Decisión nº 351-2015 de Tribunal Segundo de Control de Delta Amacuro, de 6 de Octubre de 2015

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Primera Instancia Estadales y Municipales en funciones de Control

Tucupita, 6 de octubre de 2015

205º y 156º

ASUNTO PRINCIPAL : YP01-P-2015-003545

ASUNTO : YP01-P-2015-003545

RESOLUCIÓN Nº 351-2015.

JUEZA: LIZGREANA P.N., Jueza Segunda de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial del Estado D.A. con sede en la ciudad de Tucupita.

SECRETARIA: ABOG. N.H..

SOLICITANTE: C.E.R.S., venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 18.657.051, residenciado en Carretera Nacional Troncal Nº 15, sector San Salvador, casa sin numero Parroquia A.J.d.S., Tucupita, Estado D.A..

DE LA SOLICITUD Y LA OPINIÓN FISCAL

En fecha veintiséis (26) de Agosto del año dos mil Quince (2015) se recibió solicitud de entrega de vehículo, el cual fuera presentado por el ciudadano C.E.R.S., venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 18.657.051, residenciado en Carretera Nacional Troncal Nº 15, sector San Salvador, casa sin numero Parroquia A.J.d.S., Tucupita, Estado D.A., de conformidad con lo previsto en el artículo 293 del Código Orgánico Procesal Penal, mediante el cual solicita la entrega de un vehículo distinguido con las siguientes características: MARCA: DODGE, MODELO: DODGE CALIBER L, CLASE: Automóvil, TIPO: Sedan, AÑO: 2007, COLOR: rojo, SERIAL DE CARROCERÍA: 8Y3J148Z571512316, SERIAL DE CARROCERIA: 8Y3J148Z571512316, SERIAL DE MOTOR: 4 CIL, PLACAS: AA729TJ, USO DEL VEHÍCULO particular, de su propiedad tal y como consta en Certificado de Registro de Vehículo emitido por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre numero 110100121351 de fecha 24 de Enero de 2013 con numero de Autorización 0278YD83104Z, el cual ha consignado en original y copia simple y boleta de notificación de negativa de entrega de solicitud de vehículo suscrita por la Fiscal Segunda del Ministerio Público, en fecha veinticinco (25) de Agosto del año dos mil quince (2015); por lo que este Juzgado acordó darle entrada al mencionado escrito junto a los documentos señalados por no ser contrarios a derecho y se acordó Oficiar al Fiscal Segunda del Ministerio Público a los fines de que sea remitido el acta de negativa de la entrega del referido vehículo a este Juzgado y la causa principal que guarda relación con la presente solicitud a los fines de poder emitir el pronunciamiento correspondiente.

Recibido como fuera el acta mediante el cual la fiscal niega la entrega del referido vehículo señalando que según se desprende de acta policial de fecha 27 de Julio de 2015, suscrita por funcionarios del Centro de Coordinación Policial de la Dirección de Vigilancia del Transporte Terrestre del Estado D.A., consta que por imprudencia del conductor del vehículo Clase Automóvil, Marca DODGE, Modelo DODGE CALIBER L, Placa AA729TJ, Color ROJO, quien se encontraba bajo los efectos de la ingesta alcohólica, lo cual disminuye su capacidad de respuesta, aun cuando su grado de intoxicación etílica está por debajo del límite establecido por la Ley, lo que ocasiono que el conductor del vehículo Clase Camión, Tipo CHUTO, Marca IVECO, por imprudencia al desplazarse a velocidad no reglamentaria, lo cual no le permitió guardar la distancia correspondiente del vehículo que le antecedía tomando en cuenta que en el accidente resultaron dos personas fallecidas y hasta la presente fecha falta diligencias por practicar para el total esclarecimiento de los hechos ocurridos. De la misma forma, el vehículo era conducido por el imputado que según el levantamiento Planimetrico fue el causante del accidente de tránsito donde resultaron dos personas fallecidas y otras lesionadas. Por todas estas razones, quien suscribe la presente resolución consideran que el vehículo incautado en fecha 27/07/2015 en posesión del imputado de autos cuya devolución se solicita, podría haber sido utilizado para la comisión de un hecho. Dicho esto, lo ajustado a derecho es NEGAR la devolución del vehículo al ciudadano R.S.C. EDUARDO…”.

