Decisión de Juzgado Segundo de Juicio del Trabajo de Lara (Extensión Barquisimeto), de 17 de Noviembre de 2010

Fecha de Resolución17 de Noviembre de 2010
EmisorJuzgado Segundo de Juicio del Trabajo
PonenteRuben de Jesús Medina Aldana
ProcedimientoNulidad De Acto Administrativo

República Bolivariana de Venezuela

Poder Judicial

Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la

Circunscripción Judicial del Estado Lara

Barquisimeto, miércoles 17 de noviembre del 2010

Asunto: KP02-N-2010-00037

Parte Querellante: E.H.R., Venezolano, titular de la Cedula de Identidad Nº 9.542.851

Abogados Asistentes de la Parte Querellante: Zalg S.A.H. y E.E.C.P., Inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nº 7.305.001 y 7.426.584.

Parte Querellada: Inspectoria del Trabajo P.P.A..

Motivo: Nulidad de Acto Administrativo

Sentencia: Interlocutoria (MEDIDA CAUTELAR)

I

De los Hechos

De la revisión de las actas que conforman el presente asunto, se observa escrito presentado por el ciudadano E.H.R., Venezolano, titular de la Cedula de Identidad Nº 9.542.851 asistido en dicho acto por los abogados Zalg S.A.H. y E.E.C.P., Inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nº 7.305.001 y 7.426.584.,en el cual solicita que se decrete Medida Cautelar , solicitándole al Tribunal ordene la anulación inmediata y total de la Resolución Administrativa Nº 582 de fecha 06/07/2010, correspondiente al expediente Nº 078-2010-06-00138 y de sus planillas Nº 588 de fecha 06/07/2010, por la cantidad de (Bs. 12.093,00) y planilla de Liquidación signada con el Nº 1218 por un monto de (Bs 181.395,00), ambas planillas llevadas a cabo por la Inspectoria del Trabajo “PEDRO PASCUAL ABARCA”.

En la misma oportunidad de la admisión de la demanda, este Tribunal ordenó la apertura de un cuaderno separado a los fines de pronunciarse acerca de la medida cautelar de suspensión de los efectos solicitada por el recurrente, por lo que pasa el Tribunal a pronunciarse sobre la Medida Cautelar bajo los siguientes términos.

Revisadas las actas procesales y estando en el momento oportuno para ello, pasa este sentenciador a pronunciarse acerca de la medida cautelar solicitada:

II

De la Medida Cautelar

P.C. , en su obra, establece que la ley no contiene una regulación general de las providencias cautelares, las cuales se hayan diseminadas en los diversos Códigos, como providencias conservatorias o interinas o como una categoría sistemática bajo el perfil de una acción asegurativa o cautelar, dirigida a la emanación de una de estas providencias o bien bajo el perfil de un proceso cautelar, a través del cual se construye una de estas providencias , o bien bajo el perfil de la providencia en sí misma que se distingue por sus propios caracteres de todas las otras providencias jurisdiccionales.

De los tres puntos de vista anteriores, Calamandrei sostiene el tercero, por cuanto en su opinión, no debe existir medida cautelar sin la existencia en forma autónoma de un juicio del cual, las cautelares son homogéneas pero no idénticas al petitorio de fondo, superando así la problemática que se genera al existir identidad entre el proceso cautelar y el proceso de cognición o de ejecución.

Sin embargo, como bien observa A.R., y profundiza Carnelutti, el criterio para distinguir las providencias de cognición de las de ejecución, es diverso del que sirve para diferenciar las providencias cautelar de cualquier otro tipo de providencia.

En este sentido, se considera que la providencia cautelar es provisoria, es decir, que la duración de sus efectos, está limitada en el tiempo, esto sin entrar a distinguir la provisoriedad de la temporalidad. Así, teniendo en mente este fenómeno, Calamandrei estableció igualmente que esa provisoriedad es un contrapeso y una atenuación de la sumariedad del proceso de formación de toda providencia cautelar y es así como se habla de un juicio de probabilidad y no de certeza, naciendo toda providencia cautelar de la existencia de un peligro de daño jurídico derivado del retardo de la resolución jurisdiccional definitiva (periculum in mora).

