Decisión nº 26-07 de Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio de Barinas, de 14 de Marzo de 2007

República Bolivariana de Venezuela

en su nombre

Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas

ASUNTO PRINCIPAL: EP11-L-2006-000041

PARTE ACTORA: J.G.F.T., venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-6.642.365.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: F.A.G.C. y C.R.R., venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V-1.585.847 y V-3.916.197, respectivamente, e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 71.410 y 83.723, respectivamente.

PARTE DEMANDADA: ALCALDÍA AUTÓNOMA DEL MUNICIPIO SOSA DEL ESTADO BARINAS.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: A.O.V. y A.Á.L., venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V-9.985.714 y V-9.400.502, respectivamente e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 58.153 y 62.753, respectivamente, la primera en su condición de Síndica Procuradora Municipal de la Alcaldía del Municipio Sosa del Estado Barinas, y el segundo en su condición de Apoderado Judicial.

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES

SENTENCIA DEFINITIVA

Se inició el presente juicio, por Demanda intentada por el abogado J.F.P.S. en representación del ciudadano J.G.F.T., en fecha 23 de enero de 2006.

Dicha demanda fue admitida por el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas en fecha 25 de enero de 2006, ordenándose en ese mismo acto la notificación de la Alcaldía del Municipio Sosa del Estado Barinas en la persona del ciudadano Alcalde de dicho municipio y a la Síndica Procuradora Municipal del mismo municipio.

En fecha 28 de abril de 2006, el abogado F.A.G.C., actuando en su condición de nuevo Apoderado Judicial de la parte actora consigna escrito constante de 03 folios útiles y 06 anexos.

En fecha 10 de mayo de 2006 se dio inicio a la Audiencia Preliminar, cuyas prolongaciones se realizaron los días 26 de junio de 2006, 24 de octubre de 2006, 08 de noviembre de 2006 y 28 de noviembre de 2006. En esta última fecha se dio por concluida la Audiencia Preliminar, por lo que la Jueza de la causa, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ordenó agregar a los autos los escritos de promoción de pruebas presentados por las partes en su debida oportunidad.

La parte demandada no procedió a contestar la demanda en el lapso de ley establecido en el artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Una vez transcurrido el lapso para la contestación de la demandada, el referido Tribunal remitió a la Unidad de Recepción de Documentos y Distribución de este Circuito Judicial, a los fines de distribuir el expediente entre los Tribunales de juicio, correspondiéndole el conocimiento a este Juzgador. El expediente se dió por recibido en fecha 13 de diciembre de 2006.

En fecha 10 de enero de 2007, el Tribunal de la causa admitió las pruebas promovidas por las partes y fijó, en esa misma oportunidad, la fecha y hora para la celebración de la Audiencia de Juicio.

En fecha 23 de febrero de 2007, día y hora fijadas por este Juzgador para que tuviese lugar la audiencia de juicio, se dejó expresa constancia de la comparecencia de la parte actora. Igualmente se dejó constancia de la incomparecencia de la demandada, por lo que se procedió a oír sus alegatos, así como también se procedió a evacuar las pruebas promovidas y admitidas.

Debido a lo complejo del asunto planteado, por cuanto era necesario para este Juzgador analizar la legalidad de lo peticionado por el actor, se difirió el pronunciamiento oral del Dispositivo del Fallo para las 9:00 a.m. del quinto (5to) día hábil siguiente a esa fecha.

En fecha 07 de marzo de 2007, se verificó la continuación de la audiencia de juicio en la cual este Juzgador dictó el dispositivo de la forma siguiente:

...Analizadas como han sido las actas del proceso y el petitorio de la parte actora observa éste Juzgador que fueron demandados conceptos algunos conceptos cuya carga probatoria eran del actor y no fueron debidamente probados. Por todo lo anteriormente expuesto, este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECLARA: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR LA PRETENSIÓN, intentada por el actor. SEGUNDO: No hay especial condenatoria en costas dada la naturaleza del fallo...

