Decisión nº 23-15 de Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio de Barinas, de 14 de Diciembre de 2015

- El 14 de octubre de 2014 la abogada A.M.A. en su carácter de co-apoderada judicial del ciudadano G.E.M.Q. presentó libelo reclamando las prestaciones sociales y otros conceptos laborales de su mandante.

- La causa fue admitida el 16 de octubre de 2014, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución.

- El 05 de noviembre de 2014 el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución homologó el desistimiento del procedimiento en contra del demandado solidario, ciudadano José de la T.G.S..

- La audiencia preliminar y sus prolongaciones fueron celebradas los días 17 de diciembre de 2014, 28 de enero de 2015, 05, 17 y 25 de marzo de 2015 y 14 de abril de 2015, última fecha en la que se remitió el expediente a los juzgados de juicio en virtud de que no fue posible la mediación, correspondiendo a este Tribunal su conocimiento.

- El 30 de abril de 2015 se admitieron las pruebas promovidas por las partes y se fijó la celebración de la audiencia para el trigésimo (30º) día hábil siguiente.

- El 13 de julio de 2015, previa solicitud de la parte demandada Talleres Remaca C.A., el Tribunal acordó la reprogramación de la celebración de la audiencia de juicio para el vigésimo (20º) día hábil siguiente, en virtud que no constaba en autos las resultas de la prueba de informes requerida.

- El 03 de agosto de 2015, previa solicitud de las partes involucradas en la presente causa, se acordó la suspensión de la causa por un lapso de treinta (30) días hábiles.

- El 28 de octubre de 2015, día y hora fijados para la celebración de la audiencia, se reprogramó la oportunidad para su celebración para el vigésimo (20º) día hábil siguiente por cuanto la misma coincide con la celebración de la audiencia de juicio en la causa signada con el Número EP11-L-2014-000147.

- El 25 de noviembre de 2015 se llevó a cabo la audiencia de juicio y vista la complejidad del asunto debatido, de conformidad con lo dispuesto en el ultimo aparte del articulo 158 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la jueza difirió el dispositivo oral del fallo para el quinto (5to) día hábil siguiente.

- El 02 de diciembre de 2015 se dictó el dispositivo oral del fallo declarándose parcialmente con lugar la demanda incoada, cuyo texto íntegro se publica en esta oportunidad.

DE LOS ARGUMENTOS DE LAS PARTES

Alega la parte actora que:

- Desde el 08 de enero de 1984 fue contratado para prestar servicios de manera ininterrumpida como Tornero en la empresa Repuestos y Maquinarias SRL (REMACA SRL) a quien a posteriormente cambió su denominación a Repuestos y Maquinarias C.A. (REMA C.A.); asimismo, narra que en el patio de la referida empresa comenzó a operar otra figura jurídica denominada Talleres Remaca C.A., con la finalidad de crear un grupo de empresas, por lo que desde el 29 de junio de 1988 su defendido continuó prestando servicios para el referido grupo de empresas.

- Entre las funciones de trabajo que ejecutaba estaban las de operar diferentes equipos y herramientas que la patronal le asignaba para la construcción, reconstrucción y fabricación de partes y piezas de trabajos de tornería.

- A partir del 19 de noviembre de 1985 la empresa Repuestos y Maquinarias SRL (REMACA SRL) le indicó que a partir de esa fecha sería transferido al cargo de obrero por contrato, ejecutando las mismas tareas de tornería y posteriormente, en fecha 29 de mayo de 1987 se suscribió un contrato de trabajo, donde se estipulaba que se repartirían las ganancias por partes iguales.

- El 27 de septiembre de 1989 la empresa Talleres Remaca C.A. suscribió un nuevo contrato con su representado denominado contrato de cuentas en participación, el cual fue prorrogado el 01 de noviembre de 1991.

- Para el inicio de la relación de trabajo su representado era de nacionalidad colombiana y a partir del 11 de octubre de 1989 fue declarado venezolano por naturalización.

- En el mes octubre de 1993 el presidente de la empresa Talleres Remaca, C.A. le informó a su representado que debía constituir una figura jurídica para continuar con las labores de trabajo, cumpliendo con dicho lineamiento a través de la constitución de la empresa Tornería Guzmar que fue creada el 25 de octubre de 1993 y a través de la cual le fueron cancelados los trabajos realizados.

- El 04 de noviembre de 1993 se suscribió un contrato de cuentas en participación entre la empresa Talleres Remaca, C.A. y la empresa Tornería Guzmar mediante el cual se continuaron cancelando los servicios prestados.

- Durante la relación de trabajo el grupo de empresas cambió constantemente la forma de pago: Contratos notariados, figuras jurídicas, recibos de pago; alternadas de manera continua.

- El salario básico convenido desde el inicio de la relación de trabajo fue el salario mínimo decretado por el Ejecutivo Nacional, más una comisión de 40% por los trabajos de tornería realizados. Sin embargo, la patronal desde el inicio del vínculo no le canceló completamente el salario pactado.

- El 31 de julio de 2013 fue despedido injustificadamente por el presidente de la empresa Talleres Remaca, C.A.

- Ante la negativa de las demandadas a pagar sus prestaciones sociales, demanda a las empresas Repuestos y Maquinarias C.A. (REMA C.A.) y Talleres Remaca, C.A., así como solidariamente a los ciudadanos M.G., T.G., J.G., G.G. y T.G. para que paguen siguientes conceptos y cantidades:

Conceptos: Total

Prestación de antigüedad viejo régimen 1.464,00

Compensación por transferencia 1.464,00

Prestaciones sociales 517.871,25

Indemnización por despido 517.871,25

Salario mínimo retenido 120.707,83

Vacaciones y bono vacacional vencidos 288.691,71

Utilidades no canceladas y fraccionadas 534.319,60

Ley de Programa de Alimentación 120.808,75

Paro forzoso 43.563,93

Total 2.143.834,32

Estimación de la demanda 2.786.984,62

- Finalmente reclama el pago de la indexación monetaria y los intereses de mora.

La empresa Repuestos y Maquinarias C.A. (REMA C.A.) y el accionista demandado solidario ciudadano M.S.G., señalan lo siguiente:

- Alega la prescripción de la acción por haber transcurrido veintiocho (28) años desde la finalización de la relación de trabajo.

Admite que:

- El demandante laboró como tornero para Repuestos y Maquinarias C.A. (REMA C.A.), desde el 08 de enero de 1984 hasta el 26 mayo de 1987.

- Su representada cambió su denominación mercantil de Repuestos y Maquinarias SRL (REMACA SRL) a Repuestos y Maquinarias C.A. (REMA C.A.).

- En fecha 26 de mayo de 1987 su representada suscribió un contrato de sociedad con el demandante, en donde se estipula que las ganancias se repartirían en partes iguales.

Niega los siguientes hechos:

- Que las empresas Repuestos y Maquinarias C.A. (REMA C.A.) y Talleres Remaca, C.A. configuren un grupo de empresas y que ocupen o hayan ocupado el mismo espacio físico y que ambas se encuentren en la misma dirección.

- Que el demandante haya trabajado de manera simultánea para ambas empresas.

- Que el contrato de sociedad de fecha 26 de mayo de 1987 fuera un contrato de trabajo y que se hubiere realizado con el objeto de desvirtuar la relación laboral.

- Que desde el 29 de junio de 1988 el trabajador continuara prestando servicios personales para dichas empresas, recibiendo instrucciones de trabajo de forma directa de sus representantes legales.

- Que el 27 de septiembre de 1989 su representada haya suscrito un contrato de cuentas en participación con el accionante, y que haya sido prorrogado el 01 de noviembre de 1991.

- Que se haya impuesto carga al trabajador para la constitución de una figura jurídica denominada Tornería Guzmar a los fines de la cancelación de los trabajos realizados.