Este periculum in mora, constituye el fundamento básico de toda medida cautelar, pues no solo previene el peligro genérico del daño jurídico sino que además puede prevenir el ulterior daño marginal que, modernamente, se ha denominado periculum in damni, de manera tal, que la resolución de providencias cautelares nace “ de la relación que se establece entre dos términos: la necesidad de que la providencia, para ser prácticamente eficaz, se dicte sin retardo, y la falta de aptitud del proceso ordinario para crear sin retardo, una providencia definitiva).

Es aquí donde señala Calamandrei, que estas consideraciones permiten alcanzar lo que en mi concepto, es la nota verdaderamente típica de las providencias cautelares: las cuales nunca constituyen un fin por sí mismas, sino que están ineludiblemente preordenadas a la emanación de una ulterior providencia definitiva, el resultado práctico de la cual, aseguran preventivamente. Nacen por así decirlo, al servicio de una providencia definitiva, con el oficio de preparar el terreno y de aprontar los medios más aptos para su éxito.

Para Calamandrei, es la relación de instrumentalidad la que genera diversos tipos de medidas cautelares, estableciendo que el primer grupo está constituido por aquellas providencias instructorias anticipadas, con las cuales, en vista de un posible futuro proceso de cognición, se trata de fijar y de conservar ciertas resultancias probatorias, positivas o negativas que podrán ser utilizadas después, en aquel proceso, en el momento oportuno.

En un segundo grupo, se pueden clasificar aquellas que “…sirven para facilitar el resultado práctico de una futura ejecución forzada, impidiendo la dispersión de los bienes que puedan ser objeto de la misma”, mientras que en un tercer grupo se ubican aquellas que “deciden interinamente en espera de que a través del proceso ordinario, se perfeccione la decisión definitiva controvertida en juicio, que en el supuesto de perdurar hasta dicho momento, podría derivar a una de las partes daños irreparables” o de difícil reparación por la definitiva (Periculum in Damni).

Igualmente, para el maestro Calamandrei, el cuarto grupo está constituido por aquellas medidas que se agrupan en el instituto de la “ejecución provisoria”, entendiendo que no toda ejecución provisoria deriva de una providencia jurisdiccional, existiendo casos en que la ley, en consideración a la naturaleza de ciertas relaciones, establece que todas las sentencias pronunciadas sean provisoriamente ejecutivas, cual sucede en nuestro medio con la sentencia de amparo o la sentencia Interdictal.

Ahora bien, siendo claro que las medidas cautelares son otorgadas por el juez sobre la base de un juicio probabilístico y no de certeza mediante el análisis de los requisitos exigidos para su decreto, es menester señalar que en materia contencioso administrativa estos requisitos son, en primer término, el fumus bonis juris, es decir, la apariencia del buen derecho que debe derivar de la narrativa libelar y de las pruebas aportadas, las cuales deben ser apreciadas por el tribunal no mediante un juicio de certeza sino de probabilidad, en segundo lugar, el periculum in mora que procede en la forma antes señalada, en tercer término, el periculum in damni, que consiste en que el daño sea irreparable o de difícil reparación por la definitiva, y finalmente, la ponderación de los intereses particulares y los colectivos, porque de privar estos últimos, no podrá decretarse ninguna medida cautelar a favor de un particular.

En total sintonía con lo anterior quien juzga considera oportuno traer a colación lo sostenido por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 00416, dictada en el expediente Nº 2003-0782, en fecha 04 de mayo de 2004, con ponencia del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, estableció lo siguiente:

Las medidas cautelares, en general, se caracterizan porque tienden a prevenir algún riesgo o daño que una determinada situación pueda causar.

Para que las medidas cautelares sean decretadas por el órgano jurisdiccional debe verificarse, en forma concurrente, que la medida sea necesaria porque resulte presumible que la pretensión procesal principal será favorable (fumus boni iuris); y que, además, tenga por finalidad evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación, o bien para impedir que el fallo quede ilusorio (periculum in mora).

Además de estas importantes características de prevención de las medidas cautelares, encontramos otras como la homogeneidad y la instrumentalidad.