Estando en la oportunidad legal para la fundamentación escrita del Fallo, a tenor de lo estipulado en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este Juzgador lo realiza de la siguiente forma:

I

DE LA LITIS

Tal y como lo establece el artículo 153 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, cuando la Síndica Procuradora Municipal no conteste la demanda se considerará contradicha en cada una de sus partes. Sin embargo, existen defensas que le son propias a los demandados y a los cuales no abarca los privilegios procesales de los que goza el Municipio.

Es así como, en estos casos, la carga probatoria es del actor en demostrar la legalidad de lo peticionado en el libelo de demanda. En derecho del trabajo, con la sola demostración de la prestación de servicio subordinada o ajena, opera la presunción a que se contrae el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo y, de lograr demostrar el actor dicha prestación, solo resta verificar al Juzgador la legalidad de lo peticionado y el pago como acto liberatorio de la obligación.

Consta de autos, de las documentales promovidas por la parte actora, copias certificadas emitidas Juzgado del Municipio Sosa de esta Circunscripción Judicial de la “participación” que le hace el Alcalde del Municipio Sosa del Estado Barinas al actor de “destituirlo” del cargo de Obrero, con lo cual existe un reconocimiento expreso por parte del demandado de la existencia de un vínculo laboral que lo unía con el actor.

En otro orden de ideas, la parte demandada, en la oportunidad para la promoción de pruebas, consigna en autos demostración de un supuesto pago realizado al ciudadano J.F.P. por concepto de Salarios Caidos y prestaciones sociales del actor. Sin embargo, considera este Juzgador que tal demostración no es prueba suficiente del cumplimiento de la obligación, ya que, si bien es cierto el referido ciudadano actúo en nombre y representación del actor, no menos es cierto que el patrono debe ser cauteloso al momento de emitir estos pagos.

Es así como considera este Juzgador que las copias certificadas no son prueba suficiente para la demostración del pago efectuado al trabajador. No existe la demostración de que las cantidades de dinero fueron recibidas por el actor. Igualmente consta de dichas actas que la fecha de emisión de las órdenes de pago, la primera por la cantidad de Bs. 45.000.000,00 y la segunda por la cantidad de Bs. 44.000.000,00 fueron 23 de febrero de 2005 y 26 de enero de 2005, es decir, casi un año antes de la consignación de la demanda objeto del presente Juicio.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y por no resultar suficientes las pruebas promovidas por la demandada para la demostración del pago, este Juzgador pasa a analizar los conceptos demandados a los fines de determinar la legalidad y procedibilidad de los mismos. ASÍ SE ESTABLECE.

Considera asimismo este Juzgador establecer que el trabajador, en su escrito libelar expone que la relación de trabajo finalizó en fecha 31 de agosto de 2000, fecha en la cual el patrono procedió a despedirlo sin que mediare causa que lo justificare.

Asimismo indica el actor que dada tal circunstancia inició el juicio de reenganche y pago de salarios caidos ante el Tribunal del Municipio Sosa de esta misma Circunscripción Judicial y que el fallo quedó definitivamente firme en fecha 02 de abril de 2001, ordenándose el reenganche a su puesto de trabajo y consecuente pago de los salarios caidos.

Indica igualmente que se llegó a un acuerdo con el patrono en cuanto al pago de los salarios caidos y los conceptos dejados de percibir, dejándose establecido que la terminación del vínculo laboral ocurrió en fecha 24 de enero de 2005.

Ahora bien, ha sido criterio reiterado de los Tribunales del Trabajo de nuestro País que, el tiempo que dure el juicio de calificación de despido no puede tomarse en consideración para el cálculo de las prestaciones sociales, es decir, no puede tomarse en consideración para la antigüedad del trabajador, sino que simplemente ese tiempo se toma como referencia para el cálculo de los salarios caídos, ya que por la naturaleza jurídica de las prestaciones sociales, provienen como contraprestación, además del salario, a la labor efectivamente realizada por el trabajador para su patrono.

En consecuencia, no puede tomarse en consideración la fecha establecida por el actor en su libelo de demanda de culminación de la relación de trabajo, es decir, 24 de enero de 2005, sino la fecha 31 de agosto de 2000 en el cual dejó de prestar servicios el actor para la demandada, todo ello a los efectos del cálculo de las prestaciones sociales y demás beneficios laborales, excluyéndose a los salarios caidos no pagados por la demandada en su debida oportunidad. ASÍ SE ESTABLECE.

