Decisión de Tribunal Décimo Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Caracas, de 7 de Noviembre de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 407709482

Decisión de Tribunal Décimo Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Caracas, de 7 de Noviembre de 2012

RESUMEN

En base a los razonamiento antes expuestos este JUZGADO DECIMO CUARTO (14) DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL AERA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara: PRIMERO: CON LUGAR la acción de recurso de nulidad interpuesto por la sociedad mercantil FOSPUCA BARUTA C.A,... (ver resumen completo)

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

TRIBUNAL DÉCIMO CUARTO (14°) DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

Caracas siete (07) de noviembre de Dos Mil Doce (2012)

202° y 153º

ASUNTO AP21-N-2011-000196

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y DE SUS APODERADOS

PARTE RECURRENTE: FOSPUCA BARUTA, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 26 de Noviembre de 1993, bajo el N° 24, Tomo 98-A Sgdo.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE RECURRENTE: SARAI CECILIA BARRIOS RAMIREZ, MARIA VERONICA ZAPATA ARVELO y ADRIANA BRACHO, abogadas en ejercicio e inscritas en el Inpreabogado bajo los Nros. 120.687, 131.662 y 138.491 respectivamente.-

PARTE RECURRIDA: INSPECTORÍA DEL TRABAJO PEDRO ORTEGA DIAZ SEDE CARACAS SUR.

MOTIVO: RECURSO DE NULIDAD DE PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

SENTENCIA DEFINITIVA.

-I-

ANTECEDENTES PROCESALES

En fecha 16 de septiembre de 2011, se recibió de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad y medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo recurrido, incoada por la sociedad mercantil FOSPUCA BARUTA, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 26 de Noviembre de 1993, bajo el N° 24, Tomo 98-A Sgdo, representada por las ciudadanas, SARAI CECILIA BARRIOS RAMIREZ y ADRIANA VIRGINIA BRACHO, abogadas en ejercicio inscritas en el IPSA Nos° 120.687 y 138.491, en contra del Acto Administrativo constituido por la providencia administrativa, denominada por la inspectoría del trabajo Provi-Acta N° 0081-2011 de fecha 28 de marzo de 2011, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO PEDRO ORTEGA DIAZ SEDE CARACAS SUR mediante la cual, declaró: “…CON LUGAR La solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada por el ciudadano GILBERTO JOSÉ GÓMEZ, titular de la cédula de identidad numero V-12.304.607, en contra de la sociedad mercantil FOSPUCA BARUTA, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 26 de Noviembre de 1993, bajo el N° 24, Tomo 98-A Sgdo. En fecha 06 de julio de 2011, quien suscribe dio por recibido el presente asunto a los fines de su tramitación, subsiguientemente por auto de fecha 23 de septiembre de 2011 este Tribunal admitió la acción y ordenó la notificación a la INSPECTORA DEL TRABAJO PEDRO ORTEGA DIAZ SEDE CARACAS SUR, del PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, de la FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA y del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Subsiguientemente y una vez verificado el haberse practicado las notificaciones ordenadas, por auto de fecha 11 de junio de 2012 se fijó la oportunidad para la celebración de la Audiencia de Juicio para el día 02 de julio de 2012, fecha en la cual no fue celebrada la misma, dejándose constancia de la comparecencia de la apoderada judicial de la parte recurrente, del Fiscal del Ministerio público 84° con competencia en el Área Metropolitana de Caracas y Estado Vargas y de la procuraduría General de la República y vista la falta del expediente administrativo de la Inspectoría del Trabajo se acordó reprogramar la celebración de la audiencia oral de juicio y librar oficio a la Inspectoría del Trabajo a los fines que remitiera la copia certificada de la totalidad del expediente administrativo, quedando pautada dicha audiencia para el día 19 de septiembre de 2012 fecha en la cual fue celebrada la misma, dejándose constancia de la comparecencia de la representación judicial de la parte recurrente, quien consignó en dicho acto escrito de promoción de pruebas, de la comparecencia de la Procuraduría General de la República y Fiscalía del Ministerio público, así como también se dejó constancia de la incomparecencia a la celebración de la audiencia de juicio de la demandada; se fijó el lapso de conformidad con el artículo 85 ejusdem, para que las partes presentaran sus informes conclusivos, y estando dentro del lapso establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa se procede a dictar el fallo bajo los siguiente términos:

