Decisión nº 072-2009 de Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio. Extensión Maracaibo. de Zulia (Extensión Maracaibo), de 26 de Junio de 2009

Que del punto denominado DE LOS HECHOS, niega, rechaza y contradice que el actor haya sido despedido injustificadamente, toda vez que el despido fue justificado, por cuanto un numeroso grupo de extrabajadores de PDVSA, entre los cuales se encuentra el demandante, se sumaron a inicios del mes de diciembre de 2002, a un paro ilegal de actividades laborales de carácter político, y una vez sumado a dicho e ilegal paro incurrió en faltas injustificadas al no asistir a prestar sus servicios laborales.

Niega, rechaza y contradice que el actor sea beneficiario del derecho de jubilación consagrado en el plan de jubilación, por cuanto el actor no se encontraba en ninguno de los supuestos para hacerse acreedor de dicho derecho.

Niega, rechaza y contradice que el demandante haya realizado gestiones por ante su representada para hacer efectivo el pago de las obligaciones derivadas de la terminación de la relación laboral y demandadas en la presente causa. Así como niega, rechaza y contradice que el demandante fuese acreedor de una remuneración mensual de Bs. 1.554.600,00, ni de un bono compensatorio de Bs.759,00; tampoco era acreedor de una ayuda de ciudad de Bs. 77.770,00; ni de un salario normal mensual de Bs. 1.633.129,00

Niega, rechaza y contradice el salario afirmado por el demandante, alegando que lo cierto es que el actor se encontraba sujeto “al contrato individual de trabajo suscrito por el trabajador y su representada, en los cuales se encuentran determinados los salarios acordados por ambas partes, y que los mismos se encuentran especificados en el sistema S.A.P. Servicio Electrónico Computarizado que funciona a través de la Gerencia General de Personal y que se determinarán una vez evacuadas las pruebas de Inspección solicitadas por esta defensa judicial.”

Niega, rechaza y contradice que le adeude al actor pensiones de jubilación dejadas de pagar, desde la terminación de la relación de trabajo; asimismo, que le adeude cantidad alguna por pensiones temporales; cantidad alguna por bonificación de fin de año. Que los anteriores conceptos no le corresponden por cuanto perdió su derecho al culminar la relación de trabajo, por motivos distintos a la Jubilación tal como lo prevé el plan de jubilación suscrito entre su representada y el actor.

Niega, rechaza y contradice que le adeude al actor los conceptos de: Preaviso, Prestación de antigüedad, vacaciones vencidas y no disfrutadas, bono vacacional vencido y no disfrutado, vacaciones fraccionadas, bono vacacional fraccionado, fondo de ahorro, fondo de capitalización de jubilación, y Daño Moral.

Particularmente, y con relación al Fondo de Ahorro, indica que, el rechazo se debe, a que tal como se podrá apreciar “…en el sistema S.A.P. Servicio Electrónico Computarizado que funciona a través de la gerencia (sic) general (sic) de personal (sic) y que se determinarán una vez evacuadas las pruebas solicitadas por esta defensa judicial. (sic) lo que se evidenciará en la respectiva inspección que se efectuará (,) que el monto demandado no se corresponde con el monto existente para el momento de la culminación de la prestación del servicio para con mi representada”.

En la audiencia de juicio, la representación forense de la parte demandada, PDVSA PETRÓLEO, S.A., alegó que con relación al Fondo de Ahorros, estamos frente a una Institución Civil Sin F.d.L., y que dichos fondos por ende no están en manos de PDVSA PETRÓLEO, S.A., sino que por el contrario de dicho Instituto, y que en una eventual condena de entrega, sería imposible su ejecución sobre su representada, pues estamos frente a un tercero.

Peticiona sea declarada SIN LUGAR la demanda, y se condene en costas procesales a la parte actora, por lo infundado y temerario de su acción. Finalmente hace indicación del domicilio procesal.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

El proceso viene a erigirse como el instrumento de que se valen los justiciables para someter ante la jurisdicción la tutela de sus derechos e intereses, y el mismo se desarrolla sobre la base de ciertos principios que lo estructuran y lo convierten en el mecanismo idóneo a los fines señalados (Art. 257 CRBV). Entre ellos encontramos el principio de igualdad de las partes en el proceso, siendo este uno de los garantes de una justicia accesible, idónea, equitativa y expedita (art. 26 CRBV).

En materia de derecho social el legislador patrio, a lo largo del desarrollo de la justicia laboral, y a los fines de mitigar la desigualdad económica existente entre patrono y trabajador, ha sancionado un conjunto de normas contentivas de principios e instituciones que permiten un trato igualitario de las partes en el proceso y; dentro de las cuales encontramos, la “presunción de laboralidad”, prevista en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo, según la cual “se presumirá la existencia de una relación de trabajo entre quien preste un servicio personal y quien lo reciba”.

En función de la presunción indicada, se ha desarrollado en el foro judicial venezolano una vasta doctrina sobre “la inversión de la carga de la prueba en materia laboral”. En este sentido, y como corolario de la presente motivación, se transcribe parte interesante de la célebre sentencia pronunciada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Dr. O.A.M.D., de fecha 15 de marzo de 2000, caso: Jesús E. Henríquez Estrada contra Administradora Yuruary C.A., contentiva de la doctrina judicial vigente en materia de CONTESTACION DE LA DEMANDA LABORAL, la cual establece:

Ahora bien, se desprende de todo lo antes expuesto que el artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, establece la forma y el momento en que debe ser contestada la demanda en el proceso laboral, y también, cuándo se invierte la carga de la prueba y cuáles de los hechos alegados por el actor se tendrán por admitidos.

Es por lo expuesto en el párrafo anterior, que esta Sala de Casación Social debe esclarecer que la contestación de la demanda en materia laboral debe hacerse en forma clara y determinada, estableciendo cuáles de los hechos alegados por el actor se admiten y cuáles se rechazan, estando obligada la parte demandada a fundamentar el motivo del rechazo o de la admisión de los hechos.

Lo antes precisado, tiene su asidero en la circunstancia de que según como el accionado dé contestación a la demanda, se fijará la distribución de la carga de la prueba en el proceso laboral.

Por lo tanto, el demandado en el proceso laboral tiene la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar las pretensiones del actor.

También debe esta Sala señalar que, habrá inversión de la carga de la prueba en el proceso laboral, es decir, estará el actor eximido de probar sus alegatos, en los siguientes casos:

Cuando en la contestación a la demanda el accionado admita la prestación de un servicio personal aun cuando el accionado no la califique como relación laboral. (Presunción iuris tantum, establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo).

Cuando el demandado no rechace la existencia de la relación laboral, se invertirá la carga de la prueba en lo que se refiere a todos los restantes alegatos contenidos en el libelo que tengan conexión con la relación laboral, por lo tanto es el demandado quien deberá probar, y es en definitiva quien tiene en su poder las pruebas idóneas sobre el salario que percibía el trabajador, el tiempo de servicios, si le fueron pagadas las vacaciones, utilidades, etc.

También debe esta Sala señalar con relación al mencionado artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, en lo referente a cuándo se tendrán por admitidos los hechos alegados por la parte actora, que en estos casos, se deberá aplicar la llamada confesión ficta.

Es decir, se tendrán por admitidos aquellos hechos alegados por la parte actora en su libelo, que el respectivo demandado no niegue o rechace expresamente en su contestación, o cuando no haya fundamentado el motivo del rechazo, aunado al hecho de que tampoco haya aportado a los autos en la oportunidad legal, alguna prueba capaz de desvirtuar dichos alegatos del actor.

En otras palabras, la demandada tendrá la carga de desvirtuar en la fase probatoria, aquellos hechos sobre los cuales no hubiese realizado en la contestación el fundamentado rechazo, de lo contrario, el sentenciador deberá tenerlos como admitidos.

(Omissis) (El subrayado y las negritas son de esta Jurisdicción).

El anterior criterio jurisprudencial lo comparte a plenitud este Sentenciador por lo que lo hace parte integrante de la presente motivación; decisión que debe ser acogida de manera vinculante, toda vez, que la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo, por tratarse las normas substantivas y procesales en materia laboral de carácter imperativas, es decir, de eminente orden público, entró a conocer de oficio la infracción del comentado artículo 68 (de la hoy parcialmente abrogada) Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, y por así disponerlo hoy, la previsión contenida en el artículo 177 de la novísima Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

No obstante, lo arriba expuesto sobre la distribución de la carga de la prueba en materia laboral, nuestro m.t. de justicia en Sala de Casación Social en pacífica doctrina, y conteste con lo dispuesto en el artículo 1354 del Código Civil, en el entendido de “…quien pida la ejecución de una obligación debe probarla…”, y ello atendiendo a la dificultad de la prueba para la parte que la niega, ha establecido que aquellos hechos afirmados que exceden de los límites legales, o los que imponen condiciones exorbitantes y llamados negativos absolutos, su prueba es carga de quien los alega.