II

DE LOS CONCEPTOS DEMANDADOS

Del bono por transferencia

Demanda el actor el pago de la cantidad de Bs. 150.000,00 por concepto de Bono por transferencia.

El actor basa su petitorio en que la fecha de ingreso del trabajador fue el 01 de diciembre de 1989 y la fecha de egreso fue el 24 de enero de 2004.

Ahora bien, el artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo establece textualmente lo siguiente:

Artículo 666. Los trabajadores sometidos a esta Ley, así como los funcionarios o empleados públicos nacionales, estadales y municipales, con ocasión de su entrada en vigencia, tendrán derecho a percibir:

1. La indemnización de antigüedad prevista en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo promulgada el 27 de noviembre de 1990 y que esta Ley reforma, calculada con base al salario normal del mes anterior a la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, la cual en ningún caso será inferior a quince mil bolívares (Bs. 15.000,oo).

   La antigüedad a considerar a estos fines será la transcurrida hasta la fecha de entrada en vigencia de esta Ley.

2. Una compensación por transferencia equivalente a treinta (30) días de salario por cada año de servicio, calculada con base en el salario normal devengado por el trabajador al 31 de diciembre de 1996.

   El monto de esta compensación en ningún caso será inferior a cuarenta y cinco mil bolívares (Bs. 45.000,oo). Este monto mínimo que se asegura, será pagado atendiendo a lo dispuesto en el artículo 194 de esta Ley.

   El salario base para el cálculo de esta compensación no será inferior a quince mil bolívares (Bs. 15.000,oo) ni excederá de trescientos mil bolívares (Bs. 300.000,oo) mensuales, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 667 de esta Ley. A los mismos fines, la antigüedad del trabajador no excederá de diez (10) años en el sector privado y de trece (13) en el público.

   PARÁGRAFO ÚNICO.- A los fines previstos en este artículo, si el trabajador percibiere salarios por unidad de obra, por pieza, a destajo, a comisión o cualquiera otra modalidad de salario variable, la base para el cálculo será el promedio de lo devengado durante el año inmediato anterior.

   En principio, esta bonificación por transferencia se debe calcular para el día en que entró la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, es decir, 19 de junio de 1997. Para la referida fecha, y tomando en consideración la fecha de ingreso alegada por el actor, tenía una antigüedad de 7 años, 6 meses y 18 días, y a los efectos del pago de esta bonificación se debe tomar en consideración los años completos de servicio, es decir, 7 años.

   Ahora bien, el actor no indica su salario devengado para el 31 de diciembre de 1996, por lo que debe tomarse en consideración la base de salario mínimo establecido por el mismo legislador en el ya mencionado artículo, es decir, Bs. 15.000,00. Los cálculos matemáticos son los siguientes:

   7 años X 30 días = 210 días

   Bs. 15.000,00 / 30 días = Bs. 500,00 diarios

   210 días X Bs. 500,00 = Bs. 105.000,00

   Por todo lo anteriormente expuesto este Juzgador condena a la demandada a pagar al actor la cantidad de BOLÍVARES CIENTO CINCO MIL EXACTOS (Bs. 105.000,00) por concepto de Bono de Transferencia. ASÍ SE DECIDE.-

   De la Antigüedad convencional

   Demanda el actor el pago de la cantidad de Bs. 20.070.768,96 por concepto de antigüedad, alegando a su favor, que el trabajador fue despedido.

   El actor promovió como documental, copia certificada, de la cual se desprende oficio emanado del patrono en donde consta la decisión unilateral del patrono de poner fin a la relación de trabajo que lo vinculaba con el actor.

   Tal y como se estableció anteriormente, para el cálculo de lo que le corresponde al actor por este concepto debe tomarse en consideración el tiempo efectivamente de labores del trabajador para la demandada, es decir, desde el 01 de diciembre de 1989 hasta el día 31 de agosto de 2000. El tiempo efectivo de labores del trabajador para la demandada fue de 10 años y 09 meses completos.