- Que el grupo de empresas haya cambiado constantemente la forma de pago al trabajador.

- Que no se le hubiera cancelado los conceptos relacionados con el salario mínimo decretado por el Ejecutivo Nacional.

- Que en fecha 31 de julio de 2013 el demandante fuera despedido injustificadamente.

- Que no le hayan sido canceladas las prestaciones sociales.

- Que la empresa cancelara ciento veinte (120) días de utilidades a sus trabajadores

- Niega de manera pormenorizada el salario indicado por el actor.

- Niega de manera pormenorizada todas y cada una de las cantidades reclamadas por demandante en el libelo de demanda.

La sociedad mercantil Talleres Remaca, C.A.:

Niega los siguientes hechos:

- La existencia de un grupo de empresas entre Repuestos y Maquinarias C.A. (REMA C.A.) y Talleres Remaca C.A., igualmente que ambas empresas funcionen en la misma dirección.

- Que el demandante haya comenzado a laborar para su empresa el 08 de enero de 1984, ya que lo cierto es que comenzó a prestar servicios el 01 de octubre del año 2000.

- Que el demandante haya prestado servicios laborales de forma simultánea para Repuestos y Maquinarias C.A. (REMA C.A.) y Talleres Remaca, C.A.

- Que se le haya indicado al accionante que firmara unos documentos en el Registro Mercantil.

- Que se le haya cancelado al accionante a través de la firma personal Tornería Guzmar y que se haya suscrito un contrato de cuentas en participación con esta figura jurídica.

- Que su representada haya convenido en cancelar al demandante el salario mínimo decretado por el Ejecutivo Nacional, más una comisión por trabajo realizado, ya que lo cierto es que devengaba un salario por comisión el cual fue debidamente pagado.

- Que el demandante haya sido despedido injustificadamente el 31 de julio de 2013, ya que lo cierto fue que renunció a su puesto de trabajo el 19 de julio de 2013.

- Que no le hayan sido canceladas las prestaciones sociales, en virtud que las mismas le fueron canceladas el 31 de julio de 2013 y complementadas el 02 de agosto de 2013, por lo tanto no se adeudan las cantidades reclamas por el actor,

- Que la empresa cancelara ciento veinte (120) días de utilidades a sus trabajadores.

- Niega de manera pormenorizada todos y cada uno de los conceptos y cantidades reclamadas por el actor en su libelo, argumentando que dichos conceptos fueron pagados al demandante en su oportunidad correspondiente.

El ciudadano T.J.G.G.: Niega ser accionista de la empresa Repuestos y Maquinarias C.A. (REMA C.A.).

El ciudadano W.J.G.G.:

- Opone la falta de cualidad para sostener el juicio, en virtud que en fecha 22 de enero de 2014 vendió las acciones que le pertenecían en la empresa y no ostentaba para la fecha de distribución de la demanda el carácter de accionista.

- Niega la fecha de inicio y culminación de la relación de trabajo alegada por el demandante.

- Niega de manera pormenorizada todos y cada uno de los conceptos reclamados por el actor.

La ciudadana T.G.G.:

- Opone la falta de cualidad para sostener el juicio, en virtud que en fecha 22 de enero de 2014 vendió las acciones que le pertenecían en la empresa y no ostentaba para la fecha de distribución de la demanda el carácter de accionista.

DE LA CONTROVERSIA Y LA CARGA PROBATORIA

Sobre la carga de la prueba y su distribución en el proceso laboral, se ha pronunciado en diversas oportunidades la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, reiterando su posición. Al respecto, resulta útil y oportuno citar la sentencia No. 419, de fecha 11 de mayo de 2004, con ponencia del Magistrado, Dr. A.V.C., en la cual se llegó inclusive a enumerar los diversos supuestos de distribución de la carga de la prueba en el proceso laboral, cuyo contenido comparte este Juzgado y es del tenor siguiente:

Pues bien, de la sentencia precedentemente expuesta se pueden extraer las siguientes consideraciones con respecto a la distribución de la carga de la prueba en los procesos en materia laboral:

1°) El demandado tiene la carga de probar la naturaleza de la relación que le unió al trabajador, cuando en la Contestación de la demanda haya admitido la prestación de un servicio personal y no la califique de naturaleza laboral, por ejemplo la califique de mercantil. (Presunción iuris tantum, establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo).

2°) El demandante tiene la carga de probar la naturaleza de la relación que le unió con el patrono, cuando el demandado en la litis Contestación haya negado la prestación de un servicio personal.

3°) Cuando el demandado no niegue la existencia de la relación laboral, se invertirá la carga de la prueba en lo que se refiere a todos los restantes alegatos contenidos en el libelo que tengan conexión con la relación laboral. Es decir, es el demandado quién deberá probar la improcedencia de los conceptos que reclama el trabajador. Asimismo, tiene el demandado la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar la pretensión del actor.

4°) Se tendrán como admitidos aquellos hechos alegados por el demandante en su libelo, que el demandado no niegue o rechace expresamente en su Contestación, aunado al hecho de que tampoco haya aportado a los actos, alguna prueba capaz de desvirtuar los alegatos del actor.

5°) Se tendrán como admitidos aquellos hechos alegados por el demandante en su libelo, cuando el demandado no haya fundamentado el motivo del rechazo, aunado al hecho de que tampoco haya aportado a los autos en la oportunidad legal, alguna prueba capaz de desvirtuar los alegatos del actor. Sobre este último punto, la Sala ha insistido que es importante que los jueces analicen el motivo de la omisión de fundamentos en la Contestación, puesto que pueden tratarse de hechos negativos absolutos, es decir, aquellos que no implican a su vez ninguna afirmación opuesta, ya que son indeterminados en tiempo y espacio, siendo por lo tanto de difícil comprobación por quien niega, por lo que le corresponde a la parte que los alegó –al trabajador- la carga de aportar las pruebas pertinentes a fin de demostrar la ocurrencia de tales hechos. Asimismo ha insistido la Sala, que aún y cuando el demandado en la litis Contestación, no haya rechazado los alegatos expuestos por el actor en su libelo o que una vez realizado el rechazo no haya fundamentado el mismo, los jueces estarán en la obligación de analizar si los conceptos que integran la pretensión deducida son opuestos a condiciones distintas o exorbitantes a las legales, puesto que de ocurrir tal circunstancia, es evidente que debe declararse la improcedencia de lo reclamado

Asimismo, la distribución de la carga de la prueba se encuentra establecida en el artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el cual dispone:

Artículo 72. Salvo disposición legal en contrario, la carga de la prueba corresponde a quien afirme hechos que configuren su pretensión o a quien los contradiga, alegando nuevos hechos. El empleador, cualquiera que fuere su presencia subjetiva en la relación procesal, tendrá siempre la carga de la prueba de las causas del despido y del pago liberatorio de las obligaciones inherentes a la relación de trabajo. Cuando corresponda al trabajador probar la relación de trabajo gozará de la presunción de su existencia, cualquiera que fuere su posición en la relación procesal

