Decisión nº XP01-P-2006-000411 de Juzgado de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Ejecución de Amazonas, de 2 de Abril de 2012
| Fecha de Resolución | 2 de Abril de 2012 |
| Emisor | Juzgado de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Ejecución |
| Ponente | Johanna de los Angeles La Rosa Brito |
| Procedimiento | Cambio Del Sitio De Reclusión |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Penal de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas
Puerto Ayacucho, 02 de Abril de 2012
201º y 152º
ASUNTO PRINCIPAL : XP01-P-2006-000411
ASUNTO : XP01-P-2006-000411
Corresponde a este Tribunal fundamentar la decisión dictada en audiencia celebrada en fecha 30 de Marzo de 2012, en la cual se acordó recluir al penado A.Y.M.C., venezolano, mayor de edad, titular de cédula de Identidad N° V-15.086.123, en la Comunidad de Babilla de Pintao, Eje Carretero Norte del estado Amazonas, al respecto previamente se observa:
El penado A.Y.M.C., venezolano, mayor de edad, titular de cédula de Identidad N° V-15.086.123, quien actualmente cumple la pena de DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (06) MESES DE PRISIÓN y las accesorias de ley establecida en el artículo 16 del Código Penal, por el delito de VIOLACION AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 374 del Código Penal y con el agravante del artículo 217 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente..
En fecha 26 de Marzo de 2012, en acta de entrevista el penado de marras solicito al Tribunal, su reclusión en una comunidad indígena, por cuanto pertenece a la etnia Piaroa, solicitud fundamentada en fecha 27 de Marzo de 2012, por el Defensor Público Tercero Penal, abogado A.L. que de conformidad con el artículo 141 de la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas, concatenado con el artículo 10 del Convenio 169, y en armonía al artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Consta en autos estudio socio-antropológico del penado antes citado, por el cual se demuestra el que el mismo pertenece a la etnia Piaroa, por lo que en consecuencia se fijó audiencia para considerar su reclusión en su comunidad, en la cual en fecha 30 de Marzo de 2012, la representación fiscal con competencia en materia indigenista, manifestó: “…En primer lugar visto el planteamiento echo por la juez en tu condición de indígena y en delito por el cual fuiste sentenciado, y los derechos que establecen la constitución, en este caso vas a estar en al comunidad de sabaneta, el señor se va hacer cargo de ti, si la guardia nacional, si observa alguna actitud sospechosa, te devolverá al CEDJA, acuérdate que estas penado, espero que aproveches en esa comunidad y aproveches el beneficio que te están dando…”
Ahora bien, nuestra Constitución consóna con el enunciado de su preámbulo, afirmó con claridad, que el Estado reconocerá la existencia de los Pueblos y Comunidades Indígenas, su organización, sus culturas, usos, costumbres, idiomas y religiones, así como su habitad y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan.
El Convenio 169 OIT, ratificado por nuestro país como norma interna, establece el compromiso de los Estados a reconocer la existencia del Derecho Consuetudinario de los pueblos indígenas, respetando sus métodos a los que recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros y para el caso de indígenas en condición de imputados o condenados en el sistema penal formal, deberán tener en cuenta sus costumbres, tratando de evitar, en lo posible, aplicar la prisión como pena.
Entre los derechos más importantes, resaltan los establecidos en el artículo 141 de la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas:
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No se perseguirá penalmente a indígenas por hechos tipificados como delitos, cuando en su cultura y derecho estos actos sean permitidos, siempre que no sean incompatibles con la Constitución, los tratados, pactos y convenciones internacionales suscritos y ratificados por la República.
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Los jueces, al momento de dictar sentencia definitiva o cualquier medida preventiva, deberán considerar las condiciones socioeconómicas y culturales de los indígenas, y decidir conforme a los principios de justicia y equidad. En todo caso, éstos procurarán establecer penas distintas al encarcelamiento que permitan la reinserción del indígena a su medio sociocultural.
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El Estado dispondrá en los establecimientos penales en los estados con población indígena, de espacios especiales de reclusión para los indígenas, así como del personal con conocimientos en materia indígena para su atención.
En cuanto a los derechos de los indígenas ante la jurisdicción ordinaria o formal, de acuerdo con la referida Ley, “se entenderá por integrante toda persona indígena que forme parte de una comunidad indígena. También se considera como integrante toda persona no indígena integrada por vínculos familiares o por cualquier otro nexo a la comunidad indígena, siempre que resida en la misma.”
Esta cualidad de indígenas de los penados mencionados, se determinó mediante el informe socio-antropológico y jurídico-cultural, los cuales sirvieron de ilustración para este tribunal y a las partes, sobre la cultura y el derecho indígena, a los fines de justificar su reclusión en un sitio distinto al del Reten Policial de este estado, por cuanto, es público y notorio que el mismo no cuenta con espacios especiales de reclusión para los indígenas, ni con el personal con conocimientos en materia indígena para su atención, tal como lo exige el artículo 141 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, por el contrario es conocido por la ciudadanía, que solamente se dispone de un Centro de Detención adscrito a la Gobernación del estado Amazonas.
Por todo lo antes señalado, es por lo que considera este tribunal, conforme con lo solicitado por la Defensa Pública, recluir al penado A.Y.M.C., venezolano, mayor de edad, titular de cédula de Identidad N° V-15.086.123, quien actualmente cumple la pena de DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (06) MESES DE PRISIÓN y las accesorias de ley establecida en el artículo 16 del Código Penal, por el delito de VIOLACION AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 374 del Código Penal y con el agravante del artículo 217 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente, en la Comunidad Babilla de Pintao, bajo la autoridad, supervisión y vigilancia del Capitán M.R., titular de la cédula de identidad N°13.714.029, quien informará a este Tribunal sobre el comportamiento y permanencia en la mencionada comunidad del penado, de conformidad con el artículo 141 de la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades indígenas, en concordancia del artículo 10 del convenio 169 de la OIT, numerales 1° y 2°.
D I S P O S I T I V A:
En razón a las consideraciones de hecho y de derecho anteriormente expuestas este Juzgado de Primera Instancia en Función de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas, Administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, acuerda recluir al penado A.Y.M.C., titular de cédula de Identidad N° V-15.086.123, en la Comunidad Babilla de Pintao, bajo la autoridad, supervisión y vigilancia del Capitán M.R., titular de la cédula de identidad N°13.714.029, quien informará a este Tribunal sobre el comportamiento y permanencia en la mencionada comunidad del penado, de conformidad con el artículo 141 de la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades indígenas, en concordancia del artículo 10 del convenio 169 de la OIT, numerales 1° y 2°, en sintonía con la Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, emitida en fecha 03 de Febrero de 2012, expediente 09-1440. Y ASÍ SE DECIDE.-
Publíquese, regístrese, ofíciese a la Dirección de Rehabilitación y C.d.M.d.P.P. para Relaciones Interiores y Justicia, déjese copia de un ejemplar de la presente en el copiador de decisiones de este tribunal. Se instruye al ciudadano secretario para que de cumplimiento a lo acordado en el auto que antecede. Cúmplase.
Dada, Firmada y Sellada en la sede del Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas, lugar desde donde despacha el Tribunal Primero de Primera Instancia en Función de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas. En Puerto Ayacucho a los dos (2) días del mes de A.d.D.M.D. (2012).
LA JUEZ UNICA DE EJECUCIÓN
J.L.R.B.
EL SECRETARIO
AMURABY ESPAÑA