La homogeneidad se refiere, a que si bien es cierto que la pretensión cautelar tiende a asegurar la futura ejecución de la sentencia, dicha pretensión cautelar no debe ser idéntica a la pretensión principal, ya que de evidenciarse la identificación con el derecho sustantivo reclamado, se incurriría en la ejecución adelantada de la sentencia de mérito y así la medida en vez de ser cautelar o preventiva sería una medida ejecutiva.

La instrumentalidad se refiere a que esa medida, la cual se dicta con ocasión a un proceso o juicio principal, está destinada a asegurar un resultado; por lo que sólo debe dictarse cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo o para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

En este orden de ideas, Devis Echandía nos explica que “... el proceso cautelar no tiene como fin declarar un hecho o una responsabilidad, ni la de constitución de una relación jurídica, ni de ejecutar un mandato y satisfacer el derecho que se tiene sin ser discutido, ni de dirimir un litigio, sino de prevenir los daños que el litigio pueda acarrear o puedan derivarse de una situación anormal” (Compendio de Derecho Procesal, Teoría General del Proceso, Tomo I, pag 145 y ss)

III

Caso bajo examen

Este Tribunal para decidir observa que la medida cautelar solicitada es en contra de la Resolución Administrativa Nº 582 de fecha 06/07/2010, correspondiente al expediente Nº 078-2010-06-00138 y de sus planillas Nº 588 de fecha 06/07/2010, por la cantidad de (Bs. 12.093,00) y planilla de Liquidación signada con el Nº 1218 por un monto de (Bs 181.395,00), ambas planillas llevadas a cabo por la Inspectoria del Trabajo “PEDRO PASCUAL ABARCA”, siendo que la empresa recurrente manifestó que la misma es una empresa bastante joven registrada en fecha 09-02-2.007, ubicada en la carrera 6, esquina calle g 4, zona industrial II, Barquisimeto, con capital del (Bs. 100.000,00) y que tiene por objeto principal; la fabricación , venta, distribución, importación y exportación de colchones de resorte, de goma espuma y colchonetas, siendo fuente de empleo de 21 trabajadores.

De seguidas manifestó la recurrente que en fecha 25-09-2.009, fue objeto de una Inspección por parte de la Inspectoria del Trabajo, la cual fue realizada por la Licenciada Leomary Gutiérrez, Supervisora del Trabajo y de la Seguridad Social Industrial, finalizada la inspección la funcionaria levanto la respectiva acta de visita de inspección, concediéndole un plazo de 30 días hábiles para subsanar las irregularidades determinadas, siendo que en fecha 26-01-2010, la Licenciada en atención a la orden de servicio, se presento a las Instalaciones g de la empresa a objeto de practicar al Reinspección g, dejando constancia del cumplimiento de algunas irregularidades que fueron detectadas, g en la primera visita, lo que demuestra el interés de la empresa en subsanar las fallas pero que al lograr subsanar todos los incumplimientos origino que el acta de visita discriminara el reiterado incumplimiento de algunas de las irregularidades en la primera visita, multando a la empresa con las cantidades señaladas con anterioridad las cuales no ha podido cumplir con el pago , por cuanto arrastra una perdida del 100 % .

En total sintonía con lo anteriormente señalado, aprecia este sentenciador que la petición de medida cautelar (suspensión de efectos) en los Tribunales Contencioso procederá una vez sea demostrado el periculum in damni y la ponderación de intereses en conflicto, es decir que el Juez debe velar por que no sólo exista un simple alegato sino que el solicitante de la medida debe acreditar hechos concretos, que hagan nacer la convicción de un posible perjuicio real y procesal para el recurrente.

En el caso de marras, se observa que con respecto a la medida cautelar de suspensión de efectos, aprecia este Juzgado que el Capítulo V del Título IV de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa establece la posibilidad de suspender los efectos de un acto administrativo de efectos particulares “A petición de las partes, en cualquier estado y grado del procedimiento el tribunal podrá acordar medidas cautelares que estime pertinentes para resguardar la apariencia del buen derecho invocado y garantizar las resultas del juicio (…)”.