Ahora bien, aplicando la doctrina jurisprudencial y la norma transcritas al presente caso, puede apreciarse que los apoderados judiciales de las empresas codemandadas, las Sociedades Mercantiles; Repuestos y Maquinarias C.A. (REMA C.A.), y el accionista demandado solidario ciudadano M.S.G., asi como la sociedad mercantil Talleres Remaca, C.A y los socios solidarios T.J.G.G., W.J.G.G. y T.J.G.G.; en la oportunidad procesal de contestar la demanda alegaron como defensa previa, por parte de Repuestos y Maquinarias C.A. (REMA C.A.), oponen la Prescripción por haber transcurrido 28 años desde la finalización de la relación de trabajo; asimismo, admitieron expresamente la prestación de servicio del actor, pero calificaron la relación que unió a las partes como una relación de carácter mercantil. En relación a codemandada de autos la sociedad mercantil Talleres Remaca, C.A y los socios solidarios T.J.G.G., W.J.G.G. y T.J.G.G.; oponen como defensa previa de los socios codemandados solidarios (TRINO J.G.G., W.J.G.G. y T.J.G.G.) la falta de cualidad e interés para sostener el juicio, en virtud que para la fecha de interposición de la demanda ya habían vendido sus acciones. Asimismo, niegan que haya comenzado a trabajar en fecha 08 de enero de 1984; niegan la inexistencia del Grupo de Empresas, que haya sido despedido injustificadamente en fecha 31 de Julio de 2013, niegan que se le haya cancelado al accionante a través de la firma personal “Torneria Guzmar” y que se hayan suscritos contratos de cuentas en Participación a los fines de desvirtuar la relación de trabajo que existiera entre estos y el demandante. Admitieron expresamente la prestación de servicio del actor, a partir del 01 de Octubre del año 2000, pero calificaron la relación que unió a las partes como una relación de carácter mercantil, en un principio, de igual forma alegan a su favor que renuncio en fecha 19 de Julio de 2013. Por lo tanto, corresponde a la parte demandada probar la naturaleza mercantil de la relación jurídica que la unió con el demandante, toda vez que al reconocer expresamente la prestación de servicio del actor, se activó a favor de éste la presunción de laboralidad del artículo 53 (antes art 65 LOT) de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores aplicable al caso de autos. Y así se establece.

Siendo ello así, en caso de demostrar la demandada de autos el mencionado carácter mercantil que alega del vínculo jurídico que la unió con el actor, desde luego que la demanda sería declarada sin lugar y no tendría ningún sentido analizar las pretensiones del actor, toda vez que todas ellas son de origen laboral. No obstante, en caso contrario, es decir, en el supuesto que la demandada no logre desvirtuar la presunción de laboralidad que existe entre las partes, dada la prestación de servicio personal del actor para la accionada, entonces corresponderá al demandante demostrar las circunstancias extraordinarias y exhorbitantes bajo las cuales prestó su servicio, según las afirmaciones contenidas en el libelo de demanda; mientras que a la parte accionada corresponderá probar, “el pago liberatorio de las obligaciones inherentes a la relación de trabajo”, conforme al citado artículo 72 de la Ley Adjetiva Laboral. Y así se establece.

Así las cosas, dada la forma como se dio contestación a la demanda en este juicio, se consideran hechos controvertidos los siguientes: 1) La existencia de una relación laboral entre las partes. 2) La procedencia de los conceptos prestacionales e indemnizatorios que reclama el actor. 3) La existencia de un grupo económico entre las empresas codemandas.

A continuación, se valoran las pruebas que constan en el expediente a los fines de establecer cuáles de los hechos controvertidos en el proceso han sido demostrados.

DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS Y SU VALORACIÓN

Pruebas del demandante

Documentales:

1. - Copia certificada emanada del Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, correspondiente a la empresa Repuestos y Maquinarias (REMA C.A.), marcada con la letra “A” (folios 08 al 23 2/4). Se le otorga valor probatorio en lo que a su contenido se contrae, de la misma se extrae que en fecha 09 de julio de 1976 fue creada la sociedad de responsabilidad limitada Repuestos y Maquinarias S.R.L., la cual posteriormente, el 26 de octubre de 1987, cambió su denominación a Repuestos y Maquinarias (REMA C.A.). Y así se establece.

2. - Copia certificada de expediente administrativo llevado por la Unidad de Supervisión del Trabajo adscrita a la Inspectoría del Trabajo del Estado Barinas, marcada con la letra “B” (folios 24 al 70 2/4). Dicho instrumento fue promovido a los fines de demostrar la relación de trabajo. Ahora bien, quien suscribe destaca que este documento por sí solo no es suficiente para demostrar la continuidad de la relación de trabajo, por lo tanto, no se le concede valor probatorio y se desestima del proceso. Y así se declara.

3. - Copias al carbón de comprobantes de pago con logo de la empresa Repuestos y Maquinarias S.R.L., marcados con las letras “C” y “D”, “E”, “F” y “G” (folios 71 al 75 2/4). Tales instrumentos no fueron objetados de forma alguna, en consecuencia, se tiene por cierto su contenido, se verifica de ellos que la empresa Repuestos y Maquinarias S.R.L. honró los siguientes compromisos laborales al demandante: Vacaciones (años 1984 y 1985), bono vacacional (año 1984 y 1985), utilidades (años 1984 y 1985) y adelanto de prestaciones sociales (años 1984 y 1985). Y así se declara.

4. - Documento de fecha 19 de noviembre de 1985, con logo de la empresa Repuestos y Maquinarias S.R.L., marcado con la letra “H” (folio 76 2/4). El cual no fue objeto de ataque alguno, por lo tanto, conserva pleno valor probatorio en lo que a su contenido se circunscribe. Del mismo se evidencia que en la referida fecha el actor fue transferido a obrero por contrato. Y así se declara.

5. - Copia simple de contrato de sociedad de fecha 26 de mayo de 1987, suscrito entre el demandante y la empresa Repuestos, Maquinarias y Camiones S.R.L. (REMACA S.R.L.), marcada con la letra “I” (folios 77 al 79 2/4). Tal instrumento no fue atacado por lo que conserva valor probatorio, del mismo se extrae que en la referida data el actor permanecía vinculado como tornero para Repuestos, Maquinarias y Camiones S.R.L. (REMACA S.R.L.). Y así se establece.

6. - Copia simple de prórroga contrato de cuentas de participación, suscrito entre el demandante y la empresa Talleres Remaca, C.A, marcada con la letra “J” (folio 80 2/4). Tal documento no fue atacado por lo que conserva pleno valor probatorio en lo que a su contenido respecta, del mismo se evidencia que en fecha 01 de noviembre de 1991, las partes prorrogaron el contrato de cuentas en participación inicialmente suscrito el 27 de septiembre de 1989. Y así se declara.

7. - Copia simple de Gaceta Oficial número 4.130, de fecha 11 de octubre de 1989, mediante la cual el demandado es declarado venezolano por naturalización, marcada con la letra “K” (folios 81 y 82 2/4). Se desecha del proceso por cuanto no aporta datos importantes para la resolución de la controversia. Y así se decide.

8. - Participación de registro de de comercio, fijación y publicación de la firma Tornería Guzmar, ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito, del Trabajo y de Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, de fecha 25 de octubre de 1993, marcada con la letra “L” (folios 83 al 84 2/4). El cual no fue atacado de forma alguna, en consecuencia, conserva pleno valor probatorio en lo que a su contenido respecta. Da cuenta que el demandante en fecha 25 de octubre de 1993 constituyó el fondo de comercio denominado Tornería Guzmar, cuyo objeto social guardaba relación con todo lo referente al ramo de mecánica, soldadura, rectificación de motores, repuestos, accesorios automotrices, entre otras. Y así se establece.

9. - Copia simple de contrato de cuentas en participación suscrito entre la sociedad mercantil Talleres Remaca C.A. y la firma Tornería Guzmar, marcada con la letra “M” (folios 85 al 87 2/4). El cual no fue objeto de ataque alguno, ergo, conserva pleno valor probatorio en lo que a su contenido se circunscribe. Del mismo se evidencia que en fecha 04 de noviembre de 1993, las partes suscribieron un contrato de cuentas en participación, con una duración de un (01) año (prorrogable), donde su objeto era la explotación del ramo de la metal mecánica y todo lo referente a tornería, asimismo, se extrae de las cláusulas que componen dicho contrato que la empresa Talleres Remaca C.A. ponía a disposición de Tornería Guzmar los equipos y herramientas a los fines de ser utilizados en el cumplimiento de las operaciones comerciales convenidas; igualmente, se desprende que Talleres Remaca C.A. fijó como contraprestación mensual el pago del cuarenta (40%) por la realización de las actividades antes señaladas. Y así se establece.

