Decisión nº 546-10 de Tribunal Tercero de Control de Zulia (Extensión Santa Bárbara), de 15 de Junio de 2010
| Fecha de Resolución | 15 de Junio de 2010 |
| Emisor | Tribunal Tercero de Control |
| Ponente | Glenda Moran |
| Procedimiento | Sobreseimiento De La Causa |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL ESTADO ZULIA
EXTENSION S.B.
S.B.d.Z., 15 de junio de 2.010
200° y 151º
SOBRESEIMIENTO
RESOLUCION N° 546-2.010 Causa Penal Nº C03-9434-2009
Causa Fiscal 24-F16-858-2002
JUEZA PROFESIONAL Abg. G.M.R.
IMPUTADO: NO EXISTE
DELITO: ACTIVIDADES EN AREAS ESPECIALES O ECOSISTEMAS NATURALES, previsto y sancionado en el artículo 58 de La Ley Penal del Ambiente.
VICTIMA: EL ESTADO VENEZOLANO.
Visto que la presente causa se encuentra en estado para decidir, la solicitud de sobreseimiento presentada por las abogadas N.E.B. y NEYDUTH R.P., Fiscala Principal (para ese entonces) y Auxiliar Decimosextas del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, mediante el cual solicitan el Sobreseimiento de la causa instruida por la presunta comisión del delito de ACTIVIDADES EN AREAS ESPECIALES O ECOSISTEMAS NATURALES, previsto y sancionado en el artículo 58 de La Ley Penal del Ambiente, alegando que desde el momento en que ocurrieron los hechos, hasta la fecha en que interponen el pedimento han transcurrido mas de seis (06) años, lapso éste superior a lo establecido por el legislador en el ordinal 2º del artículo 19 de la Ley eiusdem, para que opere la prescripción de la acción penal, y no habiéndose interrumpido judicialmente, siendo la prescripción de orden público. Petición que realiza de conformidad con el ordinal 3° (sic) del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el ordinal 8 del artículo 48 ejusdem y el ordinal 3° del artículo 108 del Código Penal vigente para la fecha (sic), pasa el tribunal a resolver sin necesidad de convocar a las partes a una audiencia oral para debatir los fundamentos, toda vez que para comprobar el motivo no es necesario el debate, al tratarse de un punto de mero derecho, además por lo inexorable del transcurso tiempo, y pasa a resolver bajo las siguientes consideraciones:
DESCRIPCIÓN DEL HECHO OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN:
Los hechos objeto de la solicitud de sobreseimiento interpuesta por el Ministerio Público, refieren lo ocurrido el día 16 de agosto de 2002, en virtud de la denuncia formulada por el ciudadano O.J.C.U., en su condición de jefe del sector del Polígono II, Parque Nacional Ciénagas de J.M., Municipio Catatumbo del estado Zulia, quien entre cosas, manifestó que: “en una inspección realizada en el Polígono II del mencionado parque aguas abajo margen derecha del río Catatumbo, sector Los Guayabos, Municipio Catatumbo del estado Zulia, se detectó una deforestación de tres (03) hectáreas aproximadamente de vegetación alta, mediana y baja de las especies jobo, higuerón y orumo, de aproximadamente trescientos treinta y cinco (335) árboles de vegetación (…omissis…). Realizada a menos de cinco (05) metros del cause del río Catatumbo, siendo infractor de esta actividad el ciudadano que se identificó como B.B., titular ce la cédula de identidad venezolana nro. 7.890.878, el cual se atribuyó ser el propietario del fundo denominado Los Guayabos, procediéndose a solicitarle los permisos reglamentarios contestando no poseer los mismos (…omissis…)”.
RAZONES DE HECHO Y DE DERECHO EN QUE SE FUNDA
LA DECISION CON INDICACION DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICADAS
Ahora bien, analizadas como han sido las actuaciones que conforman la presente causa, entre ellas, acta de denuncia Nº 048 (folio 02) y orden inicio de investigación Nº 24-F16-858-02, de fecha 06 de septiembre de 2002 ( folio 03); observa este Tribunal que en autos se acredita la presunta comisión del delito de ACTIVIDADES EN AREAS ESPECIALES O ECOSISTEMAS NATURALES, previsto y sancionado en el artículo 58 de La Ley Penal del Ambiente, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO; no obstante lo anterior, advierte quien decide, que la investigación penal ordenada en fecha 06 de septiembre de 2002, por la Vindicta Pública, adolece de fundados y suficientes elementos de convicción que permitan estimar la participación en grado de autor o partícipe de persona alguna en la comisión del delito de ACTIVIDADES EN AREAS ESPECIALES O ECOSISTEMAS NATURALES, toda vez que si bien es cierto, el hecho narrado en aparte anterior motivó la apertura de una investigación, dando origen a un proceso, que se dirigía a esclarecer la licitud o no del hecho, en el caso de marras, el proceso se inicia ante la posibilidad de que se hubiere cometido un delito, quedando determinado que si lo hubo, es decir, de las actas se configura el tipo legal de ACTIVIDADES EN AREAS ESPECIALES O ECOSISTEMAS NATURALES, previsto y sancionado en el artículo 58 de La Ley Penal del Ambiente, pero no logró el Ministerio Público probar quien fue el autor. Se trata entonces, de una evidente e indubitable inexistencia de elementos de convicción que comprometan su responsabilidad en el hecho punible indiciado, por cuanto no quedó comprobado a través de elementos suficientes, graves y concordantes, que permitan arribar a la conclusión que debe ser enjuiciado públicamente, todo lo cual conlleva a colegir que el hecho objeto del proceso no se puede atribuir a ciudadano alguno, circunstancia que constituye una de las causas de sobreseimiento previstas en la legislación venezolana, habida cuenta los elementos recabados hasta la fecha en que presenta el escrito el titular de la acción penal, son insuficientes para continuar instruyendo la investigación y pedir el enjuiciamiento público de un potencial imputado, pues resulta obvio que con el material aportado por el Ministerio Público no es probable demostrar en una audiencia oral la responsabilidad de los posibles autores o participes del hecho, además a pesar de la falta de certeza, no existe, dado que han transcurrido mas de siete (07) años, desde que se tuvo conocimiento de ese hecho, y razonablemente no hay la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, resultando ocioso mantenerla abierta, causa que debe concluirse, ya que procede la tutela judicial efectiva que exige que la actuación instada sea resuelta y no mantenida en suspenso.