   Según lo establecido en la cláusula 39 de la Convención Colectiva de Trabajo que rige las relaciones laborales entre la demandada y sus trabajadores, le corresponde al trabajador las siguientes cantidades de dinero:

   Antigüedad

   10 años X 90 días = 900 días

   Indemnización

   10 años X 30 días = 300 días

   Preaviso

   10 años X 30 días = 300 días

   Es de hacer notar que la referida cláusula establece como base de cálculo cada año de servicio, lo que debe entenderse que se toma como referencia los años completos de servicio y no las fracciones de años. En el caso de autos, este Juzgador toma en consideración solo los 10 años de antigüedad para realizar este cálculo y no la fracción de labores de 9 meses.

   Igualmente es de hacer notar que el actor, en su escrito libelar toma en cuenta el salario integral devengado por un trabajador de la demandada para el 24 de enero de 2005, lo cual es erróneo, ya que debe tomarse en consideración como base para realizar este cálculo el salario integral devengado por el trabajador para la fecha en que finalizó efectivamente de prestar servicios para la demandada, es decir, 31 de agosto de 2000.

   Ahora bien, el actor no indica este salario, por lo que debe este tomar en cuenta el salario mínimo vigente para la fecha del despido, para así calcular el salario integral, lo cual se establece en el siguiente cuadro:

   Una vez determinado el salario integral, solo resta hacer la operación matemática respectiva.

   Antigüedad

   10 años X 90 días = 900 días X Bs. 5.341,11 = Bs. 4.806.999,00

   Indemnización

   10 años X 30 días = 300 días X Bs. 5.341,11 = Bs. 1.602.333,00

   Preaviso

   10 años X 30 días = 300 días X Bs. 5.341,11 = Bs. 1.602.333,00

   Por todo lo anteriormente expuesto, este Juzgador condena a la demandada a pagar al actor la cantidad de BOLÍVARES OCHO MILLONES ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EXACTOS (Bs. 8.011.665,00) por concepto de Antigüedad Convencional. ASÍ SE DECIDE.-

   VACACIONES NO PAGADAS

   Demanda el actor el pago de la cantidad de Bs. 832.505,70 por concepto de vacaciones no pagadas. Basa el actor su pedimento en las vacaciones no pagadas para el período desde el 31 de agosto de 2003 hasta 31 de agosto de 2004.

   Ahora bien, tal y como se ha establecido en la primera parte de este Fallo, el tiempo en que duró el procedimiento de Calificación de Despido no puede tomarse como referencia para el cálculo. Pretender que por este período se paguen vacaciones sería completamente erróneo y contrario a derecho, ya que las vacaciones, aún y cuando la misma ley no lo establezca de esa forma expresamente, es ese período de descanso para el trabajador después de un año ininterrumpido de labores. Si no se ha prestado servicios no puede generarse estas vacaciones.

   Es por esta razón que considera este Juzgador que las vacaciones demandadas por el actor no le corresponden. ASÍ SE ESTABLECE.

   VACACIONES FRACCIONADAS

   Demanda el actor el pago de la cantidad de Bs. 320.194,50 por concepto de vacaciones fraccionadas. Basa el actor su pedimento en las vacaciones fraccionadas correspondientes al año 2005.

   Tal y como se ha expresado anteriormente, el tiempo en que duró el procedimiento de Calificación de Despido no puede tomarse como referencia para el cálculo. Pretender que por este período se paguen vacaciones sería completamente erróneo y contrario a derecho, ya que las vacaciones fraccionadas es un derecho que le nace al trabajador al haber trabajado durante meses completos en el año de finalización de la relación laboral y sin que esta finalización se haya motivado por un despido justificado. En el caso de autos el actor no laboró efectivamente en los meses reclamados, por lo que mal puede haberse generado estas vacaciones fraccionadas.

   Es por esta razón que considera este Juzgador que las vacaciones fraccionadas demandadas por el actor no le corresponden. ASÍ SE ESTABLECE.