Se observa que la presente investigación se inicia según acta policial del Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre, donde se reporto un accidente de Transporte Terrestre con presuntas personas lesionadas y fallecidas, en fecha 27-07-2015, siendo las 03:00 horas de la mañana, resultando un total de cinco personas lesionas, quedando el cuerpo sin signos vitales del ciudadano: A.D.A.A.. Ante los hechos narrados esta representación fiscal precalifica la conducta del imputado como la comisión del delito de HOMICIDIO CULPOSO, previsto y sancionado en el artículo 409 del Código Penal y LESIONES CULPOSAS GRAVISIMAS, previsto y sancionado en el artículo 420 numeral 2do en relación con el artículo 414 del Código Penal, en perjuicio de los ciudadanos A.D.A.A. (OCCISO), DORIELIS DE ABREU (OCCISA), J.A.G.F., ISMAEL LICCIEL GARRIDO, ROSANNY GARRIDO y ROANDRI MORENO; sin embargo el vehículo fue retenido en el momento y se observa que en el Acta de Negativa la Fiscal del Ministerio Publico no menciona la necesidad de mantener el mismo para las investigaciones correspondientes, por lo que considera esta juzgadora que el referido vehículo no es imprescindible para la investigación.

DEL DERECHO APLICABLE Y DE LA DECISIÓN

Establece el Código Orgánico Procesal Penal, en lo que respecta a la fase primera del proceso, la faculta de investigación que tiene el Fiscal del Ministerio Público, para llevar adelante todo el proceso penal, esta investigación es con el objeto de la búsqueda de la verdad, permitiéndosele al titular de la acción penal la recolección de todos los elementos de convicción que permitan fundar la acusación del Fiscal y la defensa del imputado, correspondiendo al representante de la Vindicta Pública, de conformidad con el numeral 3 del artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, “…ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles para hacer constar su comisión con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación y responsabilidad de los autores o las autoras y demás participantes, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivo relacionados con la perpetración…”, atribución esta que es también consagrada en el artículo 108 del instrumento adjetivo penal, indicando sus numerales 1, 2 y 11 que corresponde al Ministerio Público en el proceso penal “…1. Dirigir la investigación de los hechos punibles y la actividad de los órganos de policía de investigaciones penales para establecer la identidad de sus autores y partícipes. 2. Ordenar y supervisar las actuaciones de los órganos de policía de investigaciones en lo que se refiere a la adquisición y conservación de los elementos de convicción…11. Ordenar el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados directamente con la perpetración del delito…” y constituyéndose en un deber también precisado en la Ley Orgánica del Ministerio Público, cuyo artículo 34 reza “…son deberes y atribuciones de los fiscales del Ministerio Público:…(omissis)…5. Ordenar el inicio de la investigación cuando tenga conocimiento de la presunta comisión de algún hecho punible de acción pública;…(omissis)…7. Dirigir, en los casos que le sean asignados, las investigaciones penales…(omissis)…8. Promover y realizar durante la fase preparatoria de la investigación penal, todo cuanto estimen conveniente al mejor esclarecimiento de los hechos…” En tal sentido, en el desarrollo de la investigación, su director, el representante fiscal está facultado para practicar determinadas actuaciones, no obstante, en cuanto a esta primera fase del proceso corresponde a los jueces de primera instancia en función de control, velar por el cumplimiento de los principios y garantías establecidos en el Texto Fundamental, el Código Orgánico Procesal Penal, tratados y convenios o acuerdos internacionales suscritos por la República, así como la práctica de pruebas anticipadas, resolución de excepciones, peticiones de las partes y otorgamiento de autorizaciones, siendo que lo referente a la devolución o restitución de los objetos recogidos o incautados con ocasión de la investigación es también del conocimiento del Juez in comento en los casos expresamente precisados por las normas de los artículos 293 y 294, ambos del cuerpo adjetivo penal vigente, disposiciones estas que son del tenor siguiente:

Artículo 293. Devolución de objetos. El Ministerio Público devolverá lo antes posible los objetos recogidos o que se incautaron y que no son imprescindibles para la investigación. No obstante, en caso de retraso injustificado del Ministerio Público, las partes o los terceros interesados podrán acudir ante el Juez de control solicitando su devolución, sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa y disciplinaria en que pueda incurrir el Fiscal si la demora le es imputable.

El Juez o el Ministerio Público entregarán los objetos directamente o en depósito con la expresa obligación de presentarlos cada vez que sean requeridos.

Las autoridades competentes deberán darle cumplimiento inmediato a la orden que en este sentido impartan el Juez o el Fiscal, so pena de ser enjuiciados por desobediencia a la autoridad, conforme a lo dispuesto en el Código Penal.

Artículo 294. Cuestiones incidentales. Las reclamaciones o tercerías que las partes o terceros entablen durante el proceso con el fin de obtener la restitución de objetos recogidos o que se incautaron se tramitarán ante el Juez de control, conforme a las normas previstas por el Código de Procedimiento Civil para las incidencias.

El tribunal devolverá los objetos, salvo que estime indispensable su conservación.

Lo anterior no se extenderá a las cosas hurtadas, robadas o estafadas, las cuales se entregarán al propietario en cualquier estado del proceso, una vez comprobada su condición por cualquier medio y previo avalúo”

Este derecho de petición está consagrado en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el sentido de que toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad o funcionario público sobre los asuntos que sean de su competencia, y de obtener oportuna y adecuada respuesta, por lo que, en el presente caso, esta solicitud realizada por el ciudadano C.E.R.S., venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 18.657.051, residenciado en Carretera Nacional Troncal Nº 15, sector San Salvador, casa sin numero Parroquia A.J.d.S., Tucupita, Estado D.A., del vehículo MARCA: DODGE, MODELO: DODGE CALIBER L, CLASE: Automóvil, TIPO: Sedan, AÑO: 2007, COLOR: rojo, SERIAL DE CARROCERÍA: 8Y3J148Z571512316, SERIAL DE CARROCERIA: 8Y3J148Z571512316, SERIAL DE MOTOR: 4 CIL, PLACAS: AA729TJ, USO DEL VEHÍCULO particular, de su propiedad tal y como consta en Certificado de Registro de Vehículo emitido por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre numero 110100121351 de fecha 24 de Enero de 2013 con numero de Autorización 0278YD83104Z, no solo por ante este Juzgado, sino primeramente por ante la Fiscalía del Ministerio Público, se enmarca en este derecho y en el deber que tiene el órgano jurisdiccional de atender al mismo y decidir con prontitud, para lo cual procede en consecuencia.

