Decisión nº 014 de Tribunal Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. Extensión Puerto Ordaz de Bolivar (Extensión Puerto Ordaz), de 16 de Febrero de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 353381482

Decisión nº 014 de Tribunal Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. Extensión Puerto Ordaz de Bolivar (Extensión Puerto Ordaz), de 16 de Febrero de 2012

RESUMEN

Por las razones precedentemente expuestas, este JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DEL ESTADO BOLIVAR EXTENSIÓN TERRITORIAL PUERTO ORDAZ, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: La NULIDAD de todo lo actuado a partir de la audiencia preliminar celebrada ante el Juzgado... (ver resumen completo)

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo

de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar Extensión Puerto Ordaz

Puerto Ordaz, 16 de febrero de 2012

Años: 200º y 152º

ASUNTO PRINCIPAL : FP11-L-2009-001119

ASUNTO : FP11-L-2009-001119

I. Narrativa

1.1. De las partes y sus apoderados judiciales

DEMANDANTES: Ciudadanos CARLOS GREGORIO FRANCO, ANGEL RAFAEL ROMERO ACEVEDO, CARLOSV MANUEL MUÑOZ ALVAREZ, JOSE GREGORIO VILLEGAS ARZOLAY, ARQUIMEDES JOSE VALDEZ GONZALEZ, LUIS FERNANDEZ, LUIS ESCORCHE, LUIS URBANEJA, JOSE RIVERO, MARIANA BELLO, AMAURY RAMIREZ, MARCO ANTONIO PADRINO, SEGUNDO TOVAR, JUDY SALAZAR, REINALDO MARCANO, JESUS ENRIQUE GONZALEZ, RICHARD MARTINEZ, FREDY RIVAS, MAIKER ROJAS y RAMON ABACHE, venezolanos mayores de edad y titulares de las cedulas de identidad Nº 8.983.025, 2.639.266, 10.391.489, 8.526.021, 8.939.604, 4.297.184, 4.911.576, 11.006.057, 10.044.316, 16.845.537, 14.634.202, 8.812.927, 13.121.108, 17.039.421, 13.453.885, 14.509.904, 12.193.476, 10.177.995, 17.998.061 y 11.167.765, respectivamente;

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: Ciudadanos RAFAEL MARIN y FELIX RODRIGUEZ, Abogados en ejercicio e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nº 118.204 y 103.651, respectivamente;

PARTE DEMANDADA: Sociedad mercantil SERVICIOS SIDERURGICOS SERSISA, S. A., de este domicilio, inscrita inicialmente ante Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz en fecha: 24/12/1998, bajo el Nº 46, tomo A-87;

APODERADAS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: Ciudadanas ISOLINA LONDON e ISIS PIETRANTONI, Abogadas en ejercicio e inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nº 49.248 y 32.688, respectivamente;

MOTIVO: COBRO DE DIFERENCIAS DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS DERIVADOS DE LA RELACION LABORAL.

1.2. De las actuaciones de las partes y del Tribunal

En fecha 31 de julio de 2009, es recibido en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar con sede en Puerto Ordaz, demanda por COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS DERIVADOS DE LA RELACION LABORAL presentado por los ciudadanos CARLOS GREGORIO FRANCO, ANGEL RAFAEL ROMERO ACEVEDO, CARLOSV MANUEL MUÑOZ ALVAREZ, JOSE GREGORIO VILLEGAS ARZOLAY, ARQUIMEDES JOSE VALDEZ GONZALEZ, LUIS FERNANDEZ, LUIS ESCORCHE, LUIS URBANEJA, JOSE RIVERO, MARIANA BELLO, AMAURY RAMIREZ, MARCO ANTONIO PADRINO, SEGUNDO TOVAR, JUDY SALAZAR, REINALDO MARCANO, JESUS ENRIQUE GONZALEZ, RICHARD MARTINEZ, FREDY RIVAS, MAIKER ROJAS y RAMON ABACHE, venezolanos mayores de edad y titulares de las cedulas de identidad Nº 8.983.025, 2.639.266, 10.391.489, 8.526.021, 8.939.604, 4.297.184, 4.911.576, 11.006.057, 10.044.316, 16.845.537, 14.634.202, 8.812.927, 13.121.108, 17.039.421, 13.453.885, 14.509.904, 12.193.476, 10.177.995, 17.998.061 y 11.167.765, respectivamente, en la persona de sus apoderados judiciales los ciudadanos RAFAEL MARIN y FELIX ODRIGUEZ, Abogados en ejercicio e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nº 118.204 y 103.651, respectivamente; en contra de la empresa SERVICIOS SIDERURGICOS SERSISA, S. A..

En fecha 06 de agosto de 2009 el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar Extensión Territorial Puerto Ordaz admitió la pretensión contenida en la demanda y convocó a la audiencia preliminar, iniciándose la misma por ante el Juzgado Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar Extensión Territorial Puerto Ordaz, en fecha 15 de octubre de 2009, culminando el día 01 de diciembre de 2010, ordenándose en consecuencia la incorporación de las pruebas de las partes al expediente.

