Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 19 de Junio de 2012
| Fecha de Resolución | 19 de Junio de 2012 |
| Emisor | Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control |
| Ponente | Richard Enrique Hurtado Concha |
| Procedimiento | Condenatoria |
San A.d.T., 19 de Junio de 2012
202º y 153º
ASUNTO PRINCIPAL : SP11-P-2011-001994
ASUNTO : SP11-P-2011-001994
RESOLUCION DE ADMISION DE LOS HECHOS
-I-
DE LAS PARTES
JUEZ: ABG. R.E.H.C.
FISCAL: ABG. C.W.Z.G.
SECRETARIO: ABG. MARIFE COROMOTO JURADO DIAZ
IMPUTADO: Y.J.B.Z.
DEFENSOR: ABG. C.I.
Celebrada como ha sido la Audiencia Preliminar, con ocasión de la acusación presentada por el Fiscal 25 del Ministerio Público, contra del acusado: J.J.B.Z., quien dice ser de nacionalidad venezolana, natural de San Cristóbal, estado Táchira, nacido en fecha 07 de diciembre de 1988, de 21 años de edad, titular de la cédula de identidad 18.989.904, profesión Sepulturero, hijo de J.M.B. (v) y de M.Z.C. (v), soltero, residenciado en la calle 13 con carrera 9, Nº B-03, El Cementerio; Capacho Nuevo, Municipio Independencia del estado Táchira, en la presunta comisión del delito de OBTENCIÓN ILEGAL DE LUCRO EN ACTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, previsto y sancionado en el artículo 72 de la Ley Anticorrupción, en perjuicio del Estado Venezolano, este Tribunal pasa a decidir las peticiones de las partes de la siguiente manera:
-II-
DE LOS HECHOS
Los hechos que dieron inicio al presente proceso, están referidos en Acta de Investigación Penal Nº 708/2011, de fecha 09 de agosto de 2011, suscrita por funcionarios adscritos a la Primera Compañía del Destacamento de Fronteras Nº 11 de la Guardia Nacional de Venezuela, quienes señalan que cumpliendo funciones de estado en la Estación de Servicio “Unión los Capachos”, final Av. Intercomunal, Capacho Viejo, Municipio Libertad del estado Táchira, en la cual sólo se expide a los automotores provistos de sistema de control con “chip”, observaron el ingreso de un vehiculo automotor marca: Ford; modelo: Corcel; color: Blanco; placa: SCF-650, quien ingresó a proveerse de combustible, informándole al conductor del automotor que solo se proveía a los vehiculo que poseyeran el dispositivo mencionado, presentando éste en sus manos un “Chip TAG” signado con el Nº 0100051442, el cual al ser chequeado pertenecía a otro automotor por lo que procedieron a aprehender al antedicho ciudadano colocándole a disposición de la Fiscalia actuante, quedando identificado como J.J.B.Z., quien dice ser de nacionalidad venezolana, natural de San Cristóbal, estado Táchira, nacido en fecha 07 de diciembre de 1988, de 21 años de edad, titular de la cédula de identidad 18.989.904, profesión Sepulturero, hijo de J.M.B. (v) y de M.Z.C. (v), soltero, residenciado en la calle 13 con carrera 9, Nº B-03, El Cementerio; Capacho Nuevo, Municipio Independencia del estado Táchira, a quien el Ministerio Público señaló como responsable en presunta comisión del delito de OBTENCIÓN ILEGAL DE LUCRO EN ACTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, previsto y sancionado en el artículo 72 de la Ley Anticorrupción, en perjuicio del Estado Venezolano,
-III-
DE LA AUDIENCIA
En horas de audiencia de hoy, Lunes 18 de Junio de 2.012, siendo las 11:00 horas de la mañana día fijado por este Tribunal Segundo de Control para que tenga lugar en la presente causa la AUDIENCIA PRELIMINAR, de conformidad con lo establecido en los artículos 329 y 330 del Código Orgánico Procesal Penal, con ocasión de la acusación presentada por la Fiscalía Vigésima Cuarta del Ministerio Público, en contra del imputado J.J.B.Z., quien dice ser de nacionalidad venezolana, natural de San Cristóbal, estado Táchira, nacido en fecha 07 de diciembre de 1988, de 21 años de edad, titular de la cédula de identidad 18.989.904, profesión Sepulturero, hijo de J.M.B. (v) y de M.Z.C. (v), soltero, residenciado en la calle 13 con carrera 9, Nº B-03, El Cementerio; Capacho Nuevo, Municipio Independencia del estado Táchira, en la presunta comisión del delito de OBTENCIÓN ILEGAL DE LUCRO EN ACTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, previsto y sancionado en el artículo 72 de la Ley Anticorrupción, en perjuicio del Estado Venezolano. Presentes: El Juez, Segundo de Control Abg. R.E.H.C.; la Secretaria Abg. Marifé Coromoto Jurado Díaz; el alguacil de sala; el Fiscal Vigésimo Quinto del Ministerio