10. - Copias simples de recibos de pago denominado nómina de operadores emitidos a nombre de Tornería Guzmar, marcadas con las letras “N”, “O”, “P”, “Q” y “R” (folios 88 al 92 2/4). Los cuales conservan su valor probatorio, por cuanto no fueron objetados en la audiencia de juicio. De estos se extrae el pago al fondo de comercio Tornería Guzmar correspondían al cuarenta (40%) por concepto de los trabajos realizados, durante los siguientes períodos: 24/01/97 al 30/01/97; 21/03/97 al 03/04/97; 24/04/97 al 30/04/97; 23/03/97 al 05/06/97; 17/06/97 al 19/06/97; 20/6/97 al 26/06/97; 06/06/97 al 12/06/97 y 18/07/97 al 31/07/97. Y así se declara.

11. - Copias al carbón de recibos de pago con membretes de las empresas Repuestos y Maquinarias S.R.L. (REMACA) y Talleres REMACA C.A., marcados con los números 01 al 397 (folios 93 al 488 2/4). Sobre tales documentales el Tribunal ordenó su exhibición sin que la parte llamada a hacerlo cumpliera con su carga procesal, en consecuencia, a tenor de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se tiene como cierto el contenido de los documentos, evidenciándose de los mismos las remuneraciones salariales devengadas por el trabajador en los siguientes períodos: 1) con la empresa Repuestos y Maquinarias S.R.L. desde el 16/01/87 al 14/08/88 y 2) con la compañía Talleres Remaca, C.A. desde el 15/08/88 hasta el 16/07/13. Y así se declara.

12. - Copia simple de carnet de identificación del demandante, marcada con el número 398 (folio 489 2/4). Se desestima de la litis en virtud que no contribuye con datos significativos para la resolución de la controversia. Y así se decide.

13. - Copia simple de cuenta individual emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), marcada con el número 399 (folio 490 2/4). Se aprecia concatenadamente con las resultas de la prueba de informes solicitadas por las partes, las cuales fueron remitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y que constan a los folios 212 al 215 4/4. Siendo importante enfatizar que sus datos resultan un tanto confusos para el Tribunal en virtud que señalan dos fechas diferentes de ingreso del trabajador a la empresa Talleres Remaca, C.A., por lo que es forzoso para este Tribunal declarar la desestimación de estos documentos. Y así se declara.

    Exhibición:

1. - Se solicitó la exhibición del original del libro de registro de vacaciones. La empresa Talleres Remaca, C.A. no los exhibió, por lo que esta sentenciadora aplica la consecuencia de la no exhibición de conformidad al artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Y así se establece.

2. - Se solicitó la exhibición de los originales de recibos de pago de salario. Referente a ello, la representación judicial de Talleres Remaca, C.A. señaló en la audiencia de juicio, que los mismos se encuentran consignados en autos, por lo que este Tribunal los da por exhibidos y los aprecia de conformidad con lo previsto en los artículos 10, 78 y 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, tal como fue señalado precedentemente. Y así se declara.

   Informes:

   Se ordenó librar oficio al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), cuyas resultas constan a los folios 212 al 215 4/4. Esta probanza ya fue valorada concatenadamente con la documental identificada con el número 13 de las pruebas del demandante, en tal sentido, se da por reproducida su valoración. Y así se declara.

   Inspección Judicial:

   Promovió la inspección judicial a realizarse en la sede de las empresas Repuestos y Maquinarias C.A. (REMA C.A.) y Talleres Remaca C.A., la cual fue llevada a cabo el día seis (06) de mayo de 2015 (folios 44 al 48 4/4). En tal sentido, se constató a través de la inspección judicial llevada a cabo por el Tribunal, la dirección de tales empresas, dejándose expresa constancia que, a pesar que las entradas de las mismas se encuentran en forma contigua y sus terrenos son aledaños, sus sedes funcionan de manera independiente, observándose que Repuestos y Maquinarias C.A. (REMA C.A.) se encontraba inoperante para el momento de la inspección. Y así se establece.

   Testigos:

   Promovió como testigos a los ciudadanos J.J.G.M., J.M.F., J.R.S., S.R.M., V.E.G.M. y J.A.P., titulares de las cédulas de identidad números V.-1.167.906, V.-2.756.041, V.-7.649.991, V.-6.734.639, V.-9.180.815 y V.-11.374.242, respectivamente. Dichos ciudadanos no comparecieron a rendir declaraciones en la audiencia de juicio, en tal sentido, este Tribunal no tiene materia sobre la cual pronunciarse. Y así se establece.

   Pruebas de la demandada Repuestos y Maquinarias, C.A.

   Documentales:

1. - Copia simple del registro mercantil de la empresa Repuestos y Maquinarias, S.R.L, marcada con la letra “A” (folios 04 al 10 3/4). Se le concede valor probatorio a su contenido, de la misma se evidencia que en fecha 09 de julio de 1976 fue creada la sociedad de responsabilidad limitada Repuestos y Maquinarias S.R.L. Y así se decide.

2. - Copia simple de acta de asamblea extraordinaria, marcada con la letra “B” (folios 11 al 26 3/4). Se le otorga valor probatorio, de la misma se extrae que en fecha 26 de octubre de 1987, la sociedad de responsabilidad limitada Repuestos y Maquinarias S.R.L. cambió su denominación a Repuestos y Maquinarias (REMA C.A.). Y así se establece.

3. - Copia simple de acta constitutiva de la empresa Talleres Remaca, C.A., marcada con la letra “C” (folios 27 al 36 3/4). Se le otorga valor probatorio en lo que a su contenido respecta, evidenciándose de la misma que en fecha 29 de junio de 1988 fue creada la sociedad mercantil Talleres Remaca, C.A., estando entre sus socios accionistas: T.J.G.S., W.J.G.S. y T.G.S.. Y así se declara.

4. - Copia certificada de acta de asamblea extraordinaria de fecha 15 de noviembre de 1989, correspondiente a la empresa Repuestos y Maquinarias (REMA C.A.), marcada con la letra “D” (folios 37 al 42 3/4); copia certificada de venta de bienhechurías de Repuestos y Maquinarias, C.A. (REMA, C.A.) A Talleres Remaca, C.A., marcado con la letra “E” (folio 43 al 52 3/4); copia simple de acta de asamblea extraordinaria de accionistas de la empresa Repuestos y Maquinarias, C.A. (REMACA, C.A.), marcada con la letra “F” (folios 53 al 68 3/4); copia simple de acta de asamblea extraordinaria de accionistas de la empresa Repuestos y Maquinarias, C.A. (REMACA, C.A.), marcada con la letra “G” (folios 69 al 78 3/4); copia simple de Registro de Información Fiscal (RIF) de la empresa Repuestos y Maquinarias Remaca, S.R.L., marcada con la letra “H” (folio 79 3/4). Las anteriores documentales a pesar que no fueron atacadas por la representación judicial de la parte demandante, se desechan del proceso por cuanto no aportan datos relevantes para la resolución de la litis. Y así se decide.

5. - Copia simple de contrato de sociedad de fecha 26 de mayo de 1987, suscrito entre Repuestos y Maquinarias Remaca, S.R.L. y el demandante de autos, marcada con la letra “I” (folios 80 al 88 3/4). Tal instrumento no fue atacado por su adversario, por lo tanto, conserva valor probatorio, del mismo se extrae que en la referida data el actor permanecía vinculado como tornero para Repuestos, Maquinarias y Camiones S.R.L. Y así se establece.