En este sentido, y como corolario adicional de la presente motivación, se transcribe parte interesante de la sentencia pronunciada por nuestro Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social, donde estableció que ante circunstancias excesivas a las legales, o especiales circunstancias de hecho, la carga de la prueba le corresponde al trabajador. La jurisprudencia patria señala lo siguiente:

Así, por ejemplo, si se ha establecido que unas relaciones de carácter laboral, con una remuneración y tiempo determinado y bajo condiciones legales, es claro que el riesgo de no quedar demostrados los pagos que derivan de esos supuestos no recae sobre el trabajador demandante, sino sobre el patrono demandado, aunque éste haya rechazado punto por punto lo reclamado. Pero no puede ser igual cuando se han alegado condiciones y acreencias distintas o en exceso de las legales, como un preaviso en monto equivalente a cuatro o seis meses de salario, o especiales, circunstancias de hecho como horas extras o días feriados trabajados, pues a la negación de su procedencia y/u ocurrencia en el mundo de lo convenido o llevado a cabo no hay, salvo algún caso especial, otra fundamentación que dar; siendo necesario analizar y exponer las demostraciones y razones de hecho y de derecho conforme a las cuales sean o no procedentes los conceptos y montos correspondientes (...)

En el caso in comento, la parte actora tenía la carga de probar...

(Subrayado y negrita de este Sentenciador). (Sentencia del 5 de febrero de 2.002.Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Social. Juicio de F. Rodríguez y otro contra C.A. Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV). Exp. 01-485. Sent. 35.)

El anterior criterio jurisprudencial lo comparte a plenitud este Sentenciador, es por lo que lo hace parte integrante de la presente motivación, además que conforme a lo ordenado en el artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, los jueces de instancia nos encontramos frente al deber de acoger la doctrina de casación para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de los criterios jurisprudenciales. Así se establece.

DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA

Sentado lo anterior, pasa de inmediato este Sentenciador, a delimitar lo controvertido en juicio, verificando su conformidad con la normativa contenida en los artículos 65 de la Ley Orgánica del Trabajo, y 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

En base a lo anteriormente transcrito, referido en concreto a los fundamentos de hecho y derecho contenidos en el documento contentivo de la pretensión, y en el escrito de contestación a la demandada, y lo expresado y/o reproducido en la Audiencia Oral, Pública y Contradictoria de Juicio, este Juzgador al observar la actitud desplegada por la demandada al excepcionarse de la pretensión de la parte actora, procede a determinar los hechos y fundamentos controvertidos, a fin de fijar los límites de la controversia.

Se encuentra admitida la prestación de servicios, la fecha de inicio y culminación, el último cargo desempeñado, que la causa de terminación fue el despido.

Se controvierte, que la acción esté prescrita, que el despido haya sido injustificado, el salario, y la procedencia de los conceptos y montos reclamados. De otra parte, igualmente forma parte del tema a decidir, el alegato formulado por la demandada, PDVSA PETRÓLEO, S.A., en la Audiencia Oral y Pública de Juicio, y referido a la falta de cualidad de esta última, pues afirmó, que como existe la Institución Civil Fondo de Ahorros, y ésta tiene personalidad jurídica propia, es a quien debe demandarse para el cobro de los fondos que pudieran pertenecer al actor por concepto de Fondo de Ahorros.

Por último, concierne a este Sentenciador el verificar la probanza de lo litigado y en defecto de prueba inclinar la certeza de lo dicho por la parte a quien no correspondía la carga de probar, y de prosperar todos o alguno de los conceptos peticionados, atañe precisar los montos de ellos. Así se establece.

DE LAS PRUEBAS DEL PROCESO

En virtud de los principios de exhaustividad y de autosuficiencia del fallo, este Juzgador, pasa a examinar las pruebas del proceso.

- PRUEBAS APORTADAS POR LA PARTE ACTORA:

1. Documentales:

   1.1. Consiga marcado “A”, ejemplar del Diario “PANORAMA” de fecha 04/01/2003, edición Nº 29.644, en la cual aparece publicado aviso de prensa contentivo de la notificación que hace la empresa demandada a un grupo de personas que se señalan en un listado de despedidos por la demandada, entre quienes aparece el nombre del demandante. La documental en referencia no aporta nada a la solución de o controvertido, de modo que carece de valor probatorio. Así se establece.

   1.2. Documentales según afirmó marcada “B”, copia certificadas expedidas por la Secretaría del Juzgado Noveno de Primera Instancia de Juicio de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en la ciudad de Cabimas, y relativas a las actuaciones procesales que conforman el expediente Nº VH22-S-2003-000198, que cursó ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio para el Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en la ciudad de Cabimas, contentivo de la Solicitud de Calificación de Despido incoada por el ciudadano L.G.H.J. contra PDVSA PETRÓLEO, S.A. (del folio 154 al 217, ambos inclusive). Las documentales en referencia no fueron atacadas bajo forma alguna en derecho, de allí que este Juzgador las tenga por fidedignas a tenor de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en consecuencia, las mismas poseen valor probatorio, cuya pertinencia será examinada en su conjunto en las pertinentes conclusiones, en particular a lo relativo a la alegada prescripción. Así se establece.

   1.3. Marcado con la letra “C”, copia fotostática de la normativa de “Plan de Jubilación” de PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. (PDVSA). La documental en referencia constituye un instrumento jurídico que regula el Plan de Jubilación de Petróleos de Venezuela, y sobre la cual además se peticionó su exhibición a demandada, se observa que la misma no fue atacada bajo ninguna forma válida en Derecho, de modo que se entiende como reconocida conforme a las previsiones del artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (LOPT), y en consecuencia con valor probatorio. Dicha documental como se dijo contiene la normativa que rige el Plan de Jubilación de PDVSA y sus trabajadores, la cual será examinada en las pertinentes conclusiones. Así se establece

2. Exhibición de Documentos:

   -Peticionó la exhibición de todas y cada uno de los sobre de pago “Detalle Sueldo/ Salario”. El Tribunal en la oportunidad de providenciar las pruebas negó la petición en referencia, en consecuencia, no tiene material sobre la cual pronunciarse. Así se establece.

   -Solicitó la exhibición de la normativa de “Plan de Jubilación”, de PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. (PDVSA), siendo que la misma fue reconocida por la parte demandada, se hace inoficiosa su exhibición, y en la cual este Tribunal remite a la valoración que de la misma se hizo ut supra. Así se establece.-

3. Informe o Informativa:

   - Se peticiona se oficie Al INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS), Caja Regional Zulia, ubicado geográficamente en la Av. 15 (Las Delicias), en esta ciudad y municipio Maracaibo del estado Zulia, a los fines de que informe si el ciudadano L.G.H., titular de la C.I.: V.- 3.454.722, se encuentra inscrito como asegurado en dicho Instituto, y en caso afirmativo, si el mencionado ciudadano prestó servicios para la empresa PDVSA PETRÓLEO S.A. o de alguna de sus antecesoras, y la fecha de ingreso que tiene registrada dicho ciudadano para la referida empresa, remitiendo a este Juzgado copia certificada de dicha cuenta individual.

   Respecto al medio de prueba en referencia, no constan sus resultas, de modo que carece de valor alguno la sola promoción sin sus resultas. Así se establece.