Público, Abg. C.Z., el imputado, quien solicita en esta audiencia revocar su defensor privado y que el Tribunal le nombre en este acto una defensora Pública, el Tribunal vito lo solicitado por el imputado de autos le designa en este acto a la defensora Pública Abg. C.I., quien estando presente acepta el cargo para el cual fue designada y jura cumplir bien y fielmente con el mismo es todo. El Juez declaró abierto el acto y concedió el derecho de palabra a la Representante del Ministerio Público quien expuso los fundamentos de hecho y de derecho en los cuales formula acusación en contra del ciudadano J.J.B.Z.; en la comisión del delito de OBTENCIÓN ILEGAL DE LUCRO EN ACTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, previsto y sancionado en el artículo 72 de la Ley Anticorrupción, en perjuicio del Estado Venezolano; ofreciendo los medios de pruebas que servirán para demostrar el hecho imputado en el desarrollo del juicio oral y público, solicitando la admisión total de la acusación y de los medios de pruebas ofrecidos; por considerarlos lícitos, legales y pertinentes para el esclarecimiento del hecho; solicitando la apertura a juicio oral y público y que se remitan las actuaciones al Tribunal de Juicio correspondiente. A continuación la Juez, pasa a hacer el control previo de la acusación presentada por el Ministerio Público y de la precalificación dada al hecho imputado, Admitiendo parcialmente por considerar que la primera cumple a cabalidad los requisitos establecidos en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, y la segunda por considerar que los tipos legales propuestos enmarcan con los delitos atribuidos es decir al hoy acusado J.J.B.Z., quien dice ser de nacionalidad venezolana, natural de San Cristóbal, estado Táchira, nacido en fecha 07 de diciembre de 1988, de 21 años de edad, titular de la cédula de identidad 18.989.904, profesión Sepulturero, hijo de J.M.B. (v) y de M.Z.C. (v), soltero, residenciado en la calle 13 con carrera 9, Nº B-03, El Cementerio; Capacho Nuevo, Municipio Independencia del estado Táchira, en la presunta comisión del delito de OBTENCIÓN ILEGAL DE LUCRO EN ACTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, previsto y sancionado en el artículo 72 de la Ley Anticorrupción, en perjuicio del Estado Venezolano. Así mismo se admiten totalmente las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, por ser lícitas, legales y pertinentes. Y así se decide.
Seguidamente el Juez impuso al acusado del contenido del Precepto Constitucional y Legal, que le exime de declarar en causa propia, de reconocer culpabilidad contra si mismo y contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, de su cónyuge si la tuviere o de su concubina, de conformidad con el artículo 49 numerales 3 y 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 131 del Código Orgánico Procesal Penal, le indicó y le informó que el Código Orgánico Procesal Penal prevé unas Alternativas a la Prosecución del Proceso, que consisten en el Principio de Oportunidad, Suspensión Condicional del Proceso, Acuerdos Reparatorios y así mismo, respecto del Procedimiento Especial de Admisión de los Hechos, previsto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, en términos claros y sencillos, así como de las consecuencias que derivan de las mismas, manifestando el acusado haber entendido el propósito de la N.L. y sus consecuencias. En este estado y puesto en autos de las alternativas antes descritas el Juez pregunta al acusado J.J.B.Z., si deseaba declarar, manifestando c sin presión ni coacción de algún tipo y libre de todo juramento: “Admito los hechos y solicitamos la imposición inmediata de la pena, es todo”. Dicho esto el Juez le cede la palabra a la Defensora Pública Abg. C.I. y expuso: “Oído lo manifestado por mi defendido quien en forma libre y voluntaria y sin ningún tipo de coacción decidió acogerse al procedimiento especial por admisión de los hechos previsto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, solicito muy respetuosamente a este Tribunal se le imponga la pena a cumplir con las rebajas establecidas en el citado artículo de la Ley Adjetiva Penal y de lo establecido en el artículo 74 del Código Orgánico Procesal Penal ”. El Fiscal del Ministerio Público manifestó no tener objeción alguna en cuanto a la admisión de los hechos formulada tanto por el acusado de autos como por su defensor público, es todo.