   BONO VACACIONAL VENCIDO Y FRACCIONADO

   Demanda el actor el pago de la cantidad de Bs. 217.732,26 por concepto de bono vacacional no pagado para el período desde el 31 de agosto de 2003 al 31 de agosto de 2004, así como el bono vacacional fraccionado no pagado para el año 2005.

   Tal y como se ha expresado anteriormente, el tiempo en que duró el procedimiento de Calificación de Despido no puede tomarse como referencia para el cálculo. Pretender que por este período se pague bono vacacional sería completamente erróneo y contrario a derecho, ya que si no se ha prestado servicios no puede generarse estas vacaciones y como consecuencia de ello tampoco se genera el derecho al pago del Bono Vacacional, el cual es una remuneración distinta al salario para satisfacer las necesidades de esparcimiento del trabajador y su grupo familiar en su período de vacaciones. Igual circunstancia ocurre con el bono vacacional fraccionado, ya que al actor no haber laborado efectivamente en los meses reclamados, mal puede haberse generado el derecho al pago del Bono vacacional fraccionado.

   Es por esta razón que considera este Juzgador que el bono vacacional demandado por el actor no le corresponden. ASÍ SE ESTABLECE.

   BONIFICACIÓN DE FIN DE AÑO VENCIDAS Y FRACCIONADAS

   Demanda el actor el pago de la cantidad de Bs. 1.111.973,10 por concepto de Utilidades no pagado para el período desde el 31 de agosto de 2003 hasta el 24 de enero de 2005.

   Tal y como se ha expresado anteriormente, el tiempo en que duró el procedimiento de Calificación de Despido no puede tomarse como referencia para el cálculo.

   El pago de la bonificación de fin de año tiene como condición sine quanon el prestar servicios de forma ininterrumpida por el año de ejercicio hasta el mes de diciembre del respectivo año, con el derecho al cobro de este concepto de forma proporcional a los meses completos de labores en caso de extinción de la relación laboral antes del mes de diciembre del respectivo año. Si el trabajador no labora efectivamente dentro de ese período no genera el derecho al cobro de este concepto.

   Es por esta razón que considera este Juzgador que el bono de fin de año demandado por el actor no le corresponde. ASÍ SE ESTABLECE.

   DÍAS DE DESCANSO

   Demanda el actor el pago de la cantidad de Bs. 882.878,40 por concepto de días de descanso, conforme a lo pautado en el artículo 212 de la Ley Orgánica del Trabajo. Este artículo establece lo siguiente:

   Artículo 212. Son días feriados, a los efectos de esta Ley:

1. Los domingos;

2. El 1º de enero; el Jueves y el Viernes Santos; el 1º de mayo y el 25 de diciembre;

3. Los señalados en la Ley de Fiestas Nacionales; y

4. Los que se hayan declarado o se declaren festivos por el Gobierno Nacional, por los Estados o por las Municipalidades, hasta un límite total de tres (3) por año.

   Durante los días feriados se suspenderán las labores y permanecerán cerradas para el público las empresas, explotaciones y establecimientos, sin que se pueda efectuar en ellos trabajos de ninguna especie, salvo las excepciones previstas en esta Ley.

   Presume impropiamente este Juzgador que el actor pretende el pago de la indemnización por prestar servicios en días de descanso o en días feriados. Sin embargo, el actor en su escrito libelar no especifica los días que, según sus dichos, efectivamente laboró, sea de descanso o sea feriado. Igualmente, de las pruebas promovidas por la parte actora no se desprende elemento alguno que lleve a la convicción a este Juzgador de que el actor laboró para la demandada en algún día de descanso o en algún día feriado.

   Es por esta razón que considera este Juzgador que tal pago demandado por el actor no le corresponde. ASÍ SE ESTABLECE.

   BONO DE ALIMENTACIÓN

   Demanda el actor el pago de la cantidad de Bs. 20.947.500,00 por concepto de Bono de alimentación no pagado.

   Ahora bien, la Ley Programa de Alimentación para los Trabajadores, en su artículo 10 establecía lo siguiente:

   Artículo 10º: Esta Ley entrará en vigencia a partir del 1º de enero de 1999, salvo para el sector público, para el cual entrará en vigencia a medida que se establezca la respectiva disponibilidad presupuestaria.