Ahora bien, ha negado la Fiscal Segunda del Ministerio Público la entrega del vehículo MARCA: DODGE, MODELO: DODGE CALIBER L, CLASE: Automóvil, TIPO: Sedan, AÑO: 2007, COLOR: rojo, SERIAL DE CARROCERÍA: 8Y3J148Z571512316, SERIAL DE CARROCERIA: 8Y3J148Z571512316, SERIAL DE MOTOR: 4 CIL, PLACAS: AA729TJ, USO DEL VEHÍCULO particular, señalando que se desprende de acta policial de fecha 27 de Julio de 2015, suscrita por funcionarios del Centro de Coordinación Policial de la Dirección de Vigilancia del Transporte Terrestre del Estado D.A., consta que por imprudencia del conductor del vehículo Clase Automóvil, Marca DODGE, Modelo DODGE CALIBER L, Placa AA729TJ, Color ROJO, quien se encontraba bajo los efectos de la ingesta alcohólica, lo cual disminuye su capacidad de respuesta, aun cuando su grado de intoxicación etílica está por debajo del límite establecido por la Ley, lo que ocasiono que el conductor del vehículo Clase Camión, Tipo CHUTO, Marca IVECO, por imprudencia al desplazarse a velocidad no reglamentaria, lo cual no le permitió guardar la distancia correspondiente del vehículo que le antecedía tomando en cuenta que en el accidente resultaron dos personas fallecidas y hasta la presente fecha falta diligencias por practicar para el total esclarecimiento de los hechos ocurridos. De la misma forma, el vehículo era conducido por el imputado que según el levantamiento Planimetrico fue el causante del accidente de tránsito donde resultaron dos personas fallecidas y otras lesionadas. Por todas estas razones, quien suscribe la presente resolución consideran que el vehículo incautado en fecha 27/07/2015 en posesión del imputado de autos cuya devolución se solicita, podría haber sido utilizado para la comisión de un hecho. Dicho esto, lo ajustado a derecho es NEGAR la devolución del vehículo al ciudadano R.S.C. EDUARDO…”, por esta situación irregular de acuerdo al acta de negativa el Ministerio Público, acordó negar la entrega del referido vehículo. Sin embargo ha presentado el ciudadano C.E.R.S., venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 18.657.051, residenciado en Carretera Nacional Troncal Nº 15, sector San Salvador, casa sin numero Parroquia A.J.d.S., Tucupita, Estado D.A., suficiente documentación para acreditar la propiedad del referido vehículo, no haciendo ninguna referencia especial en relación al mismo, es decir, no hace observación alguna de que el vehículo tenga solicitud alguna.

Así pues, considera esta juzgadora que la solicitud interpuesta fue acompañada de suficientes elementos que determinan la propiedad del requeriente y que si bien el vehículo en cuestión fue retenido en virtud de un accidente de tránsito ocurrido en fecha 27-07-2015, esto no impide para que este ciudadano pueda hacer uso el objeto bien mueble, del cual demostró ser el propietario y que no existe ninguna razón legal para que el tribunal le niegue tal derecho.

De igual manera, al respecto observa este Tribunal que en sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Dr. J.E.C., de fecha 11 de mayo de 2005, expediente No. 04-466, sentencia No. 813, estableció que el espíritu de de toda medida de aseguramiento –dictada dentro de un procedimiento- es a fin de garantizar los f.d.p.; sin embargo, no ha sido espíritu del legislador venezolano establecer medidas que se creen a perpetuidad o que se mantengan en el tiempo indefinidamente…”

Asimismo en sentencia No. 1412 de fecha 30 de junio de 2005, el referido ponente estableció que “…que uno de los f.d.D. es la justicia, cuyo principio se encuentra consagrado en el artículo 257 constitucional…En efecto, en materia de devolución de objetos incautados en el curso de una investigación, el señalado texto adjetivo penal establece dos normas al respecto: los artículos 311 y 312 obliga al Ministerio Público a devolver, lo antes posible, los objetos recogidos o que se incautaron y que no son imprescindibles para la investigación. No obstante, en caso de retraso injustificado del Ministerio Público, las partes o los terceros interesados podrán acudir ante el juez de control solicitando su devolución, sin perjuicio de la responsabilidad, civil, administrativa y disciplinaria en que pueda incurrir el fiscal si la demora le es imputable…A juicio de la Sala, la falta de diligencia del Ministerio Público o en su caso, del juez de control, o la adopción de un criterio muy restrictivo al respecto, quebranta los derechos de acceso a la justicia y a contar con un proceso debido, que integran el derecho a la tutela judicial efectiva enunciado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…”.