Al respecto, considera quien decide, que como una garantía del derecho a la defensa, debe determinarse si el hecho imputado calificado jurídicamente, es “probable”, a través del examen del material recabado por el Ministerio Público, atribuírsele, debe el Juez valorar si surgen fundamentos serios para el enjuiciamiento público del imputado, cabe destacar, que si no existe un fundamento serio no es posible la proposición de la acusación, por tanto, si no es posible que puedan incorporarse nuevos elementos a la investigación y los recabados son insuficientes para solicitar el enjuiciamiento público del imputado, como en efecto ha sucedido en el caso bajo examen, (…omissis…) “lo contrario supondría el someter al imputado a un proceso carente de fundamento que irremediablemente desencadenará en una sentencia absolutoria, exponiéndolo, no obstante a la pena de banquillo” (Vásquez González, Magali. “Nuevo Derecho Procesal Penal Venezolano - Las Instituciones Básicas del Código Orgánico Procesal Penal”. Primera Edición. Universidad Católica A.B.. 1999. p.p. 152).
Con vista a todo lo expuesto y atendiendo esta Jueza Profesional a la función principal de este acto procesal, el cual no es otro, que revisar y valorar el resultado de la investigación, examinando su fundamentación para decidir sobre la solicitud de poner fin a la fase preparatoria mediante el acto conclusivo de sobreseimiento, que ciertamente se ha verificado que no existen elementos serios que permitan vislumbrar un pronóstico de condena para así evitar exponer a un potencial imputado a lo que en doctrina se llama la “pena de banquillo”, estudio éste que le está permitido al Juez de Control, quien actuando dentro de los límites de su competencia y con plena conformidad jurídica puede valorar cuestiones de fondo, que como quedó establecido en sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 15 de diciembre de 2006, expediente N° 06-42, sentencia N° 2381, con ponencia de la Dra. C.Z.D.M., resulta esencial hacerla para concluir no solo sobre la naturaleza penal de los hechos imputados, sino también la responsabilidad penal del imputado, razón por la que luego de estudiar minuciosamente el escrito Fiscal, lo procedente y ajustado a derecho es aceptar la solicitud presentada por el Fiscal del Ministerio Público, pero por motivo distinto al alegado, por cuanto es indispensable en las decisiones que declaran la prescripción de la acción penal, estar comprobadas las circunstancias indicadas, habida cuenta si el tiempo trascurrido en cada caso afecta el delito, deja abierta la posibilidad del ejercicio de la acción civil por hecho ilícito, así lo ha sostenido la referida Sala, en fallo Nº 1593, de fecha 23 de noviembre de 2009, y por vía de consecuencia, se declara el Sobreseimiento de la causa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 318 numerales 1 (segundo supuesto) y 4 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.
DISPOSITIVA
En mérito de todos los fundamentos de hecho y de derecho antes invocados, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Extensión S.B.d.Z., ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara el Sobreseimiento de la causa penal signada con el N° C03-9434-2009, instruida por la presunta comisión del delito de ACTIVIDADES EN AREAS ESPECIALES O ECOSISTEMAS NATURALES, previsto y sancionado en el artículo 58 de La Ley Penal del Ambiente, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, toda vez que el hecho objeto del proceso no se puede atribuir al imputado, por cuanto la investigación aperturada adolece de fundados y suficientes elementos de convicción que lo comprueben, además, a pesar de la falta de certeza, no existe, tomando en cuenta el tiempo transcurrido, razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, resultando ocioso mantenerla abierta y, dada la solicitud interpuesta por las representantes de la Fiscalía Decimosexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, abogadas N.E.B. y NEYDUTH R.P., Fiscala Principal (para ese entonces) y Auxiliar, de conformidad con el segundo supuesto del numeral 1 y numeral 4 del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 324 del Código eiusdem. Asimismo, con base al argumento señalado en aparte anterior, esta Juzgadora disiente del motivo por el cual el Ministerio Público fundamentó su petición. Regístrese. Compúlsese. Diarícese y publíquese la presente decisión. Notifíquese a las partes. Cúmplase
La Jueza Tercera de Control,
Abg. G.M.R.
La Secretaria (s),
Abg. M.O.M.
En esta misma fecha, se dio cumplimiento a lo ordenado en la presente decisión, quedando registrada bajo el N° 546-2.010. Déjese copia auténtica en archivo. Se libraron boletas de notificación y se ofició con el Nº 1966-2.010.
La Secretaria (s),
Abg. M.O.M.