   Resulta evidente para este Juzgador que, en principio, el actor yerra al reclamar el pago equivalente a 1900 días de esta bonificación, ya que la misma ley entró en vigencia el 01 de enero de 1999 y tiene como condición sine quanon el pago de este concepto por los días efectivos de labores prestados.

   Es de resaltar que la misma norma establece lo que se conoce como entrada en vigencia de una norma de forma condicionada, es decir, que impone una condición, en el sector público, para su entrada en vigencia como lo es que se establezca la respectiva disponibilidad presupuestaria en el organismo público.

   Esta condición de procedibilidad es una de las defensas que deben ser opuestas de forma expresa por aquella parte que pretenda hacerla valer, es decir, que la demandada debió no solamente alegar tal circunstancia, sino probarlo, cosa que no ocurrió, por lo que llega este Juzgador a la conclusión que, en este caso específico y dada la ausencia de pruebas de la demandada, se debe entender que la demandada tenía disponibilidad presupuestaria para cumplir con tal obligación.

   Igualmente el actor yerra en la unidad tributaria utilizada para este cálculo, así como también el porcentaje empleado. Es así como la Unidad Tributaria para el cumplimiento de esta obligación debe ser la vigente para el momento en que finalizó la relación de trabajo en fecha 31 de agosto de 2000, es decir, la cantidad de Bs. 11.600,00.

   En lo que respecta al porcentaje de la Unidad Tributaria a pagar, la misma norma dá una posibilidad negocial al patrono y trabajador para el cumplimiento de esta obligación, que en ningún caso será inferior al 0,25 % ni mayor de 0,5%. En el caso de autos, debe este Juzgador establecer que, dado que no existe demostración alguna de la fuente convencional de donde emane este derecho, debe tomarse en consideración el mínimo legal establecido, es decir, 0,25 %.

   Ahora bien, no existe demostración alguna, por parte de la demandada del pago efectivo de este concepto, por lo que le corresponde el pago del mismo. En torno a esta aseveración, desde el 01 de enero de 1999 hasta el día 31 de agosto de 2000 transcurrieron 420 días hábiles, siendo el cálculo el siguiente:

   0,25 % X Bs. 11.600,00 = Bs. 2.900,00

   Bs. 2.900,00 X 420 días = Bs. 1.218.000,00

   Por todo lo anteriormente expuesto, este Juzgador condena a la demandada a pagar al actor la cantidad de BOLÍVARES UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL EXACTOS (Bs. 1.218.000,00) por concepto de Bono de Alimentación para Trabajadores. ASÍ SE DECIDE.-

   INTERESES DEL BONO DE TRANSFERENCIA

   Demanda el actor el pago de lo que le corresponda por concepto de intereses del Bono de transferencia no pagado en su oportunidad.

   De conformidad con lo establecido en el artículo 668 de la Ley Orgánica del Trabajo, la cantidad correspondiente por bonificación de transferencia debió ser pagada por el patrono de la siguiente forma:

   • Hasta la cantidad de ciento cincuenta mil bolívares (Bs. 150.000,oo), en el primer año de la siguiente manera:

   • Hasta veinticinco mil bolívares (Bs. 25.000,oo), dentro de los primeros cuarenta y cinco (45) días;

   • Hasta veinticinco mil bolívares (Bs. 25.000,oo) dentro de los siguientes cuarenta y cinco (45) días; y

   • Hasta cien mil bolívares (Bs. 100.000,oo) en títulos públicos garantizados y negociados a corto plazo.

   • En un plazo de cinco (5) años el saldo será pagado en la forma y condiciones que establezca el Ejecutivo Nacional en el Reglamento de esta Ley.

   Ahora bien, el parágrafo primero establece claramente que “Vencidos los lapsos establecidos en este artículo sin que se hubiesen pagado al trabajador las cantidades generadas…”

   No consta de autos que el patrono haya pagado al trabajador las cantidades de dinero correspondientes por Bono de Transferencia; es por esta razón que realmente si se debe este monto, mas los intereses que se generan por el incumplimiento que deben ser calculados a partir del mes de julio del año 2002, fecha ésta en que se cumplen los 5 años a que hace referencia el parágrafo primero del mencionado artículo.