En fecha 09 de diciembre de 2010, el Juzgado Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, dejó constancia que la parte demandada presentó escrito de contestación de la demanda dentro del lapso previsto; y ambas partes consignaron sus escritos de prueba en tiempo útil, remitiendo el presente expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos; a los fines que se sirva distribuir entre los Juzgados de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, para su admisión y evacuación.

En fecha 24 de enero de 2011, este Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar Extensión Territorial Puerto Ordaz le da entrada a la causa y en fecha 31 de enero de 2011 admite las pruebas y fija oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio para el día 02 de marzo de 2011, habiéndose efectuado varios diferimientos de la audiencia de juicio en razón a la espera de las pruebas de informes faltantes, siendo celebrada finalmente la audiencia de juicio para el 09 de febrero de 2012.

Habiéndose realizado la audiencia de juicio, siendo la oportunidad para dictar sentencia en esta causa y cumplidas las fases procesales de rigor, de conformidad con lo establecido en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, procede a emitir su pronunciamiento en base a las siguientes consideraciones:

II. Motiva

2.1. De los alegatos de la parte actora

Alegan que iniciaron su relación laboral con la empresa SERVICIOS SIDERURGICOS SERSISA, S. A., comenzando y terminando la relación de trabajo ejerciendo los cargos y devengando los salarios que más adelante se detallan. La relación laboral concluyó el día 31 de julio de 2008, en virtud de que la empresa elaboró y les presento a los trabajadores una carta de renuncia, la cual tenían que firmar bajo coacción, alegando la empresa de que si no firmaban dicha carta, no recibían el pago de sus respectivas prestaciones sociales y tampoco una bonificación única compensatoria, cuyo fundamento legal se desconoce, ya que no se sabe por qué concepto de la relación laboral bonifica y qué concepto ha dejado de pagar la empresa.

Señalan que este tipo de amenaza, coacción y corriendo el riesgo de tener la incertidumbre por el pago de sus prestaciones sociales, que se les adeuda a los demandantes, cada uno de ellos, tuvo que firmar su carta de renuncia previamente elaborada por la empresa, recibiendo el pago de prestaciones sociales no acorde a lo que les correspondía legalmente.

Señalan que en el transcurso de toda la relación laboral con los demandantes, la empresa omitió una serie de pagos y beneficios que legalmente les correspondían y aplicó a su libre criterio para su cálculo, en detrimento de los demandantes, violando de esta manera cláusulas contractuales y disposiciones legales que afectaron considerablemente sus ingresos salariales y otros beneficios ligados a la salario que devengaban, a pesar de los constantes reclamos que hicieron los trabajadores, por ante el Departamento de Recursos Humanos de la empresa y a través del Sindicato por ante la Inspectoría del Trabajo de Puerto Ordaz; la empresa siempre se negó a reconocer el error que venia incurriendo, trayendo esto consecuencias, las disminución en lo que respecta a las acreencias a favor de los hoy demandantes y ante la imposibilidad legal que tienen ellos de renunciar a sus derechos laborales.

Señalan que la empresa incumplió los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Trabajo, en cuanto a la jornada semanal y diaria de trabajo e igualmente lo establecido en la Convención Colectiva, que firmara la empresa, el cual establece que el salario base para el pago de los beneficios de horas extras, bono nocturno, días feriados, descanso compensatorios, bono vacacional, vacaciones y otros, es el salario normal del respectivo periodo de que se trate. Para todos estos conceptos la empresa los pagaba haciendo un mal cálculo del salario normal, ya que el divisor utilizado no corresponde con lo que preceptúa la norma.

Alegan que en cuanto al concepto que conforma el salario normal y el divisor, utilizado en la jornada semanal por la empresa para efectuar el pago correspondiente, equivocó el divisor utilizado para el cálculo de horas ordinarias, extraordinarias, bonificaciones y otros emolumentos que se desprenden de la base de cálculo o factor 7,33 que debió utilizar la empresa en cada jornada semanal según cada uno de los turnos laborados por los demandantes, lo que inevitablemente origina diferencias en los pagos semanales que recibieron los demandantes.

Indican que la empresa incumplió la jornada laboral, en consecuencia dejó de pagar sobre todo en las jornadas mixtas y nocturnas, las horas de sobre tiempo que se generan automáticamente de esas jornadas, pagando tres horas de las seis que se generan en la jornada mixta y cinco que se generan en la jornada nocturna.

Alegan que igualmente incumplió la Ley de Bono Alimenticio, violando de esta manera lo preceptuado en el artículo 18 del reglamento de la Ley para la Alimentación de los Trabajadores, en virtud que llama a los demandantes a laborar jornadas completas generalmente los días libres convencional y legal, es decir, sábados y domingos omitiéndole, de esta manera el suministro del correspondiente Bono Alimenticio.

Indican que la empresa le descontaba a sus trabajadores un plan de ahorro, contentivo del descuento del 10% del salario básico que devaneaban, lo que quedaba en la caja de la empresa por un periodo de tres meses, pasado dicho lapso y luego se los devolvía a los trabajadores con un aporte igual al 10% del salario básico, con el objeto de fomentar entre sus trabajadores el ahorro, pero la realidad material del asunto es que dichas cantidades de dinero retenidas, al parecer la empresa lo utilizaba para financiar algunas operaciones,...

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