   - Solicitó que se oficiara a la Dirección de Dactiloscopia y Archivo Central de la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (ONIDEX), a los fines solicitado en el escrito de promoción. Las resultas de la informativa riela del folio 287 al 288, y se le otorga valor probatorio, y se evidencia de la misma, el lugar y fecha de nacimiento del actor L.G.H.J., esto es, natural del municipio Cabimas del estado Zulia, el día 13/05/1952. Sin embargo, los hechos que por esa vía son acreditados nada tienen que ver con el tema de prueba, es decir, con los hechos que forman parte de la controversia, de manera tal, que son desechados del presente proceso. Así se decide.-

4. Inspección Judicial:

   En relación a las Inspecciones Judiciales solicitadas en el “CAPITULO V” de su escrito de pruebas y que intituló “DE LA INSPECCIÓN JUDICIAL”, en los apartes “PRIMERO:” y “SEGUNDO:”, este Tribunal observa que, aún y cuando las inspecciones en referencia fueron admitidas y fijadas para su evacuación, las mismas no se efectuaron, toda vez que, las partes de forma conjunta, y mediante diligencia presentada en fecha 12 de mayo de 2009, consignaron la información requerida en las inspecciones, vale decir, los resultados que arrojó la revisión del Sistema Automatizado de Pago (SAP) y Sistema de Nómina. Asimismo, los resultados atinentes al sistema contable del Fondo de Ahorro, a los fines de que este Tribunal se abstenga a evacuar las inspecciones judiciales promovidas. Ahora bien, ante la actitud procesal probatoria de las partes, las inspecciones judiciales no se evacuaron careciendo de valor probatorio su sola promoción, sin embargo, dado que la inspección desembocó en la presentación de documentales, estas se tienen como tempestivas u oportunas toda vez que son traídas a juicio por la voluntad compartida de ambas partes, todo lo que va en obsequio de la verdad y la justicia además de la celeridad procesal y la lealtad y probidad que debe existir entre quienes litigan.

   En este sentido, con relación a las DOCUMENTALES en referencia, además de tempestivas y no controvertidas por las partes, este Tribunal les otorga valor probatorio y se dejó constancia de las siguientes circunstancias: fecha de ingreso: 17/02/1975; motivo de finalización de la relación de trabajo: causales a, f, i y j de la LOT; Fondo de Ahorros el saldo de Bs. F. 4.642,83, y como Fondo de Capitalización de Jubilación el saldo de Bs. F. 23.253, 40. Asimismo, se dejó constancia a través del sistema denominado LENEL, el registro de las entradas y salidas de las instalaciones, información que fue recabada del Departamento de Recursos Humanos (CAIT Edificio Miranda y CAIT piso 08 Torre Boscan del Centro Petrolero), en la Gerencia de Nómina (Piso 04 Torre Boscan del Centro Petrolero) y en la oficina de atención al jubilado (Planta baja de la Torre Lama del Centro Petrolero). Finalmente, las partes hacen la salvedad de que se mantienen las pretensiones postuladas en la demanda que no forman parte de lo acordado; y que de igual manera, se mantendrán vigentes las defensas previas y de fondo, contenidas en el escrito de contestación las cuales tampoco forman parte de lo acordado. Y por último solicitan del Tribunal tenga por ciertos los montos antes expresados.

   Este Jurisdicente tiene como ciertas las fechas, conceptos y cantidades señaladas, por la manifestación de voluntad, apropiado a la búsqueda de la verdad como se señala en el artículo 5 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (LOPT), la valoración en base a la sana crítica prevista en el artículo 10 del señalado texto adjetivo laboral, y de otra parte, concatenado a las previsiones del artículo 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (LOPT), y esto a la vez concordado con lo señalado en la parte in fine del artículo 396 del Código de Procedimiento Civil que contempla que “Pueden sin embargo, las partes, de común acuerdo, en cualquier estado y grado de la causa, hacer evacuar cualquier clase de prueba en que tengan interés, normativa aplicable por argumento a simili conforme lo permite el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.

   PRUEBAS APORTADAS POR LA PARTE DEMANDADA:

   En relación al escrito de promoción de pruebas consignado por el profesional del derecho S.F., en su carácter de apoderado judicial de la demandada, sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO, S.A., este Tribunal observa:

1. Inspección Judicial:

   En relación a las Inspecciones Judiciales solicitadas en su escrito de pruebas, este Tribunal, las admitió, y en virtud que las representaciones judiciales de las partes intervinientes, consignaron los resultados que arrojó la revisión conjunta del Sistema Automatizado de Pago (SAP) y Sistema de Nómina. Asimismo, los resultados atinentes al sistema contable del Fondo de Ahorro, a los fines de que este Tribunal se abstenga a evacuar las inspecciones judiciales promovidas. Ahora bien, vista la solicitud de las partes, y no siendo objetadas las documentales consignadas este Tribunal les otorga valor probatorio y remite a la valoración que de la misma se hizo ut supra. Así se decide.-

   PUNTO PREVIO I

   Vistos los alegatos de las partes, y antes de resolver sobre el fondo de la controversia, debe necesariamente este Juzgador, proceder al análisis de la prescripción alegada, toda vez que, la acción se constituye en presupuesto para acceder a la jurisdicción. En este sentido, se afirma, que no puede haber tutela de derechos sin proceso, y que no hay proceso sin que esté presente la jurisdicción.

   La demandada, PDVSA PETRÓLEO, S.A., en la presentación del escrito de pruebas, así como en el la contestación, y de reproducido en la audiencia de Juicio, denunció que a todo evento opone al derecho reclamado la Prescripción de la acción, con fundamento en lo establecido en los artículos 61, 62 y 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, y esto en base a que ha transcurrido más del año desde la culminación de la relación laboral, y que no existen hechos interruptivos de la misma.

   Ahora bien, como quiera que la presente causa ha sido precalificada por el actor como una acción de naturaleza laboral, por ante un tribunal de la misma naturaleza, no existiendo controversia alguna entre las partes, ni duda alguna en el Juzgador respecto a su competencia para el caso concreto (lo cual no es objeto de discusión en la presente causa). Para resolver el punto de la prescripción denunciada, debe necesariamente este Sentenciador, establecer el momento a partir del cual le nace el derecho al actor de proponer su pretensión ante la jurisdicción, lo cual se deberá determinar bien con lo afirmado por las partes tanto en el escrito libelar, como en la contestación de la demanda, y en la audiencia de juicio, o de las pruebas producidas en el debate probatorio si las hubiere.

   Al respecto, se ha de distinguir entre los conceptos reclamados. De una parte lo pertinente a la prestación de antigüedad y demás conceptos laborales derivados directamente de la relación de trabajo; y de otro lado, lo referente al derecho de jubilación, y las pensiones y bonificaciones derivadas de este; y a su vez, lo que atañe al Fondo de Capitalización de Jubilación y al Fondo de Ahorros.

   - Con respecto a la prestación de antigüedad y demás conceptos laborales derivados o pagados con ocasión a la prestación de servicios, vale decir, indemnización de antigüedad o prestación de antigüedad, preaviso, vacaciones vencidas y no disfrutadas, bono vacacional vencido, vacaciones fraccionadas, bono vacacional fraccionado, utilidades fraccionadas, ellas se rigen en cuanto a la prescripción por lo establecido en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, esto es, el lapso de un (1) año desde la terminación de la relación laboral.

   En este contexto, es de importancia precisar que la norma rectora de la prescripción de todos lo conceptos derivados de la relación laboral, es el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, y no las normas del llamado derecho común.

   En sentencia de la Sala de Casación Social de fecha 14/02/2008, numerada 0115, Expediente 07-1152, con ponencia del Magistrado Doctor O.A.M.D., en causa intentada por M.C. contra INCE Miranda, se aprecia que la misma hace referencia de un caso de demanda por cobro de diferencias de prestaciones sociales, y en la cual el recurrente esgrime que una vez obtenido el reconocimiento de la deuda a través del pago la prescripción no es anual sino decenal, ante lo cual la Sala reafirmó criterio de la misma insertando extracto de sentencia Nº 1903 de fecha 16/11/2006, del cual se destaca lo siguiente:

   (…) reconocimiento tácito, verbigracia, cuando se realiza un pago parcial de la obligación-, sin embargo, el hecho de que se verifique alguno de los supuestos establecidos en el ordenamiento jurídico como causas de interrupción de la prescripción, no tiene como efecto modificar la naturaleza del vínculo obligatorio de que se trate, ni tampoco alterar el lapso de prescripción establecido para el caso, siendo su único efecto que el lapso comenzaría a computarse de nuevo sin tomar en consideración el tiempo transcurrido con anterioridad al acto de interrupción. (Sentencia N° 1903, de fecha 16 de noviembre de 2006). (Subrayado de la Sala, negrillas de este Sentenciador).

   De modo que los derechos laborales no cambian de manera camaleónica de naturaleza, por el sólo hecho de discurrir el lapso de prescripción; sino que, simplemente pasan de ser una obligación civil a una obligación de orden natural o moral, esto es, que la posibilidad de ser obtenido su cobro coercitivo dependerá de la postura extrajudicial o judicial que asuma el reclamado. De otra parte, para todo derecho, beneficio e indemnización derivado o que se produzca con ocasión de la relación de trabajo, sea que se pague o se cause durante la relación laboral, al término de la misma, o que tenga su inicio una vez concluida esta, se tiene que el lapso general de prescripción, salvo disposición especial, es el establecido en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo.