   Testigos:

   Promovió como testigos a los ciudadanos A.R.M.A., C.E.Q., titulares de las cédulas de identidad números V.- 4.261.617 y V.-9.984.318, en su orden. Quienes no comparecieron a rendir declaraciones en la audiencia de juicio, en consecuencia, no hay deposiciones que valorar. Y así se declara.

   Pruebas de la demandada Talleres Remaca, C.A.

   Documentales:

1. - Originales de recibos de pago en doscientos ochenta y ocho (288) folios útiles (folios 122 al 410 3/4). Se valoran adminiculadamente con los recibos de pago traídos a los autos por el demandante, evidenciándose de los mismos las remuneraciones salariales devengadas por el trabajador desde el 07/11/02 hasta el 16/07/13. Y así se declara.

2. - Copia al carbón de recibo de pago de utilidades, bono vacacional y vacaciones del año 2000, marcado “A” (folio 411 3/4); original de recibo de pago de utilidades del año 2006, marcado “B” (folio 412 3/4); original de recibo de pago de utilidades del año 2008, marcado “C” (folios 413 3/4); original de recibo de pago de utilidades del año 2009, marcado “D” (folio 414 3/4); copia simple de recibo de pago de utilidades del año 2010, marcado “E” (folios 415 3/4); original de recibo de pago de diferencia de salario promedio anual de utilidades del año 2011, marcado “F” (folio 416 3/4); copia simple de recibo de pago de utilidades del año 2011, marcado “G” (folios 417 3/4); original de recibo de pago de diferencia de salario promedio anual de utilidades del año 2011 y bono vacacional, marcado “H” (folio 418 3/4); original de recibo de pago de bono vacacional del año 2011, marcado “I” (folio 419 3/4); copia simple de recibo de pago de vacaciones y bono vacacional del año 2010 marcado “J” (folio 420 3/4) y copia simple de recibo de pago de vacaciones y bono vacacional del año 2011 marcado “K” (folios 421 3/4). Los anteriores documentos no fueron objeto de ataque alguno por la representación judicial de la parte demandante, en tal sentido, merecen pleno valor probatorio en lo que a su contenido respecta. De los mismos se evidencia el pago realizado por la empresa Talleres Remaca, C.A., por la cantidad de sesenta y cuatro mil trescientos noventa y seis bolívares con ochenta céntimos (Bs. 64.396,80), en razón de los conceptos y cantidades que a continuación se resumen. Y así se establece.

   Año Conceptos Total Folio 3/4

   2000 Utilidades, vacaciones y bono vacacional 343,86 411

   2006 Utilidades 2709,90 412

   2008 Utilidades 5944,00 413

   2009 Utilidades 8392,54 414

   2010 Utilidades 10158,53 415

   2011 Diferencia utilidades 1375,35 416

   2011 Utilidades 15207,23 417

   2011 Diferencia utilidades y bono vacacional 2111,72 418

   2011 Bono vacacional 736,37 419

   2010 Vacaciones 4063,44 420

   2010 Bono vacacional 2708,96 420

   2011 Vacaciones 6336,25 421

   2011 Bono vacacional 4308,65 421

   Total 64.396,80

3. - Copia simple de expediente mercantil de la empresa Talleres Remaca, C.A marcado “L” (folios 422 al 724 3/4). Este legajo no fue enervado por la representación judicial de la parte actora, en consecuencia mantiene su valor probatorio. Del mismo se evidencia que la empresa Talleres Remaca, C.A. fue creada en fecha 29 de junio de 1988, fungiendo entre sus socios accionistas iniciales los ciudadanos T.J.G.S., W.J.G.S. y T.G.G.. Igualmente, se aprecia que en fecha 19 de noviembre de 2013 los ciudadanos W.J.G.S. y T.G.G. vendieron sus acciones de la empresa las cuales fueron compradas por el ciudadano T.J.G.S.. Y así se establece.

4. - Copias simples de documento de compra venta de terrenos, marcado “M” y “N” (folios 725 al 733 3/4) y copia simple de patente de la empresa Talleres Remaca, C.A, marcada “Ñ” (folios 734 al 743 3/4). Los cuales se desechan del proceso en virtud que no contribuyen con datos relevantes para la resolución del caso que nos ocupa. Y así se decide.

5. - Original de carta de renuncia de fecha 19 de julio de 2013, marcada “O” (folio 744 3/4). Este documento no fue enervado eficazmente por la parte actora, de manera que conserva pleno valor probatorio en lo que a su contenido se contrae. Evidenciándose del mismo que el día 19/07/13 el trabajador manifestó a la empresa Talleres Remaca, C.A. su voluntad de no seguir prestando servicios laborales para la misma. Y así se declara.

6. - Carta de solicitud de anticipo de prestaciones sociales, marcada “P” (folio 743 3/4). Se desecha del proceso por cuanto no aporta datos importantes para la resolución de la litis. Y así se decide.

7. - Original de de recibo de prestaciones sociales, marcado “Q” (folios 746 3/4) y original de recibo de pago de complemento de prestaciones sociales de fecha 02/08/13, marcado “R” (folios 747 3/4). Los cuales no fueron enervados efectivamente por la parte demandante, de manera que, conservan pleno valor probatorio en lo que a su contenido se circunscribe. De los mismos se evidencia el pago realizado por la empresa Talleres Remaca, C.A. al ciudadano G.M. por concepto de prestaciones sociales y su diferencia, mismo que asciende a la cantidad de doscientos cincuenta y cuatro mil setecientos cincuenta bolívares (Bs. 254.750,00), desglosados de la siguiente forma: 141.532,41 por concepto de prestaciones sociales y 113.218,07 por complemento. Y así se establece.

8. - Original de constancia de trabajo para el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), marcado “S” (folio 748 3/4); copia simple de planilla de registro de asegurado ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), marcada “T” (folio 749 3/4) y copia simple de planilla de participación de retiro del trabajador ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), marcado “U” (folios 750 3/4). Estos documentos se desestiman del proceso por cuanto sus datos resultan ambiguos para el Tribunal siendo que señalan dos fechas de ingreso distintas del trabajador a la empresa Talleres Remaca, C.A. Y así se declara.

9. - Copias simples de planillas de declaración de impuesto sobre la renta, marcadas “V”, “W”, “X”, “Y”, “Z”, “AA”, “BB”, “CC”, “DD”, “EE” “FF”, “GG”, “HH”, “II” (folios 751 al 772 3/4). Se descartan del proceso por cuanto no aportan datos importantes para la resolución de la controversia. Y así se declara.

   Prueba de informes

   Se ordenó librar oficio al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), cuyas resultas constan a los folios 212 al 215 4/4. Esta prueba ya fue valorada concatenadamente con la documental identificada con el número 13 de las pruebas del demandante, en consecuencia, se da por reproducida su valoración. Y así se establece.

   Inspección Judicial:

   Promovió la inspección judicial a realizarse en la sede de la empresas Talleres Remaca C.A., la cual fue llevada a cabo el día seis (06) de mayo de 2015 (folios 44 al 48 4/4). A través de la misma se constató la dirección de la sociedad mercantil Talleres Remaca C.A. Y así se declara.

   DE LOS MOTIVOS PARA DECIDIR

   El demandante alega que en fecha 08 de enero de 1984, comenzó a prestar servicios laborales de manera ininterrumpida como tornero para Repuestos y Maquinarias S.R.L. (REMACA S.R.L.) empresa que posteriormente cambió su denominación a Repuestos y Maquinarias C.A. (REMA C.A.); y que luego se creó otra figura jurídica para la cual continuó prestando servicios denominada Talleres Remaca, C.A. las cuales según sus dichos configuraban un grupo de empresas.