Siendo que la investigación iniciada por el Ministerio Público, en el cual quedo retenido el vehículo que ha sido requerido a esta Juzgadora, es de los delitos previsto en el Código Penal Venezolano, y que de conformidad con lo previsto en el artículo 293 del Código Orgánico Procesal Penal este vehículo no es imprescindible para la investigación, ni fue señalado por el Fiscal del Ministerio Público en el acta de negativa que dicha negativa obedezca a que el vehículo sea imprescindible para la investigación seguida por el Ministerio Público, en consecuencia lo procedente y ajustado a los hechos y al derecho es que de conformidad con lo establecido en el Artículo 293 de la norma adjetiva penal se acuerde la entrega del vehículo distinguido con las siguientes características: MARCA: DODGE, MODELO: DODGE CALIBER L, CLASE: Automóvil, TIPO: Sedan, AÑO: 2007, COLOR: rojo, SERIAL DE CARROCERÍA: 8Y3J148Z571512316, SERIAL DE CARROCERIA: 8Y3J148Z571512316, SERIAL DE MOTOR: 4 CIL, PLACAS: AA729TJ, USO DEL VEHÍCULO particular, propiedad del ciudadano C.E.R.S., venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 18.657.051, residenciado en Carretera Nacional Troncal Nº 15, sector San Salvador, casa sin numero Parroquia A.J.d.S., Tucupita, Estado D.A., tal y como consta en Certificado de Registro de Vehículo emitido por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre numero 110100121351 de fecha 24 de Enero de 2013 con numero de Autorización 0278YD83104Z, respetándose el mejor derecho que cualquier tercero pueda tener sobre el bien en cuestión. De igual manera se acuerda previa certificación por secretaria la entrega de todos los documentos originales que fueron presentados por el solicitante. Y la remisión de todas las actuaciones al Fiscal del Ministerio Público. -Y así se decide.

DISPOSITIVA

Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en función de control del Circuito Judicial Penal del Estado D.A., con sede en la ciudad de Tucupita, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento: UNICO: A tenor del primer aparte del artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal, acuerda la devolución del vehículo distinguida con la siguientes características: MARCA: DODGE, MODELO: DODGE CALIBER L, CLASE: Automóvil, TIPO: Sedan, AÑO: 2007, COLOR: rojo, SERIAL DE CARROCERÍA: 8Y3J148Z571512316, SERIAL DE CARROCERIA: 8Y3J148Z571512316, SERIAL DE MOTOR: 4 CIL, PLACAS: AA729TJ, USO DEL VEHÍCULO particular, propiedad del ciudadano C.E.R.S., venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 18.657.051, residenciado en Carretera Nacional Troncal Nº 15, sector San Salvador, casa sin numero Parroquia A.J.d.S., Tucupita, Estado D.A., tal y como consta en Certificado de Registro de Vehículo emitido por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre numero 110100121351 de fecha 24 de Enero de 2013 con numero de Autorización 0278YD83104Z, respetándose el mejor derecho que cualquier tercero pueda tener sobre el bien en cuestión, en consecuencia, se acuerda oficiar al Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre, Unidad Nº 33 D.A., para que, de conformidad con el último aparte de la aludida disposición legal, se de cumplimiento inmediato a la orden impartida por este órgano jurisdiccional.

Se DECLARA CON LUGAR la solicitud presentada por el ciudadano C.E.R.S., venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 18.657.051, residenciado en Carretera Nacional Troncal Nº 15, sector San Salvador, casa sin numero Parroquia A.J.d.S., Tucupita, Estado D.A.. Regístrese, publíquese, notifíquese a las partes de conformidad con lo previsto en el artículo 159 del Código Orgánico Procesal Penal déjese copia de la presente decisión.

LA JUEZ,

ABG. LIZGREANA P.N.

LA SECRETARIA

ABG. N.H.