II

ALEGATOS DE LA PARTE RECURRENTE

La pretensión en el presente procedimiento se encuentra dirigida a la declaratoria de Nulidad por parte del Órgano Jurisdiccional contra la providencia administrativa, denominada por la inspectoría del trabajo Provi-Acta N° 0081-2011 de fecha 28 de marzo de 2011, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO PEDRO ORTEGA DIAZ SEDE CARACAS SUR mediante la cual, declaró: “…CON LUGAR La solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada por el ciudadano GILBERTO JOSÉ GÓMEZ, titular de la cédula de identidad numero V-12.304.607, en contra de la sociedad mercantil FOSPUCA BARUTA, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 26 de Noviembre de 1993, bajo el N° 24, Tomo 98-A Sgdo. Seguidamente señala que el beneficiario de la providencia administrativa denominada Provi - Acta presentó formal solicitud de reenganche y pago de salarios caídos en contra de su representada, siendo admitida la misma, posteriormente notificada, su representada compareció al acto de contestación, y en atención y respuesta al interrogatorio previsto en el artículo 445 de la Ley Orgánica del Trabajo, anteriormente 454, reconoció que el trabajador presta servicios para la empresa, que tiene inamovilidad laboral y NEGÓ el tercer particular que la empresa haya efectuado el despido alegado en la solicitud. Seguidamente indicó en su escrito libelar que en esa misma oportunidad y a pesar que su representada NEGÓ el despido, que constituye uno de los principales hechos constitutivos de la pretensión de reenganche y pago de salarios caídos, la inspectoría del trabajo no cumplió con su obligación legal de dar inicio al lapso probatorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 446 de la Ley Orgánica del Trabajo, sino que sorpresivamente y sin invocar norma o razonamiento jurídico alguno, la ciudadana Inspectora del trabajo, pasó a dictar un providencia administrativa denominada “Provi – Acta”, en la cual declaró CON LUGAR la solicitud antes mencionada; que en fecha 31 de marzo de 2010 la empresa manifestó ante la Inspectoría del Trabajo su imposibilidad de cumplir con la providencia administrativa dictada a favor del solicitante, dado que la misma fue dictada sin que se demostrara el hecho constitutivo de la pretensión de reenganche, al no ordenarse el inicio del lapso probatorio correspondiente, lo cual evidentemente vulnera el derecho a la defensa de las partes.

Asimismo señala la parte recurrente, que el acto recurrido viola de manera flagrante el Derecho a la Defensa y el debido Proceso, toda vez que subvirtió y cercenó el procedimiento legal previsto en los artículos 454, 455 y 456 de la Ley Orgánica del Trabajo y dictó abruptamente una providencia administrativa, omitiendo el necesario lapso probatorio. Como se observa, la ley prevé un procedimiento administrativo “Cuasi jurisdiccionales” en los que debe resolverse un conflicto intersubjetivo de intereses, en el cual se prevé dictar providencia de manera inmediata en los casos que el patrono responda “afirmativamente” a todas las preguntas o cuando reconozca la condición de trabajador y el despido, pero cuando se responde negativamente como el caso que nos ocupa, al haber contención o contradictorio, se prevé legalmente la apertura de un lapso probatorio, para que las partes prueben sus respectivas alegaciones, y por último en un nuevo lapso de ocho (08) día hábiles para que proceda el Inspector del Trabajo a decidir la controversia. Asimismo señaló que en el presente caso, a pesar de que la empresa NEGÓ la ocurrencia del despido, y aun cuando la providencia textualmente indica que tal despido fue negado por el patrono y erróneamente se procedió en el mismo acto a declarar CON LUGAR la solicitud, sin abrir el respectivo lapso probatorio. Lo cual claramente, vulnera el derecho a la defensa de las partes y al debido proceso y en especial de la empresa accionada, a quien se le ordenó el pago de salarios caídos y un reenganche sin que en parte alguna conste que dicha empresa haya efectuado el despido del trabajador; y sin haber permitido el ejercicio de su derecho a pruebas, el cual por demás ostenta rango constitucional como garantía del debido proceso previsto en el artículo 49 constitucional. A su vez indicó que con tal intempestiva y errada actuación, la providencia en cuestión también infringió la norma procesal del artículo 72 de la ley Orgánica procesal del Trabajo y negó aplicación a las normas de los artículos 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil, relativas a la carga de la prueba, causando la denunciada indefensión a su representada.

Aduce que en el presente caso, el trabajador reclamante alegó haber sido despedido en fecha 09 de marzo de 2011 de forma injustificada, y su representada NO reconoció dicho hecho configurándose así el supuesto previsto en el articulo 72 de la ley Orgánica del Trabajo, por lo que correspondía al accionante demostrar tal supuesto de hecho; resulta claro que la Inspectoría del trabajo infringió y desaplicó las citadas normas legales que constituyen garantía directa del debido proceso y el derecho a la defensa, previstos en la ley; En consecuencia se ha materializado una violación grosera del debido proceso antes mencionado, que incluso puede calificarse de prescindencia absoluta de procedimiento, pues aún cuando inició un proceso y se...

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