   Por tal razón se ordena realizar una Experticia Complementaria del Fallo a los fines de establecer los intereses devengados por la cantidad de Bs. 105.000,00, desde el mes de julio de 2002 hasta el día de realizarse la experticia, los cuales deberán calcularse en base a la tasa activa determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los seis (6) principales bancos comerciales y universales del país. ASÍ SE DECIDE.

   De la sumatoria de los conceptos condenados en esta Sentencia, resulta que la demandada debe pagar al actor la cantidad de Bs. 9.334.665,00 por concepto de prestaciones sociales, mas los intereses por el incumplimiento en el pago de la Bonificación de Transferencia. ASÍ SE DECIDE.

   Ahora bien, el artículo 92 de la Constitución Nacional establece textualmente lo siguiente:

   Artículo 92. Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal.

   A partir de la entrada en vigencia de la Constitución Nacional, los intereses moratorios pasaron a ser de orden público, es decir, que le corresponden al trabajador así éste no lo demande expresamente en su escrito libelar.

   Es por tal motivo que se ordena realizar una Experticia Complementaria del Fallo a los fines de determinar el monto de los intereses de mora de BOLÍVARES NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EXACTOS (Bs. 9.229.665,00) cantidad esta condenada a pagar en la parte motiva del presente Fallo, excluyendo lo correspondiente por Bono de Transferencia, calculados a partir del 01 de enero de 1999, a la tasa promedio entre la activa y la pasiva de los seis (06) principales bancos del País, hasta su efectivo pago.

   Igualmente, en virtud de la depreciación de nuestra unidad monetaria (BOLÍVAR) debido a la situación de crisis económica que esta experimentando nuestro País en los actuales momentos, se ordena realizar una Experticia Complementaria del Fallo, a fin de proceder a la Corrección Monetaria de lo adeudado por el ente patronal.

   Ahora bien, en atención a lo establecido en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo es solo en caso de incumplimiento voluntario de esta Sentencia en que se procederá a la corrección monetaria, por lo que está plenamente facultado el Juez de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo que le corresponda el conocimiento de esta causa para ordenar la realización de la Experticia Complementaria a los fines del cálculo de la corrección monetaria en caso de verificarse este supuesto jurídico. ASÍ SE DECIDE.

   DECISION

   Por todas las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECLARA:

PRIMERO

PARCIALMENTE CON LUGAR LA PRETENSIÓN, intentada por el ciudadano J.G.F.T., contra la ALCALDÍA AUTÓNOMA DEL MUNICIPIO SOSA DEL ESTADO BARINAS; y como consecuencia de ello deberá pagar al actor la cantidad de Bs. 9.334.665,00 por concepto de prestaciones sociales, mas los intereses por el incumplimiento en el pago de la Bonificación de Transferencia mas los intereses de mora.

SEGUNDO

No hay especial condenatoria en costas dada la naturaleza del fallo.

TERCERO

En atención a lo dispuesto en el último aparte del artículo 152 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal se ordena notificar a la Síndica Procuradora Municipal de la ALCALDÍA AUTÓNOMA DEL MUNICIPIO SOSA DEL ESTADO BARINAS de la presente decisión, para lo cual se ordena librar el correspondiente oficio remitiéndole copia certificada del Fallo, advirtiéndole que los lapsos para interponer recurso contra la misma comenzarán a computarse una vez que conste en autos la demostración de haberse cumplido con la notificación aquí ordenada.

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE

Dado, firmado y sellado en la sala del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, a los catorce (14) días del mes de marzo de dos mil siete (2007). Años 196° de la Independencia y 148° de la Federación.-

HENRY LÁREZ RIVAS

JUEZ

YOLEINIS VERA

SECRETARIA

Nota: En la misma fecha, siendo las 3:20 p.m., se publicó la presente Sentencia y se ordenó el correspondiente registro del mismo.

La Secretaria

ASUNTO PRINCIPAL: EP11-L-2006-000041

HLR.-