-IV-
El Tribunal ante los alegatos expresados por las partes, realiza los siguientes pronunciamientos:
-A-
DE LA ACUSACIÓN
El acto conclusivo de la fase preparatoria de acusación penal presentado por el Ministerio Público, se admitió totalmente, tanto por los hechos imputados como por la calificación jurídica dada a esos hechos, ya que del cúmulo de diligencias de investigación recabadas y presentadas para ser ofrecidas y convertidas en prueba, se evidencia la existencia de fundados elementos para someter a juicio contra del ciudadano J.J.B.Z., quien dice ser de nacionalidad venezolana, natural de San Cristóbal, estado Táchira, nacido en fecha 07 de diciembre de 1988, de 21 años de edad, titular de la cédula de identidad 18.989.904, profesión Sepulturero, hijo de J.M.B. (v) y de M.Z.C. (v), soltero, residenciado en la calle 13 con carrera 9, Nº B-03, El Cementerio; Capacho Nuevo, Municipio Independencia del estado Táchira, en la presunta comisión del delito de OBTENCIÓN ILEGAL DE LUCRO EN ACTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, previsto y sancionado en el artículo 72 de la Ley Anticorrupción, en perjuicio del Estado Venezolano
A tal conclusión la arribó este órgano jurisdiccional, luego de examinar los siguientes elementos que incriminan a los acusados de autos y que por tal motivo se mencionan es la presente resolución en la parte de las pruebas admitidas.
-B-
DE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA:
La calificación jurídica dada por el Ministerio Público a los hechos objeto del proceso es acertada ya que existe la consumación formal del delito de OBTENCIÓN ILEGAL DE LUCRO EN ACTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, previsto y sancionado en el artículo 72 de la Ley Anticorrupción, en perjuicio del Estado Venezolano
En consecuencia se admite totalmente la acusación, y así se decide.
-C-
DE LAS PRUEBAS
Los elementos de convicción recabados por el Ministerio Público y ofrecidos para ser convertidos en prueba en el debate, igualmente se admiten en su totalidad, por ser de obtención lícita, pertinentes al debate, y necesarios para el esclarecimiento de la verdad, conforme a lo establecido en el artículo 330 numeral 9° del Código Orgánico Procesal Penal.
-D-
Del procedimiento por Admisión de los Hechos
Se acordó con lugar la petición de la defensa y del acusado de acogerse al procedimiento por admisión de los hechos previsto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, al tratarse de un mecanismo establecido en el Texto Penal Adjetivo que le permite al acusado obtener una rebaja de pena, cuando declara en forma anticipada su culpabilidad, lo que trae como consecuencia un ahorro económico para el Estado, en virtud de que se evita la celebración del juicio oral y público, el cual, por su propia naturaleza, contiene una serie de gastos de índole pecuniario. Permite, igualmente, la obtención de una justicia expedita, la cual es originada por la propia voluntad del acusado, al aceptar los hechos que le son atribuidos, estando ello en concordancia con la tutela judicial efectiva establecida en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Ahora bien, del análisis del señalado artículo 376 se coligen los requisitos para que proceda la admisión de los hechos, el primero de ellos, es la admisión por parte del juez de control, en la audiencia preliminar, de la acusación presentada por el Ministerio Público, cuando se trate del procedimiento ordinario, o en el caso del procedimiento abreviado -delitos flagrantes-.El segundo de dichos requisitos es la admisión por parte del acusado de los hechos objeto del proceso -los comprendidos dentro de la acusación- y la solicitud de la imposición inmediata de la pena.
En el caso sub iudice, se verificó la concurrencia de los siguientes supuestos: (1) La acusación penal se encontraba admitida, por haberse observado la suficiencia de elementos de convicción para considerar a imputado como presuntos responsables penalmente del hecho endilgado, tal como se estableció en el acápite “a” del presente capitulo; y los acusados libre de juramento, apremio y coacción, y asistido debidamente por la defensa, de manera voluntaria solicitó la aplicación del procedimiento por admisión de los hechos, en la oportunidad procesal correspondiente, en el marco del procedimiento.
En consecuencia se acordó la aplicación del procedimiento por admisión de los hechos, con los efectos de ley, como son: No haber lugar al debate contradictorio, imposición inmediata de la pena, y aplicación de las rebajas contenidas en el dispositivo del artículo 376 del código adjetivo penal venezolano. Y así se decide.
-E-
De la pena
Del delito de OBTENCIÓN ILEGAL DE LUCRO EN ACTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, previsto y sancionado en el artículo 72 de la Ley Anticorrupción, en perjuicio del Estado Venezolano , la cual conforme por la aplicación del artículo 74 del Código Penal y en aplicación al procedimiento especial por admisión de los hechos, y siendo que el delito por el cual se declaró responsable, se aplica la rebaja establecida en el artículo 376 del Código orgánico Procesal Penal, quedando en UN (01) AÑO; Y SEIS (06) MESES DIAS DE PRISION ; Así mismo se le condena a las penas accesorias de ley contenidas en el artículo 16 del Código Penal. Y así se decide.
De igual manera, Se exonera al acusado del pago de las costas procesales, de conformidad a lo establecido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
-f-
DE LA MEDIDA
Se MANTIENE LA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACION DE LIBERTAD, decretada por este Tribunal de control en fecha 11 de Agosto del 2011 y se amplia el lapso de presentaciones de cada 20 días a cada 60 días. Y así también se decide
DISPOSITIVO
ESTE TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECIDE:
SE ADMITE TOTALMENTE LA ACUSACIÓN presentada por el Ministerio Publico en contra del acusado J.J.B.Z., quien dice ser de nacionalidad venezolana, natural de San Cristóbal, estado Táchira, nacido en fecha 07 de diciembre de 1988, de 21 años de edad, titular de la cédula de identidad 18.989.904, profesión Sepulturero, hijo de J.M.B. (v) y de M.Z.C. (v), soltero, residenciado en la calle 13 con carrera 9, Nº B-03, El Cementerio; Capacho Nuevo, Municipio Independencia del estado Táchira, en la presunta comisión del delito de OBTENCIÓN ILEGAL DE LUCRO EN ACTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, previsto y sancionado en el artículo 72 de la Ley Anticorrupción, en perjuicio del Estado Venezolano, conforme al articulo 330 ordinal 2 del Código orgánico Procesal Penal.
ADMITE TOTALMENTE las pruebas ofrecidas por el Representante del Ministerio Publico; por considerarlas licitas, legales y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos; todo de conformidad a lo establecido en el artículo 330 numeral 9, del Código Orgánico Procesal Penal.
SE CONDENA al acusado J.J.B.Z., quien dice ser de nacionalidad venezolana, natural de San Cristóbal, estado Táchira, nacido en fecha 07 de diciembre de 1988, de 21 años de edad, titular de la cédula de identidad 18.989.904, profesión Sepulturero, hijo de J.M.B. (v) y de M.Z.C. (v), soltero, residenciado en la calle 13 con carrera 9, Nº B-03, El Cementerio; Capacho Nuevo, Municipio Independencia del estado Táchira, en la presunta comisión del delito de OBTENCIÓN ILEGAL DE LUCRO EN ACTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, previsto y sancionado en el artículo 72 de la Ley Anticorrupción, en perjuicio del Estado Venezolano, a cumplir la pena de UN (01) AÑO SEIS (06) MESES DE PRISION, conforme al artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, por haber declarado y admitido de manera libre, sin apremio y voluntaria los hechos. Así mismo, se condena a las penas accesorias establecidas en el artículo 16 del Código Penal.
Se exonera al condenado del pago de las costas procesales, de conformidad a lo establecido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Se MANTIENE LA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACION DE LIBERTAD, decretada por este Tribunal de control en fecha 11 de Agosto del 2011 y se amplia el lapso de presentaciones de cada 20 días a cada 60 días.
Con la lectura de la presente acta, quedaron debidamente notificadas las partes. Regístrese, déjese copia para el archivo del Tribunal. Remítase la presente causa al Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Función de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, una vez vencido el lapso de ley.
ABG. R.E.H.C.
JUEZ SEGUNDO DE CONTROL
ABG. MARIFE COROMOTO JURADO DIAZ
SECRETARIA