Precisado lo anterior, advierte esta Tribunal que el artículo supra referido contempla los requisitos necesarios para el otorgamiento de las medidas cautelares, esto es, la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) y, asimismo, el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora), por cuanto dispone como finalidad de la medida de suspensión de efectos que contempla dicho artículo es garantizar las resultas del juicio. En este sentido, se observa que la exigencia de ambos requisitos es consustancial a la naturaleza jurídica de toda medida cautelar, tanto así que si el legislador prescindiera de alguno de tales supuestos, estaría desnaturalizando la esencia misma de las cautelas (CALAMANDREI, Piero. “Providencias Cautelares”, traducción de S.S.M.. Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina, 1984. p. 69 y s).

En el presente caso, la parte actora solicita se ordene la suspensión de la Resolución Administrativa Nº 582 de fecha 06/07/2010, correspondiente al expediente Nº 078-2010-06-00138 y de sus planillas Nº 588 de fecha 06/07/2010, por la cantidad de (Bs. 12.093,00) y planilla de Liquidación signada con el Nº 1218 por un monto de (Bs 181.395,00) de la Inspección llevada a cabo por la Inspectoria del Trabajo “PEDRO PASCUAL ABARCA”, Ahora bien, la parte recurrente pretende se analicen los alegatos expuestos a los efectos de su recurso contencioso administrativo de nulidad en cuanto a las mencionadas planillas, observando este juzgador que, para el otorgamiento de la medida precautelativa solicitada resulta necesario que el accionante no solo oferte como medios las planillas administrativas mediante las cuales les ordene el pago de las multas y su respectivo procedimiento ante el desacato, sino que resulta necesario como carga procesal evidenciar a través de medios idóneos los soportes del esbozo delatado en la a.d.p., lo que le podría otorgar luces a este Juzgador del buen derecho que pretende advertir, medios éstos de los que adolece el material probatorio ofertado por el accionante, lo que a prima face conlleva a inferir la ausencia del primer elemento necesario exigido por la Ley para el otorgamiento de medidas Cautelares, razones forzadas por las que este Juzgador deba negar el otorgamiento de la misma. Así se decide.

Finalmente, éste Tribunal dando cumplimiento a la obligación de velar porque la decisión se fundamente no sólo en un simple alegato de perjuicio , sino en la argumentación y la acreditación de hechos concretos de los cuales nazca la presunción en cuanto al perjuicio de los derechos del recurrente, estima que no están presentes los requisitos exigidos para acordar la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada, es decir, fumus boni iuris y periculum in mora, por lo que se ve forzado a declarar la misma Improcedente. Así se declara.

DECISIÓN

En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y, por autoridad que le confiere la Ley declara:

PRIMERO

IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de la Resolución Administrativa Nº 582 de fecha 06/07/2010, correspondiente al expediente Nº 078-2010-06-00138 y de sus planillas Nº 588 de fecha 06/07/2010, por la cantidad de (Bs. 12.093,00) y planilla de Liquidación signada con el Nº 1218 por un monto de (Bs. 181.395,00), ambas planillas llevadas a cabo por la Inspectoria del Trabajo “PEDRO PASCUAL ABARCA”, solicitada por el ciudadano E.H.R., identificado con anterioridad, en su carácter de Presidente y Representante Legal de la Empresa STANFORD, C.A.

SEGUNDO

No hay costas dada la naturaleza del fallo. Así se decide.

Notifíquese a la parte recurrente y al Procurador General de la República de conformidad con el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil y 86 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, respectivamente.

Publíquese, regístrese y déjese copia

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Juicio de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.

En Barquisimeto, el día diecisiete (17) de noviembre del año dos mil diez (2010). Años: 200° de la Independencia y 151° de la Federación. Así se decide.-

EL JUEZ

Abg. Rubén de Jesús Medina Aldana

La Secretaria

Abg. Marielena Pérez

Nota: En esta misma fecha, se dictó y publicó la anterior decisión. Años: 200° de la Independencia y 151° de la Federación.

La Secretaria

Abg. Marielena Pérez

RJMA/mp/ykbr.-

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