   Ahora bien, debe igualmente constatar este Sentenciador, si las circunstancias procedimentales que rodearon a esta causa fueron suficientes para interrumpir la prescripción de la acción, de conformidad con lo previsto en los artículos 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, y 1969 del Código Civil; y en efecto establecen las mentadas disposiciones legislativas, lo siguiente:

   Artículo 64.La prescripción de las acciones de trabajo se interrumpirá:

   a-Por la introducción de una demanda judicial, aunque se haga ante un Juez incompetente, siempre que el demandado sea notificado o citado antes de la expiración del lapso de prescripción o dentro de los dos (2) meses siguientes;

   b-Por la reclamación intentada por ante el organismo ejecutivo competente cuando se trate de reclamaciones contra la República u otras entidades de carácter público;

   c-Por la reclamación intentada por ante una autoridad administrativa del trabajo. Para que la reclamación surta efectos deberá efectuarse la notificación del reclamo o de su representante antes de la expiración del lapso de prescripción o dentro de los dos (2) meses siguientes; y

   d-Por las otras causas señaladas en el Código Civil. (Las negritas y subrayado son de esta Jurisdicción).

   Estatuye, el artículo 1969 del Código Civil, lo siguiente:

   Artículo 1.969. Se interrumpe civilmente en virtud de una demanda judicial, aunque se haga ante un juez incompetente, de un decreto o de un acto de embargo notificado a la persona respecto de la cual se quiere impedir el curso de la prescripción, de cualquier otro acto que la constituya en mora de cumplir la obligación. Si se trata de la prescripción de créditos basta con el cobro extrajudicial. Para que la demanda judicial produzca interrupción, deberá registrarse en la oficina correspondiente, antes de expirar el lapso de prescripción, copia certificada del libelo con la orden de comparecencia del demandado, autorizada por el Juez; a menos que se haya efectuado la citación del demandado dentro de dicho lapso.

   En este sentido, el demandante de autos, afirmó en su escrito libelar que la relación laboral culminó en fecha 04/01/2003, y la demandada por su parte, no controvierte la fecha indicada. De modo que es la referida fecha la que debe utilizarse en el cómputo de una posible prescripción de la acción.

   Ahora bien, evidente es, que desde el 04/01/2003 hasta la fecha de la demanda el 10/12/2007, así como a la fecha de notificación el 07/02/2008 (folio 32 y 33), ha pasado holgadamente el lapso de prescripción de un año previsto en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, y de notificación de la demanda dentro del lapso máximo de un (1) año y dos (2) meses a partir del despido, conforme el artículo 64 eiusdem. Así establece.

   De otra parte, y en lo que respecta a los actos interruptivos de la prescripción, en el escrito de contestación así como en el de promoción de pruebas la parte demandada al esgrimir la prescripción niega la existencia de hechos interruptivos entre la fecha de culminación de la relación laboral y la presentación de la demanda y notificación en el caso sub iudice. De otro lado, del material probatorio emanado de la parte actora aparecen copias certificadas (folios 54 al 217) de expediente correspondiente a procedimiento de Calificación de Despido incoado el 14 de enero de 2003 por el ciudadano L.G.H.J., contra la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO, S.A., el cual terminó por sentencia definitiva de fecha 12/06/2006, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, y mediante la cual se declaró el Improcedente el procedimiento. Se observa que en el referido procedimiento la demandada PDVSA PETRÓLEO, S.A. fue notificada en fecha 04/08/2005 (folio 79). Cabe significar que aparece entonces la existencia de un procedimiento de calificación de despido, despido de fecha 04/01/2003, procedimiento en referencia intentado en fecha 14/01/2003, vale decir, en tiempo hábil antes de que operase la caducidad, pero la notificación del mismo se realizó el día 04/08/2005, es decir, más de dos (2) años después.

   Se tiene que aun en el supuesto de que se afirmase que con la sola solicitud de calificación de despido se interrumpió la demanda; ello no es interpretado así por este Sentenciador, toda vez que, la demandada en aquel procedimiento de calificación de despido (hoy demandada en el presente asunto) fue notificada de aquella pretensión, pasados como fueron dos (2) años desde que terminó la relación de trabajo; y más allá de que el procedimiento de calificación de despido está sometido a un lapso de caducidad, para que este pueda poner en suspenso el lapso de prescripción, debe necesariamente practicarse la notificación de la demandada en el lapso previsto en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, lo cual será analizado con mayor detalle ut infra.

   En la presente causa, el demandante señala que se interrumpió la prescripción. La demandada, por su parte rechaza la interrupción con el argumento de que no hay hechos interruptivos, observándose de las copias certificadas antes señaladas que ella no fue tempestivamente notificada de ese procedimiento de Calificación instaurado en su contra.

   Resulta de importancia en este contexto transcribir parte del contenido del fallo emitido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 0199, Expediente N. 05-1224 de fecha 07 de febrero de 2006, de la cual se trascribe de seguidas extracto, como sigue:

   (…) se observa que la inadmisibilidad de la demanda extingue el proceso sin influir en la titularidad del derecho sustantivo reclamado, al igual que en los casos en que sólo se extingue la instancia -perención, desistimiento del procedimiento-, Y DADO QUE EL NUEVO SISTEMA IMPIDE QUE SE DESCONOZCA LA EFICACIA DE LA CITACIÓN JUDICIAL PARA INTERRUMPIR LA PRESCRIPCIÓN, en los casos en que simplemente se extingue el proceso, una interpretación extensiva del artículo 203 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, permite aplicar por analogía los efectos jurídicos que ella consagra al caso de autos, y por lo tanto, el lapso de prescripción no podría correr durante la pendencia del proceso, y habría quedado válidamente interrumpida con la citación judicial verificada en el curso del mismo, preservándose así la posibilidad de intentar nuevamente la demanda (…). Así se declara.

   (Negritas, mayúsculas y subrayado de este Sentenciador).

   Obsérvese de la sentencia, o más propiamente del extracto preinserto que la inadmisibilidad, la perención, el desistimiento del procedimiento no logran, en materia especial laboral, que “se desconozca la eficacia de la citación judicial para interrumpir la prescripción”; por el contrario, se afirma la misma mediante la permanencia de sus efectos procesales, y esto en un juicio futuro de reclamación del derecho sustantivo o material, cuando el proceso anterior haya terminado por inhibición de la acción (inadmisibilidad), y al igual que en los casos en donde se extingue las instancia (perención y desistimiento del procedimiento), a diferencia de lo previsto en el derecho común, y esto, en una interpretación extensiva del artículo 203 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; pero siempre – se repite- que en el proceso anterior se haya constituido la relación jurídica procesal entre partes, vale decir, se haya podido lograr la citación o notificación en la causa, y de allí que “el lapso de prescripción no podría correr durante la pendencia del proceso”, esto es, se respeta la eficacia de la citación o notificación realizada, no la que se pudo hacer, o la que nunca se concretó.

   De otra parte, no está de más agregar, tal y como ya se indicó, que razones de seguridad jurídica y de paz social, privan o están en función del criterio expuesto ut supra. La institución de prescripción, sea de naturaleza extintiva o adquisitiva, el bien jurídico que protege es de la seguridad jurídica; pues, en el caso de la adquisitiva estaría en la mente del poseedor que ha adquirido un derecho por el transcurso del tiempo, y en el caso de extintiva estaría en la mente del deudor que se la ha condonado la deuda por el pasar de los días. Resultando –se insiste- contraria a la seguridad jurídica y a la paz social una interpretación contraria a lo expuesto.

   Así las cosas, a juicio de este Sentenciador, en el caso del intentado procedimiento de calificación de despido, al haberse practicado la notificación de PDVSA PETRÓLEO, S.A. en el referido procedimiento de Calificación de Despido pasados como fue dos (2) años desde la culminación de la relación de trabajo ya se habia consumado la prescripción para el reclamo de las acciones laborales previsto en el artículo 61 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Se observa entonces, que ni la interposición de la solicitud de calificación, ni la sentencia que declaró la improcedencia del procedimiento, constituyen hechos interruptivos de la prescripción, y esto en razón o por el simple hecho de que la demandada no estaba en conocimiento del procedimiento, sino pasado como fueron más de dos (2) años desde la fecha del despido, vale decir, pasado el lapso máximo de un año y dos meses que prevé el artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo; o lo que es lo mismo, la interrupción de la prescripción no es como una medida preventiva que funciona inaudita altera parte, vale decir, sin escuchar a la otra parte, sino que si bien la prescripción en materia laboral no es de orden público, tiene su norte en la seguridad jurídica y paz social, en la tranquilidad que emana como derivado del transcurso del tiempo acompañado de la pasividad de un real o aparente acreedor. En pocas palabras, mal puede operar la interrupción de la prescripción, si el acto que se esgrime como interruptivo no tiene efecto en el destinatario (acreedor).