   Asimismo, narra que durante el vínculo que lo unió con dicho grupo de empresas la forma de pago cambió constantemente, bajo figuras como contratos de sociedad, contratos de cuentas en participación y finalmente debió constituir un fondo de comercio denominado Tornería Guzmar, lo cual obró en detrimento de sus derechos laborales y en fraude a la Ley. Finalmente señala que fue despedido injustificadamente el 31 de julio de 2013.

   Por su parte, la representación judicial de la empresa Repuestos y Maquinarias C.A. (REMA C.A.) admite la relación de trabajo con el demandante desde el 08 de enero de 1984 hasta el 26 de mayo de 1987, fecha en la que su representada suscribió un contrato de sociedad con el actor. Igualmente, alega la prescripción de la acción por haber transcurrido veintiocho (28) años desde la finalización de la relación de trabajo. Por otro lado, niega que su representada conforme un grupo de empresas con Talleres Remaca C.A.

   En este orden, el apoderado judicial de Talleres Remaca C.A. niega la existencia de un grupo de empresas y admite la relación de trabajo con el demandante desde el 01 de octubre del año 2000 hasta el 31 de julio de 2013, fecha en la que el trabajador renunció a su puesto de trabajo, a la par que señala que nada adeuda al actor por cuanto ya le fueron canceladas sus prestaciones sociales.

   Asimismo, de las defensas esgrimidas por los apoderados judiciales de los socios accionistas demandados solidarios se evidencia que oponen la falta de cualidad para sostener el juicio por cuanto ya no ostentan tal condición en virtud de la venta de sus acciones.

   Una vez culminada la valoración del cúmulo de pruebas presentadas por las partes y en virtud de la fundamentación central sobre la cual el accionante hace descansar su pretensión, considera esta Juzgadora que es de capital importancia, antes de entrar a decidir sobre el fondo del asunto debatido, dilucidar si los extremos alegados en este procedimiento fueron demostrados por las partes.

   Atendiendo el orden cronológico del asunto debatido, de los autos se colige que en fecha 09 de julio de 1976 fue creada la sociedad de responsabilidad limitada Repuestos y Maquinarias S.R.L. Luego, el 08 de enero de 1984 el ciudadano G.E.M.Q. inició una relación laboral como tornero para tal empresa, cuestión que fue admitida por la compañía y que se corrobora de los pagos realizados al trabajador en razón de los conceptos de vacaciones, bono vacacional, utilidades y adelanto de prestaciones sociales correspondientes a los años 1984 y 1985. Asimismo, el 19 de noviembre de 1985, el actor fue transferido a obrero por contrato y posteriormente en fecha 26 de mayo de 1987, el demandante suscribió un contrato de sociedad con la empresa, Así, las cosas, tenemos que en el caso sub-examine la parte demandada reconoció en la litis contestación la prestación personal del servicio de la actora solo que lo calificó de naturaleza mercantil por cuanto a partir del 26 de mayo de 1987, el demandante suscribió un contrato de sociedad con la empresa. Igualmente, de los autos se constata que en fecha 26 de octubre de 1987 cambió su denominación social a Repuestos y Maquinarias (REMA C.A.).

   En tal sentido de conformidad con la distribución de la carga de la prueba correspondía entonces a la demandada desvirtuar la presunción de laboralidad recaída en principio a favor del accionante en juicio.

   En relación a la llamada presunción de la relación de trabajo tenemos que tal y como lo señala el Dr. E.L.R. en su obra “El Nuevo Proceso Laboral Venezolano”, es necesario que el demandante acredite en autos los dos presupuestos normativos en los cuales se apoya tal presunción, esto es la prestación personal del servicio por una parte y la determinación del beneficio o receptor de ese servicio, es decir, que deben probarse los dos supuestos de hecho consagrados en la Ley Orgánica del Trabajo, a objeto de activarse la presunción iuris tantum de laboralidad. El Artículo 118 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo define lo que debe entenderse por presunción al señalar la misma como el razonamiento lógico que, a partir de uno o más hechos probados lleva, al Juez la certeza del hecho investigado. De manera que, operada tal presunción solo le quedara al presunto patrono la posibilidad de desvirtuar la misma demostrando por su parte lo siguiente: El carácter no personal del servicio, la falta de cualidad de receptor del servicio que se le imputa, así mismo tendrá también la carga de probar aquellos otros que directamente desvirtúan la naturaleza laboral de la relación jurídica (gratuidad del servicio, no remunerado; ausencia de subordinación o dependencia) circunstancias éstas establecidas en sentencias pacíficas y reiteradas de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia.

   Del tal modo que, reconocida expresamente como ha sido en el presente asunto, la prestación de un servicio personal por quien lo recibe, efectivamente se activó la presunción de laboralidad de la norma transcrita y con ello, se invirtió la carga de la prueba, es decir, a partir de entonces no está en hombros del actor demostrar la prestación misma del servicio, sino que por el contrario, se encuentra en cabeza de la parte demandada, la carga de desvirtuar que esa prestación de servicio que expresamente reconoce que existió, no es de carácter laboral como lo presume la norma, sino que es de carácter mercantil como lo afirma en su contestación, ya que dicha presunción es del tipo iuris tantum, es decir, que admite prueba en contrario. Al respecto observa esta Juzgadora que las partes tanto demandante asi como las demandadas promovieron medios de prueba dirigidos a comprobar sus afirmaciones, es decir, dirigidos a demostrar que la relación jurídica que la unió con el actor fue de carácter mercantil, en un principio, y el actor consigno gran cantidad de pruebas a los fines de demostrar que hubo fraude a la ley y simulación. Sin embargo, lo cierto es que buena parte de esos medios de prueba, al ser contrastados con la realidad, resultan rebatidos por ésta y en consecuencia actúan en contra de los propios intereses de su promovente (la parte demandada), al ser analizados bajo la óptica de la comunidad de la prueba, tal y como será explicado pormenorizada e individualmente más adelante.

   Así por ejemplo, la principal prueba promovida para desvirtuar la presunción de laboralidad que cobija el vínculo jurídico que la unió con el actor, en el periodo está constituida por el “contrato de sociedad” y los “contratos de cuentas en participación” suscritos entre las partes y expresamente reconocidos por ambas, hasta el punto que fueron promovidos tanto por el actor, como por las codemandadas. Ahora bien, al respecto habría que advertir en primer lugar y como premisa inicial, que la doctrina de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia ha insistido en el criterio conforme al cual, los contratos de cuentas en participación (e incluso, cualquier contrato supuestamente no laboral), no son suficientes por si mismos para desvirtuar la presunción de laboralidad que establece el artículo 65 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, es decir, que en casos como el de autos, en los que existe el reconocimiento expreso de la prestación de servicio, la sola existencia de “contratos de cuentas en participación” no desvirtúa la presunción del carácter laboral que arropa dicha prestación de servicio. Al respecto puede citarse un extracto de la sentencia No. 163, de fecha 04 de marzo de 2010, emanada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado, Dr. A.V.C., en la cual se estableció lo siguiente:

   …Ahora bien, la doctrina jurisprudencial de esta Sala ha sostenido de forma reiterada, que resulta erróneo juzgar la naturaleza de una relación de prestación de servicios con fundamento sólo en lo que las partes hubiesen pactado en el contrato, pues el contrato de trabajo ha de ser entendido como un contrato realidad, esto significa que lo realmente importante no es lo que las partes abstractamente hayan establecido en el acuerdo, sino la realidad en la que se desarrolla la prestación del servicio, en otras palabras, en las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias, principio consagrado en el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.De no ser así, bastaría con oponer un contrato en el que se califique de mercantil, civil o de cualquier otra naturaleza la prestación de servicios para desvirtuar la presunción de laboralidad, lo cual es contrario al principio de irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores.(Subrayado de este Juzgado).

