PLACA: 9950AB. AÑO: 1970. USO: CARGA, propiedad de la ciudadana C.M.G., titular de la Cédula de Identidad Nro. V- 7.274.715, respetándose el mejor derecho que cualquier tercero pueda tener sobre el bien en cuestión, en consecuencia, se acuerda oficiar al Comandante de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela Destacamento rural nº 619 de el t.M.C.E.D.A., para que, de conformidad con el último aparte de la aludida disposición legal, se de cumplimiento inmediato a la orden impartida por este órgano jurisdiccional.
Se DECLARA CON LUGAR la solicitud presentada por la ciudadana C.M.G., titular de la Cédula de Identidad Nro. V- 7.274.715.
Regístrese, publíquese, notifíquese a las partes de conformidad con lo previsto en el artículo 159 del Código Orgánico Procesal Penal déjese copia de la presente decisión.
LA JUEZ,
ABG. LIZGREANA P.N.
LA SECRETARIA,
ABG. NIEVES HERRERA