   Es por ello que respetando cualquier opinión adversa de estudiosos del amplio y maravilloso mundo del derecho, no se aprecia acorde e incluso coherente con nuestro ordenamiento jurídico el aplicar lo estatuido en hoy el artículo 110 (antes 140) del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con el 203 de la LOPT, para los casos en que no se efectuó citación o notificación alguna, o en los que realiza.e. sea extemporánea por tardía como en el caso sub examine. No se piensa que haya sido la intención del legislador, y de pretenderse como una excepción, se ha de recordar que las excepciones deben ser expresas, no presumidas, y que el Derecho es de por sí ordenado (argumento sistemático). Así se establece.

   De otra parte, observa este Jurisdicente que a la fecha de introducción de la demanda (10/12/2007), se encontraba prescrita la acción con relación a la prestación de antigüedad, así como reclamado preaviso, vacaciones vencidas y no disfrutadas, bono vacacional vencido, vacaciones fraccionadas, bono vacacional fraccionado, como igualmente se encontraba prescrita para la fecha de la notificación de la misma (07/02/2008). Y estando prescrita, no cabe ya acto interruptivo, pues ya se consumó.

   En efecto, de la revisión de las actas procesales se observa que no existe elemento fáctico capaz de interrumpir la prescripción; aunado a ello, se ha de significar que ni siquiera la interposición de la pretensión de calificación de despido incoada previo al presente procedimiento, y el cual culminó por sentencia que declaró improcedente la pretensión, es suficiente para poner en suspenso el lapso se prescripción, toda vez que, no se puso tempestivamente a la demandada en conocimiento del referido p.d.C.d.D..

   De modo que se encuentran prescritos los referidos conceptos laborales referentes a la prestación de antigüedad, preaviso, bonificación de fin de año, así como vacaciones vencidas y no disfrutadas, bono vacacional vencido, vacaciones fraccionadas, bono vacacional fraccionado, que pudieran derivarse directamente de la relación laboral que unió al actor con la demandada. Así se decide.

   En lo que atañe al derecho a la Jubilación y las pensiones y bonificaciones derivadas de este, la misma se rige por una prescripción de tres (3) años previsto en el artículo 1980 del Código Civil, y de la revisión de las actas se evidencia que en la presente causa el derecho reclamado in comento se encuentran prescrito, pues desde la fecha de despido (04/01/2003) a la fecha de introducción de la demanda (10/12/2007) y su notificación (07/02/2008), ya había transcurrido más de tres años, sin actos interruptivos. En todo caso, resulta improcedente el derecho de jubilación, y las pensiones y bonificaciones derivadas de este, y por consecuencia, igualmente improcedente la reclamación por daño moral derivada del alegado derecho de jubilación. Así se decide.

   - De otra parte, en cuanto al Fondo de Capitalización de Jubilación y el Fondo de Ahorros, es importante señalar que en cuanto a su lapso de prescripción, lo primero a tomar en cuenta es su naturaleza, y aparejada a ello, su razón de ser, para luego determinar o precisar cual es el lapso de su prescripción.

   Es de observar, tal y como lo ha sostenido en diferentes fallos el Tribunal Supremo de Justicia, que todos los conceptos derivados de la relación de trabajo se rigen por la prescripción laboral, norma esta que ad initio nos hace pensar, respecto a los conceptos en referencia, que su prescripción no es otra que la laboral. Ahora bien, nuestro M.T., en Sala Social, en diversos fallos ha señalado que la prescripción en los casos de la jubilación, no se rige por el lapso de un (1) año previsto en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, y en decisión reciente, ha afirmado que su naturaleza no es laboral, sino civil, dejando sentado que la prescripción es de tres (3) años, ello con fundamento en el artículo 1980 del Código Civil. Aquí resulta oportuno transcribir extracto de Sentencia 346, expediente 07-1090, del TSJ en Sala de Casación Social, de fecha 01/04/2008, en la que se estableció:

   DE LA PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO DE JUBILACIÓN:

   Alegada la prescripción del derecho de jubilación, es de precisar que según doctrina de esta Sala, las acciones para reclamar el cumplimiento del beneficio de jubilación están sujetas a la prescripción breve que establece el artículo 1.980 del Código Civil, ya que, por una parte, la relación entre el expatrono y el jubilado no es de naturaleza laboral, sino civil –lo que determina la aplicabilidad de las normas de Derecho Común-, y además, por tratarse de pensiones que deben pagarse por plazos periódicos menores a un (1) año, el régimen de la prescripción para estas acciones es el de la prescripción breve de tres (3) años -contados desde la fecha de terminación del vínculo-, y no la prescripción decenal establecida, en general, para las acciones personales.

   (Subrayado y negritas agregadas).

   En humilde criterio de este Administrador de Justicia, la Jubilación como institución tiene naturaleza laboral, pues ella tiene su causa en una relación de trabajo, que debe conforme a la doctrina moderna ubicarse en el ámbito del Derecho Social, sin embargo, se respeta y acepta el criterio expuesto por el TSJ en Sala Social; congruente con ello, antes por el contrario, lo que se cree correcto es tener presente que lo laboral, tiene sin duda su génesis en lo civil, en el Derecho Común o de Gentes; no obstante, producto de la evolución del Derecho, y con esta su especialización y humanización, se ha separado del derecho civil y se le ha dado un espacio propio, denominado como se ha dicho “Derecho Social”, del cual se ha expresado que posee una naturaleza ecléctica al no encajar en la clásica división de Derecho Público y Derecho Privado, y en la cual sin duda se le privilegia frente al Derecho Civil, al estar más orientada al beneficio colectivo o común, al sentido social, que aquel en donde lo particular y su regulación es el centro del objeto normativo.

   Así el Derecho Laboral, ha desarrollado sus propios principios, su normativa de manera paulatina y constante, manteniendo como es lógico la remisión a las normas del Derecho Civil, tanto sustantivas como adjetivas; de una parte, por argumento a simili, y de otra, por que resultaría innecesario repetir la redacción de normas, vale decir, sería redundar en los textos normativos. En este panorama, se afirma que toda acción que derive de una relación de trabajo tiene por regla el lapso de prescripción anual, y no el previsto en el Código Civil para las acciones personales. Esta solución le da un carácter de conjunto sin duda a la materia laboral, no obstante, hay quienes afirman que parece una solución matemática que da la espalda a la sensibilidad de la materia laboral, puesto que un demandante que no actué como trabajador, sino en el ámbito del Derecho Civil, tendrá un mayor lapso de prescripción, lo cual no luce lógico con el mayor celo con el que el legislador ha ideado el andamiaje de la normativa laboral con un sentido proteccionista del trabajador, que desdobla consecuencialmente en una protección para él y su círculo familiar.

   Se entiende que en el marco de estos razonamientos es que se han tomado ciertos correctivos, tanto a nivel normativo (leyes), como de aplicación de las normas (jurisprudencia), y es así como en la vigente LOPCYMAT (26/07/2005), establece un lapso de prescripción de cinco (5) años. Y en el mismo sentido, es que se encuentra prevista constitucionalmente la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, en la cual se aumentará del periodo actual de un (1) año, a un lapso de diez (10) años la prescripción en materia laboral, posiblemente en lo concerniente a la antigüedad del trabajador. En esa misma dirección, se entiende que se enmarcan decisiones como la antes citada del Tribuna Supremo de Justicia en Sala de Casación Social de fecha 01/04/2008, en la que se indicó que para la jubilación el lapso de prescripción era de tres (3) años, lo cual puede entenderse, y puede llegarse a esa conclusión en razón de la intención o finalidad proteccionista del derecho del trabajo, tarea esta que no se limita al trabajador activo, sino también al que ya no siéndolo dedicó gran parte de su vida al trabajo, y merece protección en los años de vejez o a grosso modo de menor capacidad productiva; y esto precisamente en virtud de su naturaleza social, y no producto de una naturaleza civil o privada.

   En el caso de autos, en donde se ha peticionado el Derecho a Jubilación, y las pensiones derivadas de este, y del que se ha señalado que posé una prescripción de tres (3) años, cabe preguntarse ¿qué decir del Fondo de Capitalización de Jubilación o del Fondo de Ahorros? Lo primero a determinar es que estos conceptos, al igual que el derecho de jubilación, no son en estricto sentido, una emanación directa de la prestación del servicio laboral, como es el caso del salario, o del descanso necesario que se amerita de manera semanal o anual con las vacaciones, o el caso de las utilidades, siendo que las primeras, esto es, el Fondo de Capitalización de Jubilación o el Fondo de Ahorros, se producen de manera secundaria a la prestación del servicio, lo que en cuanto a lo sustantivo no desdice de su naturaleza laboral, y es entonces, que pareciera que al igual que lo pertinente a la jubilación se les ha de otorgar un lapso de prescripción de tres (3) años, sin embargo, tal conclusión no es la correcta.

   Así, la prescripción breve de tres (3) años que se ha concedido a la jubilación se basa en las previsiones del artículo 1980 del Código Civil, el en cual se establece lo siguiente:

   Artículo 1.980.- Se prescribe por tres años la obligación de pagar los atrasos del precio de los arrendamientos, de los intereses de las cantidades que los devenguen, y en general, de todo cuanto deba pagarse por años o por plazos periódicos más cortos.

   Obsérvese que la prescripción breve es una excepción a la regla prevista en el artículo 1977 eiusdem, en donde se estatuye:

   Artículo 1.977.- Todas las acciones reales se prescriben por veinte años y las personales por diez, sin que pueda oponerse a la prescripción la falta de título ni de buena fe, y salvo disposición contraria de la Ley.

   La acción que nace de una ejecutoria se prescribe a los veinte años, y el derecho de hacer uso de la vía ejecutiva se prescribe por diez años.

   En tal sentido, en el caso del Fondo de Capitalización de Jubilación y el Fondo de Ahorros, ellos no se subsumen en los supuestos del artículo 1980, toda vez que no deben pagarse por años o por plazos periódicos más cortos.

   Así, se observa que, para el caso del Fondo de Capitalización de Jubilación, lo que se aplica es lo previsto en el artículo 1977 Código Civil que prevé una prescripción de diez (10) años. Y lo mismo se cree y con mucha mayor razón para el caso del Fondo de Ahorros. Aquí es de interés transcribir el contenido del artículo 3 de la “Ley de Cajas de Ahorros y Fondos de Ahorros”, en el que se dispone:

   Concepto de caja de ahorro y fondo de ahorro

   Artículo 3°. A los efectos de este Decreto Ley, se entiende por cajas de ahorro las asociaciones civiles sin f.d.l., creadas y dirigidas por sus asociados, destinadas a fomentar el ahorro, recibiendo, administrando e invirtiendo, los aportes acordados.

   Así mismo, se entiende por fondos de ahorro a los efectos de este Decreto Ley, las asociaciones civiles sin f.d.l., creadas por las empresas conjuntamente con los trabajadores, en beneficio exclusivo de éstos, recibiendo, administrando e invirtiendo los aportes acordados. Las empresas tendrán participación en la designación de los miembros de los consejos de administración y vigilancia del fondo.

   Las cajas de ahorro podrán transformarse en fondos de ahorro, y éstos en aquellas, previa manifestación de la voluntad de sus asociados.

   Estas asociaciones no pueden desarrollar actividades distintas de aquellas que le están permitidas. (Negritas y subrayado de este Sentenciador).

   De modo que los Fondos de Ahorro, conforme al contenido del artículo de la “Ley de Cajas de Ahorros y Fondos de Ahorros”, se definen como “asociaciones civiles sin f.d.l.”. Con lo que sin duda, y aún y cuando en el caso de autos no esté probada la existencia de una Institución Civil Sin F.d.L. con personalidad jurídica propia, no obstante, por tratarse de fondos de ahorros goza de la misma naturaleza, y en suma, al igual que en el caso del Fondo de Capitalización para la Jubilación, se ha de aplicar la normativa civil, y en concreto el artículo 1977 del Código Civil que prevé la prescripción de diez (10) años. Así se establece.

   Señalado lo anterior, es de precisar que la desde la fecha de culminación de la relación laboral (04/01/2003), hasta la fecha de presentación de la demanda (10/12/2007) y la notificación en la presente causa (07/02/2008), incluso a la fecha, no ha transcurrido el lapso de prescripción de diez (10) años antes precisado para los conceptos in comento, vale decir, que resulta improcedente el alegato de prescripción respecto al Fondo de Capitalización de Jubilación y el Fondo de Ahorros. Así de decide.

   CONCLUSIÓN

   Resuelto el punto previo en el que se declaró Procedente la defensa de prescripción con respecto a la prestación de antigüedad, pretendido preaviso, vacaciones vencidas y no disfrutadas, bono vacacional vencido, vacaciones fraccionadas, bono vacacional fraccionado; así mismo procedente la defensa de prescripción del derecho de jubilación y las pensiones y bonificaciones derivadas de este, y en todo caso, improcedentes estas y la reclamación por daño moral; e Improcedente la defensa de prescripción con respecto al Fondo de Ahorro y Fondo de Capitalización de Jubilación. Corresponde precisar lo referente a la procedencia o no de los conceptos y montos pretendidos en relación a los conceptos sobre los que resultó improcedente la prescripción alegada.

   Como antes se indicó, en la presente causa, incoada por el ciudadano L.G.H.J., en contra de la demandada sociedad PDVSA PETRÓLEO, S.A., está fuera de controversia por estar admitido la prestación de servicio, la fecha de inicio y culminación, el cargo, que la causa de terminación fue el despido. Discutiéndose en cambio si la acción está prescrita, lo cual ya fue resuelto como punto previo, que el despido haya sido justificado, el salario y la procedencia de los conceptos y montos reclamados; Así como, la alegada falta de cualidad de la demandada, PDVSA PETRÓLEO, S.A. al señalar que el Fondo de Ahorros es una Institución Sen F.d.L. con personalidad jurídica propia, distinta a la demandada, y que como tal no puede ser compelida a pagar cantidades de dinero, que en todo caso están en manos de dicho fondo.

   En cuanto a la causa de despido, la demandada esgrime que fue ajustado a derecho, con fundamento en que el accionante se unió a paralización de actividades (Paro) y faltó por más de tres (3) días a sus labores, hace referencia a los literales “A”, “F”, “I” y “J”, del artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo.

   En este sentido, es de observar que el Juez en su afán de buscar la verdad requirió la presencia del demandante para poder interrogarlo respecto a lo controvertido en la causa (folio 248), y resulta que de manera injustificada no se hizo presente en juicio lo cual ha de interpretarse como un indicio en contra de la misma, toda vez que, su actitud riñe con la búsqueda del verdad. Se observa que hubiese sido de gran interés la información que del interrogatorio hubiere emanado, la cual pudo dar pie, incluso, a la evacuación de oficio de otras pruebas. Sin embargo, la inasistencia de la demandante, a pesar del llamamiento previo realizado, es interpretada por este Juzgador no como una simple omisión injustificada, sino como un indicio en contra del demandante, que impidió dar mayor luz a la presente causa, sobre todo en cuanto a la razón de ser del despido. Esto sumado a que el Paro Cívico Nacional constituyó un hecho público y notorio en donde a finales del año 2002 y comienzos del año 2003, la principal empresa nacional, la hoy demandada, sufrió una paralización casi total de sus actividades, como consecuencia de la suma al paro de parte de sus trabajadores, luego de lo cual se produjeron despedidos masivos (en principio de los mismos), y esto asociado a que en actas, de las resultas de las inspecciones realizadas se desprende que la causa de culminación de la relación laboral fue por aplicación del artículo 102 LOT. Lo cual adicionado al hecho de que la propia representación forense del actor, aunque hizo referencia en la demanda a lo injustificado del despido, nunca contradijo en juicio el hecho afirmado por la representación forense de la demandada, de que se había sumado a una paralización de actividades, y había faltado al cumplimiento de trabajo es decir, abandono de trabajo. Al sumar todo el contexto, se interpreta que el despido fue ajustado a derecho, vale decir, fue justificado. Así se decide.

   - De otra parte, en cuanto a la procedencia de los conceptos reclamados, se tiene que en lo que respecta a los conceptos de antigüedad, preaviso, vacaciones vencidas y no disfrutadas, bono vacacional vencido, vacaciones fraccionadas, bono vacacional fraccionado; al haber sido declarada la prescripción respecto a ellos, impretermitible es la improcedencia de estos en virtud de la prescripción, siendo inoficioso revisar si más allá de la prescripción, la pretensión estaba amparada en Derecho. Así se decide.

   A los fines de cumplir con la labor pedagógica a la cual estamos obligados los jueces a la hora de pronunciar las decisiones, y con relación al alegato traído al proceso en la Audiencia de Juicio por la parte demandada, PDVSA PETRÓLEO, S.A., de que ésta, carece de cualidad para ser demandada con relación a los haberes que pudieran corresponderle al accionante de autos, por concepto de fondo de ahorro; bajo el argumento de que dicho Fondo de Ahorros, es una Institución Civil con personería jurídica propia, y que consecuencialmente los haberes de tal fondo no se encuentran en poder de PDVSA, lo cual haría imposible su ejecución, se hacen las consideraciones que se indican a continuación.

   Pareciera a tenor de lo dispuesto en el encabezamiento de artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que la posibilidad afirmada en el párrafo que precede le está vedada a las partes, esto es, la facultad de traer alegatos nuevos al proceso, para el caso del actor, luego de lo indicado en el escrito libelar, y para el demandado, pasado como sea la contestación a la demanda; pues el artículo en referencia, regla que en el día y hora fijados para la realización de la audiencia de juicio, deberán concurrir las partes o sus apoderados, quienes expondrán oralmente los alegatos contenidos en la demanda y en su contestación, y no podrá ya admitirse la alegación de nuevos hechos. Pero tal dispositiva no es absoluta, pues, en primer lugar, la propia ley en el parágrafo único del artículo 6 eiusdem, le da la posibilidad al Juez de Juicio del Trabajo de condenar conceptos, prestaciones e indemnizaciones distintos a los requeridos, con la condición que estos hayan sido discutidos en juicio; y en segundo lugar, siempre se podrán hacer peticiones, en cualquier estado y grado de la causa relativas a reposiciones por violaciones del orden público, y de otra parte, cualquier defensa que vaya dirigida a negar la acción, verbigracia, falta de cualidad.

   Congruente con lo anterior, resulta oportuno transcribir lo expuesto por el prestigioso jurista patrio, Dr. J.E.C.R., al exponer en las Jornadas de Derecho Procesal en homenaje al eximio Dr. L.L., celebradas en la ciudad de Barquisimeto, República Bolivariana de Venezuela, en el trabajo que intituló “LOS EFECTOS DE LA INASISTENCIA A LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA EN EL C.P.C.”, el cual es del tenor siguiente:

   La caducidad de la acción, la cosa juzgada, la prohibición de admitir la acción propuesta, y la falta de cualidad e interés, son todos conceptos ligados a la acción y no a la cuestión de fondo que se debate. Las cuatro categorías extinguen la acción, y si esta se ha perdido no podrá sentenciarse el fondo, sin importar en que estado procesal, en cualquier momento del juicio, se extinguió la acción. Por ello a pesar de la letra del art. 364 C.P.C. cada vez que el Juez constata que la acción se extinguió, de oficio debe declarar tal situación, ya que el derecho de movilizar a la administración de justicia, en una causa particular, se ha perdido, al no poder existir fallo de fondo, y la extinción de la acción es independiente de los alegatos que se susciten con motivo de la contestación de la demanda. Cuando el Juez tome conciencia de ello, de oficio, o a petición de parte, debe declararlo, y si hay hechos que lo comprueban, su inserción en autos, tiene que ser admitida, ya que no se trata de cuestiones de fondo, sino de algo netamente procesal, si existe o no la acción. Si esto es así, el demandado siempre podrá demostrar una de las cuatro causas de las antiguas excepciones de admisibilidad. Si la ley prohíbe que se admita la acción propuesta, el Juez de oficio, por aplicación del principio iura novit curia, y sin que medie petición por parte, debe declarar sin lugar la demanda, ya que ella es inadmisible por ilegal y si esa prohibición nace de la constatación de los hechos, la misma debe ser admitida. Igual sucede si existe caducidad de la acción prevista por la Ley. La caducidad de la acción la elimina, sin que puedan las partes convertir en existente lo inexistente por mandato legal, por lo tanto, si la acción ha desaparecido no puede haber decisión sobre el fondo. Una situación similar surge con la cosa juzgada: si ella existe, ya la causa se decidió y no puede ser resuelta de nuevo porque la acción sobre los mismos hechos y por la misma causa se agotó. Por lo tanto una vez que la prueba de la cosa juzgada se produce en autos, sin importar la etapa procesal en que se esté el juicio, éste debe terminar, ya que la acción propuesta no existe con relación a la pretensión de este nuevo proceso. Con la falta de cualidad e interés va a suceder algo parecido, si una de las partes pierde la cualidad o interés en el transcurso del juicio.

   A pesar de que la cualidad y el interés son elementos que pertenecen a la pretensión, ellos se proyectan sobre la acción, porque ésta a pesar de ser formal, se combina con otras formas del poder jurídico tal como la pretensión, y por ello la ley exige que para que haya acción debe haber interés. La acción perderá ese requisito, ya que el fallo a nada conducirá, si se constatara la pérdida de la cualidad o el interés en cualquier etapa del proceso, y verificada tal situación, ella debe ser declarada…

   (Las negritas y el subrayado son de este Sentenciador.)

   De manera tal, que no queda duda en este Sentenciador, que la demandada, PDVSA PETRÓLEO, S.A., podía en la audiencia de juicio, y no sólo en ella, en cualquier estado y grado de la causa, peticionar de forma tempestiva ante la jurisdicción su falta de cualidad, y el Tribunal proceder a emitir pronunciamiento al respecto, toda vez que, como fue expuesto de manera magistral por el jurista patrio Dr. J.E.C.R., a pesar de que la cualidad es un elemento que pertenecen a la pretensión, ella se proyecta sobre la acción. Y al no haber acción no hay derecho o interés que tutelar.

   De otra parte, es de importancia destacar, que si bien el Juez, con apoyo al principio iura novit curia, puede, y no sólo puede, sino que debe bien a petición de parte o de oficio resolver la falta de cualidad expuesta en cualquier estado y grado de la causa; dicha circunstancia debe ser constatada por el sentenciador con elementos de prueba, no pudiendo ser presumida, pues la acreditación de la misma escapa de la esfera del conocimiento del jurisdicente, de allí que resulte pertinente su probanza.

   Expuesto lo anterior, y aplicado dicho criterio al caso de autos, se observa que, si bien es cierto la parte demandada alegó su falta de cualidad frente a la reclamación por Fondo de Ahorros, y que dicho alegato resulta ser tempestivo en cualquier estado y grado de la causa, aquélla no trajo al proceso elementos de prueba, y tampoco aparece acreditado del material probatorio aportado por las partes, la existencia de un Fondo de Ahorros constituido como asociación civil, y por ende con personalidad jurídica propia; por el contrario, PDVSA PETRÓLEO, S.A., al contestar la demanda negó de manera pura y simple que se le adeudara al actor la cantidad de Bs. 124.616.736,00 por concepto de fondo de ahorro, afirmando que se apreciaría “…en el sistema S.A.P. Servicio Electrónico Computarizado que funciona a través de la gerencia (sic) general (sic) de personal y que se determinarán una vez evacuadas las pruebas solicitadas…”(vuelto de folio 241 y folio 242), y al promover pruebas peticionó que este Despacho Jurisdiccional se trasladara a una de sus sedes, específicamente al Centro Petrolero, Torre Boscán, en el piso 4 y 8, a los fines de dejar constancia de aspectos varios, entre ellos, “conceptos y montos disponibles”.

   Así las cosas, al no haber quedado acreditado en las actas procesales la existencia de la Asociación Civil sin F.d.L.F.d.A., la defensa de falta de cualidad expuesta por la parte demandada, PDVSA PETRÓLEO, S.A., resulta improcedente, pero ello no obsta que en cualquier estado y grado de la causa pueda ser alegada y probada su existencia. Así se decide.

   - Establecido lo precedente, se observa que en lo atinente al Fondo de Ahorro, y que afirma la actora se deben poner a su disposición. Se tiene de una parte, a este respecto, que la demandada PDVSA PETRÓLEO, S.A., negó en la contestación deberle la cantidad reclamada, no negando expresamente que se haya producido el concepto.

   Sin embargo, de las pruebas que figuran en el expediente, específicamente de las documentales consignadas por mutuo acuerdo por las partes (Folio 266), se evidencia los resultados que arrojó la revisión conjunta del Sistema Automatizado de Pago (SAP) y Sistema de Nómina, y se dejó constancia que el actor por el Fondo de Ahorros el saldo de Bs. F. 4.642,83, y a la par de ello, las partes peticionaron al Juzgador tuviese como cierto ese monto (folios 266 y 267). Así las cosas, se le ordena a la demandada entregar o facilitar la entrega al accionante de la referida cantidad por el concepto in comento, con lo intereses que dicho fondo haya generado en la institución o entidad en la cual se encuentren depositados. Así se decide.

   - En lo que respecta al concepto Fondo de Capitalización de Jubilación, y del cual se reclama sea puesto a disposición la actora, los fondos existentes en dicho sistema contributivo, con la inclusión del capital y los gananciales e intereses correspondientes, esto, con fundamento en el Plan de Jubilación que tiene establecido la empresa para sus empleados; se observa que a este respecto, la demandada PDVSA PETRÓLEO, S.A., negó en la contestación adeudar el monto reclamado, no negando expresamente que se haya producido el concepto, señalando que el demandante perdió el referido derecho al culminar la relación laboral con la demandada por motivos distintos a la jubilación, esto conforme lo prevé el plan de Jubilación suscrito entre PDVSA y el actor, y que el caso de autos la relación laboral culminó por despido justificado.

   Ahora bien, de las pruebas que figuran en el expediente, específicamente de las documentales consignadas por ambas partes (folios 266 y 267), que el actor tiene en el Fondo de Capitalización de Jubilación un el saldo disponible de Bs. F. 23.253, 40, información que fue recabada del Departamento de Recursos Humanos (CAIT Edificio Miranda y CAIT piso 08 Torre Boscan del Centro Petrolero), en la Gerencia de Nómina (Piso 04 Torre Boscan del Centro Petrolero), y en la oficina de atención al jubilado (Planta baja de la Torre Lama del Centro Petrolero), de otro lado, las partes peticionaron al Juzgador tuviese como cierto entre otros el monto antes señalado de Bs. F. 23.253, 40.

   De otra parte, del “Manual Corporativo de Políticas, Normas y Planes de Recursos Humanos” Plan de Jubilación, el cual no aparece en actas procesales, empero es del conocimiento de este Juzgador por la notoriedad judicial emanada de los diversos casos por reclamaciones laborales en contra de la petrolera demandada, se tiene que en su capitulo IV punto 4.1.8, se establece lo siguiente:

   4.18. Cese de los derechos y obligaciones del Trabajador Afiliado

   Los derechos y obligaciones del Trabajador Afiliado establecidos en este Plan, cesarán si termina sus servicios con la Empresa por motivos distintos a la jubilación. En este supuesto, el Trabajador afiliado recibirá el saldo de la Cuenta de Capitalización Individual a la fecha en que se retire y no tendrá derecho al Ajuste por Antigüedad.

   Cuando la terminación de la relación laboral sea por causa de fallecimiento (…)

   El Trabajador Afiliado activo para el 01 de Octubre de 2000 que haya terminado su relación laboral con la Empresa con posterioridad a esta fecha y que reingrese (…)

   (Negritas y subrayado de este Sentenciador).

   La norma transcrita, en ninguna forma señala la pérdida del derecho a lo acreditado en el Fondo de Capitalización de Jubilación, cuando la relación laboral culmine por despido justificado o cualesquiera otra causa distinta de la jubilación, antes por el contrario, expresamente señala que “el afiliado recibirá el saldo de la Cuenta de Capitalización Individual a la fecha en que se retire”.

   Así las cosas, se le ordena a la demandada entregar a la actora el referido monto de Bs. F. 23.253, 40, por el concepto in comento, al igual que los intereses que dicha cantidad haya generado en la entidad o institución que se encuentre depositados. Así se decide.

   De la sumatoria de todas las cantidades antes señaladas por los conceptos procedentes, arrojan la cantidad de VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS BOLÍVARES FUERTES CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS (Bs. F. 27.896,23), que deberá entregar o facilitar la entrega la ex patronal al demandante L.G.H.J.. Así se decide.

   Con respecto a la Indexación o Corrección, esta resulta ser procedente, sólo en el caso de que la demandada no de cumplimiento voluntario con lo aquí ordenado a entregar, calculada desde el vencimiento del lapso de cumplimiento voluntario del fallo hasta la oportunidad de la entrega o pago efectivo, que se establecerá mediante experticia complementaria del fallo, con la designación de un solo experto que será nombrado de común acuerdo por las partes o en su defecto por el Tribunal, y tomando en cuenta los índices de inflación determinados por le Banco Central de Venezuela, ello de conformidad con lo estatuido en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se decide.

   Así mismo, a los fines de salvaguardar y preservar los derechos que le puedan corresponder a la República Bolivariana de Venezuela en este proceso, se ordena la notificación al Procurador(a) General de la República, conforme lo estatuye el artículo 97 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en concordancia con el artículo 12 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, suspendiéndose el proceso por un lapso de treinta (30) días continuos, contados estos a partir de la fecha de que conste en el expediente la notificación precitada, acompañándose copia certificada de esta sentencia. Ofíciese.

   DISPOSITIVO

   Por los fundamentos expuestos y en fuerza de los argumentos vertidos en la parte motiva de esta decisión, este TRIBUNAL QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ESTADO ZULIA CON SEDE EN MARACAIBO, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara: PROCEDENTE la defensa de prescripción con respecto al preaviso o indemnizaciones por despido injustificado, prestación de antigüedad, vacaciones vencidas y no disfrutadas, bono vacacional vencido, vacaciones fraccionadas, bono vacacional fraccionado, de igual forma en relación al derecho a la Jubilación y las pensiones y bonificaciones derivadas de este, así como el daño moral; IMPROCEDENTE la defensa de prescripción con respecto al FONDO DE AHORRO Y FONDO DE CAPITALIZACIÓN DE JUBILACIÓN; y consecuencialmente resulta PARCIALMENTE PROCEDENTE la pretensión incoada por el ciudadano L.G.H.J., contra la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO, S.A., ambos plenamente identificados en las actas procesales. En consecuencia:

Se condena a la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO, S.A., a entregar o facilitar la entrega al ciudadano L.G.H.J., la cantidad total de VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS BOLÍVARES FUERTES CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS (Bs. F. 27.896,23), es decir, la suma de Bs. F. 4.642,83 por concepto de FONDO DE AHORRO, más de Bs. F. 23.253,40, por concepto de FONDO DE CAPITALIZACIÓN DE JUBILACIÓN, con los intereses que estos fondos hayan generado.

Se condena a la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO, S.A., a pagar al ciudadano L.G.H.J., la cantidad que resulte por indexación o corrección monetaria, únicamente en caso de incumplimiento voluntario, en los mismos términos ya indicados, en el cuerpo de este fallo, lo cual se determinará en la oportunidad de la ejecución de este.

No procede la condenatoria en Costas, toda vez que no hubo un vencimiento total, sino parcial, esto conforme a las previsiones del artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal de Trabajo. Así se decide.

En el supuesto de que las partes no ejerzan el recurso subjetivo de apelación, el presente fallo deberá someterse a consulta obligatoria ante el Superior competente, esto de conformidad con las previsiones indicadas en los artículos 9 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública, y 12 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Se deja constancia que la parte actora ciudadano L.G.H.J. estuvo representado por los profesionales del Derecho N.P., J.R., Y.G., D.V., G.G. y N.B., inscritos en el IPSA bajo la matrícula Nº 56.945, 40.900, 85.253, 51.754, 115.120 y 115.620, respectivamente; y la parte demandada PDVSA PETRÓLEO, S.A. estuvo representada judicialmente por los profesionales del Derecho, L.J.M.O., S.F., I.S., M.C., y K.U., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo las matrículas No. 96.069, 70.681, 121.895, 124.761 y 73.500, respectivamente; todos de este domicilio.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y OFÍCIESE.

Déjese copia certificada por Secretaría del presente fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines previstos en los ordinales 3° y 9° del Artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Se le ordena a la Secretaría se libre el oficio correspondiente, dándole exacto cumplimiento a lo aquí ordenado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 numeral 1. de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 23, 24 letras a), c) y e), y 25 de la Resolución 1.475, de fecha 03 de octubre de 2003, dictada por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del TRIBUNAL QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ESTADO ZULIA CON SEDE EN MARACAIBO, en Maracaibo a los veintiséis (26) día del mes de junio del año dos mil nueve (2009).- Años: 199° de la Independencia y 150° de la Federación.

El Juez Titular,

NEUDO F.G.

La Secretaria,

En la misma fecha y estando presente en el lugar destinado para Despachar el ciudadano Juez, y siendo las dos y veintisiete minutos de la tarde (02:27 p.m.), se dictó y publicó el fallo que antecede quedando registrado bajo el Nº 072-2009.

La Secretaria

NFG/.-