   Como puede deducirse de la trascripción jurisprudencial que antecede, los “contratos de cuentas en participación” que opone la parte demandada, bajo la óptica del contrato de trabajo como un contrato realidad, no son suficientes por sí solos para desvirtuar la presunción de laboralidad aplicada al caso de autos, visto el reconocimiento expreso de la prestación de servicio por parte de la accionada. Luego, a esta premisa inicial debe sumarse el hecho conforme al cual, los “contratos de cuentas en participación” suscritos entre las partes, no satisfacen su afirmada condición mercantil, ni siquiera desde el punto de vista de la forma, mucho menos al ser contrastados con la realidad.

   En este orden de ideas observa esta Juzgadora que dichos instrumentos (supuestos “contratos de cuentas en participación”), promovidos por ambas partes y valorados por esta Sentenciadora, desde el inicio de su contenido resultan suspicaces, toda vez que al respecto, la doctrina ha señalado, que el contrato por cuenta de participación es aquel que vincula a las partes en un plano de igualdad, sin que una de ellas esté subordinada a la otra e implica la participación tanto en las ganancias como en las pérdidas, y además exige como elemento subjetivo afectio societatis y como elemento objetivo, el aporte material de los socios, por lo que la prestación de servicios de parte de un socio en participación corresponderá en realidad a un contrato de trabajo cuando no haya igualdad entre las partes sino subordinación o cuando falte la participación en las pérdidas.

   El artículo 359 del Código de comercio, establece:

   La asociación en participación es aquella en que un comerciante o una compañía mercantil da a una o más personas participación en la utilidades o pérdidas de una o más operaciones o de todas las de su comercio. Pueden también tener lugar en operaciones comerciales hechas por no comerciantes

   .

   En las cuentas en participación, existe como característica primordial, la realización de un fin económico, en interés común de sus integrantes, recogido por el artículo 359 del Código de Comercio, al estipular que ‘... participación en las utilidades o perdidas…’; y este fin es aleatorio, es decir, si hubo utilidades, se participa en éstas; y si hubo perdidas, éstas son por igual compartidas, en la medida de los aportes de cada socio, a excepción del socio industrial, el cual, según, el artículo 1.664 del Código Civil, puede ser exonerado de las pérdidas, pero, esta ventaja debe ser expresa.

   De manera que el participante realiza su aporte y corre el riesgo de perderlos. Pero, la doctrina se pregunta, ¿será en verdad un contrato de sociedad? ¿no será un contrato de trabajo?. He allí el problema debatido y que hoy por hoy, frente a las presunciones de existencia de la relación de trabajo, irrenunciabilidad de los derechos laborales y de la prevalencia de la realidad frente a las formas, impone el análisis detallado de cada caso concreto que se plantee ante los Tribunales. Según la doctrina, tales principios establecidos a favor del trabajador, lleva al socio industrial cuando el socio capitalista pone fin al contrato, a invocar generalmente, la existencia de un contrato de trabajo, revelándose de esta forma los verdaderos peligros de este tipo de sociedad.

   Ahora bien, si se parte de la consideración, según la cual, las ventajas que percibe el socio industrial, no es un salario, ya por regla general debe convenirse que aquélla consistirá en un porcentaje sobre las utilidades líquidas, en una remuneración aleatoria ajena al contrato de trabajo, éste deslinde debería quedar zanjado, según opinión de ciertos doctrinarios calificados. La afectio societatis, es también un requisito que nuestra jurisprudencia había venido considerado como necesario para demostrar la existencia de las cuentas en participación, que dado su carácter subjetivo, se debe extraer de las cláusulas contractuales, que de existir, comprobaran que las intención de las partes fue unir esfuerzos, sin establecer un vínculo de subordinación, que sirven para descartar la tesis de una relación laboral y admitir la existencia de un contrato de naturaleza mercantil; este elemento intencional, por lo general, se revela cuando se estipula no una remuneración fija (salario), sino una participación de las utilidades liquidas y perdidas del negocio, a cambio de los aportes de cada socio; la de uno, su industria personal, la del otro, su capital.

   En cuanto a los contratos de cuentas de participación celebrados entre el demandante y la sociedad demandada y promovidos, en principio por aquel, pero, a la vez hechos valer por ésta como fundamento de su contestación de la demanda para comprobar que se estaba frente a una relación jurídica mercantil y no ante una relación jurídica laboral, este Tribunal debe señalar que estos contratos demuestran la existencia de la prestación de servicio y que, inicialmente, hacen posible que se aplique la presunción establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo, de manera que desde este punto de vista no constituyen punto controvertido entre las partes, a excepción, del invocado por el demandante de que partiendo de su análisis se declare que la prestación del servicio fue simulada. Así se declara.

   Ahora bien, el primer contrato fue autenticado el 27/09/1989, pero sin embargo la fecha de inicio de esa supuesta relación mercantil era desde el 15/08/1988, igualmente el contrato firmado en fecha 04 de Noviembre de 1993; donde se le hizo constituir un fondo de Comercio al accionante denominado “Torneria Guzmar”, donde a traves de estas figuras jurídicas se le condiciona para poder seguir prestando el servicio y se enmascara una relación laboral lo que significa entonces que desde el mes de agosto del año 1988, hubo una prestación de servicios; y fueron laborados como lo expone el demandante en su libelo de demanda y que ni siquiera se le consulto su voluntad de realizar ese tipo de asociación; sino que la misma fue impuesta.

   Así bien, en otro orden de ideas se deduce del contrato de cuentas en participación en su cláusula segunda que el porcentaje o beneficio neto en las operaciones comerciales es de un 40% en caso de que la empresa (Torneria Guzmar) realice cualquiera de las actividades indicadas relacionadas con el ramo de la tornería, es decir que si esta seria la ganancia del accionante, la parte demandada tenia la carga de demostrar a través de los libros contables, facturas y demás documentos financieros y administrativos de ingresos y egresos, que el accionante recibió de manera efectiva esa ganancia, y que le liquidaron los porcentajes correspondientes indicados en el contrato, con lo que desvirtuaría el salario que alega el trabajador como devengado, circunstancia esta que no consta en las actas procesales, aunado a la lo expuesto, es un deber de la contribuyente presentar al Fisco Nacional anualmente su declaración del Impuesto Sobre la Renta, en el mismo necesariamente debió declarar dichas ganancias de capital, por lo que a juicio de esta sentenciadora, la co-demandada (Talleres Remaca C.A) no logró probar los hechos constitutivos de su defensa de fondo, pues tenia la carga de probar que efectivamente los ingresos obtenidos constituían ganancias de capital, y que los mismos se dividan entre los socios según los contratos, y no limitarse a consignar solo la documentación de la empresa y los recibos de pago que mas que ganancias lo que demuestra es pago de salario.

   En igual forma, la parte accionada debió traer a los autos otros elementos probatorios relativos a la contabilidad de la empresa, tales como estados contables, balances, en fin elementos probatorios que concatenados entre si configuraran la prueba necesaria de los alegatos y demostrar que el demandante ganaba las utilidades liquidas luego de deducir los gastos, durante el periodo de tiempo alegado como una relación mercantil. Asi se decide.

   Planteado lo anterior y visto que la parte demandada no logro demostrar que la relación de prestación de servicio entre el accionante y la accionada era de carácter mercantil y no laboral, pese a la existencia de dos (2) contratos autenticados ante una Notaría Pública, no demostró que en la realidad esos contratos se ejecutaron conforme a las cláusulas y estipulaciones, por lo que habiendo reconoció que existió una prestación de servicio; con lo que activo la presunción de laboralidad a favor del trabajador, y atendiendo al principio de la realidad sobre las formas, que a pesar de la existencia de los contratos de participación en las utilidades, la prestación de servicio se realizo como un trabajador más de dicha empresa, tal y como se desprende de la declaración de parte, es por lo que este Tribunal considera que la relación que unió al demandante con la empresa accionada fue de carácter laboral y no mercantil. Así se decide.

   Ahora bien, tomando en cuenta que en algunos casos la figura mercantil se ha utilizado por los empresarios o empleadores para evadir la aplicación de las normas laborales, se hace necesario la aplicación del principio de primacía de la realidad o de los hechos, denominado por la doctrina contrato realidad, el cual consiste en que el juez no debe atenerse a la declaración formal de las partes sino que debe indagar en los hechos la verdadera naturaleza jurídica de la relación independientemente de la aparente simulación formal que las partes puedan haberle dado a dicha relación; analizando si hay subordinación por parte de los prestadores del servicio y si éstos reciben una remuneración idéntica o similar a la de otros trabajadores de su categoría, pero sin contar con las prestaciones, beneficios e indemnizaciones asociadas al régimen laboral, quedando así evidenciada una renuncia a sus beneficios laborales sin nada a cambio.

   En este orden, de las actas emerge que el 29 de junio de 1988 fue creada la empresa Talleres Remaca C.A., figurando entre sus socios accionistas: T.J.G.S., W.J.G.S. y T.G.S.. Igualmente, que el demandante inicio una relación de trabajo con dicha sociedad mercantil el 15 de agosto de 1988, desempeñando el cargo de tornero, cuestión que se evidencia de los recibos de pago con membrete de la empresa Talleres Remaca, C.A. que datan desde el 15/08/88, tal como fue sentado precedentemente. Siguiendo este orden de ideas, verifica esta sentenciadora que las partes suscribieron un contrato de cuentas en participación el 27 de septiembre de 1989, que fue posteriormente prorrogado en fecha 01 de noviembre de 1991. En fecha 25 de octubre de 1993 el demandante constituyó un fondo de comercio denominado Tornería Guzmar, cuyo objeto social guardaba relación con todo lo referente al ramo de mecánica, soldadura, rectificación de motores, repuestos, accesorios automotrices, etc., fondo de comercio con el cual, el 04 de noviembre de 1993, Talleres Remaca, C.A. suscribió un contrato de cuentas en participación, con una duración de un (01) año (prorrogable), donde su objeto era la explotación del ramo de la metal mecánica y todo lo referente a tornería, asimismo, se extrae de las cláusulas que componen dicho contrato que la empresa Talleres Remaca C.A. ponía a disposición de Tornería Guzmar los equipos y herramientas a los fines de ser utilizados en el cumplimiento de las operaciones comerciales convenidas; igualmente, se desprende que Talleres Remaca C.A. fijó como contraprestación mensual el pago del cuarenta (40%) por la realización de las actividades antes señaladas.

   Así las cosas, debe este Tribunal entrar a verificar si la parte demandada fue capaz de cumplir con la carga probatoria laboral que le impusiera la litis, cuestión que a juicio de este Tribunal no logró desvirtuar, por cuanto de las pruebas constantes en autos existe prueba fehaciente de remuneraciones de carácter salarial percibidas por el trabajador en el período comprendido desde el 16 de enero de 1987 hasta el 14 de agosto de 1988, lo que conlleva a determinar que la relación fue de carácter netamente laboral y se mantuvo esta última data. Y así se declara.

   No obstante, visto el alegato de prescripción alegado, por haber transcurrido veintiocho (28) años desde la finalización de la relación de trabajo, es decir, el 14 de agosto de 1988, de las probanzas se verifica que operó con creces la prescripción de la acción en relación con esta empresa, (Repuestos y Maquinarias C.A) tal como fue alegado por la representación judicial de la misma. Y así se declara.

   DE LA EXISTENCIA DE UN GRUPO ECONÓMICO ENTRE LAS EMPRESAS CODEMANDADAS:

   Resuelto como ha sido el primer hecho controvertido en el presente asunto, a saber, el reconocimiento de una relación de trabajo entre las partes; corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre el segundo de los hechos controvertidos, como lo es, determinar la existencia de un grupo económico o grupo de empresas entre las sociedades mercantiles codemandas.

   En este sentido resulta útil y oportuno transcribir las normas legales que regulan este tipo de figuras jurídico económicas, tal es el caso del artículo 46 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores cuerpo normativo aplicables al caso en concreto, cuyo contenido es del siguiente tenor:

   Artículo 46.- Los patrono o patronas que integraren un grupo de entidades de trabajo serán solidariamente responsables entre sí respecto de las obligaciones laborales contraídas con sus trabajadores y trabajadoras. Se considerará que existe un grupo de entidades de trabajo cuando se encuentran sometidas a una administración o control común y constituyan una unidad económica de carácter permanente, con independencia de las diversas personas naturales o jurídicas que tengan a su cargo la explotación de las mismas.

   Se presumirá, salvo prueba en contrario, la existencia de

   un grupo de entidades de trabajo cuando:

1. -Existiere relación de dominio accionario de unas personas jurídicas

   sobre otras, o cuando los accionistas con poder decisorio fueran

   comunes.

2. -Las juntas administradoras u órganos de dirección involucrados

   estuvieron conformados, en proporción significativa, por las mismas

   personas.

3. -Utilicen una idéntica denominación, marca o emblema, o

4. -Desarrollen en conjunto actividades que evidenciaren su integración. (Subrayado y negritas del Tribunal).

   Así las cosas, observa este Tribunal de las actas que conforman el presente asunto, especialmente de las copias certificadas de los documentos constitutivos y estatutarios de las empresas codemandadas y de sus respectivas actas de asambleas, debidamente protocolizadas ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, respectivamente insertas del folio 04 al 26 y 28 al 34 de la pieza 3 de 4 de este asunto; los hechos que a continuación se indican: 1ro) Que las juntas administradoras u órganos de dirección de las sociedades mercantiles REPUESTOS Y MAQUINARIAS C.A (REMA, C.A.) y TALLERES REMACA C.A., están conformadas en proporción por personas distintas. 2do) Que los accionistas con poder decisorio de las empresas codemandadas, las sociedades mercantiles REPUESTOS Y MAQUINARIAS C.A (REMA, C.A.) y TALLERES REMACA C.A., no son comunes a ellas. 3ro) Que las sociedades mercantiles REPUESTOS Y MAQUINARIAS C.A (REMA, C.A.) y TALLERES REMACA C.A., no desarrollan en conjunto actividades que evidencian su integración.

   En consecuencia, esta Juzgadora concluye que los accionistas con poder decisorio: M.S.G., titular de la cédula de identidad Número V.-623.020 Por REPUESTOS Y MAQUINARIAS COMPAÑÍA ANONIMA (REMA, C.A.); y 2) Por TALLERES REMACA C.A; los ciudadanos: T.J.G.G., W.J.G.G. y T.J.G.G., titulares de las cédulas de identidad Números V.-6.119.539, V.-6.119.538 y V.-6.260.957, en su orden, no son comunes en las empresas demandadas, por lo que no hace presumible la existencia del grupo de empresas entre las sociedades mercantiles mencionadas. Y así se establece.

   De igual forma se observa que las sociedades mercantiles REPUESTOS Y MAQUINARIAS C.A (REMA, C.A.) y TALLERES REMACA C.A; no desarrollan en conjunto actividades que evidencian su integración para un fin común, el económico. Así se desprende del objeto social declarado en el acta constitutiva de cada una de estas empresas, en concordancia con algunos hechos que han sido expresamente reconocidos en este juicio. Así, como antes fue indicado, la cláusula segunda del documento constitutivo de la sociedad mercantil REPUESTOS Y MAQUINARIAS C.A (REMA, C.A.), expresamente dispone: